Aunque las funciones básicas de la actividad policial siguen siendo las mismas, el mundo en el que trabaja ha cambiado significativamente. Mantener la convivencia pública, proteger la vida y la propiedad de las personas y hacer cumplir la ley, son responsabilidades clásicas que se enfrentan ahora a nuevos retos como son las expectativas de los ciudadanos que cada vez son más altas, la creciente complejidad de la delincuencia y las graves limitaciones presupuestarias.

La Policía, no solo debe de hacer frente a estos desafíos sino que también tiene que estar dispuesta a hacerlos adoptando los cambios organizativos, operativos y tecnológicos necesarios. Es decir, adaptando los métodos de trabajo a los tiempos que corren. Comprender las variaciones sociales que pueden afectar a la Policía es clave para poder prestar el servicio necesario.

Hay tres grandes tendencias que están marcando en la actualidad la orientación de la actividad policial. La primera sería que los ciudadanos tienen esperanzas cada vez más altas en lo que se refiere a prevención de la delincuencia; actuación en caso de emergencia; atención al ciudadano; presencia en la calle y participación de la población en la función policial porque los ciudadanos no se quieren quedar al margen y piden ser tratados como clientes como en las empresas del sector privado.

La segunda se debe a que como la criminalidad está cada vez más organizada y globalizada, ha entrado en el mundo digital y utiliza redes complejas. Los delincuentes no solo son más ràpidos que la Policía sino que además es frecuente que cuenten con tecnologías más avanzadas. Los estudios más recientes del mundo occidental indican que el crimen organizado ha crecido casi un 130% en los últimos diez años y se ha internacionalizado de manera considerable, lo que dificulta los métodos tradicionales de detección e investigación de los delitos.

Y la tercera, sería la habitual escasez presupuestaria que obliga a hacer más con menos y no salir nunca de la precariedad. La Policía siempre va detrás del delincuente y parece ser su destino que no hay manera de modificarlo. La pasada crisis económica obligó a una reducción de costes de la que aún no se ha salido.

Aunque no exista ninguna varita mágica que resuelva todos los problemas, sí se puede hacer alguna reflexión que ayude a facilitar el proceso de transformación necesario. Se podría empezar por intentar buscar una mayor implicación de la sociedad. La Policía tiene que aprovechar tantos canales como sea posible para buscar formas de comunicación con los ciudadanos y que además sean novedosas, dinámicas, personalizadas y rentables.

La participación ciudadana debe de tener como escenario a internet y las redes sociales sin olvidar el contacto directo con lo distintos agentes sociales. Debe de ser una relación basada en la confianza. Las redes sociales pueden cambiar las relaciones con la gente porque facilitan el diálogo y hacen que el ciudadano se sienta más implicado. También la comunicación directa hace llegar mejor el mensaje y se evita que nadie lo pueda tergiversar.

Se podría seguir mejorando el acceso de los agentes a la información que necesitan para su actividad policial. Las actuaciones diarias necesitan una conexión profesional ràpida y precisa. Los distintos bancos de datos de la organización a veces no bastan para resolver la consulta necesaria y así no se puede aumentar la eficacia porque no hay interoperatividad con otros organismos de la administración. La tecnología móvil permite un mayor despliegue de los efectivos policiales en la calle y dar una mayor seguridad a la población.

También, hay que optimizar los métodos de trabajo porque las nuevas técnicas pueden contribuir a reducir los costes de los servicios policiales y elevar los niveles de eficacia y velocidad de respuesta tanto ahora como cara al futuro. Si la Policía tiene acceso a la información en poder de otros organismos oficiales y que resulte necesaria para su labor ordinaria, le permitiría concentrar sus recursos en las tareas prioritarias.

Cuando se consiga de manera plena las distintas herramientas informáticas que permitan un servicio integral de gestión operativa que automatice la conexión de las denuncias o requerimientos ciudadanos con su tratamiento operativo y la posible interconexión con otros cuerpos policiales o judiciales, se lograría una importante reducción del tiempo que hay que dedicar a las tareas administrativas.

Es necesario usar la analítica para predecir y mejorar los servicios. Este proceso forma parte de una nueva oleada de tecnologías en las que se basa la inteligencia en tiempo real. Estas ciencias permiten usar datos de calidad y procesos razonados automatizados para optimizar las investigaciones y aumentar la eficacia en la lucha contra la delincuencia.

Y por último, hay que fomentar más la colaboración entre los diversos Cuerpos Policiales tanto nacionales como extranjeros. También con la justicia, agentes sociales y organizaciones públicas y privadas.

Todos los cambios necesarios hay que gestionarlos de manera proactiva. Esa responsabilidad compete a todos los directivos y mandos intermedios policiales que sean capaces de hacer esa realidad de manera eficaz, tanto ahora como en el futuro. Para ello tienen que crear un ambiente laboral propicio a los cambios y combatir las lógicas y habituales resistencias a los mismos porque si no es así, estas transformaciones no van a ser posibles si no se comprende adecuadamente la naturaleza cambiante del entorno en el que se trabaja. Los responsables policiales deben saber administrar bien los riesgos que hay que correr, los cambios a gestionar y sobre todo las herramientas informáticas que hay disponibles.

La Policía, tiene que ofrecer a sus clientes que son los ciudadanos un servicio completo, muy conectado y capaz de hacer frente a los retos actuales e ir previniendo los futuros. Con un sistema integrado de colaboración que ofrezca todas las acciones que permita la técnica para que las actuaciones policiales al estar mejor preparadas se traducirán en una mayor implicación de la sociedad y en mejores resultados. El combate contra a criminalidad no termina nunca pero hay que hacerlo adaptándose a la realidad del mundo al que sirve.

Hugo Rafael Chávez Frías como Presidente de Venezuela condenaba ese exterminio masivo de judios que conocemos como Holocausto cuando una de las características de su régimen era el antisemitismo. No era casualidad que las restricciones a la libertad de la Iglesia católica y la pretensión de destruir su significado histórico y cultural se produjeran al mismo tiempo que los ataques a la comunidad judía. Unas y otros tenían la misma raíz. Era la lucha contra dos expresiones de la fe que afirman que Dios tiene que ver con la Historia. Era la guerra a unas tradiciones de raíces comunes que desenmascaraban una utilización de la religión para proyectos de poder. En lo relativo a los católicos, Chávez quería una Iglesia que no valorara la Historia, que no se pronunciara sobre la cultura y que no denunciara el cambio que iba sufriendo el régimen hacia el totalitarismo.

A finales del 2.007, consideró que estaba maduro el momento de introducir una modificación en la Constitución Venezolana de 1.999 que le permitiera perpetuarse en el poder. Para ello, sometió a referéndum una enmienda para cambiar 69 artículos de la carta magna con el convencimiento de que iba a ganarlo. Si lo hubiera conseguido, habría limitado la independencia de algunos de los poderes del Estado y legitimado la prolongación indefinida de sus mandatos.

Los obispos, hicieron pública una Nota en la que señalaban que las pretensiones de Chávez eran muy poco democráticas. Perdió la consulta popular por muy poco -125.000 votos- pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Después de conocerse el resultado admitió que había sido derrotado pero enseguida añadió una coletilla: Por ahora…

En su fracaso, fue decisiva la movilización espontánea de los estudiantes. Las manifestaciones universitarias se sucedieron pacíficamente durante dias ocupando las calles de la capital de la nación, Caracas. Los jóvenes salían de los recintos educativos a pesar de que el régimen chavista movilizó a sus bases para amedrentarlos. Uno de los líderes de ese movimiento juvenil, Nixon Moreno, tuvo que refugiarse en la representación diplomática de la Santa Sede conocida como la Nunciatura Apostólica. Chávez respondió a las críticas con la misma fómula que utilizaba el Partico Comunista Chino, buscando a sacerdotes católicos que se opusieran a lo que decían sus obispos y los hacía aparecer en sus programas de televisión.

El Presidente venezolano, seguía empeñado en su reforma constitucional y por eso, a comienzos de 2.009, va a repetir el referéndum porque necesitaba someter a la Iglesia. Así que, en el verano de 2.008, anuncia una de sus creaciones más disparatadas: la Iglesia Católica Reformada de Venezuela.

La historia de esta Iglesia es un auténtico sainete. La nueva fundación cuenta con la colaboración de Leonardo Marín Saavedra, Arzobispo Primado de la Iglesia Anglicana Latinoamericana que había defendido la reelección de Chávez. Tres sacerdotes son ordenados obispos y manifiestan no sentirse vinculados por el celibato.

En el documento fundacional, se explica que la nueva Iglesia no es jerárquica sino más bien inclusiva, participativa y con un fuerte espítitu bolivariano. Se reconoce que Jesucristo como Señor de la Historia está presente en el proceso revolucionario. La Iglesia católica hace un llamamiento para que los fieles no se dejen engañar. El obispo anglicano de Venezuela, Orlando Guerreo, también se da prisa en dejar claro que no tiene nada que ver con la nueva organización. La pretensión de nombrar cardenales y obispos será una de las obsesiones de Chávez durante sus últimos años de vida. Cuando Monseñor Urosa, Arzobispo de Caracas, fue nombrado cardenal en 2.006 por el Papa Benedicto XVI, denunció la falta de democracia en Venezuela.

Chávez, antes de una nueva consulta quería seguir presionando algo más y durante ese tiempo, el líder estudiantil Nixon Moreno seguía refugiado en la Nunciatura vaticana. Decide que hay que darle un nuevo susto al representante papal y lo hace con uno de sus recursos habituales, utilizando una de las organizaciones bolivarianas que maneja. En este caso, se trata de la asociación La Piedrita.

Los actos de intimidación contra la misión diplomática católica fueron constantes durante meses y en alguna ocasión subiendo un escalón más. La gente de La Piedrita llegó a lanzar cinco bombas lacrimógenas al jardín de la residencia del Nuncio. Con las mismas, iba un panfleto en el que se informaba al pueblo rebelde de Simón Bolívar que esa organización revolucionaria ignoraba a la cúpula eclesiástica de la Iglesia católica y la señalaba como traidora y cobarde a las verdaderas luchas del pueblo venezolano. Al mismo tiempo, también se produjeron ataques a periodistas y a la Universidad Central de Venezuela.

Todo el esfuerzo que empleó Chávez en la creación y desarrollo de su Iglesia se diluyó con su fallecimiento en marzo de 2.013 y desapareció con él. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha seguido atacando a la Iglesia Católica que nunca ha parado de denunciar la violencia del régimen pero no ha llegado tan lejos como lo hizo su antecesor y no lo ha imitado en crear su propia Iglesia.

Lo que les faltaba a los trabajadores autónomos y pequeños empresarios es que les pirateen los correos electrónicos para desviar el pago de sus facturas. Pero este es uno de los timos en mayor expansión en los tiempos que corren. La estafa se conoce en el lenguaje informático como BEC, siglas en inglés de compromiso de correo electrónico corporativo ( empresa).

Los delincuentes acceden a la cuenta de correo electrónico de la víctima, buscando originales de facturas de sus proveedores habituales, a las que le cambian el número de cuenta del destinatario. Cuando el cliente recibe la factura, efectúa el pago sin darse cuenta que, en realidad, lo está haciendo a una cuenta distinta que es la falsa.

El BEC forma parte de uno de los numerosos tipos de estafa que proliferan en el mundo de la informática a través de internet. Consiste en obtener información interna y confidencial del negocio o de la empresa suplantando la identidad de un cliente o suministrador legal. Los estafadores logran hacerse con el dinero de las facturas falsas porque las entidades bancarias aceptan las transferencias aunque el nombre del titular y el número de cuenta no pertenezcan a la misma persona.

Para que se entienda mejor, véase un ejemplo. Es un viernes a última hora. El fin de semana va a comenzar y Pedro ( nombre imaginario) ya tiene hecha la maleta para irse a su casa que destina como segunda residencia. Es propietario de un pequeño comercio familiar y está esperando un pedido de mercancía que suele reponer mensualmente. Hace unos dias que pagó la factura a su proveedor habitual como suele hacer en cuanto le llega. Nunca había tenido problemas.

Está un poco receloso porque la última factura no la recibió tan rápida como de costumbre y además le añadían que habían cambiado de banco. Empezaba a mostrarse preocupado porque encima la mercancía no había llegado todavía y ya se estaba preguntando si es que había pasado algo. Repasando toda la documentación del pedido, se fija en el mensaje y ve que en la dirección del correo han cambiado una letra y tiene dos o o en lugar de dos e e. Han puesto proovedor.com en lugar de proveedor.com. ¡ Cómo para darse cuenta !.

Ahora ya sabe que la factura no es la original y que alguien ha logrado entrar en su cuenta de correo del local. Pedro tiene la misma contraseña para sus otras cuentas y le daba mucha pereza cambiarlas de vez en cuando. Cosa que no había hecho. Acaba de recibir la primera lección: las contraseñas son importantes y no se deben de mantener siempre las mismas.

Los grandes expertos en informática reconocen que es muy fácil caer en esta trampa dado el tipo de vida que se lleva, basado todo en la prisa. Por eso, lo más recomendable es prepararse a la defensiva. Eso significa tomar precauciones como variar periódicamente la contraseña de la cuentas que se utilicen y tener una copia de seguridad de la información que se considere más relevante. La clave para protegerse es estar en guardia permanente.

Basta con ver los programas informativos de cualquier cadena televisiva con respecto a la invasión emigratoria que están sufriendo las islas Canarias para entender que esos barcos denominados cayucos fueron creados como embarcaciones de pesca y no como transporte marítimo de pasajeros para una distancia de más de mil kilómetros. También, que infinidad de ellos se debaten entre esos dos destinos en la costa senegalesa como una línea de puntos que une la arena y coloreados de tonos vivos que contrastan con el azul del mar.

En la desembocadura del río Senegal, en Saint Louis, al norte del país, se apiñan embarcaciones rellenas de redes y escamas de pescado; en Dakar la capital, parecen gigantescas cáscaras de nuez; en el sur, son cientos de cayucos inmovilizados en las playas y custodiados por las gaviotas que chillan porque quieren su recompensa de peces. Son muchos barcos dudando entre huir y quedarse en una tierra donde casi el 20% de la población vive del negocio de la pesca.

Aunque las voces convencionales se limitan a justificar la ola migratoria a Canarias en guerras no declaradas y en violentos golpes de Estado; en crisis económicas; en hambrunas y desgracias varias para una sociedad anestesiada como la nuestra, la realidad es que también existe un estrecho vínculo en Senegal entre la pesca y la emigración.

Al final, son ellos quienes llevan a los que quieren venir hasta aquí. Son ellos los que reutilizan los cayucos para buscar el suelo español y europeo. Y también son ellos quienes los pilotan y quienes organizan el viaje y quienes se encargan de que no viajen miembros de la etnia tucolor en la misma embarcación con otros de la etnia sosso para evitar peleas.

En definitiva, los propios pescadores reconocen que existe una relación directa entre las crecientes dificultades que enfrenta su oficio y su predisposición a participar en el negocio emigratorio y que prefieren gobernar un cayuco por entre las olas que levanta la brisa de otoño si la alternativa es un puñado de sardinas a repartir entre toda la tripulación.

En Senegal, se pesca -o mejor dicho, se pescaba- atún, sardina, dorada, merluza y sepia, entre otras variedades. Sus aguas poseen -o poseían- una riqueza extraordinaria que explica esa tradición pesquera, representada en los barcos que descansan en la costa y en las redes que remiendan en cada puerto. Se cuestiona mucho si la disminución de las capturas están relacionadas con los acuerdos pesqueros con la Unión Europea ( UE ) que han perjudicado al amplio sector de la sociedad senegalesa que necesita la pesca para sobrevivir.

El actual acuerdo de pesca entre la UE y el país africano, firmado en noviembre de 2.019, válido por cinco años, autorizaba a 28 atuneros congeladores; 10 cañeros y 5 palangreros de España, Portugal y Francia a faenar en aguas senegalesas por el pago anual de 1,7 millones de euros. Los barcos pueden pescar hasta un total de 14.000 toneladas de pesca al año, de las cuales 10.000 corresponderían al atún.

Llevado el acuerdo al terreno económico y considerando un precio medio de mercado para las variedades descritas de 10 euros por kilo ( aunque el precio medio de atún sea de 13 euros kilo ) resulta un beneficio total de 140 millones de euros. No deja de ser llamativo que Europa se embolse más del 98% de los beneficios derivados del acuerdo que al principio suponía el 1% de las capturas y que en el 2021 las autoridades senegalesas publicaron que ya estaban en el 6% y se vieron obligadas a bloquear las licencias que se renovaron en 2.022.

Por eso los pescadores senegales no se cansan de repetir que la situación actual puede considerarse como catastrófica porque muchas especies están amenazadas o incluso sobreexplotadas y apoyan sus quejas en que, por ejemplo, la sardina muestra una disminución del 75% en comparación con años anteriores; que mientras ellos están pescando de manera artesanal, los barcos europeos lo hacen de manera industrial por sus mayores medios para faenar.

Dado que los caladeros tradicionales próximos a Saint Louis hace años que están disminuyendo a una velocidad alarmante, los pescadores se ven obligados a subir hasta Mauritania en busca de nuevas oportunidades o descienden incluso a Gambia. Los viajes son más largos y por ello, aumentan los gastos y las probabilidades de peligro sin que crezcan necesariamente las capturas.

En ocasiones, muchos jóvenes senegaleses y de los países vecinos, pagan un pequeño peaje para que los lleven a la costa mauritana donde cogerán otro cayuco con dirección a Canarias. Aquí se encuentra otro vínculo entre la pesca y la inmigración porque muchas embarcaciones sirven como taxis para los jóvenes subsaharianos que luego saldrán para Canarias.

Sería injusto señalar únicamente a Europa como responsable de esta calamidad porque los pescadores senegaleses también señalan a China. Para poder pescar en esas aguas, los chinos no han firmado ningún acuerdo como ha hecho la UE sino que han empleado la fórmula de la creación de empresas mixtas con otras nacionales. Como resultado, los barcos chinos se consideran – a efectos legales- como una flota industrial local que debe de pagar una licencia al precio que lo harían los senegaleses. El temor a esta fórmula es que cuando esquilmen los bancos de peces se irán a otra parte dejando el mar vacío de su pescado.

Se da la paradoja de que pescadores de Dakar que salen con el cayuco, buscan y no encuentran ningún cadadero que faenar y entonces se ven obligados a comprar el pescado que ellos no consiguen a los barcos chinos que solo les venden el pescado sobrante y de peor calidad en su propia tierra -digo mar- y regresan a puerto para intentar convencer a sus esposas de que su oficio todavía tiene sentido.

El pasado domingo, 17 de noviembre, expiró el acuerdo pesquero de la Unión Europea ( UE ) con Senegal y no tiene visos de renovarse hasta que el país africano demuestre su compromiso contra la pesca ilegal, de acuerdo con el señalamiento de la Comisión Europea que le hizo en mayo de que estaba incumpliendo la citada obligación y que había sido objeto de varios avisos europeos. No será la primera vez que esto ocurra ya que entre los años 2.006 y 2.014 el acuerdo se suspendió y permitió a las dos partes evaluar y renegociar las condiciones.

Hasta que no se despeje este panorama los barcos europeos -entre ellos, los españoles- han abandonado las aguas senegalesas y ese país ya no recibirá ninguna compensación económica hasta que no haya un nuevo acuerdo, si es que lo hay. La costa senegalesa es uno de los caladeros de mayor importancia para la flota española que opera en el océano Atlántico.

De nuevo, una sentencia judicial revela que los servicios de información de Marruecos mantienen una actividad frenética en el territorio español solo superada en agresividad por el espionaje ruso. La novedad es que el fallo conocido ahora destapa que nuestro vecino del sur ha llegado a desplegar en España a agentes que llevan trabajando ininterrumpidamente para el Gobierno marroquí al menos desde que reina Mohamed VI hace ya casi veinticinco años.

La Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional española, ha ratificado la denegación de la concesión de la nacionalidad española a un ciudadano marroquí después que el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) remitiera al tribunal un informe en el que detallaba que el solicitante era sospechoso de colaborar con el Gobierno africano desde 1.999 hasta la actualidad.

La sentencia, fechada el pasado mes de octubre de 2023, subraya que el supuesto espía en su trámite de alegaciones no desmiente que haya estado trabajando para los servicios de inteligencia del país vecino durante casi un cuarto de siglo. Por eso el tribunal pidió, en enero de igual año, al CNI un informe ampliatorio sobre la colaboración mantenida por el demandante con servicios de espionaje extranjeros después que el solicitante recurriera la resolución de la Dirección General de Registros y Notariado dependiente del Ministerio de Justicia de denegarle la nacionalidad española a pesar de que el citado llevaba una década de residencia legal en España que es uno de los requisitos básicos que tenía que cumplir.

A la vista de los nuevos datos aportados por el servicio secreto español, la Audiencia Nacional confirmó la decisión del órgano del Ministerio de Justicia de negarle la ciudadanía española por motivos de seguridad nacional.

Este caso, no es ni mucho menos el único conocido hasta ahora. Desde hace al menos una década, el CNI ha conseguido destapar hasta en siete sentencias judiciales las actividades de espionaje en España de un país extranjero que en el mundo diplomático califican como socio leal y responsable. En todas las ocasiones, ha sido de igual forma que a la ocurrida ahora, tratando de impedir que estos agentes consiguieran la nacionalidad española a través tanto de la vía administrativa como de la judicial.

Ya el Tribunal Supremo español, a partir de sentencias realizadas entre los años 2011 y 2013, sentó la doctrina que se iba a seguir en el futuro y que pasaba por una mayor implicación del CNI. Hasta entonces el servicio de inteligencia español no acreditaba los motivos por lo que consideraba que era un asunto de seguridad nacional y no aportaba más datos. A partir de ahí, se le pidió que tenía que ofrecer un mínimo de información sobre las razones determinantes de su decisión y es lo que se está haciendo hasta ahora con bastante éxito aunque ello suponga ir conociendo -mínimamente- operaciones de espionaje marroquí que siguen protegidas con el grado de confidencial o secreto.

También hay que recordar que el espionaje marroquí es el principal sospechoso del robo de información de los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca y de la Defensa, Margarita Robles, descubierto en el año 2021 y llevado a cabo mediante el sistema electrónico Pegasus que comercializa una empresa israelí aunque solo a Gobiernos y no a empresas o particulares.

Llama mucho la atención que todas estas actividades que han llegado hasta el nivel de hacerlas públicas ( existen otras mucho más numerosas e importantes que siguen siendo desconocidas por la población en general porque están protegidas con la clasificación de secretas ) se mantengan inmunes a los vaivienes diplomáticos entre España y Marruecos del tipo de la crisis provocada por la acogida española del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali en abril de 2021 o la de marzo de 2022 tras el reconocimiento de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.

Estando así las cosas, en mayo del año pasado 2023, otra sentencia de la Audiencia Nacional destapó una red marroquí de espionaje a ciudadanos saharauis en España, tras una informe del CNI que recomendaba negar a nacionalidad española a un peticionario por su colaboración con los servicios de información marroquíes desde el año 2010, sobre todo avisando de los movimientos de los integrantes del Frente Polisario y colonia marroquí residente en España.

En septiembre de 2022, en otra sentencia de nacionalidad de la Audiencia Nacional, desveló la existencia de un grupo de espionaje marroquí basado en los Consulados de Sevilla y Madrid desde al menos 2016. Otra sentencia del mismo órgano judicial de enero de 2020, destapó una red de informadores que operó entre los años 2008 y 2016, con base en el Consulado de Marruecos en Las Palmas. Y un fallo de ese mismo tribunal descubrió otra trama que entre 2002 y 2018, trabajó bajo la tapadera de un supuesto desertor del ejército marroquí.

En marzo de 2015, el CNI hizo pública la desarticulación de la mayor red de espionaje conocida hasta entonces para conseguir la expulsión de España de su responsable. Ese grupo radicado en Barcelona y que actuaba desde el año 2000, elaboró numerosos informes periódicos para favorecer la difusión de ideologías religiosas extremistas y usó una red de confidentes y colaboradores distribuidos por las cuatro provincias catalanas para manipular las voluntades de los representantes musulmanes en Cataluña.

En julio de 2013, siempre la Audiencia Nacional que es el tribunal competente para estos casos, en otra sentencia reveló la existencia de un grupo establecido en Granada y con estrecha relación con el Consulado marroquí de Almería que era del que dependía pero dirigido desde Tetuán por la inteligencia de ese país magrebí.