En marzo de 1974, se creó en la extinta Dirección General de Seguridad y para que colaboraran en los servicios que se establecieran en el entonces Cuerpo General de Policía, el Grupo Especial Femenino integrado por funcionarias de los Cuerpos Especiales Administrativo y Auxiliar de Seguridad.

Ese mismo año y en la Escuela General de Policía -situada entonces en la calle Miguel Angel 5, sede de la actual Dirección General- realizaron un Curso de Preparación Especial. Se suponía que dichas mujeres -muy jóvenes en su mayoría- tenían un gran espíritu profesional y una enorme vocación policial, unido a una inquietud de chicas modernas con unas ganas auténticas de demostrarse a sí mismas y al mundo entero que la mujer podía ser útil a la sociedad y a una organización cuyos fines han sido siempre tan necesarios y fundamentales para el desarrollo y la convivencia de cualquier comunidad.

Esa Primera Promoción, la formaron 34 mujeres que lograron superar las pruebas que se les había exigido para su posterior misión. Todas salieron de la Escuela con tal entusiasmo que, aún sabiendo las dificultades múltiples que irían teniendo, creyeron que serían factores vencibles.

Sabían que era un Curso Experimental y nadie exigía condiciones de ningún tipo, tan solo pedían trabajo y ser acogidas con normalidad por los jefes y compañeros, puesto que esta era la mayor preocupación de entonces: nadie había trabajado hasta ese momento  -de manera ordinaria- con mujeres, en funciones policiales.

Había habido algún caso anterior pero de manera excepcional y muy coyuntural. La España de aquel momento todavía seguía teniendo rémoras de prejuicios. Al Inspector joven y emprendedor, le costaba aceptar la compañera femenina y al mayor también, bien por un exceso de protección a la mujer o por no terminar de verla en ciertas situaciones.

En definitiva, todas se lanzaron a lo que algunos llamaron aventura, ya que tenían inscritas en sus corazones dos cualidades muy significativas: sacrificio y espíritu profesional. Y esto solo puede concebirse en jóvenes responsables y con una formación que está muy lejos de leyendas y películas modernas de acción.

Año tras año, tuvieron resultados muy favorables y por ello las Promociones continuaron. En los inicios tuvieron que darse a conocer en los momentos necesarios aunque con la discreción requerida: nadie conocía la existencia del Grupo Especial Femenino.

También aparecieron los comentarios jocosos, unas veces con cariño y otras, llenos de ironía. Se aceptaba con paciencia que llegaría el día del respeto verdadero y el compañerismo auténtico que siempre había demostrado el Cuerpo General de Policía.

Todo ésto significaba que, la labor que realizaban comenzaba a apreciarse y continuaba con los mismos ánimos y deseos, por lo que no se resignaban a aceptar que todo terminara o quedara en una mera colaboración. Su empeño era mucho más elevado a la par que altruista ya que consideraban que el sacrificio silencioso de esa minoría femenina no debía de estancarse en un proyecto ya que esa denominación estaba fuera de lugar al haber resultado el experimento totalmente positivo.

El Grupo Especial Femenino era consciente de su trabajo y ofrecía todos sus esfuerzos e ideales al Cuerpo General de Policía -con la responsabilidad que ello implicaba- del que se consideraban parte integrante no sólo como mujeres sino también como Policías.

El Apartado nº 8 de la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, integró el Cuerpo Administrativo de Seguridad en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. El Apartado nº 10 de la misma Disposición, integró el Cuerpo Auxiliar de Seguridad, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

Ambas medidas, acabaron con la existencia del Grupo Especial Femenino, sin reconocimiento alguno y devolviéndolas a los trabajos de archivo y máquinas de escribir. Sirvan estas líneas de homenaje a las precursoras de la plena incorporación de la mujer a las labores policiales, como Policías.

En plena Transición Política en España, el 14 de marzo de 1.978 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), una convocatoria de pruebas de acceso para el Cuerpo General de Policía. Pero aquella convocatoria no era una más sino la primera que se reservaban 100 plazas para las mujeres ( miembros femeninos, ponía en el BOE ).

Algo más de un año después, el 30 de junio de 1979, 42 de ellas, juraban su cargo como componentes de la primera promoción del Cuerpo Superior de Policía, heredero directo del extinto Cuerpo General de Policía. Se inició entonces un camino imparable que no ha hecho nada más que crecer hasta llegar en la actualidad a ocupar puestos de máximos responsabilidad en la estructura policial y presencia en todas las especialidades profesionales.

También a esta primera promoción pertenecía la primera funcionaria de policía asesinada por ETA con ocasión de una operación antiterrorista desarrollada en Zarauz ( Guipúzcoa ) el 16 de junio de 1981. Se llamaba María José García Sánchez, Inspectora del Cuerpo Superior de Policía, de 23 años y soltera. Era hija de un guardia civil.

Hoy, son ya 13.247 el número de mujeres que forman parte de la Policía Nacional, ( sucesor de todos los Cuerpos Policiales mencionados ) el 18,3% del total de la plantilla y con tendencia a aumentar año tras año.

La Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero tenía previsto enviar a 38 imanes a España, entre el pasado jueves, 27 de febrero al 1 de abril de 2025, como parte del apoyo religioso a los marroquíes residentes en el extranjero durante todo el mes de Ramadán que comenzó la noche del pasado viernes 28 de febrero y que durará hasta el domingo 30 de marzo.

Un comunicado emitido por la Fundación indicó que la misión estaba compuesta por 272 miembros, incluidos 38 profesores universitarios, 39 predicadores con doctorado, 44 ​​predicadores con maestría y 60 predicadores con licenciatura.

60 predicadores serán asignados para pronunciar el sermón y brindar clases de memorización del Corán; 31 realizarán las oraciones nocturnas del Tarawih. Con el fin de apoyar a la comunidad marroquí; en el mundo cristiano 75 irán a Francia; 40, a Alemania; 33, a los Países Bajos; 38, a Italia; 33, a Bélgica;, 10, a Canadá; seis, a Estados Unidos; cuatro, a Suecia; dos, a Inglaterra; uno, a Hungría; dos, a Noruega y otro, a Islandia.

La Fundación Hassan II organiza este proceso desde 1992 y está interesada en diversificar su campo de actividad religiosa en apoyo de las asociaciones y mezquitas marroquíes en el extranjero para que organicen seminarios y concursos de memorización y recitación del Corán.

Otros años, fueron cincuenta imanes marroquíes los enviados a España para oficiar los rezos y ofrecer asesoramiento religioso a sus compatriotas durante el mes de ayuno del Ramadán. Y el anuncio de la llegada lo hacía el Ministerio marroquí de Asuntos Islámicos detallando en un comunicado que los predicadores formaban parte de una delegación de 398 personas que se repartirían por diez países: Francia (a donde irán 163 imanes), Italia (54), Bélgica (43), Alemania (25), Países Bajos (24), Canadá (21), Dinamarca (9), Suecia (6), Gabón (2) y España.

Su misión era la misma que la de ahora y consistía en impartir conferencias y presidir veladas religiosas en las mezquitas, dirigir las oraciones especiales del «tarawih» (rezo anterior a la medianoche) y difundir los valores de un islam moderado y tolerante. En este sentido, el Ministerio insistía en que esta iniciativa buscaba «proteger y preservar del fundamentalismo y del extremismo» a las mezquitas que frecuentan los marroquíes residentes en el extranjero.

En el reparto de los 50 imanes desplazados a España entonces, fueron seleccionados por el Consejo Superior de Ulemas de Marruecos y se daba prioridad a las ciudades en las que la comunidad marroquí tuviera un mayor peso, empezando por la provincia de Barcelona, siguiendo por la Región de Murcia, Comunidad de Madrid y terminando por la provincia de Almería.

De los emigrantes con residencia legal en España por país de nacimiento, más de un millón ( 1.092.892 ) son de origen marroquí y constituyen el colectivo inmigrante más numeroso. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que acoge a un mayor número de estos magrebíes seguida de Baleares, Castilla y León y Cataluña.

Conviene recordar que durante el Ramadán, noveno mes del calendario islámico (lunar), los creyentes musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el ocaso. El año pasado duró también desde la noche del viernes 28 de febrero hasta el domingo 30 de marzo.

Pero este sistema de ayuda religiosa hacia los residentes fuera del país, ha mostrado una grieta que ha disgustado bastante a las autoridades marroquíes y es que al menos trece imanes enviados por el Ministerio de Habbus y Asuntos Islámicos de Marruecos a Europa para predicar en el Ramadán no se presentaron el año pasado a los distintos aeropuertos para el regreso y desde entonces están desaparecidos, Tenían una licenciatura, una maestría o incluso un doctorado. El Estado marroquí les pagaba mensualmente por trabajar en su mezquita y se beneficiaron de un viaje de ida y vuelta con todos los gastos pagados, a Europa para dirigir allí las oraciones del Ramadán.

Estas misiones son habituales en Marruecos, que tiene millones de expatriados en países europeos. Cada Ramadán, varios centenares de académicos cruzan el Mediterráneo para acompañar a los musulmanes marroquíes que así lo deseen. El proceso de selección es muy estricto pero según varios medios marroquíes, los perfiles que buscaban eran de solteros y sin hijos. Según el periódico Assabah, el Ministerio Habbus ha decidido endurecer las condiciones de salida. Para evitar sorpresas desagradables el próximo año, será necesario que los imanes estén casados ​​y sean padres antes de ser enviados a Europa.

El Tribunal Superior de Justicia catalán ( TSJ ) lleva desde diciembre de 2.020 ( y ratificado por el Tribunal Supremo desde 2.021) obligando al gobierno autonómico para que proteja a los alumnos que sufren el acoso nacionalista en todo el sistema educativo catalán por pedir más enseñanza en castellano. En todos sus Autos publicados, conceden el amparo solicitado a las peticiones de las diversas familias de los niños y adolescentes y ordenado de forma cautelar a los centros educativos que lo han impuesto que cambien su modelo lingüístico para elevar el porcentaje de aulas en español hasta el 25% de las clases lectivas como se venía haciendo dsde el año 2010.

La particularidad de estas resoluciones judiciales es que instan tanto al colegio en concreto como al correspondiente departamento de enseñanza regional o provincial a que adopten las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de los hijos de los demandantes. Lo hacen para evitar que se repitan casos como el que sufrió una denunciante en 2015, en Balaguer ( 17.597 habitantes, Lérida ) que fue hostigada por una buena parte de sus vecinos por haber pedido en el colegio de sus hijos más horas de clase en castellano. Después de que los tribunales fallasen a su favor, se filtraron sus datos personales y se organizó una campaña de acoso contra ella hasta el extremo de que los compañeros de sus hijos les dejaron de hablar y ni siquiera los invitaban a los cumpleaños.

El resto de padres, varios profesores y hasta el alcalde del pueblo interpretaron que el pronunciamiento judicial suponía todo un ataque al modelo de incursión lingüística y se movilizaron en contra. Incluso el Defensor del Pueblo autonómico pidió al gobierno regional que creara un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitan la educación bilingüe. Este protocolo que no ha llegado a elaborarse por la negativa manifiesta de adaptarse al marco legal vigente, aparece mencionado en todos los Autos judiciales realizados desde entonces y obligan a no señalar a los que pusieron las reclamaciones.

La consecuencia de todo esto es una campaña política que reclama la educación en catalán y a salvar los colegios de esta injerencia judicial, manifestada de diversas maneras siendo una de ellas llenar de pegatinas reivindicativas las farolas, fuentes de agua y hasta las verjas de los colegios e institutos. Frenada gracias a la intervención de la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe ( AEB ) que ayuda a las familias que piden más horas de clase en castellano y que contrarresta esta ofensiva nacionalista.

Es importante resaltar, el conflicto que se genera cada vez que el TSJ dicta medidas cautelares para garantizar que se haga efectiva la presencia del castellano como lengua cooficial del sistema educativo en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano también como lengua vehicular haciendo alusión a la doctrina del Tribunal Supremo.

Esta proporción razonable del castellano que ya se mencionaba en la LOMCE ( Ley Orgánica 8/2.013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ) también conocida como la Ley Wert, ( Gobierno del Partido Popular ) desapareció ya en el anteproyecto de la Ley Celaa; ( Gobierno socialista y se mantiene en la actualidad )) ha sido la fijada por la justicia en un 25% del total de las las horas lectivas. Se trata en la práctica de añadir una asignatura más en español a la que se da en Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas o Ciencias Naturales.

También se señala expresamente que el material didáctico de estas materias también debe de estar redactado en castellano. Esto que parece obvio es debido a que se ha llegado a conocer el caso de un profesor de Lengua Castellana que impartió la asignatura en catalán y prescribía los libros de apoyo en esa lengua.

Los Autos judiciales mencionados, obligaban a pagar al gobierno autonómico las costas de los juicios – puesto que los perdía- que normalmente eran de 800 euros cada uno. La AEB recuerda que al principio, las mismas eran de 400 euros pero que el Trbunal las ha duplicado por la actitud recalcitrante de las autoridades catalanas al cumplimiento de sus sentencias.

Desde que gobierna el socialcomunismo en España, se han disfrutado unos años de envidiable paz social conseguida por los subsidios, subvenciones y ayudas sociales que han permitido una deuda pública inasumible por el Estado que lleva tiempo superando el billón de euros -si, es b- y que dejará en herencia a quién le sustituya. Se necesitarán varias generaciones para poder pagarla.

No han habido grandes manifestaciones violentas; las huelgas nacionales, regionales, provinciales y locales han desaparecido prácticamente del panorama laboral; los agitadores y propagandistas profesionales se han retirado a sus cuarteles de invierno; los cachorros antisistema han guardado sus sudaderas con capuchas y correspondientes tapabocas y los grandes sindicatos han enmudecido tras el millonario cobro económico de la oportuna subvención. Excepción hecha de los disturbios independentistas catalanes especialmente los de octubre de 2.019 tras la publicación de las condenas a prisión de los separatistas líderes regionales.

La pregunta surge inevitable: ¿ Qué ha pasado para llegar a esta idílica situación ?. Sencillamente, que gobernaba la izquierda socialista y la extrema izquierda comunista, aliados en el Gobierno de la Nación y sus huestes alborotadoras recogidas, releyendo El Capital y los discursos de Lenin para no olvidar las esencias y buscando su comedero en los múltiples chiringuitos progresistas – remunerados- creados para su ocupación y abrevadero.

Desde que Pedro Sánchez dirige el Gobierno central es el Presidente que más cambios ha hecho en el Código Penal que otro gobierno socialista llamó de la democracia en 1995, sin que la legislatura actual haya terminado y sin que las reformas penales hayan cesado. Desde 2018, el texto penal ha sufrido más de 20 cambios, el triple que hizo su antecesor en la presidencia, el popular Mariano Rajoy. El más grave ha sido la supresión del delito de sedición y su sustitución por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Además de la desnaturalización de la Ley de Seguridad Ciudadana que el rojerío puso en la diana de la supresión desde el primer día con el nombre de ley mordaza.

Además, los ha hecho despreciando todos los informes consultivos pertinentes como son los del Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial… al tramitarse por el procedimiento de urgencia y conforme a una técnica legislativa inédita hasta ahora que implica reformas de calado mediante un texto colectivo ( decretos omnibús ) en las Cortes Españolas.

¿ Cuánto va a durar esta situación ?. La respuesta tiene que ser cuando los españoles quieran porque los actuales gobernantes han olvidado el verbo dimitir y por lo tanto no saben conjugarlo. Pero habrá una limitación en el tiempo porque nada es para siempre y cuando esto ocurra la Policía tiene que estar preparada profesionalmente porque cuando estos parásitos pierdan el poder las calles comenzarán a arder y la violencia se extenderá por todas partes.

La desprotección permanente y acusada en el tiempo de los Cuerpos Policiales en su conjunto augura malos momentos venideros porque los agentes van a estar solos y jurídicamente serán débiles por lo que probablemente serán atacados físicamente por gentes que a fecha de hoy nos parezcan altamente improbables. Se ha perdido el respeto a los agentes de la autoridad y los casos de desobediencia van en aumento. Se ha pasado de que bastaba la mera comunicación de que una persona estaba detenida a la resistencia física e incluso a la agresión de los componentes de una patrulla policial.

Si como es previsible y dado el cariz que están tomando determinadas manifestaciones públicas como mecanismo de presión en la resolución de conflictos y ante la carencia de instrumentos o elementos intermedios de contención, la mejor manera de combatir este espiritu bélico es siendo más profesionales, demostrando preparación y resolución. Y esto solo pasa incrementando su presupuesto no solo en equipamiento sino en formación, sostenimiento y personal.

La pregunta que hay que hacerse ante este negro porvenir es si la Policía está preparada para defender a la sociedad ante las próximas hordas apesebradas envalentonadas por la pérdida de sus privilegios en los organismos creados para tal fin o si va a optar por una tolerancia o pasividad que renuncie a proteger a la población o a servir a los intereses de las autoridades políticas del momento.

Hay que cuestionar si se van a disponer de las suficientes Unidades de Intervención Policial ( UIPs ) movilizables para los conflictos sociales que puedan venir y si la sociedad española es consciente de que esto es posible o más bien se le debe de mantener en un mundo feliz, viviendo en la seguridad de que antes de que llegue la época de los desórdenes públicos agravados los gobernantes van a resolver los problemas y no pasará nada.

La razón fundamental de esta probabilidad es que los dos partidos mayoritarios y con experiencia de gobierno sigan en la política de confrontación y cualquier desacuerdo desatará una ola de enfrentamientos que podrán ser de una dimensión nacional o diluirse en numerosos regionales o locales. Esta es la gran duda sobre el futuro que nos espera y como no parece probable que este escenario acabe de forma súbita, habrá que estar alerta.

Muchos lectores de este blog se preguntarán si tanto avisar de peligros sociales que pueden acabar en batallas callejeras se debe a mi naturaleza personal o a mi experiencia profesional. Los del gremio sabemos que no hay cosa más negativa que una carga policial con el resultado seguro de personas heridas en ambos lados, de agentes y manifestantes. No hay nada más horrible para un Policía que el enfrentamiento directo incluso cuando los objetivos son muy loables.

La mejor manera de evitar las disputas es profundizando en la democracia y su régimen de libertades y derechos de lo que lamentablemente nos alejamos cada vez más. Otra opción sería haciendo imperar la racionalidad en las acciones políticas, cosa que se antoja muy lejana. Pero si todo esto falla, quizás la tecnología permita satisfacer las necesidades policiales sin llegar al combate directo pero la insatisfacción de los grupos extremistas es creciente y marcha mucho más rápida que la tecnología.

No prepararse para las amenazas posibles es un error que nadie se puede permitir pero no hacerlo mentalmente para que la población se pueda defender a través de su Policía es mucho más grave. Ayudaría a conseguirse el disponer de equipamiento moderno, específico para su uso lo menos lesivo posible y la decisión de utilizarlo cuando haga falta con la fuerza que sea necesaria y de manera proporcional. Hay que trabajar mucho en esa dirección antes de que sea demasiado tarde y lograr mantener el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas y la convivencia de todos los españoles.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ), ha registrado a lo largo del pasado año de 2023, 466 actos de apoyo y exaltación a la organización terrrorista ETA en su Observatorio de la Radicalización. Se trata de un espacio electrónico en el que se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrrorismo vasco. Estadísticamente este tipo de activividades han disminuido un 21% con respecto a 2022, año en el que se realizaron un total de 589 actos de solidaridad a la banda criminal y sus antiguos integrantes, especialmente los presos que se encuentran cumpliendo condena.

En virtud del acuerdo suscrito por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) con los vascos de RECOGER ( EH-BILDU ) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno hay que celebrar que hayan desaparecido los actos de recibimiento ( ongi etorri ) en los pueblos de los que son originarios los reclusos etarras a su salida de prisión como novedad muy importante y dentro de la política de normalización y blanqueamiento de los herederos políticos de la banda armada ETA.

Llama la atención que de los restantes pactos necesarios con otras formaciones políticas para lograr el citado nombramiento, este sea el único que ninguna de las partes se atreve a hacerlo público por lo que da una idea de la gravedad de su contenido.

La eliminación de estos actos públicos es muy buena noticia para las víctimas de los terroristas al tratarse de las actividades más humillantes que se podían presenciar ya que algunos de ellos se han hecho debajo de la casa de alguna víctima. Que no se celebren estas fiestas aberrantes es muy positivo tanto para quienes las sufren como para la sociedad en general y que además estaban consiguiendo la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas.

La legitimación pública de ETA a través de este tipo de acciones sigue muy presente en las calles vascas y navarras. Así de las 466 actividades realizadas, 173 han tenido lugar en la provincia de Guipúzcoa, 162 en la de Vizcaya, 67 en Navarra, 40 en Álava, 14 en otras provincias y 10 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco Francés.

Si se hace una clasificación por el tipo de acto, del total 178 han sido manifestaciones en las que se ha reclamado la puesta en libertad de los presos etarras, 166 han sido de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y sus reclusos, 48 de homenajes públicos de terroristas muertos, 27 fiestas populares realizadas específicamente para enaltecer a ETA, como la celebración del día del soldado vasco ( gudari eguna ) ; 5 han sido de homenajes en la vía pública a presos de la banda y se les baila un aurresku ( danza popular, revestida de solemnidad y elegancia que se baila como homenaje a personas destacadas de la comunidad ) y los 42 hechos restantes no cabían en las anteriores segmentaciones.

Debido a la realización de todas estas ceremonias que mayoriatariamente hace otra de las marcas del entorno de ETA, el partido político SORTU, se está contribuyendo a la radicalización de una parte importante de la sociedad vasca, especialmente los jóvenes que están creciendo con la idea de que los terroristas son héroes, presos políticos o incluso refugiados políticos porque es lo que se les está transmitiendo de manera impúdica.

Si pedir la excarcelación de quienes están en las cárceles por crímenes gravísimos es una acción totalmente legal habrá que cuestionarla porque son un claro síntoma de anormalidad moral imposible de ver en las calles de cualquiera de los países de la Unión Europea. ¿ Qué harían tanto las autoridades como los ciudadanos de Francia, Alemania o Italia si vieran manifestaciones públicas de centenares o miles de personas pidiendo la libertad de sus presos yihadistas ?.

La exaltación que impulsan estos comunistas vascos disfrazados de patriotas ( abertzales ) es uno de los mayores obstáculos para la convivencia vasca ahora que ETA ha dejado de matar pero no de existir como se está viendo año tras año porque además se está haciendo con orgullo y jactancia.

A este efecto, hay que mostrarse preocupado por la posibilidad de que salga adelante la proposición de ley que la organización política SUMAR tiene registrada en el Congreso de los Dipuatados desde noviembre de 2.024 para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo ( artículo 578 del Código Penal ). De conseguirse, se le estará mandando a la sociedad un mensaje de que elogiar a ETA es una realidad inexistente que como se está viendo, es incierto.

Si bien en la actualidad la citada norma penal no sirve para acabar con la exaltación de la banda terrorista, su desaparición sería preocupante porque se podría instalar en la sociedad vasca la falsa idea de que se trataría de una lacra en la que las instituciones autonómicas y locales no ten drían ninguna responsabilidad cuando sí la tienen.

Hay que recordar que el Gobierno regional vasco formado por una coalición del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y del Partido Socialista de Euskdi ( PSE ) se diera mucha prisa antes de que se acabara la legislatura pasada una Ley de Memoria Histórica y Democrática ( septiembre de 2.023 ) que sanciona la exaltación del franquismo pero no dice nada relativo a los actos de exhibición pública de apoyo y legitimación de ETA.

El uso indebido de información conocida por razón de su oficio o cargo por parte de los agentes de cualquiera de los Cuerpos Policiales que operan en España y de otros organismos o personas autorizadas a acceder a los bancos de datos policiales, es un problema permanente cuya prohibición está meridianamente regulada en la normativa vigente y por eso no constituye una práctica arraigada sino que se trata de unos pocos casos concretos e individualizados que cuando se dan son castigados debida y ejemplarmente.

Uno de los principios básicos de actuación de los miembros policiales es el secreto profesional que se establece en la conocida y vigente como Ley de la Policía ( Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ) continuando y recogiendo doctrinas anteriores, en los siguientes términos: Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que en el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley, les impongan actuar de otra manera.

En el Código de Ética de la Policía Nacional ( publicado 27 de diciembre de 2.014 y que ha sufrido posteriores modificaciones ) se dispone que la Policía debe de someterse al principio del secreto profesional y mantener la confidencialidad de las informaciones recibidas y de sus fuentes siempre que su ejercicio no se oponga a la aplicación de la justicia. Y que preservará los datos personales de los ciudadanos sin que pueda utilizarlos o difundirlos fuera del marco establecido legalmente. La intromisión policial en la vida privada de los ciudadanos se realizará cuando sea estrictamente necesario y se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

En virtu de ello, el Régimen Disciplinario de la Policía ( Ley Orgánica 4/2.010 de 20 de mayo ) tipifica como falta muy grave: La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos que conozcan por razón de su cargo, que perjudique el desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.

Por si no fuera bastante con lo anterior, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal ( Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y sucesivas modificaciones ) cuyo ámbito de aplicación son los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, así como toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos o privados, prescribe el deber de secreto profesional que tienen tanto el responsable del fichero que contiene los datos como quienes intervengan en cualquier fase de su tratamiento.

Este deber se prolonga en el tiempo aún después de la finalización de las relaciones con el titular del fichero o con el responsable del mismo y su infracción conlleva la aplicación del régimen sancionador previsto en la referida Ley Orgánica.

Por su parte, el Código Penal, tiene previsto como delito, la utilización indebida de datos englobando conductas muy diversas, tales como el descubrimiento de secretos, su revelación, uso, sustracción, destrucción, modificación, ocultación o inutilización de los medios puestos para impedir el acceso a los datos; etc. Distinguiendo entre la conducta llevada a cabo por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo y la realizada por particulares, siendo perseguibles de oficio la mayoría de tales delitos y en todo caso, cuando afecten a los intereses generales o una pluralidad de personas.

En consecuencia, todos los funcionarios policiales y especialmente sus mandos, tienen que prestar atención prioritaria a esta cuestión en el cumplimiento de la obligación de velar por el mantenimiento del secreto profesional que constituye un deber ineludible para toda la comunidad policial y especialmente para quienes ocupan puestos de responsabilidad. A este delito se le asocia una pena de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años porque supone una intromisión en la vida privada de las personas.

Las diversas aplicaciones informáticas existentes en los archivos policiales disponen de las correspondientes herramientas de control y alarmas, registro de sus accesos, consultas y modificaciones, así como de instrumentos que permiten sus análisis y valoración que resultan de especial interés para la investigación de las eventuales actuaciones indebidas durante su utilización.

Por ello y con independencia de las medidas de seguridad con carácter general ya expuestas, cualquier mando policial está autorizado para adoptar otras de carácter complementario que puedan prevenir y en su caso detectar cualquier actuación irregular o indebida.y si a pesar de ello, tuviera indicios o sospecha alguna de la utilización de datos para fines distintos a los previstos y careciera de los recursos necesarios para su investigación, comprobación y persecución, deberá pedir el apoyo y la colaboración de la Unidad de Asuntos Internos que inspecciona los programas de calidad de las actuaciones policiales.

Es el cuerpo paramilitar creado por Hugo Chávez en el año 2.009 para controlar a la población y que su heredero político NIcolás Maduro presumía de estar compuesto por casi un millón de ciudadanos y que esperaba que llegaran a dos millones en el año 2.019 aunque hoy las fuentes oficiales cifran en más de cuatro millones ( cantidad exagerada, evidentemente )

Su misión principal es defender al país de una posible invasión extranjera pero mientras tanto esto no ocurra se dedican a vigilar a los vecinos y llenar mítines progubernamentales. Es una organización al servicio del Gobierno bolivariano que cobra menos del equivalente a seis dólares norteamericanos al mes, estando el cambio a 51,44 bolivares-dólar y una media de 48 bolívares-euro ( el salario mínimo es de 130 bolívares apenas unos 3,5 dólares ).

Ingresan en la Milicia tras un cursillo de una semana de duración para conocer la estructura de la organización, saber la jerarquía y aprender a desfilar. También a disparar con fusil por si un día tienen que enfrentarse al enemigo que les digan. Así como se les instruye en primeros auxilios sanitarios. Pero como el contrincante no aparece, los emplean en tareas de seguridad en los espacios públicos tales como, mercados, parques, colegios y en el transporte suburbano (metro) de la capital de la nación, Caracas.

A pesar de su buena disposición, el uniforme caqui que llevan es el más desprestigiado de cuantos hay en Venezuela porque no causan respeto alguno y son vistos como delatores al servicio del Régimen. El temor a un levantamiento de la población por parte del chavismo en las zonas más pobres los ha convertido en un eficaz sistema de control social pese a que se les insulta y se les grita para ridiculizarlos.

El elemento disuasorio que llevan es un bastón extensible y tienen a su disposición cuando las necesiten las armas de fuego con las que apendieron a disparar pero que en las patrullas normales están bajo llave para que no respondan a las habituales provocaciones mediante disparos. El pasado jueves dia 9 y con gran despliegue mediático, se les facilitó un fusil de asalto soviético, el conocido Kalashnikov, más popular por su acrónimo AK-47, para que puedan hacer frente a las manifestaciones anunciadas para apoyar la toma de posesión como Presidente de la República del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia.

La realidad actual es que la Milicia Bolivariana se ha convertido en una gran agencia de colocación para los amigos y simpatizantes de la causa chavista y la forma más rápida de acceder a las imprescindibles ayudas sociales del Gobierno si se quiere sobrevivir.

Cuando se entrenan en bases militares, se ve a un ejército de desempleados, amas de casa, abuelos, fanáticos seguidores gubernamentales y nostálgicos del eterno comandante Chávez, a los que les cuesta marcar el paso, discutiendo siempre entre ellos y desfilando con escobas, de acuerdo con los videos que se han filtrado.

Ante la burla generalizada y el aumento de la tensión social y política, han intensificado su preparación y aumentado sus funciones a tareas de información al estilo de los Comités de Defensa Cubanos, señalando a los disidentes como traidores de la revolución. Son los tentáculos del Régimen en las profundidades de los barrios para denunciar a los traidores a la patria a cambio de las cajas de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimientos, más conocidos por sus siglas CLAPS.

Separando la propaganda oficial y llegando a la realidad cotidiana, lo cierto es que la gente se mete en la Milicia porque no hay trabajo. Se trata de personas muy humildes y llenas de dificultades que se buscan así la vida. Parece ser que su principal problema es que son tan odiados por la población como por sus superiores jerárquicos.

Se les utiliza para abonar el discurso de la intimidación y rellenar el aforo en los discursos de Maduro ante la escasa asistencia de la población en general. La cifra real de milicianos es de difícil cuantificación ya que nadie se cree que lleguen al millón ni siquiera remotamente aunque están desplegados en todas las localidades del territorio nacional venezolano y en algunas de ellas son bastantes eficaces.

Celebran su aniversario cada 13 de abril conmemorando la victoria contra el fallido golpe de estado del año 2.002 contra el fallecido Presidente Hugo Chávez y también juran ante el Presidente Maduro defender la patria con sus vidas que aprovechó para expresar que ya había dado instrucciones para crear una ley que permitiera a este cuerpo civil -aunque con adiestramiento militar- incorporarse a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Deseo que se llevó a cabo el 20 de enero de 2.020 cuando la Asamblea Constituyente del país aprobó la reforma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ( FANB ) que incluía la integración de la Milicia Bolivariana para darle rango constitucional.