España inicia el siglo XIX con su transición hacia el liberalismo que se ve plasmada en la nueva Constitución que se realiza en las Cortes de Cádiz, celebradas en 1.812. Las innovaciones legales fueron muy importantes y trajeron las lógicas consecuencias de carácter procesal, de reestructuración de los órganos judiciales y de la supresión de la tortura como método de interrogatorio para obtener una confesión.

En cuanto a las innovaciones legales de carácter procesal se encuentran : la exigencia de mandamiento judicial previo a la detención; su presentación al juez en las 24 horas siguientes; la libertad bajo fianza; la comunicación al detenido de todos los documentos y declaraciones de los testigos, con sus nombres; la publicidad del proceso; la sustitución de la pena de la horca por el garrote…

Sobre la reestructuración de los órganos judiciales, se realiza el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia; en las cabezas de partidos judiciales se destinaba a un juez de letras con funciones en lo contencioso aunque con límites; y a nivel municipal los alcaldes y jueces de paz…

Se declara abolido el tormento en todos los dominios de la Monarquía Española; también la práctica introducida de afligir y molestar a los reos por lo que ilegal y abusivamente llaman apremios; aparece la acción popular para perseguir delitos….

El reto que este cúmulo de disposiciones supuso para la investigación criminal estaba claro. Por ello se trataron de poner en marcha nuevos métodos de investigación y de identificación de las personas y otros se perfeccionaron. Entre los primeros, destacan las cartas de seguridad que permitían denegar la entrada a las ciudades de los delincuentes y malhechores; las órdenes de busca y captura que contenían además un breve historial delictivo; las averigüaciones de domicilio o paradero para las muchas personas que desaparecieron en el transcurso de la Guerra de Independencia; la infiltración policial, especialmente en los delitos de tipo político que tras el Trienio Constitucional de 1824, fue una cosa corriente; los confidentes o soplones de carácter profesional cuya impunidad estaba garantizada aunque la denuncia resultara ser falsa; las vigilancias, que las realizaban gente extraña a los cuerpos policiales que se les contrataba para completar el servicio…

Con estas herramientas, se tuvo que luchar contra la inestabilidad social que trajo la Guerra de la Independencia, en la que predominaban los delitos violentos. Son los años del bandolerismo romántico que incluye nombres tan famosos como los de El Tempranillo; Diego Corrientes; Luis Candelas…Los métodos que utilizaban estos delincuentes incluían secuestros, robos a mano armada, asesinatos, fugas de los penales…

También existían carteristas, estafadores, ladrones de casas, como manifestaciones de la delincuencia urbana. Para combatirla se dividió la ciudad en Distritos o Cuarteles y también, disponiendo de fuerza auxiliar suficiente para proceder en cada momento al apacigüamiento de tumultos u otras alteraciones de orden público.

Con la primera medida, se pretendía tener conocimiento inmediato de cualquier delito que se produjera y para ello se establecía incluso donde debían de residir los alguaciles y los Alcaldes de Cuartel dentro de su Distrito. La idea que prevalecía era la de proximidad física al lugar donde se cometiera el delito y del conocimiento del posible infractor.

La creación de la Policía en 1824, significó por un lado continuidad ya que el sistema tradicional de los Distritos no fue abandonado y por otro, la renovación de las estructuras tradicionales al profesionalizar las funciones policiales que hasta entonces habían sido dispersas en muy diversos organismos: Ejército, Audiencia, Santa Inquisición, Sala de Alcaldes de Casa y Corte…

Al frente cada Distrito se hallaba un Comisario de Cuartel ( de donde se deriva la palabra Comisaría, es decir, el lugar donde habitaba y tenía la oficina el Comisario ) y al frente de cada barrio y subordinado al anterior, un Celador de Barrio. El Comisario disponía para el Servicio de unos alguaciles o porteros y de fuerza armada, los Celadores Reales con los que organizaba las rondas nocturnas, antecedentes del actual 091.

La labor del Celador, consistía en conocer a todos los residentes del barrio en el que se tenía que desenvolver profesionalmente. La práctica demostró que únicamente eran castigados aquellos delitos que se descubrían in fraganti ya que existían barrios con tal movimiento de personas y con tanto transeúnte que resultaban imposible de controlar.

El diputado de Izquierda Republicana de Cataluña Gabriel Rufián, formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez haciéndose eco de las distintas ONGs y organismos internacionales que cuestionaron la legalidad de la decisión del Ministerio del Interior de desembarcar por la fuerza en el puerto senegalés de Saint Louis el 30 de agosto de 2023 a los 168 inmigrantes que fueron interceptados a unas 80 millas náuticas ( 148 kilómetros ) de la Costa de Mauritania por la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo.

El desembarco en ese muelle se produjo tras seis largos dias de travesía e incertidumbre, incluido un conato de motín a bordo porque los inmigrantes se negaban a ser devueltos a la costa africana. Y todo ello después de que Mauritania que era el lugar más cercano al desembarco, también se negara a hacerse cargo de los recogidos porque habían salido de Senegal.

El diputado catalán, mencionó en su pregunta varias posibles irregularidades que también se vienen denunciando en las expulsiones directas de inmigrantes en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. La principal, el incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no haber garantizado las autoridades españolas que personas que estaban bajo su jurisdicción pudieran haber solicitado asilo político; no facilitar intérpretes, ni asesores legales; practicar una devolución en grupo sin procedimientos administrativos individualizados, tal y como exige la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; no comprobar si entre los inmigrantes había menores de edad, entre otras cuestiones.

La respuesta gubernamental que se dio el pasado diciembre, ha sido que toda aquella operación fue impecable y que cumplió con la legislación tanto nacional como europea e internacional en materia de derechos humanos porque el criterio que se aplicó es el mismo que a los náufragos de acuerdo con las bases del régimen jurídico internacional para la interceptación y el rescate de las embarcaciones que se hallen en peligro en el mar.

Y en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar ( Convenio Solas ) y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo ( Convenio SAR ). Todos estos textos de Derecho Internacional Marítimo que nada tienen que ver con la inmigración ilegal, consagran la obligación de rescatar a cualquier persona que esté en riesgo en el mar y llevarla sana y salva cuanto antes a tierra.

Y en esa línea, el Gobierno de la Nación sostiene que exactamente eso fue lo que hizo la patrullera de la Guardia Civil, obviando cualquier referencia a la legislación inmigratoria y de protección internacional de refugiados. No hubo lo que se conoce como expulsiones en caliente, solo se procedió al rescate en aguas internacionales de los ocupantes de una embarcación que presentaba condiciones precarias de navegación para trasladar a esos náufragos a tierra firme, en este caso Senegal.

En materia de predicción, los pesimistas siempre juegan con ventaja. Efectivamente, todo es empeorable y la producción de violencia a lo largo del siglo pasado es tan impresionante que cualquier pronóstico sobre la capacidad del ser humano para resolver pacíficamente las disputas ha de vencer el obstáculo de muy sólidas evidencias.

Sin embargo, una visión más reposada permite refutar ese pesimismo radical. Pese a todo, la probabilidad de evitar que los conflictos desemboquen en enfrentamientos sangrientos es hoy mayor que ayer. Y ello incluso en un terreno tan cargado de interrogantes como el del terrorismo.

Tan vieja como la Historia -de los sicarios de Judea anteriores a nueva era a los narondnikis ( populistas ) rusos de finales del siglo XIX- la práctica del crimen con fines políticos rebrotó en Europa en los años setenta en plena resaca del revolucionarismo del 68. Pero su incidencia solo fue considerable en Alemania ( la Facción del Ejército Rojo, también conocida por el nombre de sus principales dirigentes como la Banda Baader Meinhof ) e Italia ( Primera Línea y la Brigadas Rojas ). Las dos naciones derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. El dogmático izquierdismo de esa generación era tal vez, una forma de afirmación de su propia identidad frente a la de sus padres a quienes consideraban criminales de guerra.

Pero siendo espectacular su respuesta, reprodujo por un deseo secreto de emulación los métodos criminales aunque no a escala mundial de aquellos contra quienes creía rebelarse. El terrorismo fue derrotado en los años 80 por la fortaleza del Estado democrático y por la pérdida de la referencia comunista. Pero también porque siendo un fenómeno predominantemente generacional el trascurso del tiempo fue desgastando su motivación.

La incidencia de ese terrorismo izquierdista fue limitada en España al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota ( FRAP ) y a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ( GRAPO ) pero la que si fue grande es la de su pariente de raiz nacionalista vasca ( ETA – Euskadi Ta Askatasuna – Patria Vasca y Libertad ). Nacida del tronco del aranismo ( seguidores de Sabino Arana, considerado el padre del independentismo vasco y símbolo del actual Partido Nacionalista Vasco -PNV- ) y muy influida en sus orígenes por la ideología católica ( nostalgia del apocalipsis, milenarismo que sostiene que el fin de los tiempos sucederá tras la segunda venida de Cristo ). Consiguió sobrevivir a sí misma tras el derrumbe del franquismo contra el que había surgido y se convirtió en un poderoso factor de desestabilización de la democracia durante la transición política.

A mediados de los 80, sin embargo, su derrota política era evidente porque ya no era capaz de decidir con sus acciones terroristas -pese al creciente salvajismo- el rumbo de los acontecimientos políticos. Y si un pesimista radical podría deducir de esa barbarie los más negros presagios de entonces, una mirada más distanciada permitía ya entonces formular una hipótesis menos desesperanzada. Aunque seguía habiendo más suposiciones que certezas era un hecho que incluso los fanatismos más arriesgados necesitaban algún anclaje a la realidad. Y esta circulaba en lo fundamental en una dirección opuesta a la prevista por los iluminados de la redención patriótica por la sangre.

A comienzos de los años 90, el separatismo vasco siguió conservando un gran atractivo para sectores muy heterogéneros de la población pero su espíritu de lucha tradicional exacerbado por el franquismo tendió entonces a diluirse en un mar de preocupaciones prosaicas: desarrollo del Estatuto de Autonomía, inversiones en infraestructura, financiación de la Seguridad Social… o criterios de representación territorial que podían conformar un programa electoral pero no un objetivo sagrado. Y sin ese propósito no puede haber ya discurso heroico.

Mejor dicho, el discurso existe pero reducido a su condición retórica sin posibilidad de encontrar eco extramuros del conflicto del que emana. Se necesitaron dos décadas más para que esa conciencia de vacío alcanzara a los propios actores de la violencia. Como era previsible el desarrollo de la democracia venció a ETA que en ausencia de público dejó de matar para convertirse en un partido político que hoy apoya y sustenta al Gobierno socialcomunista que rige los destinos de España.

Ahora ya con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, es hora de recordar a aquellos policías que estuvieron destinados en aquellas tierras montañosas de la España en blanco y negro y durante los años de plomo en los que solo el gran amor a la patria les hizo perseguir, en condiciones que ahora sonarían a increíbles, a estos bandidos y criminales que llenaron de luto y dolor a centenares de miembros de todos los Cuerpos Policiales y a sus familias. Sin olvidar a militares. políticos y civiles que también sucumbieron ante esta horda de asesinos.

Nunca la sociedad española reconocerá bastante el esfuerzo, sacrificio y la soledad de aquellos jóvenes veinteañeros de placa, gorra y tricornio que entregaron sus mejores años a combatir esa lacra que ahora hace equilibrios para evitar reconocer que su barbarie no ha servido para nada. Fueron derrotados por la acción conjunta y simultánea de la policía, la justicia y la democracia.

Por fin, la Dirección General de la Policía ha instaurado el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional para honrar a las víctimas y a sus familiares de esta lacra social. La fecha elegida ha sido la del 16 de junio para honrar la memoria de la primera mujer policía ( Inspectora del entonces Cuerpo Superior de Policía e integrante de la primera promoción que admitió a mujeres ) que murió en enfrentamiento con ETA, en la localidad de Zarauz ( Guipúzcoa ) en 1981, cuando participaba en un servicio policial antiterrorista.

En la Policía Nacional han sido asesinados 188 de sus miembros entre los años 1968 y 2015, una cifra a la que hay que añadir las decenas de policías heridos y de familias destrozadas que padecieron el terrorismo en primera persona. El primer atentado de ETA premeditado y preparado contra un miembro de los Cuerpos Policiales, fue el 2 de agosto de 1968 en Irún ( Guipúzcoa) donde residía, en la persona del Inspector-Jefe de la Policía ( entonces Cuerpo General de la Policía ) Melitón Manzanas González. Era el Jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián.

Fue asesinado en la misma puerta de su casa, a donde regresaba hacia las tres de la tarde para comer después de trabajar en la Comisaría. Cayó tiroteado delante su mujer, María, que fue quién le abrió la puerta al llegar. Su hija se asomó a la puerta al oír el primer disparo y tuvo tiempo de ver a su asesino antes de que su madre la empujara para adentro de la casa. Un hombre que le aguardaba en el rellano de la escalera de una casona vasca de dos pisos, en cuyo piso primero vía Melitón, le disparó siete tiros. Uno le dió en la cabeza, otro en la mano y un tercero en la muñeca. El primero de ellos le causó la muerte en el acto.

ETA llevaba preparando este atentado bastante tiempo que tenía el nombre de Operación Sagarra ( manzana en eusquera ). Pero el plan se aceleró cuando el miembro de ETA Javier Echevarrieta mató en junio de ese mismo año al guardia civil José Antoni Pardines, con ocasión de un control de carretera, cuando circulaba con otro etarra Ignacio Sarasqueta, en un vehículo con matrícula falsa y se le pidió la documentación del coche. El guardia Pardines fue la primera víctima mortal de la banda criminal pero su asesinato no fue planificado sino como resultado de la acción policial.

Los dos terroristas lograron huir pero fueron posteriormente localizados. Echevarrieta murió en el enfrentamiento armado posterior con la Guardia Civil, convirtiéndose así también en el primer terrorista etarra fallecido. Fue entonces cuando la dirección de la banda criminal decidió matar a Manzanas. a modo de represalia. El autor material de su asesinato, Javier Izco de la Iglesia fue detenido y condenado a muerte en un Consejo de Guerra celebrado en Burgos en diciembre de 1.970 ( por aquel entonces los delitos de terrorismo eran de jurisdicción militar y juzgados por tribunales militares ).

En ese mismo proceso, otros cinco etarras también fueron sentenciados a la pena capital por haber participado en la preparación del atentado y de otros dos asesinatos, aunque esta condena se revocó por otra a perpetuidad. En mayo de 1977 todos ellos fueron extrañados ( expulsados de España durante el tiempo de la condena ) a diversos países del norte de Europa ( Noruega, Dinamarca y Bélgica ) y en octubre de ese año se decretó la ley de amnistía que les permitió regresar a España.

Un total de 207 agentes heridos, 128 radicales detenidos, 800 contenedores quemados y 107 vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Autonómica catalana dañados, fue el balance ofrecido el 21 de octubre de 2019 por el entonces Ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlasca, tras cinco dias de disturbios que desbordaron el dispositivo policial establecido y que era cinco veces inferior al desplegado con motivo del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Entonces se movilizaron 10.500 agentes entre la Policía Nacional y la Guardia Civil por los 2.500 de ahora.

Unidad, firmeza y moderación en la respuesta, fueron algunas de las palabras repetidas como mantra por el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez que por aquel entonces se encontraba también provisional, desde que se desataron los violentos disturbios en Barcelona y otras ciudades de Cataluña tras conocerse la sentencia de los responsables del denominado proceso de independencia.

Una declaración de intenciones utilizada por Sánchez desde el primer momento para rechazar los llamamientos desde el Partido Popular ( PP ) y los hoy casi desaparecidos Ciudadanos, que reclamaban la activación del artículo 155 de la Constitución Española o la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Aquel Gobierno en transición alegaba que a diferencia de los ocurrido tras el referéndum ilegal, la Policía Autonómica estaba participando en el dispositivo policial y coordinándose de forma adecuada con los cuerpos policiales del Estado; que el número de agentes se consideraba suficiente y que se podrían enviar refuerzos en caso de ser necesario aunque se negaban a dar cifras oficiales por razones de seguridad.

Extraoficialmente, se pudo saber que la Policía Nacional dispuso de 30 Grupos de Intervención Policial ( UIPs ), estando compuesto cada Grupo por 50 Policías, lo que hacía un total de 1.500 efectivos. Y la Guardia Civil desplegó en torno a unos 1.000 Guardias pertenecientes a los Grupos de Reserva y Seguridad ( GRS ) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana ( USECIC ). La Policía Autonómica aportaba 1.400 antidisturbios de la Brigada Móvil. En total se contaba con casi 4.000 agentes con capacidad para actuar aunque se utilizó solo algo más de la mitad de ellos.

A pesar de todo este contingente policial, las noches de violencia principalmente en Barcelona dejaban un reguero de heridos y detenidos desde el primer momento de aquella semana infernal que empezó el lunes día 17 de octubre de 2019 que fue cuando se hizo pública la sentencia judicial de los golpistas catalanes. A la altura del jueves día 20, más de 200 Policías habían necesitado asistencia médica y uno 160 civiles también. Al día siguiente viernes, día 21 hubo que sumar 62 manifestantes heridos por los desórdenes producidos durante la noche.

Cómo novedad destacable esta ocasión en las actuaciones policiales fue el estreno del camión-botijo de la Policía Nacional que se había comprado en el año 2014 por el Gobierno del Partido Popular y hasta entonces no se había decidido su utilización. Ante el recrudecimiento de los desórdenes públicos, la Policía Autonómica catalana empleó también por primera vez su camioneta de agua para abrirse paso entre las barricadas levantadas por los radicales independentistas . Este denominado camión hidratante había sido adquirido en 1994.

Barcelona fue la capital de los disturbios que duraron una semana y que a la altura de su quinta noche fueron especialmente violentos por su duración, su intensidad y la dosis de violencia que emplearon los manifestantes. Más allá del rechazo a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra los sublevados, los jóvenes pusieron en el centro de la diana a la Policía. Miles de ellos se enfrentaron con gran dureza y durante horas a las unidades desplegadas.

Los violentos cercaron la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, sita en la Vía Layetana, durante siete horas, donde arrojaron todo tipo de objetos, ( petardos, botellas, pintura y bolas de acero ) levantaron barricadas, incendiaron contenedores y cortaron señales de tráfico. Habían ido preparados para el combate. La mayoría de ellos iban encapuchados, tapándose la boca con un pañuelo e incluso lucían cascos de moto y gafas de protección. Algunos llevaban escudos caseros con el dibujo de un Ave Fénix, símbolo de las corrientes más separatistas del independentismo. Al anochecer, la protesta se trasladó al corazón de la ciudad donde se encontraban desplegados los efectivos autonómicos y tuvieron que emplear su blindado con cañón de agua. En este enfrentamiento, tres policías resultaron heridos al ser alcanzados por el impacto de diversos objetos.

La jornada del viernes, había comenzado por la tarde con una masiva manifestación que había congregado a decenas de miles de personas llegadas de toda Cataluña y que transcurrió pacíficamente. En paralelo, se estaba desarrollando una huelga general que colapsó los accesos a la ciudad durante casi todo el día. Pero la violencia acabó de nuevo empañando otro día más Barcelona.

Grupos de jóvenes que los convocantes de las entidades separatistas dijeron que les eran ajenos, volvieron a protagonizar otra batalla campal contra la Policía con barricadas a menos de un kilómetro de la marcha principal. Los ataques de los vándalos dejaron un reguero de 182 heridos en la región, de los cuales 152 de ellos lo fueron en la ciudad condal; 82 detenidos y enormes daños al mobiliario urbano.

El lunes, con la sentencia condenatoria recién publicada, el escenario escogido había sido el aeropuerto de El Prat, una acción espectacular para llamar la atención del mundo. Hubo enfrentamientos a los que la Policía respondió con contundencia. El martes, lo fueron la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Cataluña, símbolos del Estado opresor.

El miércoles y el jueves, los disturbios, dirigidos y organizados por grupos independentistas revolucionarios y anarquistas, seguidos por estudiantes, se extendieron intencionadamente por todo el centro de Barcelona. Adoptaron ya entonces un cariz antipolicial: la protesta por el fallo judicial se transformó en una revuelta contra los cuerpos policiales, fuese cual fuese el color del uniforme.

Era la venganza de los cachorros separatistas por las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 contra los votantes del referéndum ilegal. Aquella actuación acrecentó la animadversión del independentismo hacia a Policía Nacional. Estos hechos que llevaban el sello de los militantes de los CDR ( Comités de Defensa de la República ) serán olvidados al estar comprendidos en la Ley de Amnistía que entró en vigor el pasado martes, día 11 del presente mes de junio.

Tres de los más de dos centenares de Policías heridos que resultaron con lesiones muy graves que requirieron a alguno de ellos meses de ingreso y estancia hospitalaria debido a las cirugías médicas que necesitaron, han sido dados de baja en la Policía -jubilados anticipadamente al ser inútiles para el servicio policial- como consecuencia de la disminución de sus condiciones físicas. Recibieron el lanzamiento de tal cantidad de piedras que a uno de ellos lo han dejado en una silla de ruedas y a otro le rompieron un brazo. Del tercero se llegó a pensar que estaba muerto cuando lo pudieron recoger del suelo inconsciente y con el uniforme ensangrentado.

Fue el miércoles 10 de marzo de 2010 en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Educación rechazó por un solo voto la proposición no de ley del hoy desaparecido partido político catalán Convergencia y Unión ( CiU ), defendida por el parlamentario Jordi Xuclá, para instar al Gobierno de la Nación que entonces presidía José Luis Rodriguez Zapatero a que impulsara la incorporación a los textos escolares dentro del sistema educativo autonómico, la información sobre la hambruna de Ucrania en los años 1930 a 1932. En el fondo del asunto lo que se dilucinaba era ofrecer una visión lo más veraz posible de lo realmente ocurrido dada la enorme diferencia que se apreciaba entre las versiones de los historiadores rusos y ucranianos sobre qué objetivos perseguía Stalin en 1930.

Lo que Xuclá sostenía, lejos de la miopía de los que veían en su iniciativa tomar partido en la política interior de Ucrania, era la reparación de los tres grandes crímenes del siglo XX: el Holocausto sufrido por los judíos, las hambrunas provocadas por Stalin y las matanzas de Ruanda. Sobre estos tres hechos había presentado iniciativas y anunció que seguiría haciéndolo hasta conseguirlo.

El asunto requirió dos votaciones ya que en la primera se produjo el empate. Apoyaron la moción CiU, Partido Popular ( PP ) y el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ). Votaron en contra, Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y los comunistas de Izquierda Unida ( IU ) e Iniciativa para Cataluña-Los Verdes ( ICV). El Bloque Nacionalista Gallego ( BNG ) se abstuvo en el primer intento y en la segunda vuelta deshizo la igualdad al colocarse al lado de los grupos políticos de la izquierda por lo que la propuesta fue rechazada.

El ponente catalán no alcanzaba comprender por qué el PSOE no se alineaba con la posición de los que querían que los escolares conociesen una de las mayores tragedias del siglo XX: la muerte de millones de ucranianos por falta de alimentos. En la Comisión se cifró en siete millones los fallecidos por esta causa aunque los cálculos más conservadores los estimaban en tres millones y medio.

La intervención más destacada correspondió al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quién no dudó de hablar de genocidio al referirse a la colectivización forzosa de la tierra ordenada por Stalin. Las cosechas se vendieron a países extranjeros mientras los campesinos murieron de hambre.

En el debate, el representante socialista Emilio Alvares, quiso dejar claro el rechazo a las atrocidades del estalinismo y también a la penuria obligada de los años treinta y añadió que se oponían a la moción por una cuestión de competencias. A juicio de los socialistas, el Parlamento no debía decidir qué contenidos deben integrar el currículo escolar sino que era la comunidad educativa la que debía de acordar la materia a enseñar.

Reconocía, eso sí, que había un margen amplio para estudiar esta tragedia y otras más, tanto en 4º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ( ESO ), como en 1º de Bachillerato. Añadió Alvares además, que el reconocimiento a las víctimas de esta desnutrición ya se había hecho en la Comisión de Exteriores del Congreso, también a instancias de CiU y del mismo portavoz, Jordi Xuclá.

Pero las razones que esgrimió el portavoz socialista tuvieron su réplica por parte del nacionalista catalán quién aludió a una Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación ( UNESCO ), de noviembre de 2007, en cuyo párrafo tres llamaba a los países miembros a promover la memoria de la Gran Hambruna incorporándola a los programas investigativos y de educación y recordó que en otras partes del mundo se estudia el Heliodomor que es como se denomina en ucraniano aquella muerte por hambre de millones de personas, junto al Holocausto judío y el régimen de terror de los jémeres rojos en Camboya.

Ante estos argumentos, el ponente socialista afirmó que su grupo parlamentario y su partido político aprobaban todas las Resoluciones de las Naciones Unidas de condena de los crímenes del estanilismo aunque también introdujo en su discurso las diferentes interpretaciones que se daban sobre los hechos que se debatían y que dividían a rusos y ucranianos aún entonces y que llegan hasta hoy.

Los primeros niegan que se tratara de una limpieza étnica, rechazando que fuera un genocidio porque la hambruna dejó también un reguero de muerte por otras repúblicas soviéticas. Esta versión centra el objetivo de la represión de Stalin en los terratenientes. Los historiadores ucranianos niegan este parecer y defienden que aquel proceso colectivo forzoso no fue solo contra los dueños de la tierra sino contra el pueblo en general.

A esta última creencia, se sumaron CiU, PP y PNV ya que cuestionaban que hubiera en Rusia tantos terratenientes. Países como Estados Unidos y Canadá con minorías ucranianas procedentes de la diáspora pero también otros como Australia, Argentina o Polonia, han reconocido la hambruna como genocidio. Y así seguimos hasta hoy…

Sin embargo, el pasado 23 de noviembre de 2023, España, Andorra, Chile, Costa Rica, Guatemala, Uruguay y otros 49 países más condenaron en la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), la Gran Hambruna provocada por el dictador comunista José Stalin en Ucrania, con motivo del 90 Aniversario de aquellos lamentables sucesos. Se trataba de una Declaración iniciada por Ucrania en la que se recogía el trabajo diplomático realizado por ellos durante los últimos años para dar a conocer al mundo el Holodomor ( derivadas de las palabras ucranianas holo -hambre- y mor -exterminio ) y mantener viva la memoria de las víctimas.

Como está aceptado por la comunidad internacional que han investigado aquel reconocido exterminio, no se trató de un error político, ni de una sequía inmisericorde, ni de una mortífera plaga; sino de la política de Stalin para liquidar el nacionalismo ucraniano. Las directrices políticas no solo diezmaron Ucrania privándola de alimentos, sino que su policía política eliminó a la intelectualidad: periodistas, escritores, profesores, historiadores y filólogos sobre todo; sacerdotes, artistas y por supuesto, a los políticos y burócratas relacionados con la breve República Ucraniana de 1917/ 18.

Para mañana lunes, día 27, está prevista la llegada a España del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski para mantener un encuentro con S. M. el Rey, Felipe VI y con el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El Presidente del Partido Popular ( PP), Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido sus actos de campaña electoral a la Unión Europea ( UE ), con la pretensión de poder entrevistarse también con él aunque aún no se ha hecho público buscando el encaje en las respectivas agendas políticas.

Esta visita tuvo que suspenderse hace diez dias por la marcha adversa de los combates de la guerra contra la ocupación rusa y tiene como objeto la firma de un acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania como también lo han hecho Gran Bretaña, Alemania, Francia o Italia. Ucrania está recibiendo ayuda militar de todos los países mencionados en la desigual lucha que mantiene desde hace más de dos años con el coloso ruso para expulsarlo de los territorios ucranianos invadidos.

Esta incursión militar no ha sido condenada ni por los actuales socios del Gobierno socialcomunista como Sumar, ni por los anteriores de Podemos, ni por los restantes grupúsculos de la extrema izquierda que se declaran ardorosamente pacifistas y amantes del diálogo.. En cambio, la parte socialista del mismo si lo hizo desde el primer momento, el 24 de febrero de 2.022.

Estoy convencido de que a mucha gente le gustaría encontrarse en la calle una cartera con mucho dinero, un décimo de Lotería premiado o un objeto de valor. Seguro que casi nadie puede ocultar ese deseo pero y si un día se cumple… ¿ qué hago ?.

Nuestro Código Penal no deja lugar a dudas y en su artículo 254, dice que : será castigado quien se apropiare de una cosa mueble ( que puede trasladarse) ajena. No vale decir que estaba perdida porque nadie abandona -voluntariamente- una cantidad de dinero o un objeto de valor. Y si lo encontramos casualmente, hay que asumir que han sido extraviados y lo lógico es pensar que su dueño desea recuperarlos.

Para evitar cualquier problema legal se debe de devolver cualquier objeto valioso encontrado, ya sea en cualquier Oficina de Objetos Perdidos correspondiente, Cuerpo Policial más próximo o al encargado de una tienda, por ejemplo, si allí se ha producido el hallazgo.

Si no se denuncia el elemento encontrado, se podría acabar condenado por un delito de apropiación indebida, previsto en el Código Penal y que establece la obligatoriedad de hacerlo bajo castigo de una multa de 3 a 6 meses ( la fija el Juez y va de 2 a 400 euros diarios ). Si la cuantía fuera inferior a 400 euros, incurriríamos en un delito leve ( antigua falta ) castigado con una multa de dos meses.

Si no hay reclamación alguna y el material ha sido depositado, podrá quedarse con él la persona que lo ha encontrado transcurridos dos años; si apareciera el dueño y lo reclamara se le puede exigir el 10% del valor del objeto de acuerdo con lo establecido en el articulo 616 del Código Civil que obliga al propietario a que abone a un premio al que hubiera hecho el hallazgo.

Aunque a veces la tentación puede ser grande, quedarse con lo encontrado puede traernos problemas legales. En esto el Código Civil es claro e impone la obligación de llevar los efectos hallados a los lugares ya mencionados y que suele custodiar -especialmente- la Policía Local de cualquier Ayuntamiento.

Si el hallazgo ha sido en el transporte público, las empresas que operan estos medios tienen oficinas propias. Si ha sido en la vía pública, hay que ir a la oficina municipal y si ha sido en algún establecimiento público, lo recomendable es depositarlo en el lugar para tratar de localizar al dueño.

El 9 de junio de 2.017, el entonces Presidente del Gobierno Autonómico catalán Carlos Puigdemont anunció que el 1 de octubre de ese mismo año se celebraría un referéndum por la independencia de Cataluña, iniciando así un pulso sin precedentes al Estado español con el fin de hacer realidad el sueño separatista. El 6 de septiembre, el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum que fue suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional.

El 20 de septiembre, fue uno de los dias más complicados para el independentismo ya que arrancó con una serie de registros por parte de la Guardia Civil en varias Consejerías del Gobierno regional y se detuvieron a 14 pesos pesados del separatismo que eran altos cargos del mismo. Las búsquedas continuaron hasta llegar a una imprenta de Bigues y Riells ( Barcelona ) donde se encontró diverso material electoral, destacando millones de papeletas impresas para la consulta popular.

Al mismo tiempo, decenas de manifestantes cortaron las Ramblas de Barcelona y la Vía Layetana, dos de las arterias principales de la ciudad. El partido político Podemos aprovechó para convocar protestas en varias ciudades contra la actuación del Gobierno central -que entonces era del Partido Popular ( PP )- en Cataluña que fueron un completo fracaso dada la escasa asistencia conseguida. El Partido Socialista Español ( PSOE ) respaldó las detenciones y pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum.

Después llegó el 1 de octubre y se celebró la consulta popular con numerosos incidentes debido a la prohibición expresa del acto por el Tribunal Constitucional. Desde las primeras horas de la madrugada centenares de personas ocuparon 163 colegios electorales para impedir que los cerraran y empezaron a llegar las urnas y las papeletas. La Policía Autonómica empezó a desalojar y precintar algunos centros. En otros, se limitaron a informar de su ilegalidad y no desalojaron por la negativa reiterada de sus ocupantes entre los cuales se encontraban numerosas personas vulnerables como niños y ancianos. La Fiscalía se quejó de esta pasividad de la Policía catalana que consideró como una dejación de funciones por incumplimiento de la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar el referéndum.

A las 9 de la mañana, abrieron los centros de votación y con ellos aparecieron los primeros choques contra la Policía Nacional que se vió forzada a intervenir para tratar de impedir el plebiscito con arreglo a lo dispuesto por la orden judicial. Lograron cerrar 113 de estos lugares y cerca de un centenar no se llegaron a abrir ante la presencia de los agentes. Simultáneamente, la Guardia Civil logró suspender el sistema informático que recogía los datos de los 2.135 colegios electorales que se prepararon.

A partir de las 11 de la mañana, la tensión era ya muy alta y comenzaron a producirse choques violentos en las calles entre manifestantes y Policías. A la hora del cierre de la consulta, los incidentes continuaban en los puntos de votación repartidos por toda Cataluña, concentrándose en Barcelona algunos de los episodios más tensos que ya presentaban un saldo de seis manifestantes detenidos y casi 800 heridos de diversa consideración ( afectados de mareos, contusiones o ansiedad ). Por parte de la Policía hubo 11 heridos y 431 contusionados. Pedro Sánchez -entonces en la oposición- dejó bien claro su profundo desacuerdo con las cargas policiales.

A pesar de todo, en su totalidad votaron 2,3 millones de personas de las cuales el 90% lo hizo a favor de la independencia. No obstante, se estimó que no fue plenamente válido puesto que no se reveló el origen del censo, ni el método del recuento. Numerosos testigos afirmaron también que varias personas votaron varias veces y otras lo hicieron sin identificación previa. Puigdemont anunció al término del referéndum de que en los próximos dias declararía la independencia, lo que hizo el 10 de octubre de 2017 aunque suspendiendo sus efectos con carácter inmediato para que a continuación se iniciara un diálogo para llegar a una solución acordada.

El Tribunal Supremo publicó el 14 de octubre de 2019 la sentencia por la que se condenaba a los 12 dirigentes separatistas más destacados a penas de entre 10 meses de multa y hasta 13 años de cárcel. La intromisión judicial del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) imponiendo a la Fiscalía la petición penal por sedición y no por rebelión como apuntaban los hechos acaecidos, supuso el cese de la Fiscal General del Estado y su sustitución por otra persona más sumisa a cumplir los deseos de Pedro Sánchez -entonces ya en el poder-que pensaba que lo ocurrido fue insuficiente para imponer la independencia territorial y la derogación de la Constitución. La sentencia también recogía que también se malversó 250.000 euros de dinero público.

Carlos Puigdemont que también fue procesado y se le pedía pena de prisión, se había fugado de España a finales de octubre de 2.017, logrando cruzar la frontera oculto en el maletero de un coche, rumbo a Bélgica donde continúa en la actualidad como huido de la justicia española aunque haya trasladado provisionalmente su domicilio a una casa de la región del Vallespir en el sureste francés, a una treintena de kilómetros de la frontera española para seguir de cerca las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo donde se presenta como candidato a diputado del Parlamento regional y con la esperanza de poder repetir como Presidente de la Comunidad Autónoma.

El pasado 8 de febrero, la Audiencia de Barcelona ratificó la decisión del Juzgado de Instrucción número 7, de procesar a 46 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre en la ciudad condal. En el auto judicial, el tribunal rechaza todos los recursos que se presentaron contra el procesamiento de los Policías y valida la decisión de instructor al acabar la investigación en enero de 2.023, sobre la intervención policial en distintos colegios electorales de Barcelona. De esta forma, el tribunal rechaza procesar a más agentes como pidieron las acusaciones, ni archivar la causa para los procesados como pidieron las defensas.

Una sociedad decente es aquella en la que cada persona recibe el honor debido por parte de sus instituciones. Un sociedad decente es también aquella que no humilla. La sociedad vasca de hoy, la del posterrorismo etarra, es una sociedad indecente en la que algunos de los que reivindican: verdad, memoria y dignidad ; humillan a las víctimas de ETA.

Un ejemplo de ello, lo encontramos en el inmoral brindis de la Nochebuena del año 2.018, del heredero político de ETA, Arnaldo Otegui, con los dirigentes territoriales del Partido Socialista de Euskadi ( PSE ); Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Elkarrekin ( Juntos ) – Podemos. La fotografía que sirvió de recordatorio al acto, fue publicada por los periódicos El Correo Vasco, de Bilbao ; y el Diario Vasco, de San Sebastián, ambos de la misma cadena de medios ( Vocento ) y organizadora del encuentro. El hecho se realizó a iniciativa del Diario Vasco y ambos rotativos son referencia en la región vasca y además fueron víctimas de ETA en el pasado.

En la actualidad, pese a comprometerse con la deslegitimación del terrorismo vasco, incurren a menudo en todo lo contrario. Ninguna autocrítica les mereció a sus directores el que un miembro de la Ejecutiva del socialismo vasco, José María Múgica, tuviese que dimitir de su cargo orgánico tras tener que ver -con sus propios ojos- un reportaje periodístico que, legitima -política y socialmente- a quien justificaba el asesinato de su padre ( ocurrido el 7 de febrero de 1996, en San Sebastián de un tiro en la nuca, por ETA ) y el de todos los muertos por el terrorismo vasco.

Por si no fuera bastante con esto, el día anterior, El Correo Vasco, entrevistaba a otro heredero de ETA, Rafael Diez Usabiaga, titulando que : las bienvenidas a los presos de ETA en sus pueblos de origen o residencia, no deben de percibirse como una ofensa a las víctimas. Convirtiéndose así, este periódico propiedad de la burguesía vasca sufridora de varios secuestros, asesinatos e impuestos revolucionarios, en una plataforma privilegiada para blanquear a los actuales responsables de la herencia etarra y su proyecto político totalitario, basado en la coacción, el miedo y la muerte.

Estos representantes de los terroristas que no son más que lobos disfrazados de corderos, que no son capaces de alcanzar un mínimo democrático como es la condena del terror etarra, están logrando convertirse en respetables referentes sociales mediante el lavado de biografías manchadas de sangre.

Poco o nada, deslegitiman a ETA, los testimonios de sus víctimas en esos periódicos cuando sitúan en idéntico plano moral a los representantes políticos del terror, invitándoles a victimizar a los terroristas y a manipular la realidad sobre sus execrables crímenes.

En las páginas de El Correo Vasco, es frecuente ver a los herederos de ETA como coalición soberanista e izquierda patriótica ( abertzale ) y se estigmatiza a Vox como ultraderecha, siendo el partido político de las víctimas del terrorismo como sus dirigentes, Santiago Abascal y Ortega Lara, lo han sufrido.

La engañosa derrota de ETA, que algunos políticos socialistas predican, esconde la impunidad política y social del terrorismo separatista, injustamente rehabilitado en la sociedad y en la política vasca. Así como también la victoria del nacionalismo institucional imponiendo un relato muy peligroso : los fines independentistas compartidos del PNV con Reunirse ( Bildu ) – ETA, no deben de quedar contaminados por el terrorismo separatista.

Lo peor de todo es que los partidos políticos constitucionalistas que tienen representación parlamentaria en la tierra vasca han asumido la hegemonía nacionalista. Ese totalitarismo que confunde a una sociedad plural con una de sus partes, erigiendo al separatismo en el único sujeto válido hoy.

El PNV, se ha aliado con Reunirse ( Bildu ) – ETA, para denunciar la base antidemocrática de la Constitución Española y tanto el Partido Popular ( PP ) como el PSE, han aceptado como demócratas esta fraudulenta legalización.

Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, han prometido memoria y dignidad a las víctimas del terrorismo, ensalzando una derrota de ETA a la que renunciaron después del ingente esfuerzo policial y judicial. Los nacionalistas vascos desean imponer un relato verosímil pero falso, justificativo de los crímenes de ETA. Si se hubiera derrotado a los terroristas de ETA realmente, no sería necesario esa batalla del relato a la que invocan aquellos que han consolidado su poder gracias al terrorismo.

Por eso humillan a las víctimas, negándose a cumplir las leyes que prohíben expresamente los homenajes públicos a los terroristas presos o excarcelados. Es patética la fingida indignación e impotencia de los responsables políticos, antes del PP y ahora del PSE, prometiendo nuevas medidas que nunca llegan, cuando ya disponen de instrumentos legales que evitan aplicar.

Otra escenificación de memoria indecente, también se produjo el 1 de octubre de 2.019, en el Palacio de la Moncloa cuando España y Francia, rindieron homenaje al triunfo del Estado de Derecho sobre el terrorismo etarra. Un acto en el que el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez no reclamó justicia ni una sola vez.

En esta reveladora teatralización tampoco sonó el himno nacional, símbolo de la nación atacada por el terrorismo de ETA y por tanto del significado político de las víctimas, plurales en sus ideas pero reunidas por la intencionalidad política de sus asesinos.