AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.
UNO.– El episodio aquel en que un barco llamado Hondius llegó a las costas de Tenerife el pasado mes de mayo con un brote infeccioso a bordo y una pregunta por delante. Que un crucero polar regresara al Atlántico con tres muertos y catorce españoles asintomáticos no constituía, en sí mismo, una crisis sanitaria de gran escala; no al menos, después de la experiencia de la gripe china ( cuyas autoridades han logrado que su nombre se quede en covid, sin más ). Suponía, sin embargo, otra ocasión más, quizá ésta especialmente expresiva, para comprobar cómo el Gobierno socialcomunista se dirigía a una sociedad que había dejado de creerle; que tenía todavía en la memoria el acumulado de tantas mentiras y medias verdades. El Gabinete sanchista descubría así, con cada nueva crisis técnica, que el coste real de haber gestionado la palabra como activo táctico durante años, se cobraba entonces en forma de descrédito anticipado.
La incredulidad procedía del registro en el que se daban los hechos antes que de los hechos mismos. Durante meses, en 2020 y 2021, los españoles aprendieron que las certezas oficiales venían a comparecer cada noche para envejecer cada mañana. Entendieron también que la palabra experta funcionaba en aquellas comparecencias como cortafuegos antes que como referencia y que detrás de cada explicación técnica había un cálculo político que los expertos cobijaban con su prestigio. Esa cosecha quedó en la memoria pública española.
Sanidad hizo los deberes formales del Hondius con aparente diligencia. Los catorce españoles afectados fueron trasladados al hospital militar de Madrid, al Gómez Ulla. Se conovocaron siete reuniones interministeriales.. El fondeo en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla, fue el elegido al ser especializado en el transporte marítimo industrial y comercial y no de pasajeros. Y el operativo, en general, parecía sobre el papel algo razonable. Pero el problema no estaba en el papel sino en la realidad, ese «problema» con el que este Gobierno populista que disfrutamos, se topa una y otra vez.
El problema estaba en que las seis comunidades autónomas de procedencia de los pasajeros se enteraron del operativo sanitario por la prensa. Estaba en que el Gobierno canario recibió el aviso del traslado del barco cuando los detalles ya circulaban en los teletipos de los medios de comunicación social. Estaba en que su Presidente, Clavijo, lo llamó deslealtad y nadie le ha contestado todavía con un argumento que no sea retórico. La coordinación que el Gobierno que presume de progresista proclamaba, operaba, en realidad, como notificación tardía a quienes debían asumir las consecuencias de decisiones tomadas sin ellos. Las administraciones públicas afectadas, figuraban en el dispositivo como destinatarias de un relato, no como partes de la decisión.
La información gubernamental se administra como activo personal del Presidente Sánchez, repartida según convenga a la frase del día, retenida cuando incomoda, liberada cuando conviene. Esa flexibilidad funciona razonablemente bien en las Cortes Generales, donde casi todo puede cambiar de nombre durante una tarde, donde los pactos se renombran y los compromisos electorales admiten reinterpretación generosa.
El precio se paga, en cambio, cuando el asunto no admite versión múltiple y exige claridad. La cuarentena del Hondius fue buen ejemplo. El ministerio de Defensa la presentó como voluntaria. Sanidad la sostuvo como obligatoria amparada en el marco legal vigente. Política Terrorial la dejó en obligatoria sólo cuando las autoridades sanitarias así lo determinen. Tres ministros, tres versiones y ninguna decisión cerrada al cuarto día desde el anuncio del dispositivo. Las administraciones autonómicas afectadas, los catorce españoles a bordo, los profesionales sanitarios que debían aplicar el protocolo, esperaban inquietos saber con exactitud qué se decía y por qué.
La incertidumbre, prolongada durante varios días, permitió que el Hondius se convirtiera en metáfora involuntaria del estilo del Gobierno sanchista que el Presidente ha consolidado durante esta legislatura, donde cada decisión nace provisional, cada palabra admite enmienda y cada decisión depende de la conveniencia política del minuto siguiente. Lo que el Hondius mostraba, en su escala justa, es que el sistema institucional español ha perdido durante estos años la capacidad de hablar con autoridad sobre cuestiones que no admiten la mediación táctica. La palabra del Gobierno sanchista funciona cuando los asuntos se prestan a interpretación y falla cuando exigen aplicación literal y por supuesto, sinceridad. Y como los asuntos públicos se reparten cada vez más entre los primeros y menos entre los segundos, la quiebra pasa desapercibida. Hacía falta un crucero polar para que reapareciera el recordatorio incómodo de que gobernar no consiste sólo en relatar.
Sánchez seguía creyendo que el ciclo informativo absorbería el episodio del Hondius como ha ocupado tantos otros. Naturalmente que acertó. La sentencia técnica se conoció cuando convino, los catorce españoles hicieron lo que se les dijo, las comunidades autónomas asumieron su queja sin más coste y la opinión pública pasó a otra cosa. La maquinaria narrativa funciona y seguirá funcionando mientras no aparezca un asunto cuya escala desborde su capacidad de absorción. El día que aparezca, sin embargo, los españoles recordarán que llevaban años recibiendo, en cuestiones menores como esta, la confirmación silenciosa de que el Gobierno central gobernaba con palabras que valían lo que el almanaque decidiera.
Y esa memoria acumulada, paciente, hecha de episodios reiterados escribe lentamente una sentencia política que tarde o temprano pedirá ser aplicada. Su escritura ya está en marcha; lo está desde hace mucho tiempo. El Hondius añadió su línea, frente a las costas de Tenerife, al archivo de un poder que ha confundido durante demasiado tiempo el oficio de gobernar con las banderías de relatar.
DOS.- Si nos referimos a otro episodio, el Gobierno de zurdos que subsiste a base de los estertores independentistas, sabe mejor que nadie que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 no contarán con el respaldo del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, el proyecto decaerá con lo que engarzará el enésimo hito negativo de estos ocho años de mandado sanchista con una legislatura al completo sin cuentas públicas y por consiguiente sin dar cumplimiento al mandato constitucional.
El nuevo ministro del ramo, Arcadi España, que ya nos ha regalado las explicaciones sobre el techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más, el mayor de la serie histórica y de un plan «ambicioso en lo social y responsable en lo fiscal», sabía que su notoria narración era una mera interpretación al servicio de una puesta en escena con intereses y propósitos que en nada guardaban relación con un horizonte presupuestario real y ni siquiera veraz.
Pese a todo, Arcadi España se ajustó al relato dramatizado sobre el extraordinario compromiso con las banderas habituales del gasto en políticas de vivienda, sanidad, infraestructuras, entre otras. El Consejo de Ministros aprobó también la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) del periodo 2027-2029 para la que, como ha sido la tónica, no ha contado con los votos suficientes en la Cámara Baja y la desaprobó. No quiero perder de vista, ni minimizar, la desagradable sensación de burla a los españoles, ni el énfasis grotesco de este paripé en torno a la ley más importante del año convertida en una trapacería que retrata por enésima ocasión la talla moral e institucional de todos los que sostienen y se sirven de este régimen político.
Nada es una sorpresa que inquiete a Sánchez en esta coyuntura, en la que daba por descontado e imprescindible que las Comunidades Autónomas del Partido Popular ( PP ) se desmarcaran del objetivo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que aprovechó para enredar en la discordia, el agravio y la asimetría con el convencimiento de que el divide y vencerás le sería propicio para sus intereses. Por tanto, estos trucos de salón más propios de un tahúr que de un mandatario serio y recto, persiguen ese doble fin de nutrir el espacio público de un debate que el Gobierno pueda explotar como filón propagandístico y de paso arrumbar y amortiguar en lo posible los estragos de las novedades casi diarias sobre los escándalos de corrupción que le asolan.
También, claro, los Presupuestos de mentira servirán a Sánchez como una herramienta electoral que galvanizará todas las ocurrencias de esa agenda social que será frustrada por la malvada derecha en el marco de una dosificada narrativa demagógica y victimista. El trampantojo sanchista, marca de la casa, persigue un milagro y un atajo a ninguna parte convencido de que los españoles ni ven, ni escuchan lo que sucede a su alrededor y que al fin aparecerán como gobernantes íntegros y honorables. Pero Sánchez ha engañado a demasiados durante demasiado tiempo como para que la gente no reconozca al peor presidente de la democracia.
Y TRES.- Según los sondeos de opinión realizados hasta el momento, la inmensa mayoría de los españoles, incluidos un tercio de quienes se reconocen como votantes socialistas, no se cree una palabra de las explicaciones gubernamentales sobre lo sucedido en Ceuta y, además, considera que el Gobierno aliado de los comunistas, se halla supeditado a la voluntad de Marruecos por razones que nadie acierta a explicar.
Lamentablemente, una vez más, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha tratado de hacer luz de gas a la opinión pública, presentando una realidad alternativa a lo que estaban contemplado los españoles, como si el discurso ministerial de exculpación de Marruecos fuera una verdad revelada y no un patético intento de hacer de la necesidad virtud. Y con un agravante que no ha podido pasar inadvertido como es la falta de unidad y coherencia de los distintos portavoces del Gobierno, incapaces de mantener una única versión, sin duda, porque la consigna general no ha sido la de decir la verdad sobre lo sucedido, sino lo que más convenía al poder, según los casos.
De ahí, la contradicción flagrante entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación al papel del CNI y a los preavisos recibidos por los servicios policiales sobre la invasión masiva de inmigrantes que se preparaba sobre Ceuta. Por supuesto, el máximo responsable en la materia, que es el titular de Interior, ha hecho lo que mejor sabe hacer que no es otra cosa que negar cualquier responsabilidad, incluso, al precio de dejar por mentirosa a su compañera de Gabinete.
Desafortunadamente para Marlasca, si hay un ministro que ha perdido toda credibilidad es él por más que otros batallen por empatarle. Que, a la postre, tenga que ser el poder judicial, en este caso la Audiencia Nacional, el que determine quién miente en el Ejecutivo, no es más que la tónica habitual en esta legislatura, cuyo agónico final abre demasiadas brechas a quienes operan en contra del interés de los españoles. Aún así, la opinión pública, como demuestran los sondeos que se han publicado, tiene claro cuáles son los problemas que nos enfrentan al vecino del sur, qué instrumentos emplea el reino alauí para defender sus posiciones geopolíticas y qué medidas debería adoptar España para defender sus fronteras y proteger su soberanía.
Que el inquilino del Palacio de La Moncloa, de asueto en Canarias, considerara que lo único que cabía hacer con la política inmigratoria, además de las legalizaciones extraordinarias que tanto preocupan a la Unión Europea ( UE ), era ganar tiempo hasta que llegue el final de la legislatura es grave pero es mucho peor que mantenga contra viento y marea a un ministro como Grande-Marlasca, que no sólo se niega a aceptar la más mínima responsabilidad sino que considera que un ataque masivo a la frontera española no es más que otro accidente natural del que nadie tiene la menor culpa, al menos, hasta que se pronuncie la justicia.
Una sospecha acompañó el anuncio de comparecencias en el Congreso a petición propia de varios ministros con competencias relacionadas con la crisis de Ceuta. Se trataba de esquivar la bala del Senado dando la cara en la otra Cámara, sí. Pero, sobre todo, se trataba de hacerlo cuando el asunto hubiera bajado muchas posiciones en la lista de las prioridades informativas. Aunque no consiguieron que no se hiciera en fase todavía muy candente.
Es un ejemplo más de que, al menos esta vez, la inmensa factoría del relato que habita en el Palacio de la Moncloa no ha conseguido dar con la tecla todavía. Los acontecimientos han ido sistemáticamente por delante de ellos y el habitual desparpajo con el que se defiende una postura, por peregrina que sea, ha brillado por su ausencia. Por una vez, «dejar pudrir» un problema va a tener la consecuencia más lógica: terminar rodeado de podredumbre.
El Gobierno no ha estado fino valorando tiempos ni magnitudes. Y mira que presume de haber sabido gestionar lo extraordinario. Te entran (vamos a dejarlo en) 72.000 individuos y, si consigues el retorno relativamente rápido de la inmensa mayoría, te felicitas porque solamente tienes unos pocos miles en las calles de la ciudad. ¿Los 9.000 que se deducen de los kits de comida que se reparten a diario? ¿Los 15.000 de los que habla la prensa marroquí? No se rinden cuentas por las responsabilidades, nos van a dar algo parecido a un dato con el que poder hacernos una idea de la situación.
El caso es que sacas al ministro tuitero a decir que estamos ante otra crisis resuelta por Pedro Sánchez y echas la persiana del negocio. «Cerrado por vacaciones» y ya volveremos en septiembre con las mismas energías renovadas del año pasado. Igualito que cuando el drama de Gaza sirvió para agitar la Vuelta Ciclista a España y el Festival de Eurovisión como grandes prioridades de la agenda nacional.
Pero esta vez no ha sido así. Los testimonios que los medios -esecialmente los televisivos- recaban a diario no ofrecen fisura. El aspecto sanitario de la invasión es solo una de sus patas. Da igual que hables con una enfermera sindicada, con un policía o con un caballa que sólo aspiraba a pasar unos días de verano con sus nietas. Todos te cuentan que viven confinados por la vía de los hechos.
Las noticias de los últimos días hablan por sí solas. Un mes después, desalojo de la playa del Trampolín, habilitación exprés de nuevos espacios para cobijarlos y emergencia por la situación de quinientas menores. Ni el más esforzado de los juglares del oficialismo puede ahora cantar que era un caso resuelto. Y todo sin el relato alternativo que tantas veces les había dado un asidero antes.
Los antecedentes hacían temer un «no hagan caso a los ceutís; es que son todos fachas». En el momento de escribir estas líneas, no ha llegado a producirse. Sí un señalamiento claro hacia el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ha servido, al menos, para algo: comprobar quién opina a golpe de silbato. La súbita agresividad gubernamental contra el dirigente regional luce como lo que es: un intento desesperado de resituarse en el tablero cuando se da la partida por muerta.
Se podrá discutir si tiene razón no. Pero Vivas dijo desde el minuto uno de la entrada masiva que consideraba sus competencias completamente desbordadas y que necesitaba un mando único coordinado por el Ejecutivo central. Fue el Palacio de la Moncloa quien minimizó y consideró que lo oportuno era dejarlo correr. Ahora, Elma Saiz, la ministra de inmigración, se instala allí tras el fracaso del desfile ministerial, con su nuevo jefe el coordinador u ministro de Política Terriorial Ángel Víctor Torres; y del que sólo Margarita Robles ha conseguido rascar algo. El nerviosismo del Gobierno siempre es directamente proporcional al número cotidiano de contribuyentes diarios a los que insulta Óscar Puente.
En medio de todo este panorama, resulta un detalle poco importante. Pero cómo se ha notado desde el principio que Ceuta supone solamente un único escaño en el Congreso que el PSOE sabe que tiene perdido. Queda por ver cómo afecte a los 349 restantes.
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