En diciembre de 2.017, 25 de las antiguas guerrilleras de las hoy oficialmente extintas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas por sus siglas FARC; crearon en su país la Corporación Rosa Blanca, para destapar la verdad más cruda de lo que ocurría en el seno de la banda terrorista, para exigir justicia y ayudar a las miles de chicas que sufrieron violencia sexual durante el reclutamiento infantil que vivieron e intentan superar los horrores que padecieron.

Comenzaron iniciando una investigación, con la publicación de una lista que contenía los nombres de los 25 mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC. En ella, figuraban cinco senadores de Fuerza Alternativa del Común, partido político creado por la guerrilla y que encabezaba su líder máximo, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido por su alias de Timochenko.

Dado que estos abusos no se consideran acciones relacionadas con el conflicto armado,. tanto el entonces Presidente de la Republica, Iván Duque, como la Corporación Rosa Blanca, eran partidarios de enviarlos a la justicia ordinaria y sacarlos de la Comisión Política Justicia Especial para la Paz; pero dada la posición minoritaria del bloque aliado del Gobierno, esta propuesta, no se logró aprobar en el debate de las Cámaras Legislativas.

Hay testimonios de víctimas demoledores, como el de una joven de 15 años, que perdió la cuenta de las veces que la violaron. Otro, de una niña con solo 10 años, que tras ser forzada por su comandante, llegaron unos cuantos más que no pudo contar.

Para Timochenko, allí no se cometió delito alguno, no se abusaba a nadie y no se actuaba con violencia porque era una relación carnal consentida, como ocurre en la vida ordinaria del campo, donde las niñas comienzan su vida sexual a los 10 u 11 años; que conocía casos de niñas que se fueron a la guerrilla porque su madre las iba a vender y obligar a tener relaciones íntimas con personas mayores, por lo que entrar en la organización algunas lo veían como una salvación.

Las afectadas por estas declaraciones, las consideran la manera más vil y descarada de justificar estos atropellos. A ellas, no les quedaba más remedio que someterse porque las podían matar. El comandante de turno, era siempre el primero y luego dejaba que fuesen los demás. Las denunciantes, van ahora con escolta por las amenazas que reciben porque los antiguos guerrilleros no aceptan que sean libres y no las puedan callar.

Junto a la captación infantil y las violaciones, también la Corporación Rosa Blanca, quiere visibilizar el drama de los abortos forzados. Pese al tiempo transcurrido, lo que más duele a las víctimas y siguen llorando su tragedia, son la pérdida de sus bebés. Las normas internas de las FARCS provocaron el asesinato de incontables criaturas porque negarse a hacerlo, suponía la muerte, el ser ejecutada. Muchas jóvenes ocultaban los embarazos hasta que era imposible disimularlo. Querían tener a sus hijos pero no las dejaban.

Rosa Blanca, pretende que se pueda garantizar la reparación integral de las víctimas para contar la verdad sobre los hechos ocurridos dentro del grupo criminal y que se asuman las correspondientes responsabilidades. Para el mundo feminista colombiano, esos delitos sexuales son de lesa Humanidad ante los que hay que responder por lo que hicieron.

El Informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, ha analizado 277 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. En el mismo, las FARCS aparecen como perpetradoras en 37 casos que suponen el 13% de los estudiados; una guerrilla sin especificar, en 45 que serían el 16,2% y otro actor armado sin concretar, en 35 ocasiones que sería el 12,6%.

De igual forma, según el Observatorio de Memoria y Conflicto COMC) del mismo Centro Nacional, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron utilizados por los distintos grupos armados. El 25,89% eran chicas y el 71,27% eran chicos.

Esta es una muestra más de que la paz no enterró la violencia en Colombia. Más un lustro después del acuerdo, los desplazados se cuentan por millares, los asesinatos de líderes sociales no han terminado, muchos guerrilleros que abandonaron las armas han perdido la vida y las masacres no cesan.

Casi seis años han pasado ya desde aquel 24 de noviembre de 2.016, en el que el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos y el principal responsable de las FARCS, Timochenko; firmaron en Bogotá el Acuerdo de Paz, en medio de la alegría de muchos colombianos pero también con el rechazo de otros tantos que habían votado NO al proceso, en una consulta que tuvo una abstención del 63%. Intentaba así Colombia poner punto final a un conflicto de casi 60 años que a Santos le supuso conseguir el premio Nobel de la Paz pero la violencia no ha desaparecido del país.

Un informe de COHDES, organización que defiende los derechos humanos, dice que el delito que más ha aumentado en Colombia es el de los desplazados, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares con 75.000 víctimas; que el año pasado se produjeron 90 masacres y que más de 200 exguerrilleros y unos 1.200 dirigentes sociales fueron asesinados.

Los defensores del Proceso quieren resaltar que hay un hecho consolidado y que a veces se olvida, como es que las FARCS dejaron las armas, estas fueron destruidas y hoy es un partido político en paz. Pero para un mejor desarrollo del conflicto, falta por afrontar tres temas esenciales: la reforma política no existe y este es un tema crucial; en segundo lugar, la jurisdicción especial de paz que, pese a las dudas planteadas, ha recibido el espaldarazo del Fiscal de la Corte Penal Internacional, al reconocer que cumple con los indicadores internacionales; y, en tercer lugar, el tema agrario que es crítico. En Colombia, el origen del conflicto se sitúa en el campo y el campo ha permitido que perdure. Lo que buscó la Reforma Rural Integral es la presencia del Estado y tierra para vivir de una forma digna a muchas familias campesinas.

Los detractores en cambio, afirman que resulta difícil señalar un solo aspecto de por qué Colombia no ha podido lograr el objetivo principal del Proceso de Paz. Dicen que hubo una especie de de autosatisfacción del Gobierno de Juan Manuel Santos con la sola firma y poco o nada hizo después para asegurar su recorrido. La firma del acuerdo y el Nobel recibido en ese sentido, fueron tomados como puntos de llegada y faltaba lo más difícil. Y en esas se está ahora, en una pelea de defensores y enemigos del acuerdo, cuando en realidad, se debería de tratar de un propósito nacional que se pueda blindar del uso político. Se trata de una tarea difícil porque en su momento, en el plebiscito ganó el NO y los votantes sienten todavía que se burló su decisión y se impuso por un camino poco democrático.

El actual Presidente de Colombia, Gustavo Petro, elegido en junio del pasado 2.022, llegó a formar parte de la dirección del grupo terrorista de su pais Guerrilla Urbana M 19 y no consta que actuara en actos de violencia y secuestro pero la organización a la que perteneció sí, usando el terror bajo el lema de que el fin justificaba los medios. Sus socios políticos de las FARC que le han ayudado a ganar las elecciones presidenciales, han sido una de las guerrillas más criminales de esa nación hermana, con alistamientos de unos 18.000 menores durante cinco décadas y hasta el año 2.016, de los cuales el 75% no llegaba a 15 años.

La Jurisdicción Especial para la Paz está ahora tratando de resolver algunas impugnaciones que la tienen paralizada y es el órgano político encargado de investigar los crímenes más atroces cometidos por las FARC, especialmente los relativos a los menores que sufrieron violaciones, secuestros y torturas. En su dia, estos delitos fueron acreditados con centenares de testigos y fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. Ante esto el Presidente Petro calla. No dedica medios, esfuerzo o declaración pública de reconciliación y justicia. Lo que denota una desidia silenciosa de vergonzante complicidad con los sucesos más ignominiosos de la historia de Colombia.

Cuando finalizaba el pasado y frío mes de enero, conocimos el procesamiento de 45 agentes de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum separatista ilegal ocurrido el 1 de octubre de 2.017 en Cataluña. Las acusaciones judiciales en su contra van desde posibles delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones, de acuerdo con la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona que ha durado cinco años, por los enfrentamientos habidos en 25 escuelas de la ciudad condal y cuyos ocupantes se negaban a retirar las urnas ilícitas allí instaladas. Otros 20 miembros de estas Unidades han quedado exonerados. Este procedimiento se inicia a raiz de las denuncias presentadas por el gobierno autonómico catalán y el Ayuntamiento de Barcelona por lo que ambas entidades entendían como desproporcionada acción policial.

Conviene recordar en este momento que los Policías trataban de que se cumpliera una resolución del Tribunal Constitucional que prohibía su celebración. Es de agradecer que el juez descartara imputar a los agentes por los daños ocasionados en las escuelas y por ese motivo, expulsa al gobierno autonómico del procedimiento donde se había personado como acusación particular, en su calidad de titular de los centros educativos afectados. Resulta llamativo también que no se haya imputado a ningún activista o votante de ese referéndum por atentado a la Policía o desobediencia grave a agentes de la autoridad ya que de haber seguido las indicaciones policiales no se habría recurrido al empleo de la fuerza y evitado así todo incidente.

Igualmente, es necesario mencionar que algunos de los responsables de aquellos actos han sido indultados y otros han visto archivadas o sobreseídas sus causas judiciales como parte de la política de este gobierno social-comunista para desactivar el violento proceso independentista catalán que está llevando a la ruina social y al enfrentamiento de los habitantes de esta región tan española. A la debacle económica no porque a pesar de la pésima gestión autonómica de esta administración regional golpista, el gobierno de la nación se encarga de inyectarle periódicamente, las suficientes partidas económicas para que no se vayan a la debacle social, enmascarándolas en los más diversos motivos. Me estoy refiriendo a miles de millones de euros. Sí, a miles.

Hasta este momento, el Ministro del Interior no se ha dignado abrir la boca en un sentido u otro, como si la feria no fuese con él. Los que sí han puesto el grito en el cielo como es su deber, es el conjunto de los sindicatos policiales que se han mostrado indignados porque no se ha salido en su defensa o por abandonarlos a su suerte. También, su estupefacción porque no se pueden enviar a agentes policiales a mantener el orden constitucional y ahora van a ser juzgados por hacer su trabajo como es el cumplimiento de la ley, mientras que el fuego de los contenedores de basura corría por las calles de Cataluña y los agentes trataban de protegerse de la lluvia de piedras que caían sobre sus cabezas. A causa de estas violentas agresiones muchos Policías resultaron heridos e incluso, alguno de ellos, tuvo que ser jubilado a causa de las lesiones sufridas.

El gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha tenido la decencia de agradecer estos servicios que realizaron miles de Policía y Guardias Civiles en defensa de la unidad de España y la prevalencia de la democracia. Al revés, en los debates parlamentarios se ha mofado de ellos, llamándolos piolines.

La acusación particular de este procedimiento la realiza el gobierno autonómico catalán a modo de venganza por su fracasado proyecto separatista y como manifestación de su odio a los Cuerpos Policiales Estatales, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil que sabe que siempre serán un obstáculo para el incumplimiento de la ley y del orden constitucional.

Aunque ningún comunista lo va a reconocer y bastantes socialistas radicales tampoco, en Cuba brilla la desesperación por lo que ocurre a diario en el país, donde sobrevivir es todo un reto, dada la carencia de los más elementales productos básicos tales como la leche, las medicinas… Reina el desencanto y el pesimismo después de creer en una revolución violenta que se hizo hace más de 60 años, que les iba a llevar directamente al paraíso terrenal porque lo que sí han conseguido aquellos charlatanes de feria es conducir a una joya caribeña llena de posibilidades y expectativas, a la desesperación de sus habitantes y a la ruina más absoluta.

Los procesos de depuración en Cuba, se llamaron parametración porque había una serie de parámetros establecidos por las autoridades que si no los cumplías porque eras homosexual, religioso o desafecto quedabas fuera del sistema y así fue marginada mucha gente. Se ha llamado el quinquenio gris o el decenio negro pero sus efectos fueron mucho más largos. Fue en los años setenta del siglo pasado y donde el miedo se había transformado en pavor.

En la actualidad, la situación política y económica de Cuba es la misma que hace seis décadas, cuando estalló la revolución armada y la victoria comunista estableció una dictadura que perdura gracias a la represión de su población, pero la sociedad ha cambiado. Con el acceso a internet y las plataformas digitales, hay un nivel de información que no existía con anterioridad. Antes, para poder viajar al extranjero había que pedir permiso. Si era por motivos profesionales, necesitabas algo que solamente el nombre espanta porque se llamaba carta de liberación, como si fueras un esclavo. Memos mal que esas cosas ya han desaparecido.

La gente, sigue pensando en marcharse tras tanto desencanto y frustración y hay una gran crisis migratoria. La protagonizan, sobre todo, las personas jóvenes. Ahora, se ha complicado mucho irse a España o Estados Unidos pero la gente sigue saliendo. Se está usando un canal por el que, en los últimos seis meses, alrededor de 60.000 cubanos, utilizan la vía de Nicaragua porque no les piden visado. Empiezan desde allí, la ruta terrible de atravesar toda Centroamérica para llegar a la frontera norteamericana, la famosa ruta de los coyotes.

Esto está provocando un empobrecimiento demográfico y profesional al marcharse los que están mejor preparados y que además tengan acceso a los 10.000 dólares ( equivalente a 10.320,30 euros ) que cuesta el viaje hasta llegar a su destino final. Reunir esta cantidad de dinero en la isla está lleno de dificultades porque aún vendiendo todo su patrimonio ( casa, muebles, ropa, electrodomésticos…) no lo consiguen y necesitan la ayuda de algún conocido o familiar que tengan en Estados Unidos. Los que no pueden escapar de esa isla-prisión se quedan con el dolor de ver partir a sus seres queridos.

Es un drama que ha acompañado a la historia de Cuba desde sus orígenes independentistas. Durante la civilización española llegó a a ser la joya del imperio y la última tierra americana que se perdió por la intervención de Estados Unidos, que se inventó una guerra para apropiársela. Desde la revolución, es la derrota de una generación, algo muy duro.

La carestía de los bienes indispensables para poder vivir hace que el día a día los lleve a una situación dramática. Falta de todo: alimentos, medicinas, artículos de higiene y sobran los frecuentes apagones eléctricos que complican aún más la vida tan difícil que sufren. Existe un mercado negro donde se compran las cosas que necesitas al precio que te pidan. La inflación es brutal. Hay escasez de combustible y mucha desesperación. Han perdido la esperanza en una vida mejor que el régimen comunista cubano es incapaz de dar y cuando se pierde la ilusión, la gente trata de buscarla donde sea. La tristeza se atisba grande en el estancamiento de Cuba.

La población cubana vive una vida muy ajustada y cualquier trabajo no les da para vivir. Igual ocurre con la jubilación. Nadie puede vivir con dignidad con el salario de su trabajo y debe de realizar actividades laborales complementarias. Eso da una idea de lo que allí está ocurriendo. En estos momentos, la situación económica es muy tensa y el régimen no sabe como salir de este estado porque supondría admitir su fracaso histórico, la muerte de su ideología y el cambio hacia el capitalismo para poder hacer los grandes cambios económicos necesarios.

La Cuba actual está en una situación muy crítica. El desgaste del sistema, la falta de perspectivas, la ausencia de posibilidades y la necesidad urgente de reformas profundas que se han negado durante demasiados años y que ha dejado heridas graves tapadas con tiritas. Cuba sigue sangrando sin parar y eso ha provocado esta hemorragia. Los jóvenes están buscando un sueño que en Cuba no ven porque como no hay futuro, se van.

El año 2.021, hubo grandes manifestaciones de protesta por el colapso del sistema cubano que fue reprimido con extrema violencia, con el resultado de numeroso heridos y detenidos que han sido condenados, a manera de escarmiento, a penas muy fuertes para que la gente se lo piense de nuevo a la hora de lanzarse a las calles. Los mayores están desapareciendo y se están muriendo con esa extraña consciencia de que el proceso histórico de reversión no lo van a ver. Si se diera esa posibilidad a la que inevitablemente tienen que ir los cubanos, ya no van a estar.

Nos alejamos del momento primordial de la pasada Navidad y tres familias no pudieron celebrarla porque uno de sus miembros principales había decidido evitarla. Me estoy refiriendo a esos tres servidores públicos que en el curso de unos dias del mes de diciembre, decidieron quitarse la vida porque ya no merecía la pena continuarla. Dos policías nacionales y una guardia civil, todos ellos con hijos menores, aprovechando la posibilidad de una muerte rápida, utilizaron su arma reglamentaria para acabar con el suplicio interior que ya los estaba matando poco a poco. Y ella terminó, además, con la vida de sus dos hijas.

Aquellos dias próximos a finalizar el año, además de conmocionar a toda España, hizo aflorar una lacra que azota a los Cuerpos Policiales del Estado, habitualmente en silencio y con mucha discreción. La tasa de suicidios entre la Policía y la Guardia Civil durante la última década supera en un 60% la media nacional. Esta tasa, entre 2.013 y 2.022, fue de 13,3% por cada 100.000 habitantes frente al 8,3% de la población general.

Todo el mundo sabe que trabajar en la Policía es a menudo difícil y complicado. El ritmo de trabajo suele ser fuerte, las responsabilidades muchas y el margen de error inexistente. El policía debe de mantenerse siempre en estado de vigilancia para poder reaccionar de manera instantánea a las incidencias que se le presentan. Hay turnos de trabajo que son agotadores, bien sea de día o de noche, porque la seguridad pública debe de estar garantizada las 24 horas del día.

Reconociendo que más allá de cierto límite no hay nada que hacer o muy poco para reducir las tensiones que se producen en muchos servicios policiales, se carece de formación inicial para poder combatir esta clase de problemas. Al personal policial no se le enseña a estar preparado para enfrentarse al estrés cotidiano, esté o no relacionado con su trabajo. Desconocen los diferentes métodos existente para luchar contra la ansiedad para evitar que la misma se convierta en un obstáculo en su vida diaria.

Algunas veces, el policía no puede por si mismo hacer frente al problema de agobio y necesita la ayuda psicológica especializada, tanto para ellos como para sus familiares, para poder superar cualquier situación crítica que les pueda llevar al alcoholismo o al fracaso matrimonial como ahora parece haber ocurrido. O a la inversa como en otras ocasiones pasa. Sea por una razón u otra, hay que decidir así si es capaz de continuar con su trabajo o debe darse de baja para su servicio ordinario para poder retirarle la pistola que tenga asignada.

Hace dos años, ante la intensidad de los casos de este tipo de muerte en los cuerpos policiales, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, puso en marcha el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Policía y la Guardia Civil que no ha logrado reducir el número de fallecidos en ambos cuerpos. Las cifras asustan por sí mismas : cada año, casi 20 miembros de una u otra institución policial se quitan la vida. En el año 2.021, se suicidaron 34 agentes, 17 en cada cuerpo de seguridad. En el pasado año 2.022, 13 guardias civiles y 8 policías nacionales han seguido el mismo camino.

Las circunstancias personales están detrás del 95% de estos casos de fallecimiento pero el estrés laboral, el acceso fácil a las armas o las experiencias traumáticas en su trabajo empeoran o desencadenan la tragedia.

Frente a esto, los sindicatos policiales insisten en desarrollar más el Plan de Prevención ya existente porque los recursos asignados son insuficientes ( la Guardia Civil apenas dispone de 50 psicólogos para 83.000 guardias ) y también en aumentar los Puntos de Atención en la Policía Nacional. Ambas carencias motiva que los guardianes de nuestra seguridad confundan el suicidio con una salida a sus problemas.

En julio de 2.018, la Guardia Civil puso en marcha un protocolo de actuación frente a conductas anómalas y hay un grupo de trabajo con las asociaciones profesionales pàra redactar una Orden General ( Instrucción ). En 2.020, la Policía estableció el Plan de Promoción de la Salud Mental que creaba los Equipos de Intervención Psicosocial que da servicio las 24 horas todos los dias del año.

Hasta ahora, conseguir datos sobre estos suicidios era un tema tabú y solo se facilitaba la cifra genérica. Este gobierno socialcomunista que un día sí y otro también no para de presumir de transparencia, niega las demás circunstancias de estos lamentables hechos, la edad de las víctimas, su sexo y la provincia de destino de los agentes. Explica que no puede detallarlos porque a estos datos pudiera serle de aplicación, las cautelas recogidas en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre Secretos Oficiales de 11 de mayo de 2004, al encontrarse los mismos clasificados como materia reservada con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.

Hasta el año 2.020 lo poco que se conoce, se debe -curiosamente- a una pregunta parlamentaria del diputado de EH BILDU, Jon Iñarritu, cuya respuesta se publicó en en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y era bastante alarmante: casi 400 agentes de los cuerpos policiales del Estado, se habían quitado la vida en las dos últimas décadas. La Guardia Civil era la organización policial que más había sufrido esa lacra, con 235 casos y la Policía Nacional 160.

En el mundo policial, es muy frecuente que un agente conozca a algún compañero que se ha quitado la vida con su arma reglamentaria y se está llegando en la actualidad a una media de suicidios cada vez mayor. Y todos nos sentidos dolidos cuando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de septiembre de 2.020 lamentó en un Pleno del Senado públicamente el suicidio en prisión de un etarra, cuando no lo ha hecho por ninguno de los agentes fallecidos.

Una de las frases que más hemos escuchado desde nuestros tiempos juveniles ha sido: ¡ No, tu no puedes pasar!. Ahora también ocurre, con más abundancia, por los excesos que se suelen cometer aprovechando la liberalización de las costumbres y que nuestros jóvenes solo tienen derechos y apenas obligaciones. ¡ Qué dueño de establecimiento no quiere ver como se llena su local !. Lo que no desea es que sea a cualquier precio o que esa presencia turbe la convivencia de sus clientes, de los que ya están dentro.

Para proceder así, los locales aluden a su Derecho de Admisión para justificar que no entre nadie que no se ajuste a unas mínimas normas de conducta o vestimenta, socialmente admitidas y que estén amparadas por la legalidad vigente. Para ello, previamente hay que tener claro lo que reconoce este derecho o lo que no. Y no es más que la facultad que tienen los propietarios de cualquier establecimiento abierto al público; los organizadores de espectáculos y las actividades recreativas de establecer las condiciones de acceso a su local.

Así lo recoge el artículo 59.1, párrafo e), del Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, que aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que dice: El público no podrá entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la empresa tuviese condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos.

Esto no quiere decir que los titulares de los locales puedan exigir cualquier tipo de requisitos porque sea el establecimiento que sea, tiene que cumplir el artículo 14 de la Constitución Española que alude al principio de igualdad. Lo que significa que no se podrán aplicar requisitos que discriminen por sexo, orientación sexual, religiosa o política, de raza o nacionalidad o discapacidad, entre otras. Este principio también afecta a los precios de las entradas donde todos deben de pagar lo mismo.

Se puede decir que hay dos tipos de condiciones que se pueden exigir en el Derecho de Admisión, unas serían de carácter general y otras específicas. Las del tipo general serían las básicas y comunes a todos los establecimientos, tales como: querer entrar o estar dentro con una conducta agresiva o violenta; ir con exceso de alcohol o drogas; no alcanzar la edad mínima que es 18 años; cuando se haya sobrepasado el límite de aforo; cuando se haya superado el horario de cierre; cuando quiera entrar sin pagar; cuando se molesten a las demás personas o cuando se porten armas u objetos peligrosos.

Las específicas, son las que puede pedir el titular en determinadas ocasiones, como son pedir una vestimenta o calzado, siempre que no se trate de una marca determinada. Para que surtan efecto, deben de figurar en la publicidad de la convocatoria y también en los accesos al lugar y taquillas de forma clara y visible. No es suficiente que diga que tiene reservado el derecho de admisión sino que también es necesario sino que tiene que aparecer de forma visible las condiciones de la entrada. Necesitan autorización previa de la administración competente.

En el hipotético caso de que cumpliendo las condiciones no se permita la entrada, hay que evitar a toda costa una situación de enfrentamiento que es lo habitual, pidiendo la Hoja de Reclamaciones o llamando a la Policía para que tome cartas en el asunto. Después, habría que denunciar lo ocurrido en la Oficina de Consumo de la localidad. Si el propietario no ha cumplido con las exigencias legales o ha ejercido de forma incorrecta su prerrogativa puede ser sancionado con una multa importante e incluso la prohibición de la actividad de su negocio. No obstante, habrá que atender a la normativa de cada Comunidad Autónoma. En la actualidad, tienen competencia para legislar sobre este asunto: Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Rioja, Madrid., Navarra y País Vasco.

Cuando echas la vista atrás y recuerdas los años de tu juventud, no paras de pensar las diferencias que hay entre aquel entonces y ahora. Según la edad que tengas, tu década puede ser los 50, los 60, los 70 y los 80. Después no ha habido nada, solo modas ocasionales y artificiales, mucho continuismo y así hasta ahora.

La mía fue la de los 70 y existe una fotografía que sintetiza todo este decenio. Se tomó en febrero 1.978, en la Gala del ya desaparecido periódico Pueblo en la que el que iba para alcalde de Madrid -lo conseguiría al año siguiente- el socialista Enrique Tierno Galván, entregaba un premio a la actriz Susana Estrada que por entonces era la reina del destape (exhibición del cuerpo de la mujer ) y cuya chaqueta se abría y dejaba al descubierto uno de sus pechos. Los hombres que en ese momento la rodeaban mostraban una sonrisa que les llegaba de oreja a oreja. Al día siguiente cuando se supo, el suceso se convirtió en la comidilla de toda España.

Por si había alguna duda de que los tiempos estaban cambiando, en 1.984, siendo ya Tierno alcalde, su popularidad le llevó a inaugurar un festival de música pop en el Palacio de Deportes madrileño donde contagiado del subidón de la época, jaleó a los asistentes con su frase : ¡ El que no esté colocao…, que se coloque !. Era la consagración de todo un ambiente que se había ido mascando desde la década anterior, la de los 70.

Eran tiempos en los que aún prevalecían las imágenes en blanco y negro; los bikinis hacían furor en las playas; las trayectorias de los toreros se seguían tanto como la de los futbolistas y las familias empezaban a recibir orgullosas los tan deseados, Seat 600. Se trataban de retazos del final de un régimen que se agotó como la energía de su líder y se daban pasos -casi semanales- hacia una nueva época, una incipiente democracia empujada por la atmósfera social y cultural.

Los valores nacionales que habían imperado hasta entonces se dejaban a un lado y se mostraba un país moderno y suficientemente libre para aceptar con total normalidad la música rock y la minifalda. Las tendencias internacionales se conocían hasta en lo más recóndito de nuestra geografía porque en la televisión ponían reportajes de los hippies y los surferos, arte pop y otras subculturas.

Todo este sustrato, fueron los pasos previos de una Movida a la que todavía le quedaban años por llegar. Las condiciones materiales y emocionales que motivaron los cambios importantes de la Transición Política ya habían comenzado y fueron facetas fundamentales de la modernidad y de la cultura de masas. Los ciudadanos estaban más próximos a sus homónimos europeos de lo que se pudieron imaginar y fue entonces cuando se originó una sociedad, un poco a su aire, al margen de la situación. El Régimen, había desistido en la idea de crear una cultura oficial y se permitía la circulación de prensa contraria a sus ideas, especialmente en revistas, como Cuadernos para el Diálogo y Triunfo.

La apertura económica, estuvo marcada por las nuevas costumbres sociales y sexuales y los hábitos de consumo de una sociedad de ocio. La era de la prosperidad ya no equiparaba el beneficio económico y el placer sexual con la pérdida de la moral. El turismo se desarrolló rápidamente y los extranjeros llegaron en tropel a las costas españolas, convirtiéndose en un pilar del progreso español que creó, sin querer, un sentimiento colectivo de apertura cultural. El coche, la televisión y las vacaciones, ocupaban los sueños dorados de la mayoría de los españoles. Llegar a conseguirlo suponía haber logrado la cima de la prosperidad. No se podía aspirar a mucho más porque nada más era ya necesario.

Madrid y Barcelona emergieron como verdaderos núcleos contraculturales. La capital, era un centro de atracción por la acumulación de medios de comunicación, los debates políticos y la aparición de movimientos sociales de carácter urbano. Las ideas se orientaban hacia nuevas experiencias que conducían a la discrepancia de la heredada España de Franco. Se abrieron vías por las que la cultura alternativa dió lugar a una serie de experimentos colectivos, a base de ateneos, comunas y cooperativas.

Los jóvenes españoles, fueron aceptando aquello de sexo, drogas y rock and roll, eslogan de la juventud estadounidense y que pronto se convirtió en la triada a la que aspiraban los rebeldes autóctonos. La copla española cede su espacio a un nuevo tipo de música, el rock y el pop angloamericano y el sexo y las sustancias alucinógenas encuentran su máxima expresión.

En cuanto a la sexualidad, surgió un conflicto entre dos nociones opuestas sobre el cuerpo femenino y acabó creando una nueva sensibilidad colectiva en cuanto a género y sexo. Una de estas perspectivas, se basaba en las teorías del feminismo y la liberación sexual, mientras que la otra, mercantilizó los cuerpos de las mujeres y rentabilizó la represión sexual española. Como ocurrió también en otros países, España vio nacer una industria que, intencionadamente, utilizaba la excusa de la liberación para tratar el cuerpo femenino como una mercancía y lucrarse de ello.

Por otro lado, las drogas fueron el precio que tuvo que pagar la modernidad. La expansión de la heroína causó estragos en los arrabales de las grandes ciudades. Este crecimiento se debió a una sensación moderada de riqueza y el discurso contradictorio que se mantuvo sobre la droga. El abuso de aquellos años fue más que un acto de escapismo, una forma de forjarse una identidad rebelde. La prensa cambió la idea de fascinación por un tono más alarmista y moralista cuando empezaron a acumularse los cadáveres y el Gobierno ignoró las repetidas advertencias que le habían lanzado los especialistas.

Que no ocurran los delitos es el sueño de todos los Cuerpos Policiales. En medicina ocurre lo mismo, prevenir es mejor que curar. En la actualidad, aprovechando los avances tecnológicos es posible utilizar la inteligencia artificial para evitar que se cometan crímenes. En el país más innovador en materia tecnológica como son los Estados Unidos, los expertos en datos de la Universidad de Chicago han desarrollado un modelo capaz de predecir, con una semana de antelación, dónde van haber más delitos.

Es el resultado de una investigación científica que ha durado varios años, con sistemas automatizados que procesan extensas bases de datos para detectar patrones de comportamiento que permiten predecir, donde va a haber más delincuencia. Esta herramienta informática acierta en el 90% de los casos, lo que le hace destacar entre los diversos ejemplos de la llamada Policía Predictiva que se emplean en otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles, operados por compañías privadas

Este método, está diseñado para entornos urbanos y se estrenó con datos históricos de delitos violentos y robos con fuerza en la ciudad de Chicago, ( en el Estado de Illinois ), realizados entre los años 2.014 y 2.016. Tras procesar la información, se intentó anticipar las zonas que iban a tener los mayores aumentos de criminalidad en las semanas siguientes.

La herramienta predijo la probabilidad de que ciertos crímenes como homicidios, agresiones y robos ocurrieran en espacios de hasta 300 metros cuadrados de la ciudad. Lo logró con una fiabilidad del 90%. Posteriormente, el modelo se probó también en otras siete grandes ciudades del país, como Atlanta, Austin, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, San Francisco y Portland, con resultados similares.

Pero este tipo de procedimientos algorítmicos, por más que se perfeccionen, no consiguen resolver un problema central: cómo tratar de desvincular a los barrios más pobres, que están poblados por personas de color negro y por hispanoamericanos, de la delincuencia. Se trata de un efecto perverso, ampliamente acreditado por los informes científicos, que indican que es imposible que esta vía logre diferenciar esos sesgos. Ese es uno de los motivos por los que el Parlamento Europeo ha pedido que se prohíban esas herramientas informáticas en el territorio de la Unión Europea ( UE ).

En un intento de evitar que el uso de esta técnica acabe siendo perjudicial para algunos colectivos, se ha pensado en utilizarla en su lugar para vigilar la propia labor policial. El propósito es conocer los abusos policiales que se pudieran dar en sus intervenciones, asunto muy sensible en esa nación norteamericana. Aunque se olvida que también podría ayudar a las víctimas de esos barrios con asistencia no solo policial sino médica, social o de cualquier otro tipo que fuese necesaria.

Una de las preocupaciones iniciales de todo este sistema, es la posibilidad de su mala utilización para fines distintos a los previstos. Porque más importante que hacer buenas predicciones es como se van a usar estas. Enviar Policía a una zona no es siempre lo mas adecuado y puede suceder que buenos pronósticos e intenciones, lleven a sobrevigilancia o a errores policiales.

Los resultados pueden ser malinterpretados en el sentido de que haya demasiada Policía en una zona tranquila, normalmente habitada por blancos y poca en las de mayor criminalidad, en las que suele haber más diversidad étnica y cultural pero menos denuncias.

Este empleo, se puede concebir como un intento de optimización de política policial y por eso hay que ser muy cuidadoso en la forma de aplicar el conocimiento que aporta. Puede servir para analizar si la planificación policial que se esté empleando es la más adecuada y no se están destinando recursos a barrios que no se delinque tanto como a otros.

El hecho de que este experimento, se haya hecho en Chicago es bastante significativo. Uno de los primeros sistemas de Policía Predictiva de los que se tiene conocimiento, fue el que se puso en marcha en esa ciudad, en el año 2.013. La herramienta trataba de identificar a posibles delincuentes, analizando los datos de los detenidos y sus víctimas, cruzándolos con sus relaciones personales.

Fue un fracaso sonoro. No ayudó a disminuir la criminalidad y se demostró que la población negra, quedaba sobrerrepresentada en sus conclusiones, en las que figuraban el 56% de los jóvenes de esta raza, entre 20 y 29 años.

En las grandes ciudades norteamericanas, hay barrios que suelen estar asociados a una etnia en particular. La actividad policial en ellos, puede contribuir al rumbo de los informes policiales y causar que se propaguen modelos equivocados y no hay forma de controlar, estadísticamente, esas desviaciones.

Los críticos de este plan lo cuestionan porque su alta eficacia desciende notablemente cuando los crímenes analizados son raros y que el algoritmo predictivo, no sea capaz de de detectar las zonas con mayor delincuencia sino con más criminalidad denunciada. Esa diferencia es importante porque en Estados Unidos, las comunidades negras son más reacias a denunciar delitos ante la Policía. Pero la herramienta no hay que olvidar que se basa en las denuncias formuladas y no en las cometidas y no comunicadas.

La desigual relación de la Policía norteamericana en función con la raza, es uno de los inconvenientes a los que se enfrentan los algoritmos aplicados a las actuaciones policiales. No son los únicos. Como los datos con los que trabajan suelen ser de detenciones, los lugares con más actuaciones son los que la máquina asocia con la necesidad de más patrullas policiales. Lo que a su vez aumenta el número de detenciones. De ahí las protestas de muchas asociaciones de la sociedad civil por el uso generalizado de esta herramienta y la cautela que exige su empleo.

Se trata de un delito que, cada vez, se está haciendo más común en Europa y como consecuencia de ello algunos países empiezan a crear leyes específicas. En España, no existe una legislación concreta contra esta actividad pero dentro del Código Penal está encuadrada como un delito contra la intimidad.

Me estoy refiriendo a una práctica que aparece, frecuentemente, en los medios de comunicación social, sean hablados o escritos, como es grabar o fotografiar por debajo de las faldas de las mujeres sin su consentimiento y luego difundirlo por internet, lo que constituiría un agravante.

En estos casos, la Fiscalía especializada contra la Criminalidad Informática, erigida como acusación en el juicio oral, suele pedir entre 1 y 4 años de prisión si solo se trata de la grabación y de 2 a 5 si el autor ha propagado las imágenes en cualquier página de la red. Llegado el momento de condenar, tanto los investigadores como los jueces, se enfrentan a una gran dificultad como es la localización de las víctimas porque sin esta parte de prueba, muchas veces no se puede condenar.

Para no levantar sospechas, los lugares que estos delincuentes eligen para cometer sus fechorías suelen ser muy concurridos y transitados, tales como metros, trenes, calles o supermercados. Como las víctimas no suelen percatarse de lo que está ocurriendo, el número de denuncias es mínimo y dificulta el trabajo de los investigadores. La Policía descubre muchos casos a través de la vigilancia abierta de las redes sociales.

Esta nueva modalidad delictiva es un delito ocasional cuyo número crece en verano por razones obvias pero que está en auge. Se puede decir que hasta de moda en varias páginas pornográficas. En el caso de un ciudadano colombiano que fue detenido en Madrid, llegó a colgar videos de unas 500 mujeres cuyo número de visualizaciones ascendía a casi millón y medio.

Uno de los Estados pioneros en legislar contra estas actuaciones ha sido el Reino Unido en la pasada primavera, tras dos años de debates parlamentarios y sociales. En los Estados Unidos también está contemplado de manera singular. Australia y Finlandia están estudiándolo para prevenir más las acciones de este tipo y en otros países no se considera infracción penal porque en las imágenes se observa que la zona íntima está tapada o porque la visión de los traseros y demás partes íntimas -obtenida de esta forma- no se considera abuso sexual dado que no ha habido contacto físico.