DE CUANDO OTRO GOBIERNO SOCIALISTA SÍ AYUDABA A CANARIAS ANTE LA LLEGADA MASIVA DE INMIGRANTES ILEGALES.

El lunes 15 de mayo de 2.006, el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero anunció un paquete de medidas de seguridad, diplomáticas y económicas para afrontar la situación creada en Canarias por la llegada masiva de inmigrantes ilegales de origen subsahariano. Entre ellas, figuraban el reforzamiento de los servicios de inteligencia en África, la puesta en marcha de un dispositivo aeronaval frente a las costas de Senegal ( país del que zarpaban las embarcaciones de los indocumentados ) y el alquiler de un satélite para obtener información puntual que sirviera para disuadir las travesías de los sin papeles. Además, la Vicepresidente Primera María Teresa Fernández de la Vega, señalaba la próxima repatriación de centenares de inmigrantes.

Estas declaraciones las hizo Fernández de la Vega al término de la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con los Ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y de Trabajo, Jesús Caldera.También estuvieron presentes el Director del CNI, Alberto Sáez; los Secretarios de Estado de Inmigración, Defensa e Interior y el Subsecretario de Asuntos Exteriores.

La reunión se producía 24 horas después de que el Gobierno de Canarias acusara al Gobierno Central de dejadez ante la mayor oleada de llegadas de cayucos que soportaba el archipiélago en lo que iba de año ya que solo en tres dias un millar de inmigrantes habían alcanzado las islas. El día anterior, habían llegado a Tenerife dos barcos con más de 160 personas a bordo.

El dispositivo naval iba a empezar a funcionar esa misma semana y había sido diseñado por el Ministerio de Defensa para tener mayor control y protección marítima de la zona a vigilar, próxima a Senegal y en él participaría también la Guardia Civil. El instituro armado envió a su patrullera Río Duero hacia las costas de Mauritania para colaborar con las autoridades de ese país árabe en la lucha contra la inmigración ilegal.

El Ministerio de Defensa aportaría dos aviones de reconocimiento y otros dos de patrullaje marítimo del Ejércto del Aire ( P-3 Orión ). El objetivo era tener más información en tiempo real y poder actuar de forma preventiva y disuasoria reforzando la seguridad interior y el control de las aguas.

También precisó que se había ampliado el número de oficiales de enlace en varios países africanos y que el Gobierno estaba negociando acuerdos de seguridad y control con Malí, Senegal, Ghana y Nigeria para reforzar la lucha contra las mafias que traficaban con las personas. Hasta ese momento, las gestiones realizadas en Senegal por el Ministerio de Asuntos Exteriores habían chocado con la negativa de las autoridades a admitir la repatriación de sus nacionales porque constituían la mayor fuente de ingresos de su país por los envíos de dinero a sus familiares.

Además, anunció una ofensiva diplomática que se concretaría en el Plan África -a aprobar en el siguiente Consejo de Ministros- consistente en el envío de diez diplomáticos para entablar contactos permanentes y directos y reconducir la situación en países donde España carecía de embajadas, así como la apertura de una de ellas en Malí.

Paralelamente, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, solicitó ayuda a la Comisión Europea y a la Presidencia del Consejo para sensibilizar a los países de origen ya que eran corresponsables del control de los flujos migratorios. Moratinos lanzó una amenaza velada al vincular el asunto con los fondos europeos que reciben esos países.

La Vicepresidente Primera, expuso también que el Gobierno se disponía a realizar repatriaciones por centenares. Mensaje similar al que ya había anunciado a finales de marzo cuando la llegada masiva de subsaharianos que salían desde Mauritania, la forzaron a viajar a Canarias. Sin embargo, en aquella ocasión solo se produjeron 200 expulsiones a ese país. Ahora -entonces- y en los siguientes dias lo harían muchas más a Guinea-Bissau, Senegal, Malí y Níger.

Destacó también el aumento de guardias civiles destinados a la vigilancia marítima, la ayuda económica procedente del Fondo de Apoyo y Acogida a la Integración y el aumento de las subvenciones para la Cruz Roja.

Todas estas medidas tomadas contra la inmigración ilegal eran el Tercer Plan de Choque que adoptaba el Gobierno en el plazo de siete meses en su política de extranjería. El Primero fue en octubre de 2.005 con ocasión del intento de asalto masivo a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. El Segundo fue en marzo de ese mismo año de 2.006 por la llegada masiva a Canarias de cayucos repletos de subsaharianos sin papeles.