EL SINDICALISMO ACTUAL EN LA PROSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

En España, la prostitución es una actividad alegal. El Gobierno actual y gran parte de los grupos feministas apoyan una postura abolicionista que supone descartar esta práctica como un trabajo sino como una forma de explotación de la mujer.

Toman como ejemplo, el modelo de Suecia que persigue y multa al cliente y no a las mujeres. Muchas grandes ciudades y capitales de provincias españolas, tienen ordenanzas municipales en las que consideran a estas personas como víctimas de la violencia de género. Nuestro Gobierno socialista prometió una legislación propia sobre el proxenetismo aunque hizo una tentativa en el Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2.024 que fue rechazada al no conseguir el grupo parñamentario socialista los apoyos necesarios y se quedó solo.

En la actualidad, la prostitución en España no tiene regulación por una ley concreta, lo que conlleva la ausencia de reconocimiento de derechos a quienes la ejercen y la falta de tipicidad penal del ejercicio de la misma pero sí existen algunas actividades relacionadas con el proxenetismo que son ilegales, si bien la prostitución en sí no es ilícita. Sí se ha acometido de manera parcial en la trata y explotación de mujeres que está regulada -principalmente- por la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual que incorpora la trata de mujeres con fines de explotación sexual como una forma de violencia sexual. También, se establece un itinerario de atención integral a las víctimas, incluyendo medidas para la investigación y prevención de la demanda de explotación sexual.

Otra forma de abordar la prostitución es a través del modelo regulacionista, presente en Alemania y Holanda, donde se reconoce a las mujeres su condición de trabajadoras y por tanto, su derecho al desempleo y a la asistencia sanitaria. En España son varios los ayuntamientos que defienden la regulación de la prostitución cuyo número varía en función de la mayoría política que conforme el respectivo equipo de gobierno.

Una de las dificultades para abordar la posible organización de la prostitución, son las cifras. No existe ningún censo oficial sobre esta actividad por lo que hay que moverse en el terreno de la estimación, con  las consiguientes posibles salvedades. Para la Policía, la mayoría de las prostitutas son víctima de trata. En cambio, los informes conocidos hasta ahora del Parlamento Europeo, hablan de una de cada siete. Otros organismos oficiales establecen entre un 70 y un 90 % las prostitutas que controlan los grupos criminales.

Este eterno dilema sobre sí o no a la prostitución, volviò a la actualidad a raíz de la inscripción en el Registro de Organizaciones del Ministerio de Trabajo, del sindicato de prostitutas, Organización de Trabajadoras Sexuales ( OTRAS ), el 4 de agosto de 2.018, por la que se reglamentaba la actividad sexual mediante precio y se consideraba una autorización encubierta.

Este debate ya se llevó por delante a la Directora General de Trabajo del Ministerio de igual nombre, responsable de haber consentido la inscripción registral y que después se quiso impugnar por la vía judicial. Este procedimiento contaba con el informe favorable de la fiscalía al considerar al sindicato un fraude de ley al pretender usar la vía administrativa para establecer unas relaciones laborales que podían ser hasta delictivas ( no poder rechazar clientes, negarse a determinadas prácticas, imposición de horario de trabajo y condiciones del mismo…. ) y manifestaba que para regular esta actividad debía de hacerse por la vía legislativa.

Hasta que no se pronunció la Audiencia Nacional que era la competente para el caso, el sindicato OTRAS  se constituyó y trató de desplegarse por todo el territorio nacional. Las dos opciones que aquí se ventilaban y que se personaron en la causa judicial, contaban con importantes apoyos del mundo feminista que estuvieron desarrollando sus respectivas campañas populares en busca de un mayor número de adhesiones.

El 19 de noviembre de 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a través de la correspondiente resolución judicial, estableció que los Estatutos del sindicato OTRAS no eran válidos al declararlos nulos de pleno derecho. La Sala argumentaba que un contrato en el que el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales con quien le indique el empresario, a cambio de remuneración, debe de reputarse nulo.

El sindicato OTRAS interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que en junio de 2.021 sentenció que el sindicato tenía razón, reconociendo el derecho de las personas que desarrollan trabajos sexuales a sindicarse, al contrario del criterio que había establecido la Audiencia Nacional, siempre que ejerzan por cuenta propia pero no pueden darse de alta en la seguridad social, ni se reconoce una parte empresarial con quién negociar.

Tras esta importante victoria jurídica, el sindicato ya legalizado, ha confeccionado un proyecto de ley que terminó el verano de 2.024 y que desde diciembre pasado lleva realizando una ronda de consultas con los partidos políticos para que apoyen esta iniciativa que supondría reconocer como oficio el trabajo sexual y que atendiera los derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales.

El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Igualdad comunicó que renunciaban -por el momento- a su proyecto de ley de abolición de la prostitución por la falta de los sufientes apoyos parlamentarios. El Partido SocIalista Obrero Español ( PSOE ), lleva dos legislaturas batallando para sacar una ley abolicionista de la prostitución, sin éxito. Tanto el Partido Popular (PP) como sus socios habituales, incluido Sumar, tumbaron la iniciativa que se debatió hace un año en el Congreso de los Diputados, impidiendo su admisión a trámite.