¿ ES NECESARIA LA REFORMA ELECTORAL EN ESPAÑA ?

A nadie se le escapa que el sistema electoral español es hijo de la Transición Política; que sus autores pretendieron un bipartidismo de las dos corrientes centrales -derecha e izquierda moderadas- favoreciendo tanto la formación de Gobiernos estables como la integración de los nacionalistas en el sistema político y que consiguieron sus objetivos. El bipartidismo nunca había sido inferior al 80% del Congreso de los Diputados en la anteriores décadas -en las pasadas elecciones generales del 23 de julio llegó al 64,75%- y en alguna legislatura alcanzó la marca del 92% de los escaños en manos de los dos grupos políticos más votados.

Nada de esto resultaría extraño si en España rigiera un sistema electoral mayoritario pero poco común en la parte de Europa que se atiene a la representación proporcional. Si se mira a Alemania los electores tienen dos votos para el Bundestag con los que eligen a un candidato de su distrito y a una lista de partido: a la hora de distribuir los escaños se tiene en cuenta el resultado nacional obtenido por estos y no solo -como en España- el de cada provincia. Este sistema desfavorece la mayoría absoluta de un solo partido incitando así a la cultura de la coalición.

La pregunta que surge a continuación de todo lo expuesto es: ¿ Por qué los partidos políticos más beneficiados por el sistema electoral actual español -PP y PSOE- iban a aceptar cambios en unas reglas del juego tan favorables para ellos ?. La reforma electoral se ha planteado en alguna ocasión en el Congreso pero los dos grupos más importantes demostraron que no tenían intención alguna de mejorar la proporción entre votos y escaños como siempre piden las formaciones pequeñas que son las más perjudicadas.

El rechazo se produce pese al criterio del Consejo de Estado que apuntaba algunos cambios ya que estaban en juego tanto el principio de igualdad, tanto desde la perspectiva de los electores ( igualdad del sufragio del artículo 68,1 de la Constitución ) como de los partidos políticos o candidatos que estos presentan ( igualdad de oportunidades del artículo 23.2 de la Constitución ) .

Por eso y desde el inicio de la democracia, -elección general tras elección general y ya llevamos unas cuántas- se vota esencialmente con las mismas reglas que en la primera. Es decir, con un sistema ventajoso para los más votados y que ha permitido la formación de mayorías absolutas de un solo partido sin que ninguno de ellos hubiera alcanzado el 50% der los votos.

El responsable de todo esto no es la ley D`Hondt como piensa una amplia corriente política sino que la desproporcionalidad comienza por el bajo número de diputados del Congreso: 350 frente a los 650 de la Cámara de los Comunes británica; 577 de la Asamblea Nacional francesa; 630 de la cámara baja italiana o 349 la sueca...

Siguiendo por la exigencia de atribuir los escaños provincia a provincia, más la asignación de un mínimo de dos escaños por cada una de ellas, incluso en las más despobladas, excepto uno en Ceuta y otro en Melilla. Esto deja menos representantes para las más densamente pobladas. Al final -solo al final- la fórmula D`Hondt ayuda otro poco en escaños a los partidos más votados. El resultado de todo ello es que, por ejemplo, en Madrid para conseguir un diputado hace falta el triple de votos que en Soria.

A todo esto, la férrea conservación de candidaturas cerradas y bloqueadas resta poder al elector que solo puede respaldar o no en bloque lo que haya decidido la dirección del partido de su preferencia.

Las candidaturas extraparlamentarias no se cansan de repetir la cantidad de barreras que tienen que sortear para poder concurrir a las elecciones generales. Estos obstáculos legales liquidan numerosas listas sobre todo de los más extremistas que se pasan el tiempo estableciendo múltiples luchas recurriendo a los criterios de las Juntas Electorales Provinciales y del Tribunal Constitucional.

A falta de electores suficientes pretenden abrir las vías de la iniciativa popular, entre ellas, la puesta en marcha de una reforma electoral o de un referéndum; la revocación de un cargo electo; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad; el control popular de las acciones de guerra iniciadas por el Estado; la participación directa en asambleas municipales; el voto descalificatorio…

El PP apunta en otra dirección y es partidario de rebajar el número de diputados en el Congreso dejándolo en 300 con el argumento de que sobran políticos ahí y en otras instituciones. Esta postura que ha mantenido en diversos actos públicos nunca la ha llevado en su programa electoral. El PSOE, por el contario, es partidario del modelo alemán, con listas desbloqueadas y con paridad total entre sexos.

Obviamente, los pequeños grupos políticos de ámbito estatal no dan por perdida la batalla de la proporcionalidad ya que de ella depende su propia existencia teniendo en cuenta que el respaldo ciudadano a las minorías de espacio nacional ha ido descendiendo paulatinamente y aunque por votos totales uno de estos grupos pueda ser la tercera o cuarta fuerza electoral, parlamentariamente queda relegada en beneficio de los grupos nacionalistas.

Ello es debido a que el sistema electoral prima a los partidos políticos con fuerte implantación localista sobre aquellos con una implantación más moderada pero también más homogénea por todo el territorio nacional. La concentración de los separatistas en pocos distritos ( provincias a efectos electorales generales ) les permite aprovechar bien sus votos para obtener diputados. Así lo han hecho siempre los independentistas vascos y catalanes, a los que gustosamente se han unido los defensores de los terroristas de ETA.

Se puede concluir que en el sistema electoral español existe una clara desproporción entre votos y escaños. Que la causa principal de ello es la pequeña magnitud de las circunscripciones en España. Que la barrera legal como impedimento para acceder al Congreso es un mito y que es mucho más efectiva la barrera natural que aparece al tener España un número muy elevado de circunscripciones de pequeño tamaño. Que se puede hacer una reforma electoral y hay varias maneras de hacerla, encaminadas a aumentar su proporcionalidad aunque también hay dificultades para ello siendo la mayor de ellas que muchas de las propuestas exigen un cambio constitucional.

En este tipo de modificaciones se corre el riego que conlleva una proporcionalidad muy elevada ya que daría origen a un Congreso permanentemente fragmentado y puede generar una gran inestabilidad en los Gobiernos.

El resultado electoral del pasado 23 de julio que va a dar lugar a la formación de un nuevo Gobierno Frankenstein, indica que el debate sobre las reglas del juego continúa tan abierto como inconcreto. Por eso los vientos no soplan a favor de la reforma electoral pendiente.