EL CASO DE LAS PULSERAS DE LOS MALTRATADORES QUE PARECÍAN COMPRADAS EN «EL CHINO» DE TANTO COMO FALLABAN.

La violencia contra las mujeres era una de las banderas de las que se había apropiado el feminismo militante de la izquierda política, Esta expresión de la desigualdad le costó la vida a 48 de ellas el pasado año en España. En lo que va del presente ya son 28. La persistencia de este desgarro obliga a una permanente atención de las instituciones para identificar los problemas que se den en esta amenaza cambiante y las lagunas que puede haber en el sistema de protección; a dedicar los recursos necesarios y aplicarlos con eficacia y también a la máxima transparencia posible cuando se detecten insuficiencias porque así lo requiere el sufrimiento de las víctimas de esta lacra.

Lamentablemente, nada de ello se ha hecho con el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta, previo al 20 de marzo de 2.024, de hombres maltratadores con órdenes judiciales de alejamiento de sus ex-parejas controladas por pulseras telemáticas. El mecanismo de control del sistema, llamado Cometa, que vigilaba las 4.500 pulseras instaladas a nivel nacional, produjo un vacío de datos al cambiar de proveedor técnico y tener que trasladar del anterior al nuevo la información que contenía.

Con ser grave este fallo que ha desprotegido a miles de mujeres durante al menos 8 meses, lo agrava mucho más el que se haya conocido porque la memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado año, sostiene que los fallos de esta mudanza provocaron una gran cantidad de perjuicios para las víctimas de estos delitos porque en la celebración de sus respectivos juicios, sus transgresores han sido declarados inocentes al no constar las infracciones cometidas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se afanó desde un principio, en negar riesgo alguno a las mujeres portadoras de este dispositivo de alerta, cuando ha sido notorio que este resquicio se ha cubierto con un oscurantismo que va más allá de la imprescindible confidencialidad en un servicio público tan sensible. Para empezar, la dación de cuentas es imposible si las autoridades concernidas no explican, ni las consecuencias del fallo, ni el tiempo que duró. Pero lo que resulta hiriente es que la ministra culpe a los fiscales por denunciar los hechos acusándolos de alarmistas y trate de escudarse en que lo ocurrido solo ha repercutido en el 1% de los dispositivos, como si eso no implicara ya un riesgo.

En cualquier otra democracia que no sea la sanchista, el escándalo de las pulseras habría costado el cargo a todos los responsables políticos del ministerio implicados con la ministra al frente. Obviamente esto no será así y los esfuerzos oficiales se están centrando en sacar adelante el relato que los exoneren y avale el rigor de sus conductas en este despropósito que ha beneficiado a un número indeterminado de supuestos delincuentes y ha generado tanto miedo y desconfianza en las víctimas.

Por lo demás, el desenlace de todo este asunto es que aquí nadie asume responsabilidades políticas y por tanto, el Presidente del Gobierno no la dejará caer aunque encima le haya estropeado toda la estrategia sobre el conflicto palestino que había preparado para esta semana, discurso en la Asamblea de la ONU incluido.

A pesar de todo el esfuerzo gubernamental por tapar este monumental escándalo, se ha logrado saber que meses antes de que la Fiscalía advirtiera de la gran cantidad de absoluciones de maltratadores por los fallos en las pulseras, magistradas expertas en violencia de género ya habían alertado de las taras del sistema, apelando a las deficiencias de estos dispositivos telemáticos que lastraban su plena utilización.

Una de ellas, ha sido la actual vocal del Observatorio para Violencia Doméstica y de Género. Otra fue la ex-presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, que se pronunció en similares términos a los de su compañera de carrera, durante su comparecencia el pasado 18 de junio en la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que ya entonces advirtió que no había pulseras de protección para las víctimas del maltrato y que el sistema estaba perdiendo recursos y medios para las mujeres que lo necesitaban.

Una vocal del actual Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que esta falta de efectividad constituye un problema especialmente grave en las zonas rurales ya que se disparan las alertas por falta de cobertura generando un sentimiento de inseguridad. Otra magistrada más, ha manifestado que no era excepcional que el sistema se convirtiera en un auténtico instrumento de tortura para las víctimas las que, en ocasiones, recibían advertencias de madrugada de que su agresor estaba fuera de control.

Estos testimonios confirman y ponen sobre aviso los fallos del sistema de pulseras, después de haberlo hecho la Fiscalía en su última memoria anual que advertía que se habían producido una gran cantidad de archivos provisionales o sentencias absolutorias de causas con motivo del cambio de prestatario del sistema Cometa. Además de precisar que en el volcado de datos de una empresa a otra, entre finales de 2.023 y principios de 2.024, se perdió mucha información almacenada relativa a los investigados hasta el extremo de que el propio Centro Cometa avisaba a los juzgados de que no podían certificar los hechos anteriores a 20 de marzo de 2.024, perdiéndose así un elemento de prueba imprescindible para poder formular la correspondiente acusación. Se tiene constancia que. a fecha de hoy, no se ha resuelto la mencionada incidencia del sistema y se desconoce cuándo pueda ser solventada.

Si bien la ejecución del cambio de contrato de una empresa a otra se ha hecho con la ministra Redondo, la adjudicación del mismo, la realizó su predecesora Irene Montero, dirigente de Podemos, que avaló el nuevo contrato bajo la premisa del bajo precio y que la evaluación técnica ya avisaba del diseño deficiente del proceso de transición. Abriendo así un boquete que amplía el desaguisado causado por los estragos de la ley trans y especialmente de la del si es si -ambas patrocinadas por la señora Montero- que permitió la excarcelación de un millar de agresores sexuales, beneficiados por una deficiencia de la propia ley, con lo que ocasiona un daño irreparable a la política feminista de Pedro Sánchez, cuyos réditos electorales tan bien le habían funcionado hasta ahora. Las nuevas pulseras que compró Irene Montero, también están a la venta en distintas plataformas chinas de venta por internet, como por ejemplo en la conocida empresa Aliexpress.

El Gobierno social-comunista que está pero no gobierna, ha hecho lo que mejor sabe hacer, armar un relato exculpatorio en el que, en resumidas cuentas, no ocurrió nada, tampoco estuvo ninguna víctima en peligro y todo funcionó a la perfección. Después de esto y conforme al guión previsto: cero explicaciones, nula rendición de cuentas, mentiras y espantadas, con el colmo del descaro personalizado en la ministra Ana Redondo señalando a la Fiscalía General del Estado por poco más o menos, hablar de lo que no sabe e inflar un globo cuando apenas se dio un murmullo.

La verdad de lo ocurrido y que nunca los políticos dirigentes van a aceptar es que se pusieron en peligro la vida y la integridad de miles de víctimas de violencia de género por racanear en lo que no se debía y apostar por dispositivos electrónicos sin garantías y en contra del criterio de los expertos y por no rectificar a pesar de las señales de alarma de las autoridades judiciales y policiales competentes. Decir, como han defendido los ministros Ana Redondo y su compañero de filas, Félix Bolaños, que no supieron nada es engañar a los españoles en un asunto tan sensible que demuestra la talla moral de esta izquierda impostora.

El pasado miércoles, la ministra Ana Redondo fue reprobada en el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular ( PP ) por su fracaso en la gestión de las pulseras telemáticas que deben de proteger a las víctimas de la violencia de género, moción que no le obligaba a dimitir de su cargo del que solo puede salir a petición propia o que la cese el Presidente de Gobierno, el que desde Nueva York la ha confirmado en el mismo, mostrándole así su confianza. Como consecuencia de ello, la ministra ha anunciado la licitación próxima de un concurso para sustituir las pulseras defectuosas en mayo de 2.026 cuando venza el actual contrato.

Denunciar lo ocurrido por esta negligente y dolosa gestión es un deber ciudadano que debe acarrear consecuencias políticas. Las mujeres no pueden fiarse de un Gobierno con esta indecente escala de valores que prioriza ponerse a salvo antes que hacerlo con las maltratadas que encima cree que si solo afecta a un 1% de ellas es tolerable.