La suspensión sin precedentes de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, ocurrida el pasado domingo en Madrid y con ella la posterior entrega de premios, provocada por unos cuantos cientos de manifestantes radicales que llevaban dias desplegándose y obstaculizando el recorrido de esta competición deportiva de notable proyección internacional para denunciar los crímenes de guerra que Israel está realizando en la franja palestina de Gaza, derivó en unas protestas que si bien podían entenderse al principio pasaron enseguida a ser unos hechos intolerables.

La presencia en esta carrera ciclista de un equipo privado israelí ( Israel-Premier Tech ), dirigido por un español, el navarro Oscar Guerrero, que estuvo sufriendo durante el recorrido de la misma pintadas amenazadoras que rebasaron todo activismo pacífico que fue deslegitimado con actuaciones que pusieron en riesgo la seguridad de los corredores y de miembros de la organización y que culminaron en la etapa final con enfrentamientos con la Policía a la que agredieron con lanzamiento de botellas, botes y vallas protectoras. La bondad de una causa no justifica ningún exceso que en último extremo y a modo de fracaso en su pretensión, requiera el empleo de la violencia contra los trabajadores de la seguridad ciudadana.

El argumento de los manifestantes que era coincidente con el del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez de que los desórdenes públicos ocurridos en las calles de Madrid apenas tenía importancia si se relacionaban con las barbaridades que se estaban cometiendo contra los palestinos, constituye una falacia exculpatoria que bajo un pretendido compromiso político solidario, lo que terminó haciendo fue una banalización inimaginable del sufrimiento de los gazatíes. Este padecimiento exige de la comunidad internacional que haga cuánto sea preciso para que el Gobierno de Netanyahu le ponga fin de inmediato y una empatía pública para que no se convierta en protagonista con ejercicios de fuerza inaceptables.

Si el boicot consumado de la Vuelta Ciclista ya resultaba excepcional y fue objeto de seguimiento y condena a escala mundial, lo que más sorprendió fueron las declaraciones previas del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechando su intervención en un acto de su partido ( PSOE ) celebrado en la ciudad de Málaga, avalando y animando a sus huestes y a las hordas vascas y las turbas de la ultraizquierda comunista que ya habían dado muestras de sus intenciones en el desarrollo de las etapas previas, como muestra del orgullo y la dignidad de la sociedad española contra la masacre palestina.

Esta identificación tan simple y exagerada molestó en un principio a todo español de bien y se fue confirmando en el transcurso de la semana cuando muchos ciudadanos que deploran las atrocidades que está cometiendo el Gobierno israelí, no se han sentido representados en su conciencia íntima. Y resulta incomprensible que quién es el responsable último de la protección del orden público en España y garantía de la realización pacífica de las competiciones deportivas y espectáculos públicos, animara sin matices las protestas sabiendo que el dispositivo policial iba a ser un teatrillo para disimular si se producían las alteraciones previstas para reventar el normal desarrollo de la competición.

El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hizo una declaración en la sede de la Delegación en la que aseguró que la ciudad había sido un ejemplo de dignidad tras suspenderse el final de la Vuelta Ciclista por unas protestas que a su juicio, no habían causado incidentes graves, dado que solo se habían producido dos detenciones entre los más de cien mil manifestantes, parte de los cuales reventaron el recorrido de la carrera deportiva. Continuando con que Madrid, había enviado al mundo un mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino y había hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional.

El Delegado del Gobierno, como la autoridad competente en el dispositivo policial establecido, celebraba el fracaso del mismo al no conseguir los objetivos que se perseguían: que la Vuelta concluyera con normalidad y que no se produjeran incidentes. En el colmo del cinismo político, tuvo palabras de reconocimiento poer la profesionalidad demostrada por todos los integrantes de los cuerpos policiales participantes. Las críticas recibidas desde todos los sectores de la sociedad por su inacción ante el asalto de los manifestantes propalestinos a los espacios públicos y al boicot de los ciciclistas no han cesado desde entonces.

En una posterior sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, afirmó que se sentía orgulloso y sin un ápice de arrepentimiento sobre las instrucciones dadas sobre los pacíficos manifestantes pese a los actos violentos que se produjeron e impidieron la última etapa de la competición deportiva, con saldo de 22 policías heridos a los que deseó una pronta recuperación.

Ante tamaño dislate producido antes, durante y posterior fin de recorrido ciclista, los sindicatos policiales salieron en tromba a poner de manifiesto la enorme emboscada que se había realizado a las unidades policiales para impedir el normal desarrollo de una prueba deportiva de esta envergadura que era lo que le interesaba al Gobierno de la Nación por su oportunismo político en el conflicto palestino-israelí, sin importarle lo más mínimo el desprestigio de unas fuerzas antidisturbios reconocidas a nivel mundial, el sacrificio de sus componentes y el daño a la ciudad de Madrid que está siendo un escaparate mundial de libertad. progreso y convivencia intercultural.

La sociedad española ha dado numerosas muestras de ser solidaria, que se compromete con causas nobles; que usa los cauces democráticos para hacer valer sus opiniones, influir en las autoridades y promover debates. Es loable salir a la calle a protestar, reclamar y exigir de forma pacífica pero sin avasallar, sabotear, ni emplear la violencia. Pero no se puede admitir bajo ningún concepto y de ninguna de las maneras que el Gobierno de la Nación preste su aval a una guerrilla urbana que amparados en una causa tan noble como la exigencia del fin de las matanzas palestinas, ocasionen disturbios públicos y ataques a la Policía en unos actos vergonzosos y reveladores de cómo estos grupos radicales entienden la democracia y el derecho constitucional a manifestarse públicamente.

El Presidente del Gobierno fue un irresponsable, Desde su alta función no puede llamar a la movilización general en la que había precedentes de empleo de violencia y en esta ocasión existía riesgo de que se empleara de nuevo como así ocurrió. Tenía que hacer todo lo contrario, llamar a la calma, a la pacífica convivencia y condenar cualquier tipo de violencia que se pudiera dar. Los altercados debieron de ser reprobados desde el principio y puestos al margen de la estrategia del Gobierno contra Israel. La convivencia española debe de ser sagrada porque está en juego la democracia que disfrutamos.

El Gobierno ha cometido una acción muy peligrosa que sienta un grave precedente. En eso no consiste la ayuda al pueblo palestino, lastrado por terroristas que felicitan a Pedro Sánchez, nunca se olvide. Los incidentes tolerados que paralizaron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España no es motivo de orgullo alguno porque es una vergüenza. Y lo peor es que muy probable que no vaya a ser un hecho aislado.

Este título -contradictorio en apariencia- se refiere a los llamados Colectivos en Venezuela. El bastión más duro del chavismo y, a menudo, sinónimo de terror para los opositores que protestan contra el autócrata Presidente de la República, Nicolás Maduro. Se articularon a partir del año 2.002 después del intento de golpe de Estado contra el extinto Hugo Chávez para defender al Gobierno desde los barrios de los pueblos y ciudades con el apoyo económico de las autoridades aunque la fecha formal de su nacimiento fue el 10 de abril de 2.006.

Están impregnados del imaginario de la lucha armada revolucionaria de la década de los años sesenta del pasado siglo. Se escudan en la organización de actividades comunitarias de promoción de la democracia y de tipo cultural y social pero en los momentos de tensión política que tanto abundan, algunos actúan como pandillas motorizadas de paramilitares como grupos situados al margen de la ley. Y pese al descontento que sobrevuela hasta en sus filas, han prometido proteger la denominada revolución bolivariana hasta el final para convertirse en la última línea de defensa del Régimen.

Las Comunas de los Barrios son organizaciones con funcionamiento, proyectos y versión de la realidad con un guión de retórica marxista y antiimperialista que aunque no les gusta que les llamen brazo del chavismo, actúan como tales ya que sin su apoyo y sostenimiento económico no podrían subsistir, como se afirma desde el Observatorio Venezolano de la Violencia. Han llegado a atacar a personas de religión protestante, periodistas, estudiantes, sacerdotes católicos, monjas. Para eso se visten de negro y van encapuchados.

La amalgama de personas que forman estos Colectivos, procede de antiguos militantes de la lucha armada, de las Comunas y de la criminalidad. Esta mezcla que no siempre reúne las condiciones citadas, lleva desde hace casi 20 años a sustituir al Estado en muchas barriadas de las grandes ciudades.

Si hay un vecino que incordia o protesta, ellos se encargan. Si se trata de una zona de un barrio, ellos acuden y acaban con el peligro porque dan más miedo que la Policía. Han conseguido acabar con la venta de drogas al menudeo pero a tenor de los resultados, parece que algunos grupos entran como bandas criminales porque después de limpiar la zona, se quedan con el negocio de los que han expulsado.

Las últimas averiguaciones, indican que hay miembros de los Colectivos que pertenecen a las FAES ( Fuerzas Especiales de la Policía Venezolana ) temidas por la población en general por su violencia y autoría de numerosos asesinatos. También, agentes policiales que se encapuchan para actuar como Colectivos. Eso explicaría que muchos de sus ataques cuentan con la anuencia de la Policía y, en ocasiones, en abierta coordinación con ella.

Lo más llamativo de este asunto es que en el año 2.019, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a los Colectivos como grupos terroristas por sus acciones paramilitares de violencia, intimidación, asesinatos y demás delitos, declararando sus actuaciones como terrorismo de Estado.

En pie de guerra. Los ertzainas han estallado ante las provocaciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien acusó a la Policía vasca en una entrevista de radio de contar con «elementos infiltrados por la extrema derecha al servicio de otros Estados» ( entiéndase España ). Es más, el político abertzale insistió en que «la sociedad vasca merece una Policía que respete los derechos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos».

Sus palabras han calado en los agentes que las han tildado de «graves e irresponsables», y han reaccionado con dureza: «No vamos a tolerar que el que fuera líder de la banda terrorista ETA, amparó su violencia y sus más de 850 asesinatos (entre ellos 15 ertzainas), 2.600 heridos y casi 90 secuestrados, nos dé lecciones de nada«.

Según denuncia el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.), las palabras de Otegi suponen un «ataque frontal contra la dignidad de quienes arriesgan cada día su integridad» por la de todos los ciudadanos vascos. «Resulta paradójico que quienes han callado, justificado o convivido con la violencia de ETA y de la Kale Borroka, ( lucha en las calles ), los que apedrean patrullas, queman contenedores y señalan a los agentes por el simple hecho de portar un uniforme, pretendan ahora dar lecciones sobre democracia y seguridad», han sentenciado.

Y por ello, exigen «respeto», ya que acusar «sin pruebas» atenta no solo contra la imagen de la Policía vasca, sino contra la confianza que los ciudadanos tienen en esta institución. Los agentes exigen a los políticos que «dejen de sembrar dudas» sobre su profesionalidad y trabajen para garantizar mejores medios y más recursos humanos. Consideran que los ciudadanos se merecen un debate serio sobre seguridad y no «discursos incendiarios» para movilizar a los «radicales de siempre».

Desde el sindicato aseguran que la realidad, por mucho que EH Bildu intente retorcerla, es que la Ertzaintza sigue sufriendo el «hostigamiento» de aquellos grupos que no aceptan las reglas democráticas. A ello contribuyen los continuos ataques de Otegi, con el objetivo de empañar la imagen de los agentes. Tanto es así que no tuvo reparos en manifestar que la autoridad y el respeto se ganan «tratando bien a la gente» y «siendo una Policía de cercanía», no «pegando a la gente».

Pero si algo tienen claro los agentes es que los ataques para erosionar su imagen no cesarán. Por este motivo, Juan Carlos Sáenz, secretario de Organización de Si.P.E. señala que aquellos que han avalado y defendido la violencia de ETA no van a difamar ni a dar lecciones a una institución que ha sufrido acoso y 15 asesinatos.

Los cerca de 8.000 agentes de la Ertzaintza vuelven a estar de nuevo en el centro del debate político tras los ataques del coodinador general de EH Bildu contra el cuerpo policial. Después de un verano marcado por enfrentamientos de grupos de jóvenes radicales contra la Polícía autonómica en distintas localidades guipuzcoanas de aquel territorio, con ocasión de la celebración de sus respectivas fiestas patronales, como por ejemplo en Villafranca de Ordicia, Hernani y Azpeitia o en Vitoria que se han saldado con decenas de detenidos y varios ertzainas heridos.

Estas declaraciones, que confirman la nueva estrategia marcada por Otegui contra la Policía vasca donde ya avanzó el pasado mes de julio que está infiltrada por elementos de la extrema derecha y vinculó con lógicas autoritarias del pasado. Manifestando también que este cuerpo debía de pasar un proceso de transformación para que respete los derechos de los ciudadanos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos.

Por eso, EH Bildu exige una reflexión y una reforma en profundidad del modelo policial, como ya ellos han empezado a realizar, pidiendo que las Policías Locales de los Ayuntamientos donde ellos gobiernan, no se tengan que formar en la misma escuela de policía que la Ertzaintza, en Arcaute ( Alava ), como se viene haciendo hasta ahora.

Las declaraciones del dirigente radical se han producido unos dias después de que el Presidente de la Comunidad, Imanol Pradales, iniciase el curso político exigiendo a la organización heredera de los terroristas que condenase con rotundidad los ataques a la fuerza policial. No puede haber medias tintas: todos los grupos políticos del País Vasco, sin excepción, debemos de condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las policías municipales y la Ertzaintza, Con claridad, con rotundidad y sin subterfugios lingüísticos.

Otegui insistió en su entrevista radiofónica que acudiría al Foro de Seguridad regional impulsado por el Gobierno vasco para hablar del modelo policial con el objetivo de construir una policía de proximidad, vasco parlante ( euskaldún ) y democrática.

Desde la aparición de la ciencia sociológica, los estudiosos han ofrecido diversidad de tipologías sociales: sociedades de combinación y sociedades de unión; sociedades de cohesión artificial o mecánicas y sociedades trabajadas por solidaridad orgánica; sociedades rurales y sociedades urbanas. En nuestros días, ha tomado carta de naturaleza una clasificación de corte socio-cultural, que basa la distinción en el fenómeno industrializador y el uso de bienes activos. De acuerdo con este criterio, se habla de sociedad tradicional, sociedad industrial y sociedad postindustrial. Algunas se refieren, incluso, a sociedades postmodernas. Es precisamente esta distinción la que interesa por adecuarse mejor al análisis que se intenta.

En las sociedades tradicionales o preindustriales, el 50 % de la población —como mínimo— está adscrita a una actividad del sector primario, como es la agrícola, un 30 % al sector secundario (industria) y el 20 % restante, al sector terciario (servicios). La criminalidad es igual a su estructura social, predominan los delitos contra las personas y el patrimonio. Sus autores, mayoritariamente, son jóvenes. La respuesta social es la de una justicia elemental o embrionaria.

En las sociedades industriales, los índices alcanzan un 30 % en el sector primario, un 50 % en el secundario y un 20 % en el terciario. Su criminalidad es de mayor nivel y densidad, gracias a su estructura social. Las funciones comunes, como la familia, trabajo, escuela se vuelven técnicas que ejercen cierto nivel de control social más especializado. En este caso, la criminalidad que prevalece es la que se liga a las actividades económicas ilegales, favorecidas por las lagunas en el sistema de distribución y producción de bienes.

En las sociedades postindustriales o intensamente industrializadas, el sector terciario es el predominante superando el 40 %. Este tipo de comunidades ha basado su profunda transformación en tres fenómenos bastante correlativos: industrialización, urbanización y burocratización.

Todo lo que ha provocado esa dinámica social denominada proceso de modernización. En ellas, la criminalidad es alta porque a la tradicional —robos, fraudes o delitos de agresión y lesiones— se suma un intenso crecimiento de delitos con violencia contra las personas, relacionados con las infracciones cometidas contra la propiedad. La delincuencia organizada —tráfico de drogas o extorsión— se aprovecha del espíritu de libre empresa. Las estafas se multiplican. El número de mujeres delincuentes se aproxima al de los hombres y la cifra de jóvenes que delinquen también es elevada.

Las memorias de la Fiscalía General del Estado recogen los principales factores criminógenos de la realidad delincuencial española:

• Crisis de valores debido a la relatividad moral a todos los niveles.
• Desestructuración familiar, con perniciosa influencia en los menores y adolescentes.
• Ausencia de modelos positivos de identificación.
• Alcoholismo y drogadicción.
• Afición al dinero fácil y sensación (propia y ajena).
• Despersonalización en las relaciones sexuales. Tendencia marcada al consumo de sexo.
• Continuadas crisis económicas y elevados índices de desempleo.
• Frustración juvenil y abuso de la evasión para calmar ese sentimiento.

Son muchos los que consideran como fenómeno social normal el delito que hace acto de presencia en cualquier tipo de sociedad pues quiere decir que está indisolublemente ligado a la propia existencia de la vida en común. No obstante, esa normalidad puede ser publicada siempre que se trate de una delincuencia que no sobrepase un listón determinado que sea asumible. El mantenimiento de excesos de criminalidad —que es lo que sucede en las sociedades industrializadas— llevaría, a medio o largo plazo, a hacer imposible la convivencia. Sea como fuere, lo cierto es que toda sociedad organizada tiende a autodefenderse de tal modo con el fin de, si no hacerlo desaparecer que el fenómeno sea tolerable.

Lo que decida hacerse en estos temas con la Policía tiene esa finalidad. En la lucha contra la criminalidad, la acción de la justicia es necesaria pero no es exclusiva y, desde luego, no es suficiente. La Policía ha de ser considerada, únicamente, como una parte activa de lo que se podría denominar control de la defensa social total. Este dominio, tiene por objeto prevenir las condiciones propiciadoras de la delincuencia en general, combinando recursos de la Administración más socorrida que es la justicia penal en sus múltiples aristas (jueces, fiscales).

Porque esta va tendiendo, muy prevalentemente, a sancionar conductas negativas; por lo mismo, tiende a adoptar un papel regresivo, y han de ir —con esperanza preventiva— a poner en práctica las condiciones más aceptables de las ciencias médicas, sociales, psicológicas, estadísticas, económicas y bienestar social, criminología, derecho y seguridad social.

Todo ello, dentro de un sistema de poder político que se estructure y se ejerza, de acuerdo con los principios del justicialismo democrático en los que la Policía se encarga de que las libertades públicas puedan ser disfrutadas por todos sin exclusión de ninguna especie. Es un instrumento fundamental de la democracia sin el cual no se podría hablar de las libertades públicas. Su compromiso con el mantenimiento del orden se sitúa en el estado de tolerancia de la comunidad. De ahí deriva la primera misión principal de la Policía que es combatir la criminalidad. Y lo hace a través de dos vías, no excluyentes sino complementarias entre sí: la vía de prevención y la vía de la represión.

La primera exige la descentralización de los efectivos policiales. Está demostrada su eficacia para alcanzar el objetivo de la cercanía de los ciudadanos por su extensión y diversidad. En esta etapa, cada sección de seguridad ciudadana (distrito en el análisis sociocriminológico, barrio en el estudio policial ) y cada espacio que lo necesite para la planificación de los servicios operativos y que establecerá el número de patrullas necesarias, a pie y motorizadas.

Y por último, debe mantenerse la colaboración con los medios de comunicación y el apoyo de la prensa que debe publicar campañas de información para difundir los principales delitos en cada uno de estos sitios. Se trata de integrar al policía en el barrio, reforzando su imagen como persona y no como elemento anónimo de la institución a la que pertenece.

La segunda vía se encarga de la metodología de la represión que, cuando se desarrolla con eficacia termina por constituir una parcela de prevención. La criminalidad desciende cuando hay más probabilidades de que el potencial delincuente crea que por la comisión de su delito será castigado e ingresado en prisión. La Policía ejerce esta tarea a través de la investigación criminal, inserta doctrinalmente en el sistema penal. Para ello, utiliza unidades especializadas en las diversas tipologías delictivas —drogas, violencia de género, robos…-

Y unidades de Policía Científica que emplean los métodos técnicos necesarios (físicos, químicos, biológicos, etc.) para la recogida de evidencias. La Policía se encarga de realizar los análisis que constituirán las pruebas de cargo en la vista del juicio oral. También abanderará la propuesta de una red necesaria de cooperación nacional e internacional para combatir las nuevas formas de criminalidad, transnacionales y multinacionales, que saben que las fronteras no constituyen barreras infranqueables que amedrentan a los criminales que rehúyen la acción de la justicia nacional.

Posdata.- Este artículo mío fue publicado en el número 397 de la Revista oficIal POLICIA correspondiente al pasado mes de abril con el título de SEGURIDAD URBANA Y ACCIÓN POLICIAL.

Más de 1.600 científicos y especialistas de reconocido prestigio -entre los que destacan dos Premios Nobel- firmaron la Declaración Climática Mundial que bajo el título No hay emergencia climática, se hizo pública a finales de junio de 2022; y ponía en cuestión buena parte de los postulados del ecologismo dominante consistente en augurar terribles catástrofes naturales derivadas del calentamiento global que causa el hombre por las emisiones de C02 a la atmósfera.

La citada declaración, promovida por la Fundación Inteligencia Climática ( CLINTEL ), con sede en los Países Bajos, señala que la ciencia del clima debería ser menos política mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Los investigadores deberían abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones sobre el calentamiento global mientras que los políticos deberían contar desapasionadamente los costes reales, así como los beneficios imaginarios de sus medidas.

Este grupo de doctores advierte de que las desastrosas predicciones climáticas que con tanto ahínco difunden políticos y medios de comunicación, parten de modelos informáticos -hechos por personas- cuyos resultados dependen de los datos, hipótesis y supuestos que se introduzcan. Creer en el resultado de un modelo climático es creer en lo que sus creadores han incluido. Este es precisamente el problema del debate meteorológico actual en el que los modelos climáticos son centrales y sus proyecciones no dejan de ser simulaciones cuyo resultado suele ser distinto al previsto. Se está imponiendo como una cuestión religiosa, como si fuera un dogma de fe, que tiene poco que ver con el comportamiento de la naturaleza que muchas veces es imprevisible y sobre todo en plazos de tiempo tan largos.

Entre los firmantes de la declaración, figura el físico estadounidense Ivar Giaever, Premio Nobel de Física en 1973; también John F. Clauser, que lo obtuvo en 2022 por sus investigaciones sobre mecánica cuántica, quién afirma sin tapujos que no existe una verdadera crisis climática. A lo que añade que la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas.

En la declaración realizada, aparecen las siguientes puntualizaciones: el calentamiento es producido por factores naturales y antropogénicos. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta con fases naturales frías y cálidas. La Pequeña Edad de Hielo ( duró 500 años y está considerado un ciclo corto ), terminó en 1850 por lo tanto, no sorprenda que ahora estemos experimentando un período cálido que veremos lo que dura y será igual o superior a su anterior.

El calentamiento es mucho más lento de lo previsto: El mundo se ha calentado -significativamente- menos de lo previsto por el IPCC ( Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, padres de la teoría actual sobre cambio climático ) sobre la base del efecto humano configurado y por eso, lo que antes nos vendieron como calentamiento global, al incumplirse y para que no se les viesen las vergüenzas pasó a ser cambio climático. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático.

La política climática se basa en modelos inadecuados: los modelos climáticos tienen muchos defectos y no son -ni remotamente- plausibles como herramientas de política global. Exageran el efecto de gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso.

El CO2 ( dióxido de carbono ) es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la tierra: El CO2 no es un contaminante. Es esencial para la vida en la Tierra. La fotosíntesis es una bendición. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza, reverdece la Tierra. Más CO2 en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es bueno para la agricultura porque aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.

El calentamiento global no ha aumentado las catástrofes naturales: No hay prueba estadística de que el calentamiento global esté intensificando huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales similares o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, existe amplia evidencia de que las medidas de mitigación de CO2 son tan dañinas como costosas.

La politica climática debe respetar las realidades científicas y económicas: No hay emergencia climática. Por lo tanto no hay motivo para la alarma y el pánico. Se oponen con toda firmeza a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuestas para 2050. Si surgen enfoques mejores -y sin duda los habrán- hay tiempo de sobra para reflexionar y readaptarse.

El objetivo de la política mundial debe de ser la prosperidad para todos mediante el suministro de energía fiable y asequible en todo momento. En una sociedad próspera, los hombres y las mujeres están bien educados y la gente se preocupa por su entorno.

Hay dos argumentos igualmente falaces para acabar con cualquier conato de discusión sobre la realidad del cambio climático o su alcance: por un lado está el uso de episodios metereológicos actuales, por lo general mucho menos extremos de lo que se quiere dar a entender y que son presentados como pruebas irrefutables de un cambio global que -de existir- no puede basarse en que haga calor en verano como lo ha hecho siempre.

Por otro, la apelación a la ciencia pero hecha de una forma que tiene mucho más que ver con la fe que con lo científico ya que se presentan las hipótesis como hechos consumados y los análisis y conclusiones como verdades inmutables. La ciencia nunca progresa de manera lineal, permanente, sino que está sujeta a una revisión y validación constantes y lo que hoy puede ser aceptado por todo el mundo, mañana puede ser rechazado por falso.

Esta apelación a la ciencia se completa además con la mención del sacrosanto consenso científico: el cambio climático es una realidad porque la mayor parte los científicos estén de acuerdo en que lo es. Enorme falacia: los hechos son ciertos o no, independientemente de lo que digan de ellos los especialistas o el resto de los mortales.

El pasado domingo, día 17 de agosto, Pedro Sánchez, el maravilloso Presidente de Gobierno que disfrutamos y que guía nuestros destinos, haciendo un esfuerzo sobrehumano -obligado por sus asesores de imagen- se dignó interrumpir sus vacaciones estivales canarias tras producirse varias oleadas de incendios forestales durante dos semanas que ya habían causado cuatro muertos, decenas de heridos, miles de evacuados, más de un centenar de detenidos e investigados judiciales (mujeres incluidas ), centenares de miles de hectáreas calcinadas y ocho comunidades autónomas afectadas.

Vestido para la deseada fotografía en el tajo, con uniforme de faena -jersey, camisa y pantalón vaquero-, justificó su insolidaridad y desamparo de la España que ardía de norte a sur, ( el ministro de Interior, Grande Marlasca, había estado preparando al personal negando la declaración de emergencia nacional al no haber motivos suficientes para ello y explicando la petición de ayuda internacional -cinco países de la Unión Europea habían enviado medios aéreos- solo para acallar las críticas del Partido Popular ( PP ) de falta de medios ) como consecuencia de la urgencia climática ( no se atrevió a decir cambio climático como sí hizo en julio de 2.022 ) que padecemos… y tras magistral lección para el interés público general, regresó a su deseada residencia isleña para llegar antes de que se pusiera el sol y se perdiera el baño de la tarde.

El problema se lo creó -él solito- el ministro Marlasca al afirmar el pasado jueves día 21 en una tele amiga que: Un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio es por imprudencias graves y otro por causas naturales. Luego dos tercios son provocados y el tercero por la naturaleza. Ha contravenido la tesis oficial del Presidente de culpar a la crisis climática de todos los incendios habidos y eso no será bueno para él porque como sabemos todos, en todas las organizaciones el jefe siempre tiene razón.

El Consejo de Ministros de este Gobierno social-comunista que disfrutamos, aprobó en noviembre de 2.024, una reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de mayo con la pretensión de facilitar la residencia y la inserción laboral de centenares de miles de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España por haber entrado en el territorio nacional sin la documentación necesaria, sin las autorizaciones correspondientes y que comprende también a los familiares que hayan venido o traido después de encontrarse aquí.

La propuesta fue realizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y básicamente se trata de la reforma del Reglamento que ya fue cambiado en el 2.022. Con las novedades que se incorporan ahora se estiman en unos 300.000 los extranjeros que se podrán legalizar de media cada año y especialmente durante los proximos tres años, según explicó la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mencionado y que calificó como la reforma más ambiciosa e integral desde que esta norma entró en vigor hace 13 años.

En la actualidad, hay casi tres millones ( 2,9 millones exactamente ) de trabajadores cotizando que han nacido fuera de España, representando algo más del 13% del total de afiliados a la Seguridad Social. A uno de abril pasado, y según datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ), en España había 7 millones de extranjeros con residencia legal ( 6.947.711 ). Es importante distinguir entre población extranjera y población nacida en el extranjero. El número de personas nacida en el extranjero es mayor ya que incluye a aquellos que han adquirido la nacionalidad española a través de los correspondientes procesos de nacionalización ( 500.000 en los dos últimos años ). La suma de ambos alcanza ya los 8,8 millones de personas, un 18,1% de la población total.

Las primeras legalizaciones previstas deberían estar resueltas para finales de este año de 2.025 o principios de 2.026, dependiendo de la carga de trabajo de las distintas Oficinas de Extranjería que ya están de por sí colapsadas y que no están suficientemente preparadas ni dotadas de los recursos necesarios para la avalancha de solicitudes que se esperan recibir.

Las nuevas modificaciones que contempla esta normativa son principalmente cuatro. Por un lado, se refuerza el arraigo por formación lo que implica que un extranjero que esté cursardo estudios de formación profesional o superiores pueda solicitar un permiso que le autorice a trabajar a tiempo parcial y el empleo no tiene que estar relacionado con la formación que esté cursando. Hasta ahora la formación permitía residir pero no trabajar.

La segunda novedad incluye la reducción de los plazos para pedir el arraigo social. De tres pasa a dos años la residencia del extranjero en España para pedir permiso de trabajo. La tercera novedad, es que para acceder a ese permiso de trabajo ya no será necesario acreditar un pre-contrato con una empresa requisito hasta ahora imprescindible. Y la cuarta y última gran novedad, es que el extranjero que haya obtenido la nacionalidad española pueda traer a España a cualquier familiar de primer grado: pareja, padres, hermanos e hijos y que esta ya llegue con autorización para trabajar.

En resumen y según expuso la ministra, el nuevo Reglamento de Extranjería acorta plazos, simplifica procedimientos y aporta más garantías y rigor jurídico a todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en España porque el objetivo que se persigue es legalizarlos a todos y a los familiares directos que puedan traer.

Esta reforma del Reglamento de Extranjería es diferente de la inicitiva legislativa popular para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya viven ilegalmente en España porque están indocumentados, ocultan su nacionalidad, nombre real y edad; entraron en el territorio nacional sin ser controlados en ninguna frontera y se desconoce su cualificación profesional o si carecen de antecedentes penales. Se busca beneficiar alrededor de 500.000 inmigrantes sin papeles que se mueven por España con total libertad, a propuesta de más de 600.000 firmas y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa ha sido reactivada por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que llevaba año y medio en un cajón del Congreso de los Diputados durmiendo el sueño de los justos porque se han dado cuenta ahora que al menos 200.000 extranjeros ilegales no cumplen los requisitos que exige el nuevo Reglamento debido a varias lagunas que presenta su defectuoso texto.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los casi 49 millones de habitantes de España, nueve han nacido en el extranjero, lo que representa casi el 20% del total de la población. Estas cifras indican que los flujos inmigratorios están en niveles máximos pero no existe una política de Gobierno para afrontar esta situación Parece que lo que se hace se basa en la idea de vente y cuando ya estés aquí, lo arreglaremos.

Si se echa un vistazo para ver que están haciendo otros países con su política inmigratoria, nos encontramos que lo que buscan es una inmigración cualificada que facilite la integración de los que llegan tanto en la sociedad como en el mercado laboral. En España, como se está haciendo, parece que las cosas se hacen solas y si queremos evitar tensiones sociales como las que se están dando hay que planificar necesariamente la economía y el mercado de trabajo.

Con arreglo a varias encuestas publicadas en los medios de comunicación social el pasado mes de julio, el 73,4% de los españoles consideran excesivo el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España. También que entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que forma el Gobierno central en coalición con los comunistas de Sumar, casi el 60% dice que hay que endurecer la política contra la inmigración ilegal y que el 85,6% de ellos apoya expulsar a los extranjeros que cometan delitos.

El reconocimiento del Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, de la soberanía de Marruecos sobre el antiguo Sáhara español desde el 19 de marzo de 2022 a través de la carta que supuestamente envió al rey de Marruecos Mohamed VI, desató la suspensión de las relaciones diplomáticas con Argelia, sin que hasta ahora se haya dado ninguna explicación del giro efectuado, ni de las razones que lo aconsejaron. Hay incluso quien se plantea la posible validez legal de esa decisión que no ha sido comunicada oficialmente a las diversas instituciones españolas competentes en este tipo de asuntos internacionales empezando por la más importante de ellas como es el Congreso de los Diputados, la más alta representación de la participación política de los españoles y donde reside la soberanía popular.

Este quiebro personal que no tiuene respaldo legal alguno, ha tenido múltiples consecuencias tanto en el ámbito de la seguridad -que es de lo que aquí se trata- como en el económico aunque hace apenas unos meses -en febrero de este mismo año- se haya anunciado y escenificado un cierre en falso de esta importante crisis. La reunión mantenida en Madrid, entre el Ministro del Interior español, Fernando Grande Marlasca con su homólogo argelino, Brahim Merad, no alcanzó ningún acuerdo para revertir la situación actual en materia de inmigración y se normalizaran las devoluciones de argelinos a su país que se encuentren de manera ilegal en España.

En este sentido, ha trascendido el malestar entre la Policía española porque Argelia tiene bloqueada la posibilidad de recibir a los argelinos que delinquen en España o no hayan conseguido regularizar su estancia legal y se les haya abierto un expediente administrativo de expulsión al incumplir las condiciones legales previstas por la vigente Ley de Extranjería para entrar o residir en nuestro país.

El que Argelia acepte o no a sus nacionales expulsados de España, no es un hecho caprichoso o arbitrario sino que está perfectamente regulado en un Acuerdo firmado entre los dos paises que ha estado funcionando con total normalidad hasta la publicada ocurrencia de Sánchez cuya falta de transparencia hace pensar que obedezca a otros intereses que no sean los del pueblo español y por eso lo hacen inconfesables.

Ahora mismo, las personas de ese país a los que se ha dispuesto su salida obligatoria tras agotar todos los tramites legales y necesarios previstos en la legislación española, no pueden ser expulsadas porque su Gobierno no las admite, sin dar explicación oficial alguna, ni denunciar o suspender -formalmente- el Acuerdo de Circulación de Personas publicado el 12 de febrero de 2.004 ya mencionado y que sería lo procedente en el mundo del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas.

Para tener cierta idea de como es la situación actual respecto a este problema, se puede coger como ejemplo la ruta de pateras de Argelia a Baleares, donde según datos oficiales, 5.836 personas llegaron al archipiélago balear el año pasado, en 2.024, a bordo de 346 embarcaciones y representaba un aumento de más del 165% con respecto al año anterior, cuando llegaron 2.175 en 136 pateras. Este flujo emigratorio, ha consolidado esta ruta como una de las más peligrosas del mar Mediterráneo Occidental, con una estimación de más de 500 personas fallecidas durante las travesías de 2.024.

Esta vía de escape hacia territorio español, no solo ha aumentado en número sino que también ha diversificado el perfil de los emigrantes. Además de los ciudadanos argelinos, se han identificado personas provenientes de países como Malí, Guinea-Conakri e Incluso Somalia. Lo que indica una expansión de las nacionalidades que emplean esta ruta y que el Gobierno español se resiste a calificar de estable.

La moral policial está muy afectada porque aunque las diversas unidades implicadas siguen haciendo tu trabajo con total normalidad de detener a los delincuentes extranjeros de esta nacionalidad y los que llegan en pateras a nuestras costas mediterráneas; incoarles el correspondiente expediente de expulsión o de devolución -según corresponda- que lleva meses su tramitación y que desemboque en una orden de deportación de España, no se pueda materializar y estos ciudadanos se queden donde están, siendo conducidos una y otra vez a las Comisarías de todo el territorio nacional para practicar los trámites oportunos y vuelvan a la calle algunas horas después.

Este hecho ya habitual provoca innumerables quejas ciudadanas y desmotiva a las patrullas policiales que comprueban con verdadero pesar como su trabajo diario -no exento de riesgo- porque hay veces que tienen que tratar con individuos multirreincidentes, no sirve para nada. La agencia europea de estadísticas Eurostat se ha quejado de que España no facilita el número de órdenes de expulsión que tramita, ni tampoco sobre las que materializa.

España siempre había conseguido mantener un equilibrio diplomático en las relaciones con Argelia y Marruecos, dos países enfrentados históricamente por varias razones y una de ellas es la influencia y posesión del Sáhara Occidental. La postura española hasta la irrupción de Pedro Sánchez era muy sólida y estaba fijada en base al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de los saharauis a realizar un referéndum por su independencia y que su territorio no sea anexionado por nadie como Marruecos que lo ocupa ilegalmente desde 1.975.

Desde el pasado mes de febrero, en el Ministerio de Justicia español se está realizando una revisión exhaustiva de los miles de expedientes administrativos que han permitido adquirir la nacionalidad española a otros tantos extranjeros. La razón de ello es bastante sencilla: el enorme aumento de las solicitudes de nacionalidad en los últimos años, especialmente los que se acogieron a las siguientes posibilidades: por residencia, por opción o por carta de naturaleza. Una muestra del importante fraude que se haya podido cometer es la preocupación que está generando entre quienes han accedido recientemente a este derecho como los procedentes de Marruecos, Venezuela y Colombia.

Para conseguir la nacionalidad española por residencia se requiere una estancia legal y continuada en España por un período de tiempo determinado: 10 años con carácter general, 5 para los refugiados y dos para los hispanoamericanos. Carecer de antecedentes penales y en algunos casos pruebas de conocimiento del idioma y cultura española. Por opción es para personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y por último, por carta de naturaleza, es otorgada discrecionalmente por el Gobierno de la Nación tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

El Gobierno, ha reconocido que se está procediendo a esta inspección masiva para comprobar si en la documentación recibida hay algún tipo de falsedades, incumplimiento de los requisitos necesarios o irregularidades en la documentación presentada. Durante el año 2.024, un total de 252.476 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española, esta cifra supuso un aumento del 5,1% rspecto al año anterior. El número de las concedidas en 2.023 ya asustaba porque se dieron a más de 240.000 extranjeros, un aumento del 32,3% respecto del año precedente. En 2.022, un total de 181.581 consiguieron la nacionalidad que supone un aumento del 26,1% respecto del año previo..

En los casos en lo que se detecte algún tipo de trampa, la normativa actual ya contempla la posibilidad de revocar la concesión de la nacionalidad. Ese sería el caso de cuando se haya mantenido la nacionalidad anterior sin que hubiera razón legal alguna como convenio de doble nacionalidad con el país originario del solicitante.

También haber participado en actividades contrarias a los intereses de España. Esto incluye el ingreso en el servicio militar o la aceptación de un cargo político en un Estado extranjero sin autorización del Gobierno español y el ocultamiento de información que pudiera afectar al conjunto de documentos necesarios.

El Ministerio de Justicia ha hecho hincapié en que la pérdida de la nacionalidad no se hará de manera automática sino que se realizará a través del correspondiente expediente administrativo donde los afectados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de su resolución final. Aquellos extranjeros que pierdan la nacionalidad española por alguno de los motivos mencionados, tendrán la posibilidad de recuperarla siempre que cumplan con los requisitos necesarios para ello.

El deseo de ser español por parte de cuaquier extranjero obedece a un doble interés: poder residir y circular sin limitaciones por cualquier parte del territorio nacional sin tener que renovar periódicamente una verdadera montaña de documentos, tener que pagar para conseguir una cita presencial en la correspondiente Oficina de Extranjería para entregarlos y meses de demora llenos de incertidumbre a la espera de la correspodiente resolución.

Y conseguir el pasaporte español algo que los nacionales no estimamos porque lo conseguimos con facilidad, desconociendo que es uno de los más importantes del mundo porque con él se puede ir a todo el planeta ( 189 países ) sin necesidad de tener que pedir un visado previo, lo que refleja su valor y alta solvencia. Sin olvidar la facilidad de movimientos para circular o residir líbremente en cualquiera de los 27 países que forman la Unión Europea, como ciudadano comunitario y destino emigratorio de habitantes de todas las partes del mundo.

José Mari era José María Pedrosa, concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de Durango ( Vizcaya ) y lo de ya hemos matado al hijo de puta fue la llamada telefónica que recibió su esposa por la noche del mismo día del atentado para mofarse del asesinato. Era el 4 de junio del año 2.000.

Pedrosa sabía que lo iban a matar y así se lo había comentado a su círculo de amigos más próximos y a los compañeros de partido político. Ellos, también estaban convencidos de que ETA lo iba a asesinar. Vivía en un clima hostil y ya le habían realizado pintadas amenazantes en los bajos del edificio donde vivía y otra, con la silueta de su cuerpo en el suelo. También, lo llamaban por teléfono de madrugada riéndose para escuchar al otro lado del teléfono solo un pim, pam, pum. Llegaron al extremo de ponerle un féretro con velas en la puerta de su casa…

Mientras sus colegas de militancia velaban el cadáver de José María en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Durango, tuvieron que soportar cómo los proetarras de la localidad, los insultaban y amenazaban a gritos de ETA mátalos desde la calle para que los escuchara todo el mundo. Tuvieron que soportar ese escándalo toda la noche, sin que nadie les dijera nada a aquellos jóvenes exaltados. El mensaje que se les quería transmitir es que eso les iba a ocurrrir a todos los populares que no abandonaran el pueblo, donde el PP tenía ya dos concejales electos.

El ambiente de constante hostigamienro era algo que en la familia popular se tenía asumido, así como las habituales amenazas porque sabían que formaban parte de una estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente por parte de la banda criminal de ETA. Era el odio de los radicales proetarras hacia los políticos del PP. También sabían que esa resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco tras aquellas campañas de coacciones y amenazas terroristas podían acaban en asesinatos como le había ocurrido a Pedrosa.

Este crimen ejemplificante, junto con otros muchos, tenía como objetivo amedrentar a todos aquellos que no comulgaban con las ideas terroristas y a los que ETA perseguía con el propósito de expulsarlos de las tierras vascas. Se calcula que entre el 5 y el 10% de la población no pudo soportar aquella presión asfixiante y se vieron forzados a claudicar y abandonar sus hogares para emprender una nueva vida en otro lugar. El Observatorio de Víctimas de Terrorismo estima en 180.000 el número de vascos que tuvieron que realizar un impresionante éxodo temiendo por su vida.

Cuando ETA apretaba el gatillo para culminar con la muerte, la serie de amenazas y actos de hostigamiento parecían de otro tiempo por su crudeza y la pasmosa normalización del sufrimiento de las víctimas del terrorismo pero no estaban tan lejos en el calendario cono no hace mucho nos recordaba EH-BILDU, celebrando su cosecha electoral que incluía la elección de 15 de los 44 etarras condenados por terrorismo que llevaban en sus candidaturas autonómicas vascas en las elecciones de abril de 2024.

A José Mari, de 57 años, lo mató de un disparo en la cabeza un militante de ETA poco después de la una del mediodía en una céntrica calle de Durango cuando se dirigía a encontrarse con sus amigos para iniciar su ronda diaria de poteo ( vinos ), costumbre muy arraigada por aquellas tierras. Todos los intentos por reanimarle resultaron infructuosos y una hora después, un sacerdote le daba la extremaunción.

El cadáver quedó tendido en la acera hasta que pasadas las cuatro de la tarde el juez ordenó su levantamiento. No llevaba escolta por decisión propia. Era uno de los cuatro concejales del PP en esa localidad desde 1987. También estaba afiliado al sindicato nacionalista ELA, al igual que su esposa Mari Carmen y su hija Ainhoa. La otra, Estíbaliz no pertenecía a ninguno.

Pedrosa era la quinta víctima mortal tras la ruptura de la tregua terrorista de 1988 y el octavo concejal del PP asesinado. Toda la corporación municipal condenó el asesinato: Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), Euskal Alcartasuna ( EA ), Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) y Partido Popular ( PP ). Los cinco concejales de Euskal Herritarrok ( EH -antecedente de EH- Bildu ) se abstuvieron.

En España, la prostitución es una actividad alegal. El Gobierno actual y gran parte de los grupos feministas apoyan una postura abolicionista que supone descartar esta práctica como un trabajo sino como una forma de explotación de la mujer.

Toman como ejemplo, el modelo de Suecia que persigue y multa al cliente y no a las mujeres. Muchas grandes ciudades y capitales de provincias españolas, tienen ordenanzas municipales en las que consideran a estas personas como víctimas de la violencia de género. Nuestro Gobierno socialista prometió una legislación propia sobre el proxenetismo aunque hizo una tentativa en el Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2.024 que fue rechazada al no conseguir el grupo parñamentario socialista los apoyos necesarios y se quedó solo.

En la actualidad, la prostitución en España no tiene regulación por una ley concreta, lo que conlleva la ausencia de reconocimiento de derechos a quienes la ejercen y la falta de tipicidad penal del ejercicio de la misma pero sí existen algunas actividades relacionadas con el proxenetismo que son ilegales, si bien la prostitución en sí no es ilícita. Sí se ha acometido de manera parcial en la trata y explotación de mujeres que está regulada -principalmente- por la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual que incorpora la trata de mujeres con fines de explotación sexual como una forma de violencia sexual. También, se establece un itinerario de atención integral a las víctimas, incluyendo medidas para la investigación y prevención de la demanda de explotación sexual.

Otra forma de abordar la prostitución es a través del modelo regulacionista, presente en Alemania y Holanda, donde se reconoce a las mujeres su condición de trabajadoras y por tanto, su derecho al desempleo y a la asistencia sanitaria. En España son varios los ayuntamientos que defienden la regulación de la prostitución cuyo número varía en función de la mayoría política que conforme el respectivo equipo de gobierno.

Una de las dificultades para abordar la posible organización de la prostitución, son las cifras. No existe ningún censo oficial sobre esta actividad por lo que hay que moverse en el terreno de la estimación, con  las consiguientes posibles salvedades. Para la Policía, la mayoría de las prostitutas son víctima de trata. En cambio, los informes conocidos hasta ahora del Parlamento Europeo, hablan de una de cada siete. Otros organismos oficiales establecen entre un 70 y un 90 % las prostitutas que controlan los grupos criminales.

Este eterno dilema sobre sí o no a la prostitución, volviò a la actualidad a raíz de la inscripción en el Registro de Organizaciones del Ministerio de Trabajo, del sindicato de prostitutas, Organización de Trabajadoras Sexuales ( OTRAS ), el 4 de agosto de 2.018, por la que se reglamentaba la actividad sexual mediante precio y se consideraba una autorización encubierta.

Este debate ya se llevó por delante a la Directora General de Trabajo del Ministerio de igual nombre, responsable de haber consentido la inscripción registral y que después se quiso impugnar por la vía judicial. Este procedimiento contaba con el informe favorable de la fiscalía al considerar al sindicato un fraude de ley al pretender usar la vía administrativa para establecer unas relaciones laborales que podían ser hasta delictivas ( no poder rechazar clientes, negarse a determinadas prácticas, imposición de horario de trabajo y condiciones del mismo…. ) y manifestaba que para regular esta actividad debía de hacerse por la vía legislativa.

Hasta que no se pronunció la Audiencia Nacional que era la competente para el caso, el sindicato OTRAS  se constituyó y trató de desplegarse por todo el territorio nacional. Las dos opciones que aquí se ventilaban y que se personaron en la causa judicial, contaban con importantes apoyos del mundo feminista que estuvieron desarrollando sus respectivas campañas populares en busca de un mayor número de adhesiones.

El 19 de noviembre de 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a través de la correspondiente resolución judicial, estableció que los Estatutos del sindicato OTRAS no eran válidos al declararlos nulos de pleno derecho. La Sala argumentaba que un contrato en el que el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales con quien le indique el empresario, a cambio de remuneración, debe de reputarse nulo.

El sindicato OTRAS interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que en junio de 2.021 sentenció que el sindicato tenía razón, reconociendo el derecho de las personas que desarrollan trabajos sexuales a sindicarse, al contrario del criterio que había establecido la Audiencia Nacional, siempre que ejerzan por cuenta propia pero no pueden darse de alta en la seguridad social, ni se reconoce una parte empresarial con quién negociar.

Tras esta importante victoria jurídica, el sindicato ya legalizado, ha confeccionado un proyecto de ley que terminó el verano de 2.024 y que desde diciembre pasado lleva realizando una ronda de consultas con los partidos políticos para que apoyen esta iniciativa que supondría reconocer como oficio el trabajo sexual y que atendiera los derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales.

El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Igualdad comunicó que renunciaban -por el momento- a su proyecto de ley de abolición de la prostitución por la falta de los sufientes apoyos parlamentarios. El Partido SocIalista Obrero Español ( PSOE ), lleva dos legislaturas batallando para sacar una ley abolicionista de la prostitución, sin éxito. Tanto el Partido Popular (PP) como sus socios habituales, incluido Sumar, tumbaron la iniciativa que se debatió hace un año en el Congreso de los Diputados, impidiendo su admisión a trámite.