AUTOR; Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.
La invasión de Ceuta desde Marruecos por inmigrantes africanos, ha hecho aflorar un problema que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie del Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska mantiene formalmente todas sus competencias pero tiene seriamente dañada su autoridad a los ojos de sus compañeros de gabinete y del partido socialista, lo que preocupa seriamente en el entorno del presidente del Gobierno.
Hay alarma en ese reducido núcleo «sanchista» en el que se apoya a diario por las consecuencias que esta supuesta falta de «autoridad» puede tener en el «control» de las investigaciones judiciales que les afectan de aquí a que acabe la Legislatura. Nadie apuesta por un relevo en Interior porque «la suerte de Sánchez está atada a la de su ministro del Interior,
«Hay desconfianza». Es el diagnóstico que se repite entre el búnker presidencial respecto al clima que existe en los Cuerpos de Seguridad del Estado que dependen del ministro. Hablan de prevención hacia determinados niveles políticos de Interior, de una «cacería interna» y de miedo a «purgas» o a consecuencias profesionales cuando una investigación afecta a asuntos especialmente sensibles para el Gobierno.
«Marlaska no controla nada, y esto tiene un coste grandísimo». De fondo hay un clima en el que, por ejemplo, determinados investigadores consideran necesario extremar las garantías alrededor de su trabajo, documentar bien sus decisiones y protegerse profesionalmente ante la posibilidad de acabar señalados y castigados por el resultado de sus pesquisas si no son del agrado presidencial.
El informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva e ilegal al territorio español de los días 30 y 31 del pasado julio de un río de personas africanas, ha sido la mecha que ha hecho explotar la «bomba». Marlaska dice que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de que agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dependiente de la Dirección General de la Policía, habían entregado a la magistrada María Tardón un documento que consideraba planificada la entrada, analizaba la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y recogía imágenes en las que algunos de sus miembros aparentemente orientaban a quienes intentaban cruzar.
El ministro reaccionó de madrugada reclamando explicaciones por escrito al director de la Policía, Francisco Pardo. En su carta recordaba que ejerce el «mando superior» en materia de seguridad interior y reclamaba saber desde cuándo disponía la Policía de una información que consideraba «absolutamente esencial» para que el Gobierno pudiera tomar decisiones. La respuesta posterior aclaró un elemento determinante: el director tampoco conocía el informe, lo que dejó al ministro sin margen para ejecutar el cese del máximo responsable de la Policía.
El episodio resulta relevante porque el equipo presidencial que asesora P.S. ha llegado a expresar dudas sobre la lealtad de determinados sectores policiales y sobre el grado de control que Interior mantiene sobre sus estructuras. Pero también hay una lectura inversa: la desconfianza se ha instalado también desde abajo hacia arriba.
El término que emplean algunos de estos ayudantes es «blindarse»: no hablan de retener información que deba conocer un superior ni de incumplir obligaciones legales sino que se refieren a extremar los procedimientos cuando trabajan sobre asuntos políticamente sensibles. En la Guardia Civil, esa prevención no puede separarse de lo ocurrido durante los últimos meses alrededor de la Unidad Central Operativa ( UCO ). La Unidad, como es sabido, participa en algunas de las investigaciones judiciales más delicadas para el PSOE y para el entorno del Gobierno.
El caso Leire Díez ( fontanera del PSOE que dirigía una presunta red de tráfico de influencias ) añadió un elemento especialmente importante al situar bajo investigación actuaciones desarrolladas dentro de la propia estructura del instituto armado. Las indagaciones han alcanzado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, ( DAO ) Manuel Llamas.
La Fiscalía Anticorrupción apreció motivos para investigar determinadas actuaciones internas ante la posibilidad de que hubieran buscado generar un «efecto de desaliento» sobre los investigadores. Ahora mismo, las responsabilidades están sometidas al procedimiento judicial y no cabe anticipar ninguna conclusión sobre ellas, pero el impacto dentro del Cuerpo va mucho más allá del desenlace.
Al mismo tiempo, en sectores del Gobierno sanchista existe la impresión de que determinados miembros de la Policía y de la Guardia Civil mantienen una actitud hostil hacia el Ejecutivo. Desde los dos Cuerpos, el mensaje que lanzan es que determinados indagadores perciben a la estructura política como un posible foco de presión cuando su trabajo afecta a intereses especialmente delicados.
La situación en Interior contrasta con la relación que Margarita Robles mantiene con los mandos militares y los Servicios de Inteligencia. La ministra de Defensa ha respaldado públicamente al Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) durante el asalto a Ceuta, incluso cuando la información proporcionada por el Centro complicaba la versión mantenida desde otros departamentos sobre los avisos previos al 30 de julio.
Robles defendió en el Congreso que el CNI había realizado el trabajo que le correspondía y que la información disponible había sido compartida. Reivindicó además públicamente la profesionalidad de los miembros del Centro, también del otro Centro de Inteligencia de la Fuerzas Armadas ( CIFAS ) y de los Servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil.
Su posición introdujo una discrepancia evidente con Interior. Marlaska mantuvo desde el primer día del ataque fronterizo que ninguna alerta permitió anticipar una entrada en Ceuta de la magnitud que finalmente se produjo, mientras que Robles optó desde el principio por respaldar a los profesionales bajo su responsabilidad y mantuvo esa actitud pese a las incomodidades que generó dentro del Gobierno de coalición con los comunistas.
En ámbitos militares y de Inteligencia se destaca precisamente las consecuencias de esta diferente reacción. La ministra sí conserva interlocución y reconocimiento entre los mandos y ha evitado trasladar sobre ellos la responsabilidad política de lo ocurrido en Ceuta. Marlaska está más solo que nunca y él solo se lo ha buscado.
El ministro del Interior, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su «preocupación» por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (María Tardón) de prohibir al equipo policial que investiga la incursión inmigratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores jerárquicos sobre sus pesquisas.
Según ha informado el propio Ministerio, en el texto de la carta Marlaska asegura que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta «escrupulosamente» la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.
Sin embargo, ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional bajo el amparo de la Ley 36/2015 -de Seguridad Nacional-, el titular de Interior defiende que «no debería ser incompatible» atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.
En este sentido, el ministro argumenta que la información en manos de la Policía Nacional resulta «de gran interés» para que el poder Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.
Por todo ello, Marlaska concluye que, ante situaciones de extrema gravedad como la irrupción en Ceuta de decenas de miles de extranjeros, debe ser compatible con que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno central a información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».
La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha remitido otra carta al ministro del Interior en respuesta a la enviada por este en relación con la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en el caso en que investiga la invasión de Ceuta por más de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos que tuvo lugar el 30 y 31 de julio.
En su escrito, Isabel Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También le recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (artículo 118) y especial para la policía judicial (artículo 126); y que los artículos 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
«En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales por las que todos debemos mostrar el máximo respeto», concluye la carta.
El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno de la Nación en la expansión de la gripe china ( también llamada Covid-19 ) en la Comunidad Autónoma madrileña por autorizar una marcha feminista por el centro de la ciudad.
El ministro destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno en esa región policial y señalaba a otros miembros del Ejecutivo central. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de altos miembros de la Administración Central. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.
Así lo establece el artículo 126 de la Constitución, que sitúa a la Policía Judicial bajo la dependencia de jueces, tribunales y fiscales cuando investiga delitos. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto que regula la Policía Judicial desarrollan ese principio. Además, no es necesario pertenecer a una unidad denominada formalmente Policía Judicial para ejercer esta función. Cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede actuar como tal cuando es requerido por una autoridad judicial dentro de sus competencias.
La obligación de reserva aparece en el artículo 15 del Real Decreto 769/1987. La norma exige a los integrantes de las unidades de Policía Judicial guardar una «rigurosa reserva» sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas. La información puede circular internamente dentro de la propia unidad para coordinar el trabajo pero únicamente cuando el juez o el fiscal no lo hayan prohibido expresamente. En este caso, según las explicaciones ofrecidas por el Director General de la Policía, Francisco Pardo, Tardón ordenó que no se facilitara a los superiores información sobre la elaboración ni sobre el contenido del informe.
Si la orden se produjo en esos términos, como parece, los investigadores no tenían margen para trasladar el documento a la cúpula policial o política. Hacerlo habría supuesto incumplir las instrucciones de la magistrada y vulnerar el deber legal de reserva en una manifiesta y grave desobediencia judicial.
El ministro del Interior, ordenó a Policía y a la Guardia Civil que «nunca» informaran a sus superiores cuando investigaba el chivatazo del caso Faisán como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Dicha orden consta en el auto que redactó para abrir una pieza separada e investigar un delito de revelación de secretos y/o colaboración terrorista.
El caso Faisán fue una investigación judicial sobre un aviso policial -chivatazo- dado a la red de extorsión de la banda terrorista ETA, el 4 de mayo de 2.006 para no entorpecer o romper el proceso de negociación que estaban llevando entre el Gobierno socialista de Zapatero y el grupo criminal.
Por último hay que destacar que, en virtud del informe policial confeccionado y para defender la competencia de la Audiencia Nacional que recibió la denuncia interpuesta por el grupo civil Iustitia Europa, el Ministerio Público también plantea una primera aproximación a los posibles delitos objeto de investigación aunque recalca que su calificación jurídica podría modificarse conforme avance la instrucción.
En esta fase inicial, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular del artículo 318 bis del Código Penal que podría estar agravado por su posible comisión en el seno de una organización y por haber puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. A este delito podrían sumarse homicidios y lesiones por imprudencia grave, contemplados en los artículos 142 y 152 del Código Penal así como un posible delito de organización criminal.
La instrucción deberá determinar también si los acontecimientos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, entre ellos «la paz o independencia del Estado».
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