Un total de 207 agentes heridos, 128 radicales detenidos, 800 contenedores quemados y 107 vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Autonómica catalana dañados, fue el balance ofrecido el 21 de octubre de 2019 por el entonces Ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlasca, tras cinco dias de disturbios que desbordaron el dispositivo policial establecido y que era cinco veces inferior al desplegado con motivo del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Entonces se movilizaron 10.500 agentes entre la Policía Nacional y la Guardia Civil por los 2.500 de ahora.
Unidad, firmeza y moderación en la respuesta, fueron algunas de las palabras repetidas como mantra por el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez que por aquel entonces se encontraba también provisional, desde que se desataron los violentos disturbios en Barcelona y otras ciudades de Cataluña tras conocerse la sentencia de los responsables del denominado proceso de independencia.
Una declaración de intenciones utilizada por Sánchez desde el primer momento para rechazar los llamamientos desde el Partido Popular ( PP ) y los hoy casi desaparecidos Ciudadanos, que reclamaban la activación del artículo 155 de la Constitución Española o la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Aquel Gobierno en transición alegaba que a diferencia de los ocurrido tras el referéndum ilegal, la Policía Autonómica estaba participando en el dispositivo policial y coordinándose de forma adecuada con los cuerpos policiales del Estado; que el número de agentes se consideraba suficiente y que se podrían enviar refuerzos en caso de ser necesario aunque se negaban a dar cifras oficiales por razones de seguridad.
Extraoficialmente, se pudo saber que la Policía Nacional dispuso de 30 Grupos de Intervención Policial ( UIPs ), estando compuesto cada Grupo por 50 Policías, lo que hacía un total de 1.500 efectivos. Y la Guardia Civil desplegó en torno a unos 1.000 Guardias pertenecientes a los Grupos de Reserva y Seguridad ( GRS ) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana ( USECIC ). La Policía Autonómica aportaba 1.400 antidisturbios de la Brigada Móvil. En total se contaba con casi 4.000 agentes con capacidad para actuar aunque se utilizó solo algo más de la mitad de ellos.
A pesar de todo este contingente policial, las noches de violencia principalmente en Barcelona dejaban un reguero de heridos y detenidos desde el primer momento de aquella semana infernal que empezó el lunes día 17 de octubre de 2019 que fue cuando se hizo pública la sentencia judicial de los golpistas catalanes. A la altura del jueves día 20, más de 200 Policías habían necesitado asistencia médica y uno 160 civiles también. Al día siguiente viernes, día 21 hubo que sumar 62 manifestantes heridos por los desórdenes producidos durante la noche.
Cómo novedad destacable esta ocasión en las actuaciones policiales fue el estreno del camión-botijo de la Policía Nacional que se había comprado en el año 2014 por el Gobierno del Partido Popular y hasta entonces no se había decidido su utilización. Ante el recrudecimiento de los desórdenes públicos, la Policía Autonómica catalana empleó también por primera vez su camioneta de agua para abrirse paso entre las barricadas levantadas por los radicales independentistas . Este denominado camión hidratante había sido adquirido en 1994.
Barcelona fue la capital de los disturbios que duraron una semana y que a la altura de su quinta noche fueron especialmente violentos por su duración, su intensidad y la dosis de violencia que emplearon los manifestantes. Más allá del rechazo a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra los sublevados, los jóvenes pusieron en el centro de la diana a la Policía. Miles de ellos se enfrentaron con gran dureza y durante horas a las unidades desplegadas.
Los violentos cercaron la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, sita en la Vía Layetana, durante siete horas, donde arrojaron todo tipo de objetos, ( petardos, botellas, pintura y bolas de acero ) levantaron barricadas, incendiaron contenedores y cortaron señales de tráfico. Habían ido preparados para el combate. La mayoría de ellos iban encapuchados, tapándose la boca con un pañuelo e incluso lucían cascos de moto y gafas de protección. Algunos llevaban escudos caseros con el dibujo de un Ave Fénix, símbolo de las corrientes más separatistas del independentismo. Al anochecer, la protesta se trasladó al corazón de la ciudad donde se encontraban desplegados los efectivos autonómicos y tuvieron que emplear su blindado con cañón de agua. En este enfrentamiento, tres policías resultaron heridos al ser alcanzados por el impacto de diversos objetos.
La jornada del viernes, había comenzado por la tarde con una masiva manifestación que había congregado a decenas de miles de personas llegadas de toda Cataluña y que transcurrió pacíficamente. En paralelo, se estaba desarrollando una huelga general que colapsó los accesos a la ciudad durante casi todo el día. Pero la violencia acabó de nuevo empañando otro día más Barcelona.
Grupos de jóvenes que los convocantes de las entidades separatistas dijeron que les eran ajenos, volvieron a protagonizar otra batalla campal contra la Policía con barricadas a menos de un kilómetro de la marcha principal. Los ataques de los vándalos dejaron un reguero de 182 heridos en la región, de los cuales 152 de ellos lo fueron en la ciudad condal; 82 detenidos y enormes daños al mobiliario urbano.
El lunes, con la sentencia condenatoria recién publicada, el escenario escogido había sido el aeropuerto de El Prat, una acción espectacular para llamar la atención del mundo. Hubo enfrentamientos a los que la Policía respondió con contundencia. El martes, lo fueron la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Cataluña, símbolos del Estado opresor.
El miércoles y el jueves, los disturbios, dirigidos y organizados por grupos independentistas revolucionarios y anarquistas, seguidos por estudiantes, se extendieron intencionadamente por todo el centro de Barcelona. Adoptaron ya entonces un cariz antipolicial: la protesta por el fallo judicial se transformó en una revuelta contra los cuerpos policiales, fuese cual fuese el color del uniforme.
Era la venganza de los cachorros separatistas por las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 contra los votantes del referéndum ilegal. Aquella actuación acrecentó la animadversión del independentismo hacia a Policía Nacional. Estos hechos que llevaban el sello de los militantes de los CDR ( Comités de Defensa de la República ) serán olvidados al estar comprendidos en la Ley de Amnistía que entró en vigor el pasado martes, día 11 del presente mes de junio.
Tres de los más de dos centenares de Policías heridos que resultaron con lesiones muy graves que requirieron a alguno de ellos meses de ingreso y estancia hospitalaria debido a las cirugías médicas que necesitaron, han sido dados de baja en la Policía -jubilados anticipadamente al ser inútiles para el servicio policial- como consecuencia de la disminución de sus condiciones físicas. Recibieron el lanzamiento de tal cantidad de piedras que a uno de ellos lo han dejado en una silla de ruedas y a otro le rompieron un brazo. Del tercero se llegó a pensar que estaba muerto cuando lo pudieron recoger del suelo inconsciente y con el uniforme ensangrentado.
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