EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL CONSINTIÓ QUE LAS CANDIDATURAS DE BILDU LA FORMARAN EX-PRESOS DE ETA.

Gracias al Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ) la población española se enteró que 44 personas que formaban las lista de Bildu en el País Vasco y en Navarra, a las elecciones autonómicas, forales y locales del pasado 28 de mayo, estuvieron condenados en el pasado por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA y siete de ellas lo fueron por asesinato.

Esta decisión, provocó todo tipo de reacciones por parte de las diferentes organizaciones políticas fuera y dentro del Congreso de los Diputados. Bildu justificó su actitud porque estas personas tenían intactos todos sus derechos, incluidos los políticos y se extrañaba del extremado nerviosismo que mostraba la sociedad española por esta decisión, pese a que esas listas pasaron por la Junta Electoral que no puso ninguna pega.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López dijo que no iba a valorar este hecho que no le gustaba nada. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no respondió cuando le preguntaron sobre este asunto, a la salida de un Pleno. Tampoco quisieron pronunciarse sobre este tema las entonces ministras socialistas, Isabel Rodriguez, Pilar Llop y Pilar Alegría al ser preguntadas por ello en los pasillos del Congreso.

Lo que ocurrió de verdad es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez renunció a impugnar la designación de estos 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, a pesar de que la Ley de Partidos considera esta decisión – textualmente- como causa de ilegalización.

Así consta en un escrito en posesión del periódico digital El Debate, firmado por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, fechado el pasado 22 de mayo, en el que reconoce literalmente que no existe documento o contenido en poder de ese órgano que recoja algún intento de Sánchez de frenar la intentona del partido de Arnaldo Otegui por situar a antiguos terroristas en instituciones municipales del País Vasco como cargos públicos.

En el mismo documento, los responsables jurídicos de La Moncloa reconocen también que el Gobierno no ha movido ni un dedo para activar la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3c) de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos por incluir en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA.

La legislación vigente, daba a Sánchez una opción para combatir la decisión de Bildu de premiar a terroristas con algún cargo público, activando uno de los apartados que regulan el funcionamiento, los principios y hasta los representantes de los partidos que quieran participar en la competición electoral para impulsar la ilegalización de partidos que incumplan ese precepto:

Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Bildu se saltaba esas obligaciones de manera ostentosa y casi en su totalidad: ha incorporado a David Pla, el último jefe de ETA a la dirección de Sortu, la formación dominante en Bildu de manera casi hegemónica; nunca ha condenado el terrorismo más allá de mensajes de condolencia a las víctimas y además promociona a etarras en sus candidaturas electorales. es decir, incumple tres de las causas descritas de ilegalización.

Pese a ello, ni el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha hecho nada por frenar ese despliegue de sintonía entre la heredera de Batasuna y los terroristas presos más allá de una queja retórica sobre la decisión de su aliado que no ha incluido el intento de evitar el numerosos desembarco de etarras -algunos de ellos con delitos de sangre- en los Ayuntamientos vascos y navarros.

Tan es así que el Gobierno de Sánchez reconoce en el mismo documento que ha conseguido El Debate que carece de copia de los informes, estudios, previsiones de actuaciones futuras y previsibles consecuencias, encargadas por el Presidente del Gobierno, referidos a la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu.

Conviene recordar a estos efectos que en octubre de 2021, el partido que dirige Arnaldo Otegui, dejó bien claro que respaldaría a Sánchez si con ello lograba sus objetivos: Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. Una declaración de intenciones que amplió a la siguiente legislatura reconociendo que a cambio de facilitar la salida de los miembros de ETA, facilitaría la supervivencia de Sánchez al frente de un Gobierno de coalición.

En paridad y ya como es público y notorio, Sánchez devolvió los favores cediendo a la autonomía vasca las competencias penitenciarias para una vez finalizado este proceso, trasladar allí a los presos terroristas y facilitar su acceso al régimen de semilibertad ( tercer grado ), negado en sus cárceles de origen por no reunir las condiciones para ello.

En las pasadas elecciones municipales, Bildu obtuvo 50,000 votos más que en las locales anteriores, de 2.019; se impuso en Vitoria y logró superar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) en número de concejales. También logró que una docena de ex-presos de ETA fueran elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Dos de los siete terroristas con delitos de sangre que iban en las listas electorales, salieron elegidos.

El primero de ellos, Juan Carlos Arriaga había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del empresario y antiguo comandante retirado del Ejército, Jesús Alcocer Jiménez, el 13 de abril de 1.984, en Pamplona y de los policías nacionales, Juan José Visiedo y Tomás Palacín que perdieron allí la vida tras explotar el coche bomba en que habían huido los terroristas que habían matado a Alcocer. Aquel fue el día más trágico que hasta entonces ETA había actuado en Pamplona con el asesinato de tres personas en pocos minutos.

Durante al menos 5 años, los comandos de ETA trataron de matar a Jesús Alcocer, dueño de tres supermercados y que había sido comandante del Ejército. La banda terrorista había puesto también una bomba en uno de sus negocios, otro artefacto en su coche y lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros. Todos estos fueron atentados frustrados hasta la madrugada 13 de abril de 1984 cuando dos terrorista de ETA fueron a buscarlo a Mercairuña ( MercaPamplona ) donde Jesús Alcocer iba por género para sus negocios y le dispararon dos tiros en la nuca que le causaron la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en soledad, durante casi dos horas, tapado por una manta, hasta que llegó el juez y ordenó el levantamiento de su cadáver. Dejaba viuda y cuatro hijas. Ahora tendrán que ver al que planeó el asesinato de su padre como concejal de la lista de Bildu en el municipio de Berrioplano ( Navarra ).

La segunda que resultó elegida concejal en Errezil ( Guipúzcoa), Begoña Uzkudun, fue condenada a 19 años de prisión como cómplice en el asesinato del exconcejal de la Unión de Centro Democrático ( UCD ) en Azcoitia ( Guipúzcoa ), José Tomás Larrañaga Arenas, el 31 de diciembre de 1.984. Tenía 58 años, estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como secretario judicial aunque lo compaginaba con actividades empresariales. Fue concejal en su pueblo y Jefe Provincial del Movimiento Nacional en Guipúzcoa. Durante la Transición Política militó en la Unión de Centro Democrático ( UCD ) del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

José Tomás sufrió varios atentados hasta que ETA consiguió acabar con su vida. El primero tuvo lugar el 13 de abril de 1.978. Aquel día salía de un bar hacia las 10,30 horas de la noche para ir a su casa cuando miembros de un comando etarra le dispararon desde un coche robado. Fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha pero sobrevivió. Casi dos años después, el 11 de abril de 1980 volvieron a atentar contra él cuando salía de nuevo de un bar y tres terroristas volvieron a dispararle desde otro vehículo. Los disparos le alcanzaron el pecho y lo hirieron gravemente.

Cuando consiguió recuperarse, abandonó su localidad natal y se fue a vivir a Logroño aunque volvía a Azcoitia en las fechas señaladas para visitar a su familia. En las navidades de 1984 regresó para pasarlas con su familia hasta el fin de año. A las 9,20 de la noche salió de un bar con unos amigos cuando fue tiroteado de nuevo por los miembros de un comando de ETA. Murió en el acto a consecuencia de los seis disparos recibidos. Presentaba cuatro tiros en la cara y fue rematado ya en suelo con otros dos titos en la cabeza,

Los siete candidatos con delitos de sangre que figuraban en las listas electorales de Bildu en las pasadas elecciones municipales, se comprometieron a no tomar posesión de sus cargos si resultaban elegidos, después de que la asociación de víctimas del terrorismo COVITE denunciara su inclusión en las candidaturas de la formación vasca. El compromiso de renuncia se materializó el 17 de junio pasado cuando se constituyeron los Ayuntamientos y tanto Begoña Uzkudun como Juan Carlos Arriaga renunciaron a tomar posesión de sus actas de concejales y dejaron paso al siguiente de la lista electoral.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN MANOS DE LA NADA.

Cuando se celebró el referéndum que aprobó la Constitución Española el 6 de diciembre de 1.978, muchos militantes de la izquierda acudieron a votar para dar su papeleta positiva de acuerdo con las instrucciones que habían recibido de sus respectivos partidos que entonces eran multitud en aquellos tiempos tan convulsos. Bastantes de ellos lo hicieron a su pesar como por ejemplo los comunistas. Y eso que el texto presentado había sido fruto de lo que entonces se denominaba como las dos Españas.

Entre sus padres estaban por un lado: la derecha liberal, la conservadora, la demócrata cristiana y la franquista más inteligente. Por el otro: la izquierda socialista y la comunista, disgregada en múltiples grupúsculos algunos de ellos bastantes extremistas. Pero no todos cedieron por igual, los comunistas tuvieron que aceptar la Monarquía, la bandera y hasta el himno. Todo ello a cambio de su legalización, amnistía para sus militantes presos, regreso de los que estaban en el exilio y amnesia general.

El resultado fue un acuerdo costoso en el que todos tuvieron que ceder para adaptarse al pragmatismo que la geopolítica de su tiempo mandaba. Había un interés generalizado y muy serio por entrar en lo que hoy es la Unión Europea y en la OTAN ( Organización del Tratado del Atlántico Norte ). El sucesor de Franco hasta la instauración de la Monarquía y vicepresidente del Gobierno Almirante Carrero Blanco, había sido asesinado por la banda terrorista ETA, el 20 de noviembre de 1.973 y el franquismo no podía continuar sin Franco, ni su delfín porque íbamos hacia un mundo global, sin fronteras y dejar el proteccionismo autárquico del autoritarismo

Dos de las potencias extranjeras más influyentes de entonces y cuyo poder se mantiene hoy en día, Alemania y Estados Unidos, decidieron que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) fuese la izquierda referente y socialdemócrata. El Partido Comunista de España ( PCE ) fue legalizado en la Semana Santa de 1.977 para que se pudiera presentar a las elecciones de junio de ese año y el PSOE tomó la hegemonía de la izquierda. Todo en orden. El PCE no iba a ser tan influyente como sus hermanos italianos ( PCI ), franceses (PCF) o portugueses ( PCP).

Ahí empezaron a morir los comunistas españoles. Se aproximaron tanto a los socialistas que los llenaron de cuadros y conversos comunistas. Algunos todavía están dando tumbos por ahí. El PSOE trazó una estructura mediática de la mano del Grupo Prisa, editor del periódico El País y fue copando el mundo de la cultura y de la ideología. Todavía nadie le hace sombra en eso.

A los comunistas, se les dijo que había un artículo de la Constitución, el 128 con el que se podía construir el socialismo de verdad, no el de Felipe González, ni siquiera el de Pedro Sánchez, sino el auténtico. Y eso que otro artículo, el 33, reconocía el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Pero el 128 era la tabla de la salvación, el cuerno de la abundancia porque aportaba en sus dos apartados ( 1 y 2 ) la posibilidad de intervención de empresas y de la economía en favor del Estado cuando así lo exigiere el interés general. Ya está. Con eso les bastó para votar en favor de la Constitución. Disciplina de partido leninista.

Entre el año 2.022 y lo que llevamos de 2.023, la vida política cotidiana se ha degradado tanto que los verdaderos comunistas y socialistas están hartos de esta izquierda de postureo, falaz, ignorante y vengativa que no acepta su derrota mundial y lo que es más grave, no se detiene a explicársela con tal de que este personal disperso, reaccionario, puritano, confundido, tigres de papel, jaula de grillos, no monopolice el contenido constitucional y lo traicione. Prefieren aferrarse a ella, a la Constitución antes de dejarla en manos de la nada.

Las dos Españas están aquí de nuevo. Ambas dicen defender la Constitución. Ambas han politizado el Tribunal Constitucional. Pero hay hechos clarísimos: se ve a un bando -que no es uno sino varios- que ha pactado con quienes desean destruir la norma que votaron los comunistas y los socialistas auténticos que nos ha permitido vivir tranquilos hasta ahora. Pueden reformarla pero no destrozarla y que procedan como indica el propio texto constitucional.

Los dos bandos incumplen la Constitución, desde nombrar a los miembros de su Tribunal en tiempo y forma, hasta ignorar los derechos de los ciudadanos. Pero uno de ellos, el de la izquierda, pacta con quienes pueden precipitar a España a otra guerra o a graves conflictos. El otro bando, el de la derecha, resulta que prefiere una senda más acorde con la Constitución misma.

El 23 de febrero de 1981, cuando Tejero, ocupó por la fuerza de las armas el Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado, el periódico El País publicó en su portada una fotografía histórica, con los guardias civiles dentro del hemiciclo, donde en letras bien visibles se leía ¡ Viva la Constitución !. Lo mismo habría que decir ahora. Para que la Carta Magna no caiga en manos de un Presidente del Gobierno tan ambiguo y camaleón como este que tenemos y que apoya El País, los verdaderos izquierdistas, sean socialistas o comunistas, prefieren a la derecha para que se dejen de hipocresías y hagan una seria autocrítica de adónde ha llegado el capitalismo arrasador que tanto defienden.

LA CORONA ESPAÑOLA: ¿ SIRVE PARA ALGO ?.

La Monarquía parlamentaria es un hallazgo de la Transición Política Española para nuestra Constitución de 1978 que se construyó desde la evolución histórica de las monarquías más representativas existentes en ese tiempo como la británica o las del norte de Europa, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia monárquica y republicana y además, desde una reflexión teórica quizás todavía más intuitiva que racional. Se desconocía por entonces las dimensiones y las consecuencias de ese modelo de Monarquía diferente a las anteriores.

Sus autores eran plenamente conscientes que desde los orígenes del Estado liberal, la Monarquía española había ido dando tumbos desde Fernando VII y Alfonso XIII. Vino después la fracasada Segunda República, víctima de sus errores y del alzamiento militar; la horrible Guerra Civil que la siguió y dio lugar a 40 años de autoritarismo franquista; y se encontraron de bruces -muerto Franco- con la necesidad imperiosa de reinventar la convivencia de los españoles.

La recuperación de la soberanía popular y el impulso para el regreso de la democracia los dio el Rey Padre, Juan Carlos I, que heredó los poderes del Generalísimo con el apoyo de un gran pacto social entre los sectores políticos abiertos procedentes del régimen que deseaban de verdad el restablecimiento de un sistema constitucional europeo de libertades y sectores de la oposición acabados de salir de la clandestinidad y de la persecución.

Fue un contrato social singular con un papel decisivo de don Juan Carlos que culminó bien en una constitución y que después de más de cuarenta años de vida democrática con varias alternancias en el poder y un sistema consolidado donde la figura del Rey mantiene incólume su popularidad, ahora con su hijo Felipe VI y próximamente con la Princesa de Asturias que reinará como Leonor I, como acabamos de ver recientemente en su jura de la Constitución Española al cumplir la mayoría de edad.

Al cabo de más de cuatro décadas es tiempo ya de construir esas líneas teóricas de esta Monarquía parlamentaria porque existe el peligro y quizás también la tentación de situarla -en continuidad de la anterior etapa de su evolución- como Monarquía constitucional. Un signo que confirma esos augurios es que las viejas críticas republicanas se siguen aplicando a nuestra Monarquía parlamentaria.

Así se acusa de su carácter no elegido -y siguiendo esas críticas- no democrático y que la sucesión se produzca en el interior de una familia, en este caso la Familia Real, sin ninguna intervención popular. También se afirma que es una institución cara y poco transparente. Incluso esos sectores en el mejor de los casos, conceden que el Rey Padre ya cumplió un papel decisivo en la instauración de la democracia y en la elaboración de la vigente Constitución para sostener a continuación que quizás sea bueno ya restablecer la República. Incluso hemos oído muchas veces a defensores sinceros de la Constitución Española decir que han sido juancarlistas pero no monárquicos.

Aunque se trata de sectores muy minoritarios que no se pueden identificar con otros peor intencionados que hacen la crítica desde el populismo y la extrema izquierda; que no pueden soportar el constante y sincero apoyo de nuestros actuales Reyes -padre e hijo- a la Constitución Española y a la democracia; habiendo abortado dos golpes de estado -uno cada uno- intentados, respectivamente, por los militares nostálgicos de Franco y los separatistas catalanes ultrarradicales.

También son reprochables y muy minoritarias las críticas consistentes en quemar fotos del Rey, amparándose en una particular y torticera interpretación en el ámbito de la libertad de expresión aunque más bien entran de lleno en el límite del claro y presente peligro de provocar violencia. La crítica a la monarquía es lícita siempre que se haga desde la racionalidad y no desde la violencia real o posible.

Si se parte de una realidad sociológica donde el Rey y la Monarquía ocupan los primeros lugares en la aceptación pública procede preguntarse si existen unos rasgos de esta institución que la hacen diferente de las anteriores. ¿ Es posible mantener una crítica republicana contra esta nueva forma de monarquía ?.

La Monarquía parlamentaria tiene diferencias esenciales con la Monarquía constitucional y mucho más con las monarquías preliberales de carácter absoluto. En este caso, el Rey no es poder del Estado, ni titular de la soberanía popular sino solo el supremo órgano de representación que expresa en su figura la unidad y la permanencia del Estado. Por eso no le son de aplicación las críticas tradicionales republicanas que están fuera de lugar al referirse siempre a una monarquía que compartía soberanía y prerrogativas con los poderes democráticos.

Concluir de esta situación que entonces la monarquía es inútil es igualmente incierto porque cumple un papel moderador y de consejo decisivo y que con su prestigio incrementa la repercusión de España en las relaciones internacionales y con los países de Hispanoamérica.

El valor de la Monarquía parlamentaria, se apoya en tres grandes pilares racionales y efectivos de la Corona española, en sus titulares y en sus sucesores. En primer lugar, hay que señalar su origen democrático que establece su legitimidad de comienzo y que se complementa con la histórica figura de don Juan Carlos y en su continuidad con su hijo el actual Rey Felipe VI y su nieta la Princesa de Asturias y futura Reina, Leonor I.

El referéndum constitucional de 6 de diciembre de 1978 produjo esa aprobación democrática de la forma política del Estado español. Además, la legitimidad fáctica se expresa también por su contribución decisiva para que fuera posible la vuelta a la legalidad democrática, renunciando a ser un poder del Estado; favoreciendo la realización de unas elecciones libres y contribuyendo a las deliberaciones libres en las Cortes Generales hasta alcanzar la aprobación de la Constitución actual.

También, su papel decisivo en la recuperación de las prerrogativas que los poderes del Estado -secuestrados en el Congreso de los Diputados- no podían ejercer en el frustrado golpe de Estado de 28 de febrero de 1981; evitando la catástrofe que hubiera supuesto su triunfo aunque solo hubiera sido coyuntural. E igualmente su hijo, Felipe VI defendiendo el orden constitucional ante la insurrección del gobierno regional catalán de septiembre y octubre de 2017, declarando unilateralmente la República Catalana y obligando al Gobierno de la Nación a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En segundo lugar, la legitimidad de ejercicio se afirma y se consolida con la vieja idea del filósofo francés Montesquieu, del principio del honor que caracterizaba a la monarquía, expresado en su Espíritu de las Leyes. Naturalmente, tiene un sentido distinto al que estableció el barón de la Bréde. Hoy el honor de la monarquía supone la lealtad y el respeto a la Constitución y a los principios democráticos que la inspiran. Esa es la virtud central de un Rey en una Monarquía parlamentaria. No es necesario elecciones periódicas para ratificar el ejercicio legítimo de su elección. Basta con la lealtad y el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico después del respaldo popular inicial.

Finalmente y en tercer lugar, el ejercicio normal de sus competencias favorece la continuidad de las instituciones y esa función de expresar la unidad y la permanencia del Estado. La neutralidad de su magistratura por encima de los sectores políticos y de los Gobiernos que puedan llegar sucesivamente es garantía de estabilidad y respeto a esa parte de la ética de la cosa pública basada en valores, principios y derechos e instituciones y procedimientos que configuran las reglas del juego.

La Corona Española está por encima y es garantía del pluralismo político, creando un espacio libre por donde todos pueden circular con la fuerza legítima que otorga en cada momento el principio de las mayorías. Al carecer de prerrogativa no compite, no puede crear conflictos con otros poderes como ocurre en las repúblicas cuando concurren una Jefatura del Estado elegida por sufragio universal y un Presidente del Gobierno elegido desde una mayoría parlamentaria sobre todo cuando las dos figuras pertenecen a diferentes partidos políticos.

La Monarquía parlamentaria española es una institución tranquila donde se practica el respeto a la soberanía popular y al principio de las mayorías que expresan formalmente las decisiones tomadas en el Parlamento, en el Gobierno y en el Poder Judicial. Lo que le permite moderar y arbitrar desde su posición de preeminencia el funcionamiento normal de las instituciones. Es una institución que deberemos de mantener, apoyar y respetar porque impulsa y profundiza la tranquilidad ordinaria que es condición esencial de una sociedad política bien ordenada.

LOS ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA ANTE LA SEDE SOCIALISTA MADRILEÑA.

Las oficinas centrales del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) se encuentran en la madrileña calle De Ferraz, a la altura del número 70, donde desde el pasado día 3 de noviembre miles de personas se concentran a diario como medida de protesta por el acuerdo suscrito entre los partidos políticos PSOE y los golpista de Juntos por Cataluña que ha permitido una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. Para lograrlo se ha pagado un precio muy alto consistente en una amnistía para aquellos que se querían separar ilegalmente de España y la concesión de una serie de privilegios -principalmente económicos- que están dividiendo a los españoles.

Estas protestas iniciadas de manera espontánea y realizadas pacíficamente por ciudadanos anónimos, han ido aumentando en el número de asistentes y también en la agresividad y violencia a cargo de jóvenes a los que se les podría calificar de estética ultra.

Estos últimos dias, se están produciendo altercados con la Policía, a la que atacan con lanzamiento de botellas y envases metálicos de refrescos; adoquines de la calzada: papeleras arrancadas de sus soportes; incendian contenedores de la basura, pretendiendo así sobrepasar las vallas policiales de contención de masas. Pese a todos estos desórdenes públicos y vandalismo contra el mobiliario urbano, no parece haber unidad de acción entre los que protestan.

Parece que lo que se busca es el enfrentamiento con la Policía para descargar esa rabia contenida que se lleva acumulada durante estos meses de crisis política y como respuesta a estas agresiones no cabe más reacción que defenderse como saben hacerlo y está estipulado: cargas policiales, lanzamiento de botes de humo o gases lacrimógenos…materiales de dotación todos ellos; para obligarles a disolverse ya que desobedecen las instrucciones que se le dan por megafonía y no puedan sobrepasar la línea de Policía que supondría el asalto, saqueo y posterior incendio de la sede socialista.

El resultado de todos estos incidentes son detenciones diarias de manifestantes cada vez más jóvenes -menores incluidos- y policías heridos en el ejercicio de su labor profesional. Con coberturas informativas -sobre todo televisivas- que tratan de ser imparciales, recogiendo toda la cadena de acontecimientos desde el inicio hasta el final, desde la provocación hasta sus consecuencias aunque lamentables y sorprendentes para la audiencia televidente.

En la primera línea de la congregación multitudinaria y frenados por el vallado policial, se suelen colocar los elementos más extremistas para tratar de romper el cordón policial. En este punto se suele generar bastante tensión con otros manifestantes contrarios a las proclamas ultras que profieren esos cachorros de grupos conocidos y muy minoritarios de la extrema derecha española ( Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Facta y otros ).

Hay que destacar que de todas estas concentraciones solo se han comunicado dos a las autoridades pertinentes -como exige la ley- para adoptar las medidas necesarias que no alteren la convivencia ciudadana y por lo tanto las restantes celebradas entraban en la ilegalidad. Mientras sean pacíficas, la Policía adopta una postura expectante y trata de salvar la situación pero cuando empiezan los ataques con lanzamiento de toda clase de objetos con el propósito de hacer daño o provocar lesiones, se debe de proceder a su disolución con el empleo de la menor fuerza posible y con arreglo al protocolo establecido para estos casos que indica la proporcionalidad requerida. A continuación, hay que identificar y detener a los elementos que más se hayan destacado junto con sus promotores.

Altos dirigentes del partido político Vox, entre ellos su Presidente Santiago Abascal, se han sumado en varias ocasiones a las concentraciones defendiendo a los participantes de las mismas entre los que se encontraba Revuelta, su organización juvenil. También su sindicato Solidaridad acabó la manifestación alli tras recorrer varias calles de Madrid, el pasado viernes día 24 como colofón a su convocatoria de huelga general.

Uno de los dirigentes de esta ideología, en algún momento se ha encarado con los policías que estaban desplegados en la calle De Ferraz a los que reprochaba una actuación desproporcionada. Varios sindicatos policiales le han pedido a Vox que deje de coaccionar a los policías que protegen la sede socialista.

La intervención policial que a diario se nos sirve en los diversos medios de comunicación social es de carácter riguroso y muy profesional, con unidades especializadas muy curtidas ante estas situaciones de control de masas y que tienen acreditada una dilatada experiencia con estricto cumplimiento de sus deberes recogidos en la normativa vigente.

No hay, ni se consentiría ninguna injerencia política en el desarrollo de su actividad por más que algunos se empeñen en lo contrario. No son robots inhumanos sino personas muy bien formadas para la misión que desempeñan y de muy difícil manipulación por no decir imposible. Podrían desobedecer una orden manifiestamente ilegal porque ese supuesto está contemplado en la legalidad vigente y los ampara. Tampoco ha habido queja sindical alguna de las propias organizaciones policiales que están muy pendientes y preocupados por las actuaciones que se llevan a cabo ante el emplazamiento socialista desde el punto de vista técnico-profesional.

La Asociación Policías por la Libertad, compuesta por miembros de los distintos Cuerpos Policiales de ámbito territorial nacional, regional y local, ha realizado una convocatoria de concentración ante la sede socialista, para el próximo día 29 de este mes para defender el Estado de Derecho y expresar su opinión en contra de la amnistía. También se pretende que sea un recordatorio de la importancia de la participación ciudadadana en la preservación de los principios fundamentales de la democracia y de la legalidad.

¿ ES NECESARIA LA REFORMA ELECTORAL EN ESPAÑA ?

A nadie se le escapa que el sistema electoral español es hijo de la Transición Política; que sus autores pretendieron un bipartidismo de las dos corrientes centrales -derecha e izquierda moderadas- favoreciendo tanto la formación de Gobiernos estables como la integración de los nacionalistas en el sistema político y que consiguieron sus objetivos. El bipartidismo nunca había sido inferior al 80% del Congreso de los Diputados en la anteriores décadas -en las pasadas elecciones generales del 23 de julio llegó al 64,75%- y en alguna legislatura alcanzó la marca del 92% de los escaños en manos de los dos grupos políticos más votados.

Nada de esto resultaría extraño si en España rigiera un sistema electoral mayoritario pero poco común en la parte de Europa que se atiene a la representación proporcional. Si se mira a Alemania los electores tienen dos votos para el Bundestag con los que eligen a un candidato de su distrito y a una lista de partido: a la hora de distribuir los escaños se tiene en cuenta el resultado nacional obtenido por estos y no solo -como en España- el de cada provincia. Este sistema desfavorece la mayoría absoluta de un solo partido incitando así a la cultura de la coalición.

La pregunta que surge a continuación de todo lo expuesto es: ¿ Por qué los partidos políticos más beneficiados por el sistema electoral actual español -PP y PSOE- iban a aceptar cambios en unas reglas del juego tan favorables para ellos ?. La reforma electoral se ha planteado en alguna ocasión en el Congreso pero los dos grupos más importantes demostraron que no tenían intención alguna de mejorar la proporción entre votos y escaños como siempre piden las formaciones pequeñas que son las más perjudicadas.

El rechazo se produce pese al criterio del Consejo de Estado que apuntaba algunos cambios ya que estaban en juego tanto el principio de igualdad, tanto desde la perspectiva de los electores ( igualdad del sufragio del artículo 68,1 de la Constitución ) como de los partidos políticos o candidatos que estos presentan ( igualdad de oportunidades del artículo 23.2 de la Constitución ) .

Por eso y desde el inicio de la democracia, -elección general tras elección general y ya llevamos unas cuántas- se vota esencialmente con las mismas reglas que en la primera. Es decir, con un sistema ventajoso para los más votados y que ha permitido la formación de mayorías absolutas de un solo partido sin que ninguno de ellos hubiera alcanzado el 50% der los votos.

El responsable de todo esto no es la ley D`Hondt como piensa una amplia corriente política sino que la desproporcionalidad comienza por el bajo número de diputados del Congreso: 350 frente a los 650 de la Cámara de los Comunes británica; 577 de la Asamblea Nacional francesa; 630 de la cámara baja italiana o 349 la sueca...

Siguiendo por la exigencia de atribuir los escaños provincia a provincia, más la asignación de un mínimo de dos escaños por cada una de ellas, incluso en las más despobladas, excepto uno en Ceuta y otro en Melilla. Esto deja menos representantes para las más densamente pobladas. Al final -solo al final- la fórmula D`Hondt ayuda otro poco en escaños a los partidos más votados. El resultado de todo ello es que, por ejemplo, en Madrid para conseguir un diputado hace falta el triple de votos que en Soria.

A todo esto, la férrea conservación de candidaturas cerradas y bloqueadas resta poder al elector que solo puede respaldar o no en bloque lo que haya decidido la dirección del partido de su preferencia.

Las candidaturas extraparlamentarias no se cansan de repetir la cantidad de barreras que tienen que sortear para poder concurrir a las elecciones generales. Estos obstáculos legales liquidan numerosas listas sobre todo de los más extremistas que se pasan el tiempo estableciendo múltiples luchas recurriendo a los criterios de las Juntas Electorales Provinciales y del Tribunal Constitucional.

A falta de electores suficientes pretenden abrir las vías de la iniciativa popular, entre ellas, la puesta en marcha de una reforma electoral o de un referéndum; la revocación de un cargo electo; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad; el control popular de las acciones de guerra iniciadas por el Estado; la participación directa en asambleas municipales; el voto descalificatorio…

El PP apunta en otra dirección y es partidario de rebajar el número de diputados en el Congreso dejándolo en 300 con el argumento de que sobran políticos ahí y en otras instituciones. Esta postura que ha mantenido en diversos actos públicos nunca la ha llevado en su programa electoral. El PSOE, por el contario, es partidario del modelo alemán, con listas desbloqueadas y con paridad total entre sexos.

Obviamente, los pequeños grupos políticos de ámbito estatal no dan por perdida la batalla de la proporcionalidad ya que de ella depende su propia existencia teniendo en cuenta que el respaldo ciudadano a las minorías de espacio nacional ha ido descendiendo paulatinamente y aunque por votos totales uno de estos grupos pueda ser la tercera o cuarta fuerza electoral, parlamentariamente queda relegada en beneficio de los grupos nacionalistas.

Ello es debido a que el sistema electoral prima a los partidos políticos con fuerte implantación localista sobre aquellos con una implantación más moderada pero también más homogénea por todo el territorio nacional. La concentración de los separatistas en pocos distritos ( provincias a efectos electorales generales ) les permite aprovechar bien sus votos para obtener diputados. Así lo han hecho siempre los independentistas vascos y catalanes, a los que gustosamente se han unido los defensores de los terroristas de ETA.

Se puede concluir que en el sistema electoral español existe una clara desproporción entre votos y escaños. Que la causa principal de ello es la pequeña magnitud de las circunscripciones en España. Que la barrera legal como impedimento para acceder al Congreso es un mito y que es mucho más efectiva la barrera natural que aparece al tener España un número muy elevado de circunscripciones de pequeño tamaño. Que se puede hacer una reforma electoral y hay varias maneras de hacerla, encaminadas a aumentar su proporcionalidad aunque también hay dificultades para ello siendo la mayor de ellas que muchas de las propuestas exigen un cambio constitucional.

En este tipo de modificaciones se corre el riego que conlleva una proporcionalidad muy elevada ya que daría origen a un Congreso permanentemente fragmentado y puede generar una gran inestabilidad en los Gobiernos.

El resultado electoral del pasado 23 de julio que va a dar lugar a la formación de un nuevo Gobierno Frankenstein, indica que el debate sobre las reglas del juego continúa tan abierto como inconcreto. Por eso los vientos no soplan a favor de la reforma electoral pendiente.

¿ SE HA ACABADO EL PROBLEMA CATALÁN EN ESPAÑA?.

Tras el golpe de estado secesionista de octubre de 2.017, el separatismo catalán se ha ido introduciendo de manera terrible en todos los sectores sociales de aquel territorio tan español donde las presiones siguen siendo brutales. Lo lamentable es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no tenga frente al independentismo una postura clara y coherente de defensa de Estado de Derecho.

La situación en Cataluña se puede considerar que ha mejorado porque no existen las acciones radicales que se dieron en el año 2.017, ni se proclama la independencia en el Parlamento regional, ni se aprueban leyes de desconexión. Pero lo que ha hecho el secesionismo es ir entrando de una manera terrible en todas las áreas de la vida: en la escuela, en la administración pública, en las empresas, en las universidades, en los colegios profesionales… Ha establecido toda una campaña de penetración y esto hace que la vida cotidiana esté muy condicionada porque existen unas presiones tremendas dentro de estos ámbitos y en otros como la sanidad y la prensa.

Además, este secesionismo mayoritario en el Parlamento autonómico no lo ha sido nunca socialmente porque es un tercio del censo el que vota separatismo. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones catalanas en 2025, en caso de que no haya adelanto electoral y el resultado de los socialista regionales ya que es el que puede decantar la balanza hacia un lado u otro porque nunca se sabe donde está.

La política del Gobierno central ha consistido hasta ahora en rebajar la tensión social en Cataluña impulsando los indultos y la reforma penal de la sedición y la malversación como manera de perpetuarse en el poder. Esa era su solución. Con alianzas con los golpistas catalanes, filoetarras de EH Bildu y antisistemas como Podemos ( sustituidos ahora por Sumar ) -vaya tropa- que son toda esa amalgama cuyo programa político consiste en desmontar la democracia que disfrutamos desde 1.978 cuando se aprobó la Constitución Española.

El problema es que para la sociedad catalana no lo es. Es necesario que haya un Gobierno central que entienda lo que está sucediendo en Cataluña y que para encauzar bien las cosas que no dependa de las exigencias del independentismo, ni de los herederos de ETA, ni del populismo de Podemos o de Sumar.

Por mucho que expresen los voceros del Gobierno central, con su Presidente a la cabeza, el proceso de autodeterminación catalán no ha terminado sino que ha cambiado, ha mutado.; con arreglo a lo que está sucediendo. Ellos no van a dejarlo porque es su programa político. Uno de los problemas que presentan es que se les haya dejado tener un mayor peso político del que social y políticamente tienen, gracias a un sistema electoral que se blindó con el Estatuto de 2.006 a partir del que las circunscripciones en las que el secesionismo pueda tener mayoría, su voto vale casi tres veces más que en otras donde no tienen esa representación por lo que con un tercio del censo de votantes tienen una sobrerrepresentación brutal con la que consiguen mayorías absolutas prácticamente.

Por otro lado, como tampoco existe un sistema electoral donde se mida por provincias; ocurre igual con su exceso de representación en el Congreso de los Diputados y es ahí donde pueden hacer todo el chantaje que estamos viendo y que el Gobierno de la Nación se deje hacerlo.

Respecto del uso del castellano que es perseguido en todo el territorio catalán con una saña enfermiza, está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir, al menos, el 25% de las clases en la educación en castellano. El Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se conoció el 23/11/2021 que el 25% de la enseñanza tenía que ser en castellano.

Aquí hay un problema muy serio porque, además, contraviene a los propios tratados internacionales de los que España es parte. La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias avala que en la enseñanza se utilice el bilingüismo y que no se discrimine a ninguna de las lenguas cooficiales porque las personas tienen derecho a expresarse en ambas y deben de estar en un plano de igualdad.

Respecto de Carlos Puigdemont, es evidente que se han tenido dificultades con jueces de Bélgica y Alemania porque desde la propia legislación española se les han dado facilidades pero desde otro lado, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDU ) han respondido hasta el momento, defendiendo el Estado de Derecho y dictando sentencias que han perjudicado al secesionismo.´

Las facilidades referidas antes están en una ley electoral que permite que personas procesadas por ataques al orden constitucional se puedan presentar. Si resulta que el propio Estado no se toma en serio esta cuestión, eso es un problema. Por otra parte, se ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos…lo que evidencia los tumbos de la política errática del Gobierno central. Algunas instituciones europeas han realizado pronunciamientos en lo que lamentan que se haya hecho esto y probablemente lo vuelvan a condenar en su próximo informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

El pasado jueves día 9 de noviembre, se dio a conocer el contenido del Pacto del PSOE con Juntos por Cataluña causando una conmoción nacional el contenido del texto de cuatro páginas que va a permitir una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. El relato está lleno de olvidos, divergencias y faltas de claridad en un tema tan importante como la amnistía para todos los encausados por el Golpe de Estado de 2017.

Además contiene una Mesa de Negociación con un verificador internacional para el cumplimiento efectivo de lo acordado; el encaje de Cataluña en España como quieren los separatistas -referéndum de autodeterminación incluido- y una financiación singular para la comunidad autónoma que incluye la cesión de todos los tributos del Estado que se pagan en Cataluña.

Las redes sociales están ardiendo por los militantes de base de Juntos por Cataluña, expresando su desacuerdo con lo pactado y donde el debate es constante. Se quejan de que hay imputados que no desean la amnistía y ni siquiera se les ha consultado. Lo firmado con los socialistas es considerado como una salida personal para Puigdemont difícil de justificar ante sus bases.

La oposición política nacional con el Partido Popular ( PP) y Vox a la cabeza, están ayudando a dirigir la ola de protestas espontáneas de la población en general para que no se den escenas de violencia, ni enfrentamientos con la Policía. Las principales sedes de los socialistas en todo el territorio nacional son objeto diario de concentraciones ciudadanas que muestran su repulsa hacia lo que denominan humillación del Estado frente a los independentistas.

Dado que se han aceptado todas las exigencias de los golpistas y teniendo en cuentas las nuevas imposiciones que previsiblemente presentarán para la continuidad y estabilidad de la legislatura, de no remediarse, España llevará camino de ser distinta al sistema que ha permitido llegar hasta hoy, en paz y convivencia, durante las últimas cuatro décadas.

ACERCA DE LA AMNISTÍA SOCIALISTA PARA LOS GOLPISTAS CATALANES.

Desde los comienzos de la democracia española, los socialistas han estado defendiendo que no cabrían amnistías porque sería poner en duda el Código Penal, romper la igualdad de los ciudadanos ante la ley e invalidar otros preceptos constitucionales.

Ahora, defienden lo contrario: ¡ esos cambios de opinión de Pedro Sánchez ! y abogan amnistiar a los golpistas catalanes. Lo hacen en base a dos argumentos principales que convergen en lo conveniencia de la misma para que Sánchez pueda lograr su investidura y proseguir en lo que llaman como gobierno progresista.

El primero -sobriamente- dice que la amnistía solventaría el conflicto catalán. Más coherente el otro, sostiene que el Gobierno español no actuó democráticamente al reprimir el Golpe de Estado de 2017 de los separatistas. Según esta idea, el período 2017-2023 ( otros se retrotraen a 2013 ) en España no había una verdadera democracia sino una de apariencia. Con la amnistía se restañaría esa interrupción de la democracia y se volvería al carril del que nunca se debió salir.

Añaden estos partidarios que declarar la independencia de una región nunca debe de ser delito, ni tampoco tomar aeropuertos, quemar contenedores y apedrear Policías. ¡Ah! y ni fraccionar contratos para dárselos a los amiguetes. Perseguir todo eso con la justicia por delante es cosa de fachas que no de demócratas. Lo curioso de este asunto es que buena parte de ese período pseudemocrático era el gobierno progresista el que dirigía los destinos de este país, antes llamado España. Y ese enfoque jurídico, el Código Penal lo avalaba.

Resulta muy ilustrativo repasar las cuatro décadas de doctrina socialista sobre este tema. En 1977, se concedió una amnistía en España para todos los delitos relacionados con la política cometidos hasta ese momento. Los socialistas la pidieron. Había que facilitar la transición desde el autoritarismo y el Código Penal del franquismo ya que ambos no valían para la naciente democracia.

Poco después, el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados ( repleto de grupos nacionalistas, separatistas e independentistas ) pidió incluir las amnistías en la Constitución Española y el portavoz socialista se opuso porque equivaldría a reconocer que el Código Penal de la democracia era injusto. Esta propuesta fue rechazada y en paralelo, se prohibieron los indultos generales. Según los socialistas, era exigible un veto a la arbitrariedad de los poderes públicos. O sea, el Gobierno de turno no podía indultar a capricho, ni la Constitución avalar las amnistías.

En 2021, algunos grupos parlamentarios plantearon la conveniencia de amnistiar a los separatistas perseguidos por la justicia. La Presidenta del Congreso, la socialista catalana Merichell Bater, consultó a los letrados de la cámara y por unanimidad decidieron que no se podía tramitar ninguna ley de amnistía porque era inconstitucional de raiz. En consecuencia, la petición no fue tramitada.

En su apoyo, la portavoz socialista, Adriana Lastra, declaró que una amnistía rompería la igualdad ante la ley de los justiciables y de sus víctimas. Por eso, determinadas conductas, como tirar un adoquín a un Policía no serían perseguibles si las hubiese cometido un separatista pero sí lo serían si las hubiese cometido cualquier cachorro comunista o antisistema. Como socialista, Lastra estaba a favor de la igualdad ante la ley y en contra de las amnistías.

En resumen, desde 1977 a 2022, los sucesivos portavoces socialistas fueron exponiendo argumentos sobre la incompatibilidad de las amnistías con la democracia. Como colofón, durante la campaña de las últimas elecciones generales, el Presidente Sánchez declaró que habiendo gobernado cinco años, los independentistas no habían logrado que aprobase ninguna amnistía. Y así seguirían las cosas si seguía gobernando.

Apenas unos meses después, una legión de intelectuales proclives al socialismo anda diciendo que la amnistía no es solo constitucional sino muy deseable. No es inconstitucional porque la Constitución no la menciona y es deseable porque pacificaría Cataluña. Que nadie piense que es porque Sánchez necesita los votos de los separatistas para conseguir su deseo de ser -de nuevo- Presidente del Gobierno y, por lo tanto, es también por el bien de España.

Dentro de este grupo, los más osados añaden que además de la amnistía sería necesario modificar el Código Penal para mayor seguridad de todos ( no vaya a ser que los jueces hagan lo mismo que con el abaratamiento de la malversación, que son muy suyos…) Creen que una ley de amnistía encontraría su sentido y legitimidad en la anormalidad democrática que supuso la represión jurídica de las conductas que deben de ser objeto de la misma.

Volviendo al principio: se está ante el cambio de la posición mantenida por los socialistas desde el inicio de la democracia española. Quizás han abandonado la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no creen en la continuidad del sistema desde la transición. Desde la izquierda, solo los jacobinos podrían enderezar a estos tuertos porque su lema es: amnistía, de entrada no.

EL ESPAÑOL YA NO ES EL UNICO IDIOMA DE ESPAÑA.

El pasado 17 de agosto, José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, escribió una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea informándole de la decisión del Gobierno español de solicitar la inclusión de las lenguas regionales españolas: catalán, eusquera y gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea. Para ello, se proponía modificar el Reglamento que regula esta materia, de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El 3 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó una nota con una propuesta de modificación en la que resaltaba el reconocimiento constitucional español de las tres lenguas citadas; el hecho de que los Tratados de la Unión Europea ya estuvieran traducidos al catalán, eusquera y gallego y los acuerdos administrativos de 2005 que permitían a la población española utilizarlas en todas las instituciones de la Unión Europea a excepción del Parlamento Europeo.

En la reunión del 19 de septiembre en la que se debatió este asunto en el seno de la Unión Europea, varios países mostraron sus desacuerdo con la rapidez con la que el Gobierno español estaba tratando su petición que podría tener efectos secundarios para otros países de la Unión en los que conviven otras lenguas además de la oficial. Aunque muchos Estados de la Unión -de los 27 que ahora la integran- son multilingües, en ninguno se ellos se ha planteado hasta ahora, una fórmula como la solicitada por el Gobierno español.

También expresaron su asombro porque en un país miembro se improvisen medidas de este alcance para sacar adelante una investidura y que los partidos separatistas e independentistas tengan capacidad de marcar con tanta fuerza agenda política nacional.

Como conclusión de esta reunión se difundió que el Ministro español no consiguió cambiar la opinión de la mayoría de los países socios, partidarios de que la cuestión ni siquiera se admitiera a trámite y se pidiera antes un informe jurídico. Esto, en realidad, era una negativa a la toma de consideración de una propuesta que es solo consecuencia de una promesa socialista al partido político nacionalista Juntos por Cataluña, dentro de la las negociaciones para sacar adelante el nombramiento de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno español.

La lectura diplomática de todo lo acontecido indica que el Gobierno socialcomunista hispano en funciones, ha recibido un rechazo en toda regla -patada en el culo, en la jerga política- después de semanas de gestiones y presiones a muy alto nivel condenadas al fracaso pero que buscaban -al menos- hacer ver al fugitivo de la justicia española Puigdemónt, que en lo que afecta a nuestra diplomacia se ha hecho todo lo posible para cumplir su exigencia. Gesto que ha reconocido públicamente el buscado interlocutor político catalán pero que ha calificado como insuficiente.

Como se puede apreciar de manera clara, España ha hecho el ridículo y se ha utilizado de manera torticera la Presidencia rotatoria española de la Unión Europea para conseguir un fin que no estaba previsto en la agenda semestral, lo que afecta a nuestro crédito internacional y es motivo de queja de nuestros representantes allí destinados.

Pero lo que más preocupa a nivel diplomático es que este movimiento del Gobierno en funciones supone tanto como una declaración de renuncia a que el idioma español sea utilizado como lengua de Trabajo en la Unión Europea, al mismo nivel que el francés, alemán o inglés.

Esta es una vieja batalla de la diplomacia española que ha consumido mucho esfuerzo, gestiones y negociaciones que siguen en marcha pero que se dan por perdidas después del brusco giro de posición como Estado miembro en lo que afecta al reconocimiento de nuestras lenguas cooficiales en Europa.

Así, aunque la propuesta española no vaya a prosperar tiene un coste político porque el Gobierno hispano ha trasladado a la Unión Europea el mensaje de que el español que solo se habla en España de todos los países miembros de la Unión Europea, tiene otros competidores internos nacionales a los que ahora se quiere elevar en rango de tratamiento. Esto quita peso al español a la hora de avanzar en su reconocimiento como lengua oficial de trabajo, algo en lo que la diplomacia española lleva luchando desde la adhesión en 1985.

El discurso de que el español no es el único idioma de España arruina todas las posibilidades de que el único idioma común de España se reconozca como lengua de trabajo europea. Si el español no es el único idioma que representa a España. ¿ Por qué va a tener la consideración de lengua de trabajo en el ámbito comunitario ?.

Existen además otros costes diplomáticos porque la energía con la que el Ministerio de Asuntos Exteriores hispano ha intentado cambiar la voluntad de la Unión Europea sobre esta cuestión, afecta al relato oficial en la que también tuvo que emplearse y sigue haciéndolo la diplomacia española para combatir la propaganda independentista sobre la nación catalana.

Fue relevante, como señal de la nula capacidad de influencia que dentro de la última reunión citada, el ministro Albares llegó incluso a pedir que se votase sin discusión aunque lo que finalmente se hizo fue debatido para decidir un aplazamiento de la decisión a la espera del necesario informe jurídico que contemple con detalle el coste económico y el impacto administrativo, logístico y político de la medida.

En el colmo de las prisas y para cumplir la hoja de ruta de los separatistas de Juntos por Cataluña para que apoyen a Pedro Sánchez en su nueva investidura, el Gobierno español – si se trata de dinero- se ha ofrecido a pagar los gastos de traducción, impresión y distribución de estos tres nuevos idiomas para los restantes miembros de la Unión Europea. Dado nuestro poderío económico, un coste de este nivel no tiene la menor importancia.

LA INVASIÓN DE CANARIAS POR LOS CAYUCOS SENEGALESES.

La incesante llegada a Canarias de esas pateras senegalesas llamadas cayucos, repletas de personas desesperadas que huyen de la miseria y el desamparo que sufren en su país y en busca de una vida mejor, se está convirtiendo en un problema inasumible para las autoridades del archipiélago que carecen de los medios necesarios para poder atender a los miles de inmigrantes que están llegando durante los últimos meses y que por las noticias que se tienen, irán siempre en aumento.

El Gobierno socialcomunista en funciones que preside Pedro Sánchez, está ocupado en conseguir su propia subsistencia a través del correspondiente tributo a los separatistas vascos y catalanes y fuera de eso, los muchos problemas existentes que hoy preocupan a la población en general pasan a un segundo o tercer término. Como la atención mediática está en si se logra o no formar nuevo Gobierno, la invasión canaria a cargo de subsaharianos está pasando desapercibida.

En la isla de Hierro que apenas cuenta con una extensión de 268 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes, han llegado durante el presente mes de octubre más de 4000 de los quince mil inmigrantes que alcanzaron el archipiélago,. La presencia policial era muy pequeña como corresponde a un territorio de estas dimensiones y ante esta avalancha de llegadas ha tenido que ser reforzada a toda prisa ya que el cuartel de la Guardia Civil disponía de solo 7 efectivos. Tampoco hay Comisaría de Policía y desde la isla de Tenerife se ha enviado un destacamento policial especializado en extranjería que es el encargado de realizar los trámites de inmigración.

El simple e imprescindible control sanitario es imposible de practicar dadas las proporciones del problema y requiere medios de los que allí no se disponen. El elemental alojamiento de los recién llegados desborda por completo sus capacidades, sin olvidar que en resto de las islas la situación es parecida puesto que a finales de septiembre ya llevaban acumulados a más de 15.000 que lo habían conseguido y ahora mismo ya han sobrepasado los 30.400.

La reubicación de inmigrantes en territorio canario ha dado de sí todo lo que podía dar -disponen de 6.000 plazas que están todas ocupadas- y el realismo obliga a concluir que el flujo de subsaharianos rumbo a Canarias no cesará ya que lleva camino -de seguir este ritmo- de superar el record de 31.000 personas del África negra que llegaron en 2006. Este trasiego de inmigrantes alcanza ya el nivel de crisis migratoria.

La inestabilidad política en Senegal con la oposición sometida a persecución, los desórdenes públicos que han ocasionado una treintena de muertos y centenares de heridos y la situación similar de los países limítrofes, especialmente los del sur del Sahel, obligan a buscar alternativas para una gestión ordenada del problema. La falta de ayuda del Gobierno central y las imperiosas necesidades del Gobierno regional canario, están creando un clima político muy tenso que dificulta una solución eficaz del problema.

Trasladar una crisis humanitaria de este calado a la Unión Europea como ha hecho hasta ahora el Ministerio del Interior y el invisible Ministerio de Asuntos Exteriores. no es más que una maniobra dilatoria para esperar que escampe la situación y que sean otros los asuman la solución. El sistema de decisión de las instituciones europeas por unanimidad hace imposible cualquier acuerdo en este sentido. Polonia y Hungría se oponen al reparto de cuotas y a otras fórmulas sensatas para que no sean los países del sur de Europa los que tengan que responsabilizarse del problema y en consecuencia, no hay ninguna perspectiva de actuación a corto plazo.

Como está claro que España está sola para solventar este drama compasivo, debería de dedicarse a colaborar con el gobierno autonómico canario para el desplazamiento y realojo en la Península de los inmigrantes llegados y la devolución a sus países de origen de los que se hayan podido identificar puesto que la mayoría de ellos vienen con la lección aprendida para dificultar este extremo y carecen de cualquier tipo de documentación que les acredite como nacionales de un país en concreto.

Hasta ahora, el Gobierno progresista que disfrutamos ha sido reacio al retorno de estos inmigrantes dada la situación política, social y económica de sus respectivos países porque suponía un cargo de conciencia llevar al punto de salida a miles de personas que no son bien recibidas por sus autoridades que desean la emigración de su población como alivio de la situación caótica que padecen.

Por otro lado, la inmensa mayoría de los recién llegados solicitan asilo político en España como consecuencia de las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales, de otros inmigrantes que les precedieron y del interés del Ministerio de Asuntos Sociales ( cuya titular es Ione Belarra, por la cuota de Podemos, organización extremista de carácter comunista ) por conocer la vulnerabilidad en la que se pueda encontrar el recién llegado.

La resolución del expediente de asilo tarda entre año y medio a dos años de media, los solicitantes son libres de circular por todo el territorio nacional durante este tiempo dado que los centros de acogida están saturados a nivel nacional. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado ( CEAR ), el año pasado pidieron asilo en España 118.482 personas y es donde más se solicita este reconocimiento en la Unión Europea, tras Francia y Alemania. Senegal no está por ahora, entre los diez primeros peticionarios de asilo en España en 2.022 pero su violenta inestabilidad política le va a hacer escalar posiciones en la estadística de 2.023.

De media, solo un 16% de los solicitantes de asilo lo obtiene. Son 22 puntos menos que la media europea. Lo que quiere decir que menos de uno de cada cuatro llegados a Canarias recibirá el asilo. Solo los que pueden acreditar que están en riesgo de muerte si vuelven a su país o son perseguidos por razones de raza o sexo, políticos o religiosos o de otra índole discriminatoria.

Por eso y desde la óptica nacional, es más probable que obtenga asilo una mujer que huye de la guerra de Sudán o un homosexual nigeriano que un campesino senegalés o marroquí. La ley de asilo no contempla al que huye de la miseria y de la precariedad que es precisamente la razón mayoritaria que mueve a cruzar el océano a la práctica totalidad de los inmigrantes llegados a Canarias aunque a los provenientes de Senegal y desde agosto de 2.022 en las que unas elecciones generales acabaron con dos ganadores, ( el opositor está ahora preso ) tengan más razones para las causas de la concesión.

Han tenido que aparecer varios casos de sarna y tuberculosis entre los desembarcados en la isla de Hierro para que por fin, el pasado día 17 ante la magnitud del problema y las protestas generalizadas, el Gobierno central empezó a responder declarando a Canarias en situación de emergencia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante este ritmo de llegada de inmigrantes ilegales, sin precedentes en la última década, que lleva camino de convertirse en la ruta más mortal del mundo. Esta medida consiste en agilizar los trámites burocráticos y aumentar la financiación de los recursos para cubrir las necesidades de atención de los recién llegados.

El Ministerio de Interior también ha anunciado alguna medida para afrontar el aumento de llegadas de cayucos a las islas a través de potenciar la vigilancia y el control de fronteras con dos aviones que patrullarán las costas de Senegal y Mauritania para evitar las salidas de embarcaciones.

UN CONTINENTE LLAMADO » ABYA YALA «.

Estas palabras las usaban un antiguo pueblo de la actual Panamá para referirse a su tierra pero un dirigente indigenista de finales del siglo XX, divulgó la dudosa idea de que abarcaba todo el continente americano para suplantar así el nombre español de América.

En muchos libros escolares de Hispanoamérica se ha empezado a utilizar el nombre de Abya Yala, como es el caso de Venezuela, para designar el territorio prehispánico y evitar así la palabra América que para los indigenistas radicales simboliza la imposición de un término colonialista por parte de España cuando llegó en 1492. Así los niños, aprenden hoy un nombre de escasa historicidad pero mucha política.

Abya Yala, es el nombre que parece que el pueblo guna o cuna -depende de la interpretación que se le quiera dar- originario de Panamá, daba al territorio que ellos conocían, una región concreta pero no todo un continente que ni sabían que existía.. Significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, en lengua dulegaya. De la misma manera que para los mayas la península donde estaban asentados era Mayab o también Cem Anahauac para los habitantes de lo que hoy es parte de México y significa lo uno entre las aguas, en náhualt clásico.

Algunas tribus indígenas proponen este cambio de nombre como oposición al de América que deriva del navegante florentino Américo Vespucio que acompañó a Colón y a otros expedicionarios en varios viajes y era el encargado de hacer los mapas de las rutas que exploraban. El uso social y mercantil de aquellos documentos derivó en los mapas de Américo – que eran señal de fiabilidad- y de ahí a América con su distorsión fonética propia de la transmisión oral de su existencia en la época. ¡ Vaya manera de perder el nombre de Colombia -en lugar de América- para la gesta de Colón !.

El uso de Abya Yala se propuso durante la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas celebrado en Kiruna ( Suecia ), en 1977, junto con la declaración del 15 de noviembre como Día Internacional de los Pueblos Indios; así como demandar a España por la invasión de tierras americanas y la utilización del nombre América para denominar a todo el continente americano.

Estas tres propuestas recibieron una aceptación general que capitaneó Constantino Lima Chávez ( boliviano de la tribu de los aymara y abogado ) en base a sus investigaciones. Este primer activista indígena, había tenido dos años antes en Bolivia un esclarecedor encuentro con los representantes de un pueblo que vivía en una de las 300 islas de San Blas, en Panamá. Y lo contaba como que fue un día inolvidable porque después de 500 años de estar separados artificialmente, llegó la ocasión en la que pudo ver a sus hermanos cunas.

Fue con un sayla ( representante de la comunidad indígena o jefe de la tribu ) de 76 años, acompañado de otros miembros, quién le relató la historia contada verbalmente de generación en generación y que no podía seguir callando ante un hermano que llegaba de tierras tan lejanas. Le dijo que el término Abya Yala, no hacía referencia a su isla o a la parte del continente que podían conocer sino a toda la masa territorial imaginable. Norte, Centro y Sur América es Abya Yala porque en su idioma ABYA significa tierra y muchos añadidos y YALA, hombre en plena juventud. Luego Abya Yala quiere decir tierra en pleno auge de juventud madura.

Como se ve es una idea difícil de demostrar más allá de esta tradición oral además de que esta misma comunidad usaba otros nombres para su territorio ancestral, tales como Kualagum Yala; Tagargun Yala o Tynda Yala. Esto supone una inverosímil comprensión de su entorno geográfico para unos pueblos que apenas ocupaban alguna isla de su archipiélago comparándolo con toda la masa territorial de lo que hoy se conoce como América. No sé cómo iban a bautizar a todo un continente de la extensión de América, desconociéndolo.

Lima, que posteriormente se rebautizó como Takir Mamani, reconocería en el año 2014 que la historicidad del término era lo de menos dada la debilidad de sus argumentos ya que lo que resultaba urgente era despojarse de un nombre impuesto. Eso era lo que pasaba con el continente Abya Yala que si no sabían su nombre lo iban a inventar porque el nombre de ese criminal ( adjetivo inventado para desacreditarlo ) llamado Américo Vespucio no puede seguir en ese inmenso continente.

Como ya he mencionado con anterioridad, no fueron los españoles quienes divulgaron la palabra América. Colón murió en un tiempo en el que al Nuevo Mundo se le llamaba las Indias creyendo que se trataba de la parte más alejada de Asia. El nombre de Amèrica apareció por primera vez en un mapa del cartógrafo suizo Martin Waldseemüller en 1507 cuando tanto la reina Isabel ( 1504 ) como Colón ( 1506 ) ya habían fallecido.

Como es sabido, el nombre de América proviene del cosmógrafo y navegante Américo Vespucio que vivió de 1454 a 1512 y fue uno de los primeros en defender -de manera clara y abierta- que lo descubierto se trataba de un nuevo continente algo que a Colón le disgustaba y jamás quiso aceptar por razones de prestigio y sobre todo económicas.

Hasta la celebración de la Cumbre mencionada con anterioridad, el nombre de Abya Yala fue objeto de oposición y hasta de burla por quienes temían que podría ser motivo de confrontación étnica pero a partir de entonces el término se popularizó en textos escolares, casas editoras, fundaciones y otros.

Al principio, compartió protagonismo con otras propuestas como Continente Solar pero luego fue aceptado por instituciones públicas de Bolivia y Venezuela. Todo ello a pesar de que cómo se ha visto, ni su origen es claro, ni su uso realista para una sociedad que desde hace cinco siglos y gracias a los españoles es mestiza y no solo indígena.