La Policía Española puso en marcha en 1977, una Brigada Especial cuando se despenalizó el juego y la denominó de Control de los Juegos de Azar y Apuestas. Desde entonces, vigila que jugar y apostar en Salas y Casinos sea totalmente seguro.

Cuatro décadas después, el escenario ha cambiado mucho y los Salones de Juego suman más de 3.000 pero la misión de la Policía sigue siendo la misma : controlar que el sector cumpla las normas y que no se implique en actividades delictivas como pueden ser los amaños de apuestas, las estafas o el blanqueo de capitales. También para que el jugador sepa que puede acceder tranquilo a una actividad lúdica y segura; que sepa que no le van a engañar.

Ahora que se ha abierto el debate sobre una nueva regulación del sector por parte del Ministerio de Consumo que afectaría sobre todo a la publicidad con el objetivo de proteger a los menores, hay que tener en cuenta que la problemática del juego es compleja por el conjunto de normas diferentes a la que está sujeta.

Con arreglo a la legislación vigente, el Gobierno Central tiene la competencia en los juegos de azar en línea : apuestas, juegos de Casinos, máquinas de azar ; póquer y bingo; además de los juegos que se producen en todo el territorio nacional, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles ( ONCE ) y las Loterías y Apuestas del Estado. Mientras que las Comunidades Autónomas son competentes en los de ámbito territorial como las Casas de Apuestas presenciales y los Salones de Juego.

A pesar de contar con  17 regulaciones territoriales sobre la mesa más las propias de cada actividad ya que hay normas para las máquinas recreativas y otras para los Casinos, se puede afirmar que las Salas de Juego cumplen con la normativa, con carácter general.

Si bien, desde 2.014 el juego -en su conjunto- no da dejado de crecer, las sanciones de las Inspecciones no han ido a más. Desde la óptica policial, no se contempla ningún problema social que no se pueda corregir. La última Memoria Anual de la Actividad Policial de la Brigada del Juego y Apuestas, correspondiente al año 2.019, indica que se realizaron 64.524 inspecciones y se levantaron 1.464 Actas de Inspección de todo tipo, que iban desde el incumplimiento del horario de apertura que lo regula cada Comunidad Autónoma; hasta que algún jugador estuviera fumando en el interior del local o la presencia de personas indocumentadas, de menores o de jugadores que tiene prohibido el acceso al establecimiento.

De estos últimos, existe un fichero de la Dirección General de Ordenación del Juego en el Ministerio de Consumo en el que aparecen los datos de unas 50.000 personas para que no se les deje entrar en los Salones de Juego. La mayor parte de ellos se han registrado voluntariamente, conscientes del problema que supone en sus vidas, su adicción al juego. Esta cifra indica, de manera clara, que hay mucha gente que juega y que es una actividad muy rentable en la que se mueven unos 9.000 millones de euros como dinero jugado.

Contra el mito de la gran afluencia de menores que tienen prohibido jugar, en septiembre de 2.019, se realizó la Operación Arcade, que consistió en Inspeccionar a 18.000 Salas de Juegos y el resultado fue que apenas encontraron a 30 menores.  Ello es debido a que la multa es de 9.000 euros si se sorprende a un menor jugando y por eso el empresario es el primer interesado en evitarlo.

Otro de los mitos es el de Juegos Online, en el que se cree que existe barra libre y resulta que no es así. Hay mucho control aunque sea a través de internet. Es más fácil vulnerar el juego presencial porque para practicar aquel tienes que facilitar tu Documento Nacional de Identidad ( DNI ) además de abrirte una cuenta o utilizar una tarjeta bancaria, requisitos que dificultan bastante el acceso a los menores.

Este tipo de juego movió en España, el pasado año 2.019, 2.580 millones de euros frente a los 18.252 millones de juego presencial ( Casinos, bingos, Salas de Apuestas y Máquinas Tragaperras ); 2.161 millones de la ONCE y los 9.000 millones de Loterías y Apuestas del Estado.

Ya estamos en la Navidad, tiempo que requiere muchos gastos por las tradicionales celebraciones aunque este año sean más austeras por la amenaza constante del virus chino – parece que la gente y nuestros medios de comunicación se han olvidado donde se originó y por el nombre por el que debe pasar a la Historia- pero también es el momento de cobrar -algunos ya la han recibido porque se paga entre los dias 20 y 25 del presente mes de diciembre- la segunda paga extraordinaria del año, la conocida popularmente como la Extra de Navidad.

Este complemento económico, lleva ya muchos años, dando un pequeño impulso a las economías familiares y el derecho a percibirla está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores ( artículo 31 ) aprobado en 1.980 y se mantiene desde entonces, hasta su última actualización en el Real Decreto-Ley 2/2.015, de 23 de octubre. Además, ofrece la posibilidad de que el empleado pueda cobrarla prorrateada en doce mensualidades. En cuanto a su cuantía, suele ser igual al salario base del trabajador en función de su categoría profesional y nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

En la sociedad española tenemos asimilado que una de las dos pagas extraordinarias se abona en Navidad aunque la mayoría desconoce su origen. Esta gratificación es una herencia del Régimen de Franco que la instauró -no existía antes- a mediados de la década de los años 40 del pasado siglo, en plena hambruna de la posguerra civil española, siendo una peculiaridad nuestra que hoy podríamos decir que fue una especie de aguinaldo.

Por aquel entonces, los salarios de los trabajadores -el afortunado que lo tenía- se desplomaron y para hacer frente a las necesidades económicas de las familias, se estipuló que, en las Navidades de 1.944, los trabajadores de las industrias no reglamentadas, cobraran una paga extra equivalente al salario de una semana. Un año más tarde, en 1.945 esta medida se estableció con carácter general, dando lugar a un sueldo anual repartido en 13 pagas mensuales.

El Boletín Oficial del Estado de 9 de diciembre de 1.945, recogía una Orden del Ministerio de Trabajo por la que se establecía una gratificación equivalente a la retribución de una semana con motivo de las Fiestas de la Navidad.

La paga extraordinaria de verano, llegó un par de años más tarde, en 1.947, como consecuencia del buen recibimiento de la paga de Navidad por parte de los trabajadores. El franquismo añadía así otra retribución similar a la que se cobraba en Navidad. El motivo fue la conmemoración del 18 de julio como Fiesta de la Exaltación del Trabajo. e inicialmente concebida para celebrar el Alzamiento Nacional.

Las empresas no pusieron nunca ningún obstáculo al cumplimiento de esta disposición gubernamental porque de paso, suponía la mejora de la satisfacción del empleado porque las empresas eran conscientes de que un trabajador que no está contento con su sueldo, no rendirá al 100%. También incrementaba el compromiso y la fidelidad de los empleados, haciendo sentir al trabajador que se valora su trabajo. Y por último, favorecía la productividad porque un empleado feliz es más productivo.