LA ESTRATEGIA INMIGRATORIA SANCHISTA SE HACE EN CLAVE POLÍTICA.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Aunque el porcentaje de emigrantes respecto a la población mundial es muy inferior al que cabe suponer por el impacto que está produciendo en todos los ámbitos ( económico, social y político ), su número no deja de crecer y seguirá aumentando debido al desigual desarrollo de los países, la tendencia universal a la movilidad social y la facilidad en el transporte y las comunicaciones que son constantes de la sociedad global.

Por todo ello, los emigrantes eligen destino de su aventura en los países donde esperan encontrar mejores oportunidades. España, por un conjunto de diversas razones, es de los que ha tenido una mayor afluencia de inmigrantes en las últimas décadas. De no haber tenido lugar esta llegada de millones de extranjeros, nuestro país estaría hoy sufriendo una notable pérdida de habitantes al carecer de una política de protección de la natalidad y potenciarse el aborto aún en menores que habitan y dependen de sus padres.

Sucede que el recibimiento en Europa de personas procedentes de otros lugares, cercanos o lejanos, no siempre ha sido pacífico. El temor al extraño, las diferencias de culturas y estilos de vida y la sensación de riesgo para el bienestar propio por no hablar de la posible amenaza a la seguridad pública, han sido con frecuencia origen de tensiones y conflictos. Muchos europeos han sentido su estabilidad y su confort perturbados por la presencia inquietante de los recién llegados del mundo subdesarrollado.

De ese estado de ánimo han surgido movimientos políticos que han hecho bandera del rechazo a la inmigración. La sociedad europea está dividida al respecto pero lo cierto es que las actitudes contrarias y el apoyo electoral a los partidos populistas de la derecha conservadora han ido progresando hasta el punto de que son mayoritarios en algunos países y los gobiernos, del signo que sean, se ven obligados a definir una política inmigratoria en medio del desacuerdo de los ciudadanos.

Es lo que está ocurriendo en España con algún retraso. Y como es habitual entre nosotros, estamos abordando el problema con un planteamiento inicial desenfocado y un enredo adicional de segundas intenciones. España ha sido un país de emigración y ahora lo es, sobre todo, de inmigración. Los barómetros del denostado Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) constatan que los inmigrantes, procedentes la mayoría de Hispanoamérica, norte de África y Europa del este, están cada vez más presentes en nuestra sociedad y que el porcentaje de españoles que consideran esto como uno de los principales problemas del país va en aumento. Así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia europea y el potencial polarizador que manifiesta este asunto, se hace necesaria una actualización de la entrada, la estancia y en su caso la integración de los inmigrantes.

Pero hemos empezado mal la tarea. Dado el carácter tan polémico de la cuestión, antes de redactar normas y tomar decisiones es conveniente un debate público bien informado que no se ha querido tener. Ni siquiera ha habido el propósito de abrirlo. Por el contrario, lo que se ha hecho -intencionadamente- fue introducir el problema de lleno en la pelea política. El Gobierno sanchista, vencido en esta ocasión hacia el costado extremo izquierdo, proclama una retórica de puertas abiertas sin calibrar la suficiencia de los recursos disponibles y las consecuencias previsibles.

En el lado opuesto, la derecha radical, alineada en perfecta sintonía con el populismo europeo, eleva el tono en la cuestión inmigratoria y pone como condición para firmar pactos la adopción de medidas muy restrictivas, en particular contra la inmigración ilegal, sin disimular de paso su rechazo selectivo a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes

El Partido Popular ( PP ) ha acercado su postura a la de Vox, y en Extremadura, Aragón, Castilla y Leóny Andalucía se ha comprometido a aplicar una política sobre todo disciplinaria y de control con los inmigrantes indocumentados. ¿Es esta la política inmigratoria que propone el PP o el peaje que debe pagar para gobernar? Lo que es seguro es que los pactos autonómicos en esta materia servirán de munición en la campaña de las próximas elecciones generales, lo mismo, en sentido contrario, que la política del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Mientras el problema que suscita la inmigración no será tratado en unos términos consensuados, ni equilibrados.

Es un fenómeno de mayor o menor magnitud según la coyuntura, relevante e irreversible. La inmigración no cesará y la integración no siempre será natural y espontánea. Requerirá contención de las emociones, una política bien pensada, cuidadosa, si es posible acordada, que no debiera diseñarse por imposición de un gobierno o partido sin conocer las actitudes y la opinión de los ciudadanos. España carece de tal política. Pero la necesita si queremos reducir el problema y favorecer la convivencia.

El pasado 16 de abril dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que, de forma unilateral y sin consultas con la oposición, puso en marcha el Gobierno de coalición sanchista y que terminó el 30 de junio. Pese a que los criterios para acceder a esa legalización eran haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada, la falta de concreción ante determinados trámites, la documentación que se debía de aportar y la escasez de funcionarios para asumir la avalancha de solicitudes ha ocasionado numerosas imágenes de larguísimas colas de personas esperando a la intemperie, días incluso, el acceso a una cita para formalizar los procedimientos.

Las críticas ante este caos generado por este Gobierno escorado a la extrema izquierda, no han venido solo del lado de los partidos contrarios, llegaban también desde los sectores implicados, unos por la falta de formación de los funcionarios receptores ya que se ha habilitado a Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) para dichos procedimientos o incluso desde los sindicatos de la Policía que alertaban de la falta de rigor e imposibilidad de verificación de la documentación que se debía de aportar.

Pero, ¿ cómo ha llegado España a este proceso de regularización ? ¿ Estaba el país preparado para asumir una cantidad de legalizaciones que ni el propio Gobierno quería concretar -aunque lo sabía- para no alarmar a la población ?. La situación humanitaria en España empieza a ser inquietante: 10.004.581 personas que residen en España no han nacido en nuestro país. Frente a 39.566.144 nacionales. Es decir, que el 20,2% de los habitantes ha nacido fuera de España. Uno de cada cinco. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de diciembre de 2025. Los especialistas en inmigración estiman que una sociedad que tenga más del 10% de su población de origen extranjero empieza a estar tensionada.

Recientemente, conocíamos el Balance del Mercado Laboral de 2025, del sindicato Unión Sindical Obrera ( USO ), en el que demostraba que el paro en España alcanzaba el 15,5%, sumando 3.854.911 personas. Las cifras de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2026, indicaban que el número de extranjeros de alta en el sistema era de 3.210.000. Este dato ya denunciaba la falta de control inmigratorio y demostraba que están llenando España de personas que no son necesarias para nuestra economía además con perfiles mayoritarios de escasa o nula cualificación.

Por lo que generalmente son una carga económica para la nación (sanidad, educación, servicios sociales, subsidios, ayudas, etc, y ya empiezan a pesar entre los pensionistas), así como el principal agente presionador de precios de la vivienda y, según fuentes policiales, superan en cuatro veces la media española en cuanto a delincuencia. Mientras Europa se blinda e incluso aprueba el reenvío de inmigrantes a terceros países, en España sucede todo lo contrario y vota en contra de esa resolución.

Nuestro país, pese a carecer de una política inmigratoria clara, tiene la gran fortuna de que el 75% de la inmigración recibida es afín a nuestra cultura: el 48% procede de Hispanoamérica y el 27% de Europa, lo que modula el rechazo que hay al inmigrante en otros países de nuestro entorno en donde su origen mayoritario es africano, tanto magrebí como subsahariano como ocurre en Francia o Italia, por ejemplo. En España, la inmigración procedente del continente africano es moderada, solo del 17% del total. Pero las altas tasas de paro de magrebíes y subsaharianos que alcanzan el 25%, así como de la segunda generación de inmigrantes, con un 17%, representan un fracaso en la integración y conllevan un riesgo para la cohesión social y un coste impagable para el estado de bienestar.

Además, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros están muy por debajo de las de los nacionales españoles. La media de un español es de 2.275 euros. Le sigue la de los inmigrantes europeos con 1.850 euros. Mientras que la cotización media de los hispanoamericanos es de 1.585 euros. La de procedentes de África es de 1.554 euros y la de asiáticos de 1.499 euros. Ya está pasando que la Seguridad Social no puede atender el pago de todas las pensiones con unos ingresos tan bajos por lo que se está viendo obligada a recurrir a la ingeniería financiera para no recortar las retribuciones a los jubilados, empezando por los españoles nacionales..

La inmigración regulada no solo protege de abusos al inmigrante sino que beneficia a la nación al importar mano de obra cualificada para determinados sectores económicos que no cubren sus demandas con la población laboral nacional. Pero ese no es el criterio del actual Gobierno populista de Pedro Sánchez ya que este acoge a todos los que lleguen, con independencia de su preparación y el consiguiente problema económico y social que genera.

El Ministerio del Interior, al mando de Fernando Grande-Marlasca, ha decretado como «secreta o reservada» toda la información sobre la regularización masiva que reclamó el Partido Popular en el Congreso. Así consta en una respuesta remitida al citado grupo parlamentario que previamente había registrado varias peticiones para acceder a los informes técnicos.

«Por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley.»

De este modo y mediante estos Acuerdos, se otorgaron con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO: «según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdoso convenios. Entre ellos, una copia de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidades Policiales de ella dependientes, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales ( UCRIF ) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ( CENIF ) sobre la regularización masiva» y sobre los que el Gobierno se niega a facilitar los datos requeridos.

Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, ha sacado a la luz la resolución en la red social X (antiguo Twitter) y ha arremetido duramente contra el Gobierno de Sánchez. «Interior no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión. Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años. Son una mafia!!», ha advertido. El Gobierno sanchista no sólo se escuda en el secreto oficial, sino que asegura que «no le consta la existencia de dichos informes» solicitados .