Aunque no se sabe con precisión lo que nos puede deparar el futuro, a la mayoría de los españoles les preocupa que el previsible próximo Presidente del Gobierno español sea rehén de personas de la talla de Arnaldo Otegui, responsable de los filoetarras de EH-Bildu y Carlos Puigdemont, dirigente de Juntos por Cataluña.

Aunque parezca increíble y a estas alturas, todavía hay gente que duda que Pedro Sánchez sea capaz de ceder a todas las pretensiones de los separatistas vascos y los golpistas catalanes para lograr el apoyo parlamentario que necesita para dirigir los destinos de este país, antes llamado España. Y eso que los antecedentes del actual Presidente del Gobierno no dejan lugar a dudas de que el precio a pagar por el resto de los españoles no es asunto que le preocupe lo más mínimo, sea la Constitución o la propia democracia.

Lo que llama mucho la atención es el cambio que ha dado el propio partido socialista que en el año 2016 expulsó Sánchez porque quería hacer lo mismo que ha hecho ahora y que lleva camino de repetir, es que haya dado un giro de 180 grados. La explicación puede estar en que después de las mal llamadas elecciones primarias en el partido y que Sánchez ganó, convocó un congreso en el que eliminó las instituciones internas de debate y decisión. Así Sánchez se convirtió en caudillo que solo atiende a las bases -que por cierto- carecen de voz.

Extramuros del socialcomunismo hay quién piensa que el nacionalismo españolista es imposible y las dosis de independentismo son inevitables. Se podría sedar, no eliminar, y sobre todo no provocar porque crecería y sería ingobernable. Ante esta corriente de opinión se puede afirmar con contundencia que el nacionalismo periférico toma -permanentemente- decisiones anticonstitucionales, confirmadas así por los jueces y tribunales que el Gobierno ultraprogresista ignora continuamente y no hace nada para que se cumplan. Ese parece ser el problema.

Las actuales negociaciones con vascos y catalanes para componer un Gobierno idílico indican que se está preparando un monstruo babélico, fracturado, terrorífico y por ende, precipitado al vacío, un Frankenstein II. Y así aparece el miedo de la sociedad española de a dónde puede llevar Sánchez a España de la mano de los separatistas y apoyado desde dentro por la nueva Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol que lejos de resolver los problemas de sus paisanos de las Islas Baleares, se ocupó de imponer una lengua -la catalana- que no era la propia, dejando pendientes dos investigaciones judiciales que veremos cómo le afectan, dado su puesto institucional. Sin olvidar a Cándido Conde Pumpido, Presidente del Tribunal Constitucional, colocado en ese puesto para que avale las propuestas que le haga llegar su padrino político.

Poco a poco, la sociedad española se va dando cuenta de que los próximos años van a ser muy cruciales para lo que -por ahora- llamamos España. Puede pasar de todo en un país dividido en dos bloques ciudadanos que desean futuros distintos. Situación que se debe a la política de polarización iniciada por José Luis Rodriguez Zapatero y ampliamente desarrollada por su alumno -aventajado- Pedro Sánchez.

Hay bastantes dudas sobre si los votantes del socialcomunismo de las pasadas elecciones generales del 23 de julio eran plenamente conscientes de la trascendencia que iba a tener su decisión sobre si Sánchez y sus aliados iban a gobernar de nuevo. Lo cierto es que todo indica que nos encaminamos hacia otra España -si es que conserva ese nombre- y si es que Sánchez logra ser investido.

Pactar con los independentistas va a suponer modificar la Constitución Española, con todo lo que ello conlleva. Ahora no se trataría de una modificación menor, como en 1992 para que los extranjeros comunitarios pudieran votar en las elecciones municipales; ni como en 2011, cuando el PP y el PSOE acordaron introducir el factor de estabilidad presupuestaria; ahora se negocia una reforma de mucho calado que puede terminar con España, tal y como ahora la conocemos.

Cualquier ciudadano medianamente informado sabe que el separatismo es ilegal según la Constitución. La independencia de Cataluña no la quieren ni la mayoría de los catalanes, ni tampoco el votante socialista. Para los incrédulos recomiendo consultar las encuestas al respecto de los últimos años y el resultado electoral del pasado 23 de julio. Trocear España debería de ser una decisión paleolítica.

Sin embargo, eso hay que interpretar para los poco más de la mitad de los votantes de las pasadas elecciones generales, que han elegido esta posibilidad. Y si no ha sido así, francamente habrá que pensar que hay votantes inconscientes que no deberían votar por respeto a la democracia o bien que se creen que puede volver un fascismo mussoliniano o nazi y se decantan por el separatismo, lo que sería más grave. En ambos casos estaría bien presente la ignorancia y el desinterés por el mañana.

Cuando se ha votado como se ha votado, el resultado es que los independentistas no se van a conformar con las dádivas que ya les han dado y con las que les darán a menos que entonces agachen la cabeza y dejen de ser separatistas. Querrán la independencia. Si no echan mano de nuevo de vías ilegales habrá que respetar la Constitución Española.

A lo largo de los últimos 20 años, hemos presenciado el paso de un orden mundial bipolar a un sistema multipolar de instauración gradual, seguido de un breve momento unipolar dominado por Estados Unidos; hasta el actual rumbo multilateral que se ha ido desplegando paulatinamente. En este nuevo orden mundial, coexisten distintos centros de poder en un entorno más inestable. Subsisten viejas amenazas como las armas nucleares en nuevas formas ( proliferación ) al tiempo que han surgido otras nuevas.

Estas nuevas formas de inseguridad como la inestabilidad financiera, deterioro del medio ambiente, dependencia energética, delincuencia organizada y el terrorismo, son más variadas, menos visibles y menos previsibles que nunca. La mundialización ha aumentado también nuestro sentimiento de vulnerabilidad al difuminar los límites entre las formas de seguridad interior y exterior.

Los conflictos armados en un continente lejano pueden amenazar la seguridad interior de Europa al crear grandes afluencias de refugiados. De igual modo, una cooperación policial insuficiente de los países europeos puede comprometer los esfuerzos de la lucha contra los sistemas de terror en el extranjero.

A su vez, todos los riesgos para la inseguridad se interrelacionan haciendo que la pobreza y la inestabilidad de los Estados en descomposición, sirvan de caldo de cultivo al terrorismo y a otros tipos de actividad delictiva. Por tanto, para hacer frente a los retos de seguridad del siglo XXI se requieren respuestas mundiales y anticipatorias que solo puede aportar un actor de la talla de la Unión Europea.

Desde hace tiempo, la Unión Europea se empeña en el siglo actual del mantenimiento y el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia; destinado a facilitar la vida diaria de sus ciudadanos. Sin embargo, los atentados terroristas de origen yihadista que han asolado Europa durante los últimos años y antes en los Estados Unidos, han hecho patente la necesidad de una actuación más eficaz y coordinada de los Estados miembros europeos para hacer frente a estas amenazas y a otros problemas de seguridad que trascienden las fronteras.

Entre estos cabe mencionar: la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero; la explotación de mujeres y niños; los desastres naturales y de origen humano; el cibercrimen, la piratería intelectual y desde luego, la corrupción.

Ahora es necesario que se actúe de manera decisiva, creando un nuevo modelo europeo de seguridad que ha de basarse en la concepción y en los objetivos que figuran en la Estrategia de Seguridad Interior, dando prioridad a los intereses de los ciudadanos europeos al tiempo que aborda los retos en rápida evolución del siglo XXI. Debiendo proteger los derechos y libertades individuales ; mejorar la cooperación y la solidaridad ente los Estados miembros; atender a las causas de la inseguridad y no solamente a los efectos; dar prioridad a la prevención; comprometerse con los ciudadanos y reconocer la interdependencia entre las dimensiones interna y externa de la seguridad a la hora de establecer un planteamiento de seguridad global con terceros países.

Hasta la fecha, la actuación común en esa esfera se ha visto obstaculizada por la resistencia de los Estados miembros a disponer las políticas en común sobre la información y a coordinar las acciones en materia de orden público, constituyendo uno de los problemas más delicados de la politica interior. Sin embargo, esta resistencia va a contracorriente de los deseos de los ciudadanos europeos que quieren que la Unión Europea se convierta en un actor de más peso en el terreno de la seguridad. Ignorando así, los importantes instrumentos y recursos de que la Unión Europea se ha dotado a lo largo del tiempo en el ámbito de la seguridad y de manera destacada en el Tratado de Lisboa, adoptado en diciembre de 2007.

Los retos de seguridad que se afrontan en la actualidad, exigen un auténtico planteamiento a escala de la Unión Europa, ingentes esfuerzos de cooperación, instituciones comunes y una financiación adecuada. Se necesita una nueva cultura de la cooperación en muchos ámbitos como la cooperación policial y judicial; el control de fronteras, la sanidad y la protección social y civil. Para ello será necesario aumentar las competencias de los organismos existentes como Europol para la policía y Eurojust para la justicia; el Centro de Situación; Frontex y el Coordinador de la Lucha contra el terrorismo. También será preciso crear nuevos organismos como por ejemplo, un Centro Europeo de Buenas Prácticas Policiales.

Además, deberá darse prioridad a los siguientes asuntos:

• Mejora de los sistemas de intercambio de información sobre financiación de redes, rutas de tráfico para las armas de destrucción masiva; recuperación después de ataques terroristas y medidas preventivas a largo plazo.
• Creación de un Equipo Europeo de Reserva compuesto por Unidades con una formación específica que estén preparadas para desplegarse sin demora y estructuradas a imagen del componente militar.
• Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Fronteras Exteriores más integrado, reforzando Frontex mediante un cuerpo europeo de personal especializado que esté disponible para asistir a los Estados miembros. ( pasaron de voluntarios de policías europeas a un Cuerpo propio en 2016 ).

• Allanamientos de las incoherencias del Sistema Europeo de Asilo, en especial mediante una normalización de la definición de refugiado.
• Creación de una Política Unificada de Visados y de un Servicio Consular Europeo, en el marco del futuro Servicio Europeo de Acción Exterior. Con demasiada frecuencia, la formulación política en este campo está gobernada por los acontecimientos y por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre el fomento de la seguridad por una parte y las libertades individuales y los derechos humanos por otra. La forma de lograrlo, de manera razonable entre estos elementos inseparables variará en el tiempo y en función de las circunstancias, lo que requiere un debate político permanente en toda la Unión Europea. Aún cuando estén en juego riesgos en materia de seguridad deben de respetarse estrictamente unos límites claros para el acceso a datos personales y restricciones en cuanto al intercambio de los mismos.

Por encima de todo, es necesario que los Estados miembros de la Unión Europea reconozcan que la seguridad interior está supeditada -en gran medida- a la consecución de un entorno exterior seguro. Los retos transfronterizos en materia de seguridad no se detienen en las fronteras de la Unión Europea. Así pues, para mejorar la seguridad y la libertad de los ciudadanos europeos será necesario realizar una actuación complementaria más allá de las fronteras europeas.

Dadas las continuas olas de llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea es necesario llegar a un planteamiento común de la inmigración ilegal. Deben de eliminarse las incoherencias entre las políticas de los Estados miembros y el comportamiento con respecto a las personas sin acceso al mercado laboral. Esto supondría armonizar -entre otras cosas- los derechos de los inmigrantes irregulares en toda la Unión Europea para evitar los efectos llamadas que puedan producirse en un Estado miembro y puedan afectar a otro.

Afrontar este problema supondría también oponerse a la cultura del empleo de inmigrantes ilegales, en particular en los sectores de la construcción y la agricultura, así como en el ámbito doméstico, aún evidente en varios Estados miembros. Esto exigirá -entre otras medidas- el perfeccionamiento de los controles internos de los permisos de trabajo y residencia en los países con gran número de inmigrantes ilegales.

No obstante, el mantener unos controles internos y externos fiables, no debería poner en peligro la resolución de la Unión Europea de seguir siendo un lugar seguro para los refugiados, en coherencia con sus valores fundamentales. La Política Europea de Asilo, tiene que garantizar que los refugiados políticos disfruten del derecho a solicitar asilo y que sus peticiones se tramiten con justicia en los 27 países miembros de la Unión Europea.

Los esfuerzos para poner coto a la inmigración irregular y a la trata de personas, deben de incluir también medidas que protejan a las personas y grupos vulnerables por medio de la explotación de prácticas laborales inaceptables u otras formas de abusos -entre ellos- la trata de seres humanos. Para ello se requiere un diálogo permanente de la Unión Europea con los paises de origen, que seas coherente en su aplicación y que complemente la politica europea en materia de desarrollo.

Asímismo, la Unión Europea tiene que reconocer la relación entre migraciones y desarrollo y formular respuestas políticas que aprovechen plenamente las sinergias que existen entre ambos fenómenos. Una política de contratación eficaz dará lugar -inevitablemente- a una fuga de cerebros que podría debilitar el proceso de evolución en los países de emigración. La Unión Europea debe de hacer todo lo posible por evitarlo, ayudando a dichas naciones a incrementar el capital humano necesario para su crecimiento.

Los acuerdos bilaterales de desarrollo deben de incluir el empeño por promover una inmigración ordenada, mediante asociaciones de movilidad, así como acuerdos de contratación y readmisión. La elaboración de esta política debería de tener presente las ventajas potenciales para el establecimiento de los retornos y la movilidad bilateral entre países de procedencia y acogida. El Estatuto de Residencia Permanente en la Unión Europea, por ejemplo, por medio de una tarjeta azul podría fomentar la emigración circular de quienes desearan regresar a sus países de origen durante un tiempo prolongado.

Por último, la Unión Europea debería de invertir en los sistemas de educación superior de los paises de emigración con el objeto de crear capacidades que más tarde puedan compartirse. En suma, el objetivo debe de ser la formación y no la fuga de cerebros.

La conjunción del envejecimiento de la población y la contracción de la fuerza de trabajo interna, va a acarrear a Europa consecuencias drásticas. Si no se toman medidas, se traducirá en una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de sanidad y de protección social y en unos resultados negativos para el crecimiento económico y la fiscalidad. Si Europa se toma en serio el tránsito hacia una sociedad del conocimiento, los esfuerzos para mejorar la eficiencia económica y elevar las capacidades de la población existente, deben de completarse con medidas activas para hacer frente a este desafío demográfico.

Además, debe incluir un esfuerzo concertado para hacer de la Unión Europea un destino atractivo para los inmigrantes. Sin la inmigración, la Unión Europea será incapaz de hacer frente a la escasez futura de la mano de obra y de capacidades. Quedaría asímismo mermada su diversidad cultural y experimentación, requisitos indispensables de la creatividad y la innovación.

Europa combina los extremos demográficos de una esperanza de vida muy elevada y una tasa de fertilidad muy reducida. En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, la esperanza de vida -en la actualidad un promedio de 80,1 años- aumentará de 15 a 20 años en el transcurso de este siglo. Considerando que cada mujer da a luz una media de 1,5 hijos y que cada vez más mujeres renuncian por completo a tener hijos, la población de Europa envejece y su fuerza de trabajo nacional desciende.

Teniendo en cuenta que la edad media de jubilación en Europa es de 65 años ( aunque con tendencia al alza ); si no se toman medidas compensatorias en los próximos 40 años, el coeficiente de de población activa/población inactiva caerá en picado, quedando cuatro trabajadores contribuyentes para mantener a tres jubilados. Es necesario actuar urgentemente para compensar esa tendencia negativa.

Aún cuando se cumplieran totalmente las medidas internas cuyo objeto es impulsar la participación en el mercado laboral, serían insuficientes para compensar plenamente las consecuencias del cambio demográfico sobre la futura oferta de mano de obra. La realidad prevista para el año 2050 es que de darse una improbable falta de inmigración y con cifras constantes de participación en el mercado de trabajo, la mano de obra en la Unión Europea se reducirá unos 68 millones de trabajadores. Dado que no todos los inmigrantes pasan a ser personas económicamente activas para colmar la brecha sería necesario un aumento neto de unos 100 millones de personas.

Si se pretende ser realista, un incremento limpio tan importante a lo largo de los próximos 40 años no es ni probable, ni necesariamente deseable. No obstante, la mano de obra inmigrante será parte de la solución a las futuras carencias de fuerza laboral y capacidades de Europa y la Unión Europea por eso tendrán que desarrollar un planteamiento anticipatorio de la inmigración.

En términos generales, es necesario que Europa cambie de actitud. Muy a menudo, la inmigración se percibe como una carga que se soporta más que como una oportunidad que aprovechar. En este sentido, Europa tiene mucho que aprender de Australia, Canadá y los Estados Unidos; países con los que compite directamente en lo que se refiere a atraer inmigrantes cualificados. A partir de la experiencia de estos países, la Unión Europea tiene que desarrollar una política común de inmigración con el fin de atraer a los inmigrantes más preparados, con más talento y más motivados. Y a la vez, tomar medidas para impedir las pérdidas de capital humano en los países de procedencia de la emigración.

Una política común de inmigración para la Unión Europea debería de establecer una estrategia particular, de medio y largo plazo, para dirigirse a los inmigrantes más competentes. Debería poder accederse -fácilmente- a una información clara que promueva las ventajas de establecerse en Europa. Es necesario también contar con un planteamiento común, respecto de unos criterios también comunes para la aceptación de inmigrantes ( sistemas de puntos o de evaluación ) teniendo al mismo tiempo en cuenta las necesidades particulares de cada uno de los Estados miembros.

Aún así, Europa solo será un destino atractivo para los inmigrantes capacitados si estos se sienten aceptados; pueden acceder al mercado de trabajo oficial y tiene la posibilidad de crear sus propias empresas. Son necesarias unas iniciativas de integración de largo alcance en los distintos niveles administrativos de la Unión Europea y de los Estados miembros, particularmente en el nivel local que a menudo, es el mejor situado para determinar y atender las necesidades de las poblaciones, tanto inmigrantes como autóctonas.

Una vez establecidos legalmente en la Unión Europea, los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos sociales que los ciudadanos de la Unión Europea. El potencial de las poblaciones inmigrantes presentes de aumentar notablemente la participación en la población activa debe de explotarse mediante inversiones en el aprendizaje de la lengua, la formación profesional y la educación general, junto con estrategias de la lucha contra la discriminación. Estas estrategias deben de eliminar todas las formas de discriminación contra los trabajadores inmigrantes y sus familias.

Al aplicarse a un espacio territorial en buena medida sin Fronteras Interiores, el funcionamiento adecuado de una política común de inmigración, necesita un sistema fiable de gestión de sus Fronteras Exteriores que incluya un sistema coordinado de expedición de visados a los nacionales de terceros países.

Decenas de millones de nacionales extracomunitarios, cruzan cada año las Fronteras Exteriores de la Unión Europea por lo que es esencial mejorar los mecanismos de control y verificación dentro de la propia Unión Europea. Esto garantizará que la carga de los controles migratorios no se desplace unilateralmente hacia las Fronteras Exteriores y por tanto hacia los países que las vigilan.

La Historia europea de los últimos años, ha ido mostrando la insuficiencia de sus avances en casi todos los planos en que se producía. O mejor dicho, cada avance era seguido de la constatación de su insuficiencia. Así por ejemplo, la conquista de una moneda común sin una convergencia de las economías reales de los países que la adoptaron, puso de manifiesto la necesidad de una politica común europea que incluyera la integración de las políticas financieras y presupuestarias de la Zona Euro y una politica fiscal común o mínimamente coordinada. Esta carencia fue suplida a través de la creación de la Unión Económica y Monetaria ya que la crisis económica del 2008 evidenció de manera clara que las necesidades de gobernanza económica de la Unión Europea eran inaplazables e imprescindibles.

Con la ampliación de la Unión hacia el Este y el Báltico pasó algo parecido. Un éxito incuestionable como es la unión política de 27 países y la creación de un mercado común de casi 500 millones de personas ha puesto sobre la mesa las dificultades de una Europa intergubernamental, incapaz de gestionar esa complejidad y ese puzzle de intereses nacionales cruzados. La necesidad del llamado método comunitario para gobernar la Unión se hace cada vez más imperiosa.

Se podría seguir con más ejemplos. A la libertad de circulación y a la supresión de las fronteras interiores debido al Acuerdo de Schengen, le siguió una necesidad -cada día que pasaba era más evidente- de coordinación policial ( cubierta con la creación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial -Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas – Frontex) y judicial ( suplida con el nacimiento de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal – Eurojust) en el llamado ámbito de la libertad y seguridad europeas.

A la insuficiente coordinación de la política exterior europea, ( corregida con la creación del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ) le ha seguido siempre como compañía inseparable, la necesaria convergencia de las Fuerzas Armadas de los estados miembros para dotar de coherencia a la acción exterior y para lograr ahorros económicos y eficiencias operativas que se ha tratado de solventar a través de la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad y un Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para su planificación y Ejecución. Esta dialéctica exigente de avanzar como el pedaleo del ciclista, ha guiado en gran parte, la historia de la Unión Europea y sigue hoy impulsando la mayoría de sus principales retos.

A finales de 2007, al tiempo que el Consejo Europeo resolvía con el Tratado de Lisboa el grave conflicto institucional abierto con el fracaso de la Constitución Europea, el mismo Consejo encargó a un Grupo de Reflexión dirigido por el antiguo Presidente del Gobierno español, Felipe González, la elaboración de un Informe sobre los Retos y las Soluciones para los próximos 20 años. El Informe fue presentado al Consejo en junio de 2010 como Proyecto Europa 2030 y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

Esta fue la primera sorpresa: ni el Consejo, ni la Comisión, ni el Parlamento Europeo han dicho desde entonces ni una sola palabra sobre el contenido del citado Informe. Ningún jefe de Gobierno o similar se ha pronunciado hasta ahora sobre el mismo y la mayor parte de la prensa europea omitió comentario o valoraciones sobre el indicado documento. Sin embargo, el diagnóstico que los sabios europeos nos ofrecen es casi dramático: envejecimiento demográfico; necesidades de una inmigración que no sabemos ordenar e integrar; dependencia energética; competencia a la baja que cuestiona el pleno empleo y el Estado de Bienestar; desplazamiento hacia Asia de la producción y el ahorro; también de la investigación y la innovación; el terrorismo y el crimen organizado.

Lo que vieron los expertos no era tranquilizador para la Unión Europea y sus ciudadanos. Y aseguraban que de no reaccionar -juntos y desde ahora- acabaremos siendo una especie de península colateral del nuevo centro de gravedad del mundo que a velocidad vertiginosa se desplaza hacia Asia.

Es verdad que el documento no descubre nada nuevo que no supiéramos o intuyéramos aunque eso sí: sistematiza y cuantifica las razones de las alarmas. No es lo de menos que el texto establezca soluciones tan conocidas como difíciles de articular. Cambiar las tendencias de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación ( las conocidas siglas I+D+i ); reformular nuestro modelo laboral y de bienestar, etc.

.En mi opinión, sin embargo, la importancia del texto no radica tanto en las novedades o en las soluciones sino en la contundencia de su diagnóstico; en la rotundidad de las cifras y de los parámetros que configuran nuestras tendencias y en la seguridad con que doce expertos -libres de toda sospecha y acreedores de toda solvencia-, nos aseguran el caos a medio plazo si no reaccionamos ya.

La falta de reacción europea a este Informe es ominosa y suicida. Y desgraciadamente no es ceguera lo que sufrimos sino incapacidad. Francia y Alemania no se entienden para el liderazgo europeo que les corresponde y que necesitamos.

Decía Jacques Delors que fue Presidente de la entonces Comisión Europea durante diez años ( 1985 al 1995) que Europa ante la crisis económica que le tocó y capeó, que los bomberos esperaban ahora a los arquitectos. Yo lo que creo es que los arquitectos ya nos han dibujado los planos de la Casa Europa y lo que verdaderamente necesitamos son capataces, jefes de obras, dirigentes que nos pongan a trabajar en este edificio imprescindible que tenemos que construir -sí o sí- para que nuestros hijos y nietos no vivan desguarnecidos o para que no se vayan a otra casa a buscarse su vida y su futuro.

A finales del año 2007, al tiempo que el Consejo de Europa resolvía con el Tratado de Lisboa el grave conflicto internacional abierto con el fracaso de la Unión Europea, el mismo Consejo encargó a un Grupo de Reflexión dirigido por el ex-presidente español Felipe González, la elaboración de un Informe sobre los Retos y las Soluciones de la Unión Europea para los próximos 20 años.

El citado Informe fue presentado al Consejo en junio de 2010 como Proyecto Europa 2030 y desde entonces, un espeso y sonoro silencio se ha hecho sobre él. En el documento se exponían, entre otros Capítulos, el correspondiente a los Retos Policiales de la Europa del Futuro que son el objeto del presente trabajo.

Lo primero que se hacía era explicar cómo está la sociedad actual que está evolucionando desde hace unos años de la sociedad post-moderna a la sociedad post-occidental y consiste en una resistencia -vigilante y recelosa- de todas las agresiones que se supone suscita el progreso de las nuevas tecnologías y de las ciencias programáticas. Especialmente, a causa de la apología de la velocidad contra los valores reflexivos del respeto, el silencio, la soledad, la lentitud, el escrúpulo y la discreción.

El post-modernismo, pese a la acritud con la que había sido discutido, encontró primero su legitimidad en la fórmula expresada por Albert Camus -al final de su discurso- en Suecia, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel en 1957. Camus estimaba que para su generación, lo importante era conservar el mundo más que reformarlo. A partir de esa concepción, todas las variantes de pensamientos y comportamientos han sido concebidas apuntando hacia una especie de progresismo reaccionario o de reacción reformista.

Como decía el intelectual europeo Michel Foucault, él siempre había soñado con poder realizar la síntesis entre el sabio griego, el profeta judío y el legislador romano porque el primero habría aportado La Razón; el segundo la visión del Mal y el tercero el Derecho. Y esto hasta el tiempo en que se intentó otra síntesis -esta si exitosa- entre la Luz de la aportación crítica y las Luces del mensaje revolucionario. Ahora bien, como lamentaba Foucault, estas síntesis son imposibles de realizar en nuestra época e incluso de concebir. Con esta afirmación, vislumbraba ya el otoño de occidente.

Desde todas estas actitudes occidentales, las civilizaciones de los otros continentes no solo eran consideradas mágicas y dignas de una exploración maravillosa sino también contempladas con un sentimiento de superioridad irreprimible. Los viajeros que recorrieron China, la India, Bizancio y el Imperio Otomano, dieron fe de lo contrario. El arte de vivir de aquellos países suscitó admiración y envidia.

De hecho fue hace dos siglos, desde la explosión de su economía, su desarrollo y sus riquezas; cuando los occidentales se replegaron en un islote de arrogancia en el corazón de los océanos de civilizaciones diferentes, a veces para conquistar y a veces a evangelizar. La post-modernidad podía ser entonces un sueño de esteta ante la belleza de los peligros tecnológicos pero aún estábamos en la era occidental.

En ese momento, Europa estaba sufriendo de lleno el final de esa era con el derrumbamiento de sus imperios coloniales y la llegada a su territorio de hombres y mujeres a los que había colonizado y que en razón a su número preferían vivir en comunidades propias, fieles a la cultura de su país de origen.

En 1980, durante la campaña electoral de Francoise Miterrand a la Presidencia de la República Francesa, un cartel que representaba un pueblecito al amparo de una iglesia católica cubrió todos los muros. Miterrand era socialista y en principio anticlerical. Hoy un cartel así no sería posible. Sería juzgado como agresivo y ofensivo para la cada vez mayor colonia musulmana cuando entonces ni las minorías protestantes pusieron objeción alguna.

La era post-occidental está anunciando además la presencia de chinos, indios y brasileños que le están arrebatando lentamente a occidente y por tanto a Estados Unidos antes que a nadie, la centralidad de una civilización que garantizaba su hegemonía intelectual. He aquí que ahora estadounidenses y europeos que juntos representan menos del 20% de la población mundial, están a punto de verse privados de su superioridad material y también militar en nombre de valores que no son los suyos, descubriendo así occidente que sin el poder ya no encarna el ideal.

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática, originó tanto aplausos como críticas, aspecto sintomático de la bipolaridad buscada. Porque esto ha sido intencionado para sacar rédito electoral del pasado. Se trata de un uso torticero de la Historia de España, del dolor ajeno, de víctimas que nada tienen que ver con los políticos que hoy intentan utilizarlas. Todo esto es muy deshonesto.

En su lugar, hubiera sido deseable una ley de víctimas que impidiera los homenajes a los terroristas y la humillación a las víctimas del terrorismo, mientras se penalizaban los homenajes al franquismo. O todos o ninguno porque la división es inmoral. La excusa de la izquierda cavernícola mil veces repetida, ha sido el de potenciar la recuperación de restos humanos de las cunetas. Esa es una cuestión muy importante que todo el mundo va a apoyar, lo que ocurre es que realmente, lo que hay detrás de esto, no es eso. ¿ Por qué se ocultan las fosas comunes halladas -también en las cunetas- de cadáveres de soldados del bando nacional ?. O de simples ciudadanos fusilados por las milicias republicanas, ante las tapias de los cementerios por ser religiosos o de derechas, en la famosas sacas de las clandestinas checas ( lugares donde llevaban detenidas a la gente desafecta con la República y sus abusos ).

Curiosamente, la víspera de votarse esta ley en la Comisión Constitucional, trámite necesario para llevarla al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, el colectivo de presos de ETA, pidió el fin de los homenajes de bienvenida a los presos que cumplen sus condenas. ¿ Casualidad ?. Evidentemente no, porque en menos de un mes se reanudaron. Esto fue un balón de oxígeno que le lanzaron al Gobierno socialcomunista para que pudiera votar cómodamente. Y los engañaron porque a los terroristas no se les debe escuchar.

Detrás de todo esto, lo que hay, es una operación de blanqueamiento de Bildu para que sea aceptada su normalización como actor político, haciéndonos olvidar que esta organización tiene entre sus cargos, a una veintena de condenados por militar en la banda criminal.

Me refiero a la memoria selectiva de esta ley porque se escoge la víctima a proteger. Se protege la memoria de un niño que muere en el bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1.937 y se prohíbe un homenaje a sus autores pero no se hace con los que volaron a un niño de 2 años, hijo de un guardia civil, en Erandio (Vizcaya ) el 6 de noviembre de 1.991; por eso digo que están seleccionando los muertos y no explican por qué unos niños si y otros no. Y si seleccionamos, no es memoria democrática sino selectiva, Y lo hacen en función de la utilidad para ellos. Por eso hay un uso pernicioso del dolor ajeno.

También, la coalición gubernamental coloca el foco en la Ley de Amnistía de 1.977, poniendo en juego la reconciliación de la Transición Política porque hay un ataque directo a este período. Pero tenemos a nuestro favor los hechos, frente a las ocurrencias. Hay cuestiones de la Transición que son indiscutibles porque hay mucha documentación y mucho soporte gráfico. A pesar de que en estos tiempos de posverdad, todo está en cuestión.

El PSOE insiste en que esta ley, reivindica la amnistía pero eso es como sorber y soplar a la vez porque si reivindica la amnistía, no puedes estar hablando de reabrir todo lo anterior. Es totalmente contradictorio y demasiado serio para ir jugando con las palabras.

En solo tres años, Pedro Sánchez ha pasado de prometer que jamás negociaría con Bildu, a pactar con ellos esta Ley de Memora Democrática, incumplimiento que tuvo su coste electoral en las pasadas elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo y que será ampliado en las elecciones generales del próximo 23 de julio. También es una noticia nefasta para los españoles de que no tengamos un partido socialista homologable con el resto de Europa, que ellos sí que no pactan con representantes de terroristas. Iba a decir líquido pero este partido con Sánchez ya no es es que sea líquido, es gaseoso con sus principios.

Esto es posible, por las dinámicas comunicativas y de relato que se han ido imponiendo en la sociedad. Era impensable que a estas alturas del siglo XXI , un político sobreviviera a la cantidad de mentiras e incumplimientos -aunque sean verbales- de sus enunciados. Pedro Sánchez no ha hecho más que imitar a Donald Trump.

Contra todos los históricos del socialismo y del PSOE que se han atrevido a criticar esta ley, el nefasto y antiguo presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, la bendecía. Ahora es el momento de recordarle a esta segunda alma, con estupor, cómo en el atentado de ETA a la Terminal 4, del Aeropuerto Madrid – Barajas, el 30 de noviembre del 2.006, que consistió en la explosión de una furgoneta-bomba que causó la muerte de dos personas, hirió a una veintena y provocó daños importantes en las instalaciones del aeropuerto; su primera reacción fue decir que había sido un accidente, que los terroristas habían matado sin querer, como si las bombas se pusieran para hacer ruido o celebrar una verbena. En esto, el sanchismo está demostrando que es hijo aventajado del zapaterismo al que está sobrepasando ampliamente.

En definitiva, se puede afirmar que este PSOE está traicionando al mejor PSOE que hemos conocido hasta ahora. Es como si Pedro Sánchez apuñalara a Felipe González por consentir que Bildu haya conseguido que el franquismo se extendió hasta 1.983, cuando ya Felipe González estaba gobernando un año y por tanto, era como un franquismo extendido. Este vaciado moral de todo, pudo salvar del apuro coyuntural a Pedro Sánchez pero estoy convencido de que está siendo letal desde entonces. Ha volado todos los puentes, ha cruzado todos los rubicones posibles y estamos en una situación irreversible y Pedro Sánchez lo sabe.

Dentro de unas semanas, el próximo día 23 de julio, se celebran elecciones generales a diputados de las Cortes Generales. Los partidos políticos ya han presentado sus listas de candidatos a ser elegidos. El actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza la del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), formación de la que además es su máximo dirigente con el cargo de secretario general.

Espera ser reelegido como Presidente del Gobierno español a base de alianzas con la extrema izquierda comunista que encabeza esa colección de grupúsculos llamada Sumar. Y si fuera necesario espera contar con el apoyo coyuntural de independentistas, golpistas y filoetarras para determinadas leyes que lo necesiten. Más de lo mismo como en la legislatura que acaba de terminar.

Soy de la opinión de que antes de ir a las urnas, debería de aclarase si el candidato Pedro Sánchez está en condiciones de ser diputado y mucho menos de volver a presidir el Gobierno de España o ser el líder de la oposición. Urge despejar la extendida sospecha de que puede estar siendo chantajeado por una potencia extranjera que todos los indicios reunidos hasta ahora apuntan a Marruecos.

Las razones que se han conocido hasta el momento para pensar que es así, no son nada despreciables. Nunca se ha sabido a que se debió el repentino cambio de la política exterior española hacia esos dos países que forman la mayor parte del Magreb africano: Argelia y Marruecos. Nadie del Gobierno se ha dignado dar las correspondientes explicaciones sobre la crisis que ha desembocado con ambos países y sus consecuencias por haber prestado ayuda humanitaria al dirigente del Frente Polisario Bhahim Galli ¿ Por qué se ha pasado de una posición de respeto del derecho internacional sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental, a otra de apoyo a la ocupación ilegal que Marruecos tiene sobre este territorio desde hace décadas ?.

Argelia, lleva desde el mes de marzo de 2.022 sin su embajador en Madrid como medida de protesta por el cambio de rumbo español en el Sáhara. No contenta con eso, tres meses más tarde, en junio, suspendió el Tratado de Amistad como una medida de presión más en lo que llegó a llamar como la segunda traición histórica a los saharauis. Desde entonces no acepta la repatriación de sus nacionales que han delinquido en España o carecen de la documentación necesaria para estar aquí. Tampoco acepta la devolución de sus ciudadanos que escapan de su país en patera y llegan a las costas españolas.

Los empresarios españoles vienen denunciando todo tipo de obstáculos para sus exportaciones a aquel país. De momento, las ventas argelinas de gas y petróleo hacia España se mantienen aunque se haya cerrado el gaseoducto que pasa por Marruecos desde noviembre de 2.022. Lo que sí ha perdido España es su posición como interlocutor privilegiado en materia de gas en detrimento de Italia y Francia que están consiguiendo nuevos contratos y mejores precios.

Una magnífica investigación periodística llevada a cabo por el periódico digital El Debate, puso de manifiesto hace dos semanas, el pasado día 26 de junio que Pedro Sánchez no envió ninguna carta al Rey de Marruecos para indicarle el cambio de postura de España sobre el Sáhara. La que se conoció, difundida extrañamente desde el país vecino y que luego publicó el periódico amigo El País, en una versión mal traducida del francés al español que pudo elaborarse en Marruecos.

Así se deduce, dada la incapacidad del Gobierno español para hacer pública la supuesta carta original que Pedro Sánchez dijo haber remitido al Rey de Marruecos, para sin el necesario acuerdo del Consejo de Ministros, su obligatorio paso por el Parlamento español, ni el refrendo de S.M. el Rey de España, Felipe VI; todos ellos trámites necesarios y obligatorios, renunciar a la soberanía del Sáhara que nunca fue marroquí y aceptando la ocupación actual por la fuerza.

La escandalosa posibilidad de que Sánchez actuara al dictado del Rey de Marruecos solo unos meses después de haber sufrido un episodio de espionaje en su teléfono móvil que el Parlamento Europeo achaca a la inteligencia marroquí pero que no se ha podido demostrar; cobró fuerza desde el primer momento por la secuencia de los hechos, inédita en las relaciones diplomáticas internacionales, por la difusión que tuvo una Nota de la Casa Real marroquí fechada el 14 de marzo de 2.022 que Sánchez, cuatro días después hizo suya y presentó como propia el 18 de marzo.

En un documento remitido al citado periódico digital el pasado 16 de junio, firmado por la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica del Ministerio de la Presidencia español, se dice que allí no se sabe ni quién, ni cómo, ni siquiera cuando, fue remitida la famosa carta; que en el ámbito del Ministerio no existe documento o contenido alguno que acredite el medio y fecha de remisión de la carta al Rey de Marruecos, como tampoco de la autoridad o funcionario que ordenó y realizó tal remisión. La confesión no se queda ahí solo pues en relación con los informes remitidos al Presidente del Gobierno que justificarían la necesidad de remitir la citada carta, tampoco existen. Todo esto es muy extraño, una escandalosa anomalía.

Pero después de todo esto, creo que falta lo más inquietante. El Presidente Sánchez y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través de sus teléfonos móviles que fueron interceptados por el programa informático israelí Pegasus. Lo proclamó públicamente el Ministro de la Presidencia Félix Bolaños, expresando que la información extraída de los mismos era cuantiosa ( 2,6 gigabytes que equivalen a 15.000 documentos en formato Word, en el caso de Sánchez ).

Nunca se ha conocido el material sensible que contiene y que ha sido extraído por una nación extranjera porque ese sistema de control telefónico solo está disponible para Gobiernos ( España lo tiene ) Todo el mundo está convencido que el el citado material está en manos marroquíes aunque no se haya encontrado hasta ahora pruebas irrefutable sobre ello aunque tampoco lo ha desmentido nadie de manera convincente.

El asunto, como se ve es de extrema gravedad. La duda razonable que implica de lleno al que aspira a la reelección como Presidente del Gobierno debería de quedar completamente despejada antes de acudir a las urnas ya que todavía hay tiempo para ello y oportunidades varias en los debates que se prevén celebrar.

La sospecha del chantaje pone en duda la pertinencia de la candidatura de Pedro Sánchez y él debería de ser el más interesado en aclarar esta situación tan complicada. Con este dilema encima, no está en condiciones de ejercer otra vez la Presidencia del Gobierno español, ni tampoco la actual Presidencia Semestral de la Unión Europea. La cuestión marroquí es mucho más importante que la política de pactos o los debates entre candidatos.

La cuestión migratoria es uno de los asuntos claves en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. El Gobierno español es plenamente consciente de que la implicación marroquí en el control del fenómeno migratorio, tanto en la vigilancia de las fronteras con otros países de origen como en las de las propias costas de Marruecos, está directamente vinculada a la situación diplomática del momento entre ambas naciones y a las cesiones que España esté dispuesta a hacer sobre algunas de las reclamaciones del régimen africano.

Muchas de las partidas para colaborar a controlar el fenómeno migratorio se han aprobado en momentos claves de esas relaciones y siempre coincidiendo con episodios en los que Marruecos ha lanzado señales en las que dejaba claro que el nivel de la ayuda policial por su parte era el que determinaba la presión migratoria hacia cualquiera de los puntos habituales de las costas españolas, tanto de Andalucía como de Baleares y Canarias.

Uno de los hitos que está marcando esta evolución quedó patente en la reunión que mantuvieron en Rabat el 7 de abril del pasado año, entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, de la que surge la declaración conjunta en la que España formaliza su cambio de posición respecto al conflicto del Sáhara Occidental, asumiendo la opción autonomista para la antigua provincia española para la resolución del contencioso.

Desde entonces, lo que estaba siendo un incremento en la llegada de inmigrantes en los primeros meses del año pasado, con respecto al año anterior y que llevaba camino de conseguir cifras récords en este sentido, sufrió un cambio notable de dirección hasta alcanzar un descenso importante al acabar el 2.022. Las cifras así lo atestigüan: las pateras descendieron un 25,3% en la Península y Baleares y un 29,7% en Canarias. Los datos del primer trimestre de 2.023 van también en esa línea, con un descenso del 50% en comparación con 2.022. En los tres primeros meses de este año han llegado 4.287 personas de manera irregular por los 8.727 que lo hicieron en igual tiempo de 2.022

España ha aprobado desde 2.019, 123,3 millones de euros para entregar a Marruecos en concepto de ayuda para el control de los flujos migratorios desde el país vecino hacia las costas españolas. La mayoría de las veces, han sido decisiones del Gobierno español en períodos en los que la llegada de inmigrantes estaba siendo más intensa y se percibía una menor implicación marroquí en el control de fronteras y de vigilancia de las costas africanas.

La primera de las cantidades aprobadas por la coalición socialcomunista que gobierna España con esta finalidad, ascendió a 23,3 millones en 2.019, cuando se reactivó la ruta canaria con pateras. La segunda, se consignó en 2.020 en plena pandemia china y fue entonces de 30 millones. Cantidad que se repitió al año siguiente, en 2.021, esta vez coincidiendo con la crisis diplomática desatada por la llegada a España del dirigente del Frente Polisario, Brahim Galli en abril, para ser atendido en un hospital de Logroño de una grave afección respiratoria. Esta tercera entrega se aprobó al mes siguiente de este suceso, en mayo, dias después de la fracasada invasión pacifica de Ceuta de más de 10.000 marroquíes, alentada por las autoridades de ese país y que incluía a numerosas familias completas, a menores y a adolescentes.

La cuarta de las ayudas, también de 30 millones, se aprobó en octubre de 2.022 ya en plena normalización de las relaciones diplomáticas y como paso previo a la reunión ahora celebrada los dias 1 y 2 de febrero. El dinero iba destinado a contribuir a sufragar los gastos de los despliegues operativos de patrullaje y vigilancia de fronteras marítimas. También incluía el coste del mantenimiento de los materiales empleados por los agentes marroquíes y las dietas ocasionadas durante el desarrollo de las operaciones de lucha contra el tráfico ilegal de personas.

Para combatir la inmigración procedente de los demás países africanos existen otros programas de colaboración con los países originarios a lo que se dedican entre 12 y 15 millones anuales.

Por otro lado, Marruecos tiene asignado un paquete de 500 millones de euros por parte de la Unión Europea para tratar de frenar la inmigración ilegal entre 2.021 y 2.027 y que supone un aumento del 50% respecto de lo que venía recibiendo anualmente hasta entonces. Esta cantidad es considerada como totalmente insuficiente por las autoridades marroquíes, cifrando en 425 millones anuales los que necesitarían para hacer frente a la presión migratoria de sus propias fronteras y que se traslada a Europa, tanto por el Mediterráneo como por Atlántico. Fuentes españolas saben que la valoración marroquí dobla el gasto real de los efectivos policiales destinados a estos menesteres.

Con arreglo a lo ocurrido hasta ahora, las relaciones con Marruecos hay que verlas siempre con prudencia y con recelo debido a las reacciones arbitrarias y caprichosas de su Gobierno con respecto a España y a la Unión Europea en cuanto que no consigue sus propósitos en los principales asuntos con los que mantiene divergencias, sean asuntos inmigratorios, delimitación de aguas fronterizas, el fururo del pueblo saharaui o los acuerdos agrícolas o pesqueros.

Lo razonable que se intente mantener unas buenas relaciones con un país vecino de todo tipo: políticas, sociales y económicas pero tienen que ser mutuas y respetuosas. Sin embargo, lo que se ha conocido hasta ahora son prácticas indeseables, impropias de dos Estados y claramente chantajistas.