AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.
Desde que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, dijera «No habrá paz en las calles», la izquierda radical ha pasado a la acción y ha protagonizado numerosos incidentes en varios puntos de España. A sabiendas que la violencia llama a la violencia, han comenzado a agitar las calles. Primero fue en la huelga de la Educación en la comunidad madrileña con enfrentamientos con la Policía en la Universidad Complutense.
Pero también en la celebración de actos contra líderes políticos. Empezó con un escrache contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y después con varios actos de Santiago Abascal en Galicia y Asturias. El «modus operandi» es siempre el mismo, convocar a grupos extremistas para que acudan a las movilizaciones con el fin de hacer «arder las calles» y provocar enfrentamientos con la Policía.
Las imágenes de estas confrontaciones han provocado muchas críticas contra la Policía por la contundencia con la que responden a las agresiones. En la últimas semanas, más de una treintena de policías han resultado heridos, un dato que queda oculto por las imágenes de los agentes respondiendo a los ataques de algunos manifestantes
Por ello, David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Polícia (CEP), ha querido salir al paso de estas acusaciones y defender la actuación de sus compañeros. Durante su intervención en «Horizonte«, programa televisivo de Íker Jiménez, hizo un diagnóstico muy claro de la situación: «Está sucediendo una cosa muy clara, se está cumpliendo un patrón que se repite día a día. Cada vez que hay una acto político, ya sea de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya sea del candidato de Vox, Santiago Abascal o del periodista Vito Quiles, hay una serie de personas encapuchadas, que van de negro y con banderas rojas y van a reventar estos actos».
Por ello, Gutiérrez dijo de manera contundente que «hay que decir una cosa y hay que ser muy claros. En democracia, hay una línea que separa dos bandos. Los que cumplen la ley y los que están al otro lado. Y esto que está pasando, no se puede permitir. Ni por los que están ejerciendo esa violencia ni por los que permiten que se ejerza».
Por ello, culpa a las autoridades: «es el Gobierno sanchista el que está permitiendo que se estén organizando concentraciones enfrente de dónde se están celebrando eventos políticos. Protestar y manifestarse, por supuesto que es un derecho, pero reventar un acto, agredir a la Policía y destrozar el mobiliario urbano es un delito».
Gutiérrez alertó de lo que está ocurriendo y considera que hay que acabar con estas situaciones: «Estamos muy preocupados por la deriva, esto va a más y parece que hay una organización detrás. Nosotros llevamos años manifestándonos contra el Ministerio del Interior y contra Delegados del Gobierno y nunca ha habido ningún problema».
Alguien que va a una manifestación vestido de negro, con un pasamontañas que le tapa la cara y capucha, al que sólo se le ven los ojos y que lleva una mochila con objetos, no va a manifestarse, no va a protestar, a lo que va es a cometer delitos. Y eso cada vez ocurre con más frecuencia y con más violencia. La violencia está aumentando».
El portavoz policial tiene claro cuál es el problema. «La debilidad es de la ley, no de la Policía. Las agresiones a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil aumentan cada año y se están batiendo récords: llegan ya a 18.000 al año, y eso sin contar con los datos de policías municipales, locales y autonómicas afectados». «Esto ocurre porque cuando hay actos como el de Avilés ( Asturias ) y hay detenidos, al día siguiente están en libertad. Decir esto no significa que aliente a los violentos. Esta información ya la saben y se sienten impunes».
Por ello, reclama que «se aumenten las penas del delito de atentado contra la autoridad. La Delegación del Gobierno es la que autoriza los actos de manifestación y no puede autorizar una contramanifestación cerca de dónde hay un acto político porque estás poniendo en riesgo a los policías y a los asistentes de la manifestación. Si permites las dos protestas, las tienes que alejar cientos de metros» una de otra.
Sobre las imágenes de los enfrentamientos de policías con los manifestantes dejó claro que siempre actúan de forma reactiva. «Muchas veces, las cargas policiales no obedecen solo a órdenes superiores, sino que responden a una agresión de un componente de un cordón policial o de la unidad actuante en ese momento. Una vez que sufrimos la violencia, podemos emplear medios de contención. La ley dice se puede actuar bajo 3 principios, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Dicho en un plató queda muy bien, pero cuando hay tres personas agrediendo a un solo compañero no sé quien puede pensar solo en esas tres palabras y hacer no sé de qué tipo de ecuación jurídica para tratar de resolver y hacerlo con la menor lesividad posible.
En democracia, estamos los demócratas y los tiranos. Los primeros, respetamos lo que haya salido en las urnas, y los tiranos están dispuestos a utilizar la violencia para imponer sus ideas», lamentó. También quiso dejar claro que «no se puede equiparar la violencia ilegítima con la fuerza legitima del Estado, que está para hacer cumplir la ley, para proteger los derechos y las libertades de todos y creemos que eso en la legislación no está bien reflejado».
Los mandos de la Policía Nacional se preparan para próximos períodos «tensos» en las calles. Quizás incluso meses. Las protestas y manifestaciones de las últimas semanas han ido «subiendo el tono» poco a poco. Desde reivindicaciones por la vivienda hasta los 12 agentes heridos en La Coruña tras un mitin de Vox. Las fuentes consultadas no dudan en apuntar que «van a ir a más» y que, lo más probable, es que se extiendan más allá de las elecciones generales del 29 de noviembre. «Dependerá de quién gane. Si el PP gobierna, esto es lo que le espera desde el primer día», resume uno de los expertos policiales.
Desahucios, sanidad, educación, antifascismo. Cada una de las reivindicaciones presentan, para el orden público, riesgos diferentes. Los responsables en la materia, junto a las unidades policiales de Información, llevan semanas estudiando los diferentes escenarios que, prevén, y que se van a ir encontrando conforme la fecha en la que se pongan las urnas en los colegios electorales se vaya acercando.
Los policías no dudan de que las movilizaciones y la violencia en cada una de ellas van a ir a más. «Lo van a permitir, lo estamos viendo ya», comenta otro responsable. Esta percepción está creciendo en las provincias que ya han vivido altercados. Y apuntan directamente a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, de los que responden en última instancia la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los funcionarios policiales preguntados ven la mano política en varias situaciones. La primera, en la acampada de la Puerta del Sol que se instaló antes de la convocatoria electoral, como medida de presión al Congreso de los Diputados para que convalidara los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. Creen que las primeras tiendas de campaña se podrían haber levantado sin ningún tipo de problema, lo que habría evitado el asentamiento, pero apuntan al responsable del Gobierno en la capital, Francisco Martín, como el «autor» de impedirlo por una «decisión política».
Lo mismo opinan de su homólogo en Galicia, Pedro Blanco, que autorizó una protesta contra un mitin de Vox en La Coruña en el mismo espacio donde se estaba celebrando el acto político. La convocatoria, que congregó a unas 5.000 personas, terminó con 12 policías nacionales heridos. Los manifestantes lanzaron bolardos, adoquines y elementos pirotécnicos contra los agentes, que detuvieron a dos personas. Ese mismo día, a última hora de la tarde, una concentración para criticar la «violencia policial» terminó en tumultos, contenedores quemados y cargas por parte de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios).
Más ejemplos. El pasado 22 de octubre, el periodista Vito Quiles tenía un acto en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza. Al hacerse público, grupos antifascistas de extrema izquierda se presentaron en el mismo lugar para protestar por su presencia. Los agentes responsables del orden público se vieron en medio de ambos grupos, y terminaron cargando contra los segundos. Cinco personas fueron detenidas, y ocho policías terminaron heridos, uno de carácter grave.
También, la ejecución el 23 de octubre de un desahucio de una familia marroquí con seis menores en Vitoria, durante el que se produjeron graves altercados entre manifestantes que trataban de impedir el lanzamiento y la Ertzaintza, finalizó con un resultado de dos detenidos, 58 identificados y 19 agentes heridos. «Va a pasar en todos los ámbitos», racalcan las fuentes policiales
Varios países de la Unión Europea están viviendos episodios de violencia en sus calles mucho más graves que los de España. Es el caso de Albania, Italia y Francia. En este último, el Presidente de la República, Emmanuel Macron, ha decretado el toque de queda en algunas ciudades y ha prohibido cualquier manifestación que no tenga su origen en las organizaciones sindicales.
Expertos policiales en orden público y en materia de Información anticiparon que era «muy probable» que en nuestro país se produjera un «efecto contagio» en las siguientes semanas como así ha sucedido. Un ejemplo fueron los disturbios del 24 de octubre en Barcelona que terminaron con al menos 128 detenidos -la mitad menores- y más de diez comercios saqueados, un escenario similar al que asoló al país galo. Otros mandos policiales vaticinan que se pueda incrementar en el ultimo mes del año y en los primeros de 2027 «según sean los resultados de las próximas elecciones generales, para un lado u otro».
Las algaradas continentales, también las españolas, están protagonizadas, por el momento, por grupos de izquierdas. La memoria policial tiene en la retina distintos episodios violentos que se han producido en los últimos 12 años. Son los casos del barrio de Gamonal, en Burgos; los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña; las revueltas por la sentencia del procés catalán o las que nacieron a raíz de la detención del cantante Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo.
Para combatir el futuro de las revueltas, los mandos tienen claro que tienen que utilizarse «criterios policiales, y no políticos». Estos pasan por emplear todos los medios necesarios –pelotas de gomas y despliegue de todos los efectivos–, lograr información previa de los grupos más conflictivos y conseguir apoyo social y político. «En cuanto empecemos a hacer detenidos, el resto se viene abajo, lo tenemos más que experimentado», resume otro jefe policial.
Además de las heridas y lesiones sufridas, los policías tienen que convivir con la «indiferencia» del Ministerio del Interior. El sindicato Jupol denunció el silencio del titular de la Seguridad del Estado, Fernando Grande-Marlaska, que en los últimos días no se ha pronunciado a pesar de que los agentes heridos en varias concentraciones ronda la treintena.«Llevamos tiempo alertando del aumento de la violencia contra los policías nacionales en diferentes puntos de España», señalaban en un comunicado.
«Al menos nos queda la seguridad de las UIPs» ( Unidades de Intervención Policial ), señala un destacado mando. Los antidisturbios españoles están considerados la «mejor unidad de orden público que hay», subrayan otras voces. En distintas ocasiones, las policías autonómicas han recibido instrucciones y entrenamiento de los miembros de la Policía Nacional, así como también han compartido experiencias con otros cuerpos policiales de Europa.
La experiencia en el control de grandes masas de personas, así como en la gestión de muchos eventos deportivos –todas las voces recuerdan la organización de la final de fútbol de la Copa Libertadores de 2018, que enfrentó a River Plate y a Boca Juniors en Madrid– dan a las UIPs el conocimiento «más que necesario» para enfrentarse a las semanas que vienen. El único «fallo» que los agentes antidisturbios han tenido en los últimos años fue este verano durante la última etapa de la Vuelta ciclista a España de 2025, que terminó con varios detenidos y más de 20 policías heridos por las protestas por la participación de un equipo israelí. «Y fue culpa del Delegado del Gobierno en Madrid, no nuestra», subraya otro mando de la Policía.
Es indudable que hay un sector de la izquierda que aplaude la violencia, los escraches y el frentismo. Es cierto, también, que los que defienden estas tres cosas a la vez son, afortunadamente, una pequeña minoría. A Sánchez le podemos responsabilizar, sin ningún atisbo de duda, de la crispación y el frentismo que se ha instalado en la sociedad española. Una vez más, no es una opinión, sino que es algo que se puede contrastar en esta abrupta e inútil legislatura. La estrategia diseñada por el Palacio de La Moncloa se ha sustentado en la polarización, el populismo y la radicalización.
Desde hace más de un mes estamos viendo cómo el estado de agitación en la izquierda radical se canaliza contra el PP y Vox. No es nada que nos tenga que sorprender porque es algo habitual desde hace mucho tiempo. Es cierto que la izquierda mediática aprovecha cualquier incidente aislado para criticar a la derecha como si fuera una horda de violentos. En cambio, olvidan la violencia que ha existido en Barcelona desde hace mucho tiempo alrededor de una parte, insisto, en el término una parte, del movimiento okupa.
Los graves incidentes que se vivieron el pasado día 24 de octubre en la capital catalana, no son algo aislado o consecuencia de una reivindicación política, sino que lo hemos vivido ya en numerosas ocasiones, como se puede comprobar acudiendo a la hemeroteca. A Sánchez le va muy bien el lío, cuanto más lío mejor. Su estrategia se basa precisamente en fomentar el enfrentamiento y no hay duda de que está jugando con fuego como dijo Feijóo. La descalificación del adversario y los insultos son algo habitual del sanchismo.
No hay más que ver los disparates que dedicaba el exministro Óscar Puente a todo aquel que le caía mal. Nunca se había organizado desde el Poder unas cloacas destinadas a destruir a jueces, fiscales, policías, guardias civiles, periodistas y empresarios. No es tampoco ninguna exageración decir que Sánchez actúa como una autócrata dentro de un sistema democrático y que la repetición del Gobierno socialcomunista amenaza al sistema constitucional. No hay más que remitirse a los hechos. Un análisis del asalto al Poder y las instituciones que hemos vivido a lo largo de esta legislatura muestra que la agenda de Sánchez ha sido y es muy peligrosa para el Estado de Derecho.
El espectáculo de los propietarios de comercios, directores de banco y hosteleros tapiando sus escaparates o preparándose para cerrar sus negocios ante las amenazas por internet de unos grupos políticos indeterminados, de ideología antisistema o, como en el caso de Bilbao, herederos de la violencia separatista etarra; que se identifican con el pillaje, demuestra a las claras la pérdida de la confianza social en el Gobierno y en las instituciones, más aún, cuando desde los organismos de Seguridad del Estado, no hay ninguna voz capaz de asegurar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden que son los pilares de la libertad de los ciudadanos.
Con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desaparecido de la esfera pública; habiendose solicitado por carta a la Delegación del Gobierno de Madrid el levantamiento de la protesta de Sol; ni siquiera la rápida actuación policial, que ha detenido a los supuestos cabecillas de las convocatorias a los desórdenes públicos en las principales ciudades; ha podido llevar la calma a un sector de la población que optó por protegerse, en lugar de confiar en las disposiciones preventivas de las autoridades.
Ciertamente, nadie puede garantizar la seguridad absoluta, pero sí el mantenimiento de unos mínimos de normal convivencia ciudadana, que pasa necesariamente por el control de las calles y plazas de nuestras ciudades para el disfrute de vecinos y visitantes. Es ahora cuando el Gobierno sanchista debería reflexionar sobre las consecuencias de actuar como aprendiz de brujo, alentando la toma de la calle por unas supuestas fuerzas de progreso, con el único objetivo de calentar el ambiente preelectoral y movilizar a unos votantes a quienes, dicho sea de paso, se insulta por considerarles propicios a justificar la violencia.
No niego que pueda haber individuos que encuentren legítimo acosar a quienes no comparten su misma ideología, incluso, en las filas del Consejo de Ministros, pero hablamos de minorías sectarias que no cambiarán el sesgo de las próximas elecciones. Lo cierto es que desde el ámbito gubernamental socialcomunista se ha dado pábulo a una política equívoca sobre el orden público que ha llevado a los sindicatos policiales a denunciar la falta de instrucciones claras, dictadas en tiempo y forma, que levanta inevitables suspicacias entre la opinión pública.
Luego, cuando las imágenes de contenedores y coches en llamas, de asaltos a comercios y de enfrentamientos con la Policía llenan las redes sociales para espanto del común de los ciudadanos, desde la izquierda se habla de oscuras operaciones de la derecha o, rozando el ridículo, como el caso de la diputada Ione Belarra, se acusa a “policías infiltrados” de azuzar a los violentos.
Por supuesto, no se trata de analizar ahora, ni la naturaleza, ni las supuestas reivindicaciones de esos movimientos antisistema, en buena parte surgidos como émulos de, los alborotadores de París, porque solo desde un punto de vista académico, que no es el caso, se deben buscar explicaciones a la violencia. No. De lo que se trata es de exigir al Gobierno de la Nación que cumpla con una de sus primeras y principales obligaciones, como es garantizar la seguridad de las vidas y bienes de los ciudadanos, con independencia de intereses políticos.
