Porque asi lo ha dicho la mayoría de la comunidad jurídica española – que es constitucionalista- y también lo que decían los propios militantes y simpatizantes socialistas y sobre todo sus ministros en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el 23 de julio pasado cuando se celebraron las elecciones generales a Cortes y al perderlas los socialistas, los siete diputados que obtuvo la formación independentista Juntos por Cataluña se revelaron imprescindibles para la nueva investidura de Sánchez. Se defendía que se trataba de una medida anticonstitucional, una especie de indulto generalizado que no solo perdona a los delincuentes sino que borra sus delitos.

Entonces y ahora es una medida ilegal porque ataca directamente la vigente Constitución Española de 1.978, en su artículo 14 que consagra el principio de igualdad de los españoles ante la ley, al generar una casta de privilegiados que pueden saltársela y salir impunes, simplemente alegando motivaciones políticas de sus actos prohibidos.

También porque deteriora el Estado de Derecho al vulnerar la separación de poderes y cargarse la independencia judicial al desautorizar a todos los tribunales que condenaron a los implicados en el golpe de Estado, después de tener juicios con todas las garantías, no por sus ideas políticas sino por la comisión de graves delitos como la sedición y la malversación de caudales públicos. Y a los que continúan investigando a aquellos vándalos que incendiaron las ciudades catalanas, ocuparon carreteras y aeropuertos, agredieron a centenares de Policías que trataron de impedírselo y que ahora quedarán exonerados y bendecidos.

Igualmente, porque el acuerdo a que ha conducido esta ley asume expresamente la versión independentista de aquella rebelión ( los hechos acaecidos en 2.017, como se dice eufemísticamente desde el Gobierno socialcomunista ) según la que la celebración de aquel referéndum ilegal y la declaración efímera de la independencia fueron provocados por el Estado español por no reconocer la soberanía de Cataluña para luego judicializar el conflicto político, reprimir al pueblo catalán y generar cientos de presos políticos y exiliados.

Asímismo, porque las negociaciones políticas han sido un deliberado ejercicio de humillación para el Gobierno de Sánchez. Como se ha podido ver, los socialistas han aceptado todas las exigencias de los secesionistas, además de la amnistía: el traspaso de la Red Ferroviaria de Cercanías, la condonación de una importante parte de la deuda autonómica….¿ Y la otra parte ?: solo presta los siete votos. Ni siquiera se compromete a no repetir la sublevación. Lógico, si no va a ser delito….

Tampoco se deben de olvidar las formas, como la visita cómplice de la vicepresidente del Gobierno Yolanda Díaz al prófugo de la justicia Carlos Puigdemont o la de Santos Cerdán, número tres del PSOE bajo la foto glorificada de la urna ilegal. La amnistía que era mala e imposible ya está aquí y sin pasar por las urnas.

De todas las falacias sobre las que se ha construido este acuerdo, la más grave es la que sostiene que el pacto se hace por el bien de España y la amnistía se concede por la mejora de la convivencia en Cataluña. La más extensible -curiosamente es de la que menos se habla- es que ha sido la única posibilidad de impedir la llegada al poder de la derecha. La más grosera y demagógica que por ser un pacto progresista quienes se oponen solo pueden ser los enemigos del progreso, ultras y derechistas reaccionarios, como los vándalos que cercaron las sedes socialistas.

¡ Qué más quisiera Sánchez en su deseo de polarización política y crispación social !. A la amnistía y al acuerdo que la hace posible firmado en Bruselas, se oponen muchísimos ciudadanos de izquierdas o independientes; muchos votantes socialistas; las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales y el Poder Judicial. La rechazan algunos socialistas más influyentes en la Historia de España que los que ahora la promueven – creo que Felipe González y Alfonso Guerra son de izquierdas….¿ o no ? y la mayoría de los constitucionalistas de España que también son muchos.

¿ Qué tiene de progresista ceder ante la imposición de los separatistas catalanes o es ser de izquierdas estar dispuesto a premiar con perdonar parte de la deuda pública que mantiene con el Estado cuyos dirigentes se rebelaron contra la Constitución cometiendo graves delitos ?. ¿ Es ser progresista gobernar gracias al bloque completo de los enemigos de España que te apoyan gracias al chantaje permanente y bajo su vigilancia ?. ¿ Es ser de izquierdas depender de un partido de la derecha supremacista o buscar un mediador internacional como si hubiera dos Estados en guerra ?.

Yo hasta ahora, lo que comprendía era que lo progresista eran los valores de la igualdad, la solidaridad entre personas y territorios y el imperio de la ley en una sociedad democrática. Tendré que reeducarme para adaptarme a los nuevos tiempos que corren…..

El pasado viernes, día 8, el periódico digital EL ESPAÑOL publicaba el resultado de una encuesta encargada por el mismo según la que concluía que el 71% de los españoles están en contra de conceder la amnistía de los sublevados catalanes, incluidos el 40% de votantes del PSOE. También recogía que el 56,1% de los socialistas rechaza incluir los delitos de malversación de caudales públicos ( dinero del presupuesto ) en la medida de gracia y que el 37,4% se oponía a incluir el terrorismo.

El 13 de enero de 1824 está considerado como la fecha de fundación de la Policía Española con la publicación de una Real Célula que creaba la llamada Policía General del Reino. Aunque antes, durante el conocido como Trienio Constitucional, se había elaborado un proyecto de Cuerpo Policial destinado a la seguridad de las personas y bienes y la conservación del orden público que se frustró debido a la intervención militar francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis y la restauración de la monarquía absolutista.

El citado documento, hacía una doble clasificación del personal policial. Por un lado estaban los profesionales integrados por el superintendente general, el secretario, el tesorero, los comisarios de cuartel y los celadores de barrio y de puertas. Y por otro, los semiprofesionales, formados por los alcaldes de barrio. El primer superintendente de la Policía Española fue José Manuel de Arjona, natural de Osuna ( Sevilla ) donde acaba de ser homenajeado.

Al año siguiente, Fernando VII ordenó la organización de un Regimiento de Caballería como fuerza auxiliar de la anterior. Esta Unidad recibió el nombre de Celadores Reales, un claro antecedente de las actuales unidades de caballería aunque solo duró dos años. De hecho, en la actualidad se ha recuperado su uniforme original para los desfiles y actos protocolarios.

En 1833, al inicio del reinado de Isabel II se organizó un nuevo cuerpo uniformado llamado los Salvaguardas Reales que asumió la función de conservar el orden ciudadano en Madrid y sus alrededores. Su existencia sería breve como consecuencia de aquella época tan convulsa en la que proliferaron cuerpos e instituciones que ni siquiera pudieron llegar a acreditar su eficacia.

En 1844, el Real Decreto de 26 de enero crea el ramo de Protección y Seguridad que restablece los desaparecidos cargos de comisario y celador. En la puerta del domicilio de este último se colocaba un farol durante la noche que alumbraba un cartel con el anuncio de la Celaduría de Protección y Seguridad.

Los miembros de las nuevas unidades uniformadas eran conocidos como agentes hasta 1848 año en que cambiaron su nombre por el de Salvaguardias de Madrid. Ese mismo año se estableció el Gobierno Superior de Policía, institución que puede considerarse como la primera Jefatura Superior de Policía, tal como la conocemos hoy.

Tras la revolución de octubre de 1868 conocida como la Gloriosa, que ocasionó el destronamiento y el exilio de la entonces monarca Isabel II, se instituyó el Cuerpo de Orden Publico de Madrid. Aunque inicialmente su ámbito territorial de intervención era la capital del reino, a partir del 1 de junio de 1870, el Gobierno Provisional extendió su jurisdicción a toda España. Sus miembros iban de uniforme y tenían carácter militar pero por razones de eficacia se permitió que un centenar de ellos vistieran de civil para dedicarlos a tareas de prevención e investigación de delitos.

La misma estructura policial se mantiene durante el breve reinado de Amadeo I de Saboya. En 1873, proclamada la I República, volvió a reorganizarse la Policía Gubernativa y Judicial. El objetivo era crear un cuerpo policial al margen de las permanentes contiendas políticas y para ello se publica el Real Decreto de 6 de noviembre de 1877 que dispone la existencia de dos servicios policiales, Vigilancia y Seguridad, desempeñados por dos cuerpos distintos. Según esta norma, había que huir siempre de lo que vulgarmente se llama política, no siendo jamás arma de partido, sirviendo solo a los verdaderos intereses sociales para convertirse en la más firme garantía de la seguridad personal y el auxilio más poderoso de la justicia.

En 1886, fallecido Alfonso XII, entró en vigor un Decreto que trajo consigo dos hechos relevantes: estableció la primera Dirección General de Seguridad y extendió al resto del territorio nacional la organización y estructura de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad de Madrid. A partir de ese momento, la Policía Gubernativa estaría en toda España salvo dos excepciones como la creación de un Cuerpo Especial de Policía para Madrid y Barcelona cuya única misión era la persecución de los delitos cometidos por explosivos en cumplimiento de la Ley d Represión del Anarquismo.

Pero la reforma fundamental de la institución policial se produjo a principios del siglo XX reinando Alfonso XIII que firmó la Ley Orgánica de la Policía Gubernativa el 27 de febrero de 1908. Esta ley fue fruto de la iniciativa y trabajo personal del entonces Ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel que consiguió para los policías dignidad profesional y estabilidad en el cargo como se recoge en la historia oficial del cuerpo.

En virtud de estas ley, los cuerpo policiales consolidados de Vigilancia y Seguridad velaban para toda la población, a las órdenes del Gobernador Civil de cada provincia. El de Vigilancia lo formaban comisarios, inspectores-jefes, inspectores de primera, segunda y tercera clase; agentes y vigilantes. Y el de Seguridad lo integraban jefes y oficiales procedentes del Ejército, clases y guardias.

El Real Decreto de 27 de noviembre de 1912, restaura la Dirección General de Seguridad, siendo Ramón Méndez Alanís su primer titular. Procedía del Ejército donde era auditor de división del Cuerpo Jurídico Militar. Creó los Registros documentales, estableció los laboratorios de fotografía y revelado de huellas dactilares y organizó los servicios policiales por Brigadas. Con esta estructura buscaba la especialización por aptitudes y dictó las instrucciones correspondientes para realización de los servicios de Barrios, Rondas y Ciclistas.

La Ley de Presupuestos de 1932, promulgada por la II República, cambió el nombre al Cuerpo de Vigilancia por el de Investigación y Vigilancia. En cuanto al de Seguridad, vio incrementada su organización por las llamadas Secciones de Asalto que llegaron a adquirir tal notoriedad que terminaron añadiendo su propio nombre al de Cuerpo, conocido a partir de entonces como de Seguridad y Asalto.

Durante la Guerra Civil Española, ambos bandos conservaron la denominación de los Cuerpos Policiales, Investigación y Vigilancia y Seguridad y Asalto. Sin embargo, en la zona republicana se unificaron en el de Seguridad, en el que había dos grupos: uniformado y civil; y en el que también se incluyeron las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, nacidas ya en plena guerra civil.

Finalizada la contienda, Franco configura las estructuras policiales huyendo de la vieja organización liberal y democrática, tal y como declara la ley de 8 de marzo de 1941. Se crean dos Cuerpos Policiales, uno de carácter civil que se denomina Cuerpo General de Policía, cuya misión es la información, la investigación y la vigilancia; y el otro uniformado, de índole militar, es el encargado de la vigilancia total y permanente así como de la represión cuando fuere necesario: la Policía Armada y de Tráfico. En 1959 perdió la competencia en circulación interurbana en favor de la Guardia Civil viendo reducido su nombre al de Policía Armada.

Con la llegada de la democracia, la ley de Policía de 4 de diciembre de 1978, estableció la existencia de dos corporaciones profesionales a las que calificó como de Seguridad del Estado: el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. Ese mismo año y para el Cuerpo Superior se convocaron plazas para mujeres por primera vez. Un año después se incorporaron las primeras 42 inspectoras de Policía. Estas nuevas denominaciones estuvieron vigentes hasta 1986.

En 1986 entró en vigor la ley que da lugar a la Policía Nacional española en su configuración actual y define el modelo policial español vigente hasta la fecha. Se trata de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que establece la existencia de dos Cuerpos de carácter estatal: la actual Policía Nacional como resultado de la unificación de los antiguos Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional, que es de carácter civil; y la Guardia Civil que es de carácter militar. Además asigna a ambas instituciones la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

En las últimas cuatro décadas, la Policía Nacional se ha modernizado y adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad española, con especial hincapié en la lucha contra el terrorismo. el crimen organizado, el tráfico de drogas, la violencia de género y la ciberdelincuencia. Para ello ha sido necesaria una enorme labor en formación y especialización de las Unidades que han permitido que la estadística criminal sea de las más bajas de la Unión Europea y que España haya podido ser elegida con garantías como escenario de grandes eventos internacionales en los últimos años.

Una de las aportaciones de la celebración de estas efemérides, ha sido la instauración del Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional para honrar a los afectados y sus familiares. La fecha elegida del 16 de junio, lo ha sido para recordar que ese día de 1981, en Zarauz ( Guipúzcoa ) la banda criminal ETA asesinó a María José García Sánchez, con ocasión de una operación antiterrorista. Fue la primera inspectora de Policía en caer acribillada a balazos. Otros 187 fallecidos, de distintas clases y categorías, conforman el precio pagado por este Cuerpo para asentar la democracia. Una cifra a la que hay que añadir las decenas de agentes heridos, viudas, huérfanos y demás familiares destrozados por ese terrorismo decimonónico.

Atrás quedan 200 años de historia al servicio de España y de los españoles. La práctica totalidad de la población perciben a la Policía Nacional como algo suyo porque se trata de hombres y mujeres que están dispuestos durante las 24 horas, todos los dias del año, a darlo todo para que los españoles puedan vivir con seguridad y ejercer sus deberes y derechos constitucionales. La Policía Nacional ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los desafíos de cada época, forjando en ese largo recorrido unos principios y unos valores muy sólidos, nacidos del esfuerzo, sacrificio e incluso heroísmo de sus integrantes.

Por mucho que la justifique el conjunto de la izquierda parlamentaria, la amnistía que promueve el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) no refuerza la democracia, ni asegura el acatamiento de la Constitución Española por los independentistas, ni supone un reencuentro de estos con los demás españoles. Todo lo contrario. Es la pasarela a una democracia popular y el cuestionamiento de nuestro sistema político a través de un proceso que nos acerca demasiado a las repúblicas sudamericanas gobernadas por socialistas o comunistas.

Esta deriva popular consiste en tergiversar las normas constitucionales y anular los contrapesos al Gobierno en beneficio del partido político gobernante para su continuidad eterna en el poder. Se suele acompañar de la deslegitimación de la oposición política a la que se coloca en un trágala y de la supresión de la independencia judicial. Para esto se promueve una polarización extrema porque el proceso hacia una democracia popular necesita el conflicto para justificarse. Así, el partido político gobernante y sus aliados se atribuyen el derecho en exclusiva a gobernar en ese ambiente social.

Por supuesto que el ejercicio de los derechos no es en igualdad de condiciones como tampoco lo son las elecciones. La oposición política necesita un esfuerzo épico para llegar al poder más allá del lógico y necesario como ha ocurrido recientemente en Polonia, donde se encontraba un Estado colonizado por el partido político que gobernaba y un orden político diferente al inicial. Exactamente igual que el camino iniciado en España por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La amnistía de inexistentes delitos políticos a los que se acaba de unir el terrorismo es el comienzo de este proceso. Lejos de constituir una simple modalidad de clemencia, las amnistías han venido ligadas a momentos fundacionales y en contextos constitucionales como mecanismo de legitimación de alternativas opositoras. Tampoco podía ser de otra manera si se atiene a que la amnistía significa no un perdón como sería el indulto sino una legalización. En este caso, legalizar en España la sedición contra el Estado de Derecho y otros delitos comunes como se pretende con esta norma, es inasumible para una democracia que se basa en el principio básico del imperio de la ley.

Así ha sido siempre en nuestra Historia. Nada menos que 25 de las 27 amnistías generales que se aprobaron en España en los dos últimos siglos fueron medidas de un partido político que solo sirvieron para atizar las luchas civiles. Justo porque la amnistía significa el punto y final de lo existente y el inicio de algo nuevo como ha ocurrido en dos ocasiones, en 1832 ( ampliada en 1834 ) para lograr el apoyo de los liberales más moderados a la sucesión de Fernando VII en la persona de su hija Isabel y en 1976 ( ampliada en 1977 ) para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante el franquismo; que sirvieron al propósito de establecer un régimen constitucional.

Ambas se aprobaron antes de instaurarlo y se optó por amnistiar ante la imposibilidad de deslindar las responsabilidades de los bandos de una guerra civil y de separar con nitidez a las víctimas de sus verdugos. No había otra vía de restablecer una concordia que hiciera posible el cambio y el consenso. Y aún así, al legalizar la violencia pasada, se alentó su uso por parte de minorías subversivas de 1934 en adelante en la primera de ellas y de 1977 hasta la actualidad en la segunda. De ahí que una amnistía necesite para paliar su rechazo general de un consenso tan amplio o más como el de una Constitución.

La amnistía de Sánchez no parece responder al tipo de las mencionadas de 1832-34 y 1976-77 sino al de las amnistías de partido donde se suspende el imperio de la ley en beneficio de quien gobierna y de sus aliados con objeto de patrimonializar la democracia. Si sale adelante, legalizará y sublimará el uso de la violencia que se vivió en Cataluña en 2017. Y será peor que entonces porque Pedro Sánchez habrá desactivado la confianza general en la Constitución Española, deslegitimando la aplicación de la ley y desarmando a la fuerza pública y a los tribunales. También desprotege a los ministros, policías y jueces; lo que le acerca al ajuste de cuentas de las amnistía de 1931 y sobre todo, de 1936, la del Frente Popular.

Es escandaloso que se tergiverse la Constitución Española para suspender el Estado de Derecho y negar el ejercicio del poder judicial por un interés personal y partidista. La actual Constitución no recoge ningún tipo de amnistía para privar a las Cortes de un derecho de gracia que se atribuyó exclusivamente al Rey y solo a través del indulto particular como establecen los artículos 62.i y 102.3. Las Cortes solo legislan el procedimiento del indulto y que es estrictamente la materia a la que se refiere el artículo 87.3.

El sanchismo utiliza la mayoría parlamentaria para atribuirse el poder supremo, la soberanía popular de hecho que liquida el orden constitucional e inicia un proceso constituyente para destruir el verdadero sujeto soberano que no es ni más ni menos que la nación española. Una vez desautorizados tanto el artículo 2 de la Constitución que es el pilar de la democracia como el poder judicial que es el freno de la arbitrariedad del Gobierno socialcomunista y que asegura el Estado de Derecho, la pendiente autoritaria se agudiza.

La nación española y su Constitución actual, nos pertenecen a todos y es nuestro deber sostener y estimular a los altos poderes del Estado encargados de preservarlos. La Historia enseña que usar las instituciones de la democracia contra la democracia misma tiene siempre un triste final.

De los muchos momentos graves que tuvo que superar la Transición Política Española, probablemente los hechos ocurridos en aquella semana de finales de enero de 1977 fueron los peores ya que amenazaron muy seriamente la continuidad de aquel camino hacia la democracia, iniciado el año anterior con la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976.

Durante esos siete dias, se produjo una ofensiva criminal que colocó a la incipiente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de una serie de episodios ocurridos todos ellos en Madrid, de la envergadura del secuestro de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa; el asesinato de los abogados laboralistas de la Calle de Atocha; la muerte del estudiante Arturo Ruiz por los disparos de un ultraderechista y el fallecimiento de la joven universitaria, María Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo de la Policía. Como se puede apreciar, España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz de la propaganda del régimen franquista.

En el primer gobierno de Adolfo Suárez, se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución Española. En aquel entonces, el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración Local y la gestión de las libertades ciudadanas ( asociaciones, reuniones y manifestaciones ).

Ese ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que excepto los cuatro ministros militares, no habían participado en la Guerra Civil Española aunque muchos de ellos habían tenido puestos destacados en los distintos gobiernos del general Francisco Franco.

Este gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente, en que ese día ETA asesinó a tiros en San Sebastián, al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce Villar, junto con su chófer y los tres Policías de escolta. Al funeral de las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo religioso, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al Sol entre gritos de ¡ Ejército al poder !.

Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación cargada de tensión. Por aquel entonces, no era todavía un gobierno democrático sino salido de la legalidad franquista. Y seguramente, también eran sospechosos de ser incapaces de garantizar el orden y la seguridad pública.

Tuvo como precedente de lo anterior que el 8 de septiembre, el Presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una posible legalización del Partido Comunista de España ( PCE ). Esa fecha clave, puso a España al borde del abismo.

El 12 de noviembre de 1976, hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que entre otras, agrupaba a Comisiones Obreras ( CC. OO ); Unión General de Trabajadores ( UGT ) y Unión Sindical Obrera ( USO ). Era claramente un huelga política y como tal, el gobierno fue beligerante e hizo cuanto pudo para que España no se paralizara ese día. La administración pública funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el gobierno era capaz de mantener el orden público y hacer que el país trabajara con normalidad. Esa imagen de firmeza y eficacia era muy significativa para convencer a la población de que Suárez tenía la situación bajo control y era merecedor de la confianza popular.

Aunque ningún gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, en aquel caso era valioso hacerlo para evitar que las personas de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus gobiernos no supieron mantener el orden público.

El 11 de diciembre, un comando del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ( GRAPO ) hizo prisionero ( secuestró ) a Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo terrorista de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al gobierno. Este secuestro produjo una reacción sorda pero dura del mundo político que puso una vez más contra las cuerdas a Adolfo Suárez.

El 15 de diciembre, se celebró el referéndum para la Reforma Política proyectada por Suárez y obtiene el respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que se quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.

Pero España vivía al borde del infarto. Para mayor inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y mejoras laborales. Ante este nuevo pulso, el gobierno respondió con un gesto de dureza destituyendo a toda la cúpula policial el día 22 de diciembre, horas antes de la detención de Santiago Carrillo, secretario general de PCE en Madrid cuando iba disfrazado con una peluca.

Las tensiones no disminuían desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Cuando la nueva dirección policial analizó el estado de las investigaciones sobre el secuestro de Oriol, concluyó que estaban llevándose de manera desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Se designó al comisario Roberto Conesa, entonces Jefe Superior de Policía de Valencia que durante muchos años había sido jefe de la Brigada Político Social y conocido cazarrojos. Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore de acuerdo con la ley de Murphy. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la aún débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPOS, un ultraderechista mató a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación pro-amnistía en la Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara un impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para disolver la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por la muerte de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el gobierno de Suárez que parecía acorralado por los acontecimientos como si una mano negra moviese los hilo para desestabilizarlo.

Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad española desconcertada: el teniente general, Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio madrileño. Los GRAPOS, que mantenían aún en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco -la balbuceante democracia- que pilotaba Suárez. El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político sino también al militar que era lo que se buscaba.

Pero aquel día no acabaría ahí porque unas horas más tarde la sangre volvió a correr en Madrid. Un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid y abrió fuego a discreción. En aquel ataque indiscriminado murieron cuatro abogados y un administrativo, resultando heridos de gravedad otros cuatro letrados más. Fue una semana negra. La investigación de este execrable hecho fue encomendada al comisario Francisco de Asís Pastor, no al comisario Conesa que bastante tenía con los GRAPOS.

Al entierro de los juristas, asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el entonces Rey Juan Carlos I estuvo presente en aquel evento sobrevolando a la multitud en un helicóptero según se reveló años después.

El 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel en el que había entrado la Transición Política. El equipo policial investigador que había formado el comisario Conesa, dirigido por el inspector Antonio González Pacheco, más conocido por el rojerío de la época como Willy El Niño, lograron liberar a Oriol en un piso de Vallecas y al general Villaescusa en otro de Alcorcón, donde estaban siendo custodiados por los GRAPOS.

Un mes después, el otro equipo investigador que había formado el comisario Pastor, detuvieron a los asesinos del caso Atocha. Todos ellos pertenecían a la derecha política de ideología extremista y eran muy significados. Esta desarticulación hizo que los grupos de la extrema derecha se vinieran abajo.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 -más de 40 años después de las últimas celebradas en España- suponían que los españoles volvían a decidir su destino en las urnas. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, la población apostó por la moderación al primar a los partidos políticos de centroderecha y de centroizquierda.

Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en Presidente de Gobierno con 166 diputados, mientras que Felipe González dirigiría la oposición con sus 118 escaños. Martín Villa siguió en el gobierno, ahora con el bautizado Ministerio de Interior.

Todos los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por este nuevo gobierno -hubo tres amnistías- fueron para que España navegara hacia la normalización pero la travesía aún tendría muchas turbulencias, como la furibunda actividad de ETA y los GRAPOS; la oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y finalmente, el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.

El Centro  de  Salvamento Marítimo de Tarifa ( Cádiz ), tiene asignada como zona de operaciones todo el sur de España, desde Ayamonte ( Huelva ) a Almuñécar ( Granada), gestionando el tráfico de barcos y todas las labores de rescate en un área de 30.000 kilómetros cuadrados y 500 kilómetros de longitud de costa. Algunos puntos geográficos quedan tan al sur que están muy cerca de la costa marroquí y las pateras los llaman para avisarles de que están a la deriva, hallándose todavía muy cerca de Marruecos.

Desde el Centro de Control de este organismo se ve la costa marroquí como una extensión de mar que parece pequeña y fácil de atravesar incluso a remo. Nada que ver con la realidad. El tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar es muy intenso con miles de buques de todo tipo que lo cruzan al año en ambas direcciones y a todas horas. La profusión de los vientos es de tal magnitud que logra suspender – con bastante frecuencia- las líneas regulares marítimas que cruzan las dos orillas del Estrecho.

En lo que afecta a la zona de operaciones del angosto mar, lo normal es encontrarse de madrugada con las pateras que esa misma noche han salido de las distintas playas de la provincia de Tánger ( Achankkar, Malabata, Sid Kankouche, Ksar y Dalia ). El recorrido por el agua les suele llevar varias horas remando y achicando el líquido elemento al mismo tiempo, a lo que hay que sumar los vómitos hacia dentro de la barca porque si lo hacen hacia fuera corren el riesgo de volcar dado el exceso de pasajeros que suele ser cuatro veces mayor al de su capacidad.

No es fácil encontrarlos porque el conocido y habitual viento del Estrecho provoca un fuerte oleaje que no hace más que subir y bajar las pateras y hay que tener mucha agudeza visual para verlos. Por eso los viajeros de la patera no paran de buscar el buque naranja ( color de las embarcaciones de Salvamento Marítimo ) porque saben que si los encuentran su pesadilla ha terminado.

Los barcos naranjas son un  símbolo de esperanza para los miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que cada año cruzan el Estrecho. Su rescate supone ser arropados con mantas, recibir café, barritas energéticas y hasta un « paquete de náufrago » formado por ropa seca, chanclas y productos de aseo que buen número de ellos no sabe que es, ni utilizar.

Cuando estos inmigrantes llegan al Puerto de Tarifa, los servicios sanitarios de la Cruz Roja les hacen un examen médico superficial para comprobar su estado de salud, derivando a los que presentan alguna dificultad al hospital de referencia. Después pasan a las dependencias policiales para tratar de identificarlos al ir desprovistos -intencionadamente- de documentación alguna. Nunca dicen ni su verdadero nombre ni su país de origen para obstaculizar la ejecución de las órdenes de expulsión que se les aplica en virtud del ordenamiento jurídico vigente. Como no lo revelan, terminan con una orden de salida obligatoria a ninguna parte, lo que les aboca a una irregularidad permanente.

En el pasado 2023, ha sido notable el aumento de llegadas ilegales por vía marítima a la Península a través del Estrecho de Gibraltar de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, 15.435 inmigrantes alcanzaron territorio español, por los 12.955 que lo hicieron en 2.022. Lo que significa un 19,1% más pese al acuerdo de colaboración con Marruecos y los centenares de millones de euros que recibe el país africano, tanto desde la Unión Europea (UE) como del Gobierno español, para controlar sus propias costas.

Los Cuerpos Policiales del mundo occidental llevan más de dos décadas experimentando con sistemas predictivos de la criminalidad, apoyados en el análisis de datos y la inteligencia artificial. Este tipo de herramientas están muy implantadas en los Estados Unidos y en China pero también tienen presencia en países como Reino Unido, Alemania y Suiza.

Su objetivo es establecer los puntos negros del crimen para desplegar las patrullas policiales de forma más eficaz. Uno de los efectos perversos de estos sistemas es que tienden a sobrecriminalizar los barrios más pobres. Ello es debido a que la alimentación de datos de los algoritmos se basan -principalmente- en las detenciones, luego la conclusión reclama más vigilancia en las zonas donde se producen esas intervenciones, lo que a su vez provoca más detenciones aún.

Acabar con este círculo vicioso es complicado. Algunos operadores han tratado de salirse de ese método, nutriendo el sistema con datos de denuncias. Es el caso de la herramienta Predicción Policial ( Pred Pol ), una de las más populares en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta las denuncias de las víctimas -aseguran- se obtiene una imagen más nítida de la delincuencia y se eliminan los posibles prejuicios que puedan llevar a la Policía a realizar más actuaciones en unos barrios concretos como los habitados por negros mayormente. Esos esfuerzos se han mostrado inútiles porque se cometen los mismos errores y lleva al mismo despliegue inadecuado de las patrullas policiales.

Estos sistemas informáticos no son ninguna novedad y llevan ya muchos años operando. En 1998, el 36% de los departamentos policiales de Estados Unidos decían tener la información necesaria y la capacidad técnica de generar mapas digitales de criminalidad. Pocos años después, el 70% de ellos decía usar esa cartografía para identificar los puntos negros. Las versiones más modernas que se conocen de estas primeras herramientas de vigilancia policial se remontan al año 2008, cuando el Departamento de Policía de Los Angeles ( LAPD ) empezó sus propios planes, siguiéndole a continuación la Policía de Nueva York ( NYPD ).

Diversos estudios universitarios han acreditado los problemas que plantea la aplicación de algoritmos predictivos en la actividad policial. Uno de los primeros sistemas de este tipo en salir a la luz fue el que puso en marcha la ciudad de Chicago en el año 2013, donde un algoritmo identificaba a potenciales delincuentes analizando datos de detenciones y la agenda de relaciones tanto de autores como de víctimas.

El objetivo era poner en marcha programas de servicios sociales preventivos con quienes el sistema detectaba que podían delinquir. Fue un fracaso. No solo desde el punto de vista de la eficiencia ya que no ayudó a que cayera la criminalidad sino que además la población negra quedaba sobrerrepresentada en las estadísticas.

En el año 2010, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que el Departamento de Policía de Nueva Orleans ( NOPD ) debía de ser reformado casi a cero tras detectar anomalías graves: se encontraron pruebas de varios incumplimientos de leyes federales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza; detenciones ilegales y discriminaciones por raza y orientación sexual.

A estas alturas, ya está demostrado que estos algoritmos usados por la Policía norteamericana producen desviaciones que llevan al racismo y perjuicios a los más pobres. Muchas de las prácticas policiales irregulares se deben a estos sesgos ya que distorsionan -gravemente- los datos que se recogen. Si el sistema no se reforma, especialmente en cuanto a su suministro informativo aumentará el riesgo de causar más daño que beneficio a la justicia y a la sociedad. De ahí que las principales empresas del sector traten de corregir estos defectos si es que quieren seguir vendiendo sus herramientas sin que la sociedad se les eche encima, tarea que probablemente no sea posible.

También se han analizado las pruebas de la instalación de este algoritmo en la capital colombiana, en Bogotá. Su elección se debe a que es una de las pocas ciudades del mundo que publica estadísticas de denuncias por barrios y que actualmente trabaja en la implantación de uno de estos sistemas predictivos. Cuando cruzaron los resultados de su modelo con los datos reales de delitos, detectaron errores de bulto. Las áreas de mayor criminalidad son las que presentaban menos denuncias y no se identificaban como puntos negros, en cambió si aparecían como tales las zonas con delincuencia media o baja pero con muchas denuncias. Algunos barrios necesitaban tener la mitad de los delitos que otros para que el sistema previera que se trataba de un punto negro.

Esta disfunción es explicable porque la estadística de los delitos cometidos no refleja exactamente la distribución real de la criminalidad puesto que la disposición a denunciar las infracciones ante la Policía, es diferente según el barrio de que se trate. Desde la mentalidad norteamericana, es común que un blanco denuncie a un negro o que un negro denuncie a otro negro pero no tanto que un negro denuncie a un blanco.

¿ Cuál sería entonces la solución ?. ¿ Hay algún modo de que los algoritmos predictivos policiales no encasillen -todavía más- a los más desfavorecidos ?. La única forma es no usarlos, sería la conclusión final.