EL ESPIONAJE MARROQUÍ EN ESPAÑA.

De nuevo, una sentencia judicial revela que los servicios de información de Marruecos mantienen una actividad frenética en el territorio español solo superada en agresividad por el espionaje ruso. La novedad es que el fallo conocido ahora destapa que nuestro vecino del sur ha llegado a desplegar en España a agentes que llevan trabajando ininterrumpidamente para el Gobierno marroquí al menos desde que reina Mohamed VI hace ya casi veinticinco años.

La Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional española, ha ratificado la denegación de la concesión de la nacionalidad española a un ciudadano marroquí después que el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) remitiera al tribunal un informe en el que detallaba que el solicitante era sospechoso de colaborar con el Gobierno africano desde 1.999 hasta la actualidad.

La sentencia, fechada el pasado mes de octubre de 2023, subraya que el supuesto espía en su trámite de alegaciones no desmiente que haya estado trabajando para los servicios de inteligencia del país vecino durante casi un cuarto de siglo. Por eso el tribunal pidió, en enero de igual año, al CNI un informe ampliatorio sobre la colaboración mantenida por el demandante con servicios de espionaje extranjeros después que el solicitante recurriera la resolución de la Dirección General de Registros y Notariado dependiente del Ministerio de Justicia de denegarle la nacionalidad española a pesar de que el citado llevaba una década de residencia legal en España que es uno de los requisitos básicos que tenía que cumplir.

A la vista de los nuevos datos aportados por el servicio secreto español, la Audiencia Nacional confirmó la decisión del órgano del Ministerio de Justicia de negarle la ciudadanía española por motivos de seguridad nacional.

Este caso, no es ni mucho menos el único conocido hasta ahora. Desde hace al menos una década, el CNI ha conseguido destapar hasta en siete sentencias judiciales las actividades de espionaje en España de un país extranjero que en el mundo diplomático califican como socio leal y responsable. En todas las ocasiones, ha sido de igual forma que a la ocurrida ahora, tratando de impedir que estos agentes consiguieran la nacionalidad española a través tanto de la vía administrativa como de la judicial.

Ya el Tribunal Supremo español, a partir de sentencias realizadas entre los años 2011 y 2013, sentó la doctrina que se iba a seguir en el futuro y que pasaba por una mayor implicación del CNI. Hasta entonces el servicio de inteligencia español no acreditaba los motivos por lo que consideraba que era un asunto de seguridad nacional y no aportaba más datos. A partir de ahí, se le pidió que tenía que ofrecer un mínimo de información sobre las razones determinantes de su decisión y es lo que se está haciendo hasta ahora con bastante éxito aunque ello suponga ir conociendo -mínimamente- operaciones de espionaje marroquí que siguen protegidas con el grado de confidencial o secreto.

También hay que recordar que el espionaje marroquí es el principal sospechoso del robo de información de los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca y de la Defensa, Margarita Robles, descubierto en el año 2021 y llevado a cabo mediante el sistema electrónico Pegasus que comercializa una empresa israelí aunque solo a Gobiernos y no a empresas o particulares.

Llama mucho la atención que todas estas actividades que han llegado hasta el nivel de hacerlas públicas ( existen otras mucho más numerosas e importantes que siguen siendo desconocidas por la población en general porque están protegidas con la clasificación de secretas ) se mantengan inmunes a los vaivienes diplomáticos entre España y Marruecos del tipo de la crisis provocada por la acogida española del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali en abril de 2021 o la de marzo de 2022 tras el reconocimiento de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.

Estando así las cosas, en mayo del año pasado 2023, otra sentencia de la Audiencia Nacional destapó una red marroquí de espionaje a ciudadanos saharauis en España, tras una informe del CNI que recomendaba negar a nacionalidad española a un peticionario por su colaboración con los servicios de información marroquíes desde el año 2010, sobre todo avisando de los movimientos de los integrantes del Frente Polisario y colonia marroquí residente en España.

En septiembre de 2022, en otra sentencia de nacionalidad de la Audiencia Nacional, desveló la existencia de un grupo de espionaje marroquí basado en los Consulados de Sevilla y Madrid desde al menos 2016. Otra sentencia del mismo órgano judicial de enero de 2020, destapó una red de informadores que operó entre los años 2008 y 2016, con base en el Consulado de Marruecos en Las Palmas. Y un fallo de ese mismo tribunal descubrió otra trama que entre 2002 y 2018, trabajó bajo la tapadera de un supuesto desertor del ejército marroquí.

En marzo de 2015, el CNI hizo pública la desarticulación de la mayor red de espionaje conocida hasta entonces para conseguir la expulsión de España de su responsable. Ese grupo radicado en Barcelona y que actuaba desde el año 2000, elaboró numerosos informes periódicos para favorecer la difusión de ideologías religiosas extremistas y usó una red de confidentes y colaboradores distribuidos por las cuatro provincias catalanas para manipular las voluntades de los representantes musulmanes en Cataluña.

En julio de 2013, siempre la Audiencia Nacional que es el tribunal competente para estos casos, en otra sentencia reveló la existencia de un grupo establecido en Granada y con estrecha relación con el Consulado marroquí de Almería que era del que dependía pero dirigido desde Tetuán por la inteligencia de ese país magrebí.