EL ESPAÑOL YA NO ES EL UNICO IDIOMA DE ESPAÑA.

El pasado 17 de agosto, José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, escribió una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea informándole de la decisión del Gobierno español de solicitar la inclusión de las lenguas regionales españolas: catalán, eusquera y gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea. Para ello, se proponía modificar el Reglamento que regula esta materia, de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El 3 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó una nota con una propuesta de modificación en la que resaltaba el reconocimiento constitucional español de las tres lenguas citadas; el hecho de que los Tratados de la Unión Europea ya estuvieran traducidos al catalán, eusquera y gallego y los acuerdos administrativos de 2005 que permitían a la población española utilizarlas en todas las instituciones de la Unión Europea a excepción del Parlamento Europeo.

En la reunión del 19 de septiembre en la que se debatió este asunto en el seno de la Unión Europea, varios países mostraron sus desacuerdo con la rapidez con la que el Gobierno español estaba tratando su petición que podría tener efectos secundarios para otros países de la Unión en los que conviven otras lenguas además de la oficial. Aunque muchos Estados de la Unión -de los 27 que ahora la integran- son multilingües, en ninguno se ellos se ha planteado hasta ahora, una fórmula como la solicitada por el Gobierno español.

También expresaron su asombro porque en un país miembro se improvisen medidas de este alcance para sacar adelante una investidura y que los partidos separatistas e independentistas tengan capacidad de marcar con tanta fuerza agenda política nacional.

Como conclusión de esta reunión se difundió que el Ministro español no consiguió cambiar la opinión de la mayoría de los países socios, partidarios de que la cuestión ni siquiera se admitiera a trámite y se pidiera antes un informe jurídico. Esto, en realidad, era una negativa a la toma de consideración de una propuesta que es solo consecuencia de una promesa socialista al partido político nacionalista Juntos por Cataluña, dentro de la las negociaciones para sacar adelante el nombramiento de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno español.

La lectura diplomática de todo lo acontecido indica que el Gobierno socialcomunista hispano en funciones, ha recibido un rechazo en toda regla -patada en el culo, en la jerga política- después de semanas de gestiones y presiones a muy alto nivel condenadas al fracaso pero que buscaban -al menos- hacer ver al fugitivo de la justicia española Puigdemónt, que en lo que afecta a nuestra diplomacia se ha hecho todo lo posible para cumplir su exigencia. Gesto que ha reconocido públicamente el buscado interlocutor político catalán pero que ha calificado como insuficiente.

Como se puede apreciar de manera clara, España ha hecho el ridículo y se ha utilizado de manera torticera la Presidencia rotatoria española de la Unión Europea para conseguir un fin que no estaba previsto en la agenda semestral, lo que afecta a nuestro crédito internacional y es motivo de queja de nuestros representantes allí destinados.

Pero lo que más preocupa a nivel diplomático es que este movimiento del Gobierno en funciones supone tanto como una declaración de renuncia a que el idioma español sea utilizado como lengua de Trabajo en la Unión Europea, al mismo nivel que el francés, alemán o inglés.

Esta es una vieja batalla de la diplomacia española que ha consumido mucho esfuerzo, gestiones y negociaciones que siguen en marcha pero que se dan por perdidas después del brusco giro de posición como Estado miembro en lo que afecta al reconocimiento de nuestras lenguas cooficiales en Europa.

Así, aunque la propuesta española no vaya a prosperar tiene un coste político porque el Gobierno hispano ha trasladado a la Unión Europea el mensaje de que el español que solo se habla en España de todos los países miembros de la Unión Europea, tiene otros competidores internos nacionales a los que ahora se quiere elevar en rango de tratamiento. Esto quita peso al español a la hora de avanzar en su reconocimiento como lengua oficial de trabajo, algo en lo que la diplomacia española lleva luchando desde la adhesión en 1985.

El discurso de que el español no es el único idioma de España arruina todas las posibilidades de que el único idioma común de España se reconozca como lengua de trabajo europea. Si el español no es el único idioma que representa a España. ¿ Por qué va a tener la consideración de lengua de trabajo en el ámbito comunitario ?.

Existen además otros costes diplomáticos porque la energía con la que el Ministerio de Asuntos Exteriores hispano ha intentado cambiar la voluntad de la Unión Europea sobre esta cuestión, afecta al relato oficial en la que también tuvo que emplearse y sigue haciéndolo la diplomacia española para combatir la propaganda independentista sobre la nación catalana.

Fue relevante, como señal de la nula capacidad de influencia que dentro de la última reunión citada, el ministro Albares llegó incluso a pedir que se votase sin discusión aunque lo que finalmente se hizo fue debatido para decidir un aplazamiento de la decisión a la espera del necesario informe jurídico que contemple con detalle el coste económico y el impacto administrativo, logístico y político de la medida.

En el colmo de las prisas y para cumplir la hoja de ruta de los separatistas de Juntos por Cataluña para que apoyen a Pedro Sánchez en su nueva investidura, el Gobierno español – si se trata de dinero- se ha ofrecido a pagar los gastos de traducción, impresión y distribución de estos tres nuevos idiomas para los restantes miembros de la Unión Europea. Dado nuestro poderío económico, un coste de este nivel no tiene la menor importancia.