El día 3 de octubre del pasado año de 2.004, se dio a conocer el contenido del acuerdo al que habían llegado el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez con los albaceas de la organización terrorista ETA que ahora actúan con el nombre de EH-BILDU ( Recoger en eusquera ) para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ( Ley Mordaza en expresión de éxito para la extrema izquierda, antes y ahora socios gubernamentales ) en la que se vuelve a asestar un duro golpe a la Policía -como conjunto de Cuerpos de Seguridad- en el momento en el que sufrían más de 1.000 agresiones al mes.

Todas las organizaciones policiales dieron la voz de alarma ante esta polémica e innecesaria reforma de la ley que han denunciado por activa y pasiva ante el daño que ocasiona a la imagen e identidad de los agentes policiales; la inseguridad jurídica de sus actuaciones o el grave riesgo que supone para su integridad física y la de sus familias.

Unos cambios que parece que esta vez tampoco verán la luz finalmente pese a que hubo otro intento de reforma que quedó tumbado en la pasada legislatura ( marzo de 2.023 ) después de que el Gobierno de Sánchez se negara a aceptar modificaciones en estos mismos cuatro puntos de la inciativa: la desobediencia y resistencia a la autoridad ( art. 36.6 ); las faltas de respeto a los agentes ( art. 37.4 ) ; las devoluciones en caliente en la frontera ( disposición adicional primera ) y el uso de pelotas de goma ( artículo 23 ).

Y ¿ por qué entonces sí parecía salir adelante ?. La respuesta es bien sencilla: era el pago a EH-BILDU por su apoyo a la aprobación de los Presupestos Generales del Estado para este año de 2.025 que finalmente no se presentaron. De este modo, los defensores de ETA arrebataban la jugada al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y se alzaban con el premio de qué partido político iba a conseguir desarmar a la Policía, cara al electorado vasco. A este texto se sumaron el PNV, Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), El Bloque Nacionalista Gallego ( BNG ) y Sumar.

Lo pactado entre Gobierno-EH.BILDU y que motiva el desacuerdo y la protesta policial, es lo siguiente:

1º.- Grabar a la Policía en sus actuaciones no constituirá infracción alguna: Antes no se podía grabar imágenes, ni difundirlas sin autorización previa.

2º.- Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadass previamente: Esta medida choca con el art. 21.3 de la Constitución Española que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones y manifestaciones en los lugares públicos.

3º.- Se reduce el tiempo de la retención para la identificación de los indocumentados: El período máximo establecido pasa de 6 a 2 horas.

4º.- Una vez identificado el retenido en la Comisaría más próxima, será devuelto al lugar de la intervención policial: Antes, el retenido era puesto en libertad en la Comisaría.

5º.- El Atestado Policial o la sanción administrativa impuesta por la infracción cometida, pierde la presunción de veracidad: Así se mejora -dicen- la seguridad jurídica en el procedimiento policial seguido, evitando la presunción de culpabilidad del afectado.

6º.- Cambio de criterio en la cuantía de las multas: la cuantía de la sanción irá en relación a la capacidad económica del infractor. Antes la sanción era igual para todos, independientemente de la situación personal de cada uno.

7º.- El Documento Nacional de Identidad ( DNI ) será plurilingüe: Se trata de una clara concesión a sus aliados independentistas para que la documentación personal y obligatoria de todos los españoles esté configurada en las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del interesado.

8º.- Cambios en el material antidisturbios: Con la prohición expresa de utilización de las pelotas de goma sin esperar a ningún informe técnico que aconseje su eliminación o sustitución.

9º.- Evitar desnudos y cacheos denigrantes: Durante la actuación policial no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo físico, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes. Hasta ahora, las excepcionales ocasiones que han exigido lo anterior se han hecho con escrupuloso respeto a la intimidad de las personas y si era posible, fuera de la vista de los demás, agentes o sospechosos.

10º.- Infracción leve por tenencia de drogas: Lo vigente, era considerarla una infracción grave la posesión de sustancias estupefacientes aunque no estuvieran dedicadas al tráfico, en la vía pública y en los establecimientos públicos.

11º.-Se rebaja de infracción grave a leve: las faltas de respeto a la autoridad; la desobediencia a los agentes cuando sea manifiesta, clara y objetivable; la resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal o la negativa manifiesta y clara a identificarse.

La modificación del articulado señalado en la ley, lleva camino de convertirse en uno de los principales referentes legislativos de la degradación a la que el sanchismo ha sometido al Estado de Derecho. Hallar iniciativas similares en cualquier otra democracia plena es tarea imposible. No existen porque cualquier otro Gobierno con un mínimo sentido de la dignidad y la justicia, nunca habría cometido barbaridades de ese calado en las que se ha supeditado el interés general al de unos pocos en una práctica de corrupción política sin parangón en el ámbito europeo.

La sociedad en pleno será la damnificada por ese nuevo marco de inseguridad contra la población que ha impuesto el brazo político de ETA con la complicidad del Gobierno de la Nación que de nuevo, ha esquivado su deber de preservar los derechos fundamentales de las personas gracias a un marco regulatorio que las desprotege.

De entre todos los españoles, los miembros de los Cuerpos Policiales han sido especialmente agraviados y maltratados no solo en virtud de este acuerdo instigado por los representantes de los asesinos de sus compañeros sino por el desempeño de un gobierno social-comunista que nunca les ha guardado el respeto y la consideración debida para lo que han hecho sobrados merecimientos.

Este ataque a los agentes es una guinda amarga y particularmente nauseabunda por la vileza de la mano que la promueve, aderezada por la desatención, el desamparo y el olvido hacia miles de profesionales y sus familiares que han marcado la política seguida del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca y el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Se está fallando -miserablemente- a quienes velan con sacrifico y lealtad por la seguridad y la libertad de los ciudadanos y además se está haciéndo por la espalda, sin la mínima consulta, ni debate.

Aún es más deplorable que el sanchismo, la izquierda y la extrema izquierda en pleno, hayan hecho suyo el relato de ETA y sus acólitos sobre una Policía a la que se ha difamado y calumniado para justificarlo todo. Solo los delincuentes y los que aspiran a serlo contra la seguridad pública y la libertad de los demás, necesitaban una ley que pone en riesgo el trabajo policial y la seguridad jurídica de todos esos trabajadores uniformados que se juegan la vida para que el resto de españoles disfruten de la suya.

Es lógico que quienes han practicado y alentado el terrorismo callejero o el vandalismo antisistema, bastardeen las instituciones y los órganismos pùblicos pero lo que resulta innoble es el colaboracionismo de un Gobierno que se proclama progresista en todo momento y ocasión para prorrogar sus estancia en el poder.

Este cambio de la norma no se justifica más allá del odio a la Policía -es el enemigo a batir y la única que los puede frenar- puesto que no existe vacío jurídico para cualquier exceso o arbitrariedad. Una democracia virtuosa y garantista se conduciría en sentido contrario al que se va, con respaldo activo a su Policía y contra aquellos que la amenazan y constituyen un peligro para la convivencia ciudadana. A diferencia de su Gobierno, los agentes policiales saben que cuentan con el respeto y la admiración de todos los españoles.

El Congreso de los Diputados, votó el 29 de octubre pasado a favor de la toma en consideración de la proposición para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana pactada inicialmente entre el Gobierno social-comunista y la formación legataria de ETA, EH BILDU y comunicada públicamente por este último grupo político para mayor escarnio.. La decisión de Podemos de apoyar finalmente la tramitación de la iniciativa, alivió el difícil momento que ya atravesaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque lo hizo cuando la norma que aprobó el Partido Popular ( PP ) llevaba ya seis años funcionando. La pretensión de los jóvenes cachorros comunistas de Podemos era introducir las correspondientes enmiendas durante la tramitación parlamentaria para la derogación definitiva de esta ley.

Para quienes tengan dudas sobre los peligros que el futuro deparará a los Cuerpos Policiales, se tiene el ejemplo de lo que pasó en los graves incidentes ocurridos en el centro de Valencia tras la manifestación el pasado sábado, dia 9 de noviembre contra la gestión de la tragedia de la DANA por parte de las administraciones públicas en la que más de 30 policías antidisturbios resultaron heridos al no poder utilizar pelotas de goma por primera vez. Lo que constituye una prueba clara de que la prohibición pactada con el Gobierno aumenta los riesgos físicos de los agentes. No hubo mejor test.

Otra prueba más reciente fueron los desórdenes públicos ocasionados por la milicias sanchistas que impidieron la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, en Madrid, el pasado 15 de septiembre, donde los agentes policiales apenas pudieron lanzar una decena de pelotas de goma ante la hostilidad de la guerrilla urbana que se había preparado y que causó 22 heridos todos ellos policiales. El baremo que utilizó el Delegado del Gobierno en Madrid es bien sencillo: una manifestación es pacífica si los heridos los pone la Policía y será violenta si los lesionados resultan ser los radicales….

La violencia contra las mujeres era una de las banderas de las que se había apropiado el feminismo militante de la izquierda política, Esta expresión de la desigualdad le costó la vida a 48 de ellas el pasado año en España. En lo que va del presente ya son 28. La persistencia de este desgarro obliga a una permanente atención de las instituciones para identificar los problemas que se den en esta amenaza cambiante y las lagunas que puede haber en el sistema de protección; a dedicar los recursos necesarios y aplicarlos con eficacia y también a la máxima transparencia posible cuando se detecten insuficiencias porque así lo requiere el sufrimiento de las víctimas de esta lacra.

Lamentablemente, nada de ello se ha hecho con el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta, previo al 20 de marzo de 2.024, de hombres maltratadores con órdenes judiciales de alejamiento de sus ex-parejas controladas por pulseras telemáticas. El mecanismo de control del sistema, llamado Cometa, que vigilaba las 4.500 pulseras instaladas a nivel nacional, produjo un vacío de datos al cambiar de proveedor técnico y tener que trasladar del anterior al nuevo la información que contenía.

Con ser grave este fallo que ha desprotegido a miles de mujeres durante al menos 8 meses, lo agrava mucho más el que se haya conocido porque la memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado año, sostiene que los fallos de esta mudanza provocaron una gran cantidad de perjuicios para las víctimas de estos delitos porque en la celebración de sus respectivos juicios, sus transgresores han sido declarados inocentes al no constar las infracciones cometidas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se afanó desde un principio, en negar riesgo alguno a las mujeres portadoras de este dispositivo de alerta, cuando ha sido notorio que este resquicio se ha cubierto con un oscurantismo que va más allá de la imprescindible confidencialidad en un servicio público tan sensible. Para empezar, la dación de cuentas es imposible si las autoridades concernidas no explican, ni las consecuencias del fallo, ni el tiempo que duró. Pero lo que resulta hiriente es que la ministra culpe a los fiscales por denunciar los hechos acusándolos de alarmistas y trate de escudarse en que lo ocurrido solo ha repercutido en el 1% de los dispositivos, como si eso no implicara ya un riesgo.

En cualquier otra democracia que no sea la sanchista, el escándalo de las pulseras habría costado el cargo a todos los responsables políticos del ministerio implicados con la ministra al frente. Obviamente esto no será así y los esfuerzos oficiales se están centrando en sacar adelante el relato que los exoneren y avale el rigor de sus conductas en este despropósito que ha beneficiado a un número indeterminado de supuestos delincuentes y ha generado tanto miedo y desconfianza en las víctimas.

Por lo demás, el desenlace de todo este asunto es que aquí nadie asume responsabilidades políticas y por tanto, el Presidente del Gobierno no la dejará caer aunque encima le haya estropeado toda la estrategia sobre el conflicto palestino que había preparado para esta semana, discurso en la Asamblea de la ONU incluido.

A pesar de todo el esfuerzo gubernamental por tapar este monumental escándalo, se ha logrado saber que meses antes de que la Fiscalía advirtiera de la gran cantidad de absoluciones de maltratadores por los fallos en las pulseras, magistradas expertas en violencia de género ya habían alertado de las taras del sistema, apelando a las deficiencias de estos dispositivos telemáticos que lastraban su plena utilización.

Una de ellas, ha sido la actual vocal del Observatorio para Violencia Doméstica y de Género. Otra fue la ex-presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, que se pronunció en similares términos a los de su compañera de carrera, durante su comparecencia el pasado 18 de junio en la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que ya entonces advirtió que no había pulseras de protección para las víctimas del maltrato y que el sistema estaba perdiendo recursos y medios para las mujeres que lo necesitaban.

Una vocal del actual Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que esta falta de efectividad constituye un problema especialmente grave en las zonas rurales ya que se disparan las alertas por falta de cobertura generando un sentimiento de inseguridad. Otra magistrada más, ha manifestado que no era excepcional que el sistema se convirtiera en un auténtico instrumento de tortura para las víctimas las que, en ocasiones, recibían advertencias de madrugada de que su agresor estaba fuera de control.

Estos testimonios confirman y ponen sobre aviso los fallos del sistema de pulseras, después de haberlo hecho la Fiscalía en su última memoria anual que advertía que se habían producido una gran cantidad de archivos provisionales o sentencias absolutorias de causas con motivo del cambio de prestatario del sistema Cometa. Además de precisar que en el volcado de datos de una empresa a otra, entre finales de 2.023 y principios de 2.024, se perdió mucha información almacenada relativa a los investigados hasta el extremo de que el propio Centro Cometa avisaba a los juzgados de que no podían certificar los hechos anteriores a 20 de marzo de 2.024, perdiéndose así un elemento de prueba imprescindible para poder formular la correspondiente acusación. Se tiene constancia que. a fecha de hoy, no se ha resuelto la mencionada incidencia del sistema y se desconoce cuándo pueda ser solventada.

Si bien la ejecución del cambio de contrato de una empresa a otra se ha hecho con la ministra Redondo, la adjudicación del mismo, la realizó su predecesora Irene Montero, dirigente de Podemos, que avaló el nuevo contrato bajo la premisa del bajo precio y que la evaluación técnica ya avisaba del diseño deficiente del proceso de transición. Abriendo así un boquete que amplía el desaguisado causado por los estragos de la ley trans y especialmente de la del si es si -ambas patrocinadas por la señora Montero- que permitió la excarcelación de un millar de agresores sexuales, beneficiados por una deficiencia de la propia ley, con lo que ocasiona un daño irreparable a la política feminista de Pedro Sánchez, cuyos réditos electorales tan bien le habían funcionado hasta ahora. Las nuevas pulseras que compró Irene Montero, también están a la venta en distintas plataformas chinas de venta por internet, como por ejemplo en la conocida empresa Aliexpress.

El Gobierno social-comunista que está pero no gobierna, ha hecho lo que mejor sabe hacer, armar un relato exculpatorio en el que, en resumidas cuentas, no ocurrió nada, tampoco estuvo ninguna víctima en peligro y todo funcionó a la perfección. Después de esto y conforme al guión previsto: cero explicaciones, nula rendición de cuentas, mentiras y espantadas, con el colmo del descaro personalizado en la ministra Ana Redondo señalando a la Fiscalía General del Estado por poco más o menos, hablar de lo que no sabe e inflar un globo cuando apenas se dio un murmullo.

La verdad de lo ocurrido y que nunca los políticos dirigentes van a aceptar es que se pusieron en peligro la vida y la integridad de miles de víctimas de violencia de género por racanear en lo que no se debía y apostar por dispositivos electrónicos sin garantías y en contra del criterio de los expertos y por no rectificar a pesar de las señales de alarma de las autoridades judiciales y policiales competentes. Decir, como han defendido los ministros Ana Redondo y su compañero de filas, Félix Bolaños, que no supieron nada es engañar a los españoles en un asunto tan sensible que demuestra la talla moral de esta izquierda impostora.

El pasado miércoles, la ministra Ana Redondo fue reprobada en el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular ( PP ) por su fracaso en la gestión de las pulseras telemáticas que deben de proteger a las víctimas de la violencia de género, moción que no le obligaba a dimitir de su cargo del que solo puede salir a petición propia o que la cese el Presidente de Gobierno, el que desde Nueva York la ha confirmado en el mismo, mostrándole así su confianza. Como consecuencia de ello, la ministra ha anunciado la licitación próxima de un concurso para sustituir las pulseras defectuosas en mayo de 2.026 cuando venza el actual contrato.

Denunciar lo ocurrido por esta negligente y dolosa gestión es un deber ciudadano que debe acarrear consecuencias políticas. Las mujeres no pueden fiarse de un Gobierno con esta indecente escala de valores que prioriza ponerse a salvo antes que hacerlo con las maltratadas que encima cree que si solo afecta a un 1% de ellas es tolerable.

La suspensión sin precedentes de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, ocurrida el pasado domingo en Madrid y con ella la posterior entrega de premios, provocada por unos cuantos cientos de manifestantes radicales que llevaban dias desplegándose y obstaculizando el recorrido de esta competición deportiva de notable proyección internacional para denunciar los crímenes de guerra que Israel está realizando en la franja palestina de Gaza, derivó en unas protestas que si bien podían entenderse al principio pasaron enseguida a ser unos hechos intolerables.

La presencia en esta carrera ciclista de un equipo privado israelí ( Israel-Premier Tech ), dirigido por un español, el navarro Oscar Guerrero, que estuvo sufriendo durante el recorrido de la misma pintadas amenazadoras que rebasaron todo activismo pacífico que fue deslegitimado con actuaciones que pusieron en riesgo la seguridad de los corredores y de miembros de la organización y que culminaron en la etapa final con enfrentamientos con la Policía a la que agredieron con lanzamiento de botellas, botes y vallas protectoras. La bondad de una causa no justifica ningún exceso que en último extremo y a modo de fracaso en su pretensión, requiera el empleo de la violencia contra los trabajadores de la seguridad ciudadana.

El argumento de los manifestantes que era coincidente con el del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez de que los desórdenes públicos ocurridos en las calles de Madrid apenas tenía importancia si se relacionaban con las barbaridades que se estaban cometiendo contra los palestinos, constituye una falacia exculpatoria que bajo un pretendido compromiso político solidario, lo que terminó haciendo fue una banalización inimaginable del sufrimiento de los gazatíes. Este padecimiento exige de la comunidad internacional que haga cuánto sea preciso para que el Gobierno de Netanyahu le ponga fin de inmediato y una empatía pública para que no se convierta en protagonista con ejercicios de fuerza inaceptables.

Si el boicot consumado de la Vuelta Ciclista ya resultaba excepcional y fue objeto de seguimiento y condena a escala mundial, lo que más sorprendió fueron las declaraciones previas del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechando su intervención en un acto de su partido ( PSOE ) celebrado en la ciudad de Málaga, avalando y animando a sus huestes y a las hordas vascas y las turbas de la ultraizquierda comunista que ya habían dado muestras de sus intenciones en el desarrollo de las etapas previas, como muestra del orgullo y la dignidad de la sociedad española contra la masacre palestina.

Esta identificación tan simple y exagerada molestó en un principio a todo español de bien y se fue confirmando en el transcurso de la semana cuando muchos ciudadanos que deploran las atrocidades que está cometiendo el Gobierno israelí, no se han sentido representados en su conciencia íntima. Y resulta incomprensible que quién es el responsable último de la protección del orden público en España y garantía de la realización pacífica de las competiciones deportivas y espectáculos públicos, animara sin matices las protestas sabiendo que el dispositivo policial iba a ser un teatrillo para disimular si se producían las alteraciones previstas para reventar el normal desarrollo de la competición.

El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hizo una declaración en la sede de la Delegación en la que aseguró que la ciudad había sido un ejemplo de dignidad tras suspenderse el final de la Vuelta Ciclista por unas protestas que a su juicio, no habían causado incidentes graves, dado que solo se habían producido dos detenciones entre los más de cien mil manifestantes, parte de los cuales reventaron el recorrido de la carrera deportiva. Continuando con que Madrid, había enviado al mundo un mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino y había hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional.

El Delegado del Gobierno, como la autoridad competente en el dispositivo policial establecido, celebraba el fracaso del mismo al no conseguir los objetivos que se perseguían: que la Vuelta concluyera con normalidad y que no se produjeran incidentes. En el colmo del cinismo político, tuvo palabras de reconocimiento poer la profesionalidad demostrada por todos los integrantes de los cuerpos policiales participantes. Las críticas recibidas desde todos los sectores de la sociedad por su inacción ante el asalto de los manifestantes propalestinos a los espacios públicos y al boicot de los ciciclistas no han cesado desde entonces.

En una posterior sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, afirmó que se sentía orgulloso y sin un ápice de arrepentimiento sobre las instrucciones dadas sobre los pacíficos manifestantes pese a los actos violentos que se produjeron e impidieron la última etapa de la competición deportiva, con saldo de 22 policías heridos a los que deseó una pronta recuperación.

Ante tamaño dislate producido antes, durante y posterior fin de recorrido ciclista, los sindicatos policiales salieron en tromba a poner de manifiesto la enorme emboscada que se había realizado a las unidades policiales para impedir el normal desarrollo de una prueba deportiva de esta envergadura que era lo que le interesaba al Gobierno de la Nación por su oportunismo político en el conflicto palestino-israelí, sin importarle lo más mínimo el desprestigio de unas fuerzas antidisturbios reconocidas a nivel mundial, el sacrificio de sus componentes y el daño a la ciudad de Madrid que está siendo un escaparate mundial de libertad. progreso y convivencia intercultural.

La sociedad española ha dado numerosas muestras de ser solidaria, que se compromete con causas nobles; que usa los cauces democráticos para hacer valer sus opiniones, influir en las autoridades y promover debates. Es loable salir a la calle a protestar, reclamar y exigir de forma pacífica pero sin avasallar, sabotear, ni emplear la violencia. Pero no se puede admitir bajo ningún concepto y de ninguna de las maneras que el Gobierno de la Nación preste su aval a una guerrilla urbana que amparados en una causa tan noble como la exigencia del fin de las matanzas palestinas, ocasionen disturbios públicos y ataques a la Policía en unos actos vergonzosos y reveladores de cómo estos grupos radicales entienden la democracia y el derecho constitucional a manifestarse públicamente.

El Presidente del Gobierno fue un irresponsable, Desde su alta función no puede llamar a la movilización general en la que había precedentes de empleo de violencia y en esta ocasión existía riesgo de que se empleara de nuevo como así ocurrió. Tenía que hacer todo lo contrario, llamar a la calma, a la pacífica convivencia y condenar cualquier tipo de violencia que se pudiera dar. Los altercados debieron de ser reprobados desde el principio y puestos al margen de la estrategia del Gobierno contra Israel. La convivencia española debe de ser sagrada porque está en juego la democracia que disfrutamos.

El Gobierno ha cometido una acción muy peligrosa que sienta un grave precedente. En eso no consiste la ayuda al pueblo palestino, lastrado por terroristas que felicitan a Pedro Sánchez, nunca se olvide. Los incidentes tolerados que paralizaron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España no es motivo de orgullo alguno porque es una vergüenza. Y lo peor es que muy probable que no vaya a ser un hecho aislado.

Este título -contradictorio en apariencia- se refiere a los llamados Colectivos en Venezuela. El bastión más duro del chavismo y, a menudo, sinónimo de terror para los opositores que protestan contra el autócrata Presidente de la República, Nicolás Maduro. Se articularon a partir del año 2.002 después del intento de golpe de Estado contra el extinto Hugo Chávez para defender al Gobierno desde los barrios de los pueblos y ciudades con el apoyo económico de las autoridades aunque la fecha formal de su nacimiento fue el 10 de abril de 2.006.

Están impregnados del imaginario de la lucha armada revolucionaria de la década de los años sesenta del pasado siglo. Se escudan en la organización de actividades comunitarias de promoción de la democracia y de tipo cultural y social pero en los momentos de tensión política que tanto abundan, algunos actúan como pandillas motorizadas de paramilitares como grupos situados al margen de la ley. Y pese al descontento que sobrevuela hasta en sus filas, han prometido proteger la denominada revolución bolivariana hasta el final para convertirse en la última línea de defensa del Régimen.

Las Comunas de los Barrios son organizaciones con funcionamiento, proyectos y versión de la realidad con un guión de retórica marxista y antiimperialista que aunque no les gusta que les llamen brazo del chavismo, actúan como tales ya que sin su apoyo y sostenimiento económico no podrían subsistir, como se afirma desde el Observatorio Venezolano de la Violencia. Han llegado a atacar a personas de religión protestante, periodistas, estudiantes, sacerdotes católicos, monjas. Para eso se visten de negro y van encapuchados.

La amalgama de personas que forman estos Colectivos, procede de antiguos militantes de la lucha armada, de las Comunas y de la criminalidad. Esta mezcla que no siempre reúne las condiciones citadas, lleva desde hace casi 20 años a sustituir al Estado en muchas barriadas de las grandes ciudades.

Si hay un vecino que incordia o protesta, ellos se encargan. Si se trata de una zona de un barrio, ellos acuden y acaban con el peligro porque dan más miedo que la Policía. Han conseguido acabar con la venta de drogas al menudeo pero a tenor de los resultados, parece que algunos grupos entran como bandas criminales porque después de limpiar la zona, se quedan con el negocio de los que han expulsado.

Las últimas averiguaciones, indican que hay miembros de los Colectivos que pertenecen a las FAES ( Fuerzas Especiales de la Policía Venezolana ) temidas por la población en general por su violencia y autoría de numerosos asesinatos. También, agentes policiales que se encapuchan para actuar como Colectivos. Eso explicaría que muchos de sus ataques cuentan con la anuencia de la Policía y, en ocasiones, en abierta coordinación con ella.

Lo más llamativo de este asunto es que en el año 2.019, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a los Colectivos como grupos terroristas por sus acciones paramilitares de violencia, intimidación, asesinatos y demás delitos, declararando sus actuaciones como terrorismo de Estado.

En pie de guerra. Los ertzainas han estallado ante las provocaciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien acusó a la Policía vasca en una entrevista de radio de contar con «elementos infiltrados por la extrema derecha al servicio de otros Estados» ( entiéndase España ). Es más, el político abertzale insistió en que «la sociedad vasca merece una Policía que respete los derechos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos».

Sus palabras han calado en los agentes que las han tildado de «graves e irresponsables», y han reaccionado con dureza: «No vamos a tolerar que el que fuera líder de la banda terrorista ETA, amparó su violencia y sus más de 850 asesinatos (entre ellos 15 ertzainas), 2.600 heridos y casi 90 secuestrados, nos dé lecciones de nada«.

Según denuncia el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.), las palabras de Otegi suponen un «ataque frontal contra la dignidad de quienes arriesgan cada día su integridad» por la de todos los ciudadanos vascos. «Resulta paradójico que quienes han callado, justificado o convivido con la violencia de ETA y de la Kale Borroka, ( lucha en las calles ), los que apedrean patrullas, queman contenedores y señalan a los agentes por el simple hecho de portar un uniforme, pretendan ahora dar lecciones sobre democracia y seguridad», han sentenciado.

Y por ello, exigen «respeto», ya que acusar «sin pruebas» atenta no solo contra la imagen de la Policía vasca, sino contra la confianza que los ciudadanos tienen en esta institución. Los agentes exigen a los políticos que «dejen de sembrar dudas» sobre su profesionalidad y trabajen para garantizar mejores medios y más recursos humanos. Consideran que los ciudadanos se merecen un debate serio sobre seguridad y no «discursos incendiarios» para movilizar a los «radicales de siempre».

Desde el sindicato aseguran que la realidad, por mucho que EH Bildu intente retorcerla, es que la Ertzaintza sigue sufriendo el «hostigamiento» de aquellos grupos que no aceptan las reglas democráticas. A ello contribuyen los continuos ataques de Otegi, con el objetivo de empañar la imagen de los agentes. Tanto es así que no tuvo reparos en manifestar que la autoridad y el respeto se ganan «tratando bien a la gente» y «siendo una Policía de cercanía», no «pegando a la gente».

Pero si algo tienen claro los agentes es que los ataques para erosionar su imagen no cesarán. Por este motivo, Juan Carlos Sáenz, secretario de Organización de Si.P.E. señala que aquellos que han avalado y defendido la violencia de ETA no van a difamar ni a dar lecciones a una institución que ha sufrido acoso y 15 asesinatos.

Los cerca de 8.000 agentes de la Ertzaintza vuelven a estar de nuevo en el centro del debate político tras los ataques del coodinador general de EH Bildu contra el cuerpo policial. Después de un verano marcado por enfrentamientos de grupos de jóvenes radicales contra la Polícía autonómica en distintas localidades guipuzcoanas de aquel territorio, con ocasión de la celebración de sus respectivas fiestas patronales, como por ejemplo en Villafranca de Ordicia, Hernani y Azpeitia o en Vitoria que se han saldado con decenas de detenidos y varios ertzainas heridos.

Estas declaraciones, que confirman la nueva estrategia marcada por Otegui contra la Policía vasca donde ya avanzó el pasado mes de julio que está infiltrada por elementos de la extrema derecha y vinculó con lógicas autoritarias del pasado. Manifestando también que este cuerpo debía de pasar un proceso de transformación para que respete los derechos de los ciudadanos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos.

Por eso, EH Bildu exige una reflexión y una reforma en profundidad del modelo policial, como ya ellos han empezado a realizar, pidiendo que las Policías Locales de los Ayuntamientos donde ellos gobiernan, no se tengan que formar en la misma escuela de policía que la Ertzaintza, en Arcaute ( Alava ), como se viene haciendo hasta ahora.

Las declaraciones del dirigente radical se han producido unos dias después de que el Presidente de la Comunidad, Imanol Pradales, iniciase el curso político exigiendo a la organización heredera de los terroristas que condenase con rotundidad los ataques a la fuerza policial. No puede haber medias tintas: todos los grupos políticos del País Vasco, sin excepción, debemos de condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las policías municipales y la Ertzaintza, Con claridad, con rotundidad y sin subterfugios lingüísticos.

Otegui insistió en su entrevista radiofónica que acudiría al Foro de Seguridad regional impulsado por el Gobierno vasco para hablar del modelo policial con el objetivo de construir una policía de proximidad, vasco parlante ( euskaldún ) y democrática.

Desde la aparición de la ciencia sociológica, los estudiosos han ofrecido diversidad de tipologías sociales: sociedades de combinación y sociedades de unión; sociedades de cohesión artificial o mecánicas y sociedades trabajadas por solidaridad orgánica; sociedades rurales y sociedades urbanas. En nuestros días, ha tomado carta de naturaleza una clasificación de corte socio-cultural, que basa la distinción en el fenómeno industrializador y el uso de bienes activos. De acuerdo con este criterio, se habla de sociedad tradicional, sociedad industrial y sociedad postindustrial. Algunas se refieren, incluso, a sociedades postmodernas. Es precisamente esta distinción la que interesa por adecuarse mejor al análisis que se intenta.

En las sociedades tradicionales o preindustriales, el 50 % de la población —como mínimo— está adscrita a una actividad del sector primario, como es la agrícola, un 30 % al sector secundario (industria) y el 20 % restante, al sector terciario (servicios). La criminalidad es igual a su estructura social, predominan los delitos contra las personas y el patrimonio. Sus autores, mayoritariamente, son jóvenes. La respuesta social es la de una justicia elemental o embrionaria.

En las sociedades industriales, los índices alcanzan un 30 % en el sector primario, un 50 % en el secundario y un 20 % en el terciario. Su criminalidad es de mayor nivel y densidad, gracias a su estructura social. Las funciones comunes, como la familia, trabajo, escuela se vuelven técnicas que ejercen cierto nivel de control social más especializado. En este caso, la criminalidad que prevalece es la que se liga a las actividades económicas ilegales, favorecidas por las lagunas en el sistema de distribución y producción de bienes.

En las sociedades postindustriales o intensamente industrializadas, el sector terciario es el predominante superando el 40 %. Este tipo de comunidades ha basado su profunda transformación en tres fenómenos bastante correlativos: industrialización, urbanización y burocratización.

Todo lo que ha provocado esa dinámica social denominada proceso de modernización. En ellas, la criminalidad es alta porque a la tradicional —robos, fraudes o delitos de agresión y lesiones— se suma un intenso crecimiento de delitos con violencia contra las personas, relacionados con las infracciones cometidas contra la propiedad. La delincuencia organizada —tráfico de drogas o extorsión— se aprovecha del espíritu de libre empresa. Las estafas se multiplican. El número de mujeres delincuentes se aproxima al de los hombres y la cifra de jóvenes que delinquen también es elevada.

Las memorias de la Fiscalía General del Estado recogen los principales factores criminógenos de la realidad delincuencial española:

• Crisis de valores debido a la relatividad moral a todos los niveles.
• Desestructuración familiar, con perniciosa influencia en los menores y adolescentes.
• Ausencia de modelos positivos de identificación.
• Alcoholismo y drogadicción.
• Afición al dinero fácil y sensación (propia y ajena).
• Despersonalización en las relaciones sexuales. Tendencia marcada al consumo de sexo.
• Continuadas crisis económicas y elevados índices de desempleo.
• Frustración juvenil y abuso de la evasión para calmar ese sentimiento.

Son muchos los que consideran como fenómeno social normal el delito que hace acto de presencia en cualquier tipo de sociedad pues quiere decir que está indisolublemente ligado a la propia existencia de la vida en común. No obstante, esa normalidad puede ser publicada siempre que se trate de una delincuencia que no sobrepase un listón determinado que sea asumible. El mantenimiento de excesos de criminalidad —que es lo que sucede en las sociedades industrializadas— llevaría, a medio o largo plazo, a hacer imposible la convivencia. Sea como fuere, lo cierto es que toda sociedad organizada tiende a autodefenderse de tal modo con el fin de, si no hacerlo desaparecer que el fenómeno sea tolerable.

Lo que decida hacerse en estos temas con la Policía tiene esa finalidad. En la lucha contra la criminalidad, la acción de la justicia es necesaria pero no es exclusiva y, desde luego, no es suficiente. La Policía ha de ser considerada, únicamente, como una parte activa de lo que se podría denominar control de la defensa social total. Este dominio, tiene por objeto prevenir las condiciones propiciadoras de la delincuencia en general, combinando recursos de la Administración más socorrida que es la justicia penal en sus múltiples aristas (jueces, fiscales).

Porque esta va tendiendo, muy prevalentemente, a sancionar conductas negativas; por lo mismo, tiende a adoptar un papel regresivo, y han de ir —con esperanza preventiva— a poner en práctica las condiciones más aceptables de las ciencias médicas, sociales, psicológicas, estadísticas, económicas y bienestar social, criminología, derecho y seguridad social.

Todo ello, dentro de un sistema de poder político que se estructure y se ejerza, de acuerdo con los principios del justicialismo democrático en los que la Policía se encarga de que las libertades públicas puedan ser disfrutadas por todos sin exclusión de ninguna especie. Es un instrumento fundamental de la democracia sin el cual no se podría hablar de las libertades públicas. Su compromiso con el mantenimiento del orden se sitúa en el estado de tolerancia de la comunidad. De ahí deriva la primera misión principal de la Policía que es combatir la criminalidad. Y lo hace a través de dos vías, no excluyentes sino complementarias entre sí: la vía de prevención y la vía de la represión.

La primera exige la descentralización de los efectivos policiales. Está demostrada su eficacia para alcanzar el objetivo de la cercanía de los ciudadanos por su extensión y diversidad. En esta etapa, cada sección de seguridad ciudadana (distrito en el análisis sociocriminológico, barrio en el estudio policial ) y cada espacio que lo necesite para la planificación de los servicios operativos y que establecerá el número de patrullas necesarias, a pie y motorizadas.

Y por último, debe mantenerse la colaboración con los medios de comunicación y el apoyo de la prensa que debe publicar campañas de información para difundir los principales delitos en cada uno de estos sitios. Se trata de integrar al policía en el barrio, reforzando su imagen como persona y no como elemento anónimo de la institución a la que pertenece.

La segunda vía se encarga de la metodología de la represión que, cuando se desarrolla con eficacia termina por constituir una parcela de prevención. La criminalidad desciende cuando hay más probabilidades de que el potencial delincuente crea que por la comisión de su delito será castigado e ingresado en prisión. La Policía ejerce esta tarea a través de la investigación criminal, inserta doctrinalmente en el sistema penal. Para ello, utiliza unidades especializadas en las diversas tipologías delictivas —drogas, violencia de género, robos…-

Y unidades de Policía Científica que emplean los métodos técnicos necesarios (físicos, químicos, biológicos, etc.) para la recogida de evidencias. La Policía se encarga de realizar los análisis que constituirán las pruebas de cargo en la vista del juicio oral. También abanderará la propuesta de una red necesaria de cooperación nacional e internacional para combatir las nuevas formas de criminalidad, transnacionales y multinacionales, que saben que las fronteras no constituyen barreras infranqueables que amedrentan a los criminales que rehúyen la acción de la justicia nacional.

Posdata.- Este artículo mío fue publicado en el número 397 de la Revista oficIal POLICIA correspondiente al pasado mes de abril con el título de SEGURIDAD URBANA Y ACCIÓN POLICIAL.

Más de 1.600 científicos y especialistas de reconocido prestigio -entre los que destacan dos Premios Nobel- firmaron la Declaración Climática Mundial que bajo el título No hay emergencia climática, se hizo pública a finales de junio de 2022; y ponía en cuestión buena parte de los postulados del ecologismo dominante consistente en augurar terribles catástrofes naturales derivadas del calentamiento global que causa el hombre por las emisiones de C02 a la atmósfera.

La citada declaración, promovida por la Fundación Inteligencia Climática ( CLINTEL ), con sede en los Países Bajos, señala que la ciencia del clima debería ser menos política mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Los investigadores deberían abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones sobre el calentamiento global mientras que los políticos deberían contar desapasionadamente los costes reales, así como los beneficios imaginarios de sus medidas.

Este grupo de doctores advierte de que las desastrosas predicciones climáticas que con tanto ahínco difunden políticos y medios de comunicación, parten de modelos informáticos -hechos por personas- cuyos resultados dependen de los datos, hipótesis y supuestos que se introduzcan. Creer en el resultado de un modelo climático es creer en lo que sus creadores han incluido. Este es precisamente el problema del debate meteorológico actual en el que los modelos climáticos son centrales y sus proyecciones no dejan de ser simulaciones cuyo resultado suele ser distinto al previsto. Se está imponiendo como una cuestión religiosa, como si fuera un dogma de fe, que tiene poco que ver con el comportamiento de la naturaleza que muchas veces es imprevisible y sobre todo en plazos de tiempo tan largos.

Entre los firmantes de la declaración, figura el físico estadounidense Ivar Giaever, Premio Nobel de Física en 1973; también John F. Clauser, que lo obtuvo en 2022 por sus investigaciones sobre mecánica cuántica, quién afirma sin tapujos que no existe una verdadera crisis climática. A lo que añade que la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas.

En la declaración realizada, aparecen las siguientes puntualizaciones: el calentamiento es producido por factores naturales y antropogénicos. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta con fases naturales frías y cálidas. La Pequeña Edad de Hielo ( duró 500 años y está considerado un ciclo corto ), terminó en 1850 por lo tanto, no sorprenda que ahora estemos experimentando un período cálido que veremos lo que dura y será igual o superior a su anterior.

El calentamiento es mucho más lento de lo previsto: El mundo se ha calentado -significativamente- menos de lo previsto por el IPCC ( Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, padres de la teoría actual sobre cambio climático ) sobre la base del efecto humano configurado y por eso, lo que antes nos vendieron como calentamiento global, al incumplirse y para que no se les viesen las vergüenzas pasó a ser cambio climático. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático.

La política climática se basa en modelos inadecuados: los modelos climáticos tienen muchos defectos y no son -ni remotamente- plausibles como herramientas de política global. Exageran el efecto de gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso.

El CO2 ( dióxido de carbono ) es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la tierra: El CO2 no es un contaminante. Es esencial para la vida en la Tierra. La fotosíntesis es una bendición. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza, reverdece la Tierra. Más CO2 en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es bueno para la agricultura porque aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.

El calentamiento global no ha aumentado las catástrofes naturales: No hay prueba estadística de que el calentamiento global esté intensificando huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales similares o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, existe amplia evidencia de que las medidas de mitigación de CO2 son tan dañinas como costosas.

La politica climática debe respetar las realidades científicas y económicas: No hay emergencia climática. Por lo tanto no hay motivo para la alarma y el pánico. Se oponen con toda firmeza a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuestas para 2050. Si surgen enfoques mejores -y sin duda los habrán- hay tiempo de sobra para reflexionar y readaptarse.

El objetivo de la política mundial debe de ser la prosperidad para todos mediante el suministro de energía fiable y asequible en todo momento. En una sociedad próspera, los hombres y las mujeres están bien educados y la gente se preocupa por su entorno.

Hay dos argumentos igualmente falaces para acabar con cualquier conato de discusión sobre la realidad del cambio climático o su alcance: por un lado está el uso de episodios metereológicos actuales, por lo general mucho menos extremos de lo que se quiere dar a entender y que son presentados como pruebas irrefutables de un cambio global que -de existir- no puede basarse en que haga calor en verano como lo ha hecho siempre.

Por otro, la apelación a la ciencia pero hecha de una forma que tiene mucho más que ver con la fe que con lo científico ya que se presentan las hipótesis como hechos consumados y los análisis y conclusiones como verdades inmutables. La ciencia nunca progresa de manera lineal, permanente, sino que está sujeta a una revisión y validación constantes y lo que hoy puede ser aceptado por todo el mundo, mañana puede ser rechazado por falso.

Esta apelación a la ciencia se completa además con la mención del sacrosanto consenso científico: el cambio climático es una realidad porque la mayor parte los científicos estén de acuerdo en que lo es. Enorme falacia: los hechos son ciertos o no, independientemente de lo que digan de ellos los especialistas o el resto de los mortales.

El pasado domingo, día 17 de agosto, Pedro Sánchez, el maravilloso Presidente de Gobierno que disfrutamos y que guía nuestros destinos, haciendo un esfuerzo sobrehumano -obligado por sus asesores de imagen- se dignó interrumpir sus vacaciones estivales canarias tras producirse varias oleadas de incendios forestales durante dos semanas que ya habían causado cuatro muertos, decenas de heridos, miles de evacuados, más de un centenar de detenidos e investigados judiciales (mujeres incluidas ), centenares de miles de hectáreas calcinadas y ocho comunidades autónomas afectadas.

Vestido para la deseada fotografía en el tajo, con uniforme de faena -jersey, camisa y pantalón vaquero-, justificó su insolidaridad y desamparo de la España que ardía de norte a sur, ( el ministro de Interior, Grande Marlasca, había estado preparando al personal negando la declaración de emergencia nacional al no haber motivos suficientes para ello y explicando la petición de ayuda internacional -cinco países de la Unión Europea habían enviado medios aéreos- solo para acallar las críticas del Partido Popular ( PP ) de falta de medios ) como consecuencia de la urgencia climática ( no se atrevió a decir cambio climático como sí hizo en julio de 2.022 ) que padecemos… y tras magistral lección para el interés público general, regresó a su deseada residencia isleña para llegar antes de que se pusiera el sol y se perdiera el baño de la tarde.

El problema se lo creó -él solito- el ministro Marlasca al afirmar el pasado jueves día 21 en una tele amiga que: Un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio es por imprudencias graves y otro por causas naturales. Luego dos tercios son provocados y el tercero por la naturaleza. Ha contravenido la tesis oficial del Presidente de culpar a la crisis climática de todos los incendios habidos y eso no será bueno para él porque como sabemos todos, en todas las organizaciones el jefe siempre tiene razón.

El Consejo de Ministros de este Gobierno social-comunista que disfrutamos, aprobó en noviembre de 2.024, una reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de mayo con la pretensión de facilitar la residencia y la inserción laboral de centenares de miles de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España por haber entrado en el territorio nacional sin la documentación necesaria, sin las autorizaciones correspondientes y que comprende también a los familiares que hayan venido o traido después de encontrarse aquí.

La propuesta fue realizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y básicamente se trata de la reforma del Reglamento que ya fue cambiado en el 2.022. Con las novedades que se incorporan ahora se estiman en unos 300.000 los extranjeros que se podrán legalizar de media cada año y especialmente durante los proximos tres años, según explicó la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mencionado y que calificó como la reforma más ambiciosa e integral desde que esta norma entró en vigor hace 13 años.

En la actualidad, hay casi tres millones ( 2,9 millones exactamente ) de trabajadores cotizando que han nacido fuera de España, representando algo más del 13% del total de afiliados a la Seguridad Social. A uno de abril pasado, y según datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ), en España había 7 millones de extranjeros con residencia legal ( 6.947.711 ). Es importante distinguir entre población extranjera y población nacida en el extranjero. El número de personas nacida en el extranjero es mayor ya que incluye a aquellos que han adquirido la nacionalidad española a través de los correspondientes procesos de nacionalización ( 500.000 en los dos últimos años ). La suma de ambos alcanza ya los 8,8 millones de personas, un 18,1% de la población total.

Las primeras legalizaciones previstas deberían estar resueltas para finales de este año de 2.025 o principios de 2.026, dependiendo de la carga de trabajo de las distintas Oficinas de Extranjería que ya están de por sí colapsadas y que no están suficientemente preparadas ni dotadas de los recursos necesarios para la avalancha de solicitudes que se esperan recibir.

Las nuevas modificaciones que contempla esta normativa son principalmente cuatro. Por un lado, se refuerza el arraigo por formación lo que implica que un extranjero que esté cursardo estudios de formación profesional o superiores pueda solicitar un permiso que le autorice a trabajar a tiempo parcial y el empleo no tiene que estar relacionado con la formación que esté cursando. Hasta ahora la formación permitía residir pero no trabajar.

La segunda novedad incluye la reducción de los plazos para pedir el arraigo social. De tres pasa a dos años la residencia del extranjero en España para pedir permiso de trabajo. La tercera novedad, es que para acceder a ese permiso de trabajo ya no será necesario acreditar un pre-contrato con una empresa requisito hasta ahora imprescindible. Y la cuarta y última gran novedad, es que el extranjero que haya obtenido la nacionalidad española pueda traer a España a cualquier familiar de primer grado: pareja, padres, hermanos e hijos y que esta ya llegue con autorización para trabajar.

En resumen y según expuso la ministra, el nuevo Reglamento de Extranjería acorta plazos, simplifica procedimientos y aporta más garantías y rigor jurídico a todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en España porque el objetivo que se persigue es legalizarlos a todos y a los familiares directos que puedan traer.

Esta reforma del Reglamento de Extranjería es diferente de la inicitiva legislativa popular para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya viven ilegalmente en España porque están indocumentados, ocultan su nacionalidad, nombre real y edad; entraron en el territorio nacional sin ser controlados en ninguna frontera y se desconoce su cualificación profesional o si carecen de antecedentes penales. Se busca beneficiar alrededor de 500.000 inmigrantes sin papeles que se mueven por España con total libertad, a propuesta de más de 600.000 firmas y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa ha sido reactivada por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que llevaba año y medio en un cajón del Congreso de los Diputados durmiendo el sueño de los justos porque se han dado cuenta ahora que al menos 200.000 extranjeros ilegales no cumplen los requisitos que exige el nuevo Reglamento debido a varias lagunas que presenta su defectuoso texto.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los casi 49 millones de habitantes de España, nueve han nacido en el extranjero, lo que representa casi el 20% del total de la población. Estas cifras indican que los flujos inmigratorios están en niveles máximos pero no existe una política de Gobierno para afrontar esta situación Parece que lo que se hace se basa en la idea de vente y cuando ya estés aquí, lo arreglaremos.

Si se echa un vistazo para ver que están haciendo otros países con su política inmigratoria, nos encontramos que lo que buscan es una inmigración cualificada que facilite la integración de los que llegan tanto en la sociedad como en el mercado laboral. En España, como se está haciendo, parece que las cosas se hacen solas y si queremos evitar tensiones sociales como las que se están dando hay que planificar necesariamente la economía y el mercado de trabajo.

Con arreglo a varias encuestas publicadas en los medios de comunicación social el pasado mes de julio, el 73,4% de los españoles consideran excesivo el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España. También que entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que forma el Gobierno central en coalición con los comunistas de Sumar, casi el 60% dice que hay que endurecer la política contra la inmigración ilegal y que el 85,6% de ellos apoya expulsar a los extranjeros que cometan delitos.