Por mucho que la justifique el conjunto de la izquierda parlamentaria, la amnistía que promueve el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) no refuerza la democracia, ni asegura el acatamiento de la Constitución Española por los independentistas, ni supone un reencuentro de estos con los demás españoles. Todo lo contrario. Es la pasarela a una democracia popular y el cuestionamiento de nuestro sistema político a través de un proceso que nos acerca demasiado a las repúblicas sudamericanas gobernadas por socialistas o comunistas.

Esta deriva popular consiste en tergiversar las normas constitucionales y anular los contrapesos al Gobierno en beneficio del partido político gobernante para su continuidad eterna en el poder. Se suele acompañar de la deslegitimación de la oposición política a la que se coloca en un trágala y de la supresión de la independencia judicial. Para esto se promueve una polarización extrema porque el proceso hacia una democracia popular necesita el conflicto para justificarse. Así, el partido político gobernante y sus aliados se atribuyen el derecho en exclusiva a gobernar en ese ambiente social.

Por supuesto que el ejercicio de los derechos no es en igualdad de condiciones como tampoco lo son las elecciones. La oposición política necesita un esfuerzo épico para llegar al poder más allá del lógico y necesario como ha ocurrido recientemente en Polonia, donde se encontraba un Estado colonizado por el partido político que gobernaba y un orden político diferente al inicial. Exactamente igual que el camino iniciado en España por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La amnistía de inexistentes delitos políticos a los que se acaba de unir el terrorismo es el comienzo de este proceso. Lejos de constituir una simple modalidad de clemencia, las amnistías han venido ligadas a momentos fundacionales y en contextos constitucionales como mecanismo de legitimación de alternativas opositoras. Tampoco podía ser de otra manera si se atiene a que la amnistía significa no un perdón como sería el indulto sino una legalización. En este caso, legalizar en España la sedición contra el Estado de Derecho y otros delitos comunes como se pretende con esta norma, es inasumible para una democracia que se basa en el principio básico del imperio de la ley.

Así ha sido siempre en nuestra Historia. Nada menos que 25 de las 27 amnistías generales que se aprobaron en España en los dos últimos siglos fueron medidas de un partido político que solo sirvieron para atizar las luchas civiles. Justo porque la amnistía significa el punto y final de lo existente y el inicio de algo nuevo como ha ocurrido en dos ocasiones, en 1832 ( ampliada en 1834 ) para lograr el apoyo de los liberales más moderados a la sucesión de Fernando VII en la persona de su hija Isabel y en 1976 ( ampliada en 1977 ) para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante el franquismo; que sirvieron al propósito de establecer un régimen constitucional.

Ambas se aprobaron antes de instaurarlo y se optó por amnistiar ante la imposibilidad de deslindar las responsabilidades de los bandos de una guerra civil y de separar con nitidez a las víctimas de sus verdugos. No había otra vía de restablecer una concordia que hiciera posible el cambio y el consenso. Y aún así, al legalizar la violencia pasada, se alentó su uso por parte de minorías subversivas de 1934 en adelante en la primera de ellas y de 1977 hasta la actualidad en la segunda. De ahí que una amnistía necesite para paliar su rechazo general de un consenso tan amplio o más como el de una Constitución.

La amnistía de Sánchez no parece responder al tipo de las mencionadas de 1832-34 y 1976-77 sino al de las amnistías de partido donde se suspende el imperio de la ley en beneficio de quien gobierna y de sus aliados con objeto de patrimonializar la democracia. Si sale adelante, legalizará y sublimará el uso de la violencia que se vivió en Cataluña en 2017. Y será peor que entonces porque Pedro Sánchez habrá desactivado la confianza general en la Constitución Española, deslegitimando la aplicación de la ley y desarmando a la fuerza pública y a los tribunales. También desprotege a los ministros, policías y jueces; lo que le acerca al ajuste de cuentas de las amnistía de 1931 y sobre todo, de 1936, la del Frente Popular.

Es escandaloso que se tergiverse la Constitución Española para suspender el Estado de Derecho y negar el ejercicio del poder judicial por un interés personal y partidista. La actual Constitución no recoge ningún tipo de amnistía para privar a las Cortes de un derecho de gracia que se atribuyó exclusivamente al Rey y solo a través del indulto particular como establecen los artículos 62.i y 102.3. Las Cortes solo legislan el procedimiento del indulto y que es estrictamente la materia a la que se refiere el artículo 87.3.

El sanchismo utiliza la mayoría parlamentaria para atribuirse el poder supremo, la soberanía popular de hecho que liquida el orden constitucional e inicia un proceso constituyente para destruir el verdadero sujeto soberano que no es ni más ni menos que la nación española. Una vez desautorizados tanto el artículo 2 de la Constitución que es el pilar de la democracia como el poder judicial que es el freno de la arbitrariedad del Gobierno socialcomunista y que asegura el Estado de Derecho, la pendiente autoritaria se agudiza.

La nación española y su Constitución actual, nos pertenecen a todos y es nuestro deber sostener y estimular a los altos poderes del Estado encargados de preservarlos. La Historia enseña que usar las instituciones de la democracia contra la democracia misma tiene siempre un triste final.

De los muchos momentos graves que tuvo que superar la Transición Política Española, probablemente los hechos ocurridos en aquella semana de finales de enero de 1977 fueron los peores ya que amenazaron muy seriamente la continuidad de aquel camino hacia la democracia, iniciado el año anterior con la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976.

Durante esos siete dias, se produjo una ofensiva criminal que colocó a la incipiente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de una serie de episodios ocurridos todos ellos en Madrid, de la envergadura del secuestro de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa; el asesinato de los abogados laboralistas de la Calle de Atocha; la muerte del estudiante Arturo Ruiz por los disparos de un ultraderechista y el fallecimiento de la joven universitaria, María Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo de la Policía. Como se puede apreciar, España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz de la propaganda del régimen franquista.

En el primer gobierno de Adolfo Suárez, se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución Española. En aquel entonces, el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración Local y la gestión de las libertades ciudadanas ( asociaciones, reuniones y manifestaciones ).

Ese ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que excepto los cuatro ministros militares, no habían participado en la Guerra Civil Española aunque muchos de ellos habían tenido puestos destacados en los distintos gobiernos del general Francisco Franco.

Este gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente, en que ese día ETA asesinó a tiros en San Sebastián, al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce Villar, junto con su chófer y los tres Policías de escolta. Al funeral de las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo religioso, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al Sol entre gritos de ¡ Ejército al poder !.

Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación cargada de tensión. Por aquel entonces, no era todavía un gobierno democrático sino salido de la legalidad franquista. Y seguramente, también eran sospechosos de ser incapaces de garantizar el orden y la seguridad pública.

Tuvo como precedente de lo anterior que el 8 de septiembre, el Presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una posible legalización del Partido Comunista de España ( PCE ). Esa fecha clave, puso a España al borde del abismo.

El 12 de noviembre de 1976, hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que entre otras, agrupaba a Comisiones Obreras ( CC. OO ); Unión General de Trabajadores ( UGT ) y Unión Sindical Obrera ( USO ). Era claramente un huelga política y como tal, el gobierno fue beligerante e hizo cuanto pudo para que España no se paralizara ese día. La administración pública funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el gobierno era capaz de mantener el orden público y hacer que el país trabajara con normalidad. Esa imagen de firmeza y eficacia era muy significativa para convencer a la población de que Suárez tenía la situación bajo control y era merecedor de la confianza popular.

Aunque ningún gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, en aquel caso era valioso hacerlo para evitar que las personas de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus gobiernos no supieron mantener el orden público.

El 11 de diciembre, un comando del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ( GRAPO ) hizo prisionero ( secuestró ) a Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo terrorista de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al gobierno. Este secuestro produjo una reacción sorda pero dura del mundo político que puso una vez más contra las cuerdas a Adolfo Suárez.

El 15 de diciembre, se celebró el referéndum para la Reforma Política proyectada por Suárez y obtiene el respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que se quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.

Pero España vivía al borde del infarto. Para mayor inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y mejoras laborales. Ante este nuevo pulso, el gobierno respondió con un gesto de dureza destituyendo a toda la cúpula policial el día 22 de diciembre, horas antes de la detención de Santiago Carrillo, secretario general de PCE en Madrid cuando iba disfrazado con una peluca.

Las tensiones no disminuían desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Cuando la nueva dirección policial analizó el estado de las investigaciones sobre el secuestro de Oriol, concluyó que estaban llevándose de manera desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Se designó al comisario Roberto Conesa, entonces Jefe Superior de Policía de Valencia que durante muchos años había sido jefe de la Brigada Político Social y conocido cazarrojos. Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore de acuerdo con la ley de Murphy. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la aún débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPOS, un ultraderechista mató a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación pro-amnistía en la Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara un impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para disolver la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por la muerte de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el gobierno de Suárez que parecía acorralado por los acontecimientos como si una mano negra moviese los hilo para desestabilizarlo.

Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad española desconcertada: el teniente general, Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio madrileño. Los GRAPOS, que mantenían aún en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco -la balbuceante democracia- que pilotaba Suárez. El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político sino también al militar que era lo que se buscaba.

Pero aquel día no acabaría ahí porque unas horas más tarde la sangre volvió a correr en Madrid. Un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid y abrió fuego a discreción. En aquel ataque indiscriminado murieron cuatro abogados y un administrativo, resultando heridos de gravedad otros cuatro letrados más. Fue una semana negra. La investigación de este execrable hecho fue encomendada al comisario Francisco de Asís Pastor, no al comisario Conesa que bastante tenía con los GRAPOS.

Al entierro de los juristas, asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el entonces Rey Juan Carlos I estuvo presente en aquel evento sobrevolando a la multitud en un helicóptero según se reveló años después.

El 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel en el que había entrado la Transición Política. El equipo policial investigador que había formado el comisario Conesa, dirigido por el inspector Antonio González Pacheco, más conocido por el rojerío de la época como Willy El Niño, lograron liberar a Oriol en un piso de Vallecas y al general Villaescusa en otro de Alcorcón, donde estaban siendo custodiados por los GRAPOS.

Un mes después, el otro equipo investigador que había formado el comisario Pastor, detuvieron a los asesinos del caso Atocha. Todos ellos pertenecían a la derecha política de ideología extremista y eran muy significados. Esta desarticulación hizo que los grupos de la extrema derecha se vinieran abajo.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 -más de 40 años después de las últimas celebradas en España- suponían que los españoles volvían a decidir su destino en las urnas. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, la población apostó por la moderación al primar a los partidos políticos de centroderecha y de centroizquierda.

Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en Presidente de Gobierno con 166 diputados, mientras que Felipe González dirigiría la oposición con sus 118 escaños. Martín Villa siguió en el gobierno, ahora con el bautizado Ministerio de Interior.

Todos los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por este nuevo gobierno -hubo tres amnistías- fueron para que España navegara hacia la normalización pero la travesía aún tendría muchas turbulencias, como la furibunda actividad de ETA y los GRAPOS; la oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y finalmente, el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.

El Centro  de  Salvamento Marítimo de Tarifa ( Cádiz ), tiene asignada como zona de operaciones todo el sur de España, desde Ayamonte ( Huelva ) a Almuñécar ( Granada), gestionando el tráfico de barcos y todas las labores de rescate en un área de 30.000 kilómetros cuadrados y 500 kilómetros de longitud de costa. Algunos puntos geográficos quedan tan al sur que están muy cerca de la costa marroquí y las pateras los llaman para avisarles de que están a la deriva, hallándose todavía muy cerca de Marruecos.

Desde el Centro de Control de este organismo se ve la costa marroquí como una extensión de mar que parece pequeña y fácil de atravesar incluso a remo. Nada que ver con la realidad. El tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar es muy intenso con miles de buques de todo tipo que lo cruzan al año en ambas direcciones y a todas horas. La profusión de los vientos es de tal magnitud que logra suspender – con bastante frecuencia- las líneas regulares marítimas que cruzan las dos orillas del Estrecho.

En lo que afecta a la zona de operaciones del angosto mar, lo normal es encontrarse de madrugada con las pateras que esa misma noche han salido de las distintas playas de la provincia de Tánger ( Achankkar, Malabata, Sid Kankouche, Ksar y Dalia ). El recorrido por el agua les suele llevar varias horas remando y achicando el líquido elemento al mismo tiempo, a lo que hay que sumar los vómitos hacia dentro de la barca porque si lo hacen hacia fuera corren el riesgo de volcar dado el exceso de pasajeros que suele ser cuatro veces mayor al de su capacidad.

No es fácil encontrarlos porque el conocido y habitual viento del Estrecho provoca un fuerte oleaje que no hace más que subir y bajar las pateras y hay que tener mucha agudeza visual para verlos. Por eso los viajeros de la patera no paran de buscar el buque naranja ( color de las embarcaciones de Salvamento Marítimo ) porque saben que si los encuentran su pesadilla ha terminado.

Los barcos naranjas son un  símbolo de esperanza para los miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que cada año cruzan el Estrecho. Su rescate supone ser arropados con mantas, recibir café, barritas energéticas y hasta un « paquete de náufrago » formado por ropa seca, chanclas y productos de aseo que buen número de ellos no sabe que es, ni utilizar.

Cuando estos inmigrantes llegan al Puerto de Tarifa, los servicios sanitarios de la Cruz Roja les hacen un examen médico superficial para comprobar su estado de salud, derivando a los que presentan alguna dificultad al hospital de referencia. Después pasan a las dependencias policiales para tratar de identificarlos al ir desprovistos -intencionadamente- de documentación alguna. Nunca dicen ni su verdadero nombre ni su país de origen para obstaculizar la ejecución de las órdenes de expulsión que se les aplica en virtud del ordenamiento jurídico vigente. Como no lo revelan, terminan con una orden de salida obligatoria a ninguna parte, lo que les aboca a una irregularidad permanente.

En el pasado 2023, ha sido notable el aumento de llegadas ilegales por vía marítima a la Península a través del Estrecho de Gibraltar de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, 15.435 inmigrantes alcanzaron territorio español, por los 12.955 que lo hicieron en 2.022. Lo que significa un 19,1% más pese al acuerdo de colaboración con Marruecos y los centenares de millones de euros que recibe el país africano, tanto desde la Unión Europea (UE) como del Gobierno español, para controlar sus propias costas.

Los Cuerpos Policiales del mundo occidental llevan más de dos décadas experimentando con sistemas predictivos de la criminalidad, apoyados en el análisis de datos y la inteligencia artificial. Este tipo de herramientas están muy implantadas en los Estados Unidos y en China pero también tienen presencia en países como Reino Unido, Alemania y Suiza.

Su objetivo es establecer los puntos negros del crimen para desplegar las patrullas policiales de forma más eficaz. Uno de los efectos perversos de estos sistemas es que tienden a sobrecriminalizar los barrios más pobres. Ello es debido a que la alimentación de datos de los algoritmos se basan -principalmente- en las detenciones, luego la conclusión reclama más vigilancia en las zonas donde se producen esas intervenciones, lo que a su vez provoca más detenciones aún.

Acabar con este círculo vicioso es complicado. Algunos operadores han tratado de salirse de ese método, nutriendo el sistema con datos de denuncias. Es el caso de la herramienta Predicción Policial ( Pred Pol ), una de las más populares en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta las denuncias de las víctimas -aseguran- se obtiene una imagen más nítida de la delincuencia y se eliminan los posibles prejuicios que puedan llevar a la Policía a realizar más actuaciones en unos barrios concretos como los habitados por negros mayormente. Esos esfuerzos se han mostrado inútiles porque se cometen los mismos errores y lleva al mismo despliegue inadecuado de las patrullas policiales.

Estos sistemas informáticos no son ninguna novedad y llevan ya muchos años operando. En 1998, el 36% de los departamentos policiales de Estados Unidos decían tener la información necesaria y la capacidad técnica de generar mapas digitales de criminalidad. Pocos años después, el 70% de ellos decía usar esa cartografía para identificar los puntos negros. Las versiones más modernas que se conocen de estas primeras herramientas de vigilancia policial se remontan al año 2008, cuando el Departamento de Policía de Los Angeles ( LAPD ) empezó sus propios planes, siguiéndole a continuación la Policía de Nueva York ( NYPD ).

Diversos estudios universitarios han acreditado los problemas que plantea la aplicación de algoritmos predictivos en la actividad policial. Uno de los primeros sistemas de este tipo en salir a la luz fue el que puso en marcha la ciudad de Chicago en el año 2013, donde un algoritmo identificaba a potenciales delincuentes analizando datos de detenciones y la agenda de relaciones tanto de autores como de víctimas.

El objetivo era poner en marcha programas de servicios sociales preventivos con quienes el sistema detectaba que podían delinquir. Fue un fracaso. No solo desde el punto de vista de la eficiencia ya que no ayudó a que cayera la criminalidad sino que además la población negra quedaba sobrerrepresentada en las estadísticas.

En el año 2010, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que el Departamento de Policía de Nueva Orleans ( NOPD ) debía de ser reformado casi a cero tras detectar anomalías graves: se encontraron pruebas de varios incumplimientos de leyes federales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza; detenciones ilegales y discriminaciones por raza y orientación sexual.

A estas alturas, ya está demostrado que estos algoritmos usados por la Policía norteamericana producen desviaciones que llevan al racismo y perjuicios a los más pobres. Muchas de las prácticas policiales irregulares se deben a estos sesgos ya que distorsionan -gravemente- los datos que se recogen. Si el sistema no se reforma, especialmente en cuanto a su suministro informativo aumentará el riesgo de causar más daño que beneficio a la justicia y a la sociedad. De ahí que las principales empresas del sector traten de corregir estos defectos si es que quieren seguir vendiendo sus herramientas sin que la sociedad se les eche encima, tarea que probablemente no sea posible.

También se han analizado las pruebas de la instalación de este algoritmo en la capital colombiana, en Bogotá. Su elección se debe a que es una de las pocas ciudades del mundo que publica estadísticas de denuncias por barrios y que actualmente trabaja en la implantación de uno de estos sistemas predictivos. Cuando cruzaron los resultados de su modelo con los datos reales de delitos, detectaron errores de bulto. Las áreas de mayor criminalidad son las que presentaban menos denuncias y no se identificaban como puntos negros, en cambió si aparecían como tales las zonas con delincuencia media o baja pero con muchas denuncias. Algunos barrios necesitaban tener la mitad de los delitos que otros para que el sistema previera que se trataba de un punto negro.

Esta disfunción es explicable porque la estadística de los delitos cometidos no refleja exactamente la distribución real de la criminalidad puesto que la disposición a denunciar las infracciones ante la Policía, es diferente según el barrio de que se trate. Desde la mentalidad norteamericana, es común que un blanco denuncie a un negro o que un negro denuncie a otro negro pero no tanto que un negro denuncie a un blanco.

¿ Cuál sería entonces la solución ?. ¿ Hay algún modo de que los algoritmos predictivos policiales no encasillen -todavía más- a los más desfavorecidos ?. La única forma es no usarlos, sería la conclusión final.

Gracias al Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ) la población española se enteró que 44 personas que formaban las lista de Bildu en el País Vasco y en Navarra, a las elecciones autonómicas, forales y locales del pasado 28 de mayo, estuvieron condenados en el pasado por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA y siete de ellas lo fueron por asesinato.

Esta decisión, provocó todo tipo de reacciones por parte de las diferentes organizaciones políticas fuera y dentro del Congreso de los Diputados. Bildu justificó su actitud porque estas personas tenían intactos todos sus derechos, incluidos los políticos y se extrañaba del extremado nerviosismo que mostraba la sociedad española por esta decisión, pese a que esas listas pasaron por la Junta Electoral que no puso ninguna pega.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López dijo que no iba a valorar este hecho que no le gustaba nada. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no respondió cuando le preguntaron sobre este asunto, a la salida de un Pleno. Tampoco quisieron pronunciarse sobre este tema las entonces ministras socialistas, Isabel Rodriguez, Pilar Llop y Pilar Alegría al ser preguntadas por ello en los pasillos del Congreso.

Lo que ocurrió de verdad es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez renunció a impugnar la designación de estos 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, a pesar de que la Ley de Partidos considera esta decisión – textualmente- como causa de ilegalización.

Así consta en un escrito en posesión del periódico digital El Debate, firmado por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, fechado el pasado 22 de mayo, en el que reconoce literalmente que no existe documento o contenido en poder de ese órgano que recoja algún intento de Sánchez de frenar la intentona del partido de Arnaldo Otegui por situar a antiguos terroristas en instituciones municipales del País Vasco como cargos públicos.

En el mismo documento, los responsables jurídicos de La Moncloa reconocen también que el Gobierno no ha movido ni un dedo para activar la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3c) de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos por incluir en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA.

La legislación vigente, daba a Sánchez una opción para combatir la decisión de Bildu de premiar a terroristas con algún cargo público, activando uno de los apartados que regulan el funcionamiento, los principios y hasta los representantes de los partidos que quieran participar en la competición electoral para impulsar la ilegalización de partidos que incumplan ese precepto:

Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Bildu se saltaba esas obligaciones de manera ostentosa y casi en su totalidad: ha incorporado a David Pla, el último jefe de ETA a la dirección de Sortu, la formación dominante en Bildu de manera casi hegemónica; nunca ha condenado el terrorismo más allá de mensajes de condolencia a las víctimas y además promociona a etarras en sus candidaturas electorales. es decir, incumple tres de las causas descritas de ilegalización.

Pese a ello, ni el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha hecho nada por frenar ese despliegue de sintonía entre la heredera de Batasuna y los terroristas presos más allá de una queja retórica sobre la decisión de su aliado que no ha incluido el intento de evitar el numerosos desembarco de etarras -algunos de ellos con delitos de sangre- en los Ayuntamientos vascos y navarros.

Tan es así que el Gobierno de Sánchez reconoce en el mismo documento que ha conseguido El Debate que carece de copia de los informes, estudios, previsiones de actuaciones futuras y previsibles consecuencias, encargadas por el Presidente del Gobierno, referidos a la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu.

Conviene recordar a estos efectos que en octubre de 2021, el partido que dirige Arnaldo Otegui, dejó bien claro que respaldaría a Sánchez si con ello lograba sus objetivos: Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. Una declaración de intenciones que amplió a la siguiente legislatura reconociendo que a cambio de facilitar la salida de los miembros de ETA, facilitaría la supervivencia de Sánchez al frente de un Gobierno de coalición.

En paridad y ya como es público y notorio, Sánchez devolvió los favores cediendo a la autonomía vasca las competencias penitenciarias para una vez finalizado este proceso, trasladar allí a los presos terroristas y facilitar su acceso al régimen de semilibertad ( tercer grado ), negado en sus cárceles de origen por no reunir las condiciones para ello.

En las pasadas elecciones municipales, Bildu obtuvo 50,000 votos más que en las locales anteriores, de 2.019; se impuso en Vitoria y logró superar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) en número de concejales. También logró que una docena de ex-presos de ETA fueran elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Dos de los siete terroristas con delitos de sangre que iban en las listas electorales, salieron elegidos.

El primero de ellos, Juan Carlos Arriaga había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del empresario y antiguo comandante retirado del Ejército, Jesús Alcocer Jiménez, el 13 de abril de 1.984, en Pamplona y de los policías nacionales, Juan José Visiedo y Tomás Palacín que perdieron allí la vida tras explotar el coche bomba en que habían huido los terroristas que habían matado a Alcocer. Aquel fue el día más trágico que hasta entonces ETA había actuado en Pamplona con el asesinato de tres personas en pocos minutos.

Durante al menos 5 años, los comandos de ETA trataron de matar a Jesús Alcocer, dueño de tres supermercados y que había sido comandante del Ejército. La banda terrorista había puesto también una bomba en uno de sus negocios, otro artefacto en su coche y lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros. Todos estos fueron atentados frustrados hasta la madrugada 13 de abril de 1984 cuando dos terrorista de ETA fueron a buscarlo a Mercairuña ( MercaPamplona ) donde Jesús Alcocer iba por género para sus negocios y le dispararon dos tiros en la nuca que le causaron la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en soledad, durante casi dos horas, tapado por una manta, hasta que llegó el juez y ordenó el levantamiento de su cadáver. Dejaba viuda y cuatro hijas. Ahora tendrán que ver al que planeó el asesinato de su padre como concejal de la lista de Bildu en el municipio de Berrioplano ( Navarra ).

La segunda que resultó elegida concejal en Errezil ( Guipúzcoa), Begoña Uzkudun, fue condenada a 19 años de prisión como cómplice en el asesinato del exconcejal de la Unión de Centro Democrático ( UCD ) en Azcoitia ( Guipúzcoa ), José Tomás Larrañaga Arenas, el 31 de diciembre de 1.984. Tenía 58 años, estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como secretario judicial aunque lo compaginaba con actividades empresariales. Fue concejal en su pueblo y Jefe Provincial del Movimiento Nacional en Guipúzcoa. Durante la Transición Política militó en la Unión de Centro Democrático ( UCD ) del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

José Tomás sufrió varios atentados hasta que ETA consiguió acabar con su vida. El primero tuvo lugar el 13 de abril de 1.978. Aquel día salía de un bar hacia las 10,30 horas de la noche para ir a su casa cuando miembros de un comando etarra le dispararon desde un coche robado. Fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha pero sobrevivió. Casi dos años después, el 11 de abril de 1980 volvieron a atentar contra él cuando salía de nuevo de un bar y tres terroristas volvieron a dispararle desde otro vehículo. Los disparos le alcanzaron el pecho y lo hirieron gravemente.

Cuando consiguió recuperarse, abandonó su localidad natal y se fue a vivir a Logroño aunque volvía a Azcoitia en las fechas señaladas para visitar a su familia. En las navidades de 1984 regresó para pasarlas con su familia hasta el fin de año. A las 9,20 de la noche salió de un bar con unos amigos cuando fue tiroteado de nuevo por los miembros de un comando de ETA. Murió en el acto a consecuencia de los seis disparos recibidos. Presentaba cuatro tiros en la cara y fue rematado ya en suelo con otros dos titos en la cabeza,

Los siete candidatos con delitos de sangre que figuraban en las listas electorales de Bildu en las pasadas elecciones municipales, se comprometieron a no tomar posesión de sus cargos si resultaban elegidos, después de que la asociación de víctimas del terrorismo COVITE denunciara su inclusión en las candidaturas de la formación vasca. El compromiso de renuncia se materializó el 17 de junio pasado cuando se constituyeron los Ayuntamientos y tanto Begoña Uzkudun como Juan Carlos Arriaga renunciaron a tomar posesión de sus actas de concejales y dejaron paso al siguiente de la lista electoral.

Las oficinas centrales del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) se encuentran en la madrileña calle De Ferraz, a la altura del número 70, donde desde el pasado día 3 de noviembre miles de personas se concentran a diario como medida de protesta por el acuerdo suscrito entre los partidos políticos PSOE y los golpista de Juntos por Cataluña que ha permitido una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. Para lograrlo se ha pagado un precio muy alto consistente en una amnistía para aquellos que se querían separar ilegalmente de España y la concesión de una serie de privilegios -principalmente económicos- que están dividiendo a los españoles.

Estas protestas iniciadas de manera espontánea y realizadas pacíficamente por ciudadanos anónimos, han ido aumentando en el número de asistentes y también en la agresividad y violencia a cargo de jóvenes a los que se les podría calificar de estética ultra.

Estos últimos dias, se están produciendo altercados con la Policía, a la que atacan con lanzamiento de botellas y envases metálicos de refrescos; adoquines de la calzada: papeleras arrancadas de sus soportes; incendian contenedores de la basura, pretendiendo así sobrepasar las vallas policiales de contención de masas. Pese a todos estos desórdenes públicos y vandalismo contra el mobiliario urbano, no parece haber unidad de acción entre los que protestan.

Parece que lo que se busca es el enfrentamiento con la Policía para descargar esa rabia contenida que se lleva acumulada durante estos meses de crisis política y como respuesta a estas agresiones no cabe más reacción que defenderse como saben hacerlo y está estipulado: cargas policiales, lanzamiento de botes de humo o gases lacrimógenos…materiales de dotación todos ellos; para obligarles a disolverse ya que desobedecen las instrucciones que se le dan por megafonía y no puedan sobrepasar la línea de Policía que supondría el asalto, saqueo y posterior incendio de la sede socialista.

El resultado de todos estos incidentes son detenciones diarias de manifestantes cada vez más jóvenes -menores incluidos- y policías heridos en el ejercicio de su labor profesional. Con coberturas informativas -sobre todo televisivas- que tratan de ser imparciales, recogiendo toda la cadena de acontecimientos desde el inicio hasta el final, desde la provocación hasta sus consecuencias aunque lamentables y sorprendentes para la audiencia televidente.

En la primera línea de la congregación multitudinaria y frenados por el vallado policial, se suelen colocar los elementos más extremistas para tratar de romper el cordón policial. En este punto se suele generar bastante tensión con otros manifestantes contrarios a las proclamas ultras que profieren esos cachorros de grupos conocidos y muy minoritarios de la extrema derecha española ( Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Facta y otros ).

Hay que destacar que de todas estas concentraciones solo se han comunicado dos a las autoridades pertinentes -como exige la ley- para adoptar las medidas necesarias que no alteren la convivencia ciudadana y por lo tanto las restantes celebradas entraban en la ilegalidad. Mientras sean pacíficas, la Policía adopta una postura expectante y trata de salvar la situación pero cuando empiezan los ataques con lanzamiento de toda clase de objetos con el propósito de hacer daño o provocar lesiones, se debe de proceder a su disolución con el empleo de la menor fuerza posible y con arreglo al protocolo establecido para estos casos que indica la proporcionalidad requerida. A continuación, hay que identificar y detener a los elementos que más se hayan destacado junto con sus promotores.

Altos dirigentes del partido político Vox, entre ellos su Presidente Santiago Abascal, se han sumado en varias ocasiones a las concentraciones defendiendo a los participantes de las mismas entre los que se encontraba Revuelta, su organización juvenil. También su sindicato Solidaridad acabó la manifestación alli tras recorrer varias calles de Madrid, el pasado viernes día 24 como colofón a su convocatoria de huelga general.

Uno de los dirigentes de esta ideología, en algún momento se ha encarado con los policías que estaban desplegados en la calle De Ferraz a los que reprochaba una actuación desproporcionada. Varios sindicatos policiales le han pedido a Vox que deje de coaccionar a los policías que protegen la sede socialista.

La intervención policial que a diario se nos sirve en los diversos medios de comunicación social es de carácter riguroso y muy profesional, con unidades especializadas muy curtidas ante estas situaciones de control de masas y que tienen acreditada una dilatada experiencia con estricto cumplimiento de sus deberes recogidos en la normativa vigente.

No hay, ni se consentiría ninguna injerencia política en el desarrollo de su actividad por más que algunos se empeñen en lo contrario. No son robots inhumanos sino personas muy bien formadas para la misión que desempeñan y de muy difícil manipulación por no decir imposible. Podrían desobedecer una orden manifiestamente ilegal porque ese supuesto está contemplado en la legalidad vigente y los ampara. Tampoco ha habido queja sindical alguna de las propias organizaciones policiales que están muy pendientes y preocupados por las actuaciones que se llevan a cabo ante el emplazamiento socialista desde el punto de vista técnico-profesional.

La Asociación Policías por la Libertad, compuesta por miembros de los distintos Cuerpos Policiales de ámbito territorial nacional, regional y local, ha realizado una convocatoria de concentración ante la sede socialista, para el próximo día 29 de este mes para defender el Estado de Derecho y expresar su opinión en contra de la amnistía. También se pretende que sea un recordatorio de la importancia de la participación ciudadadana en la preservación de los principios fundamentales de la democracia y de la legalidad.

Tras el golpe de estado secesionista de octubre de 2.017, el separatismo catalán se ha ido introduciendo de manera terrible en todos los sectores sociales de aquel territorio tan español donde las presiones siguen siendo brutales. Lo lamentable es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no tenga frente al independentismo una postura clara y coherente de defensa de Estado de Derecho.

La situación en Cataluña se puede considerar que ha mejorado porque no existen las acciones radicales que se dieron en el año 2.017, ni se proclama la independencia en el Parlamento regional, ni se aprueban leyes de desconexión. Pero lo que ha hecho el secesionismo es ir entrando de una manera terrible en todas las áreas de la vida: en la escuela, en la administración pública, en las empresas, en las universidades, en los colegios profesionales… Ha establecido toda una campaña de penetración y esto hace que la vida cotidiana esté muy condicionada porque existen unas presiones tremendas dentro de estos ámbitos y en otros como la sanidad y la prensa.

Además, este secesionismo mayoritario en el Parlamento autonómico no lo ha sido nunca socialmente porque es un tercio del censo el que vota separatismo. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones catalanas en 2025, en caso de que no haya adelanto electoral y el resultado de los socialista regionales ya que es el que puede decantar la balanza hacia un lado u otro porque nunca se sabe donde está.

La política del Gobierno central ha consistido hasta ahora en rebajar la tensión social en Cataluña impulsando los indultos y la reforma penal de la sedición y la malversación como manera de perpetuarse en el poder. Esa era su solución. Con alianzas con los golpistas catalanes, filoetarras de EH Bildu y antisistemas como Podemos ( sustituidos ahora por Sumar ) -vaya tropa- que son toda esa amalgama cuyo programa político consiste en desmontar la democracia que disfrutamos desde 1.978 cuando se aprobó la Constitución Española.

El problema es que para la sociedad catalana no lo es. Es necesario que haya un Gobierno central que entienda lo que está sucediendo en Cataluña y que para encauzar bien las cosas que no dependa de las exigencias del independentismo, ni de los herederos de ETA, ni del populismo de Podemos o de Sumar.

Por mucho que expresen los voceros del Gobierno central, con su Presidente a la cabeza, el proceso de autodeterminación catalán no ha terminado sino que ha cambiado, ha mutado.; con arreglo a lo que está sucediendo. Ellos no van a dejarlo porque es su programa político. Uno de los problemas que presentan es que se les haya dejado tener un mayor peso político del que social y políticamente tienen, gracias a un sistema electoral que se blindó con el Estatuto de 2.006 a partir del que las circunscripciones en las que el secesionismo pueda tener mayoría, su voto vale casi tres veces más que en otras donde no tienen esa representación por lo que con un tercio del censo de votantes tienen una sobrerrepresentación brutal con la que consiguen mayorías absolutas prácticamente.

Por otro lado, como tampoco existe un sistema electoral donde se mida por provincias; ocurre igual con su exceso de representación en el Congreso de los Diputados y es ahí donde pueden hacer todo el chantaje que estamos viendo y que el Gobierno de la Nación se deje hacerlo.

Respecto del uso del castellano que es perseguido en todo el territorio catalán con una saña enfermiza, está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir, al menos, el 25% de las clases en la educación en castellano. El Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se conoció el 23/11/2021 que el 25% de la enseñanza tenía que ser en castellano.

Aquí hay un problema muy serio porque, además, contraviene a los propios tratados internacionales de los que España es parte. La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias avala que en la enseñanza se utilice el bilingüismo y que no se discrimine a ninguna de las lenguas cooficiales porque las personas tienen derecho a expresarse en ambas y deben de estar en un plano de igualdad.

Respecto de Carlos Puigdemont, es evidente que se han tenido dificultades con jueces de Bélgica y Alemania porque desde la propia legislación española se les han dado facilidades pero desde otro lado, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDU ) han respondido hasta el momento, defendiendo el Estado de Derecho y dictando sentencias que han perjudicado al secesionismo.´

Las facilidades referidas antes están en una ley electoral que permite que personas procesadas por ataques al orden constitucional se puedan presentar. Si resulta que el propio Estado no se toma en serio esta cuestión, eso es un problema. Por otra parte, se ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos…lo que evidencia los tumbos de la política errática del Gobierno central. Algunas instituciones europeas han realizado pronunciamientos en lo que lamentan que se haya hecho esto y probablemente lo vuelvan a condenar en su próximo informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

El pasado jueves día 9 de noviembre, se dio a conocer el contenido del Pacto del PSOE con Juntos por Cataluña causando una conmoción nacional el contenido del texto de cuatro páginas que va a permitir una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. El relato está lleno de olvidos, divergencias y faltas de claridad en un tema tan importante como la amnistía para todos los encausados por el Golpe de Estado de 2017.

Además contiene una Mesa de Negociación con un verificador internacional para el cumplimiento efectivo de lo acordado; el encaje de Cataluña en España como quieren los separatistas -referéndum de autodeterminación incluido- y una financiación singular para la comunidad autónoma que incluye la cesión de todos los tributos del Estado que se pagan en Cataluña.

Las redes sociales están ardiendo por los militantes de base de Juntos por Cataluña, expresando su desacuerdo con lo pactado y donde el debate es constante. Se quejan de que hay imputados que no desean la amnistía y ni siquiera se les ha consultado. Lo firmado con los socialistas es considerado como una salida personal para Puigdemont difícil de justificar ante sus bases.

La oposición política nacional con el Partido Popular ( PP) y Vox a la cabeza, están ayudando a dirigir la ola de protestas espontáneas de la población en general para que no se den escenas de violencia, ni enfrentamientos con la Policía. Las principales sedes de los socialistas en todo el territorio nacional son objeto diario de concentraciones ciudadanas que muestran su repulsa hacia lo que denominan humillación del Estado frente a los independentistas.

Dado que se han aceptado todas las exigencias de los golpistas y teniendo en cuentas las nuevas imposiciones que previsiblemente presentarán para la continuidad y estabilidad de la legislatura, de no remediarse, España llevará camino de ser distinta al sistema que ha permitido llegar hasta hoy, en paz y convivencia, durante las últimas cuatro décadas.

Desde los comienzos de la democracia española, los socialistas han estado defendiendo que no cabrían amnistías porque sería poner en duda el Código Penal, romper la igualdad de los ciudadanos ante la ley e invalidar otros preceptos constitucionales.

Ahora, defienden lo contrario: ¡ esos cambios de opinión de Pedro Sánchez ! y abogan amnistiar a los golpistas catalanes. Lo hacen en base a dos argumentos principales que convergen en lo conveniencia de la misma para que Sánchez pueda lograr su investidura y proseguir en lo que llaman como gobierno progresista.

El primero -sobriamente- dice que la amnistía solventaría el conflicto catalán. Más coherente el otro, sostiene que el Gobierno español no actuó democráticamente al reprimir el Golpe de Estado de 2017 de los separatistas. Según esta idea, el período 2017-2023 ( otros se retrotraen a 2013 ) en España no había una verdadera democracia sino una de apariencia. Con la amnistía se restañaría esa interrupción de la democracia y se volvería al carril del que nunca se debió salir.

Añaden estos partidarios que declarar la independencia de una región nunca debe de ser delito, ni tampoco tomar aeropuertos, quemar contenedores y apedrear Policías. ¡Ah! y ni fraccionar contratos para dárselos a los amiguetes. Perseguir todo eso con la justicia por delante es cosa de fachas que no de demócratas. Lo curioso de este asunto es que buena parte de ese período pseudemocrático era el gobierno progresista el que dirigía los destinos de este país, antes llamado España. Y ese enfoque jurídico, el Código Penal lo avalaba.

Resulta muy ilustrativo repasar las cuatro décadas de doctrina socialista sobre este tema. En 1977, se concedió una amnistía en España para todos los delitos relacionados con la política cometidos hasta ese momento. Los socialistas la pidieron. Había que facilitar la transición desde el autoritarismo y el Código Penal del franquismo ya que ambos no valían para la naciente democracia.

Poco después, el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados ( repleto de grupos nacionalistas, separatistas e independentistas ) pidió incluir las amnistías en la Constitución Española y el portavoz socialista se opuso porque equivaldría a reconocer que el Código Penal de la democracia era injusto. Esta propuesta fue rechazada y en paralelo, se prohibieron los indultos generales. Según los socialistas, era exigible un veto a la arbitrariedad de los poderes públicos. O sea, el Gobierno de turno no podía indultar a capricho, ni la Constitución avalar las amnistías.

En 2021, algunos grupos parlamentarios plantearon la conveniencia de amnistiar a los separatistas perseguidos por la justicia. La Presidenta del Congreso, la socialista catalana Merichell Bater, consultó a los letrados de la cámara y por unanimidad decidieron que no se podía tramitar ninguna ley de amnistía porque era inconstitucional de raiz. En consecuencia, la petición no fue tramitada.

En su apoyo, la portavoz socialista, Adriana Lastra, declaró que una amnistía rompería la igualdad ante la ley de los justiciables y de sus víctimas. Por eso, determinadas conductas, como tirar un adoquín a un Policía no serían perseguibles si las hubiese cometido un separatista pero sí lo serían si las hubiese cometido cualquier cachorro comunista o antisistema. Como socialista, Lastra estaba a favor de la igualdad ante la ley y en contra de las amnistías.

En resumen, desde 1977 a 2022, los sucesivos portavoces socialistas fueron exponiendo argumentos sobre la incompatibilidad de las amnistías con la democracia. Como colofón, durante la campaña de las últimas elecciones generales, el Presidente Sánchez declaró que habiendo gobernado cinco años, los independentistas no habían logrado que aprobase ninguna amnistía. Y así seguirían las cosas si seguía gobernando.

Apenas unos meses después, una legión de intelectuales proclives al socialismo anda diciendo que la amnistía no es solo constitucional sino muy deseable. No es inconstitucional porque la Constitución no la menciona y es deseable porque pacificaría Cataluña. Que nadie piense que es porque Sánchez necesita los votos de los separatistas para conseguir su deseo de ser -de nuevo- Presidente del Gobierno y, por lo tanto, es también por el bien de España.

Dentro de este grupo, los más osados añaden que además de la amnistía sería necesario modificar el Código Penal para mayor seguridad de todos ( no vaya a ser que los jueces hagan lo mismo que con el abaratamiento de la malversación, que son muy suyos…) Creen que una ley de amnistía encontraría su sentido y legitimidad en la anormalidad democrática que supuso la represión jurídica de las conductas que deben de ser objeto de la misma.

Volviendo al principio: se está ante el cambio de la posición mantenida por los socialistas desde el inicio de la democracia española. Quizás han abandonado la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no creen en la continuidad del sistema desde la transición. Desde la izquierda, solo los jacobinos podrían enderezar a estos tuertos porque su lema es: amnistía, de entrada no.

La incesante llegada a Canarias de esas pateras senegalesas llamadas cayucos, repletas de personas desesperadas que huyen de la miseria y el desamparo que sufren en su país y en busca de una vida mejor, se está convirtiendo en un problema inasumible para las autoridades del archipiélago que carecen de los medios necesarios para poder atender a los miles de inmigrantes que están llegando durante los últimos meses y que por las noticias que se tienen, irán siempre en aumento.

El Gobierno socialcomunista en funciones que preside Pedro Sánchez, está ocupado en conseguir su propia subsistencia a través del correspondiente tributo a los separatistas vascos y catalanes y fuera de eso, los muchos problemas existentes que hoy preocupan a la población en general pasan a un segundo o tercer término. Como la atención mediática está en si se logra o no formar nuevo Gobierno, la invasión canaria a cargo de subsaharianos está pasando desapercibida.

En la isla de Hierro que apenas cuenta con una extensión de 268 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes, han llegado durante el presente mes de octubre más de 4000 de los quince mil inmigrantes que alcanzaron el archipiélago,. La presencia policial era muy pequeña como corresponde a un territorio de estas dimensiones y ante esta avalancha de llegadas ha tenido que ser reforzada a toda prisa ya que el cuartel de la Guardia Civil disponía de solo 7 efectivos. Tampoco hay Comisaría de Policía y desde la isla de Tenerife se ha enviado un destacamento policial especializado en extranjería que es el encargado de realizar los trámites de inmigración.

El simple e imprescindible control sanitario es imposible de practicar dadas las proporciones del problema y requiere medios de los que allí no se disponen. El elemental alojamiento de los recién llegados desborda por completo sus capacidades, sin olvidar que en resto de las islas la situación es parecida puesto que a finales de septiembre ya llevaban acumulados a más de 15.000 que lo habían conseguido y ahora mismo ya han sobrepasado los 30.400.

La reubicación de inmigrantes en territorio canario ha dado de sí todo lo que podía dar -disponen de 6.000 plazas que están todas ocupadas- y el realismo obliga a concluir que el flujo de subsaharianos rumbo a Canarias no cesará ya que lleva camino -de seguir este ritmo- de superar el record de 31.000 personas del África negra que llegaron en 2006. Este trasiego de inmigrantes alcanza ya el nivel de crisis migratoria.

La inestabilidad política en Senegal con la oposición sometida a persecución, los desórdenes públicos que han ocasionado una treintena de muertos y centenares de heridos y la situación similar de los países limítrofes, especialmente los del sur del Sahel, obligan a buscar alternativas para una gestión ordenada del problema. La falta de ayuda del Gobierno central y las imperiosas necesidades del Gobierno regional canario, están creando un clima político muy tenso que dificulta una solución eficaz del problema.

Trasladar una crisis humanitaria de este calado a la Unión Europea como ha hecho hasta ahora el Ministerio del Interior y el invisible Ministerio de Asuntos Exteriores. no es más que una maniobra dilatoria para esperar que escampe la situación y que sean otros los asuman la solución. El sistema de decisión de las instituciones europeas por unanimidad hace imposible cualquier acuerdo en este sentido. Polonia y Hungría se oponen al reparto de cuotas y a otras fórmulas sensatas para que no sean los países del sur de Europa los que tengan que responsabilizarse del problema y en consecuencia, no hay ninguna perspectiva de actuación a corto plazo.

Como está claro que España está sola para solventar este drama compasivo, debería de dedicarse a colaborar con el gobierno autonómico canario para el desplazamiento y realojo en la Península de los inmigrantes llegados y la devolución a sus países de origen de los que se hayan podido identificar puesto que la mayoría de ellos vienen con la lección aprendida para dificultar este extremo y carecen de cualquier tipo de documentación que les acredite como nacionales de un país en concreto.

Hasta ahora, el Gobierno progresista que disfrutamos ha sido reacio al retorno de estos inmigrantes dada la situación política, social y económica de sus respectivos países porque suponía un cargo de conciencia llevar al punto de salida a miles de personas que no son bien recibidas por sus autoridades que desean la emigración de su población como alivio de la situación caótica que padecen.

Por otro lado, la inmensa mayoría de los recién llegados solicitan asilo político en España como consecuencia de las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales, de otros inmigrantes que les precedieron y del interés del Ministerio de Asuntos Sociales ( cuya titular es Ione Belarra, por la cuota de Podemos, organización extremista de carácter comunista ) por conocer la vulnerabilidad en la que se pueda encontrar el recién llegado.

La resolución del expediente de asilo tarda entre año y medio a dos años de media, los solicitantes son libres de circular por todo el territorio nacional durante este tiempo dado que los centros de acogida están saturados a nivel nacional. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado ( CEAR ), el año pasado pidieron asilo en España 118.482 personas y es donde más se solicita este reconocimiento en la Unión Europea, tras Francia y Alemania. Senegal no está por ahora, entre los diez primeros peticionarios de asilo en España en 2.022 pero su violenta inestabilidad política le va a hacer escalar posiciones en la estadística de 2.023.

De media, solo un 16% de los solicitantes de asilo lo obtiene. Son 22 puntos menos que la media europea. Lo que quiere decir que menos de uno de cada cuatro llegados a Canarias recibirá el asilo. Solo los que pueden acreditar que están en riesgo de muerte si vuelven a su país o son perseguidos por razones de raza o sexo, políticos o religiosos o de otra índole discriminatoria.

Por eso y desde la óptica nacional, es más probable que obtenga asilo una mujer que huye de la guerra de Sudán o un homosexual nigeriano que un campesino senegalés o marroquí. La ley de asilo no contempla al que huye de la miseria y de la precariedad que es precisamente la razón mayoritaria que mueve a cruzar el océano a la práctica totalidad de los inmigrantes llegados a Canarias aunque a los provenientes de Senegal y desde agosto de 2.022 en las que unas elecciones generales acabaron con dos ganadores, ( el opositor está ahora preso ) tengan más razones para las causas de la concesión.

Han tenido que aparecer varios casos de sarna y tuberculosis entre los desembarcados en la isla de Hierro para que por fin, el pasado día 17 ante la magnitud del problema y las protestas generalizadas, el Gobierno central empezó a responder declarando a Canarias en situación de emergencia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante este ritmo de llegada de inmigrantes ilegales, sin precedentes en la última década, que lleva camino de convertirse en la ruta más mortal del mundo. Esta medida consiste en agilizar los trámites burocráticos y aumentar la financiación de los recursos para cubrir las necesidades de atención de los recién llegados.

El Ministerio de Interior también ha anunciado alguna medida para afrontar el aumento de llegadas de cayucos a las islas a través de potenciar la vigilancia y el control de fronteras con dos aviones que patrullarán las costas de Senegal y Mauritania para evitar las salidas de embarcaciones.

Estas palabras las usaban un antiguo pueblo de la actual Panamá para referirse a su tierra pero un dirigente indigenista de finales del siglo XX, divulgó la dudosa idea de que abarcaba todo el continente americano para suplantar así el nombre español de América.

En muchos libros escolares de Hispanoamérica se ha empezado a utilizar el nombre de Abya Yala, como es el caso de Venezuela, para designar el territorio prehispánico y evitar así la palabra América que para los indigenistas radicales simboliza la imposición de un término colonialista por parte de España cuando llegó en 1492. Así los niños, aprenden hoy un nombre de escasa historicidad pero mucha política.

Abya Yala, es el nombre que parece que el pueblo guna o cuna -depende de la interpretación que se le quiera dar- originario de Panamá, daba al territorio que ellos conocían, una región concreta pero no todo un continente que ni sabían que existía.. Significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, en lengua dulegaya. De la misma manera que para los mayas la península donde estaban asentados era Mayab o también Cem Anahauac para los habitantes de lo que hoy es parte de México y significa lo uno entre las aguas, en náhualt clásico.

Algunas tribus indígenas proponen este cambio de nombre como oposición al de América que deriva del navegante florentino Américo Vespucio que acompañó a Colón y a otros expedicionarios en varios viajes y era el encargado de hacer los mapas de las rutas que exploraban. El uso social y mercantil de aquellos documentos derivó en los mapas de Américo – que eran señal de fiabilidad- y de ahí a América con su distorsión fonética propia de la transmisión oral de su existencia en la época. ¡ Vaya manera de perder el nombre de Colombia -en lugar de América- para la gesta de Colón !.

El uso de Abya Yala se propuso durante la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas celebrado en Kiruna ( Suecia ), en 1977, junto con la declaración del 15 de noviembre como Día Internacional de los Pueblos Indios; así como demandar a España por la invasión de tierras americanas y la utilización del nombre América para denominar a todo el continente americano.

Estas tres propuestas recibieron una aceptación general que capitaneó Constantino Lima Chávez ( boliviano de la tribu de los aymara y abogado ) en base a sus investigaciones. Este primer activista indígena, había tenido dos años antes en Bolivia un esclarecedor encuentro con los representantes de un pueblo que vivía en una de las 300 islas de San Blas, en Panamá. Y lo contaba como que fue un día inolvidable porque después de 500 años de estar separados artificialmente, llegó la ocasión en la que pudo ver a sus hermanos cunas.

Fue con un sayla ( representante de la comunidad indígena o jefe de la tribu ) de 76 años, acompañado de otros miembros, quién le relató la historia contada verbalmente de generación en generación y que no podía seguir callando ante un hermano que llegaba de tierras tan lejanas. Le dijo que el término Abya Yala, no hacía referencia a su isla o a la parte del continente que podían conocer sino a toda la masa territorial imaginable. Norte, Centro y Sur América es Abya Yala porque en su idioma ABYA significa tierra y muchos añadidos y YALA, hombre en plena juventud. Luego Abya Yala quiere decir tierra en pleno auge de juventud madura.

Como se ve es una idea difícil de demostrar más allá de esta tradición oral además de que esta misma comunidad usaba otros nombres para su territorio ancestral, tales como Kualagum Yala; Tagargun Yala o Tynda Yala. Esto supone una inverosímil comprensión de su entorno geográfico para unos pueblos que apenas ocupaban alguna isla de su archipiélago comparándolo con toda la masa territorial de lo que hoy se conoce como América. No sé cómo iban a bautizar a todo un continente de la extensión de América, desconociéndolo.

Lima, que posteriormente se rebautizó como Takir Mamani, reconocería en el año 2014 que la historicidad del término era lo de menos dada la debilidad de sus argumentos ya que lo que resultaba urgente era despojarse de un nombre impuesto. Eso era lo que pasaba con el continente Abya Yala que si no sabían su nombre lo iban a inventar porque el nombre de ese criminal ( adjetivo inventado para desacreditarlo ) llamado Américo Vespucio no puede seguir en ese inmenso continente.

Como ya he mencionado con anterioridad, no fueron los españoles quienes divulgaron la palabra América. Colón murió en un tiempo en el que al Nuevo Mundo se le llamaba las Indias creyendo que se trataba de la parte más alejada de Asia. El nombre de Amèrica apareció por primera vez en un mapa del cartógrafo suizo Martin Waldseemüller en 1507 cuando tanto la reina Isabel ( 1504 ) como Colón ( 1506 ) ya habían fallecido.

Como es sabido, el nombre de América proviene del cosmógrafo y navegante Américo Vespucio que vivió de 1454 a 1512 y fue uno de los primeros en defender -de manera clara y abierta- que lo descubierto se trataba de un nuevo continente algo que a Colón le disgustaba y jamás quiso aceptar por razones de prestigio y sobre todo económicas.

Hasta la celebración de la Cumbre mencionada con anterioridad, el nombre de Abya Yala fue objeto de oposición y hasta de burla por quienes temían que podría ser motivo de confrontación étnica pero a partir de entonces el término se popularizó en textos escolares, casas editoras, fundaciones y otros.

Al principio, compartió protagonismo con otras propuestas como Continente Solar pero luego fue aceptado por instituciones públicas de Bolivia y Venezuela. Todo ello a pesar de que cómo se ha visto, ni su origen es claro, ni su uso realista para una sociedad que desde hace cinco siglos y gracias a los españoles es mestiza y no solo indígena.