Que el gobierno de la Comunidad catalana se crea en la obligación de exigir la suspensión del servicio de Cercanías en la región y encuentre la general comprensión de la opinión pública es el resumen perfecto de hasta dónde ha caído la confianza de los usuarios, y no sólo del ferrocarril, tras los últimos Gobiernos socialistas. Detrás de esta pérdida de crédito ciudadano se encuentra lo que podríamos llamar la desoladora cultura política del sanchismo, que ha roto todos los consensos y ha convertido la gestión pública en un coto propio, especie de refugio salarial para militantes y simpatizantes en dificultades tras las sucesivas derrotas electorales.

Que esto es así, se demuestra con las listas de cargos directivos en los distintos ministerios y organismos gubernamentales, con especial énfasis en las empresas de titularidad pública, mucho más accesibles a la arbitrariedad. Es, sin ir más lejos, el caso de Adif, «colonizada» en sus puestos de dirección por exdirectivos del gobierno socialista valenciano de Ximo Puig, con el resultado que todos podemos ver en estos días de luto ciudadano, mientras desde el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, se multiplican las excusas, las justificaciones y la manipulación grosera de datos, en medio de un ambiente de desconcierto que no hace más que alimentar desconfianzas y rumores.

Por supuesto, se trata de una primera fase que conducirá inevitablemente a descargar responsabilidades en el sector privado o en la socorrida oposición popular, puesto que otra de las características propias de la cultura sanchista es no reconocer nunca los errores propios, ni admitir como propias las consecuencias de la ineptitud en la gestión. Esto, que hemos dado en llamar fabricación de un llevando una vez más a los ciudadanos a la rabia, al enfrentamiento ideológico y la desconfianza. Un alto precio a pagar para que políticos que carecen de competencias profesionales para el cargo que desempeñan y que se rodean de una corte de amigos y correligionarios pagados con sueldos muy por encima de los que cobra el común de los españoles se mantengan en el machito.

Ciertamente, hay una responsabilidad en cascada de toda esta confusión, que comienza con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsable único y directo de unos nombramientos al frente del departamento de Transportes que han sido sinónimos de ineficacia y nepotismo. Nadie espera que se asuman responsabilidades en un Gobierno relato, pero que no es más que la técnica de propaganda política de toda la vida, acabará por contaminar la realidad, llevando una vez más a los ciudadanos a la ira, la confrontación ideológica y al recelo.

Nadie espera que se asuman responsabilidades en un Gobierno que ni siquiera puede argumentar con datos técnicos contra la suspensión de las Cercanías en Cataluña, entre otras razones, porque ha acabado con la paciencia de los profesionales que habían hecho de servicio ferroviario español uno de los mejores de Europa, pero que, ahora, no se atreven a garantizar la seguridad de los viajeros.

.El último accidente de tren ocurrido en Adamuz ha abierto una nueva herida en el corazón de los ciudadanos, que tienen muy claro que el siniestro y las correspondientes 46 víctimas tienen responsables directos: el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los españoles exigen que se asuman responsabilidades políticas por una gestión de la crisis ferroviaria que ha sido de todo menos ejemplar, por mucho que se empeñe el Gobierno en presumir de una transparencia que ha sido poco más que ficticia.

Así, se pone de manifiesto en la encuesta elaborada por NC Report para el periódico LA RAZÓN, que constata que dos de cada tres españoles exigen dimisiones, y no de los cargos intermedios, sino de la cabeza de Sánchez y Puente. En concreto, el 65,2% de los encuestados pide que Puente salga del Ministerio de manera inmediata, mientras que solo dos de cada 10 respaldan su actuación. Tampoco sale muy bien parado el Gobierno sobre las explicaciones respecto al accidente: el 63% no se cree la respuesta del Ejecutivo y apenas un 28% da por válidas las explicaciones. Por ello, casi siete de cada diez creen que el Gobierno del PSOE es el responsable último del accidente.

Y en esta tesitura, ¿qué ha hecho el Gobierno, en general, y Óscar Puente, en particular hasta el momento? Pues volver a acusar a la prensa de extender bulos y fango como política de distracción. Lo han vuelto a hacer desmintiendo que la culpa primigenia del descarrilamiento es una vía en mal estado con casi 40 años de antigüedad. Una situación que ha provocado que el PP haya acusado al Gobierno de mentir y ocultar información sobre el accidente «que solo Puente y su equipo tenían», como que el tramo de la vía que provocó el descarrilamiento del Iryo era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos del año 1989.

Esta falta a la verdad sería en sí misma una mentira, por lo que Puente quedaría invalidado para continuar al frente del Ministerio. Sobre todo, porque su única defensa ha sido una fotografía publicada en sus redes sociales que, a la postre, ha corroborado que había ocultado la verdadera fecha de fabricación de la vía. Además, el ministro solo ha sido capaz de volver a agarrarse a la manida política antiprensa impulsada desde Moncloa, de que todo lo que afecta negativamente al Gobierno es un bulo y un ataque de la supuesta derecha mediática.

La prensa en general ha recopilado la concatenación de inexactitudes, errores, intentos de engaño, tergiversaciones y, directamente, algunas falsedades realizadas por el ministro y que han desmontado cualquier intento de Puente de mantenerse al margen de sus responsabilidades directas en el accidente. Dar la cara no es salir en rueda de prensa y estarse más de dos horas justificando su actuación. Es decir la verdad.

Entre las muchas paradojas que nos muestra continuamente el tiempo en que vivimos, hay una que me ronda la cabeza desde hace tiempo y que creo necesario abordar ahora, con ocasión de las matanzas de manifestantes en las protestas de Irán por la crisis económica de la población que han derivado en la exigencia de cambio de régimen político. Me refiero a esa singular y aparente alianza del bloque de la izquierda, formado por comunistas, socialistas y demás progres sin afiliación, con respecto al islamismo. Ideologías tan diferentes como opuestas entre sí.

Lo primero que me pregunto es la relación en la fe de un Dios único, trascendente, en la existencia de un Paraíso más allá de la muerte, en la oración diaria, la limosna y la peregrinación a La Meca como signos de reconocimiento de la grandeza y de la misericordia de Alá; así como la veneración y respeto a su profeta Mahoma; con el cuerpo doctrinal de la izquierda y del cínico progresismo -al menos cuando lo tenía- de raíces ateas y materialistas, que no cree en la trascendencia, proclama un humanismo sin Dios y no sigue las costumbres islámicas como por ejemplo, el sometimiento de la mujer hacia el hombre, la persecución de los homosexuales, ni sus normas éticas.

Aunque si acudimos a la memoria, esta nos recuerda que no es la primera vez que ocurre una cosa así. Fue lo que pasó entre Hitler y Stalin en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial con el acuerdo Molotov-Ribbentrop en 1939, cuando además tantos rusos habían combatido o lo estaban haciendo aún en aquellas fechas a los fascistas de toda clase y condición.

Tampoco entonces, debería de extrañarnos que la izquierda se eche en manos de los separatistas en general aunque sus reivindicaciones nacionalistas contradigan la por ella tantas veces proclamada igualdad y su carácter de enemigas del universalismo de la izquierda ( aquello de proletarios del todo mundo, uníos ), así como la necesaria lucha social.

A la vista de los hechos, esta aproximación y defensa del islamismo a ultranza, ayudas económicas de Irán a la comunidad comunista al margen, solo resulta comprensible dentro del giro que ha emprendido la izquierda desde hace décadas, tras caer el Muro de la Vergüenza en Berlín y quedarse sin uno de sus símbolos principales que puso al descubierto el mundo irreal que el socialismo se había construido a base de mentiras y propaganda.

Desde entonces, esta izquierda huérfana y vacía, camina errática hacia una especie de tierra de nadie donde los viejos principios, aquellas rígidas normas morales de sus militantes de otros tiempos, han pasado a mejor vida, impelidos por unos cambios profundos mal asimilados y muy contradictorios. Aún recuerdo a muchos de ellos a los que conocí en mi juventud con sus normas de austeridad y honradez autoimpuestas.

Eso sí, el grupo de rojerío variado, para llenar el vacío, ha conseguido con una gran agudeza y nulos escrúpulos -todo vale si se trata de la subsistencia- enarbolar las banderas de las minorías a veces hasta contrapuestas que en otros tiempos hubiesen horrorizado a la trilogía marxista de Marx, Lenin y Mao. O en el ámbito socialista más nuestro, a Pablo Iglesias, Largo Caballero o Indalecio Prieto.

Ello explica que, hombres y mujeres sin Dios apoyen a los titulares, incluso en su gama más violenta -pensemos en la Guardia Revolucionaria de estos ayatolás- de una religión monoteísta que de conseguir el poder, comenzarían por desquitarse de sus compañeros de viaje, someterían a las mujeres o condenarían sin miramiento alguno a los homosexuales.

El caso de Irán o Afganistán, a pesar de su carácter extremo, es ya de por sí todo un exceso. Eso sí, no todas la culturas de fundamentación religiosa les han merecido el mismo trato. Al cristianismo y en especial a su vertiente católica, le niegan el pan y la sal.

Apoyar el islamismo implica para ellos una forma de rechazar el cristianismo y su visión del ser humano y del mundo; borrar las raíces de una civilización que habiéndose permitido surgir y crecer resulta ya, tal vez, el único obstáculo importante a sus pretensiones de dominio y control absoluto. Lo ocurrido en Venezuela, Cuba y Nicaragua; la cara hispanoamericana de la izquierda, no es algo debido al azar.

Ahora lo paradójico -¡ de nuevo !- es que lo hagan apoyando a los islamistas, es decir, a los que están llamados a la larga a segar su propia cabeza. Sin olvidar que en fondo, se trata de una apuesta radical, contradictoria, eso sí, para no desaparecer totalmente del ámbito ideológico y cultural que tan buenos dividendos les sigue dando.

No sé si alguna vez, habrá una profunda reflexión en el seno de la izquierda -tomándose su tiempo y ahora que los intelectuales la están abandonando- sobre el giro que ha dado en los últimos tiempos y sus resultados. El acceso al poder y su mantenimiento en el mismo parecen soslayar posibles demoras.

De momento, es impensable que los zurdos y el resto de la falsa progresía estén dispuestos a dedicarle mucho tiempo al asunto, teniendo como tienen a los todavía numerosos partidarios que los apoyan y hasta los jalean. Una de las cosas a las que se ha acostumbrado la izquierda y no está dispuesta a abandonar es a la supuesta superioridad e inexorabilidad de sus tendencias y decisiones, la trasnochada superioridad moral.

Hay países que son arrasados por las bombas. Y hay países que son arrasados por sus propios gobernantes. Venezuela pertenece a la segunda categoría. Y, si hablamos de destrucción económica, el chavismo ha sido peor que una guerra.

Cuando un país entra en guerra, su capacidad de producir se resiente con fuerza. En promedio, las economías que atraviesan conflictos bélicos pierden alrededor de un 13% de su Producto Interior Bruto ( PIB ). Es una caída severa: menos inversión, menos comercio, menos empleo. Y aun así, eso es la media. Pensemos en un caso extremo: Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Un país derrotado, ocupado, con ciudades arrasadas. Su producción se desplomó hasta quedar en torno a un tercio de la de 1944. Devastación en estado puro.

Pues bien: Venezuela consiguió algo todavía más siniestro. Sin invasión. Sin bombardeos. En paz. Entre 2013 (máximo) y 2020 (mínimo), el PIB venezolano se contrajo un 75%. Dicho de otro modo: en 2020 el país sólo producía una cuarta parte de lo que producía en 2013. No fue un desplome puntual por la pandemia. Fue un deterioro continuado, año tras año, como una hemorragia económica que nadie quiso -o supo- frenar. Y el PIB no es una abstracción de tecnócratas: es comida, medicinas, agua, vivienda. Por eso, cuando el PIB y el PIB per cápita se hunden, la pobreza explota y el país se vacía.

Algunos, han intentado justificar esta calamidad apelando a las sanciones de Estados Unidos siguiendo el ejemplo de Cuba que con esa excusa tan bien le ha ido para animar a sus fieles seguidores, especialmente españoles.. Pero la cronología no encaja como coartada. La caída arranca en 2013. Las primeras sanciones de 2015 fueron esencialmente políticas y personales. Las restricciones financieras más amplias llegan en 2017, cuando la economía ya estaba en caída libre. Y las sanciones que de verdad complican el petróleo se intensifican en 2019… cuando el PIB ya se había desplomado aproximadamente a la mitad. Podrán haber agravado el golpe final, pero no explican el derrumbe inicial ni, desde luego, el tamaño de la ruina.

La causa principal no vino de fuera: la provocó el propio chavismo. Fue el chavismo quien convirtió a la empresa estatal, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, ( PDVSA ) en una caja política para comprar lealtades; quien se gastó la renta petrolera como si fuera un maná infinito y quien, al mismo tiempo, dejó que la gallina de los huevos de oro se muriera por falta de inversión y mantenimiento.

Cuando bajaron los precios del crudo y además, se desplomó la producción por esa descapitalización deliberada, el chavismo no ajustó el gasto ni desmontó su red clientelar: optó por tapar el agujero con la imprenta emitiendo más dinero. Así llegó la hiperinflación. Y, para rematar, impuso controles masivos de precios con una inflación tan elevada: la orden de producir a pérdidas. El resultado fue el que siempre produce esa combinación de irresponsabilidad fiscal, emisión monetaria y dirigismo: que producir deje de tener sentido y que la economía se apague.

El balance es brutal: empobrecimiento masivo y éxodo. Una guerra sin misiles: la guerra del poder contra la sociedad. Y la factura, como siempre, la paga el pueblo.

El pasado día 3 de enero, el mundo amaneció como un lugar algo mejor. Estados Unidos había ejecutado una operación militar de una precisión tan espectacular que, por carencia de dramatismo, por sí sola difícilmente serviría de base para un buen guion bélico de Hollywood. Sin daños civiles, se ha extirpado el cáncer, un dictador que ha oprimido a su pueblo con palmaria violación de derechos humanos, convirtiendo Venezuela en un narco país.

La legitimidad de Maduro no es que estuviera en tela de juicio, es que era absolutamente inexistente, especialmente después de correr un tupido velo (en realidad plenamente opaco) ante el resultado electoral de 2024. Había perdido las elecciones de forma aplastante pero, en fin, qué más da, si disponía de los tanques para hacer valer su poder, en términos jurídicos, su imperium, concepto que debe entenderse al margen de la soberanía.

La izquierda española, especialmente la comunista, ha salido en tromba a defender la tiranía. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y es que la legalidad internacional parece que interesa y se defiende a capa y espada, exclusivamente, cuando beneficia a un dictador comunista, circunstancia que lleva inexorablemente a la conclusión de que no les importa la democracia, sino simplemente la defensa de un sistema que lleva inexorablemente a la miseria. La proclama es la siguiente: vulnerando el derecho internacional se ha atentado contra la soberanía nacional de Venezuela.

Esto nos lleva a la necesidad de arrojar algo de luz sobre el concepto de soberanía, que debemos engarzar con el concepto de Estado de Derecho, escrito con mayúsculas adrede, dado que no nos referimos a un sistema de organización basado en normas jurídicas, sino en el reconocimiento de derechos fundamentales y funcionamiento según los modelos democráticos que garantizan la libertad individual y colectiva.

La Constitución de Venezuela, con sus evidentes carencias y su carácter eminentemente semántico, (la doctrina entiende como constituciones semánticas aquellas formalmente relucientes, impecables en su contenido, pero inaplicadas por los poderes fácticos) prevé con nitidez la proveniencia de la soberanía nacional, en la misma línea que los textos constitucionales occidentales y nuestra propia Carta Magna. Dice así su artículo 5: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».

El Gobierno Venezolano no es soberano. La soberanía recae en el pueblo que se expresó, precisamente, en contra del déspota, circunstancia que deslegitima por completo el Poder y lo vacía de autoridad moral y, gracias a la intervención estadounidense, de autoridad fáctica o imperium. Así pues, desde una concepción material y democrática de la soberanía, la detención de Maduro difícilmente puede calificarse como un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano, ya que la misma fue previamente conculcada con grave violación de los derechos humanos por el autócrata.

Acudir a una interpretación formalista del derecho internacional para defender el sostenimiento de un régimen tiránico es a todas luces inmoral, sirviendo de coartada jurídica para el mantenimiento de los autoritarismos. Una visión pueril, que desconoce la evidente complejidad y realidad de la geopolítica internacional. Especialmente, considerando que los malvados no entienden de normas internacionales, desechando para empezar el más elemental respeto por los derechos humanos. De esta forma, el problema no es la defensa del derecho internacional, sino su invocación selectiva. Cuando la legalidad sirve para preservar regímenes autoritarios afines ideológicamente, deja de ser un principio, pasando a ser una deleznable coartada.

Así pues, lo que se protege no es la democracia, sino un proyecto político (el comunismo) que en su aplicación históricamente ha demostrado ser incompatible con ella. Si se reflexiona sobre las posiciones expresadas, se llega a la conclusión de que desde la izquierda radical ( que tristemente incluye al PSOE institucional ) no se considera que la soberanía resida en el pueblo, dado que eso otorgaría poder a los que no piensan igual, sino que la misma reside en una pretendida autoridad moral de unos pocos, del líder. Un autoritarismo que sustituye al Dios del antiguo régimen por la ideología comunista para legitimar el poder. Concepción muy alejada del Estado de Derecho y democracia que, afortunadamente, la mayoría sostenemos.

En fin, de lo acontecido, en primer término, cabe alegrarnos por nuestros hermanos venezolanos, que han tenido un extraordinario regalo de Reyes adelantado; no obstante, con cautela a expensas de lo que acontezca en adelante, sin dar por legítimas ulteriores actuaciones de Estados Unidos (por ejemplo, a priori, asombra la posición adoptada en relación con la designación de Delcy Rodríguez para la transición democrática). Y, por otro lado, tomar nota de la idiosincrasia de la izquierda radical, cuyo fin no es la democracia, sino la imposición de su nefasta idea de organización del Estado. Esto último será especialmente relevante cuando se aproximen las esperadas elecciones y, una vez más, los lobos se disfracen de corderos para la captación de votos.

El pasado 29 de octubre, se celebró en Valencia un funeral de Estado por las víctimas de las inundaciones ocurridas en diversas poblaciones del área metropolitana de dicha capital el pasado año. El acto tuvo lugar en ese homenaje a la arquitectura modernista que es la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y pretendía realizar un reconocimiento a los fallecidos y damnificados en la catástrofe que asoló parte de la provincia valenciana un año antes.

Lo presidieron Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Leticia y asistieron los representantes de los altos cargos de la nación, como los Presidentes del Congreso y del Senado; del Consejo General del Poder Judicial; Gobierno central al completo junto con sus homólogos de la Comunidad Autónoma valenciana; otros Presidentes de Comunidades Autonómicas y demás autoridades.

Lo que debería de haber sido un sepelio respetuoso basado en el silencio, la tensión política y el malestar entre algunas de las familias asistentes derivaron en abucheos, gritos y escenas de confusión durante esta ceremonia laica. La presencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue increpada de manera espontánea por algunos familiares a los que enseguida se sumaron otros. Al decir de algunos asistentes, otros familiares comenzaroon a insultar al Presidente de la Comunidad Autónoma valenciana, Carlos Mazón, a modo de réplica a los anteriores y para taparlos aunque en los cortes que se dieron en los espacios televisivos aparecieron solo estos últimos.

Una abogada representante de varias víctimas que estuvo allí, ha manifestado en varios periódicos que su impresión es que el acto estuvo cuidadosamente controlado por efectivos del Palacio de La Moncloa porque el ambiente estaba ya preparado para el ruido. Ha explicado que las organizaciones de familiares ideológicamente afines a la izquierda fueron situadas en el área más visible junto a las cámaras de Televisión Española, mientras que las demás familias fueron desplazadas a peores lugares y se encontraban dispersas. Se trataba de recoger en primera línea los gritos e insultos contra Mazón. Los improperios contra Sánchez se escucharon menos porque estaba preparado para que así fuera. Fue todo un montaje.

A su juicio, la colocación del público, las cámaras de televisión y las dificultades de acceso al recinto fuera de los grupos organizados por ellos no fue casual sino que obedeció a un diseño preparado minuciosamente para asegurar una imagen y un escándalo. La abogada sostiene que se buscaba que los medios de comunicación social destacaran las protestas contra Mazón y no las críticas al Presidente del Gobierno a modo de colofón de la intensa campaña mediática desarrollada de que Mazón era el único culpable. Y que incluso algún medio afín editó un audio para que solo se oyeran los gritos contra Mazón. Era algo incomprensible.

Y sigue afirmando que en la mañana que se iba a celebrar el acto, se supo que el Gobierno central, responsable de su organización y protocolo, había cambiado el orden de la ceremonia a última hora para que en el saludo previo a los familiares -escogidos entres las asociaciones más activas- por parte de los Reyes y Sánchez, en una sala contigua a la principal cuya finalidad era que Mazón se viese obligado a entrar en el auditorio solo y encontrarse con los primeros insultos verbales.

Como así ocurrió. Varios familiares algunos de ellos con camisetas con frases como: cómplices, asesinos, traidores y la verdad siempre vence, empezaron a ofenderle, llamándolo asesino y rata. Otros asistentes les pidieron que se callaran por respeto a las víctimas y les recordaron que estaban en un funeral por lo que debían de cerrar la boca. Estas protestas desaparecieron para convertirse en aplausos cuando los Reyes entraron en el salón principal y se dirigían a ocupar sus asientos.

Añade que junto con sus representados y cuando se disponía a entrar al recinto, nadie las esperaba, ni les ayudó a acceder, a pesar de disponer de las correspondientes acreditaciones con semanas de antelación, con el evidente propósito de dejarlas fuera. Llegaron a decirles que no había sitio disponible por motivos de seguridad y que se quedaban fuera porque era imposible entrar.

Ante sus quejas a un responsable de la Delegación del Gobierno de Valencia de que si a pesar de estar debidamente autorizados desde hacía tiempo no se les permitía entrar, iba a presentar una denuncia por daños morales, logrando el acceso apenas unos minutos antes del inicio del funeral pero solo ocho de las doce personas previstas. Les dijeron que el cupo estaba completo pero ya en su interior pudieron comprobar filas enteras de sillas vacias situadas al final para que no se pudieran ver.

El plan que Sánchez había urdido resultó con arreglo a lo previsto y Carlos Mazón manifestó a la salida del acto que ya no podía más con esta situación de permanente acoso y acusaciones que ya habían pasado de la crítica a su gestión de las inundaciones al insulto y llamarle asesino, rata y pedir su ingreso en prisión. El que todo ello fuera retransmitido en directo por la televisión pública, colmó su paciencia y aumentó la humillación personal. El pasado lunes, dia tres de noviembre, Mazón presentó su dimisión como Presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. La cacería política había terminado y Pedro Sánchez se había cobrado su cabeza.

Este año de 2.025, está avanzando en medio de una creciente inestabilidad política internacional. Continúa la guerra de Ucrania, la destrucción de Gaza por Israel se ha paralizado de momento, la nueva presidencia de Donal Trump en Estados Unidos y los incidentes fronterizos de Pakistán y la India en la siempre disputada región de Cachemira, están transformando las prioridades del mundo actual.

Este cambio de siglo también golpeará -a buen seguro- a Hispanoamérica, tan olvidada como siempre de los intereses europeos y por eso España debería de asumir un papel protagonista en la cooperación con aquellas repúblicas americanas en este momento de tanta incertidumbre global. La atención a la desigualdad y la pobreza es un eje clave para garantizar una alianza intercontinental eficaz y resistente.

Vivimos en un tiempo complejo para la cooperación internacional. La actual crisis de financiación que ya está llevando a la cancelación de programas de ayuda al desarrollo y el desmantelamiento de organizaciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID, en sus siglas en inglés ) que gestionaba buena parte de la cooperación estadounidense en el mundo, está afectando a millones de personas de aquella región.

A esto hay que sumarle que Hispanoamérica estaba ya fuera del foco de muchos donantes internacionales con el agravante de que varios países europeos del nivel de Francia, Alemania y Gran Bretaña han anunciado ya recortes en sus presupuestos nacionales de ayuda al desarrollo durantre los próximos años. Además, previsibles restricciones emigratorias y una mayor presión económica ahondarán en la ya grave situación de desempleo e inestabilidad social.

Este no debería ser un problema ajeno porque lo que ocurra allí debería de afectarnos también a nosotros. Se trata de un espacio que compartimos durante tres siglos y con el que estamos ligados por razones tan importantes como la lengua, la cultura y la religión. España no es un Estado europeo cualquiera sino que tiene una responsabilidad particular en estos momentos de tensión como amigo y como socio.

En este sentido, se llevan varios años dando pasos muy importantes. Durante la última Presidencia española de la Unión Europea en 2.023, se reactivaron la relaciones interregionales, se impulsó la Nueva Agenda con aquel continente y se apoyó la creación de la Agenda de Inversiones Global Gateway como instrumento para canalizar inversiones europeas hacia sectores estratégicos de aquella región geográfica. En este año de 2.025, este comprmiso debe de consolidarse ya. Madrid que acogerá el próximo año la Cumbre Iberoamericana y el pasado mes de julio fue la sede de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo convirtiéndose así en el primer país europeo en albergar una reunión de este nivel.

La colaboración entre naciones debe de estar en el centro de este impulso. No solo como un gesto de buena voluntad sino también como una inversión estratégica porque no habrá cooperación posible entre ambos lados del océano Atlántico sin cohesión social, sin justicia y sin oportunidades reales para la población en general. Si no se actúa, el riesgo es que se quede como una zona empobrecida, fragmentada y cada vez más alejada de los valores democráticos que compartimos.

En este mundo tan inestable, España debe seguir refirmándose como aliada de Hispanoamérica, no por nostalgia sino por intereses comunes, responsabilidades históricas y comunidad de valores. La estabilidad de la América hispana es también la nuestra.

En este marco, un reciente estudio elaborado por la organización no gubernamental Ayuda en Acción y la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), decía que más del 20% de los jóvenes de aquel continente que tienen un empleo, viven por debajo del umbral de pobreza y cerca del 40% percibe un salario inferior al mínimo legal. A esto, se suma una preocupante brecha educativa donde estimaba que solo la mitad de los niños pobres terminaban la educación secundaria frente a 9 de cada 10 entre los más pudientes.

Sin políticas eficaces para atajar estos desafíos pueden aumentar la exclusión en lugar de reducirla. En el informe citado, se proyectaba un escenario para 2.030 en el que millones de personas se desplazarán desde el campo y la industria hacia el sector de los servicios pero sin ninguna garantía de conseguir un empleo digno, ni estabilidad laboral. Esa frustración puede alimentar la desafección democrática y abrir la puerta a soluciones autoritarias.

España puede y debe dirigir este esfuerzo, no solo por lo que somos y por lo que compartimos con aquellos países sino porque hacerlo también es mantener nuestro lugar en el mundo. Ante un contexto global incierto, reforzar los lazos de amistad con Hispanoamérica no debe de ser una opción sino también una necesidad y una oportunidad que debemos de aprovechar.

La inmigración que ha llegado a España desde finales de siglo pasado, está cambiando la sociedad, la educación, la sanidad, el empleo, el ocio, el deporte… y hasta el censo electoral. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de dos millones y medio ( 2.545.184 exactamente ) de extranjeros han obtenido la nacionalidad española desde 1.996 lo que les da derecho -como a cualquier otro español- a votar en todas las elecciones para los poderes públicos que se convoquen y de los que se estiman en 2.364.000 los que podrán hacerlo a partir del año que viene. Esta cifra se da como probable porque los datos accesibles no desglosan las nacionalidades por edad pero no hay que olvidar que la adquisición de la nacionalidad española suele estar estar ligada a la mayoría de edad, factor imprescindible para poder votar.

Los nacionalizados españoles representan ya más del 6% ( 6,79% ) del censo electoral nacional que roza los 37,5 millones ( 37.469,458 ) y como es lógico se han convertido en objeto del deseo para los partidos políticos que buscan atraerlos en las urnas a pesar de ser un grupo tan heterogénero por sus orígenes, su ideología y su capacidad económica. Los hay también de la opinión de que el exagerado número de nuevos españoles, especialmente durante los dos últimos años que salen a una media de 250.000 por año, con fundadas sospechas de fraude masivo, han levantado enormes suspicacias de que si todas las medidas tomadas por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez para la legalización masiva de inmigrantes buscan modificar el censo en favor de los partidos políticos socialistas y comunistas.

Desde 1.996, el país que tiene más nacionalizados españoles es Marruecos y para conseguirlo han tenido que renunciar a su nacionalidad de origen, siendo casi medio millón ( 486.777 ). Después está Ecuador con 347.543; Colombia con 300.584; Perú con 156.619; Bolivia con 129.608; Venezuela con 124.583 y la República Dominicana con 121.434. Todos estos países americanos tienen la posibilidad -además- de conservar su nacionalidad de origen si así lo desean, debido a la generosidad española por haber pertenecido a la Monarquía Hispánica, comúnmente conocida como Hisapanoamérica.

Las cifras de los nacionalizados sirven para conocer los resultados de las diferentes olas inmigratorias y para entender el enorme impacto electoral presente y futuro. Si en 1.995 fueron 6,756 extranjeros los que consiguieron su Documento Nacional de Identidad ( DNI ) español, una década más tarde, en 2.005, fueron 42.829. En el 2.015 lo lograron 78.000 y el año pasado, 221.805. Por países, si en 1.995 lo encabezaban Argentina, Perú y la República Dominicana con números muy bajos con respecto a los actuales, en 2.024 están Venezuela, Marruecos y Colombia.

La tendencia ha sido casi siempre hacia los marroquíes los que eran el mayor número de nuevos españoles durante una década entera, desde 2.013 a 2.023, tras sustituir a los ecuatorianos que lo habían sido durante siete años seguidos, desde 2.005 hasta 2.012. Precisamente, Marruecos y Venezuela, son un ejemplo de la diversidad de opciones de voto que eligen los nacionalizados. Los procedentes de América se decantan -normalmente- por los partidos de derechas mientras que los originarios de África tienden a votar a opciones de la izquierda como se ve en los resultados electorales de Ceuta y Melilla.

Los hispanoamericanos nacionalizados son en sí mismo un grupo muy hererogéneo. De acuerdo con varios estudios realizados, los venezolanos como vienen huyendo de Maduro votan a partidos de la derecha en un 80% y los cubanos que han logrado salir del paraíso comunista en el que vivían, en torno al 65%. En el lado contrario, los peruanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos y chilenos -en general- se decantan más por la izquierda. Aunque otros factores culturales como el factor religioso y la defensa de la familia que están más relacionados con la derecha, compensan las preferencias de estas personas.

No está muy claro que este importante aumento del censo electoral pueda favorecer a la izquierda española de manera generalizada aunque haya quién piense que está hecho a su medida. El cálculo es muy difícil de hacer. Tampoco se disponen de muchos informes que hayan profundizado en el análisis del voto inmigrante en España. Investigaciones realizadas en otros países europeos como Francia, Países Bajos, Gran Bretaña o Suiza muestran que los inmigrantes suelen votar más a la izquierda pero hay que destacar que su inmigración hispanoamericana no tiene el volumen que en España.

Lo que sí parece consolidado es que los inmigrantes nacionalizados no votan tanto pensando en la actualidad española sino en la experiencia política de sus países de origen. no solo ocurre con los venezolanos y cubanos ya mencionados sino que tambiém los procedentes de la Europa del Este que suelen mantener un poso de rechazo al comunismo.

Otro elemento que se revela clave en la influencia en las urnas de los nacionalizados es que su porcentaje de participación electoral es bastante más bajo que el de los nacionales porque su interés por la política es menor que el resto de los españoles, en parte por desconocimiento del sistema y en parte también por no saber las propuestas de los partidos y del contexto politico.

Conviene reflejar los resultados electorales de las elecciones generales últimas, que lo fueron en julio de 2.023, de los partidos políticos minoritarios para valorar el peso de estos nuevos españoles, donde Unión del Pueblo Navarro ( UPN ) obtuvo el 0,21 % del censo electorasl al ser votado po 52.188 personas; Coalición Canaria ( CC ) consiguió el 0,47% y 116.363 votos; Bloque Nacionalista Gallego ( BNG ) el 0,62% y 153.995; el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) el 1,12% y 277.289; EH Bildu, el 1,36 % y 335.129; Juntos por Cataluña, el 1,60% y 395.429; Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), el 1,89% y 466.020. No se dan los obtenidos por la coalición Sumar que entonces integraba al grupo político Podemos y consiguieron el 12,33% y 3.044.996 porque es imposible saber cuales votos fueron a cada uno de ellos.

La paradoja es que aunque todos ellos suman el 7,27% del censo electoral, solo lo consiguen con 1.796.412 votos que son casi el 76% del número de estos nuevos electores que se traduce, ni más ni menos, que en 28 diputados cantidad suficiente para influir notablemente en la constitución y mantenimiento de cualquier Gobierno central. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

De los muchos errores que cometió José Luis Rodriguez Zapatero en sus tiempos de Presidente del Gobierno español, el mayor fue negar la gran crisis económica durante sus dos mandatos, de 2.004 a 2.011. Utilizar la enorme capacidad propagandista de su Gobierno y de su partido ( PSOE ) para ocultar el fracaso económico de su gestión y las medidas correctoras a las que se vió obligado a tomar para corregirlo.

Desde el 9 de agosto de 2.007 que fue cuando estalló la crisis financiera por las llamadas hipotecas basura hasta el 9 de julio de 2.009 en que Zapatero apareció en la televisión, el Gobierno se había negado a pronunciar la palabra crisis y ese día la realidad se impuso y aplastó a la mentira. Aquel día, el Presidente durante una entrevista celebrada en Antena 3 afirmó: En esta crisis -como quieren ustedes que diga- hay gente que no va a pasar ninguna dificultad. Esa misma mañana, dos grandes entidades financieras, una española ( BBVA ) a través de su prestigioso Servicio de Estudios alertaba de un brusco deterioro económico de la gestión de los recursos y el banco alemán Commerzbank publicó un informe de sus analistas con el demoledor titular: España en recesión.

Durante estos dos años, todos los miembros del Gobierno socialista se habían conjurado para no pronunciar la palabra crisis y sustituirla por desaceleración. No se trataba de una casualidad sino de una estrategia de comunicación perfectamente diseñada por el Gobierno con el propósito de ocultar que los malos datos que iban apareciendo en la economía hicieran estallar la burbuja inmobiliaria en la que se asentaba el modelo de crecimiento por el que se había apostado y por la proximidad de las elecciones generales de 9 de marzo de 2.008. La campaña socialista se basó en el lema de que España iba bien – copiando la famosa frase de José María Aznar en sus tiempos presidenciales-.

¿ Crisis ?, ¿ Qué crisis ?. Era una simple desaceleración económica -no se cansaban de repetir-que en pocos meses se superaría y todo volvería a ser como antes. Esa fue la posición que mantuvo tambièn Pedro Solbes, a la sazón Vicepresidente del Gobierno, frente a Manuel Pizarro que era el fichaje económico estrella del Partido Popular ( PP ) que advirtió que la situación era mucho peor de lo que se reconocía oficialmente. Aquel debate, televisado el 21 de febrero de 2,008, fue seguido por casi cinco millones de personas y fue fundamental para que los socialistas ganasen de nuevo las elecciones generales de marzo de 2008. La gente no quería oir malas noticias y rechazaba a los agoreros.

La estrategia de comunicación gubernamental había dado los resultados apetecidos tras machacar a la población con el mensaje de que aquí no pasa nada y se quería evitar que la opinión pública pensase que se habían ganado las elecciones con mentiras. Toda esta arquitectura se vino abajo cuando el banco de inversión norteamericano Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2.008 -seis meses después de celebradas las elecciones españolas- y estalló la burbuja financiera internacional que originó la mayor crisis económica de los últimos cincuenta años. El prestigio y la credibilidad del Gobierno en general y del Presidente y Vicepresidente económico en particular, saltaron por los aires.

La machacona negación fue sustituida casi inmediatamente por su impotencia para gestionar la crisis. Para evitar la frustración de la población se improvisaron una serie de medidas basadas en incrementar el gasto público y los planes de estímulo se sucedieron uno tras otro hasta contar con más de una decena que incluían cientos de medidas para impulsar la demanda tirando de chequera. España tenía un problema de sobreendeudamiento y la solución que se adoptó fue endeudarse aún más. Fue algo así como intentar curar un empacho con una bandeja de pasteles. Al haber errado en el dignóstico también estuvieron equivocadas las medidas que se tomaron y que acabaron agravando aún más la recesión económica,

Las consecuencias de todo ello fueron demoledoras. Al no haber preparado la comunicación para decirle a los españoles lo que se le venía encima, se siguió gastando con alegría en lugar de apretarse el cinturón que era lo que la situación requería. El precio de la vivienda siguió subiendo y los costes laborales se dispararon. Nadie estaba preparado para asumir las consecuencias de aquel cambio de ciclo. Entre 2.009 y 2.010, España perdió dos millones de empleos, el déficit público creció hasta el 11,3% y el sistema financiero se situó al borde de la quiebra.

Cuando el 12 de mayo de 2.010, Zapatero anunció desde la tribuna del Congreso de los Diputados el mayor recorte social registrado durante la historia de la reciente democracia española, ( congelación de las pensiones, reducción del sueldo de los funcionarios, disminución de las inversiones públicas, entre otras ). La opinión pública a la que se le había mentido de forma pertinaz y que no estaba preparada para recibir malas noticias, lo rechazó. La credibilidad del Gobierno socialista quedó definitivamente destrozada y Zapatero fue considerado como un mentiroso y estafador político.

Cuando forzado por las circunstancias quiso cambiar ya era demasido tarde. Un año después, el 22 de mayo de 2.011, el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia en las elecciones municipales y autonómicas. Los socialistas tuvieron que improvisar de prisa y corriendo un nuevo candidato en la persona del entonces Vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, para evitar la debacle mientras que las encuestas del momento aupaban al PP a la mayoría absoluta.

Entre 2.004 y 2.007, el Gobierno de Zapatero había protagonizado una de las decisiones económicas más irresponsables de nuestra historia democrática reciente: LA VENTA DE 7,8 MILLONES DE ONZAS DE ORO casi la mitad de las reservas depositadas en el Banco de España. Sin pasar por el Congresos de los Diputados y sin el menor debate público que exigía una decisión de esta naturaleza. El Estado español fue desvalijado de un capital estratégico y lo hizo además a precio de saldo para obtener dinero por la vía rápida y aparentar solvencia aunque como después se comprobó había llegado a la quiebra técnica.

Las justificaciones de Pedro Solbes como Vcepresidente y Ministro de Economía fueron tan peregrinas como peligrosas, afirmando que el oro ya no era un activo estratégico y que no generaba ninguna rentabilidad. Dos décadas después, la realidad ha demostrado lo contrario en ambos frentes. Este dorado metal no ha parado de crecer en las reservas de todas las potencias mundiales porque a diferencia de las monedas nacionales como pueden ser el euro o el dólar, el oro es un activo universal que no puede ser bloqueado o intervenido por lo que sí sigue siendo un activo estratégico.

En el plano financiero, el argumento de que el oro no ofrecía rentabilidad se desmorona con un simple dato: cuando se realizó la venta, como se hizo en varias fases, el precio medio que se consiguió fue de 476 euros por onza. Hoy esa misma onza llega a los 3.000 euros. Lo que quiere decir que el precio de oro ahora se ha multiplicado por cuatro y ha obtenido una rentabilidad media anual del 7%.

Como resultado de aquella pésima operación, el Estado ingresó el equivalente a unos 5.600 millones de euros actuales. Si hubiera conservado esas reservas, hoy valdrían más de 23.000 millones de euros. La diferencia de 17.000 millones es lo que están pagando los españoles por la frivolidad económica de aquel Gobierno socialista.

La etapa española de Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero, algún día será estudiada en las Universidades como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Utilizar la información y la comunicación para ocultar las malas noticias en vez de emplearlas para hacer pedagogía puede llevar a cualquier Gobierno o país -como así ocurrió- al desastre más absoluto.

La pregunta del referéndum ilegal de Cataluña de 1 de octubre de 2017, era: ¿ Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República ? como si en el mundo no hubiera, ni pudiera haber, más forma de organización política que el Estado. Pero precisamente el Estado, esa forma específica de sistema político que se define por el monopolio del poder sobre la población en un territorio con fronteras bien definidas -en la actualidad camino de su desaparición- es un proyecto inviable.

La idea de Estado surgió de la ambición de los monarcas absolutistas de elimimar todas las instituciones sociales y de ámbito local e imponer un solo foco de poder soberano en un territorio concreto. Naturalmente, el problema principal fue cuál era la demarcación sobre el que ese centro de poder podía consumar el allanamiento de la población y mantener su control.

La alternativa antimonárquica fue cambiar el sujeto de la soberanía a favor de unas imaginaria comunidad homogénea y compacta llamada nación. De modo que la monarquía absoluta sería sustituida por el Estado Nacional. Pero la exclusiva interna y la confrontación externa son esenciales a toda forma genuinamente estatal.

En realidad, la forma Estado se ha tratado de construir -básicamente- en Europa Occidental en un período histórico bastante catastrófico que empezó solo tres siglos atrás. En ese tiempo, más que en cualquier otro, la afirmación de distintos centros de soberanía nacional en Europa, llevó a continuas guerras de fronteras cada vez más frecuentes y letales hasta culminar en las masacres sin precedentes de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, la mayor parte de América del Norte, Asia y Rusia han sido ajenas al modelo europeo occidental de Estados soberanos ya que la población de esos continentes ha sido históricamente incorporada a amplios imperios y federaciones.

Por su parte, en muchas de las antiguas colonias europeas en África, el mundo árabe e Hispanoamérica, los intentos de construir Estados soberanos con fronteras delimitadas al estilo de las antiguas metrópolis han provocado también numerosos conflictos y fracasado en gran medida, ya que en muchos casos no se ha llegado a establecer un verdadero monopolio interno de la fuerza, ni una efectiva soberanía exterior.

Actualmente, incluso donde tuvo lugar la experiencia original de la forma Estado, el modelo ha perdido relevancia ya que muchas de las tareas tradicionales de los Estados están ahora en manos de la Unión Europea ( UE ). Como consecuencia de ello, el Estado español como los demás miembros de la UE y de la Zona Euro o el Espacio Schengen, así como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de diversas organizaciones globales, ya no son de hecho Estados soberanos. Todos han cedido o perdido -en mayor o menor medida- las competencias exclusivas para la toma de decisiones sobre políticas públicas en las que se quiso fundamentar tradicionalmente el monopolio de la coacción legítima, incluidas la defensa, la seguridad, el control de la fronteras, la moneda y la política fiscal y financiera.

Si los Estados tradicionales en Europa ya no son soberanos menos viable es todavía la creación de uno nuevo dentro de la UE, como por ejemplo, un Estado catalán. De hecho, el concepto de soberanía es uno de los pensamientos más obsoletos en la política europea actual. En Europa, una democracia más o menos eficiente, solo podrá sobrevivir si abarca un conjunto de Gobiernos a múltiples niveles en el que los poderes estén divididos y compartidos de modo que ninguno de ellos pueda pretender una soberanía real y efectiva.

Este tipo de soluciones institucionales son lo contrario a la soberanía. Afortunadamente, la exclusión, la opresión y la cerrazón que son esenciales en todo Estado que afirma su soberanía frente a todos los demás poderes internos y externos, están siendo sustituidas en Europa y en el mundo entero por la diversidad, la apertura, la interdependencia y los intercambios de amplia escala.

De igual manera que en los años setenta, Santiago Carrillo, a la sazón jefe del Partido Comunista de España, explicó que se había convertido sinceramente a la democracia porque después de la experiencia del franquismo: ¿ dictadura ?…, ni del proletariado; y después de la experiencia española en estos temas, se podría decir: ¿ Estado ?…, ni de Cataluña. La Unión Europea ( UE ) primero y los Estados, cuando menos soberanos mejor.

Somos hijos de la Transición Política de los pasados años setenta, a pesar de algunos. Si hemos llegado hasta aquí, gozando de décadas de paz y sosiego con algún susto coyuntural, ha sido porque siete hombres sabios supieron construir una Constitución Española en la que tuvieran cabida hasta los que no la querían, ni tampoco creían en ella. Han sido casi cincuenta años de una etapa democrática desconocida en nuestra reciente Historia que nos ha llevado al lugar que nos corresponde después de siglos de desastres e ignominias.

Uno de los mayorés éxitos de aquel período en el que el mundo nos miraba con ojos ensimismados de lo que estábamos siendo capaces de hacer, fue el dejar bien claro los límites que debía de tener nuestra convivencia diaria, las renuncias que había que hacer para asegurar el futuro de todos para llegar a ese proyecto común llamado España, sacrificando lo accesorio para llegar a lo esencial. La derecha renunció al monopolio del poder y la izquierda a la revolución del Frente Popular. Ganó así la voluntad de equilibrio, la buena fe constituyente y el patriotismo.

En España, ahora, al poder ya no le tiembla la mano. El Nuevo Frente Popular de Pedro Sánchez constituye en sí mismo una extralimitación de primer orden que ha desequilibrado el Estado y está conduciendo a España a uno de los procesos de descomposición más graves de su historia. El espectáculo que está dando el Tribunal Constitucional con su Presidente a la cabeza es desolador. Lo mismo puede decirse de la Fiscalía General del Estado con sus sonadas extralimitaciones y hasta el procesamiento de su titular. ¿ Donde está la dignidad de las instituciones democráticas ?. ¿ Dónde aquella eficacia indiferente de la Administración del Estado ?

La utilización del partido gobernante de los datos reservados de los ciudadanos para sus intereses políticos es una clara muestra de abuso de poder y de desprecio a la población, además de ser un claro síntoma que con su preponderancia ha decido actuar sin límite alguno e instalado en la arbitrariedad.

Se están dando claros síntomas de cierto desorden jurídico en todos los terrenos: constitucional, legislativo, penal, tributario, administrativo…Todos los fines justifican ya todos los medios porque todos los centros de poder han decidido que hay que ir a por todas. Si hay que cambiar la legalidad constitucional para ajustarla a cualquier tropelía como una amnistía por unos votos parlamentarios, una ley para un caso particular, una mutación constitucional por un puntual apoyo político, se cambia. Si hay que entregarle el control de la frontera al enemigo de la unidad nacional, se le entrega. Es tal el desgobierno y la impostura que lo único previsible es que el poder está dispuesto a entregar lo que sea con tal de continuar ejerciendo unos meses más.

Llegados hasta aquí, no queda más remedio que recordar a un tal Montesquieu, filósofo y escritor francés del siglo XVIII que en su libro más famoso, el Espíritu de las Leyes manifestaba de forma rotunda que hasta la virtud necesita límites. Frase que debería de figurar en el frontispicio de los actos de todas las instituciones oficiales como aquel nada en exceso que se podía leer en la entrada al Oráculo de Delfos. Montesquieu sabía que sin límites solo hay desorden y que ni el hombre, ni la sociedad pueden sobrevivir al caos.

El pensador francés parte de una premisa muy acreditada en el tiempo: el poder siempre tiende al abuso. Pensar que los sistemas democráticos escapan a ese fatal destino es desconocer la naturaleza humana y la esencia misma del poder. También advertía que la libertad política solo es posible en un régimen moderado que exclusivamente puede lograrse mediante el establecimiento de límites y en la separación de poderes.

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) está establecido al amparo del Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos de 14 de octubre de 1980, en vigor desde el 12 de octubre de 1985 (BOE núm. 243 de 10 de octubre de 1985), y en aplicación de su artículo IV.2, que constituye las bases de este Programa. Se enmarca en el contexto de colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos.

Se trata de un sistema lingüístico y cultural coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es, por consiguiente, un programa de carácter estatal, intransferible a las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas pero cuya aplicación sí compete a las mismas. Este plan está dirigido a alumnado marroquí escolarizado en centros de Educación Primaria y Secundaria, así como al alumnado de otras nacionalidades que lo desee.

Tiene como objetivo principal proporcionar a estos escolares una formación que le permita salvaguardar su identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida, tener confianza en ellos mismos y en su porvenir. Busca, por tanto, la inclusión colegial y sociocultural de estos estudiantes en el sistema educativo español y en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad, y fomentando la educación intercultural y el respeto entre las diferentes civilizaciones. Para ello se estudia la lengua árabe y se trabajan las competencias de comunicación oral y escrita, y se enseñan nociones de instrucción y de formación específicas marroquíes.

En la actualidad, este sistema se desarrolla en centros de Educación Primaria y Secundaria de doce comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, las Illes Balears y Madrid. Y existen dos modalidades de implementación: modalidad A (fuera del horario lectivo obligatorio) y modalidad B (dentro del horario lectivo obligatorio). La mayoría de los centros desarrollan la modalidad A, siendo así una actividad voluntaria extraescolar.

Y afecta a 393 colegios, según datos que facilita el propio Ministerio. En Cataluña hay 122 centros escolares que lo imparten este curso y cuatro de ellos lo hacen dentro del horario lectivo; en Madrid, funciona en 70 colegios y en Andalucía, 95. En correspondencia con lo anterior, España mantiene más de una decena de centros de enseñanza en español en las ciudades marroquíes de Tetuán, Larache, Alhucemas y Rabat,

Hasta aquí la letra del acuerdo que es importante pero no menos que la música necesaria para su aplicación. Si se escoge una Comunidad Autónoma para ver su funcionamiento real, por ejemplo Murcia, de carácter uniprovincial y fuerte presencia inmigratoria, se puede comprobar que en la actualidad se imparte en siete colegios de la región, ( cuatro de ellos situados en la localidad de San Pedro del Pinatar y los tres restantes en la barriada de El Palmar de la capital ) a cargo de dos profesores marroquíes y que está previsto que el próximo curso de amplíe a tres , situados en las poblaciones de Águilas y Torre Pacheco que requerirá la presencia de otro profesor más. El programa se desarrolla desde el año 2.012, sin polémicas, ni quejas.

La mayoría de estos alumnos han nacido en Murcia, corresponden ya a la segunda o tercera generación que quieren aprender el idioma de sus padres y mantener sus raíces. Es importante señalar que en estas clases no se da religión. En cifras son un total de 348 de los 320.000 que hay en el sistema educativo y representan casi el 0,11%. El Consejo Escolar de cada centro debe de autorizar su implantación.

Es importante señalar que a estas clases también acuden alumnos españoles interesados por la cultura árabe. La asignatura se ofrece como actividad extraescolar los viernes por la tarde y casi siempre a alumnos de Primaria. de 5º y 6º cursos para no interferir en el correcto aprendizaje del español de los menores en los primeros cursos.

Dado que el profesorado lo pone el Gobierno de Marruecos, las autoridades españolas colaboran en la integración y formación de los profesores y en la elaboración de los materiales pedagógicos de apoyo, según se recoge en las instrucciones del acuerdo. Es también de un gran valor la labor de intermediación que permite este programa ya que el profesor también actúa como mediador y traductor con aquellas familias que desconocen el idioma español.

El partido político español VOX, está formulando preguntas parlamentarias en las Comunidades Autonómicas por la conmemoración de la invasión marroquí del Sáhara español ( 6 de noviembre de 1.975 ) en los centros educativos en los que está implantado este programa educativo, a través de la fiesta de la Marcha Verde en la que se ensalza aquella invasión a un territorio vecino dependiente en ese momento de España.

Eso en la época reciente de Marruecos, aparte del hecho de que la historia global de ese país magrebíe se enseña de una manera completamente laudatoria para lo que es aquel régimen. Ensalza todas las dinastías monárquicas como si hubieran sido maravillas del mundo y eso es una desgracia. Lo que ha dado como resultado que actualmente en Marruecos haya una crisis tremenda de la enseñanza. Entre la religión y la política, imponen una orientación que no tiene nada de democrática. Si, lo contrario de alfabetizar, porque en Marruecos la educación no está destinada a enseñar, a reflexionar, sino que pone orejeras para que se piense como quiere el poder.