Desde que llegan a España los inmigrantes ilegales, se ven atrapados en un laberinto burocrático que es el Reglamento de Extranjería, del que esperan salir mediante la regularización extraordinaria anunciada por nuestro generoso Gobierno social-comunista, a principios de año. Centenares de miles de personas están a la expectativa de lograr un permiso de trabajo y residencia. El proceso nace de la recuperación por Podemos de una Iniciativa Legislativa Popular ( ILP ) -aunque no lo reconozcan- impulsada por entidades sociales, agrupadas en la plataforma ‘RegularizaciónYa’ y que dormía el sueño de los justos en algun cajón del Congreso de los Diputados

Cuando plantearon la medida los cachorros comunistas, sus cálculos -intencionadamente a la baja- eran que unos 500.000 emigrantes podrían lograr papeles; hoy, entidades como Funcas -fundación independiente- han actualizado la cifra y la elevan hasta 840.000 inmigrantes potencialmente beneficiados. Para proyectar el dato, desde esta entidad han cogido la lista de personas empadronadas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) –que pueden tener permiso de residencia o no- y se resta de las personas que tienen permiso de residencia, de estudios o por asilo. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar el proceso, afirman carecer de información al respecto en una nueva mentira piadosa. ¡ Dejarán de saberlo !. El portavoz del grupo de extrema izquierda Podemos en una entrevista realizada en Radio Nacional de España también afirmó que, en realidad, serían 800.000 o más los extranjeros afectados.

¿Quiénes son, dónde viven y de dónde vienen?, El perfil mayoritario es el de una persona originaria de Hispanoamérica, que ya está viviendo aquí y que tiene una red social, de familiares y/o amigos, que lo apoya, según explica la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar. “Los más numerosos nacieron en Colombia, Perú y Honduras. Son jóvenes, en edades laborales activas, mayoritariamente ya están ocupados en la economía informal, en empleos poco remunerados y de baja cualificación”, detalla. Si reproducen el patrón de los emigrantes que hoy sí tienen papeles, la mayoría viven en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Actualmente, España es una de las economías que más crece de todo el Viejo Continente y gran parte de esa bonanza se explica por la intensa incorporación de personas nacidas en el extranjero. En los últimos cinco años, se han creado en España 2,4 millones de empleos en la economía formal, de los cuales el 39% los han ocupado emigrantes. Los nacidos fuera de España pero que cotizan en España ya superan los tres millones de personas y la regularización anunciada por el Gobierno promete disparar la cifra.

“La gran mayoría de emigrantes en situación irregular entran en España a través del aeropuerto de Madrid- Barajas. Desde prácticamente toda la América hispana pueden acceder a España sin visados, como turistas. Aquí, encuentran un mercado laboral que demanda gente y gran parte de los que vienen ya tienen un familiar o un amigo que les recibe. El recorrido inmigratorio lo tienen hecho”, explica la investigadora de Fedea y profesora de la UCM Claudia Finotelli.

Esta especialista en gestión de extranjería señala la evidente mejora que experimentarán las vidas de aquellos que acaben acogiéndose a la regularización, ya que obtener un permiso de trabajo les permite –que no garantiza- conseguir un empleo con unos mínimos y una vez legalizados “la evidencia empírica señala que la gran mayoría ya no vuelven a la irregularidad”. No obstante, también señala las contradicciones que le supone al Estado tener que recurrir a una medida extraordinaria como esta.

Lo cierto es que durante años, el modelo de extranjería ha perdido eficacia. El arraigo social exigía -tradicionalmente tres años de invisibilidad- y dos desde el año pasado; el arraigo laboral era casi inaccesible; la contratación en origen se había convertido en una ficción administrativa. Las Oficinas de Extranjería acumulaban retrasos increíbles y la irregularidad sobrevenida se multiplicaba. Cuando cientos de miles de personas viven en la ilegalidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural: es el síntoma de un sistema que ya no puede gobernar la realidad que debe regular».

“Sánchez ha aprendido la lección de Zapatero y ha dado más tiempo a presentar papeles y no requiere contrato de trabajo previo, lo que dejaba la regularización en manos de los empresarios. Desde la izquierda se piensa en que no nos podemos permitir una economía sumergida ante el reto demográfico que tenemos por delante”,

“Es un parche para resolver un modelo de captación de mano de obra extranjera que es muy deficitario y que alimenta una economía que depende de sectores muy volátiles y precarios y necesita incorporar a mucha gente que cobre bajos salarios”, afirma la investigadora de Fedea. «No le veo sentido al debate entre regularización sí o no, deberíamos reflexionar sobre qué tipo de modelo productivo queremos», añade.

Mayoritariamente, los informes coinciden en señalar que la regularización supondrá una mejora para las condiciones de vida de los potenciales beneficiados, aunque no está claro que todas las personas que tengan derecho a legalizarse acaben aflorando a la economía formal y una parte seguirá en la economía sumergida.

Las empresas ven con buenos ojos la medida, especialmente las de la construcción, el campo, el transporte, la hostelería o el cuidado de personas, sectores donde la población emigrante legal ya está hoy sobrerrepresentada. La legalización les habilitará de más mano de obra en un contexto en el que, pese a las todavía altas tasas de paro, lamentan falta de personal en distintas profesiones, habitualmente las peor remuneradas.

No obstante, economistas y sindicatos advierten de que no todas las empresas o particulares que hoy dan empleo informal querrán asumir los costes derivados de contratar a esas personas, como pagar cotizaciones sociales o reconocerles derechos básicos como bajas por enfermedad, vacaciones o prevención de riesgos laborales, entre muchos otros.

Los sindicatos ya están preparando campañas para tratar de organizarlos y que esta oportunidad suponga una mejora de sus condiciones y les permita consolidar una carrera profesional a medio y largo plazo en España. La legalización de estas personas no supondrá un tapón o una mayor competencia para la población nacida aquí a la hora de encontrar un trabajo, “ya que gran parte de las profesiones que hoy copan los emigrantes son profesiones a las que los autóctonos no quieren acceder y para las que están sobrecualificados”, explica la directora de Estudios Sociales de Funcas.

La Seguridad Social arrancó 2026 con 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, tras sumar 195.129 cotizantes en el último año. Detrás de esa cifra hay un protagonista claro: los trabajadores venezolanos, que se han convertido en el colectivo que más crece en términos absolutos y relativos. Los afiliados procedentes de Venezuela aumentaron en 34.651 personas respecto a enero del año anterior, un 19,7% más, hasta alcanzar los 210.984 cotizantes. El avance coincide con el nuevo escenario político abierto tras la caída del tirano Nicolás Maduro. Parte del colectivo ya residía en España, pero el contexto reciente ha acelerado procesos de regularización e integración en el mercado de trabajo.

El liderazgo venezolano se asienta después de que el mes pasado adelantaran a sus vecinos colombianos, que eran los que más nuevos empleos de origen foráneo aportaban a la Seguridad Social. El flujo de llegadas de trabajadores venezolanos a España se ha intensificado de manera sostenida en la última década y ha marcado una progresión sin precedentes en los registros disponibles. Este patrón refleja la magnitud del éxodo venezolano: se estima que en la última década han salido del país más de ocho millones de personas, impulsadas tanto por la crisis económica como por la prolongada dictadura política que ha caracterizado al régimen chavista y su impacto en la economía local.

Su crecimiento no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una transformación estructural del mercado laboral español que está actuando como palanca del ciclo expansivo. Desde 2022, la economía acumula 8,9 puntos de crecimiento del PIB. De ellos, 4,2 puntos -el 47% del total- se explican por la aportación de los trabajadores extranjeros, según el estudio ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, publicado por Funcas. Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores, prácticamente todos de origen extranjero. España cuenta hoy con 22,4 millones de ocupados, la cifra más alta de su historia. De ellos, 3,57 millones son extranjeros y 4,79 millones si se incluyen quienes tienen doble nacionalidad.

Sin esa aportación, el empleo estaría prácticamente estancado en un contexto de envejecimiento acelerado de la población nacional. El fenómeno ha supuesto, en términos económicos, una auténtica conmoción de oferta: más trabajadores disponibles han permitido elevar la producción sin trasladar toda la presión de la demanda a los precios Los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de afiliados a la Seguridad Social. Su peso es especialmente elevado en construcción, hostelería, agricultura y servicios personales. En construcción superan una cuarta parte del empleo; en agricultura rebasan el 27%; y en el trabajo doméstico se aproximan a la mitad.

Según el análisis de Funcas, la inmigración ha facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas. En el último lustro, el crecimiento del empleo entre españoles se ha concentrado en categorías como directivos y profesionales cualificados, mientras que las ocupaciones más básicas dependen en mayor medida de mano de obra extranjera. Sin ese flujo migratorio, la economía habría respondido al tirón del turismo o a la demanda de vivienda vía precios, más que vía producción. Es decir, el crecimiento habría sido menor y la inflación, mayor.

En paralelo, el emprendimiento emigrante gana peso. Los autónomos extranjeros alcanzan los 496.330, un 6,2% más que hace un año, con presencia creciente en actividades tecnológicas y de servicios avanzados. El dinamismo del colectivo venezolano simboliza ese giro estructural. España no solo incorpora mano de obra para cubrir vacantes: amplía su capacidad productiva en un momento en que la mayoría de economías europeas enfrentan contracción demográfica. Hoy, uno de cada cinco residentes en el país ha nacido en el extranjero. Sin embargo, los expertos advierten de que la inmigración no resuelve por sí sola los desequilibrios de fondo. La fotografía, en todo caso, es nítida. El crecimiento económico reciente no se entiende sin la inmigración.

Por otro lado, el pasado mes de enero se cerró con 918.756 personas en paro fuera de la estadística. Es el mayor registro desde que se aprobó la reforma laboral impulsada por la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para transformar la contratación temporal en indefinida, donde se encuentran los fijos discontinuos. Este tipo de contrato permite a la empresa suspender al trabajador en los periodos de menos actividad. Y aunque el empleado tiene la garantía de mantener el contrato con la empresa y volver a ser llamado, queda desempleado, sin actividad ni sueldo, durante ese periodo. Sin embargo, no se incluye en el paro registrado como el resto.

Esta categoría creció con fuerza en la fiebre china ( pandemia ), cuando numerosas empresas suspendieron su actividad y los ERTE ( Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ) se convirtieron en una figura clave para suspender trabajos temporalmente; pero con la desescalada y la recuperación de la normalidad, volvió a sus niveles habituales en 2022, justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Ante la polémica desatada, el Ministerio de Trabajo se comprometió hace ya tres años, en enero de 2023, a informar del número exacto de fijos discontinuos inactivos. En definitiva, a separar la cifra de ese total de demandantes de empleo con relación laboral. Sin embargo, a día de hoy sigue sin hacer público ese dato.

El 2025 ya se cerró con casi 900.000 demandantes de empleo con relación laboral, alrededor de un 200% más que en 2019, lo que anticipaba que se podía superar esa cota en los próximos meses. En este enero este tipo de desempleados crecieron en 25.823 personas, casi lo mismo que subió el paro registrado que oficialmente comunica el Gobierno sanchista .En el mes pasado, se perdieron 270.782 empleos y el Ministerio de Trabajo informó de que el paro registrado aumentó sólo en 30.392 personas, una brecha que si bien depende de otros factores (jubilaciones o personas que pierden su trabajo y no se inscriben en el SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- por falta de incentivos), podría explicarse en gran medida con los fijos discontinuos inactivos.

La suma del paro registrado y el paro oculto da como resultado el paro «efectivo», un término acuñado por Fedea. Con los últimos datos, se situaría en los 3,36 millones de personas. En enero de 2019 esos parados totales, según los datos del SEPE, eran 3,57 millones, lo que indica que se ha producido una bajada del 6%, frente al descenso del 26% que ha registrado el paro sin este colectivo. En definitiva, el peso de los fijos discontinuos en el mercado laboral y su desempleo en meses como enero, por la fuerte estacionalidad que mantienen los trabajos, aleja las cifras oficiales de paro de la realidad. Tal y como se ha publicado, uno de cada cuatro parados inscritos en las oficinas del SEPE ( Srvicio Público de Empleo Estatal ) está oculto en la estadística.

Nos hemos acostumbrado a que el Gobierno social-comunista dedique buena parte de sus esfuerzos al desarrollo de cortinas de humo para encubrir el escenario crítico que lo envuelve y que habría acabado ya con la legislatura y con cualquier administración en las democracias de nuestro entorno. Es una pulsión y una estrategia que Pedro Sánchez maneja con un virtuosismo indiscutible. Pero hay señuelos y señuelos. Y, sin duda, ni es menor, ni inocuo el Real Decreto ( no Real-Decreto-Ley ) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que dicen se encuentran en España sin mencionar la menor explicación numérica, ( ¿ de dónde sale esa estimación ? ) tras un pacto entre PSOE y Podemos, que no tendrá que pasar por el Parlamento porque lo harán modificando el Reglamento de Extranjería, ténica jurídica muy custionable porque va a cambiar aspectos de la ley de Extranjería que además tiene carácter de orgánica.

Como el sanchismo cuenta con una trayectoria y un bagaje consolidados de engaños y mentiras, parece difícil explicar en razones de humanidad, derecho, dignidad y justicia este proceso masivo y en la práctica con muy buenas condiciones para esos cientos de miles de personas y sus familias. De haber sido así, podría haber facilitado en su momento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos menos Vox y que el PSOE ha bloqueado desde entonces. Obviamente, el oportunismo político ha activado la espoleta de una situación potencialmente muy explosiva que solo desde la irresponsabilidad y la malicia se puede relativizar.

Por no hablar del procedimiento escogido para eludir el Congreso en una alcaldada impropia de un Estado de Derecho, pero que retrata una degeneración personalista. El argumentario, los artificios y el confeti del oficialismo no se sostendrán frente a una decisión que presionará unos servicios públicos ya al límite, activará un efecto llamada masivo, embestirá contra las unidades y los funcionarios de extranjería con un volumen millonario de trámites y cotejos imposibles, deslegitimará las normas migratorias, tensionará la sociedad y la seguridad ciudadana, cuestionará y debilitará las políticas imperantes en Europa de protección y control de las fronteras por el libre tránsito en la Unión e impactará en el mercado de la vivienda con más demanda, entre otras.

No hay remedios mágicos para la inmigración ilegal, pero estoy convencido de que la demagogia, el populismo y la cancelación de la Ley y parte de los trámites administrativos, arman una bomba de relojería para todos y no forman parte de la ayuda eficaz y real para las personas que demandan de las autoridades, honestidad y atención, sin que se las manipule como piezas de los cambalaches del Gobierno sanchista, el partido Podemos y la transferencia inmigratoria para Cataluña. Mucho me temo que, como es norma en el sanchismo, pronto se olvidarán de ellos, y tendrán que buscarse la vida entre una burocracia sobrepasada, mientras Moncloa preparará otra cortina de humo. Por lo pronto, esta última no puede ni debe condicionar las consecuencias políticas, y veremos si penales, de la calamitosa gestión ferroviaria. Hay que abrir las puertas, sí, pero a la justicia.

.Los sindicatos policiales han salido rápidamente a expresar su radical oposición a esta medida, que va a significar un claro “efecto llamada”, y destacando la carencia de efectivos en los servicios de extranjería, entre otros, para atender a esta población que agrava situaciones ya críticas que provocan un colapso imposible de gestionar. Señalando además que carecer de antecedentes “penales” no es lo mismo que carecer de antecedentes “policiales”, lo que es un dato muy significativo en cuanto a la situación que puede crear en la seguridad pública y la convivencia ciudadanas tan enorme cantidad de inmigrantes legalizados. Una medida más de desguazar el Estado para satisfacer a Pedro Sánchez su deseo de continuar en la Moncloa

Esta concesión a Podemos -hasta ahora muy crítico con el gobierno por su enfrentamiento político con Yolanda Díaz- se ha efectuado a su vez mediante una cesión que claramente beneficia a los de Juntos por Cataluña ( Junts ) e Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), además del socialista Salvador Illa, que no olvidemos está al frente del gobierno regional catalán con el apoyo de Oriol Junqueras, de ERC. El precio pagado por los de Iglesias ha sido levantar el veto a que se transfiera a la administración catalana la gestión de la política inmigratoria que consideran “xenófoba”.

La consecuencia de tal cantidad de inmigrantes legalizados -debido a que, no se olvide, habían llegado a España ilegalmente- es un “efecto llamada” indiscutible. Y totalmente en contra de la política inmigratoria de los países de la Unión Europea ( UE ) que están reforzando los controles y facilitando expulsiones de inmigrantes irregulares. Así sube la población activa y ocupada y sube el Producto Interior Bruto ( PIB ). Pero, como señala el Consejo General de Economistas en su barómetro económico, la Macro y la Micro (economía) no coinciden y no se perciben mejoras en los hogares, empresas y ciudadanos.

Es un error pensar que Pedro Sánchez se mueve por cualquier otro interés que no sea el estrictamente personal. Ahora ha decidido imponer una regularización masiva para alterar el censo electoral y complacer a sus socios de la izquierda radical y antisistema de Podemos y Sumar. No hay que sorprenderse, porque es coherente con una estrategia característica de la izquierda castrista, sandinista o chavista. Las instituciones tienen que estar al servicio del líder y el Poder Ejecutivo tiene que someter al resto de los poderes del Estado.

Por supuesto que el objetivo fundamental es alterar el censo en las próximas elecciones municipales – mayo de 2.027 ( pueden votar no solo los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España sino también aquellos nacionales legales con los que España tenga acuerdos de reciprocidad y que son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago ) mientras hace lo mismo con nacionalizaciones masivas, más de 250.000 cada año, así como por la aplicación de las antiespañolas leyes de la Memoria Histórica que solo buscan la división. Desde que llegó al poder, el sanchismo ha conseguido incrementar la población en más de tres millones por medio de una inmigración que espera también le resulte útil en las elecciones generales. No le importa que sea un auténtico disparate y que tenga un coste multimillonario a la vez que tensiona todos los servicios públicos, mientras le pueda dar votos.

Es cierto que no se sabe qué van a votar, pero la euforia del sanchismo político y mediático es un claro indicador de la estrategia que subyace en esta inquietante iniciativa populista. Se hace sin buscar ningún tipo de consenso y orillando, por supuesto, a las Cortes. Nada le puede gustar más que gobernar a golpe de decreto mientras sus palmeros critican a presidente norteamericano Trump por utilizar las órdenes ejecutivas, aunque respetando, como no hace él, al Congreso y al Senado en las materias que constitucionalmente le corresponden. En cambio, no ha presentado aún el proyecto de Presupuestos Generales para este año y la prórroga proviene de un texto de la pasada legislatura.

Los regularizados procedentes de Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y los países hispanoamericanos podrán solicitar la nacionalidad tras solo dos años y entonces ya sí podrán votar con carácter masivo.. El resto no tiene que preocuparse, porque el sanchismo buscará la fórmula que lo permita. Hemos pasado del clientelismo de la Restauración ( período post-napoleónico ) a uno nuevo que es a golpe de Boletín Oficial de Estado ( BOE ), como muy bien señalaba el Partido Popular ( PP ). El Gobierno no quiere organizar el fenómeno emigratorio y buscar que tenga un importante valor añadido. Ni siquiera le importa que haya delincuentes que se beneficien de la norma.

El Movimiento ‘Regularización Ya’, afincado en la órbita de Podemos, ha aproximado hasta casi el millón de inmigrantes que se verán beneficiados por la regulación masiva acordada entre Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como primera medida legislativa tras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos, en la provincia de Córdoba. Hay que recordar que esta propuesta lleva desde marzo del año pasado en fase de negociación de ambas formaciones políticas. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha entrado, vía telefónica, en los estudios de RNE de Prado del Rey para someterse a una entrevista ante los micrófonos del programa ‘Las mañanas de RNE’, en una conversación conducida por su presentador y periodista Josep Cuní., ha querido matizar que el PSOE debe sacar adelante una cuestión que para ellos es «ineludible»: la regularización extraordinaria de casi un millón de inmigrantes en situación irregular si quiere obtener algún tipo de apoyo político del que tan necesitado está Pedro Sánchez.

Con su particular celebración en sus redes sociales, la organización política Podemos, cifra en cerca de 700.000 los emigrantes que habitan en el territorio nacional de manera irregular y se podrán acoger a la medida presentada que, a la espera de conocer las especificaciones – lo que se ha filtrado es la parte correspondiente al Ministerio de Interior y falta la del Ministerio de Trabajo- una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), eliminará los «procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos». La formación, que cuenta con el apoyo del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tachado de «logro histórico» la nueva cesión del Gobierno sanchista tras más de cinco años de reclamos.

Este partido comunista señala que todos los extranjeros que «carezcan de antecedentes penales relevantes» se podrán acoger al procedimiento antes del 30 de junio de 2026. Desde Moncloa se apunta que la intención es comenzar la regulación extraordinaria en el mes de abril y cada permiso no se extenderá por encima de los 15 días.

Debido a que los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) no marcan una tendencia certera, como respuesta a la decisión del Gobierno, el centro de análisis Funcas- expertos en los movimientos migratorios en España- publicó el pasado 26 de enero un informe sobre el impacto de la inmigración irregular en España. Con los datos facilitados hasta el 1 de enero de 2025, los ilegales que provienen de países no comunitarios representan un 17,2% de los ciudadanos ajenos a la Unión Europea. Exceptuando el periodo entre el 2021 y el 2022, cuando se cerraron las fronteras a nivel global por el impacto de la gripe china ( covid-19 ), en todos los años registrados la tónica es ascendente con el conocido «efecto llamada« denunciado por los principales sindicatos policiales y grupos de la oposición política.

A efectos numéricos -añaden- un total de 840.000 personas no han superado los trámites administrativos para regularizar su situación durante los últimos años y que ahora podrán intentarlo de nuevo.. «Esta nueva estimación apunta a un crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra apenas superaba los 100.000, (4,2%)», reza el documento publicado.

Salvo que se produzca una nueva anomalía democrática bajo el mandato del líder de los socialistas, cosa nada descartable, el Reglamento de Extranjería señala que las personas que puedan acogerse al fundamento del arraigo podrán reclamar la nacionalidad en dos años, lo que dejaría, por los plazos, sin opciones a los ciudadanos que llevan cinco meses en España. Ahora bien, en el caso de que haya una repetición electoral el escenario cambiaría..

Con mucho gusto, publico el relato que, bajo el título «El aprendizaje», me ha remitido, mi buen amigo y compañero el Comisario Pral. Mario Sánchez Santos, al «I Concurso de Relatos en la Actividad Policial», convocado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Policía Nacional de las Islas Baleares,

El día 1 de julio de 1978 un grupo de jóvenes Inspectores del Cuerpo General de Policía, procedentes de la Escuela General de Policía. Llegaban a la Comisaria de Vitoria eran recibidos por el Comisario jefe y el Comisario 2º jefe que nos da los destinos y los atributos del cargo Placa, Carnet profesional y las armas reglamentarias, 1 revolver Astra 250 calibre 38 y 1 pistola Star 9 mm corto.

Seis de este Grupo son destinados a la Brigada de Información donde pueden ver una mala situación en instalaciones 2 viejos despachos, 2 viejos vehículos K ( 1 Seat 1500 amarrillo y 1 Seat 124 rojo), personal escaso solo 4 compañeros eran más antiguos que serían nuestros maestros.

En Plan Delincuencial era una ciudad tranquila en delincuencia común y en terrorismo el 5 de marzo 1978 ETA asesina a tres policías armados .

La ciudad está en tensión ante el segundo aniversario de los Sucesos del 3 de marzo de 1976 que produjesen incidentes en las fiestas del 25 Julio o en las Fiestas de la virgen Blanca del 4 al 8 de agosto.

Por ello el jefe de la Brigada nos asignó un servicio de captación de información en la calle, dividida por zonas y en parejas, Nuestra labor era todos los dias ir a nuestra zona e informar al jefe telefónicamente, sin ir en ningún momento por Comisaria, esto nos sirvió para conocer la ciudad y alguna persona.

Todo transcurría con normalidad hasta el 7-7-1978 se producen graves incidentes en la plaza de toros de Pamplona por ello se convocan manifestaciones en todas las provincias vascas.

En Vitoria 8-7-78 se producen muchas manifestaciones que terminan con graves incidentes con agresiones a la Policia, roturas de lunas en establecimientos, lanzamiento de cocteles molotov. En la puerta de Comisaria queman un z con cocteles. Esta situación dura muchos dias y nuestra labor consiste en controlar, infiltrarnos , interrogar detenidos y hacer diligencias.

Asi empieza nuestro solitario APRENDIZAJE ANTITERRORISTA sujetos a la escasez de personal, medios materiales y sobre todo una falta de información y preparación para poder combatir el terrorismo.

En este momento en Vitoria y provincia actuaban las organizaciones terroristas: ETA-MILITAR ,ETA-POLITICO-MILITAR, COMANDOS AUTONOMOS ANTICAPITALISTAS, GRAPO, IRAULTZA, CNT, Y EXTREMA DERECHA, de los cuales teníamos que aprender sus modus operandi.

Para su solución teníamos grandes factores a nuestro favor : Juventud, Capacidad de Sacrificio y muchas ganas de aprender e investigar. Por ello dedicábamos casi todas las horas del dia al trabajo, intentando captar información conociendo gente, poder hacer detenidos, por falta de medios poníamos nuestros vehículos particulares y alguna ocasión nos apoyaban nuestras mujeres en las vigilancias. Tuvimos que comprar armas, pues los etarras tenían de 15 tiros y nosotros solo de 7, hacíamos prácticas de tiro en el CIR 11, Policia Armada nos dejaban Cetmes.

Iniciamos para captar informaciones reuniones con Oficiales de Policia Armada, Guardia Civil en los cuarteles de los pueblos, Miñones, Policia Municipal y Cesid, posteriormente con partidos politicos y en pueblos Dificil era la captación de colaboradores .

Los compañeros de la Brigadas de Información de Bilbao, San Sebastián, Pamplona, donde más incidencia tenía el terrorismo fueron nuestro gran apoyo facilitando informaciones ,fotos, modus operandi de los terroristas

Toda la actividad terrorista fue en aumento con rapidez y nosotros tuvimos que responder a cada ACCION una REACCION que produjese detenidos y captación de información lo que se fue logrando con grandes éxitos. Y creando Medidas de Autoprotección para nuestros compañeros, militares, familiares y nosotros lo que dio buenos resultados mediante charlas.

Iniciamos el aprendizaje y uso de escuchas telefónicas, manejos de cámaras fotográficas y de video llegando a comprar una cámara con nuestro dinero y posterior un ordenador .

Creo que un buen Investigador debe tener unas cualidades tales como: Constancia, Corazonada Policial o Intuición y la Suerte. Hasta aquí ha sido toda la teoría y la preparación para poder atacar al terrorismo, pero todavía no habíamos sido espectadores directos de ningún acto terrorista.

Y el primero fue el 18.7.1978 artefacto explosivo contra un Land Rover de Guardia Civil con heridos y daños.

Pero el 23-9-78 una trampa explosiva mediante la colocación de una cadena, a las afueras de Vitoria, en la que un Policia Armada resulta muerto y heridos un Capitán e Inspector Brigada de Información, Este hecho fue muy impactante para la Brigada porque podíamos haber sido más víctimas de la Brigada, nos salvamos 3 porque estábamos agregados en Pamplona. Este atentado nos sirvió de Autocritica para la actuación de llamadas anónimas de explosivos, siempre rodear la zona y actuación siempre de los Tedax. De esta forma se evitaron muchos muertos y heridos.

Tal vez el atentado que más nos impactó a los compañeros antiguos y a nosotros, fue el 23.3.1979 el asesinato del Inspector del Cuerpo Superior de Policia Antonio Recio Claver cuando estaba en el local de su suegra, sito en una céntrica calle de Vitoria, entraron 3 miembros de ETA le dispararon produciendo su muerte.

Se nos quedo grabado la declaración de los testigos ,todos decían uno de los autores llevaba un abrigo de príncipe de gales que nos sirvió para la investigación. Entre varios compañeros llevamos el féretro desde la iglesia hasta el cementerio, donde aguantamos insultos.

Esto no nos mermo el ánimo, al revés nos, produjo mayor reacción para investigar para lograr la identificación y detención de sus autores, `por primera el Cesid nos aporta datos.

10-1-1980 Asesinato del jefe de Miñones Jesus Velasco nos dejo impactado, pues 2 dias antes estuvimos con el pidiendo datos de lugares por el secuestro de Rupérez. En la sociedad produjo un gran rechazo por su puesto y forma de actuar ante sus hijas y alumnos de varios colegios que fueron testigos que colaboraron con nosotros en identificación de los autores.

Siempre se que quedo grabado la imagen de una de sus hijas, en su casa, cogiendo mi Placa “ TIENES QUE COGER A LOS QUE HAN MATADO A MI PAPA”

Podría seguir describiendo durante muchas páginas todos los atentados mortales, lesiones, amenazas por impuesto revolucionario y los daños que producían los artefactos explosivos y el ambiente de tensión que se captaba entre nuestro Cuerpo y en los ciudadanos, todo el dia estaba en alerta total , ante cualquier llamada de Comisaria,

Fuimos testigos de los asesinatos . POLICIA 12, GUARDIA CIVIL 10, EJERCITO 3, ERTZAINTZA 2 , MIÑONES 1, POLICIA MUNICIPAL 1, POLITICOS 1 Y CIVILES 13. Asi como 2 Secuestros y 350 artefactos explosivos.

Como podéis ver el tributo que pagamos fue muy grande.

Pero la parte positiva es que aquellos inspectores jóvenes aprendieron mucho y se enfrentaron a ETA con todos los conocimientos adquiridos dio como resultado . 400 detenciones, 45 comandos desarticulados, incautación de información que sirvió para evitar más atentados, incautación de armas, explosivos, vehículos y dinero. Grandes éxitos que fueron compensados por nuestros jefes y de reconocimiento por una parte de la sociedad.

No puedo olvidar uno de los servicios policiales del cual estamos más orgullosos. Fue la localización de un coche robado en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, donde iba a jugar Alaves y Lerida.

En el maletero del vehículo localizamos un artefacto explosivo con 50 kgs. de explosivo, metralleta con tornillos de las vías de trenes todo en interior bomba de butano. Fue desactivado por los Tedax. Se evito la muerte de 20 Policias y numero indeterminado de espectadores, por ser el último partido había muchos niños. Actualmente se está juzgando a una de sus autores María Soledad Iparraguirre.

Para finalizar tengo que rendir un homenaje a mis compañeros y resto de víctimas. Agradecer a quienes confiaron en nuestro trabajo y a nuestras familias que sufrieron mucho por nuestras vidas

Siempre estaré orgullo haber trabajado por y para la Policia, portando la Placa y en los últimos años en el uniforme. He tenido el mejor trabajo del mundo y encima me han pagado por ello.

Cuando veamos un uniforme de Policia Nacional pensad que son los HOMBRES DE LA PAZ que con su sangre y sacrificio lograron la disolución de ETA y otras organizaciones terroristas. ESTA ES UNA VERDADERA MEMORIA QUE NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA. Y nuestro Cuerpo debe ser garante de ello.

Ante el «incumplimiento generalizado, prolongado y estructural de las obligaciones legales de protección en materia de seguridad y salud laboral que afectan al conjunto de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», el sindicato JUPOL mantiene viva su denuncia en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una demanda que, según explican desde este sindicato policial, ha sido reformulada con una mayor contundencia técnica, haciendo uso de la herramienta jurídica conocida como «reserva de acciones» que mantiene viva la reclamación, preserva el conflicto jurídico y permite continuar el procedimiento por la vía más eficaz.

Hay que recordar que en la tramitación de la demanda anterior, la Audiencia Nacional no entró a valorar el fondo del asunto ni la abundante prueba documental aportada, sino que instó a JUPOL a «reformular el escrito para detallar de manera aún más explícita los incumplimientos atribuibles a la DGP y al Ministerio del Interior». Un hecho que no implica que la demanda haya sido desestimada o que exista desestimiento por parte del sindicato.

Según consta en la demanda, «la DGP mantiene un sistema preventivo meramente formal y burocrático, sin eficacia real, que incumple de manera habitual la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica para la Policía Nacional». A juicio de este sindicato, este modelo se limita a reproducir documentos, procedimientos y declaraciones, pero sin evaluación real de riesgos, sin planificación eficaz y sin control alguno mediante auditorías, lo que deja a los agentes expuestos a riesgos graves, ciertos y perfectamente conocidos.

Este incumplimiento coincide, tal y como apuntan desde JUPOL, con un aumento preocupante de las agresiones a policías, que alcanzaron su máximo histórico reciente en 2024 con 16.878 ataques, según datos oficiales del propio Gobierno. Pese a ello, la DGP no ha reforzado la protección del personal ni adaptado su sistema preventivo a esta realidad.

La demanda detalla graves deficiencias estructurales en dependencias policiales, carencia de equipos de protección individual adecuados, incluidos chalecos antibalas caducados o no adaptados a la morfología del agente, falta de armeros homologados, ausencia de simulacros de emergencia, deterioro higiénico de instalaciones y condiciones ergonómicas inaceptables.

Por no hablar de la negativa de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades especialmente expuestas como las Unidades de Intervención Policial ( UIPs – antidisturbios ). Pese a las solicitudes formales de este sindicato policial, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente la realización de evaluaciones psicosociales, ignorando datos de bajas psicológicas, incidentes operativos y la elevada carga emocional de estas unidades.

En definitiva, la Administración vulnera el derecho fundamental del artículo 28.1 de la Constitución ( derecho a la sindicación libre y a la libertad de afiliación ). Y por ello, este sindicato policial reclama que Interior y la DGP cumplan la ley y garanticen la protección eficaz que corresponde por derecho a los policías nacionales.

Y es que el objetivo de su demanda es conseguir que que la Audiencia Nacional declare la existencia de un incumplimiento sistemático y generalizado del deber de protección, la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física, moral y a la libertad sindical y la obligación de la Administración de adoptar las medidas preventivas necesarias, evaluando de forma real y actualizada los riesgos y desplegando un sistema de prevención eficaz.

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirma que «esta demanda era ineludible. La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad, y sin embargo ha optado por mirar hacia otro lado. Exigimos que la ley se cumpla y que se garantice la seguridad de todos los policías nacionales».

Con la llegada de las fiestas de la Navidad, la gente llena las tiendas y los supermercados para hacer sus compras navideñas. Por eso aumentan los personajes con la mano muy larga. Esta época del año se consolida como la preferida para cometer los robos en los comercios ya que los meses invernales concentran el 29% de los hurtos que se cometen en los establecimientos.

Desde la optica policial y ante estos supuestos, se distingue claramente entre robo y hurto aunque la población en general emplea ambos términos indistintamente y solo lo diferencia cuando se lo explican en la Comisaría de Policía más próxima cuando va a realizar la correspondiente denuncia.

La característica clave es que el hurto es tomar algo sin permiso, sin violencia ni fuerza, como por ejemplo esconder un producto y salir del comercio. Mientras que el robo implica usar violencia, fuerza ( romper una vitrina ) o intimidar a um empleado para llevarse algo. El robo es un delito más grave sancionado con penas mayores.

Las sustracciones en comercios se producen por diferentes motivos, desde dificultades económicas hasta factores psicológicos y emocionales, afectando a diario no solo a grandes superficies de distribución sino también a pequeños negocios. Esta conducta delictiva tiene un impacto económico significativo para todos estos establecimientos: la pérdida desconocida supuso pérdidas de 2.817 millones de euros a los comercios españoles en 2024, un 1,1% del total de su facturación. Así lo muestran los datos del último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, recopilados por NIQ con la colaboración de Aecoc y el patrocinio de Checkpoint Systems.

El impacto de los hurtos se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, cuando la pérdida ignorada supuso un impacto de 1.800 millones de euros, es decir, del 0,74% del total en la facturación anual.

Los hurtos representan el 77% de la pérdida oculta en 2024, de estos, casi seis de cada diez se tratan de externos (un 59% frente al 57% del ejercicio previo), mientras que el 18% corresponde al hurto interno de los trabajadores. Los errores administrativos y el fraude a los proveedores también contribuyen a esta pérdida desconocida, pero en mucha menor medida: en un 15% y un 9%, respectivamente.

Este crecimiento de los saqueos externos va en línea con lo que las empresas perciben: el 65% de ellas consideran que estos han aumentado respecto al ejercicio previo. Este tipo de hurtos se concentra en su mayoría en la propia sala de venta (78%) y el segundo «punto caliente» son los probadores, donde más robos de este tipo se producen (9%), incluso por encima de las cajas de salida (4%). La cantidad media sustraída por acto se sitúa en 195,58 euros, sin embargo, ocho de cada diez de los hurtos no superan los 150 euros.

«Es un impacto grande en el que algunas empresas se ven muy condicionadas. Es necesario tener recursos para poder minimizarlo«, asegura Alejandro López, responsable de prevención de pérdida de Aecoc.

Además, se está observando un «cambio de tendencia» en la persona que comete el hurto, tal y como explica Carlos Cruz, director de ventas de Checkpoint Systems España. El 65% de estos robos se producen por clientes esporádicos que no son profesionales, mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas.

Con respecto al perfil más habitual, el barómetro muestra que casi la mitad son actores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos. Además, tres de cada cuatro hurtos externos son realizados por individuos entre 18 y 50 años y los que más cometen estos robos (48%) tienen menos de 30 años.

El aceite de oliva ocupa la primera posición en la categoría de alimentación y bebidas debido al incremento de precios en los últimos años. El 81% de las compañías indica que es el más hurtado, a la par que las conservas y ahumados, seguidos de embutidos y quesos (ambos con 69%) y los vinos y licores (56% ).

En la categoría de cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el «producto estrella». Un escalón por debajo se encuentran las protecciones solares y las cuchillas de afeitar. El maquillaje desciende al cuarto puesto del ranking.

En cuanto a productos electrónicos, el 67% de las compañías indica que los auriculares y los cascos son los productos de electrónica que más les hurtan. El segundo puesto lo ocupan los smartphones (56%) ( teléfonos móviles que funcionan como ordenadores de bolsillo ), seguidos de los ordenadores portátiles (44%), los cargadores (33%) y los videojuegos (33%). Irrumpe con fuerza el hurto de smartwatches, ( relojes de pulsera conectados a tu smartphones ) casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

En las sustracciones en el sector del bricolaje, las bombillas siguen ocupando la primera posición (100%). Los segundos productos más deseados son las pilas y las baterías (80%) y los terceros artículos son las herramientas, tanto manuales como eléctricas (60%). En cuanto a la industria de productos destinados al hogar, los cubiertos y el menaje de mesa (platos, cuencos, etc.) son los productos del hogar más rapiñados

El sector moda es uno de los más codiciados por los ladrones. El presente barómetro revela que la ropa interior y lencería, el calzado y los abrigos, cazadoras y chaquetas son los artículos más robados. En la cúpula de los más sustraídos también destacan las camisetas, las camisas y las blusas, junto a los bolsos, que se cuelan entre los diez productos más vulnerables.

Seis de cada diez empresas advierten que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida porque la agresividad verbal y física de los infractores hacia el personal de la tienda se ha incrementado «mucho». «Precisamente por esa falta de personal, las top-3 medidas van ligadas con tecnología», explica David López, Strategic Analytics & Insights de NIQ.

La totalidad de los expertos encuestados dispone de cámaras de vigilancia en sus tiendas. El 96% de los establecimientos tienen antenas antihurto y el 83% están protegidas por vigilantes de seguridad físicos en la tienda. Además, un 74% de los comercios cuenta con arañas (alarmas rígidas), collarines y cajas de policarbonato para asegurar individualmente los productos; y cerca de la mitad (un 48%) aprovecha la tecnología RFID ( sistema que usa ondas de radio para rastrear objetos de forma inmediata ) con una función antihurto.

Cuatro de cada diez establecimientos disponen de cajas de autopago, por tanto, el 79% de los encuestados cree que deberían incluirse más medidas disuasorias en las cajas de autopago. El 22% invierte recursos extras en estos puntos para prevenir hurtos.

Según el estudio, las soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada están presentes en el 35% de los establecimientos y las herramientas de análisis de datos recopilados por las antenas antihurto en el 43%. También destaca que un 48% de los comercios ya implanta medidas específicas para luchar contra el crimen organizado en sus establecimientos.

A estas alturas, todavía no se han terminado de completar todas las piezas del puzle del encuentro de marras entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. Si algo ha resultado chocante hasta ahora ha sido el tono del desmentido por los dos afectados… La noticia de la reunión podía resultar más o menos escandalosa en según qué capas de la sociedad española. Pero su trasfondo político se diría amortizado. Nadie en la órbita del PSOE siente ya el menor asomo de vergüenza por ir en el mismo barco que EH Bildu.

Entiendo que la actualidad pone difícil detenerse en los asuntos colaterales con la que está cayendo. Pero sí hay un «cómo hemos llegado hasta aquí» que merece un cierto estudio.

Suele decirse que las bases del sanchismo se establecieron durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero. El aserto es cierto en lo que tiene que ver con Bildu. Esa etapa marca una ruptura con la idea, asimilada de manera más o menos tácita, de que, por lejanos que fueran sus planteamientos a los del PP, habría un marco de cuestiones fundamentales en los que siempre estaría más cerca de este partido que de las fuerzas periféricas disolventes.

Que este planteamiento llegase hasta el entorno político de ETA era imposible de presentar en aquel entonces. Pero ya se empezó a trabajar en su viabilidad futura. El relato se empieza a cambiar al plantear la negociación con la banda terrorista para conseguir el final de su actividad. Los defensores de la idea suelen insistir en que había estado encima de la mesa de todos los gobiernos anteriores. Y es verdad.

Pero falta decir que, a raíz de la ruptura de la tregua de 1998, se empezó a vislumbrar la posibilidad de acabar con los pistoleros sin concederles el estatus de interlocutores políticos. Zapatero, que había impulsado desde la oposición un pacto antiterrorista muy imbuido de ese espíritu, cambia, ya desde el poder, esa dinámica. Antes de eso, quedará para el recuerdo la intervención parlamentaria de Jesús Caldera defendiendo la Ley de Partidos cuando formaba parte del primer Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Es entonces (2006) cuando se destaca que Otegi hace «un discurso por la paz». Son los mismos años en los que la Transición Política empieza a ser discutida severamente. Uno de los argumentos más repetidos es que era un pacto vergonzante con los verdugos. Era difícil no tener la sensación de que ese mismo acuerdo era lo que se estaba propugnando para acabar con la lacra terrorista.

Son, también, los años en los que se empieza a hablar con insistencia de la Memoria Histórica. En lo que tiene ver con ETA, ésta terminaría siendo bastante selectiva.

Otro de los mantras más repetidos era que, cesada la actividad criminal de la banda, su entorno político debería moverse con normalidad por las instituciones. Esto era algo más o menos asumido. Pero desde una óptica de «ellos por su lado y nosotros por el nuestro»

Poco después del final de ETA, la izquierda independentista empieza a ser vista con un aura casi beatífica por parte de cierto periodismo muy enraizado en Madrid. Los más extremos de los ochenta votaban en sus pueblos a Herri Batasuna aprovechando el distrito electoral único de las europeas.

Décadas después, empezó a estar bien visto decir que ojalá se pudiese optar por Bildu en cualquier provincia. Los cantos de sirena de la hipotética candidatura confederal de Rufián se mueven en ese eje de coordenadas.

Cuando triunfó la moción de censura de 2018 todavía quedaba algo de pudor. Por eso se insistía en que los votos favorables de los separatistas no fueron decisivos para la aritmética. En estos siete años y medio, el prestigio de este entorno político no ha dejado de crecer en ciertas esferas de la creación de opinión pro-gubernamental. Han conseguido que una mezcla entre el rubor y la pereza cohíba antes de recordar algunos episodios de nuestra Historia reciente. «¡Ya están otra vez con la matraca de ETA!».

De modo que muy pocas cosas que se descubran sobre los entresijos de la relación entre el PSOE y Bildu moverán a un auténtico escándalo. Son décadas trabajándose el marco: el auténtico enemigo es la derecha democrática por lo que cualquier aliado vale contra ella.

Y Arnaldo Otegi es un señor.

Como última muestra de todo lo anterior, el Gobierno sanchista anunció el pasado lunes, día 22 de diciembre, un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar como el agua o la luz. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

El camino emprendido por Pedro Sánchez es lograr convertir a Bildu en una organización no gubernamental ( ong ) que capitalice las medidas sociales que adopte el Gobierno en clara competencia con sus amigos de la ultraizquierda, como Podemos y Sumar.

La memoria terrorista, es una batalla que se mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca durante mucho tiempo. Una memoria, ajustada a la realidad de lo sucedido es muy necesaria para la convivencia actual y futura. Es evidente de que no hay que pasar página como desea una parte de la sociedad, pero yo añadiría que antes hay que leerlas bien y sobre todo no hay que olvidar que quedan casi 400 atentados sin resolver con más de mil víctimas que piden justicia.

En la tarea de facilitar la convivencia, Bildu ( Reunirse, en eusquera ) que no es más que la representación política de ETA, tiene mucha responsabilidad. Desde el cese del terrorismo, la sociedad vasca y los partidos que la representan -salvo Bildu- han dado un salto muy importante en el reconocimiento de las víctimas y la memoria crítica del terrorismo, situándolas en el centro del debate.

La petición de perdón por parte del ex-Presidente vasco Urkullu a las víctimas hace cinco años, en nombre de las instituciones vascas, por no haber estado a la altura en los años de plomo, le dio un importante impulso que mantuvo en el tiempo.

La dinámica de la política vasca, ha empujado a Bildu, a dar algunos pasos como su presencia en algunos homenajes a víctimas de ETA, como por ejemplo en Ermua ( Vizcaya ) al concejal del PP, Miguel Angel Blanco y en Mondragón ( Guipúzcoa ) al concejal del PSE, Isaías Carrasco; impensables hasta hace muy poco y que avanzará más en la dirección de reconocer el daño injusto ocasionado por el terrorismo.

Los seguidores de la organización terrorista, están convencidos de que su reconocimiento al daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, va a facilitar la decisión de los jueces en favor de una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria a los presos de ETA.

La herencia de ETA, que Bildu ha recogido en las cárceles, era de 230 presos en España y 57 en Francia. La mayor parte de los encarcelados en España estaban en primer grado ( peligrosidad extrema ) y aunque la mitad de ellos habían solicitado el cambio de calificación, se les denegaba sistemáticamente, con el argumento de que ETA no había desaparecido.

La banda armada, decidió disolverse cuando comprendió que su existencia era un obstáculo para mejorar la situación de sus presos. El Gobierno del Partido Popular ( PP ), había condicionado el cambio de su política penitenciaria a su desaparición. Esta es la respuesta que el entonces Presidente Rajoy le daba al Presidente vasco, Urkullu, a sus reiteradas peticiones desde 2.011 que fue cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad.

Entonces, tras el cambio de Gobierno del PP por otro socialcomunista, Urkullu consiguió que el apoyo prestado por sus cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), en el Congreso al Presidente Sánchez, haya pasado por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la aplicación de la política penitenciaria de un modo más flexible ( cambios de grados, beneficios sociales, etc ) sin necesidad de cambiar la legislación.

Ahora, se ha sabido gracias a los informes de la Guardia Civil sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicación de obras públicas mediante el pago de comisiones ilícitas ( mordidas en el argot policial ) y posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que el que fue secretario de organización socialista, Santos Cerdán, realizó una labor de intermediación clave para que el PSOE se asegurase el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados que tanto necesitaba para poder gobernar.

El propio Arnaldo Otegui admitió ante sus militantes en octubre de 2021 que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles y textualmente dijo: Si para sacar a 200 presos hay que votar los Pesupuestos Generales del Estado, se vota. Cuatro años después, las palabras de Otegui suenan a profecía cumplida.

Desde el verano de 2020, los traslados de los presos terroristas se aceleraron y se convirtieron e una práctica constante cada viernes. En público, no se ha reconocido ningún pacto entre el Gobierno central y Bildu sobre la política penitenciaria a seguir con los presos de ETA. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Grande Marlasca negaba que fuera un canje de presos por apoyo político aunque la realidad de los datos fuera otra: solo en 2020 se trasladaron a cárceles vascas más etarras que los dos años anteriores juntos. Hasta el propio PNV llegó a llamar a ese calendario, acuerdo cinco a la semana.

El proceso iniciado en la era Sánchez en 2020, culminó en marzo de 2023 cuando el ministerio de Interior dio por terminada la política de dispersión de presos etarras impulsada en 1989 por el Goberno de Felipe González, al haber acercado a todos los presos al País Vasco y Navarra. En total 175 internos fueron reubicados, bastantes de ellos con un historial policial repleto de delitos de sangre.

De esta manera, concluía la primera fase del acuerdo socialista-bilduetarra y se iniciaba otra, la segunda fase en la que todavía nos encontramos, la de los terceros grados ( régimen penitenciario de semilibertad en el que un recluso puede salir de prisión durante el día para estudiar o trabajar y debe de regresar a dormir ). Desde 2021 en el que Sánchez cediera la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que es una reivindicación histórica del nacionalismo-independentismo, ambos partido ( PNV y PSOE) que gobiernan en coalición en aquella Comunidad Autónoma, han concedido 48 terceros grados y 20 libertades condicionales del total de 125 presos que había en ese momento.

En paralelo, la relación política entre PSOE y Bildu se ha ido consolidando. Después de las elecciones de julio de 2023 y a nivel público -meses después- se escenificó la primera reunión entre Sánchez, Cerdán y los dirigentes del separatismo, Merche Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, un viernes 13 de octubre. Era la primera vez que un Presidente del Gobierno se reunía a la vista de todos con los herederos de ETA. La foto del momento confirmaba que Bildu era ya un socio plenamente asumido por el PSOE. Ahora sabemos que no era su primera reunión entre los representantes parlamentarios de ambas formaciones políticas sino que habían empezado en 2.019 con Adriana Lastra y Rafael Simancas.