El reconocimiento del Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, de la soberanía de Marruecos sobre el antiguo Sáhara español desde el 19 de marzo de 2022 a través de la carta que supuestamente envió al rey de Marruecos Mohamed VI, desató la suspensión de las relaciones diplomáticas con Argelia, sin que hasta ahora se haya dado ninguna explicación del giro efectuado, ni de las razones que lo aconsejaron. Hay incluso quien se plantea la posible validez legal de esa decisión que no ha sido comunicada oficialmente a las diversas instituciones españolas competentes en este tipo de asuntos internacionales empezando por la más importante de ellas como es el Congreso de los Diputados, la más alta representación de la participación política de los españoles y donde reside la soberanía popular.
Este quiebro personal que no tiuene respaldo legal alguno, ha tenido múltiples consecuencias tanto en el ámbito de la seguridad -que es de lo que aquí se trata- como en el económico aunque hace apenas unos meses -en febrero de este mismo año- se haya anunciado y escenificado un cierre en falso de esta importante crisis. La reunión mantenida en Madrid, entre el Ministro del Interior español, Fernando Grande Marlasca con su homólogo argelino, Brahim Merad, no alcanzó ningún acuerdo para revertir la situación actual en materia de inmigración y se normalizaran las devoluciones de argelinos a su país que se encuentren de manera ilegal en España.
En este sentido, ha trascendido el malestar entre la Policía española porque Argelia tiene bloqueada la posibilidad de recibir a los argelinos que delinquen en España o no hayan conseguido regularizar su estancia legal y se les haya abierto un expediente administrativo de expulsión al incumplir las condiciones legales previstas por la vigente Ley de Extranjería para entrar o residir en nuestro país.
El que Argelia acepte o no a sus nacionales expulsados de España, no es un hecho caprichoso o arbitrario sino que está perfectamente regulado en un Acuerdo firmado entre los dos paises que ha estado funcionando con total normalidad hasta la publicada ocurrencia de Sánchez cuya falta de transparencia hace pensar que obedezca a otros intereses que no sean los del pueblo español y por eso lo hacen inconfesables.
Ahora mismo, las personas de ese país a los que se ha dispuesto su salida obligatoria tras agotar todos los tramites legales y necesarios previstos en la legislación española, no pueden ser expulsadas porque su Gobierno no las admite, sin dar explicación oficial alguna, ni denunciar o suspender -formalmente- el Acuerdo de Circulación de Personas publicado el 12 de febrero de 2.004 ya mencionado y que sería lo procedente en el mundo del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas.
Para tener cierta idea de como es la situación actual respecto a este problema, se puede coger como ejemplo la ruta de pateras de Argelia a Baleares, donde según datos oficiales, 5.836 personas llegaron al archipiélago balear el año pasado, en 2.024, a bordo de 346 embarcaciones y representaba un aumento de más del 165% con respecto al año anterior, cuando llegaron 2.175 en 136 pateras. Este flujo emigratorio, ha consolidado esta ruta como una de las más peligrosas del mar Mediterráneo Occidental, con una estimación de más de 500 personas fallecidas durante las travesías de 2.024.
Esta vía de escape hacia territorio español, no solo ha aumentado en número sino que también ha diversificado el perfil de los emigrantes. Además de los ciudadanos argelinos, se han identificado personas provenientes de países como Malí, Guinea-Conakri e Incluso Somalia. Lo que indica una expansión de las nacionalidades que emplean esta ruta y que el Gobierno español se resiste a calificar de estable.
La moral policial está muy afectada porque aunque las diversas unidades implicadas siguen haciendo tu trabajo con total normalidad de detener a los delincuentes extranjeros de esta nacionalidad y los que llegan en pateras a nuestras costas mediterráneas; incoarles el correspondiente expediente de expulsión o de devolución -según corresponda- que lleva meses su tramitación y que desemboque en una orden de deportación de España, no se pueda materializar y estos ciudadanos se queden donde están, siendo conducidos una y otra vez a las Comisarías de todo el territorio nacional para practicar los trámites oportunos y vuelvan a la calle algunas horas después.
Este hecho ya habitual provoca innumerables quejas ciudadanas y desmotiva a las patrullas policiales que comprueban con verdadero pesar como su trabajo diario -no exento de riesgo- porque hay veces que tienen que tratar con individuos multirreincidentes, no sirve para nada. La agencia europea de estadísticas Eurostat se ha quejado de que España no facilita el número de órdenes de expulsión que tramita, ni tampoco sobre las que materializa.
España siempre había conseguido mantener un equilibrio diplomático en las relaciones con Argelia y Marruecos, dos países enfrentados históricamente por varias razones y una de ellas es la influencia y posesión del Sáhara Occidental. La postura española hasta la irrupción de Pedro Sánchez era muy sólida y estaba fijada en base al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de los saharauis a realizar un referéndum por su independencia y que su territorio no sea anexionado por nadie como Marruecos que lo ocupa ilegalmente desde 1.975.
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