El Consejo de Ministros de este Gobierno social-comunista que disfrutamos, aprobó en noviembre de 2.024, una reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de mayo con la pretensión de facilitar la residencia y la inserción laboral de centenares de miles de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España por haber entrado en el territorio nacional sin la documentación necesaria, sin las autorizaciones correspondientes y que comprende también a los familiares que hayan venido o traido después de encontrarse aquí.
La propuesta fue realizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y básicamente se trata de la reforma del Reglamento que ya fue cambiado en el 2.022. Con las novedades que se incorporan ahora se estiman en unos 300.000 los extranjeros que se podrán legalizar de media cada año y especialmente durante los proximos tres años, según explicó la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mencionado y que calificó como la reforma más ambiciosa e integral desde que esta norma entró en vigor hace 13 años.
En la actualidad, hay casi tres millones ( 2,9 millones exactamente ) de trabajadores cotizando que han nacido fuera de España, representando algo más del 13% del total de afiliados a la Seguridad Social. A uno de abril pasado, y según datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ), en España había 7 millones de extranjeros con residencia legal ( 6.947.711 ). Es importante distinguir entre población extranjera y población nacida en el extranjero. El número de personas nacida en el extranjero es mayor ya que incluye a aquellos que han adquirido la nacionalidad española a través de los correspondientes procesos de nacionalización ( 500.000 en los dos últimos años ). La suma de ambos alcanza ya los 8,8 millones de personas, un 18,1% de la población total.

Las primeras legalizaciones previstas deberían estar resueltas para finales de este año de 2.025 o principios de 2.026, dependiendo de la carga de trabajo de las distintas Oficinas de Extranjería que ya están de por sí colapsadas y que no están suficientemente preparadas ni dotadas de los recursos necesarios para la avalancha de solicitudes que se esperan recibir.
Las nuevas modificaciones que contempla esta normativa son principalmente cuatro. Por un lado, se refuerza el arraigo por formación lo que implica que un extranjero que esté cursardo estudios de formación profesional o superiores pueda solicitar un permiso que le autorice a trabajar a tiempo parcial y el empleo no tiene que estar relacionado con la formación que esté cursando. Hasta ahora la formación permitía residir pero no trabajar.
La segunda novedad incluye la reducción de los plazos para pedir el arraigo social. De tres pasa a dos años la residencia del extranjero en España para pedir permiso de trabajo. La tercera novedad, es que para acceder a ese permiso de trabajo ya no será necesario acreditar un pre-contrato con una empresa requisito hasta ahora imprescindible. Y la cuarta y última gran novedad, es que el extranjero que haya obtenido la nacionalidad española pueda traer a España a cualquier familiar de primer grado: pareja, padres, hermanos e hijos y que esta ya llegue con autorización para trabajar.

En resumen y según expuso la ministra, el nuevo Reglamento de Extranjería acorta plazos, simplifica procedimientos y aporta más garantías y rigor jurídico a todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en España porque el objetivo que se persigue es legalizarlos a todos y a los familiares directos que puedan traer.
Esta reforma del Reglamento de Extranjería es diferente de la inicitiva legislativa popular para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya viven ilegalmente en España porque están indocumentados, ocultan su nacionalidad, nombre real y edad; entraron en el territorio nacional sin ser controlados en ninguna frontera y se desconoce su cualificación profesional o si carecen de antecedentes penales. Se busca beneficiar alrededor de 500.000 inmigrantes sin papeles que se mueven por España con total libertad, a propuesta de más de 600.000 firmas y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
Esta iniciativa ha sido reactivada por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que llevaba año y medio en un cajón del Congreso de los Diputados durmiendo el sueño de los justos porque se han dado cuenta ahora que al menos 200.000 extranjeros ilegales no cumplen los requisitos que exige el nuevo Reglamento debido a varias lagunas que presenta su defectuoso texto.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los casi 49 millones de habitantes de España, nueve han nacido en el extranjero, lo que representa casi el 20% del total de la población. Estas cifras indican que los flujos inmigratorios están en niveles máximos pero no existe una política de Gobierno para afrontar esta situación Parece que lo que se hace se basa en la idea de vente y cuando ya estés aquí, lo arreglaremos.
Si se echa un vistazo para ver que están haciendo otros países con su política inmigratoria, nos encontramos que lo que buscan es una inmigración cualificada que facilite la integración de los que llegan tanto en la sociedad como en el mercado laboral. En España, como se está haciendo, parece que las cosas se hacen solas y si queremos evitar tensiones sociales como las que se están dando hay que planificar necesariamente la economía y el mercado de trabajo.
Con arreglo a varias encuestas publicadas en los medios de comunicación social el pasado mes de julio, el 73,4% de los españoles consideran excesivo el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España. También que entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que forma el Gobierno central en coalición con los comunistas de Sumar, casi el 60% dice que hay que endurecer la política contra la inmigración ilegal y que el 85,6% de ellos apoya expulsar a los extranjeros que cometan delitos.
Querido amigo Juan Francisco, sobre el tema que relatas acertadamente en tu artículo, nos encontramos como en otras ocasiones con intereses políticos únicamente.
Lo que pretende éste presidente que sufrimos, es tener votos que le permitan mantenerse en el poder un día más, y ha visto un filón en la inmigración ilegal, y no dejemos de lado la edad para votar si la rebajan a los dieciséis años, con una paguita por la cara, tiempo al tiempo que esa mente no para de cavilar sólo para su interés particular.
Se trata de despistar a la gente tomándonos por tontos, ya que no puede decir la verdad ( desconoce esa palabra ), pues todos estamos de acuerdo en legalizar a los inmigrantes legales, que tanto necesita nuestra España, pero que queremos que los que no tienen trabajo ni ganas de conseguirlo, como los delincuentes que se han colado y se les permite campar a sus anchas, sin respetar nuestra forma de vida, queriendo imponer sus costumbres sean deportados a su lugar de origen sin más trámites.
Su gran problema es que tendría que darle la razón a los partidos de derechas, y eso nunca lo hará por egoísmo personal, anteponiendo cualquier mentira o promesa a sus acólitos que le apoyan a ojos cerrados, por sus intereses y sueldo bien remunerado, pero sin méritos profesionales.
Esperemos que la situación política cambie lo antes posible, y que los inmigrantes que se integran y trabajan, estén todos legalizados y puedan desempeñar su trabajo con todas las garantías, derechos y obligaciones, que tienen los españoles de bien.
Un abrazo de tu amigo Fernando.
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Tienes toda la razón del mundo y que yo comparto. Gracias por tu comentario, Fernando. Un abrazo.
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