La Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación después de detectar un aumento del 60% de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de inmigrantes que quieren aprovecharse de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. En bastantes casos, han podido comprobar que existían «antecedentes» penales y policiales en España y en otros países. Las nacionalidades más propensas a utilizar esta trampa son la pakistaní, argelina, marroquí y colombiana.
La Policía ha recomendado que los funcionarios que realizan estos trámites procedan a una «identificación plena» del denunciante, incluyendo una comprobación de la situación administrativa en España. En el escrito con fecha de 10 de febrero pasado y publicado en la prensa en general, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advierte de que «este tipo de denuncias experimenta un incremento de aproximadamente el 60%». Además, informa de que las nacionalidades «de mayor incidencia» son por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, que aumenta un 114% y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, sólo el incremento porcentual.
El cuerpo policial señala que este aumento de las denuncias se ha detectado comparando las cifras entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con respecto a 2025, coincidiendo con el anuncio del Gobierno de legalizar a más de medio millón de inmigrantes ( en realidad serán más de un millón ) que acrediten un mínimo de cinco meses de permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. De ahí que miles de inmigrantes estén maniobrando para tapar sus delitos.
«Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de legalización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados», ha indicado la unidad policial El documento es un oficio que lleva por título «difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados».
Varios sindicatos de la Policía Nacional, como Jupol, mostraron su enfado ante el anuncio de Pedro Sánchez al verlo como una medida de «cálculo político» y porque se va a llevar a cabo «sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad»pública. En este sentido, las organizaciones sindicales alertaron del «efecto llamada» y de que podría generar el «fraude del pasaporte perdido», además de suponer un «balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos». La información con la que cuenta la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en este marco de legalización masiva, se podría estar recurriendo a la práctica de alegar una pérdida del pasaporte «buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria».
Desde este órgano de seguridad, advierten de que han podido comprobar que en muchos casos existían «antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países». También se ha detectado falsificaciones al recurrir a «otras identidades diferentes de la denunciada», así como «resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor» ( denegaciones de residencia y órdenes de expulsión ).
El efecto llamada del Gobierno social-comunista que disfrutamos, ha derivado en el colapso de los consulados de países como Pakistán, Argelia o Marruecos y en centros de inmigrantes como el de Ceuta. La situación cada vez es más delicada ya que se han generado peleas en los aledaños de las delegaciones diplomáticas, mientras que los inmigrantes del centro de Ceuta viven hacinados y en muy malas condiciones. De hecho, 50 personas han sido trasladadas a otras regiones debido a este colapso.
Las cifras que maneja el Gobierno para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya se encuentran en España están «muy lejos» de la realidad. Los expertos policiales creen que, «en la práctica», se podrán beneficiar «entre dos y tres millones» de personas gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para traer a sus parientes más cercanos.«No serán sólo los padres e hijos. Los datos apuntan a que ese proceso afectará a otros niveles de parentesco».
El Gobierno sanchista alcanzó un acuerdo con el partido Podemos –aunque en realidad los votos de la formación política no serían necesarios para aprobarlo– para normalizar la situación de centenares de miles de personas que ya están ilegalmente en nuestro país. Los primeros cálculos oficiales apuntaron a unas 500.000, aunque organismos privados como Funcas -fundación privada de acreditada solvencia- creen que ascendería al entorno de 840.000 en enero del año pasado. En la actualidad es muy probable que superen el millón.
La propuesta del Gobierno ha sido criticada por la oposición por el evidente «efecto llamada» que crearía. El Gobierno social-comunista manifiesta que no creen que esto se produzca, ya que sólo se regularizará a aquellos que puedan demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, alertan de que el mensaje que se da a las mafias que trafican con personas y a quienes esperan para llegar a Europa es claro: «Lo que les llega es que en algún momento, si llegan y no mueren en el camino, es que se les convertirá en legales».
Lo que no se podrá controlar son los familiares que luego quieran reagruparse con los que ya están aquí», abundan los técnicos. De ese segundo proceso es de donde sale la cifra de los «dos o tres» millones finales que los responsables de la Comisaría General de Extranjería manejan. A los policías que luchan contra la trata y la inmigración ilegal les preocupan otros dos aspectos. El primero, la dificultad de adaptar los servicios públicos a un incremento de población «tan repentino». El segundo, es la seguridad ciudadana.
El borrador del decreto ley, que está elevado a consulta pública y que tenía que convalidarse antes del finales del pasado mes de febrero, indica que no podrán normalizar su situación aquellos con antecedentes penales. «No es lo mismo tener una sentencia que un historial policial. La primera puede tardar años en llegar, así que vamos a legalizar a muchos que se dedican a los pequeños robos o al menudeo de droga».
La norma recoge que los interesados tendrán que presentar un documento en el que no aparezca que han cometido delitos previamente. El problema, según los especialistas policiales, es que tendrán que ser los países de origen los que emitan ese certificado. De no responder, los extranjeros sólo tendrán que aportar una declaración responsable en el que aseguran no tener antecedentes.
Este aspecto, choca con la actual Ley de Extranjería, que en su punto 31.5 detalla que «para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido». La comunidad jurídica expresa que, si no se modifica ese punto, el real decreto del Pedro Sánchez para regularizar inmigrantes «sería muy fácil de tumbar» ante el Tribunal Supremo pidiendo «la suspensión cautelar» porque «una simple declaración responsable no da por cumplido ese punto de la ley orgánica».
La redacción del proyecto y su negociación se llevaron a cabo sin pedir informes policiales a la Comisaría General de Extranjería, según ha trascendido. Los profesionales en esta materia muestran su «extrañeza» y «enfado» a partes iguales. Sorpresa porque no se haya trabajado la propuesta con documentos y estadísticas oficiales sobre un tema tan delicado. Y cabreo porque, después de que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciase el pacto con el Gobierno, nadie haya preguntado a los especialistas, a pesar de haberse elevado a consulta pública, el paso previo a convalidarlo en el Congreso.
Oficialmente, los expertos de la Policía Nacional no han redactado informe alguno respecto a la regularización de este supuesto medio millón de personas pese a a tener la competencia exclusiva sobre la materia. Este Cuerpo policial tiene dos unidades especializadas en la criminalidad relacionada con la inmigración. Una es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, desplegada en todo el territorio nacional y segunda, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una suerte de «inteligencia» inmigratoria, centralizado en Madrid.
A nivel europeo, ha ocurrido algo llamativo. Cuando una delegación nacional lleva al pleno de la Eurocámara un asunto de consumo interno, el hemiciclo se vacía, los oradores se reducen al país implicado, la Comisión se pone de perfil y la discusión se despacha sin dejar huella. En esta ocasión ocurrió todo lo contrario. El debate sobre la legalización de inmigrantes decretada por Pedro Sánchez se extendió casi dos horas y movilizó a más de 60 eurodiputados de la mitad de los Estados miembros.
Representantes de los gobiernos de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría cargaron contra la iniciativa de Sánchez. La amnistía inmigratoria, advierten, «socava nuestros esfuerzos comunes por reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal». Se trata de una medida «unilateral» que «ignora la seguridad de los ciudadanos europeos» y «pone a Europa en riesgo», ya que los emigrantes podrán moverse por todo el espacio Schengen. ( toda la Unión Europea menos Irlanda y Chipre ) .»No tiene que ver con la solidaridad; es una estrategia política para mantenerse en el poder», denuncian.
El comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, que al principio se lavó las manos alegando falta de competencia, endurece ahora el tono: como regla general, los inmigrantes irregulares deben abandonar la Unión Europea ( UE ). «Sin esto, nuestras políticas no son creíbles», enfatiza. Sánchez deberá asegurarse de que su regularización «no tenga consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea» y de que los beneficiarios no usen su permiso de residencia como “cheque en blanco”. Aunque Bruselas no puede parar la medida, las protestas y el aislamiento de Sánchez continuarán.
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