Se trata de un delito que, cada vez, se está haciendo más común en Europa y como consecuencia de ello algunos países empiezan a crear leyes específicas. En España, no existe una legislación concreta contra esta actividad pero dentro del Código Penal está encuadrada como un delito contra la intimidad.

Me estoy refiriendo a una práctica que aparece, frecuentemente, en los medios de comunicación social, sean hablados o escritos, como es grabar o fotografiar por debajo de las faldas de las mujeres sin su consentimiento y luego difundirlo por internet, lo que constituiría un agravante.

En estos casos, la Fiscalía especializada contra la Criminalidad Informática, erigida como acusación en el juicio oral, suele pedir entre 1 y 4 años de prisión si solo se trata de la grabación y de 2 a 5 si el autor ha propagado las imágenes en cualquier página de la red. Llegado el momento de condenar, tanto los investigadores como los jueces, se enfrentan a una gran dificultad como es la localización de las víctimas porque sin esta parte de prueba, muchas veces no se puede condenar.

Para no levantar sospechas, los lugares que estos delincuentes eligen para cometer sus fechorías suelen ser muy concurridos y transitados, tales como metros, trenes, calles o supermercados. Como las víctimas no suelen percatarse de lo que está ocurriendo, el número de denuncias es mínimo y dificulta el trabajo de los investigadores. La Policía descubre muchos casos a través de la vigilancia abierta de las redes sociales.

Esta nueva modalidad delictiva es un delito ocasional cuyo número crece en verano por razones obvias pero que está en auge. Se puede decir que hasta de moda en varias páginas pornográficas. En el caso de un ciudadano colombiano que fue detenido en Madrid, llegó a colgar videos de unas 500 mujeres cuyo número de visualizaciones ascendía a casi millón y medio.

Uno de los Estados pioneros en legislar contra estas actuaciones ha sido el Reino Unido en la pasada primavera, tras dos años de debates parlamentarios y sociales. En los Estados Unidos también está contemplado de manera singular. Australia y Finlandia están estudiándolo para prevenir más las acciones de este tipo y en otros países no se considera infracción penal porque en las imágenes se observa que la zona íntima está tapada o porque la visión de los traseros y demás partes íntimas -obtenida de esta forma- no se considera abuso sexual dado que no ha habido contacto físico.

Desde los años noventa del siglo pasado, cuando empezaron a llegar a nuestras costas, bien en patera o en un barco de rescate, algunos de los niños magrebíes presentan aspecto de cansados, otros muestran caras de alegría y los más exhiben preocupación en sus rostros. Aunque la mayoría de ellos se encuentran sanos.

De acuerdo con las Memorias de la Fiscalía General del Estado y si empezamos por el año 2.015, llegaron a España un total de 414 menores extranjeros no acompañados ( MENAS); seguidos de los 588 del 2.016. Fue en el 2.017 cuando este número de llegadas registra un incremento muy importante que alcanza hasta los 2.345 y en el año 2.018 las cifras se disparan un 200% y aumentan hasta los 7.026.

Desde entonces, la tendencia se ha mantenido estable en torno a unos 3.000 por año. En 2.019 fueron 2.873; en 2.020 llegaron 3.307 y 3.040 en 2.021. En total y durante los últimos 4 años que coinciden con el mandato del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, más de 16.000 menas han entrado ilegalmente en España. El 80% más que en los últimos 6 años. El 96,25% son chicos y el 3,75% restante, chicas.

En cuanto a las nacionalidades, más de un 40% proceden de Marruecos, seguidos de los naturales de Argelia, que representan un 17,71% de total. Así, estos dos países suponen casi el 60% del total de los menores extranjeros que entran en España el año. El resto de nacionalidades se diluye entre malienses y otros países de origen subsahariano. Como era de esperar, tal afluencia colapsó los servicios públicos especializados ante estas oleadas imprevistas, mayoritariamente marroquíes, que pasaron del 14 % a casi el 62%.

Como dato nuevo, las Memorias exponían que en 2.018 llegaron 755 niños en unión de adultos que afirmaban tener vínculo paterno o materno-filial con los niños, sin acreditarlo fehacientemente y que representaba un incremento del 599 % respecto de los 126 que llegaron de esta manera en 2.017. De ellos, 383 eran niñas y 372 niños que procedían -en su mayoría- del África subsahariana ( Guinea, Costa de Marfil y Camerún). De Argelia un 8,74 %.

En estos casos, la Policía tuvo que practicar 379 pruebas de ADN para comprobar las afirmaciones de los progenitores, de las cuales 15 dieron resultado negativo y se iniciaron las correspondientes acciones penales contra los falsos padres.

En materia de expulsiones y siguiendo con los datos aportados por la Fiscalía General que es el órgano encargado de velar por las garantías del proceso, España repatrió a 300 menores desde el año 2.004 hasta el 2.017 . Entre ellos había 158 marroquíes. El grueso de los mismos fueron repatriados entre 2.004 y 2.006.

A partir de entonces, las respectivas Memorias del Ministerio Público recogen los lamentos de los Fiscales de Menores al comprobar como las expulsiones se convierten en una figura ornamental, culpando a las autoridades consulares de los países de origen por su escasa colaboración. También en este asunto, el Ministerio del Interior favorece la opacidad ya que en sus estadísticas, no hace ningún tipo de mención al sexo, edades o nacionalidades de estos inmigrantes. Por eso hay que elegir como fuente informativa a las Memorias de la Fiscalía General del Estado aunque sea con el retraso que les es característico.

La medida de repatriación con la que se pretende devolver al niño con su familia o entregarlo al sistema de acogida de su país, está llena de dificultades, sobre todo con los de Marruecos, pese que España tiene un acuerdo con ellos con este fin desde el año 2.013. Las autoridades magrebíes, se han encargado de irlo matando poco a poco y los políticos españoles de todos los signos junto con las administraciones públicas de todos los niveles, sea estatal, autonómico o local, están apostando por resucitarlo por la cuenta que les tiene. Todo ello pese al compromiso público mostrado por Mohamed VI en el mes de mayo de 2.022 de repatriar a todos los menores marroquíes que se encuentren en España.

La reactivación de ese Acuerdo Hispano-Marroquí figura en la agenda política del Gobierno español desde finales del año 2.018 y pese a la intensificación de las negociaciones no se han obtenido nada más que buenas palabras y palmaditas en la espalda. Siguiendo la fórmula del Partido Popular ( PP), el Gobierno actual quiere repatriar a los menores y negocia con Marruecos el retorno concertado de sus niños para devolverlos a sus familias aunque su empeño se está demostrando bastante débil para no molestar mucho a las autoridades marroquíes.

El Gobierno socialista entregó 40 millones de euros el año 2.018 a las Comunidades Autonómicas -que son las competentes en esta materia- para compensar la acogida de casi los 12.500 niños inmigrantes que se calculaban entonces que estaban ingresados en los Centros adecuados. En 2.021 fueron 35 millones. En la actualidad son 9.294 los menas tutelados en toda España, con un incremento del 3% con respecto a los ingresados en 2.020. El coste medio por asumir la tutela de estos niños está en 4.700 euros mensuales que hay que detraer del presupuesto anual de cada Comunidad Autónoma. Incluyendo la paga individual de 400 a 700 euros para gastos personales.

Nuestras onegés, presentan batalla a diario contra esta política de exclusión porque dicen que no pueden plantearse repatriar a niñas que escapan de matrimonios forzosos; niños huyendo de la extrema pobreza, de la violencia o de la imposibilidad de formarse un futuro con un mínimo de dignidad. Los niños advierten -cuando se les pregunta- que si de ellos depende, no van a volver. 

Se estima que la mitad de los menores ingresados en los Centros correspondientes, terminan fugándose porque no entienden eso de su minoría de edad y su falta de instrucción por lo que la normativa española no les permite trabajar. Porque ellos han venido para eso, para ganar dinero y enviarlo a casa, que lo están esperando con ansiedad. Sea de España o de cualquier país europeo en el que tengan familiares o allegados. Para eso salen de su país. Ellos afirman que estudiar en Marruecos o en Argelia no sirve para nada porque no tienen trabajo.

Si la situación de acogida de estos menores en la Península es angustiosa, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, es desesperante. Allí, los niños entran acompañados de sus padres ya que pueden cruzar la frontera sin visado al tratarse de vecinos de las ciudades y pueblos marroquíes próximos, en su calidad de transfronterizos. 

Después, los padres se marchan y dejan a sus hijos en  las inmediaciones de cualquier organismo oficial para que enseguida den la alarma y sean recogidos porque a partir de ese momento pasan a la situación legal de menor en desamparo.  

Hasta agosto del año pasado, Ceuta tenía acogidos a 634 menas, con un incremento del 90 % en relación con el año anterior y que lo situaba en un 400 % por encima de su capacidad. De los cuales el 75 % de ellos eran marroquíes. En Melilla, había 1.302 acogidos en la misma situación.

En tèrminos relativos, ambas ciudades encabezan la clasificación de acogida de menores extranjeros, al sufrir una presión muy superior a cualquier otra región española. Su condición fronteriza hace que el flujo de menores marroquíes sea constante. Los padres y otros familiares cruzan la frontera con mucha frecuencia para visitar a los pequeños y comprobar si los tratan adecuadamente. 

En lo que respecta a Canarias, llevan avisando desde hace más de un año que su capacidad de acogida está rebasada ya que acogen en estos momentos a más de 2.600 menas llegados al archipiélago en los últimos años, solicitando la solidaridad de la Península para evacuar a los más posibles ya que en todo el año 2.021 solo lograron derivar a 208 y el goteo de entradas es constante.

Todo el mundo en Senegal sabe de la existencia de esos barcos de mediando tamaño que ancestralmente se utilizan para la pesca y que ocasionalmente se emplean para transportar emigrantes ilegales al archipiélago español de las Canarias. Especialmente en los puertos de su costa y en las épocas de redes vacías. Ellos los llaman cayucos pero en España no dejan de ser lo que se conoce como pateras aunque dupliquen o tripliquen el tamaño y el pasaje de las que se utilizan en el Mediterráneo. Lo saben porque las mafias que los emplean, pagan bien. Y eso en un país africano y subsahariano es una noticia que vuela a la velocidad de la pólvora.

Los propietarios de estos barcos, experimentados marineros que se ganan la vida pescando, no pueden evitar las tentadoras ofertas que les hacen los traficantes de emigrantes para realizar la travesía a esa puerta europea que hay en el atlántico africano que se llama Canarias. Son humildes padres de familia con hijos a los que mantener, a los que se añade algún abuelo por cada una de las partes del matrimonio.

Son decisiones difíciles porque no son partidarios de ese tipo de encargos y además los peligros que encierran esos viajes son muy grandes. Pero acaban sucumbiendo cuando ven el enorme fajo de billetes que les pagan, sobre los tres millones de francos CFA, equivalente a unos 5.000 euros. Eso es mucho dinero para un país en el que ni siquiera la vida vale tanto. Así que aceptan y se echan a la mar en un viaje de varios dias que, en ocasiones, tiene un resultado incierto.

A partir de ese momento, su única preocupación es encontrar una tormenta demasiado fuerte, con olas de decenas de metros, capaces de echar al agua a varios pasajeros a la vez. O que se les rompa el motor y se queden a la deriva en la inmensidad del océano, rezando para que algún buque mercante los encuentre y pueda socorrerlos… o no, y mueran todos como ya ha ocurrido en alguna ocasión.

Si todo va bien y acaban siendo rescatados por alguien, se considera una victoria porque al viaje consiste en eso, en llegar a territorio español, no se paga por otra cosa. El destino que corran en las islas Canarias será cosa de cada uno. Unos pajeros lograrán quedarse pidiendo asilo político pero el propietario del cayuco no está interesado en eso y lo que quiere es que lo devuelvan a casa, sacudiéndose con satisfacción las manos mientras vuela en avión a Dakar, la capital de su país, en un viaje de vuelta mucho más tranquilo y que paga España.

Lo de volver a casa gratis y en avión se aprende a base de hacer viajes. En el primero de ellos, iban sin documentos de ninguna clase, ni teléfonos para que la Policía española no los pueda identificar, dificultando o impidiendo su devolución a los países de origen. En el segundo viaje, por el contrario lo llevan todo para que la repatriación sea más breve y la familia no tenga que preocuparse. Los hay que mienten sobre su nacionalidad y cuando los repatrían a ese otro país africano que no es el suyo, los llevan directamente a prisión porque el castigo es peor.

Una de las partes más difíciles del viaje llega nada más empezar porque hay que evitar la costa mauritana porque su Policía es de difícil trato, no se dejan corromper y se los llevan presos. Para evitar eso no les queda más remedio que alejarse de la costa en dirección a un mar inmenso que en varias ocasiones se ha perpetuado hasta el fin. Llevan consigo alimentos ligeros como arroz, espaguetis, sandías y mucha agua; además de 30 o 40 bidones de 20 litros de gasolina cada uno.

Marzo es la peor época para viajar porque es cuando hace más viento por eso es más caro para los que viajan y el cayuco tiene que ser de mejor calidad si quieren asegurarse la llegada. La Policía senegalesa parece no preocuparles mucho, ni tampoco el Ejército que colabora en estas tareas de control de fronteras porque no hacen ningún esfuerzo real a la hora de frenar este tipo de pateras a las que es muy fácil ver de lejos, con 50 personas de pasajeros y más cuando llevan chaleco salvavidas que es fosforescente. No hace falta acercarse mucho para irse antes para otro lado.

Entre los dilemas a los que se enfrentan estos pescadores patrones de los barcos están las tormentas, las provisiones, el rumbo, el estado de la madera de la quilla antes de partir y regresar a casa con su familia; cobrar su dinero y esperar otra oportunidad de volver a escrutar el océano durante siete dias que lo que se tarde de media en llegar a la isla de Tenerife. Si no, serán diez dias y se habrá acabado todo lo que llevan en el cayuco. Empieza a ser frecuente que se estropeen los motores y entonces se quedan a la deriva con 30 o 40 personas bajo su responsabilidad.

Encontrar datos estadísticos sobre la relevancia de estas pateras en el fenómeno inmigratorio que sufre Canarias es bastante complicado porque ya se encarga el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlasca de dificultar la información oficial todo lo posible. Las estadísticas que se manejan no distinguen entre las llegadas de puertos subsaharianos y las de Marruecos o el Sáhara Occidental que llevan población marroquí.

Pese a todo se puede afirmar que han sido dos los años ( 2006 y 2020 ) en los que han llegado más inmigrantes ilegales al archipiélago español en lo que llevamos de siglo. En el primero de los dos ejercicios, coincidente con la época más dura de la crisis de los cayucos, el año se cerró con 31.678 personas y el segundo con 19.566. Estas cifras suponen una media de 86 entradas de irregulares en 2006 por los 58 de 2.020.

La familia es quien vertebra al ciudadano, modela su personalidad y la conducta individual. Ese entorno sustancia lazos afectivos y socializa, pero hay matices y en opinión de muchos, demasiados.

Quién no tuvo padres, hermanos, primos, cuñados o lo dicho anteriormente no le afecta, no le importa. No elegimos progenitores, hermanos, familia ; ni vecinos, ni jefes. Solo la pareja y las amistades gozan de esa libertad de elección. El concepto familia tiene aspectos positivos y negativos, según a quién le toque opinar.

Si nos centramos en el universo delictivo, la familia es un caldo donde se cuece el Código Penal casi al completo. Es decir, aprovechando cercanía, afecto, confianza, poder o la idea de que alguien de la familia es incapaz de hacer lo peor, es la parte más oscura de lo que hoy abordo.

Más preocupante es que la impunidad de los delitos cometidos en el seno familiar ( que es una de las mayores aportaciones a la conocida como criminalidad oculta ) alcanza un 60%, según afirman las estadísticas que periódicamente se publican ( Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- ; Ministerio Fiscal y Ministerio de Interior ). Entre miedo, intimidación y pereza por denunciar o aceptar alguna indemnización, -dineraria o en especie-, a cambio de dejar pasar, nadamos en un río revuelto de inmunidades.

El caso más abundante es el de los divorcios. Cuando se rompen los vínculos del amor y el respeto, basados en la pareja que convive, se pasa a la batalla cargada de odio. Aquí se da la particularidad de que los contendientes se conocen, saben de la vulnerabilidad del contrario y adivinan donde duele más aunque nadie gane.

Sin olvidar el peor de los maltratos: el económico. El que fuera amante o amado pasa a ser un insolvente en los procesos de ruptura. Incontables ex-maridos o parejas y padres, fingen no ganar dinero, disminuir ingresos, estar desempleados, despedidos o han liquidado el patrimonio privativo por el conyugal. La insolvencia punible o falsedad documental, merodean, rozan y penetran estas conductas.

Hacer firmar contratos a la que fuera pareja, artificiar pagos o deudas o liquidar activos bajo engaño suma más delitos : estafa, suplantación, falsedad…. Y qué decir de las vejaciones, intimidaciones, agresiones, violencia de género, injurias, calumnias que se suceden mientras se tramita judicialmente la ruptura de la pareja ; o los daños, abusos y agresiones sexuales que quedaron pendientes de denuncia por parte de la mujer mientras la pareja funcionaba.

Los Juzgados de Familia, de Primera Instancia, de Violencia de Género y los Penales, están llenos de expedientes donde se ventilan los conflictos que hay tras romperse la familia, vía divorcio. Como siempre, las víctimas inocentes son los más indefensos : los hijos y sobre todo si son menores de edad.  Otro caso importante es cuando se tramita una herencia. Aquí la codicia humana llega al máximo, al paroxismo. Antaño, las reuniones de herederos eran pacíficas y de respeto por el fallecido. Se acataba la última voluntad plasmada en el testamento. Al albacea, se le respetaba igualmente. Ahora es un lío que muchas veces acaban en el juzgado habida cuenta de la conflictividad existente.

Los trucos para heredar más que otros, arruinar a los legitimados, engañarlos o aplastarlos con odios, agravios, traumas infantiles y otros, merecen una enciclopedia. Me refiero al familiar que está más cerca del moribundo y que falsea, exagera o inventa gastos y vacía la cuenta corriente o la libreta de ahorro con poderes o firmas falsas. Cuando los otros herederos se enteran de todo, entonces ya es tarde para recuperar algo y el botín está ya a buen recaudo.

También está el cuñado o sobrino listo que con ayuda de un bancario y un notario poco ortodoxos, se lo lleva todo. Las excusas para explicar lo robado -tras las fechorías- son ingeniosas y hay respuestas para todo. Al fin y al cabo se trata de una trama. Y luego están las apropiaciones indebidas, los robos y los hurtos de joyas, cuadros, recuerdos….; es decir, la rapiña.

Si en los divorcios o herencias hay una empresa familiar por medio, nos vamos a encontrar con un campo de batalla donde se abren paso los delitos societarios, apropiaciones indebidas, hurtos, robos y un largo etcétera.

Normalmente, los delitos entre familiares se dan cuando la empresa tiene bienes, la facturación va bien o se discuten modelos de gestión. El personalismo y la falta de humildad son perfectos para crear conflictos y engordar sumarios judiciales que heredan generaciones de descendientes.

Por último, los peores delitos que se cometen en el ámbito familiar se caracterizan -normalmente- por su falta de castigo. Me refiero a la carne, al sexo : abusos y agresiones sexuales, a la pederastia y a la violación. Si estos delitos engrosan la denominada criminalidad oculta es porque hay miedo o intimidación a denunciar y sobre todo coacciones graves a la víctima.

Padres y madres que abusan -años y años- de hijos y de menores; familiares que se aprovechan de la cercanía y la confianza para agredir o violar sexualmente, son los escenarios más comunes en estas transgresiones.

También, con ocasión de los divorcios hay muchas denuncias falsas que se hacen a través de los menores. Se acusa de lo peor al padre o a la madre que saldaron con ruptura traumática su convivencia y es parte del odio acumulado. Se trata de una venganza que asquea pero que existe y se utiliza con frecuencia.

La Asociación de Abogados Cristianos, había acudido a la justicia para impedir por parte de Correos la emisión y distribución de un sello postal conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España ( PCE ) fundado el 14 de noviembre de 1921; para evitar las posibles consecuencias políticas de la difusión de este ejemplar. Su petición fue desestimada y se ha dado así vía libre para la propagación de 135.000 sellos, con un valor postal de 0,75 euros cada uno que supondrá un importe de 101.250 euros en caso de venderse todos.

La razón judicial ha sido que Correos solo tiene asignadas las funciones de repartición y venta de sellos postales y que el órgano competente para aprobar este sello fue un acuerdo entre las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la de Hacienda, resolución que no ha sido objeto de impugnación alguna y por tanto es legal.

La Asociación de Abogados Cristianos, consideró en su recurso que el lanzamiento de este sello atentaba contra el deber de neutralidad y objetividad de las Administraciones Públicas recogido en la Constitución Española porque suponía la exaltación de un partido político que cometió numerosos crímenes y persiguió a miles de personas únicamente por razón de su fe, por lo que la emisión este sello sería contraria también a la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática y a la resolución del Parlamento Europeo que condena la exaltación del comunismo.

De nuevo, surge la polémica nacional como consecuencia de querer imponer el relato sobre lo ocurrido en un período histórico a través de la propaganda institucional y las medidas más sesgadas de la Ley de Memoria Democrática. Lógica porque un organismo público no tiene por qué conmemorar el centenario de un partido y por mostrar su símbolo, único superviviente de los totalitarismos condenados en la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de septiembre de 2.019; aderezada con los colores de la bandera republicana.

Natural también porque Correos justifica la emisión pasando de puntillas sobre el papel de los militantes, votantes y simpatizantes comunistas, tanto en la Segunda República como en la Guerra Civil, ignorando interesadamente su sangriento pasado de checas ( centros clandestinos republicanos de detenciones, torturas y asesinatos ) y paseos ( asesinatos de ciudadanos contrarios que secuestrados se los llevaban a dar un paseo, su destino eran las cunetas o fosas comunes ) como las purgas internas estalinistas efectuadas durante y después de la Guerra Civil. O la llamada a no luchar contra los nazis mientras duró el pacto entre Hitler y Stalin, como hicieron José Díaz y La Pasionaria.

Este Gobierno socialcomunista que disfrutamos, no ha hecho otra cosa que cumplir lo que escribió Jorge Semprún: Asombra comprobar lo selectiva que es la memoria de los comunistas. Se acuerdan de ciertas cosas y otras las olvidan. La memoria comunista es, en realidad, una desmemoria. No es una memoria histórica, testimonial, es una memoria ideológica. Este hombre terminó abandonando el partido -junto con otros- asfixiados por el deprimente y totalitario ambiente estalinista que allí se respiraba al descubrir que eran demócratas y no revolucionarios. Posteriormente, llegó a ser Ministro de Cultura ( de 1988 a 1991 ) en uno de los gobiernos socialistas de Felipe González, tras convencerlo de que abandonara su exilio parisino.

La del comunismo, en general, es una historia larga con alguna luz y muchas sombras. Por allí han pasado hombres y mujeres de una sola pieza, valientes y soñadores que creían posible un mundo sin dueños. También personajes siniestros y criminales, comisarios de la muerte que sembraron el planeta de millones de cadáveres. Hacer una evaluación de su trayectoria en España es difícil porque atravesó diversas fases. ¿ Con qué PCE nos quedamos ? : ¿ Con el que se sublevó contra la Segunda República en 1.934 ?; ¿ Con el de los fusilamientos de Paracuéllos del Jarama ?; ¿ Con el de la tortura y asesinato del líder trotskista, Andrés NIN, cuyo cadáver oculta este Gobierno tras ser localizado por casualidad ? ; ¿ Con el de la clandestinidad y lucha armada antifranquista ?; ¿ Con el que permitió la Transición Política pacífica y la reconciliación entre los españoles ? o ¿ Con la de tantos alcaldes y concejales que han mejorado sus ciudades y pueblos ?.

La Historia, pese a lo cree este Gobierno resentido y sus adláteres comunistas, golpistas, filoterroristas e independentistas, es un asunto complejo y no es una casualidad que hayan coincidido en la aprobación de esa Ley tan nefasta y totalitaria, llamada de Memoria Democrática y en la difusión por Correos de un sello postal con la hoz y el martillo, emblema comunista diseñado por Yevgueni Kamzolkin, para celebrar el centenario del PCE. Se pretende reforzar así, una España de buenos y malos y no tiene ninguna lógica que se persiga con saña el espectro del general Queipo de Llano por sus supuesto crímenes y se celebren fastos filatélicos por un partido político que tiene tanto que explicar.

Me parece oportuno traer a colación la citada resolución parlamentaria europea que ha pasado de puntillas por todos los medios de comunicación y la clase política. Curioso… ¿ no ?. El propósito de esta medida de alcance lo explicaron muy bien los diputados proponentes ( 535 votos a favor y 64 en contra ): para que no se repitiera una de las mayores vergüenzas de la Historia como fue el Pacto germano-soviético de No Agresión entre el Tercer Reich y la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas, firmado el 23 de agosto de 1.939, en Moscú y en presencia de Stalin, al que se incorporó un protocolo secreto en el que ambos regímenes se repartían Polonia y otros estados europeos.

La luna de miel entre Hitler y Stalin duró hasta el verano de 1.941, cuando los panzers alemanes invadieron la Unión Soviética y Stalin ordenó que se borrase todo rastro del ignominioso documento, decretando que no había existido nunca. Hasta la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989 y el derrumbe de la fantasía comunista soviética, la propaganda oficial defendía que tal acuerdo era un miserable infundio urdido por los servicios de propaganda occidentales para desacreditar a los regímenes comunistas hasta entonces campeones de la democracia y la libertad.

Ochenta años después, centenares de eurodiputados suscribieron una iniciativa valiente logrando aprobar una Resolución del Parlamento Europeo, condenando las atrocidades del comunismo y del nazismo. Lo hicieron como representantes de países que habían sufrido sus zarpazos y con la intención de establecer un Día del Recuerdo. Esto ha dado lugar a que ambos sistemas hayan sido prohibidos por algunos países europeos, como: Polonia, Letonia y Lituania.

Aunque este tipo de Resoluciones no tengan carácter vinculante -son recomendaciones- no por ello dejan de tener valor documental. Lo que yo destacaría es que encierran un mensaje de altísimo nivel político y moral, además de conformar un compromiso solidario con quienes padecieron las atroces consecuencias de este nefasto Pacto y hoy comparten los principios de la Unión Europea, entre los que destacan el respeto a los derechos humanos y a la libertad. Para que las generaciones venideras no olviden aquella infamia, dijeron los eurodiputados al presentar esta propuesta. Me duele comprobar que en España muchos ya lo han olvidado.

También es interesante recordar a esta extrema izquierda nuestra tan progresista y olvidadiza, la Resolución 1481/2006 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de enero de 2006 que consigna la condena del Consejo a los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios, equiparando el comunismo y los estados comunistas con el fascismo y el nacionalsocialismo por sus similitudes en los crímenes contra la humanidad, la ideología de odio y la tiranía de sus gobiernos.

Creo que, a estas alturas ya del siglo XXI, se puede hablar del pasado de España en toda su amplia dimensión, sin censuras ni apriorismos; con ganas de rigor, hermandad y futuro; disfrutando del ahora y del país que nos ha tocado vivir, – antes llamado España- como nos enseñaron Semprún y otros tantos desencantados comunistas.

En el lenguaje policial coloquial se les llama casos resistentes a las víctimas de violencia de género expuestas a un riesgo elevado de volver a ser agredidas por su maltratador y que, sin embargo, rechazan la ayuda policial. Para proteger a estas mujeres, la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior, ha elaborado una Instrucción con el objetivo de que los agentes policiales sepan cómo actuar en estos casos y movilicen a los demás organismos implicados en este tipo de problemas como son las autoridades judiciales, los servicios sociales y las oficinas de atención a las víctimas de este tipo de delitos.

Se están investigando las causas para averigüar por qué se están dando bastantes casos de mujeres resistentes que por los motivos que sean no quieren la correspondiente ayuda policial a la que tienen derecho por su condición de víctimas. Es muy importante el esfuerzo profesional que se hace para que la víctima tenga conciencia de su situación, de insistirle en el riesgo que corre de que pueda ser agredida de nuevo o de incluso llegar a la muerte, pero sin éxito.

Este fenómeno no es nuevo sino que se produce desde hace varios años. Se trata de mujeres que voluntariamente y de forma clara y reiterada, renuncian a la protección policial que se les brinda y también se están dando casos de otras que sin rechazar esa posibilidad, las dificultan o incluso las imposibilitan.

Hasta el momento, se ha descubierto que este comportamiento tiene mucho que ver con la dificultad que les supone romper definitivamente la relación abusiva. No se puede obviar que la media de tiempo de convivencia de pareja hasta denunciar el maltrato está en los 8 años y el miedo, la culpa, la vergüenza o las presiones familiares pueden hacer este camino mucho más difícil.

También que, en este grupo, aparecen mujeres que han sufrido violencia en su vida procedente de varios agresores; que padecen adicciones; extranjeras en situación administrativa ilegal; otras con enfermedades mentales; las que se aproximan con cierta desconfianza al proceso y renuncian a continuar el trámite judicial ; las que solo solicitan ayuda inmediata ante una emergencia; las que confían más en sus recursos personales que en la ayuda institucional o víctimas que carecen de cualquier recurso.

En esta categoría se incluye una de las últimas muertes de este año: el presunto asesinato en Benalmádena ( Málaga ) de una mujer de 69 años, a manos de su marido, diagnosticado de alzhéimer, De las tres veces que acudió a la Policía, en solo una de ellas puso denuncia y luego en el juzgado no quiso seguir adelante. Ella manifestaba que no era su marido quien la agredía sino que lo hacía a causa de la enfermedad y que ella controlaba la situación.

La realidad de este fenómeno delictivo está mostrando que existe un conjunto de víctimas que solicitan ayudan puntual a la Policía para solucionar una situación inmediata, una emergencia pero no para interponer una denuncia que va a dar lugar a un procedimiento judicial; quieren únicamente corregir el comportamiento del agresor, solucionar el conflicto que ha surgido pues tienen la esperanza de que el maltratador cambie su comportamiento.

A veces, simplemente, buscan que cuando llega la Policía ponga límites porque después creen que controlan la situación. La experiencia policial indica que no es así, que no tienen el control de nada y lo que es peor, no perciben la gravedad de lo que está pasando En estas situaciones, los agentes policiales tienen muchas dificultades para estimar el riesgo real que tienen las víctimas de sufrir una nueva agresión. Estas mujeres suelen evitar hacer valoraciones negativas del agresor y justifican el comportamiento violento de sus parejas.

La valoración policial del riesgo al que está expuesta una víctima de la violencia de género, se hace a través de un programa informático conocido como el sistema VioGen ( acrónimo de Violencia de Género ). Allí se analiza a través de distintos indicadores, la versión de los hechos que da la mujer maltratada para establecer la probabilidad de que el agresor reincida y la vuelva a atacar, así como el grado de peligrosidad de esta agresión. También un algoritmo estudia el riesgo de homicidio.

En función de esos resultados, la Policía informa a las autoridades implicadas y elabora un Plan de Seguridad propio para cada víctima. Sin embargo, VioGen funciona con la información que se le suministra y si la víctima no colabora adecuadamente, la evaluación del riesgo va a ser incorrecta al igual que su seguridad personal.

De ahí la importancia de la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para que los policías sepan actuar frente a cada caso de estos de los que con tanta frecuencia se les presentan. Así, cuando la víctima renuncie, dificulte o imposibilite la protección policial, informará con todo detalle de esta circunstancia a la autoridad judicial y promoverá que entren en contacto con la afectada las demás entidades involucradas.

Se trata de conocer la situación real por la que atraviesa la mujer maltratada: el historial de violencia padecida; los numerosos intentos infructuosos de cambio o de romper la relación y demás episodios que se hayan ido sucediendo a lo largo del tiempo para poder reconducir -en lo posible- la creencia errónea sobre el proceso posterior a la denuncia porque no hay que olvidar que la mera ilusión o expectativa de poder recuperar la relación amorosa, está estrechamente ligada con el rechazo a la ayuda policial y judicial.

También es muy importante para la mujer extranjera que se encuentre en situación administrativa de irregularidad y que no hable nuestro idioma, informarle que no tendrá ningún expediente sancionador de expulsión por denunciar los posibles malos tratos que sufra, si es que es eso lo que la está frenando.

La lápida de la tumba de José Antonio en la Basílica del Valle de los Caídos está siempre llena de flores. Es la única sepultura que está a la vista y si no fuera por los ramos frescos pasaría bastante desapercibida. Destaca uno con margaritas amarillas y claveles rojos. Y eso que está en un lugar privilegiado, en el centro del crucero de la iglesia, justo delante del altar mayor. De la lápida de Franco que estaba a su lado y que fue exhumada hace tres años, ni rastro. Se adivina su antigua ubicación por la solería del mármol todavía reluciente que ha sustituido a la pesada piedra que cubría la fosa.

En breve, José Antonio también abandonará el mausoleo obligado por las disposiciones de la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática que convertirá el Valle en un cementerio civil despojado de toda religiosidad. La familia del fundador de la Falange Española ya ha iniciado los trámites administrativos para su traslado a un camposanto católico, después de 23 años de enterramiento, tras su fusilamiento en la cárcel de Alicante donde permanecía preso, antes que este Gobierno socialcomunista exhiba el ataúd como un nuevo triunfo de su venganza tardía.

José Antonio, descendió a la tumba que se le había preparado en el Valle de los Caídos, el 31 de marzo de 1.959, velado por el impresionante crucificado del escultor Boevide, un nacionalista vasco que había recibido el encargo -con medias verdades- a través de su paisano el pintor Ignacio Zuloaga.

El régimen franquista que había adoptado la parafernalia estética del fascismo a la española -sin creer demasiado en sus principios- volvía a exhibir el cadáver del fundador de la Falange para dar sentido y hasta contenido al flamante Valle de los Caídos mientras España se preparaba para la carrera del desarrollismo económico y ensayaba una apertura social, política y económica que acabaría conduciendo al cambio de régimen.

La aplicación de esa ley hecha para reescribir la Historia según una única versión -tan falsa como interesada- prometía usar el cuerpo de José Antonio como un trofeo -de no mediar el interés familiar- por un Gobierno sectario que pretende ponerse una dudosa medalla ante una opinión pública que, en el fondo, permanece ajena a estos acontecimientos que pertenecen al pasado más que superado y lo que a ellos les preocupa es su día a día para llegar a fin de mes, debido a esta inflación devastadora que nos lleva a la pobreza generalizada.

José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hijo del general Primo de Rivera, abogado y fundador de Falange Española, había sido fusilado en un patio de la prisión de Alicante, el 20 de noviembre de 1.936, hoy hace 86 años. Fue la consecuencia de una pantomima de juicio, sin la más mínima garantía legal, en la que nada sirvieron las recomendaciones del dirigente socialista Indalecio Prieto y del mismísimo Azaña. El Tribunal Popular republicano que lo juzgó estaba formado por tres jueces y un jurado formado por miembros del PSOE, CNT, PCE y UGT . ¡ Cómo para salvarse !

El cuerpo de José Antonio, junto con los de otros dos falangistas y otros dos requetés, fue sepultado en una fosa común del cementerio de Alicante. No tardaría en ser identificado y exhumado gracias a una antigua novia británica con la que había mantenido una apasionada y desconocida relación que debería de ser contada. Se llamaba Elisabeth Asquith y era una excéntrica y atractiva aristócrata, hija de un ex-primer ministro británico que se valió de muchas influencias para poder certificar su muerte.

Con ello, se consiguió desenterrarlo y trasladarlo a un nicho del propio cementerio donde permaneció hasta que la capital levantina fue tomada por las tropas nacionales, el 30 de marzo de 1.939. Su cuerpo fue de nuevo localizado y no tardaría en ser organizado un impresionante traslado de los restos desde Alicante hasta la iglesia del Monasterio del Escorial, donde el régimen había decidido inhumarlo con toda la vistosidad necesaria dada su simbología.

La víspera del tercer aniversario de su muerte, el 19 de noviembre de 1.939, volvió a ser exhumado para ser trasladado a pie, sobre una parihuela cubierta por un túmulo de terciopelo negro, a través de una España devastada por la Guerra Civil. Fueron diez jornadas de camino sin descanso, llevado a hombros de sus propios camaradas. La comitiva no se detenía sin siquiera por la noche, alumbrando el ataúd con antorchas mientras se hacía el silencio en el paso por las distintas poblaciones. El cortejo fúnebre llegó a Madrid el día 28 de noviembre y dos dias después al Escorial. Lo recibió Franco, uniformado de Jefe Nacional del Movimiento.

Allí volvía a ser sepultado, cambiando la tierra de la fosa común y la tapia de un nicho destartalado , por los pies del altar mayor de la impresionante basílica del monasterio, levantado por Felipe II cuatro siglos antes, bajo una severa, sencilla e inmensa losa de granito. Sobre la lápida solo una cruz y su nombre: José Antonio.

Pasaron 20 años mientras se culminaban las obras faraónicas del Valle de los Caídos y el cuerpo de José Antonio volvió a ser sacado de la tumba para ser trasladado al flamante mausoleo de Cuelgamuros, en la víspera del vigésimo aniversario de la Victoria de la Guerra Civil, fecha que se había escogido para inaugurar el recinto. Las cosas habían cambiado ya en España y se había pensado en un traslado discreto, en un vehículo fúnebre pero los camisas viejas, en contra de la familia y del propio régimen, volvieron a tomar en hombros a su fundador para hacer a pie el trayecto de 14 kilómetros que separa un lugar de otro.

Allí ha permanecido hasta ahora y la llamada Ley de Memoria Democrática pretende volver a sacar al cuerpo de José Antonio para ser exhibido como símbolo de una victoria de una guerra que se perdió hace mucho tiempo. Es justo lo que quiere evitar su familia, anticipándose a los previsibles acontecimientos y a la vocación histriónica del sanchismo.

El numerito del ataúd de Franco, televisado en directo y paseado en helicóptero pesa en el ánimo de los Primos de Rivera. José Antonio, así a secas, fue victima de la Guerra Civil, fusilado por los progresistas republicanos ( no por los alzados ) y es una figura fundamental para entender los vericuetos de nuestra compleja Historia contemporánea. Algunos, quieren reescribirla para vengarse porque no aceptan que fueron derrotados en aquella contienda que nunca debió de suceder, mientras la mayoría de la gente lucha por poder pagar la luz de sus casas o de sus negocios.

José Antonio merece que lo dejen descansar en paz de una vez por todas.

La inmigración se ha convertido en los últimos años en un debate central de los despachos de la sede central de la Unión Europea ( UE ) en Bruselas y resulta que va ya para treinta años que desde la Comunidad Autónoma madrileña, se controla lo que sucede fuera de la fronteras europeas y a los que intentan entrar en ella fuera de los cauces legales.

Desde un edificio cualquiera de la base militar española de Torrejón de Ardoz, centenares de personas -civiles y militares- trabajan desde 1.992 en el Centro de Satélites de la Unión Europea ( SatCen ), con estrictas medidas de seguridad, para vigilar cualquier movimiento inmigratorio  -y otras funciones- fuera de la UE.

Desde allí se supo como se desplazaban por el Mar Egeo millones de refugiados que huían de las guerras, principalmente sirios, iraquíes y afganos; como cientos de miles de africanos que huían de la violencia y de la miseria, cruzaban el Mediterráneo desde Libia, demostrando que fue la ruta migratoria más mortífera del mundo; como las mafias organizan las caravanas de vehículos que cruzan el desierto del Sáhara o como los meten a través de los Balcanes. También los numerosos asaltos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Y ahora, como evoluciona la invasión rusa de Ucrania.

Este sitio que controla un indeterminado número de satélites– la cifra es materia reservada- ayuda a predecir las crisis inmigratorias, adelantándose -en la medida de lo posible- al problema, más que responder al mismo, que también. Es alertar de que las embarcaciones que salen de Libia -por ejemplo- con destino Italia, cambian de rumbo hacia Argelia, como ha sucedido recientemente y así poder avisar a las autoridades competentes.

También han podido apreciar que, cuando se pone mayor control a la inmigración en algunos lugares, la respuesta de las mafias es casi inmediata y buscan -y encuentran- vías alternativas.

A pesar de que su misión en vigilar lo que sucede fuera de la Unión Europea, el SatCent puede enfocar su red de satélites hacia dentro de un Estado miembro, si este se lo pide. En el caso de España, puede tener en tiempo real -con retardo de una hora- lo que sucede las fronteras de Ceuta y Melilla. O las salidas masivas de pateras del Sáhara y Senegal en dirección a Canarias. O también que la información solicitada no exista y entonces se puede encargar y normalmente se entrega en 24 horas.

Es decir, un cliente cualquiera -siempre que sea oficial porque a particulares no atiende- por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas (ONU ); la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea ( OSCE ) ; la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas o un Gobierno cualquiera de la Unión Europea, puede solicitar información sobre un punto concreto del planeta y el centro obtendrá las imágenes solicitadas. Una suerte de espionaje a la carta.

El SatCen permite ver -físicamente- lo que está ocurriendo en lugares que afectan a la seguridad de Europa y explicar lo que se está viendo que es lo más importante. Por ejemplo, en el Sahel ( frontera geográfica entre el desierto y la sabana africana que va desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo y afecta a Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía; hoy infectado de guerrillas islámicas que siembran el terror y que cubren un área de más de tres millones de  kilómetros ), donde la inestabilidad es una constante y la vigilancia permanente. Llega hasta objetos de unos 30 centímetros. Así se identifican flujos inmigratorios cambiantes y sitios donde los subsaharianos son hacinados a la espera de poder embarcar rumbo a Europa.

La información que maneja este centro es confidencial y solo se la dan al cliente que la ha solicitado. Las decisiones que se tomen a partir de ahí, le son ajenas. Ellos facilitan los datos requeridos y no entran en polémicas sobre el control de fronteras, la desaparición de pateras o la persecución de las mafias de la inmigración.

Las crisis inmigratorias es una de las seis áreas del SatCen junto con la militar, humanitaria, contingencias, infraestructuras críticas y crimen organizado; pero es la que más recursos emplea y dado el interés que alcanza cada día, ha creado un Equipo Permanente. Además tiene un acuerdo de trabajo con la Agencia de Control de Fronteras ( FRONTEX ) a la que facilita información constantemente.