LA AMNISTÍA QUE LEGALIZA LOS GOLPES DE ESTADO.

Por mucho que la justifique el conjunto de la izquierda parlamentaria, la amnistía que promueve el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) no refuerza la democracia, ni asegura el acatamiento de la Constitución Española por los independentistas, ni supone un reencuentro de estos con los demás españoles. Todo lo contrario. Es la pasarela a una democracia popular y el cuestionamiento de nuestro sistema político a través de un proceso que nos acerca demasiado a las repúblicas sudamericanas gobernadas por socialistas o comunistas.

Esta deriva popular consiste en tergiversar las normas constitucionales y anular los contrapesos al Gobierno en beneficio del partido político gobernante para su continuidad eterna en el poder. Se suele acompañar de la deslegitimación de la oposición política a la que se coloca en un trágala y de la supresión de la independencia judicial. Para esto se promueve una polarización extrema porque el proceso hacia una democracia popular necesita el conflicto para justificarse. Así, el partido político gobernante y sus aliados se atribuyen el derecho en exclusiva a gobernar en ese ambiente social.

Por supuesto que el ejercicio de los derechos no es en igualdad de condiciones como tampoco lo son las elecciones. La oposición política necesita un esfuerzo épico para llegar al poder más allá del lógico y necesario como ha ocurrido recientemente en Polonia, donde se encontraba un Estado colonizado por el partido político que gobernaba y un orden político diferente al inicial. Exactamente igual que el camino iniciado en España por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La amnistía de inexistentes delitos políticos a los que se acaba de unir el terrorismo es el comienzo de este proceso. Lejos de constituir una simple modalidad de clemencia, las amnistías han venido ligadas a momentos fundacionales y en contextos constitucionales como mecanismo de legitimación de alternativas opositoras. Tampoco podía ser de otra manera si se atiene a que la amnistía significa no un perdón como sería el indulto sino una legalización. En este caso, legalizar en España la sedición contra el Estado de Derecho y otros delitos comunes como se pretende con esta norma, es inasumible para una democracia que se basa en el principio básico del imperio de la ley.

Así ha sido siempre en nuestra Historia. Nada menos que 25 de las 27 amnistías generales que se aprobaron en España en los dos últimos siglos fueron medidas de un partido político que solo sirvieron para atizar las luchas civiles. Justo porque la amnistía significa el punto y final de lo existente y el inicio de algo nuevo como ha ocurrido en dos ocasiones, en 1832 ( ampliada en 1834 ) para lograr el apoyo de los liberales más moderados a la sucesión de Fernando VII en la persona de su hija Isabel y en 1976 ( ampliada en 1977 ) para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante el franquismo; que sirvieron al propósito de establecer un régimen constitucional.

Ambas se aprobaron antes de instaurarlo y se optó por amnistiar ante la imposibilidad de deslindar las responsabilidades de los bandos de una guerra civil y de separar con nitidez a las víctimas de sus verdugos. No había otra vía de restablecer una concordia que hiciera posible el cambio y el consenso. Y aún así, al legalizar la violencia pasada, se alentó su uso por parte de minorías subversivas de 1934 en adelante en la primera de ellas y de 1977 hasta la actualidad en la segunda. De ahí que una amnistía necesite para paliar su rechazo general de un consenso tan amplio o más como el de una Constitución.

La amnistía de Sánchez no parece responder al tipo de las mencionadas de 1832-34 y 1976-77 sino al de las amnistías de partido donde se suspende el imperio de la ley en beneficio de quien gobierna y de sus aliados con objeto de patrimonializar la democracia. Si sale adelante, legalizará y sublimará el uso de la violencia que se vivió en Cataluña en 2017. Y será peor que entonces porque Pedro Sánchez habrá desactivado la confianza general en la Constitución Española, deslegitimando la aplicación de la ley y desarmando a la fuerza pública y a los tribunales. También desprotege a los ministros, policías y jueces; lo que le acerca al ajuste de cuentas de las amnistía de 1931 y sobre todo, de 1936, la del Frente Popular.

Es escandaloso que se tergiverse la Constitución Española para suspender el Estado de Derecho y negar el ejercicio del poder judicial por un interés personal y partidista. La actual Constitución no recoge ningún tipo de amnistía para privar a las Cortes de un derecho de gracia que se atribuyó exclusivamente al Rey y solo a través del indulto particular como establecen los artículos 62.i y 102.3. Las Cortes solo legislan el procedimiento del indulto y que es estrictamente la materia a la que se refiere el artículo 87.3.

El sanchismo utiliza la mayoría parlamentaria para atribuirse el poder supremo, la soberanía popular de hecho que liquida el orden constitucional e inicia un proceso constituyente para destruir el verdadero sujeto soberano que no es ni más ni menos que la nación española. Una vez desautorizados tanto el artículo 2 de la Constitución que es el pilar de la democracia como el poder judicial que es el freno de la arbitrariedad del Gobierno socialcomunista y que asegura el Estado de Derecho, la pendiente autoritaria se agudiza.

La nación española y su Constitución actual, nos pertenecen a todos y es nuestro deber sostener y estimular a los altos poderes del Estado encargados de preservarlos. La Historia enseña que usar las instituciones de la democracia contra la democracia misma tiene siempre un triste final.