De los muchos momentos graves que tuvo que superar la Transición Política Española, probablemente los hechos ocurridos en aquella semana de finales de enero de 1977 fueron los peores ya que amenazaron muy seriamente la continuidad de aquel camino hacia la democracia, iniciado el año anterior con la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976.

Durante esos siete dias, se produjo una ofensiva criminal que colocó a la incipiente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de una serie de episodios ocurridos todos ellos en Madrid, de la envergadura del secuestro de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa; el asesinato de los abogados laboralistas de la Calle de Atocha; la muerte del estudiante Arturo Ruiz por los disparos de un ultraderechista y el fallecimiento de la joven universitaria, María Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo de la Policía. Como se puede apreciar, España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz de la propaganda del régimen franquista.

En el primer gobierno de Adolfo Suárez, se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución Española. En aquel entonces, el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración Local y la gestión de las libertades ciudadanas ( asociaciones, reuniones y manifestaciones ).

Ese ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que excepto los cuatro ministros militares, no habían participado en la Guerra Civil Española aunque muchos de ellos habían tenido puestos destacados en los distintos gobiernos del general Francisco Franco.

Este gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente, en que ese día ETA asesinó a tiros en San Sebastián, al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce Villar, junto con su chófer y los tres Policías de escolta. Al funeral de las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo religioso, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al Sol entre gritos de ¡ Ejército al poder !.

Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación cargada de tensión. Por aquel entonces, no era todavía un gobierno democrático sino salido de la legalidad franquista. Y seguramente, también eran sospechosos de ser incapaces de garantizar el orden y la seguridad pública.

Tuvo como precedente de lo anterior que el 8 de septiembre, el Presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una posible legalización del Partido Comunista de España ( PCE ). Esa fecha clave, puso a España al borde del abismo.

El 12 de noviembre de 1976, hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que entre otras, agrupaba a Comisiones Obreras ( CC. OO ); Unión General de Trabajadores ( UGT ) y Unión Sindical Obrera ( USO ). Era claramente un huelga política y como tal, el gobierno fue beligerante e hizo cuanto pudo para que España no se paralizara ese día. La administración pública funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el gobierno era capaz de mantener el orden público y hacer que el país trabajara con normalidad. Esa imagen de firmeza y eficacia era muy significativa para convencer a la población de que Suárez tenía la situación bajo control y era merecedor de la confianza popular.

Aunque ningún gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, en aquel caso era valioso hacerlo para evitar que las personas de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus gobiernos no supieron mantener el orden público.

El 11 de diciembre, un comando del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ( GRAPO ) hizo prisionero ( secuestró ) a Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo terrorista de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al gobierno. Este secuestro produjo una reacción sorda pero dura del mundo político que puso una vez más contra las cuerdas a Adolfo Suárez.

El 15 de diciembre, se celebró el referéndum para la Reforma Política proyectada por Suárez y obtiene el respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que se quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.

Pero España vivía al borde del infarto. Para mayor inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y mejoras laborales. Ante este nuevo pulso, el gobierno respondió con un gesto de dureza destituyendo a toda la cúpula policial el día 22 de diciembre, horas antes de la detención de Santiago Carrillo, secretario general de PCE en Madrid cuando iba disfrazado con una peluca.

Las tensiones no disminuían desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Cuando la nueva dirección policial analizó el estado de las investigaciones sobre el secuestro de Oriol, concluyó que estaban llevándose de manera desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Se designó al comisario Roberto Conesa, entonces Jefe Superior de Policía de Valencia que durante muchos años había sido jefe de la Brigada Político Social y conocido cazarrojos. Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore de acuerdo con la ley de Murphy. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la aún débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPOS, un ultraderechista mató a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación pro-amnistía en la Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara un impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para disolver la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por la muerte de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el gobierno de Suárez que parecía acorralado por los acontecimientos como si una mano negra moviese los hilo para desestabilizarlo.

Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad española desconcertada: el teniente general, Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio madrileño. Los GRAPOS, que mantenían aún en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco -la balbuceante democracia- que pilotaba Suárez. El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político sino también al militar que era lo que se buscaba.

Pero aquel día no acabaría ahí porque unas horas más tarde la sangre volvió a correr en Madrid. Un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid y abrió fuego a discreción. En aquel ataque indiscriminado murieron cuatro abogados y un administrativo, resultando heridos de gravedad otros cuatro letrados más. Fue una semana negra. La investigación de este execrable hecho fue encomendada al comisario Francisco de Asís Pastor, no al comisario Conesa que bastante tenía con los GRAPOS.

Al entierro de los juristas, asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el entonces Rey Juan Carlos I estuvo presente en aquel evento sobrevolando a la multitud en un helicóptero según se reveló años después.

El 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel en el que había entrado la Transición Política. El equipo policial investigador que había formado el comisario Conesa, dirigido por el inspector Antonio González Pacheco, más conocido por el rojerío de la época como Willy El Niño, lograron liberar a Oriol en un piso de Vallecas y al general Villaescusa en otro de Alcorcón, donde estaban siendo custodiados por los GRAPOS.

Un mes después, el otro equipo investigador que había formado el comisario Pastor, detuvieron a los asesinos del caso Atocha. Todos ellos pertenecían a la derecha política de ideología extremista y eran muy significados. Esta desarticulación hizo que los grupos de la extrema derecha se vinieran abajo.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 -más de 40 años después de las últimas celebradas en España- suponían que los españoles volvían a decidir su destino en las urnas. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, la población apostó por la moderación al primar a los partidos políticos de centroderecha y de centroizquierda.

Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en Presidente de Gobierno con 166 diputados, mientras que Felipe González dirigiría la oposición con sus 118 escaños. Martín Villa siguió en el gobierno, ahora con el bautizado Ministerio de Interior.

Todos los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por este nuevo gobierno -hubo tres amnistías- fueron para que España navegara hacia la normalización pero la travesía aún tendría muchas turbulencias, como la furibunda actividad de ETA y los GRAPOS; la oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y finalmente, el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.

El Centro  de  Salvamento Marítimo de Tarifa ( Cádiz ), tiene asignada como zona de operaciones todo el sur de España, desde Ayamonte ( Huelva ) a Almuñécar ( Granada), gestionando el tráfico de barcos y todas las labores de rescate en un área de 30.000 kilómetros cuadrados y 500 kilómetros de longitud de costa. Algunos puntos geográficos quedan tan al sur que están muy cerca de la costa marroquí y las pateras los llaman para avisarles de que están a la deriva, hallándose todavía muy cerca de Marruecos.

Desde el Centro de Control de este organismo se ve la costa marroquí como una extensión de mar que parece pequeña y fácil de atravesar incluso a remo. Nada que ver con la realidad. El tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar es muy intenso con miles de buques de todo tipo que lo cruzan al año en ambas direcciones y a todas horas. La profusión de los vientos es de tal magnitud que logra suspender – con bastante frecuencia- las líneas regulares marítimas que cruzan las dos orillas del Estrecho.

En lo que afecta a la zona de operaciones del angosto mar, lo normal es encontrarse de madrugada con las pateras que esa misma noche han salido de las distintas playas de la provincia de Tánger ( Achankkar, Malabata, Sid Kankouche, Ksar y Dalia ). El recorrido por el agua les suele llevar varias horas remando y achicando el líquido elemento al mismo tiempo, a lo que hay que sumar los vómitos hacia dentro de la barca porque si lo hacen hacia fuera corren el riesgo de volcar dado el exceso de pasajeros que suele ser cuatro veces mayor al de su capacidad.

No es fácil encontrarlos porque el conocido y habitual viento del Estrecho provoca un fuerte oleaje que no hace más que subir y bajar las pateras y hay que tener mucha agudeza visual para verlos. Por eso los viajeros de la patera no paran de buscar el buque naranja ( color de las embarcaciones de Salvamento Marítimo ) porque saben que si los encuentran su pesadilla ha terminado.

Los barcos naranjas son un  símbolo de esperanza para los miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que cada año cruzan el Estrecho. Su rescate supone ser arropados con mantas, recibir café, barritas energéticas y hasta un « paquete de náufrago » formado por ropa seca, chanclas y productos de aseo que buen número de ellos no sabe que es, ni utilizar.

Cuando estos inmigrantes llegan al Puerto de Tarifa, los servicios sanitarios de la Cruz Roja les hacen un examen médico superficial para comprobar su estado de salud, derivando a los que presentan alguna dificultad al hospital de referencia. Después pasan a las dependencias policiales para tratar de identificarlos al ir desprovistos -intencionadamente- de documentación alguna. Nunca dicen ni su verdadero nombre ni su país de origen para obstaculizar la ejecución de las órdenes de expulsión que se les aplica en virtud del ordenamiento jurídico vigente. Como no lo revelan, terminan con una orden de salida obligatoria a ninguna parte, lo que les aboca a una irregularidad permanente.

En el pasado 2023, ha sido notable el aumento de llegadas ilegales por vía marítima a la Península a través del Estrecho de Gibraltar de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, 15.435 inmigrantes alcanzaron territorio español, por los 12.955 que lo hicieron en 2.022. Lo que significa un 19,1% más pese al acuerdo de colaboración con Marruecos y los centenares de millones de euros que recibe el país africano, tanto desde la Unión Europea (UE) como del Gobierno español, para controlar sus propias costas.

Los Cuerpos Policiales del mundo occidental llevan más de dos décadas experimentando con sistemas predictivos de la criminalidad, apoyados en el análisis de datos y la inteligencia artificial. Este tipo de herramientas están muy implantadas en los Estados Unidos y en China pero también tienen presencia en países como Reino Unido, Alemania y Suiza.

Su objetivo es establecer los puntos negros del crimen para desplegar las patrullas policiales de forma más eficaz. Uno de los efectos perversos de estos sistemas es que tienden a sobrecriminalizar los barrios más pobres. Ello es debido a que la alimentación de datos de los algoritmos se basan -principalmente- en las detenciones, luego la conclusión reclama más vigilancia en las zonas donde se producen esas intervenciones, lo que a su vez provoca más detenciones aún.

Acabar con este círculo vicioso es complicado. Algunos operadores han tratado de salirse de ese método, nutriendo el sistema con datos de denuncias. Es el caso de la herramienta Predicción Policial ( Pred Pol ), una de las más populares en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta las denuncias de las víctimas -aseguran- se obtiene una imagen más nítida de la delincuencia y se eliminan los posibles prejuicios que puedan llevar a la Policía a realizar más actuaciones en unos barrios concretos como los habitados por negros mayormente. Esos esfuerzos se han mostrado inútiles porque se cometen los mismos errores y lleva al mismo despliegue inadecuado de las patrullas policiales.

Estos sistemas informáticos no son ninguna novedad y llevan ya muchos años operando. En 1998, el 36% de los departamentos policiales de Estados Unidos decían tener la información necesaria y la capacidad técnica de generar mapas digitales de criminalidad. Pocos años después, el 70% de ellos decía usar esa cartografía para identificar los puntos negros. Las versiones más modernas que se conocen de estas primeras herramientas de vigilancia policial se remontan al año 2008, cuando el Departamento de Policía de Los Angeles ( LAPD ) empezó sus propios planes, siguiéndole a continuación la Policía de Nueva York ( NYPD ).

Diversos estudios universitarios han acreditado los problemas que plantea la aplicación de algoritmos predictivos en la actividad policial. Uno de los primeros sistemas de este tipo en salir a la luz fue el que puso en marcha la ciudad de Chicago en el año 2013, donde un algoritmo identificaba a potenciales delincuentes analizando datos de detenciones y la agenda de relaciones tanto de autores como de víctimas.

El objetivo era poner en marcha programas de servicios sociales preventivos con quienes el sistema detectaba que podían delinquir. Fue un fracaso. No solo desde el punto de vista de la eficiencia ya que no ayudó a que cayera la criminalidad sino que además la población negra quedaba sobrerrepresentada en las estadísticas.

En el año 2010, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que el Departamento de Policía de Nueva Orleans ( NOPD ) debía de ser reformado casi a cero tras detectar anomalías graves: se encontraron pruebas de varios incumplimientos de leyes federales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza; detenciones ilegales y discriminaciones por raza y orientación sexual.

A estas alturas, ya está demostrado que estos algoritmos usados por la Policía norteamericana producen desviaciones que llevan al racismo y perjuicios a los más pobres. Muchas de las prácticas policiales irregulares se deben a estos sesgos ya que distorsionan -gravemente- los datos que se recogen. Si el sistema no se reforma, especialmente en cuanto a su suministro informativo aumentará el riesgo de causar más daño que beneficio a la justicia y a la sociedad. De ahí que las principales empresas del sector traten de corregir estos defectos si es que quieren seguir vendiendo sus herramientas sin que la sociedad se les eche encima, tarea que probablemente no sea posible.

También se han analizado las pruebas de la instalación de este algoritmo en la capital colombiana, en Bogotá. Su elección se debe a que es una de las pocas ciudades del mundo que publica estadísticas de denuncias por barrios y que actualmente trabaja en la implantación de uno de estos sistemas predictivos. Cuando cruzaron los resultados de su modelo con los datos reales de delitos, detectaron errores de bulto. Las áreas de mayor criminalidad son las que presentaban menos denuncias y no se identificaban como puntos negros, en cambió si aparecían como tales las zonas con delincuencia media o baja pero con muchas denuncias. Algunos barrios necesitaban tener la mitad de los delitos que otros para que el sistema previera que se trataba de un punto negro.

Esta disfunción es explicable porque la estadística de los delitos cometidos no refleja exactamente la distribución real de la criminalidad puesto que la disposición a denunciar las infracciones ante la Policía, es diferente según el barrio de que se trate. Desde la mentalidad norteamericana, es común que un blanco denuncie a un negro o que un negro denuncie a otro negro pero no tanto que un negro denuncie a un blanco.

¿ Cuál sería entonces la solución ?. ¿ Hay algún modo de que los algoritmos predictivos policiales no encasillen -todavía más- a los más desfavorecidos ?. La única forma es no usarlos, sería la conclusión final.

Gracias al Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ) la población española se enteró que 44 personas que formaban las lista de Bildu en el País Vasco y en Navarra, a las elecciones autonómicas, forales y locales del pasado 28 de mayo, estuvieron condenados en el pasado por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA y siete de ellas lo fueron por asesinato.

Esta decisión, provocó todo tipo de reacciones por parte de las diferentes organizaciones políticas fuera y dentro del Congreso de los Diputados. Bildu justificó su actitud porque estas personas tenían intactos todos sus derechos, incluidos los políticos y se extrañaba del extremado nerviosismo que mostraba la sociedad española por esta decisión, pese a que esas listas pasaron por la Junta Electoral que no puso ninguna pega.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López dijo que no iba a valorar este hecho que no le gustaba nada. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no respondió cuando le preguntaron sobre este asunto, a la salida de un Pleno. Tampoco quisieron pronunciarse sobre este tema las entonces ministras socialistas, Isabel Rodriguez, Pilar Llop y Pilar Alegría al ser preguntadas por ello en los pasillos del Congreso.

Lo que ocurrió de verdad es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez renunció a impugnar la designación de estos 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, a pesar de que la Ley de Partidos considera esta decisión – textualmente- como causa de ilegalización.

Así consta en un escrito en posesión del periódico digital El Debate, firmado por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, fechado el pasado 22 de mayo, en el que reconoce literalmente que no existe documento o contenido en poder de ese órgano que recoja algún intento de Sánchez de frenar la intentona del partido de Arnaldo Otegui por situar a antiguos terroristas en instituciones municipales del País Vasco como cargos públicos.

En el mismo documento, los responsables jurídicos de La Moncloa reconocen también que el Gobierno no ha movido ni un dedo para activar la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3c) de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos por incluir en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA.

La legislación vigente, daba a Sánchez una opción para combatir la decisión de Bildu de premiar a terroristas con algún cargo público, activando uno de los apartados que regulan el funcionamiento, los principios y hasta los representantes de los partidos que quieran participar en la competición electoral para impulsar la ilegalización de partidos que incumplan ese precepto:

Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Bildu se saltaba esas obligaciones de manera ostentosa y casi en su totalidad: ha incorporado a David Pla, el último jefe de ETA a la dirección de Sortu, la formación dominante en Bildu de manera casi hegemónica; nunca ha condenado el terrorismo más allá de mensajes de condolencia a las víctimas y además promociona a etarras en sus candidaturas electorales. es decir, incumple tres de las causas descritas de ilegalización.

Pese a ello, ni el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha hecho nada por frenar ese despliegue de sintonía entre la heredera de Batasuna y los terroristas presos más allá de una queja retórica sobre la decisión de su aliado que no ha incluido el intento de evitar el numerosos desembarco de etarras -algunos de ellos con delitos de sangre- en los Ayuntamientos vascos y navarros.

Tan es así que el Gobierno de Sánchez reconoce en el mismo documento que ha conseguido El Debate que carece de copia de los informes, estudios, previsiones de actuaciones futuras y previsibles consecuencias, encargadas por el Presidente del Gobierno, referidos a la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu.

Conviene recordar a estos efectos que en octubre de 2021, el partido que dirige Arnaldo Otegui, dejó bien claro que respaldaría a Sánchez si con ello lograba sus objetivos: Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. Una declaración de intenciones que amplió a la siguiente legislatura reconociendo que a cambio de facilitar la salida de los miembros de ETA, facilitaría la supervivencia de Sánchez al frente de un Gobierno de coalición.

En paridad y ya como es público y notorio, Sánchez devolvió los favores cediendo a la autonomía vasca las competencias penitenciarias para una vez finalizado este proceso, trasladar allí a los presos terroristas y facilitar su acceso al régimen de semilibertad ( tercer grado ), negado en sus cárceles de origen por no reunir las condiciones para ello.

En las pasadas elecciones municipales, Bildu obtuvo 50,000 votos más que en las locales anteriores, de 2.019; se impuso en Vitoria y logró superar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) en número de concejales. También logró que una docena de ex-presos de ETA fueran elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Dos de los siete terroristas con delitos de sangre que iban en las listas electorales, salieron elegidos.

El primero de ellos, Juan Carlos Arriaga había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del empresario y antiguo comandante retirado del Ejército, Jesús Alcocer Jiménez, el 13 de abril de 1.984, en Pamplona y de los policías nacionales, Juan José Visiedo y Tomás Palacín que perdieron allí la vida tras explotar el coche bomba en que habían huido los terroristas que habían matado a Alcocer. Aquel fue el día más trágico que hasta entonces ETA había actuado en Pamplona con el asesinato de tres personas en pocos minutos.

Durante al menos 5 años, los comandos de ETA trataron de matar a Jesús Alcocer, dueño de tres supermercados y que había sido comandante del Ejército. La banda terrorista había puesto también una bomba en uno de sus negocios, otro artefacto en su coche y lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros. Todos estos fueron atentados frustrados hasta la madrugada 13 de abril de 1984 cuando dos terrorista de ETA fueron a buscarlo a Mercairuña ( MercaPamplona ) donde Jesús Alcocer iba por género para sus negocios y le dispararon dos tiros en la nuca que le causaron la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en soledad, durante casi dos horas, tapado por una manta, hasta que llegó el juez y ordenó el levantamiento de su cadáver. Dejaba viuda y cuatro hijas. Ahora tendrán que ver al que planeó el asesinato de su padre como concejal de la lista de Bildu en el municipio de Berrioplano ( Navarra ).

La segunda que resultó elegida concejal en Errezil ( Guipúzcoa), Begoña Uzkudun, fue condenada a 19 años de prisión como cómplice en el asesinato del exconcejal de la Unión de Centro Democrático ( UCD ) en Azcoitia ( Guipúzcoa ), José Tomás Larrañaga Arenas, el 31 de diciembre de 1.984. Tenía 58 años, estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como secretario judicial aunque lo compaginaba con actividades empresariales. Fue concejal en su pueblo y Jefe Provincial del Movimiento Nacional en Guipúzcoa. Durante la Transición Política militó en la Unión de Centro Democrático ( UCD ) del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

José Tomás sufrió varios atentados hasta que ETA consiguió acabar con su vida. El primero tuvo lugar el 13 de abril de 1.978. Aquel día salía de un bar hacia las 10,30 horas de la noche para ir a su casa cuando miembros de un comando etarra le dispararon desde un coche robado. Fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha pero sobrevivió. Casi dos años después, el 11 de abril de 1980 volvieron a atentar contra él cuando salía de nuevo de un bar y tres terroristas volvieron a dispararle desde otro vehículo. Los disparos le alcanzaron el pecho y lo hirieron gravemente.

Cuando consiguió recuperarse, abandonó su localidad natal y se fue a vivir a Logroño aunque volvía a Azcoitia en las fechas señaladas para visitar a su familia. En las navidades de 1984 regresó para pasarlas con su familia hasta el fin de año. A las 9,20 de la noche salió de un bar con unos amigos cuando fue tiroteado de nuevo por los miembros de un comando de ETA. Murió en el acto a consecuencia de los seis disparos recibidos. Presentaba cuatro tiros en la cara y fue rematado ya en suelo con otros dos titos en la cabeza,

Los siete candidatos con delitos de sangre que figuraban en las listas electorales de Bildu en las pasadas elecciones municipales, se comprometieron a no tomar posesión de sus cargos si resultaban elegidos, después de que la asociación de víctimas del terrorismo COVITE denunciara su inclusión en las candidaturas de la formación vasca. El compromiso de renuncia se materializó el 17 de junio pasado cuando se constituyeron los Ayuntamientos y tanto Begoña Uzkudun como Juan Carlos Arriaga renunciaron a tomar posesión de sus actas de concejales y dejaron paso al siguiente de la lista electoral.

Las oficinas centrales del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) se encuentran en la madrileña calle De Ferraz, a la altura del número 70, donde desde el pasado día 3 de noviembre miles de personas se concentran a diario como medida de protesta por el acuerdo suscrito entre los partidos políticos PSOE y los golpista de Juntos por Cataluña que ha permitido una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. Para lograrlo se ha pagado un precio muy alto consistente en una amnistía para aquellos que se querían separar ilegalmente de España y la concesión de una serie de privilegios -principalmente económicos- que están dividiendo a los españoles.

Estas protestas iniciadas de manera espontánea y realizadas pacíficamente por ciudadanos anónimos, han ido aumentando en el número de asistentes y también en la agresividad y violencia a cargo de jóvenes a los que se les podría calificar de estética ultra.

Estos últimos dias, se están produciendo altercados con la Policía, a la que atacan con lanzamiento de botellas y envases metálicos de refrescos; adoquines de la calzada: papeleras arrancadas de sus soportes; incendian contenedores de la basura, pretendiendo así sobrepasar las vallas policiales de contención de masas. Pese a todos estos desórdenes públicos y vandalismo contra el mobiliario urbano, no parece haber unidad de acción entre los que protestan.

Parece que lo que se busca es el enfrentamiento con la Policía para descargar esa rabia contenida que se lleva acumulada durante estos meses de crisis política y como respuesta a estas agresiones no cabe más reacción que defenderse como saben hacerlo y está estipulado: cargas policiales, lanzamiento de botes de humo o gases lacrimógenos…materiales de dotación todos ellos; para obligarles a disolverse ya que desobedecen las instrucciones que se le dan por megafonía y no puedan sobrepasar la línea de Policía que supondría el asalto, saqueo y posterior incendio de la sede socialista.

El resultado de todos estos incidentes son detenciones diarias de manifestantes cada vez más jóvenes -menores incluidos- y policías heridos en el ejercicio de su labor profesional. Con coberturas informativas -sobre todo televisivas- que tratan de ser imparciales, recogiendo toda la cadena de acontecimientos desde el inicio hasta el final, desde la provocación hasta sus consecuencias aunque lamentables y sorprendentes para la audiencia televidente.

En la primera línea de la congregación multitudinaria y frenados por el vallado policial, se suelen colocar los elementos más extremistas para tratar de romper el cordón policial. En este punto se suele generar bastante tensión con otros manifestantes contrarios a las proclamas ultras que profieren esos cachorros de grupos conocidos y muy minoritarios de la extrema derecha española ( Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Facta y otros ).

Hay que destacar que de todas estas concentraciones solo se han comunicado dos a las autoridades pertinentes -como exige la ley- para adoptar las medidas necesarias que no alteren la convivencia ciudadana y por lo tanto las restantes celebradas entraban en la ilegalidad. Mientras sean pacíficas, la Policía adopta una postura expectante y trata de salvar la situación pero cuando empiezan los ataques con lanzamiento de toda clase de objetos con el propósito de hacer daño o provocar lesiones, se debe de proceder a su disolución con el empleo de la menor fuerza posible y con arreglo al protocolo establecido para estos casos que indica la proporcionalidad requerida. A continuación, hay que identificar y detener a los elementos que más se hayan destacado junto con sus promotores.

Altos dirigentes del partido político Vox, entre ellos su Presidente Santiago Abascal, se han sumado en varias ocasiones a las concentraciones defendiendo a los participantes de las mismas entre los que se encontraba Revuelta, su organización juvenil. También su sindicato Solidaridad acabó la manifestación alli tras recorrer varias calles de Madrid, el pasado viernes día 24 como colofón a su convocatoria de huelga general.

Uno de los dirigentes de esta ideología, en algún momento se ha encarado con los policías que estaban desplegados en la calle De Ferraz a los que reprochaba una actuación desproporcionada. Varios sindicatos policiales le han pedido a Vox que deje de coaccionar a los policías que protegen la sede socialista.

La intervención policial que a diario se nos sirve en los diversos medios de comunicación social es de carácter riguroso y muy profesional, con unidades especializadas muy curtidas ante estas situaciones de control de masas y que tienen acreditada una dilatada experiencia con estricto cumplimiento de sus deberes recogidos en la normativa vigente.

No hay, ni se consentiría ninguna injerencia política en el desarrollo de su actividad por más que algunos se empeñen en lo contrario. No son robots inhumanos sino personas muy bien formadas para la misión que desempeñan y de muy difícil manipulación por no decir imposible. Podrían desobedecer una orden manifiestamente ilegal porque ese supuesto está contemplado en la legalidad vigente y los ampara. Tampoco ha habido queja sindical alguna de las propias organizaciones policiales que están muy pendientes y preocupados por las actuaciones que se llevan a cabo ante el emplazamiento socialista desde el punto de vista técnico-profesional.

La Asociación Policías por la Libertad, compuesta por miembros de los distintos Cuerpos Policiales de ámbito territorial nacional, regional y local, ha realizado una convocatoria de concentración ante la sede socialista, para el próximo día 29 de este mes para defender el Estado de Derecho y expresar su opinión en contra de la amnistía. También se pretende que sea un recordatorio de la importancia de la participación ciudadadana en la preservación de los principios fundamentales de la democracia y de la legalidad.