El Tribunal Superior de Justicia catalán ( TSJ ) lleva desde diciembre de 2.020 ( y ratificado por el Tribunal Supremo desde 2.021) obligando al gobierno autonómico para que proteja a los alumnos que sufren el acoso nacionalista en todo el sistema educativo catalán por pedir más enseñanza en castellano. En todos sus Autos publicados, conceden el amparo solicitado a las peticiones de las diversas familias de los niños y adolescentes y ordenado de forma cautelar a los centros educativos que lo han impuesto que cambien su modelo lingüístico para elevar el porcentaje de aulas en español hasta el 25% de las clases lectivas como se venía haciendo dsde el año 2010.
La particularidad de estas resoluciones judiciales es que instan tanto al colegio en concreto como al correspondiente departamento de enseñanza regional o provincial a que adopten las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de los hijos de los demandantes. Lo hacen para evitar que se repitan casos como el que sufrió una denunciante en 2015, en Balaguer ( 17.597 habitantes, Lérida ) que fue hostigada por una buena parte de sus vecinos por haber pedido en el colegio de sus hijos más horas de clase en castellano. Después de que los tribunales fallasen a su favor, se filtraron sus datos personales y se organizó una campaña de acoso contra ella hasta el extremo de que los compañeros de sus hijos les dejaron de hablar y ni siquiera los invitaban a los cumpleaños.
El resto de padres, varios profesores y hasta el alcalde del pueblo interpretaron que el pronunciamiento judicial suponía todo un ataque al modelo de incursión lingüística y se movilizaron en contra. Incluso el Defensor del Pueblo autonómico pidió al gobierno regional que creara un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitan la educación bilingüe. Este protocolo que no ha llegado a elaborarse por la negativa manifiesta de adaptarse al marco legal vigente, aparece mencionado en todos los Autos judiciales realizados desde entonces y obligan a no señalar a los que pusieron las reclamaciones.
La consecuencia de todo esto es una campaña política que reclama la educación en catalán y a salvar los colegios de esta injerencia judicial, manifestada de diversas maneras siendo una de ellas llenar de pegatinas reivindicativas las farolas, fuentes de agua y hasta las verjas de los colegios e institutos. Frenada gracias a la intervención de la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe ( AEB ) que ayuda a las familias que piden más horas de clase en castellano y que contrarresta esta ofensiva nacionalista.
Es importante resaltar, el conflicto que se genera cada vez que el TSJ dicta medidas cautelares para garantizar que se haga efectiva la presencia del castellano como lengua cooficial del sistema educativo en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano también como lengua vehicular haciendo alusión a la doctrina del Tribunal Supremo.
Esta proporción razonable del castellano que ya se mencionaba en la LOMCE ( Ley Orgánica 8/2.013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ) también conocida como la Ley Wert, ( Gobierno del Partido Popular ) desapareció ya en el anteproyecto de la Ley Celaa; ( Gobierno socialista y se mantiene en la actualidad )) ha sido la fijada por la justicia en un 25% del total de las las horas lectivas. Se trata en la práctica de añadir una asignatura más en español a la que se da en Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas o Ciencias Naturales.
También se señala expresamente que el material didáctico de estas materias también debe de estar redactado en castellano. Esto que parece obvio es debido a que se ha llegado a conocer el caso de un profesor de Lengua Castellana que impartió la asignatura en catalán y prescribía los libros de apoyo en esa lengua.
Los Autos judiciales mencionados, obligaban a pagar al gobierno autonómico las costas de los juicios – puesto que los perdía- que normalmente eran de 800 euros cada uno. La AEB recuerda que al principio, las mismas eran de 400 euros pero que el Trbunal las ha duplicado por la actitud recalcitrante de las autoridades catalanas al cumplimiento de sus sentencias.
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