La memoria terrorista, es una batalla que se mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca durante mucho tiempo. Una memoria, ajustada a la realidad de lo sucedido es muy necesaria para la convivencia actual y futura. Es evidente de que no hay que pasar página como desea una parte de la sociedad, pero yo añadiría que antes hay que leerlas bien y sobre todo no hay que olvidar que quedan casi 400 atentados sin resolver con más de mil víctimas que piden justicia.
En la tarea de facilitar la convivencia, Bildu ( Reunirse, en eusquera ) que no es más que la representación política de ETA, tiene mucha responsabilidad. Desde el cese del terrorismo, la sociedad vasca y los partidos que la representan -salvo Bildu- han dado un salto muy importante en el reconocimiento de las víctimas y la memoria crítica del terrorismo, situándolas en el centro del debate.
La petición de perdón por parte del ex-Presidente vasco Urkullu a las víctimas hace cinco años, en nombre de las instituciones vascas, por no haber estado a la altura en los años de plomo, le dio un importante impulso que mantuvo en el tiempo.
La dinámica de la política vasca, ha empujado a Bildu, a dar algunos pasos como su presencia en algunos homenajes a víctimas de ETA, como por ejemplo en Ermua ( Vizcaya ) al concejal del PP, Miguel Angel Blanco y en Mondragón ( Guipúzcoa ) al concejal del PSE, Isaías Carrasco; impensables hasta hace muy poco y que avanzará más en la dirección de reconocer el daño injusto ocasionado por el terrorismo.
Los seguidores de la organización terrorista, están convencidos de que su reconocimiento al daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, va a facilitar la decisión de los jueces en favor de una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria a los presos de ETA.
La herencia de ETA, que Bildu ha recogido en las cárceles, era de 230 presos en España y 57 en Francia. La mayor parte de los encarcelados en España estaban en primer grado ( peligrosidad extrema ) y aunque la mitad de ellos habían solicitado el cambio de calificación, se les denegaba sistemáticamente, con el argumento de que ETA no había desaparecido.
La banda armada, decidió disolverse cuando comprendió que su existencia era un obstáculo para mejorar la situación de sus presos. El Gobierno del Partido Popular ( PP ), había condicionado el cambio de su política penitenciaria a su desaparición. Esta es la respuesta que el entonces Presidente Rajoy le daba al Presidente vasco, Urkullu, a sus reiteradas peticiones desde 2.011 que fue cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad.
Entonces, tras el cambio de Gobierno del PP por otro socialcomunista, Urkullu consiguió que el apoyo prestado por sus cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), en el Congreso al Presidente Sánchez, haya pasado por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la aplicación de la política penitenciaria de un modo más flexible ( cambios de grados, beneficios sociales, etc ) sin necesidad de cambiar la legislación.
Ahora, se ha sabido gracias a los informes de la Guardia Civil sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicación de obras públicas mediante el pago de comisiones ilícitas ( mordidas en el argot policial ) y posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que el que fue secretario de organización socialista, Santos Cerdán, realizó una labor de intermediación clave para que el PSOE se asegurase el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados que tanto necesitaba para poder gobernar.
El propio Arnaldo Otegui admitió ante sus militantes en octubre de 2021 que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles y textualmente dijo: Si para sacar a 200 presos hay que votar los Pesupuestos Generales del Estado, se vota. Cuatro años después, las palabras de Otegui suenan a profecía cumplida.
Desde el verano de 2020, los traslados de los presos terroristas se aceleraron y se convirtieron e una práctica constante cada viernes. En público, no se ha reconocido ningún pacto entre el Gobierno central y Bildu sobre la política penitenciaria a seguir con los presos de ETA. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Grande Marlasca negaba que fuera un canje de presos por apoyo político aunque la realidad de los datos fuera otra: solo en 2020 se trasladaron a cárceles vascas más etarras que los dos años anteriores juntos. Hasta el propio PNV llegó a llamar a ese calendario, acuerdo cinco a la semana.
El proceso iniciado en la era Sánchez en 2020, culminó en marzo de 2023 cuando el ministerio de Interior dio por terminada la política de dispersión de presos etarras impulsada en 1989 por el Goberno de Felipe González, al haber acercado a todos los presos al País Vasco y Navarra. En total 175 internos fueron reubicados, bastantes de ellos con un historial policial repleto de delitos de sangre.
De esta manera, concluía la primera fase del acuerdo socialista-bilduetarra y se iniciaba otra, la segunda fase en la que todavía nos encontramos, la de los terceros grados ( régimen penitenciario de semilibertad en el que un recluso puede salir de prisión durante el día para estudiar o trabajar y debe de regresar a dormir ). Desde 2021 en el que Sánchez cediera la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que es una reivindicación histórica del nacionalismo-independentismo, ambos partido ( PNV y PSOE) que gobiernan en coalición en aquella Comunidad Autónoma, han concedido 48 terceros grados y 20 libertades condicionales del total de 125 presos que había en ese momento.
En paralelo, la relación política entre PSOE y Bildu se ha ido consolidando. Después de las elecciones de julio de 2023 y a nivel público -meses después- se escenificó la primera reunión entre Sánchez, Cerdán y los dirigentes del separatismo, Merche Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, un viernes 13 de octubre. Era la primera vez que un Presidente del Gobierno se reunía a la vista de todos con los herederos de ETA. La foto del momento confirmaba que Bildu era ya un socio plenamente asumido por el PSOE. Ahora sabemos que no era su primera reunión entre los representantes parlamentarios de ambas formaciones políticas sino que habían empezado en 2.019 con Adriana Lastra y Rafael Simancas.
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