Hace tiempo ya, como tres o cuatro años que, las guirnaldas llenas de bombillas azules, rojas y amarillas ; empezaron a desaparecer de las carreteras españolas. El fenómeno de la prostitución se ha ido desplazando a viviendas en detrimento de los clubes y la práctica callejera.
Esta nueva realidad constituye una preocupación en las ciudades cuyos Ayuntamientos tratan de hacer frente porque al ocultarse en domicilios particulares complica la erradicación de la trata de blancas ( explotación sexual de personas ahora, antes solo mujeres ).- La proliferación de Ordenanzas Municipales que sancionan al cliente, tiene como objetivo acabar con este negocio o, al menos, frenar su expansión. Aunque el reto es muy complicado porque el marco normativo lo dificulta.
Desde los Ayuntamientos, vigilan los incumplimientos de la Ordenanza específica contra la prostitución y esa presión ha sido fundamental para cerrar algunos locales de alterne, pero acceder a un domicilio es otra cosa. Es muy difícil, teniendo en cuenta además que la prostitución no es ningún delito.
Las consecuencias inmediatas que está teniendo el auge de estos lugares clandestinos son varias. Los investigadores de la Policía encargados de estos asuntos, asumen que, de esta manera, se complican las operaciones policiales contra las mafias y proxenetas que se lucran de la explotación sexual de las personas. La recogida de indicios de que en el interior de una vivienda se está obligando a alguien a ejercer la prostitución, es el primer obstáculo que hay que vencer para conseguir convencer a un juez para que autorice la entrada y registro.

Los otros afectados son los vecinos que, de la noche a la mañana, se ven obligados a convivir con un burdel en su comunidad. Ellos son los que, en muchas ocasiones, revelan la ubicación de estos prostíbulos ocultos. Desde el año 2.013, la Policía tiene habilitado un teléfono exclusivo ( 900.10.50.90 ) y un correo electrónico ( trata@policia.es ) y desde entonces se han recibido más de 7.000 denuncias.
No existe todavía ningún censo del número de viviendas que operan como lupanares. Es un dato impreciso porque a las casas de citas que controlan los proxenetas, habría que añadir aquellas otras en las que voluntariamente trabajan chicas que deciden ejercer la prostitución. No es ningún secreto que hay estudiantes que se pagan la carrera ejerciendo de chicas de compañía. Tampoco es un mito.
No sé si quedará algún barrio de las ciudades que se escape de tener en su vecindario alguno de estos establecimientos clandestinos. Da igual que se trate de casas situadas en zonas de clase media o alta que viviendas modestas que tienen una clientela con un poder adquisitivo bajo. Es llamativa la irrupción de los jóvenes como consumidores de sexo de pago.
Poe eso no hay que dejar de insistir en otra de las vías que hay para acabar con este negocio: la concienciación a través de campañas para intentar formar una sociedad más justa e igualitaria, en la que no se cosifique a la mujer, ni se entienda como normal que alguien pague por tener sexo con otra persona. Sobre todo los más jóvenes que no deben de normalizar esa conducta.

Hay casos en los que la discreción impera y estos negocios apenas generan conflictos con su vecindario pero en otras ocasiones, la convivencia se pone en riesgo y los restantes propietarios se preguntan que deben de hacer porque no quieren estas cosas y es hora de tomar decisiones.
Entonces llega el momento de aclarar algunos conceptos básicos que sirven para afrontar este problema. Para empezar, no se puede actuar contra estos negocios si no generan molestias al vecindario. Una comunidad no puede prohibir que se ejerza la prostitución en un piso porque en sí no es una actividad ilegal.
Lo que está penado es el proxenetismo y la explotación sexual. Lo habitual es que las quejas vecinales aumenten cada día debido a los errores que cometen los clientes al llamar al portero electrónico a horas intempestivas; ruido en los pasillos; encontronazos con los vecinos; peleas…Es importante llevar la cuenta de todas estas incidencias, incluidas las correspondientes llamadas a la Policía.
También hay que alertar al propietario porque la mayoría de ellos desconoce la actividad que se está ejerciendo en su piso. Un método disuasorio que ha demostrado su eficacia es la instalación de cámaras de video vigilancia en la entrada, pasillos y ascensores porque, normalmente, los clientes son muy celosos de su intimidad y cuando ven que pueden ser grabados entrando en un prostíbulo, dejan de acudir y el negocio cierra.
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La gente piensa -en general- que, el tráfico de personas y la explotación sexual es algo muy lejano y que no va a pasar en su edificio o en su barrio y claro, se equivoca. Conforme más conscientes seamos de que se trata de un problema global y de que no debemos de mirar para otro lado, se avanzará en su supresión.
El pasado 23 de septiembre, se celebró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Una fecha que se viene celebrando desde 1.999 y que recuerda la primera ley que se promulgó en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina y salió adelante el 23 de septiembre de 1.913. En España, no es hasta el 2.010 cuando se hace una diferenciación penal entre la trata de seres humanos y la inmigración clandestina, reservando un tipo penal para perseguir lo que se puede denominar como la esclavitud del siglo XXI.