LOS BULOS NO SON DELITOS.

Durante estos meses de encierro en casa por el coronavirus, han estado circulando por las redes sociales todos los engaños, falsedades y bulos ( palabra esta que se ha puesto de moda ahora ) que se nos pueda ocurrir. Las noticias falsas han campado a sus anchas, hasta el extremo de obligar a controlar las informaciones engañosas que circulan para proceder a su borrado en Facebook, los avisos que incluye Twitter, los enlaces oficiales de las autoridades sanitarias, You Tube, Guasaps, Instagram…

Muchos de estos mensajes, se han descartado enseguida por ser mentiras demasiado descaradas pero ha habido otros que nos han hecho dudar y, aún así, los hemos reenviado. Los hemos difundido porque provenían de alguien en quien se confía y se han distribuido -a su vez- a contactos que se fían de nosotros. Y así, la mentira, se ha expandido exactamente igual que el virus.

La pregunta surge pronto : ¿ por qué pasa esto ?. Se me ocurren dos razones principales : por un lado, nos fiamos más de familiares, amigos y ese conocido que suele estar muy bien enterado de lo que pasa de verdad y, por otro, porque en general, se han dado muestras suficientes para desconfiar de este Gobierno que nos ha tocado en suerte, que nos inunda de información hueca para que seamos incapaces de discernir lo que es la realidad y sus efectos en esta pandemia que nos está asolando.

Dobles ruedas de prensa, repartidas en sesiones de mañana y tarde. Por la mañana, con abundancia de uniformes que dan potencia a sus datos y por las tardes, dos ministros desocupados que pasaban por La Moncloa y que no aportaban nada. Esta política informativa que estaba dando muy buen resultado y los ciudadanos seguían con interés, se vino abajo cuando a preguntas de los periodistas asistentes, los uniformados contestaron la verdad ( se les forma para no mentir ) y el castillo de naipes montado, se vino abajo.

Por eso abundan los mensajes tipo :  lo que pasa de verdad… y termina con… y no nos cuentan. Esta desconfianza se está agudizando en esta crisis sanitaria, después de una etapa de enorme descrédito de nuestros gobernantes y determinados medios de comunicación social adheridos, motivada por la mala gestión de la pandemia que nos ha llevado a cuestionar las recomendaciones de los científicos que resulta que, tras un largo batallar para conocer sus identidades, ahora nos hemos enterado que no existen. Mucho decirnos que : seguimos las indicaciones de nuestros expertos…serán los miembros del Comité quienes lo determinen.. para acabar conociendo que son las propias autoridades sanitarias, es decir, el Gobierno, los que lo han decidido todo, aparentando una asesoría científica que se ha revelado inexistente.

Para luchar contra la crítica a esta desinformación ( información manipulada intencionadamente para conseguir ciertos fines ), el Gobierno ha concebido y desarrollado un Plan para conocer la interrelación entre los ciudadanos que lo apoyan con los que le son críticos o indecisos en la gestión de la crisis sanitaria, para identificar grupos disidentes y neutralizar a quienes diseminan esos contenidos que no le gustan.

Así, un somero repaso por las redes sociales muestra que, aunque ahora sigue habiendo una mayoría de ciudadanos que apoya al Gobierno en la manera que está afrontando el problema para hacer frente al virus, los mensajes contrarios son mayoritarios porque son más activos y tienen una mayor capacidad para relacionarse con los indecisos que se limitan a observar el debate sin participar en el mismo.

A medida que se prorrogue el Estado de Alarma, como es intención del Gobierno hasta agotar el mes de junio, el número de población desaprobante crecerá y logrará ser tendencia en las redes y en los pocos medios de comunicación social que aún conservan su independencia. No se van a olvidar fácilmente todos los escándalos que se están dando en España con los test, las mascarillas, las cifras de fallecidos y contagiados…

El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, en su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el pasado 23 de abril ; para frenar el revuelo que había originado la declaración  pública del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, en la que aludía a la Instrucción dirigida a sus Comandancias Territoriales para el rastreo de bulos con el fin de minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno ; negó la existencia de una orden en ese sentido que tratara de censurar la libertad de expresión y de información y que lo que dijo el general fue un déficit de expresión; por eso la citada Instrucción sigue en vigor en el marco del Dispositivo DEC – COVID 19, de 13 de marzo ( mecanismo extraordinario de ciberseguridad que detecta e informa de posibles amenazas que, una vez evaluadas, se remiten a los Cuerpos Policiales para que se investiguen y se actúen con todas las garantías del Estado de Derecho ). La existencia de este Plan confirma que el general no se equivocó y dijo la verdad.

Continuó afirmando que, su departamento actuaría con todas las herramientas legales que les da el Estado de Derecho para luchar contra los bulos y la desinformación, a los que catalogó como los grandes aliados de la enfermedad ( refiriéndose al virus ), amparándose en el derecho a una información veraz.

Con gran habilidad en su retórica, el Ministro introdujo los mensajes críticos con la gestión gubernamental de la pandemia que tanto abundan en las redes sociales, en el mismo saco que el cibercrimen ( la delincuencia en internet ): estafas, fraudes, remedios o curas falsas para el coronavirus… Manifestando que, los Cuerpos Policiales ya habían identificado -en el marco de esa política- 274 eventos de desinformación ( noticias falsas ) y se habían bloqueado 45.773 dominios con actividades ilegales o dedicadas a la suplantación de la identidad de organismos oficiales o entidades bancarias.

Como todo el mundo sabe, hace años que las noticias falsas se extienden por las redes sociales y parece que nuestro Gobierno las ha descubierto ahora que muchas de ellas le son contrarias, aprovechando la mala gestión -como opinión generalizada cada vez mayor- que está realizando para luchar contra la pandemia.

Atajar los bulos desde la perspectiva jurídica, no es una tarea nada fácil porque por extraño que parezca, mentir no es delito, ni en el mundo analógico ni en el digital ; porque está en juego uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad moderna, recogido además en el ordenamiento normativo de todos los países democráticos : el derecho a la libertad de expresión.  

Por eso hay que llevar cuidado con el contenido de los bulos, su finalidad y sus efectos. Dado que, en términos generales, el bulo no es un delito, habría que examinar cada caso concreto y sus consecuencias, para saber si tiene encaje en el Código Penal porque no se puede sancionar como delito una cosa que no está tipificada como tal previamente. Por lo que habría que analizar si el bulo podría derivar en un delito de odio; una injuria o una calumnia, por ejemplo.

Consciente de esta dificultad, el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ( juez de profesión ) planteó el pasado 6 de abril en una de sus comparecencias públicas para explicar la gestión sanitaria, la necesidad de revisar los instrumentos legales con los que se cuenta para impedir los bulos o al menos para que no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación alguna, según sus propias palabras.

Para combatir el bulo, hay que tener en cuenta varios extremos : ¿ qué es lo que dice ? ; ¿ con qué objetivo ? ; ¿ cual es su finalidad ? ; ¿ qué efectos se han generado ?… Porque hay que valorar si el bulo es un medio para cometer un delito, como infundir odio hacia un grupo vulnerable ; injuriar o calumniar a una persona o incluso crear una alarma social que implique la movilización de recursos públicos.

Esto último si está recogido en el articulo 561 del vigente Código Penal que castiga a quien falsamente, afirme o simule una situación de peligro que provoque la activación de los servicios de Policía, asistencia o salvamento. Como se recordará, este tipo penal se puso hace muchos años para comportamientos como los avisos de bomba falsos que por aquel entonces tanto abundaban, especialmente en el ámbito educativo en tiempos de exámenes.

Ahora, en esta situación de alarma sanitaria, podría ocurrir igualmente, obligando a trasladar recursos de emergencias a un lugar cuando se necesitan en otro. Por eso dependerá de cada caso en concreto. El problema está en lo que se dice en los bulos y los efectos que provocan Si el rumor influye en el mercado o en los consumidores, como podría ser información falsa sobre valores de la Bolsa o en  la salud pública, si se promocionan productos o remedios milagrosos y perjudiciales; en ambos supuestos se podría estar ante comportamientos penados.

Por eso, en estos casos, hay que actuar con mucha cautela siendo conscientes que este es un terreno poco explorado, donde hay que definirlo -el bulo- porque no lo está y además, de manera muy clara, para saber hasta donde se está frente a una noticia falsa o ante una mera opinión crítica legítima. La máxima a tener siempre en cuenta es la misma : el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso hay que ser muy prudente.

A este respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional – que es el competente por tratarse de un derecho fundamental- tiene establecido que : la libertad de expresión tiene una peculiar dimensión institucional por ser garantía para la formación y existencia de una opinión pública libre, lo que la convierte en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. 

En la última sentencia que este tribunal ha dictado sobre un asunto de libertad de expresión, es del pasado 25 de febrero, en el que absolvía al cantante de un grupo musical gallego pionero en practicar el hip hop en español ( estilo musical de los barrios pobres neoyorkinos ) que había sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas  ; los magistrados apelaban a su propia doctrina para resaltar la necesidad de que la libertad de expresión goce de un cauce amplio para el intercambio de ideas y opiniones, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura, timidez, ni temor. 

Añadiendo que : el valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo, impiden cualquier actividad de los poderes públicos, tendente a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas. 

En esa misma resolución, los magistrados ponían de manifiesto incluso los riesgos derivados de la utilización del Derecho Penal en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio extralimitado de la libertad de expresión. Y alertaban de la desproporción que podía suponer acudir a esta vía y el efecto desaliento que ello puede generar. El mensaje que parecía destinado al Gobierno, era bastante claro con respecto a la política informativa que se estaba siguiendo con la pretensión de controlar la legal crítica de los ciudadanos.

El motivo de la preocupación de muchos ciudadanos es lo que aparece como el encubrimiento tras la pandemia, de prácticas intervencionistas en las libertades ciudadanas por parte del Gobierno. Piensan que, en la naturaleza de la parte extremista de la izquierda, sigue latente la pulsión por el ejercicio autoritario del poder, basado en su supuesta identificación con el pueblo y en la creencia de un arrogante monopolio de la verdad.

Este Gobierno, azuzado por su ala comunista, ha tejido una red de coartadas para limitar la legítima crítica política. Empezó con una ruedas de prensa pervertidas, con actos de censura previa que incluso dieron lugar a una huelga de inasistencia de periodistas y siguió con unas denuncias de doble fondo contra los bulos en las redes sociales para animar a la Fiscalía General del Estado a intimidar a la población disconforme con la acción política gubernamental.

Es cierto que, en estas redes circulan difamadores pero poca autoridad moral tiene el Gobierno en esta materia cuando sus ministros comunistas aplauden las vejaciones al Rey y disculpan como libertad de expresión, las apologías del terrorismo y la inducción a atentados en las letras de los cantantes raperos.

Y como prueba irrefutable de esa campaña antidemocrática, tenemos un organismo que debería de ser neutral por ser del Estado y no del Gobierno, el conocido Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ), convertido en una célula de agitación y propaganda pro-gubernamental, por supuesto.