La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2.018 y presentada el pasado 9 de septiembre, advertía del incremento espectacular de la llegada a España de menores inmigrantes en patera, un 199,61% más con respecto al año 2.017. Y del desbordamiento de la capacidad de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su atención. En concreto, durante 2.018 se localizaron a 7.026 menores inmigrantes, llegados por vía marítima de manera ilegal, frente a los 2.345 del año anterior.
La Fiscalía, destacaba también que, al igual que en años anteriores, no disponía de datos sobre los menores extranjeros que llegaban a la Península procedentes de Ceuta y Melilla, ocultos en los bajos de algún vehículo o por vía aérea.
También llamaba la atención sobre el número de niños subsaharianos ( mayormente procedentes de la República de Guinea y Costa de Marfil ) ; un total de 766, de los cuales 383 eran niñas y 372 niños; acompañados de adultos que afirmaban ser familiares de los mismos. En este sentido, de las pruebas de ADN realizadas para establecer la filiación, la mayor parte dieron resultado positivo : 318 de las 370 obtenidas.
En total, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados ( conocidos policialmente como MENAS ), figuraban inscritos a fecha 31 de diciembre de 2.018, 13.796 menores bajo la tutela o acogida de las Comunidades Autonómicas, que son quienes tienen la competencia para ello. De ellos, 12.825 eran niños y 971 eran niñas. En 2.017, sumaban ambos sexos 6.414 menores. En consecuencia, en el año 2.018, se ha producido un incremento del orden del 115% de los inscritos, con respecto al 2.017. Casi la mitad de los tutelados en toda España se encuentran en Andalucía.
Ante estas cifras. la Fiscalía propone una seria reflexión sobre este asunto y pide una actuación conjunta y coordinada de las distintas administraciones públicas implicadas, señalando la precariedad de los medios materiales disponibles para afrontar la protección de los menores, generando un malestar social al que además, se une el peligro de abocar a esos niños a la marginalidad o a la delincuencia.
La intervención de la Fiscalía General del Estado -a través de su organización periférica-en los expedientes administrativos de repatriación que realiza el Cuerpo Nacional de Policía y cuya ejecución es insignificante por la falta de colaboración de los países originarios; se basa en garantizar los derechos del menor que recoge nuestro ordenamiento jurídico y en el establecimiento de la edad que corresponde al médico forense, dado que los menores llegan indocumentados interesadamente para obstaculizar o incluso evitar, la devolución a sus países natales.
Sobre este último aspecto, la Fiscalía realizó 12.152 diligencias que equivalían a más del doble de las realizadas el año anterior y seis veces más que en 2.016. Haciendo una clasificación por provincias, Cádiz era la que más expedientes realizaba ( 4.113 ) por razones obvias ya que a sus costas es a donde llega el mayor número de pateras ; seguida de Barcelona con 1.853: Almería con 1.192 y Granada con 1.115. En la mayoría de los casos, se ha confirmado la minoría de edad, apareciendo Almería con el 50 % y Cádiz con el 52,6% de los casos, con estadísticas muy igualadas en este sentido.
La Memoria Fiscal incide también en la inexactitud de algunas de las actuales pruebas para calibrar la edad. Así, en Andalucía, se emplea como regla general la radiografía del hueso carpo sin aportar pruebas complementarias como la ortopantomografía o la clavícula, con una inexistente o excepcional intervención del forense o del radiólogo. La dificultad de realizar una medición certera se traduce, por ejemplo, en los 10 casos de las 23 alegaciones de minoría de edad en Madrid, que no pudieron determinarse.
De hecho, el año pasado el Comité de Derechos del Niño -organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) – condenó a España por primera vez- basándose en cuestiones como el amplio margen de error de las pruebas radiológicas y la ausencia de un informe psicológico de madurez o que no se cuente con un representante legal con competencias lingüísticas adecuadas; entre otras. Así, desde la propia Fiscalía se ha propuesto elaborar un Protocolo-Informe para todo el territorio nacional, de carácter multidisciplinar y respetuoso con los derechos humanos.
Asuntos Policiales 
Los datos objetivos aportados en este artículo son muy valiosos, pero no se analiza el fondo esencial de este fenómeno social, que debe ser visto con una visión muy amplia. España y Europa están inmersas en un laberinto de burocracia leguleya e intereses partidistas, mientras las mafias aprovechan la desesperación de los desgraciados para hacer caja.
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Por una razón u otra y mientras Europa se espabila, se aclara o se constituye ; España tiene colapsada su atención a los menores extranjeros y los costes disparatados, así como tampoco se vislumbra una solución a corto plazo. Nos estamos convirtiendo en una guardería africana y especialmente islámica. Que no nos pase nada.
Gracias Porfi por tu comentario. Un saludo.
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Algo no me cuadra: Por un lado, los 13800 menores que la fiscalía indica que hay en total en centros de acogida… la misma que dice que solo en el mismo año se hicieron unas 12000 diligencias…curioso; por otro lado, he oído en los medios que hay unos 35000 MENAS…otros medios hablan de 65000…uf…ese «baile» de cifras cuestiona los datos e indica el batiburrillo existente. Los 13800 yo no me lo creo en absoluto, eso debe ser solo en Andalucía si la memoria no me engaña. Es igual, el problema está ahí y al alza en cifras en crecimiento exponencial. Un gasto enorme e innecesario al que hay que sumar los costes del personal cuidador…me suena que todo está en torno a los casi 1000 millones de euros…habría que investigarlo, pues de ese gobierno-o desgobierno-uno no se puede fiar y cada día menos.
Además, parece ser que después cumplir los 18 años se les da una paga-al menos en Cataluña-mensual hasta los 24 caso de que no trabajen, como de hecho ocurre con la mayoría. Y, claro, Cataluña debe al Estado, y el Estado somos todos–por si alguien no lo sabe– unos 70000 millones. ¡Vaya pastel!, ¡vaya negocio!
España, un país de los pobretones de Europa y con una deuda PUBLICA de 1,2 BILLONES DE € (un millón doscientos mil millones), cifra similar a su PIB (en realidad, superior, ya que el PIB español casi todo el mundo bien informado sabe que está inflado en torno al 17% para que todas las macro-cifras relativas a ese dato sean menores; en realidad el PIB no llega al billón de euros). Como comparación con Francia por ejemplo, un país algo superior en habitantes al nuestro, tiene un PIB de unos 2,4 billones, lo que confirma lo pobres que somos.
Bien, pues eso hay. Problemas por todos lados que se ocultan a la opinión pública (como siempre tan indolente) y que nadie soluciona ni quiere hacerlo. Hablo de los llamados poderes públicos a los cuales pagamos.
Algunos me llamarán agorero,,,,pero las deudas hay que pagarlas, sino la prima de riesgo–miren a Grecia–sube y sube. Menos mal que los tipos de interés están bajos y nuestro padre, el BCE, nos quiere mucho y confía en nosotros…por la cuenta que le trae.
Por si alguien no lo sabe, la UE ya nos ha recordado recientemente–aviso a navegantes– que la deuda al BCE hay que pagarla como algo prioritario frente a otras, como ya se estableció hace unos años y se plasmó de hecho, por la puerta de atrás, en nuestra «Consti», algo que la gente tampoco sabe.
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Las cifras que maneja la Fiscalía son las que les proporcionan los organismos competentes y las que conoce a través de su participación obligatoria en los correspondientes expedientes de amparo. No tienen por qué cuestionarse. La protección de los menores extranjeros que llegan solos en patera es competencia de las Comunidades Autónomas y llega hasta los dieciocho años que es cuando está establecida su mayoría de edad. Algunas de estas Comunidades -sin tener obligación para ello- prolongan la protección de los adolescentes para que encuentren un trabajo, inicien estudios de Formación Profesional o de carácter universitario a través de particulares, onegés, etc. Otras, en cambio, los ponen directamente de patitas en la calle. Sea de una manera u otra, estamos hablando de mucho dinero que las propias Comunidades camuflan en sus Presupuestos -en varios Capítulos- para que el ciudadano medio no se alarme. Al final, llevamos camino de convertirnos en la guardería de niños africanos y de religión musulmana. Cada año vendrán más. Al tiempo.
Gracias José Manuel por tu comentario. Un saludo.
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Sin duda una de las mayores amenazas para la seguridad pública en los próximos años.
Y esto es así porque un menor, sin la correcta dirección moral de sus padres está abocado a la marginalidad, y de ahí con suma facilidad a la delincuencia.
Es urgente tomar la determinación de localizar, o al menos intentar la localización de sus padres para devolverlos a su entorno familiar, bajo la insustituible tutela de sus progenitores y en su propio entorno social y cultural.
De no hacerlo, España estaría cometiendo una sustracción internacional de menores.
Suena duro, pero hay que empezar a ver la realidad con los ojos desnudos.
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Como sabes, todos los expedientes confeccionados para la expulsión de los menores están condenados al fracaso porque sus respectivos Consulados no contestan a los requerimientos policiales de identificación ante la pasividad de nuestros Gobiernos centrales. Es así desde los años noventa cuando estos niños empezaron a aparecer. Mientras este asunto no se tome con la gravedad que representa, estamos alimentando a la bestia que no puede devorar en el futuro. Aunque la piel de su cuerpo es de varios colores, todos tienen una característica común : que son musulmanes y esto, aunque no se quiere reconocer, es una amenaza para nuestro futuro. De Marruecos y Argelia están llegando cada vez más adolescentes y menos niños aunque sean todos menores y su integración es más difícil como tú bien sabes. Estos últimos no están por la labor y lo que quieren es dinero con carácter inmediato que solo consiguen en el mundo criminal; que se lo pregunten a Cataluña y el País Vasco que ya están pagando el precio de su ingenuidad y buenismo a través del aumento de la delincuencia juvenil de estos Menas.
Gracias Antonio por tu comentario. Un abrazo.
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Vamos a imaginar. La imaginación es un ejercicio de realismo, siempre, y en el caso que nos ocupa lo es y mucho. Vamos, pues, a imaginar que miles y miles de niños españoles emigran (perdón, quiero decir MIGRAN) a Turquía. Algo así como la medieval Cruzada de los Niños, pero no a conquistar Tierra Santa sino para la salud de la tripa. Turquía los recoge en alta mar o en la playa, los lleva a centros adecuados, y cuando tienen 18 años les dice que se busquen la vida por los zocos efesios o cuidando ovejas anatolias, o sirviendo en la mili como jenízaros, que hasta ahí les da de comer. Bueno, unos niños se portan bien y otros no tanto (para eso son niños); las ONGs turcas, los partidos (los BUENOS) velan para que los niños prosperen, el Sultán les da unas liras (no, esas que hacen música no, quiá) y ahí vamos tirando.
¿Alguien se cree esto? Me parece que ni en Turquía ni en parte alguna lo permitirían. Creerían que lo sensato sería llamar a España (que JAMÁS admitiría haber echado del país a los niños) para que los reintegrara a sus familias, de tenerlas, o les procurara una en su Estado, viendo que las criaturas estarían mejor dentro de su idioma, de su cultura, de su religión, de sus costumbres, educación, etc… Vamos, digo yo.
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Excelente reflexión que va lejos de lo políticamente correcto y que vacía nuestras arcas públicas. Comparto plenamente tu visión de este problema que ya ha logrado colapsar nuestros servicios de atención a menores.
Gracias Víctor por tu comentario. Un abrazo.
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