LA REPRESIÓN CRIMINAL EN NICARAGUA.

La víspera de la nochebuena de 2018, el grupo de expertos enviado por la Organización de Estados Americanos ( OEA ) para estudiar la situación del país fue expulsado de Nicaragua por haber documentado decenas de asesinatos y considerar que el régimen sandinista debía de ser juzgado por cometer crímenes de lesa humanidad. Después de seis meses de trabajo, el adelanto de las conclusiones no gustó al tirano Daniel Ortega y por eso se impidió sus presentación pública ya que se le consideraba como el coordinador principal de la represión de su pueblo.

Según el informe, la Policía había abierto fuego de manera sistemática contra la población en general además de poner en marcha una campaña de castigo en la que habian incluido torturas y agresione sexuales en las cárceles. Delitos que debían de ser juzgados como graves violaciones contra los derechos humanos.

El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes ( GIEI ) pudo averiguar que la mayoría de las muertes y lesiones graves fueron responsabilidad de la Policía Nacional Nicaragüense cuyos efectivos actuaron directamente contra los ciudadanos y también de manera coordinada con grupos armados paramilitares.

Los especialistas señalaban que el surgimiento de las protestas en abril del año 2017 no fue producto de acontecimientos aislados sino de años de prácticas que fueron coartando las libertades y concentrando todo el poder en el Presidente Ortega y su Vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo. Esto fue generando y acumulando un descontento social que se expresa a través de los años en diferentes manifestaciones públicas que fueron reprimidas de forma violenta por la Policía Nacional y sus grupos de choque.

El expediente descubría la metodología de la opresión aplicada por los paramilitares afines al Gobierno contra las protestas ciudadanas y la complicidad policial que intervenía controlando la zona haciendo cordones de seguridad, desviando la circulando rodada, usando gases lacrimógenos sin encabezar la agresión pero dejando que sucediera. Pero cuando fracasó el método porque fueron aumentando las protestas en la calle, Ortega ordenó que aumentara la represión y la violencia llegando al uso desproporcionado e indiscrimando de las armas de fuego que se dirigieron directamentes a los manifestantes.

Este procedimiento ocasionó 109 muertos, más de 1.400 heridos de bala y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La gran mayoría de las muertes que se dieron en esos 42 dias fueron por disparos de fusiles y pistolas acompañados de cargas policiales y de los grupos paramilitares. Esta estrategia de sometimiento no se limitó a la Policía Nacional sino que incluyó malos tratos y abusos sexuales en las prisiones, manipulación judicial y hasta despidos en los centros sanitarios que atendieron a los participantes heridos en las protestas que encabezaron casi siempre los estudiantes.

De las muertes violentas, 100 no fueron judicializadas quedando impunes y en los seis casos que sí lo fueron fue porque se trataba de víctimas relacionadas con el partido del Gobierno o eran funcionarios del Estado. Para el GIEI, las conductas de Daniel Ortega, Rosario Murillo, algunos ministros y jefes policiales debían de considerarse como crímenes de lesa humanidad y ninguno de ellos debería de alcanzar nunca ninguna amnistía.

La publicación de este informe que estaba prevista que se realizara en la capital de la República, en Managua, al final se tuvo que hacer en Washington, ( Estados Unidos ) después de estar entrevistando durante seis meses a víctimas, sus familias y testigos de los hechos denunciados. Hablaron con activistas de derechos humanos, revisaron miles de documentos y consultaron con expertos internacionales.

Tras conocer estas brutalidades, el 19 de diciembre de 2.020 el Pleno del Parlamento Europeo instó al Gobierno de Nicaragua a poner fin a esta despiadada represión contra los manifestantes y la oposición política y pidió a la Comisión Europea que pusiera en marcha la clausula automática del Acuerdo de Asociación Unión Europea ( UE ) – Centroamérica, lo que suponía iniciar el proceso para suspender a Nicaragua de esta colaboración comercial.

La Resolución aprobada incluía además la puesta en libertad de todos los presos políticos, el desmantelamiento de todas las fuerzas paramilitares que operaban en el país y un diálogo real entre las autoridades y los componentes de la oposición política integrados en la denominada Alianza Cívica.

Como era previsible, a este pronunciamiento parlamentario votaron en contra los eurodiputados españoles pertenecientes a Izquierda Unida ( IU ), EH-Bildu, Podemos y En Común, poniendo de manifiesto una vez más, la frontera ideológica a los derechos humanos que establecen nuestros comunistas, separatistas y demás autodenominados progresistas.

Para quienes piensen que lo relatado es pura historia hay que recordarles que el pasado 16 de enero de 2025, se ha publicado otro informe en San José, la capital de Costa Rica, sobre la actual situación política en Nicaragua por parte de la Asociación de Derechos Humanos ( HRW en sus siglas en inglés ) en el que afirma que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha intensificado la coacción contra opositores y ha ampliado el uso del exilio forzado y la revocación de la ciudadanía como formas de atacar a sus críticos,

El mandatario, de 79 años que sigue gobernando junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también sigue cerrando organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y aplicando otros métodos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores, según ese informe. En noviembre pasado -indica HRW-, Ortega propuso una reforma constitucional que ampliaba los poderes presidenciales y limitaba los derechos fundamentales.

Esos cambios establecerán una «copresidencia» con Murillo y les otorgarían el poder de “coordinar” los demás poderes del Estado. Esa enmienda, según HRW, parece diseñada para brindar cobertura legal a muchas de las infracciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno, como privar de la nacionalidad nicaragüenses a los llamados «traidores a la patria», y censurar a la prensa.

El informe de HRW recuerda también que en septiembre pasado el gobierno sandinista expulsó a 135 presos políticos a Guatemala y los despojó de su nacionalidad y de sus bienes, incumpliendo el derecho internacional. Más de 450 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023 y muchas han quedado como apátridas, según ese organismo. Otros 46 opositores políticos siguen encarcelados, incluidos algunos líderes indígenas como los exdiputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, así como el exasesor presidencial sobre asuntos indígenas Steadman Fagoth.

Asimismo, el documento alerta de que una reforma del Código Penal permite procesar a los nicaragüenses que estén en el extranjero y que sean acusados de cometer delitos de «criminalidad organizada» en Nicaragua. Esa ley, apunta HRW, podría abrir la puerta para procesar a críticos en el exilio, incluidos aquellos que el gobierno ha expulsado.

Sobre la libertad de religión, señala el informe, el Gobierno ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica. Desde octubre de 2023, Nicaragua ha obligado a exiliarse a más de 200 figuras religiosas, las ha deportado o ha prohibido su regreso al país. Destaca el caso del obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del gobierno que había sido detenido arbitrariamente en agosto de 2022 y sentenciado a 26 años de prisión sin el debido proceso y que fue enviado al Vaticano en enero de 2024 junto a 19 miembros del clero católico.

En total, las autoridades han detenido y posteriormente expulsado a 46 sacerdotes y obispos desde 2018. La persecución religiosa alcanzó a grupos protestantes y evangélicos. En agosto, las autoridades liberaron y expulsaron a 11 pastores de una iglesia evangélica que estaban encarcelados desde diciembre de 2023.

En su informe, HRW advierte además que los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, detención arbitraria, procesamiento, privación de la nacionalidad, expulsión y denegación de entrada a Nicaragua.

El Gobierno ha cerrado más de 560 ONG, de las cuales 150 lo fueron en un solo día de agosto. Estas representan casi el 20 % las ONG que operan en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018.También han clausurado al menos 58 medios de comunicación desde 2018, y entre enero y junio de 2024, 26 periodistas huyeron del país, con lo que el número total de trabajadores de medios que han tenido que salir de Nicaragua desde 2018 asciende a 263.

Entretanto, los líderes indígenas y afrodescendientes se enfrentan a campañas de difamación, vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias, procesamientos por motivos políticos y prohibiciones de entrada a Nicaragua. En octubre de 2023, el Consejo Supremo Electoral despojó de su personalidad jurídica al partido político indígena YATAMA. Días antes, la policía detuvo a dos de los principales líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, documentó 67 incidentes violentos contra pueblos indígenas en los territorios miskitu y mayangna desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, incluidos asesinatos, lesiones, violencia sexual y secuestros.