AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.
En los últimos meses, son muchas las ocasiones en las que la Guardia Civil ha sufrido el zarpazo del Gobierno sanchista. Pérdida de competencias por la cesión del Ejecutivo a las ansias de sus socios independentistas (Junts, EH Bildu, ERC…); abandono del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlasca ante la falta de medios para afrontar la lucha contra el tráfico de estupefacientes o la grave crisis inmigratoria que asola distintas regiones como Canarias, Murcia y Baleares; control político de los altos cargos de la Dirección General; deplorable gestión ahora en la invasión africana de Ceuta y Melilla. Y así un sinfín de golpes que provocan la indignación y el malestar de los agentes y españoles de buena fe.
Cada vez son más los casos en los que la Guardia Civil pierde funciones esenciales: seguridad en eventos, tráfico, fiscal y fronteras, protección de la naturaleza ( Seprona )… ¿Es una casualidad o una estrategia política?». Esta es la pregunta que, a través de la red social X, ha lanzado el secretario nacional de comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Pedro Carmona. Una reflexión en la que enumera alguna de las cuestiones claves que le hacen llegar a esa conclusión.
Polémica es también la pérdida de las competencias de Tráfico en Navarra que han pasado a la Policía Foral desde el pasado 1 de julio o de Puertos y Aeropuertos en el País Vasco, en este último caso en favor de la Policía Autonómica desde el 3 de febrero de 2.025. Hay que recordar que en pleno puente de diciembre de 2.025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía su rúbrica al servicio de EH Bildu y ratificaba a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la expulsión de los guardias civiles de Tráfico de Navarra en favor de la Policía Foral. Por no hablar del último intento del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de crear su propia policía gallega y echar de Galicia a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El caso de Cataluña, señala el secretario de comunicación de AUGC, es diferente. Y es que «la expulsión de la Guardia Civil lleva años en marcha» con la «reducción de efectivos» o su exclusión en áreas clave como la fiscal, puertos, aeropuertos, seguridad marítima y medio ambiente. Desde esta asociación han denunciado reiteradamente esta «deriva política basada en cesiones injustificadas» y han exigido una rectificación inmediata y el cese de este «desmantelamiento encubierto» de las competencias de la Guardia Civil en Cataluña...
La situación es «crítica y asfixiante». Así definen los guardias civiles de Cataluña el «expolio» de competencias que sufren y las 1.100 vacantes sin cubrir en toda la Comunidad. Y es que la carencia de personal y el traspaso de competencias exclusivas a la Policía Autonómica catalana obedece, a juicio de la asociación profesional Jucil, a un estudiado desmantelamiento por goteo.
Las competencias de Fronteras y el Servicio Marítimo son exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Benemérita y Policía Nacional) por lo que «no permitiremos un demantelamiento por la puerta de atrás» asegura el secretario general de la asociación, Ángel Lezcano. En este sentido, denuncian un intento de «traspaso ilegal» a los Mossos y alerta de nuevas amenazas como el posible cierre del GEDEX ( Grupo de Desactivación de Explosivos ) en Tarragona. Además, hay que recordar que la Guardia Civil continúa excluida del servicio de emergencias 112 pese al acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad regional de diciembre de 2024.
Y a ese intento de llevar a la Benémerita a la «irrelevancia institucional» más absoluta en Cataluña, hay que sumarle el déficit de agentes en las plantillas. Desde la asociación apuntan que sin complementos económicos y sociales que incentiven la permanencia, esta Comunidad Autónoma seguirá siendo un «destino de paso» por lo que es necesario declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad como ya se hizo con el País Vasco en 1.983 cuando el Ministerio del Interior implantó el conocido como PLAN ZEN ( Zona Especial Norte ).
Por no hablar de la «falta de medios y la precariedad de los mismos» que no solo pone en riesgo la vida de los agentes sino la seguridad de los ciudadanos, destacan desde Jucil. Porque los gestos políticos no sirven si no vienen acompañados de presupuesto real», concluyen.
La desigualdad con los Mossos d’Esquadra es otra piedra en el camino. Durante décadas los agentes han denunciado la brecha salarial con la Policía Autonómica ante la desidia y el ninguneo de los distintos ministros del Interior inccluido en este caso, Fernando Grande-Marlasca. La reciente subida salarial de 4.000 euros brutos anuales a los Mossos, el aumento de vacaciones y la reducción de su jornada laboral han agravado aún más esa desigualdad.
Finalmente, ponen de relieve el hecho de que Grande-Marlasca se niegue a considerar a la Guardia Civil como profesión de riesgo mientras otras policías autonómicas y locales sí están reconocidas. Tachan de «humillación» que los guardias civiles carezcan de este amparo legal del que tampoco gozan los policías nacionales y recuerdan que el Consejo de Europa ya ha admitido a trámite su petición para que los guardias civiles vean reconocidos sus derechos de sindicación y huelga. El Gobierno debía de haberse pronunciado a este respecto en las pasadas semanas.
Números y solamente números. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, los agentes son meramente números que figuran en expedientes tal y como él mismo declaró en sede parlamentaria. Quizá, por ello, no haya que extrañarse de su permisibilidad con ciertas «maniobras» como el desguarnizamiento encubierto de la Guardia Civil en Cataluña.
«El Gobierno central y el regional continúan ejecutando un plan perfectamente orquestado para abandonarlar, pieza a pieza, las competencias y la presencia de la Benemérita en el territorio catalán», denuncian desde la asociación Jucil, que ha tenido accso al plan diseñado por la Dirección General y la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de Madrid. Un proyecto, cuya única finalidad es «acabar definitivamente» con la presencia de la Guardia Civil en L’Estartit (Girona). La propuesta formal consiste en hacer desaparecer esta base histórica de la Costa Brava y unificar los efectivos restantes en Barcelona y Madrid.
Sin embargo, desde esta asociación denuncian que bajo la falsa premisa de una «reorganización operativa», la realidad esconde «un tijeretazo salvaje a la plantilla». Y es que el plan de la Dirección General (impuesto de manera unilateral y sin consultar a la Jefatura de la Zona) pretende dejar la plantilla combinada en tan solo 11 personas. Teniendo en cuenta que Estartit debería ser de 16 efectivo, la eliminación de estas plazas supone perder prácticamente un tercio de la plantilla en Cataluña de golpe.
Pero esta estrategia de desguace va más allá. Los agentes alertan también de la pérdida de más unidades técnicas en Cataluña. Un goteo incesante que afecta de lleno al cese del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) en la Comandancia de Tarragona. Según explican desde la asociación, al igual que ocurre con otras especialidades, este desmontamiento disimulado bajo el pretexto de un «proceso estatal de unificación» dejará al territorio sin un servicio crítico de intervención rápida frente a artefactos explosivos, obligando a los agentes adscritos a cambiar de destino o de unidad y mermando todavía más el potencial operativo de la Guardia Civil en la provincia.
A esto, hay que sumarle la situación de la unidad del Seprona en Puigcerdà que lleva meses completamente cerrada sin que la Dirección General haya anunciado vacantes, ni comisiones de servicio para cubrir los puestos vacantes. «Esta inacción resulta especialmente sangrante si se recuerda que la Comarca de la Cerdanya lleva tiempo exigiendo el refuerzo de este Puesto debido a las necesidades medioambientales de la zona», señalan. En este sentido, recuerdan que el verano pasado se aprobó una moción presentada por Jucil que contó con el voto a favor de todos los partidos del arco parlamentario, incluidos los independentistas, quienes manifestaron explícitamente que no querían que el Seprona desapareciese de la comarca.
El Ministerio del Interior ignora deliberadamente a las instituciones locales con tal de cumplir su agenda de repliegue y todo ello. Un abandono institucional que obedece al pago de los peajes políticos del Gobierno catalán. «Salvador Illa, careciendo por completo de competencias para decidir sobre el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha pactado con Izquierda Republicana ( ERC ) la cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra como moneda de cambio para sacar adelante los presupuestos autonómicos«, aseguran. Como ocurrió el pasado 2 de julio en el Parlamento catalán.
En el documento en respuesta al análisis del Ejecutivo se tacha de «irresponsabilidad» el cierre de las patrullas del Seprona frente a los devastadores incendios en la región. En los dos últimos años han ardido más de 4.500 hectáreas. Actualmente, la Benemérita lucha en el territorio contra los incendios con la mitad de la plantilla y arrastra 48 Puestos vacíos en un contexto de «extrema vulnerabilidad». En el Cuerpo se apunta al bloqueo de Interior. Con el apoyo de varios políticos comarcales señalan que los cierres demuestran «un absoluto desconocimiento de la realidad del campo».
En este sentido, un total de 17 ayuntamientos catalanes, los que conforman el Consell de la Cerdanya, presentaron una moción para evitar la expulsión de los agentes. Fuera de colores políticos, el consenso se produjo con diez ayuntamientos de Junts en la lista. Una posición contraria a la defendida por la dirección en Barcelona y Madrid. La medida también contó con el favor de varios representantes de ERC en dos consistorios.
Frente a la operación del Gobierno, las estadísticas son certeras y desoladoras para los miembros de la Benemérita. Los datos reconocidos por Interior, que datan del pasado mes de abril, presentan un 28% de vacantes en todo el territorio. De las más de 4.000 plazas, 1.157 no tienen dueño. Desgranadas por provincias, Tarragona es la más perjudicada con cerca de un 40%.
La presión de los socios nacionalistas sobre el Gobierno central ha provocado el liderazgo de los Mossos d’Esquadra en Cataluña. Los acuerdos del PSOE con Junts y ERC han elevado el número de la plantilla policial por encima de los 25.000; es decir, seis veces más que la Benemérita.
La cesión de competencias en materia de inmigración y de control de fronteras implica también una preocupación por el futuro de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en territorio catalán. La edad de los agentes también es un hándicap. En torno al 30% de la plantilla supera los 50 años. El abismo que asoma es el del País Vasco donde la Benemérita cuenta con tareas residuales.
Ya en 2024, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apuntó a la «convivencia política» para liquidar a la Guardia Civil. Era el inicio de la distopía. El «ataque frontal» a los pilares del Estado de Derecho y la cesión de los «delitos supracomunitarios» marcaron la denuncia. Ensalzando la importancia y el legado del Cuerpo, se colocó a los agentes como «piezas esenciales en el engranaje» de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.
Ahora, dos años más tarde, Interior arrincona a la Guardia Civil y fuerza la ‘emigración’ de los agentes a otras comunidades. En bastantes casos, se encontraran obligados a alejarse de sus familiares.
