LA EXCARCELACIÓN FRAUDULENTA DE LOS PRESOS DE ETA.

El pasado 22 de agosto, los representantes de SARE ( Red ciudadana de apoyo a los presos de ETA ) acudieron a su cita anual en San Sebastián para informar públicamente del balance que realizan sobre la situación de los reclusos de ETA y como se les está aplicando la Ley Penitenciaria. Indicando que seis años después de la desaparición ( supuesta, digo yo ) de ETA, hay 148 presos de la banda terrorista cumpliendo condena, 126 son hombres y 22 mujeres. Del total, 142 se encuentran en cárceles del País Vasco y Navarra y otros 6 en prisiones de Francia.

Hasta esa fecha, 24 internos de la organización terrorista habrían pasado al denominado tercer grado ( solo regresan a dormir ) y a otros 20 se les permitía salir de prisión a realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados. Dicen que lo hacen siempre en el marco de la normativa legal y con el visto bueno, tanto de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario, como del Gobierno vasco que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones desde 2.021, como pago al apoyo de la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en la anterior y la presente legislatura, tanto del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) como de Recoger ( EH-BILDU )

El entorno de ETA, sigue metiendo presión para que el Gobierno central consiga la salida de los reclusos que aún siguen encarcelados que por el tiempo de condena cumplida podrían ser más de un centenar los que podrían estar en régimen de semilibertad e incluso libertad condicional ya que piensan que los beneficios conseguidos hasta ahora se han logrado de manera limitada y contenida y no tratándose de manera adecuada a los presos de edad avanzada y con estados de salud preocupantes.

La comparecencia pública finalizó refiriéndose al cambio producido en la administración penitencia vasca tras las últimas elecciones autonómicas ( abril de 2.024 ) al pasar a depender de una Viceconsejería de Justicia dirigida por el Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) de la que esperaban que se reconocieran aún más los derechos de los presos para no cerrar en falso una época trágica de la historia reciente.

La reacción inmediata ante este cúmulo de pretensiones no se ha hecho esperar por parte del Colectivo de Víctima del Terrorismo ( COVITE ) en el que denuncia que la política penitenciaria que se está siguiendo con los reclusos de ETA, está vulnerando los derechos de las víctimas ya que se está excarcelando a estos presos antes de lo que les corresponde y sin que cumplan los requisitos establecidos. COVITE afirma que ingresar en prisión por asesinar o haber ayudado a asesinar no vulnera sus derechos.

También da cuenta de los 71 actos de apoyo a ETA en las fiestas patronales del territorio vasco y navarro en este verano, 25 de los cuales estaban incluidos en los programas oficiales de los ayuntamientos que EH BILDU controla. Se trata de exhibición de pancartas, pintadas o carteles con rostros de presos de ETA, acompañados de la exigencia de su puesta en libertad. También se han celebrado bailes, brindis y conciertos con el mismo fin. Cosa impensable en cualquier país democrático.

Aunque la nueva Consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno autonómico vasco, la socialista Maria Jesús San José, prometiera en el Parlamento Vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA, los hechos la desmienten ya que ha decidido continuar con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no están arrepentidos, tal y como hacía el PNV que en el anterior ejecutivo tenía en sus manos estas competencias ( 68 desde 2.021 )

Fruto de ello, el pasado día 1 de octubre, se le concedió el tercer grado a dos terroristas que permanecían en prisión cumpliendo sus condenas. Se trata de Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del PSE Fernando Buesa y al agente de la Policía Autonómica Vasca ( Ertzaintza ) que ejercía de su escolta, Jorge Díez Elorza., en Vitoria en el año 2.000.

Y de Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por tres asesinatos cometidos también en el año 2.000 en Andalucía, al concejal del PP de Málaga, José María Martín Carpena; al del que era Fiscal-Jefe de Andalucía, Luis Portero Gracía, en Granada y al coronel del Ejército del Aire, Antonio Muños Cariñanos en Sevilla.

COVITE ha censurado la decisión de otorgarles beneficios penitenciarios cuando ninguno de los dos cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes. Ambos terroristas fueron jaleados y exhibidos durante el pasado verano durante varias fiestas mayores de varias localidadesas en las que EH- BILDU ganó las elecciones.