Las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que tienen su base en Madrid, han dejado de recibir en los últimos días las órdenes de servicio que la Delegación del Gobierno les remite habitualmente para informarles de los despliegues que deben preparar ante concentraciones, manifestaciones y posibles disturbios en la calle. Según he podido conocer de diversas fuentes de los antidisturbios que dependen orgánicamente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, órgano central de la Dirección General de la Policía, encargada de velar por el orden público a nivel nacioanl y que también tiene su sede en Madrid, los especialistas en control de masas y en preservar el orden público llevan días sin recibir los partes que dos o tres veces a la semana les facilitaban desde la Delegación gubernativa madrileña.
Esto se produce justo tras el conocido desahucio de Mari Carmen Abascal en la capital española y coincidiendo con su fallecimiento el pasado siete de octubre. Las órdenes de servicio que la Delegación del Gobierno facilita a las UIP incluyen los datos sobre las concentraciones autorizadas y no autorizadas que se producen semanalmente en las calles de toda la Comunidad autómoma. Se trata de un mapa, una guía de trabajo completa. En este documento figura la información sobre quiénes son los convocantes, la hora y el lugar de la manifestación, el recorrido de la misma e incluso la recomendación sobre la fuerza policial que se necesita utilizar para preservar el orden en la calle.
Sin embargo, diversas Delegaciones como la de Madrid han dejado de facilitar esos datos a los antidisturbios. «La Delegación no está dando órdenes de ninguna manifestación y concentración. Estamos a ciegas», revelan desde la Jefatura de las UIP en Madrid. Tanto es así que la Policía no dispuso de datos sobre la concentración que se produjo el pasado ocho de octubre por la tarde en la capital de España, Una marcha fúnebre desde la Puerta del Sol hasta la casa de la difunta Mari Carmen, en la calle Sainz de Baranda, en las proximidades del Retiro y en pleno centro urbano.
Fueron los agentes de otra unidad policial, la Brigada Provincial de Información los que tuvieron que recabar los datos necesarios para que las UIP pudieran organizar mínimante el dispositivo policial en el recorrido. Es lo mismo que está ocurriendo en otras Comunidades Autónomas: «No llegaban las órdenes de servicio. Hemos ido a preguntar y nos hemos enterado ahora. Si te atan de pies y manos, no puedes organizar nada». Ahora han dejado de informar de lo que hay en la calle. Parece que buscan que haya problemas», lamentan fuentes de las UIP.
La preocupación se incrementa en los últimos dias en estas unidades encargadas de preservar la seguridad pública, una vez han conocido esta noticia: «Nos lo ponen muy difícil porque nos resulta complejo calcular y distribuir a la gente, cuando no te dan los datos básicos y mínimos para poder realizar cuadrantes o servicios», explican. Creen que esto propiciará que crezcan las situaciones de conflicto en distintas ciudades: «Habrá más desórdenes públicos. Está más claro que el agua».
Los mandos que han conocido esta noticia señalan que desde las Delegaciones se ha roto todo tipo de comunicación. «No la hay. Se producirán más disturbios, lógicamente», lamentan. «Es un despropósito», denuncia otro efectivo de las UIP. No hay una orden escrita como tal para que las Delegaciones del Gobierno dejen de informar, describen desde las UIP. Sin embargo, esa consigna ha llegado desde Moncloa a las Delegaciones aseguran. «Aquí, por escrito, poco o nada. Los marrones, para los jefes de Unidad aunque ellos no tienen la culpa de esto».
Ya en los últimos semanas se han vivido las consecuencias de esa falta de directrices. El pasado tres de octubre, se produjeron en Valencia las escenas más tensas de las manifestaciones por la vivienda que se habían convocado en toda España. Había solo 14 policías y nueve terminaron heridos después de que la Delegación del Gobierno autorizase una marcha frente a un congreso inmobiliario que se estaba celebrando en el Palacio de las Artes.
Los agentes denunciaron que se había diseñado «un dispositivo absolutamente insuficiente«. Señalaron a Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana como responsable de los graves incidentes registrados, el choque más violento de los últimos meses. «Ha sido una falta de órdenes claras por parte de. la Delegada, se destinaron muy pocos efectivos para hacerse cargo del último grupo de manifestantes donde se encontraban los más violentos», denunciaban los agentes.
Las fuentes policiales consultadas recuerdan que «queda poco para las elecciones generales y se está buscando que la calle se caliente«. El problema es que «lo pagaremos los que estamos trabajando a pie de calle, ya se ha visto otras veces» Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) denuncian también que tienen orden de no actuar y de no disolver las concentraciones de la Puerta del Sol en Madrid, donde la acampada por el derecho a la vivienda se prolonga ya desde la noche del 26 de septiembre. Esa orden afecta tanto en la capital madrileña como a las concentraciones que se están produciendo en los últimos días en distintas ciudades de España, como Valencia, Sevilla o Granada.
Como en la célebre novela de Faulkner en la que relata la dramática decadencia de los Compson, una desestructurada familia sureña es lo que está sucediendo ahora en España. El ruido y la furia, hasta incendiar la calle con enfrentamientos y algaradas es el principal argumento de Pedro Sánchez para intentar salvarse «in extremis» de una cantada catástrofe electoral y su definitivo fracaso personal. En esta situación tan desesperada todo vale. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Fracasos como el de su política de vivienda que ha empeorado la habitabilidad hasta límites intolerables durante su mandato, pretende darles la vuelta con acampadas, huelgas políticas, decretos espurios y aprovechamiento indecente de la muerte de una pobre anciana. Todo sirve para fomentar el enfrentamiento de dos bloques ideológicos irreconciliables que nos devuelve al desolador paisaje guerracivilista. No es extraño que ante la acreditada falta de escrúpulos políticos y morales del personaje, sus adversarios duden de la limpieza electoral y sospechen de los votos por correo y de la «ley de nietos».
La mafiosa actuación desde las cloacas del PSOE contra la juez Biedma, instructora del caso del hermano del Presidente, demuestra hasta qué bajos fondos ha caído la política del sanchismo. Habrá que ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades políticas y penales. La situación desesperada de Ceuta, invadida por Marruecos con el Presidente Sánchez veraneando tranquilamente en la casa-palacio de La Mareta perteneciente al Patrimonio Nacional en la canaria isla de Lanzarote y justificando la actuación del Reino alauita, levanta gravísimas sospechas de chantaje o de oscuros negocios y es de temer, viendo los antecedentes de otros desastres que estén tramando en los cenáculos monclovitas la forma de desprestigiar al presidente Vivas, «liquidando» al político más digno de esta invasión aún no resuelta.
La estrategia del Presidente Sánchez consiste en falsificar la realidad y ganar el «relato». Se va a incendiar la calle con la ayuda de los sindicatos verticales decididos a realizar una innecesaria huelga general destinada al fracaso por su carácter político y los activistas de extrema izquierda y los medios de comunicación sometidos al «régimen sanchista». No es seguro que la agitación -el ruido y la furia– dé esta vez el resultado apetecido sino todo lo contrario. Parece que la sociedad está cansada de enfrentamientos y sobresaltos. Aspira a un poco de calma, a cambiar; dar un descanso, en política al pensamiento dialéctico y recuperar el consenso constitucional. Por eso se observa un rechazo general a la figura pública de Pedro Sánchez. Su presencia en la campaña electoral -esta vez sin la compañía moral de su compinche Zapatero- no es, en general, bien recibida por los representantes socialistas locales y menos aún por la gente de la calle. El último error de Sánchez ha sido volver a encabezar el cartel electoral del PSOE.
El Gobierno ha ordenado no intervenir en las distintas acampadas que hay en las plazas de distintas provincias de España. Según manifestó públicamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Ejecutivo se escuda en que está en «funciones» para no intervenir en estas acampadas realizadas por una causa justa. Los mandos de la Policía Nacional, así como los agentes, están «más que sorprendidos» porque nunca antes en democracia se había producido una consigna bajo esa premisa.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado publicamente la falta de información e instrucciones operativas para organizar los dispositivos de seguridad ante las manifestaciones y concentraciones convocadas en toda España. La organización sostiene que varias Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han dejado de facilitar a los responsables policiales los datos necesarios para planificar sus intervenciones, una situación que considera especialmente preocupante en Madrid y que, según afirma, también afecta a otros territorios.
La denuncia se produce en un contexto de creciente movilización social por el acceso a la vivienda, con acampadas y concentraciones en diferentes puntos del país. Las protestas reclaman medidas frente al encarecimiento de los alquileres; las dificultades para conseguir una vivienda y la prohibición de los desahucios y que han ganado visibilidad tras el caso de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada judicialmente el pasado 26 de septiembre y que falleció tres días después.
Jupol asegura que la ausencia de órdenes de servicio dificulta la preparación de los dispositivos policiales y puede comprometer tanto la seguridad de los agentes como la de los ciudadanos. El sindicato advierte de que los servicios especializados en orden público, entre ellas las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), necesitan recibir información previa suficiente sobre las convocatorias para anticipar posibles incidentes y distribuir adecuadamente sus efectivos para garantizar la seguridad ciudadana.
La organización sindical considera que no se trata de una mera deficiencia burocrática sino de un problema que puede afectar a la capacidad de respuesta policial. En su comunicado, afirma que nunca había conocido una situación de estas características, ni siquiera durante anteriores periodos en los que el Gobierno se encontraba en funciones. Por ello, reclama que se restablezcan los procedimientos habituales de comunicación y que se expliquen las causas de las carencias detectadas.
Las acampadas por la vivienda constituyen uno de los principales focos de movilización. Las protestas se han extendido por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Murcia, Bilbao, Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Oviedo, Valencia, Granada y Alicante. También se han registrado movilizaciones en Pontevedra y Arrecife. La situación de cada concentración es diferente y la relación incluye tanto campamentos como protestas, concentraciones y manifestaciones vinculadas a este movimiento.
El sindicato JUPOL, ha acusado al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de hacer trabajar a la Policía Nacional «a ciegas» y le ha responsabilizado de las agresiones sufridas por algunos agentes el pasado lunes, 12 de octubre en las inmediaciones de la Puerta del Sol, tras la finalización del desfile militar en medio de los altercados entre manifestantes que acudieron a la plaza para arremeter contra los acampados por la crisis de la vivienda.
«Han agredido brutalmente a compañeros de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), llegando a apalear a uno de ellos cuando estaba en el suelo. Una situación de extrema gravedad que pone en riesgo la integridad de los policías y la seguridad ciudadana», ha manifestado el sindicato en una publicación en sus redes sociales en la que adjunta un vídeo de los incidentes.
JUPOL ha señalado así la «responsabilidad» del Delegado del Gobierno no solo por «permitir» la acampada en la Puerta del Sol «sin instrucciones operativas ni información» para las unidades intervinientes -especialmente Unidades de Intervención Policial y UPR- que tienen que trabajar «totalmente a ciegas, sin los medios humanos y materiales suficientes».
«Basta de dejar a los pies de los caballos a los policías», han pedido desde el sindicato que exige «medidas urgentes y responsabilidades» por lo ocurrido en la víspera, cuando personas con banderas de España -algunas de ellas anteriores a la democracia y de la Cruz de Borgoña- se concentraron en las inmediaciones de Sol para arremeter contra los antisistema acampados que habían integrado la simbología republicana ondeando y colocando la bandera tricolor en diferentes puntos de la plaza y cubriendo la famosa estatua de Carlos III. Finalmente, el sindicato ha incidido en que la seguridad de los agentes «no puede depender de la improvisación y decisiones políticas» de parte de quienes deberían «proteger a la Policía Nacional y a la ciudadanía». En este contexto, JUPOL ha trasladado además su mensaje de apoyo a los agentes que fueron agredidos.
La Policía Nacional había detenido en la víspera a cuatro personas -una mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad acusados de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Varios agentes de Policía resultaron heridos en estos altercados, apuntan fuentes policiales.
