Desde la aparición de la ciencia sociológica, los estudiosos han ofrecido diversidad de tipologías sociales: sociedades de combinación y sociedades de unión; sociedades de cohesión artificial o mecánicas y sociedades trabajadas por solidaridad orgánica; sociedades rurales y sociedades urbanas. En nuestros días, ha tomado carta de naturaleza una clasificación de corte socio-cultural, que basa la distinción en el fenómeno industrializador y el uso de bienes activos. De acuerdo con este criterio, se habla de sociedad tradicional, sociedad industrial y sociedad postindustrial. Algunas se refieren, incluso, a sociedades postmodernas. Es precisamente esta distinción la que interesa por adecuarse mejor al análisis que se intenta.
En las sociedades tradicionales o preindustriales, el 50 % de la población —como mínimo— está adscrita a una actividad del sector primario, como es la agrícola, un 30 % al sector secundario (industria) y el 20 % restante, al sector terciario (servicios). La criminalidad es igual a su estructura social, predominan los delitos contra las personas y el patrimonio. Sus autores, mayoritariamente, son jóvenes. La respuesta social es la de una justicia elemental o embrionaria.
En las sociedades industriales, los índices alcanzan un 30 % en el sector primario, un 50 % en el secundario y un 20 % en el terciario. Su criminalidad es de mayor nivel y densidad, gracias a su estructura social. Las funciones comunes, como la familia, trabajo, escuela se vuelven técnicas que ejercen cierto nivel de control social más especializado. En este caso, la criminalidad que prevalece es la que se liga a las actividades económicas ilegales, favorecidas por las lagunas en el sistema de distribución y producción de bienes.
En las sociedades postindustriales o intensamente industrializadas, el sector terciario es el predominante superando el 40 %. Este tipo de comunidades ha basado su profunda transformación en tres fenómenos bastante correlativos: industrialización, urbanización y burocratización.
Todo lo que ha provocado esa dinámica social denominada proceso de modernización. En ellas, la criminalidad es alta porque a la tradicional —robos, fraudes o delitos de agresión y lesiones— se suma un intenso crecimiento de delitos con violencia contra las personas, relacionados con las infracciones cometidas contra la propiedad. La delincuencia organizada —tráfico de drogas o extorsión— se aprovecha del espíritu de libre empresa. Las estafas se multiplican. El número de mujeres delincuentes se aproxima al de los hombres y la cifra de jóvenes que delinquen también es elevada.
Las memorias de la Fiscalía General del Estado recogen los principales factores criminógenos de la realidad delincuencial española:
- Crisis de valores debido a la relatividad moral a todos los niveles.
- Desestructuración familiar, con perniciosa influencia en los menores y adolescentes.
- Ausencia de modelos positivos de identificación.
- Alcoholismo y drogadicción.
- Afición al dinero fácil y sensación (propia y ajena).
- Despersonalización en las relaciones sexuales. Tendencia marcada al consumo de sexo.
- Continuadas crisis económicas y elevados índices de desempleo.
- Frustración juvenil y abuso de la evasión para calmar ese sentimiento.
Son muchos los que consideran como fenómeno social normal el delito que hace acto de presencia en cualquier tipo de sociedad pues quiere decir que está indisolublemente ligado a la propia existencia de la vida en común. No obstante, esa normalidad puede ser publicada siempre que se trate de una delincuencia que no sobrepase un listón determinado que sea asumible. El mantenimiento de excesos de criminalidad —que es lo que sucede en las sociedades industrializadas— llevaría, a medio o largo plazo, a hacer imposible la convivencia. Sea como fuere, lo cierto es que toda sociedad organizada tiende a autodefenderse de tal modo con el fin de, si no hacerlo desaparecer que el fenómeno sea tolerable.
Lo que decida hacerse en estos temas con la Policía tiene esa finalidad. En la lucha contra la criminalidad, la acción de la justicia es necesaria pero no es exclusiva y, desde luego, no es suficiente. La Policía ha de ser considerada, únicamente, como una parte activa de lo que se podría denominar control de la defensa social total. Este dominio, tiene por objeto prevenir las condiciones propiciadoras de la delincuencia en general, combinando recursos de la Administración más socorrida que es la justicia penal en sus múltiples aristas (jueces, fiscales).
Porque esta va tendiendo, muy prevalentemente, a sancionar conductas negativas; por lo mismo, tiende a adoptar un papel regresivo, y han de ir —con esperanza preventiva— a poner en práctica las condiciones más aceptables de las ciencias médicas, sociales, psicológicas, estadísticas, económicas y bienestar social, criminología, derecho y seguridad social.
Todo ello, dentro de un sistema de poder político que se estructure y se ejerza, de acuerdo con los principios del justicialismo democrático en los que la Policía se encarga de que las libertades públicas puedan ser disfrutadas por todos sin exclusión de ninguna especie. Es un instrumento fundamental de la democracia sin el cual no se podría hablar de las libertades públicas. Su compromiso con el mantenimiento del orden se sitúa en el estado de tolerancia de la comunidad. De ahí deriva la primera misión principal de la Policía que es combatir la criminalidad. Y lo hace a través de dos vías, no excluyentes sino complementarias entre sí: la vía de prevención y la vía de la represión.
La primera exige la descentralización de los efectivos policiales. Está demostrada su eficacia para alcanzar el objetivo de la cercanía de los ciudadanos por su extensión y diversidad. En esta etapa, cada sección de seguridad ciudadana (distrito en el análisis sociocriminológico, barrio en el estudio policial ) y cada espacio que lo necesite para la planificación de los servicios operativos y que establecerá el número de patrullas necesarias, a pie y motorizadas.
Y por último, debe mantenerse la colaboración con los medios de comunicación y el apoyo de la prensa que debe publicar campañas de información para difundir los principales delitos en cada uno de estos sitios. Se trata de integrar al policía en el barrio, reforzando su imagen como persona y no como elemento anónimo de la institución a la que pertenece.
La segunda vía se encarga de la metodología de la represión que, cuando se desarrolla con eficacia termina por constituir una parcela de prevención. La criminalidad desciende cuando hay más probabilidades de que el potencial delincuente crea que por la comisión de su delito será castigado e ingresado en prisión. La Policía ejerce esta tarea a través de la investigación criminal, inserta doctrinalmente en el sistema penal. Para ello, utiliza unidades especializadas en las diversas tipologías delictivas —drogas, violencia de género, robos…-
Y unidades de Policía Científica que emplean los métodos técnicos necesarios (físicos, químicos, biológicos, etc.) para la recogida de evidencias. La Policía se encarga de realizar los análisis que constituirán las pruebas de cargo en la vista del juicio oral. También abanderará la propuesta de una red necesaria de cooperación nacional e internacional para combatir las nuevas formas de criminalidad, transnacionales y multinacionales, que saben que las fronteras no constituyen barreras infranqueables que amedrentan a los criminales que rehúyen la acción de la justicia nacional.
Posdata.- Este artículo mío fue publicado en el número 397 de la Revista oficIal POLICIA correspondiente al pasado mes de abril con el título de SEGURIDAD URBANA Y ACCIÓN POLICIAL.
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