El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ), ha registrado a lo largo del pasado año de 2023, 466 actos de apoyo y exaltación a la organización terrrorista ETA en su Observatorio de la Radicalización. Se trata de un espacio electrónico en el que se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrrorismo vasco. Estadísticamente este tipo de activividades han disminuido un 21% con respecto a 2022, año en el que se realizaron un total de 589 actos de solidaridad a la banda criminal y sus antiguos integrantes, especialmente los presos que se encuentran cumpliendo condena.

En virtud del acuerdo suscrito por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) con los vascos de RECOGER ( EH-BILDU ) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno hay que celebrar que hayan desaparecido los actos de recibimiento ( ongi etorri ) en los pueblos de los que son originarios los reclusos etarras a su salida de prisión como novedad muy importante y dentro de la política de normalización y blanqueamiento de los herederos políticos de la banda armada ETA.

Llama la atención que de los restantes pactos necesarios con otras formaciones políticas para lograr el citado nombramiento, este sea el único que ninguna de las partes se atreve a hacerlo público por lo que da una idea de la gravedad de su contenido.

La eliminación de estos actos públicos es muy buena noticia para las víctimas de los terroristas al tratarse de las actividades más humillantes que se podían presenciar ya que algunos de ellos se han hecho debajo de la casa de alguna víctima. Que no se celebren estas fiestas aberrantes es muy positivo tanto para quienes las sufren como para la sociedad en general y que además estaban consiguiendo la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas.

La legitimación pública de ETA a través de este tipo de acciones sigue muy presente en las calles vascas y navarras. Así de las 466 actividades realizadas, 173 han tenido lugar en la provincia de Guipúzcoa, 162 en la de Vizcaya, 67 en Navarra, 40 en Álava, 14 en otras provincias y 10 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco Francés.

Si se hace una clasificación por el tipo de acto, del total 178 han sido manifestaciones en las que se ha reclamado la puesta en libertad de los presos etarras, 166 han sido de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y sus reclusos, 48 de homenajes públicos de terroristas muertos, 27 fiestas populares realizadas específicamente para enaltecer a ETA, como la celebración del día del soldado vasco ( gudari eguna ) ; 5 han sido de homenajes en la vía pública a presos de la banda y se les baila un aurresku ( danza popular, revestida de solemnidad y elegancia que se baila como homenaje a personas destacadas de la comunidad ) y los 42 hechos restantes no cabían en las anteriores segmentaciones.

Debido a la realización de todas estas ceremonias que mayoriatariamente hace otra de las marcas del entorno de ETA, el partido político SORTU, se está contribuyendo a la radicalización de una parte importante de la sociedad vasca, especialmente los jóvenes que están creciendo con la idea de que los terroristas son héroes, presos políticos o incluso refugiados políticos porque es lo que se les está transmitiendo de manera impúdica.

Si pedir la excarcelación de quienes están en las cárceles por crímenes gravísimos es una acción totalmente legal habrá que cuestionarla porque son un claro síntoma de anormalidad moral imposible de ver en las calles de cualquiera de los países de la Unión Europea. ¿ Qué harían tanto las autoridades como los ciudadanos de Francia, Alemania o Italia si vieran manifestaciones públicas de centenares o miles de personas pidiendo la libertad de sus presos yihadistas ?.

La exaltación que impulsan estos comunistas vascos disfrazados de patriotas ( abertzales ) es uno de los mayores obstáculos para la convivencia vasca ahora que ETA ha dejado de matar pero no de existir como se está viendo año tras año porque además se está haciendo con orgullo y jactancia.

A este efecto, hay que mostrarse preocupado por la posibilidad de que salga adelante la proposición de ley que la organización política SUMAR tiene registrada en el Congreso de los Dipuatados desde noviembre de 2.024 para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo ( artículo 578 del Código Penal ). De conseguirse, se le estará mandando a la sociedad un mensaje de que elogiar a ETA es una realidad inexistente que como se está viendo, es incierto.

Si bien en la actualidad la citada norma penal no sirve para acabar con la exaltación de la banda terrorista, su desaparición sería preocupante porque se podría instalar en la sociedad vasca la falsa idea de que se trataría de una lacra en la que las instituciones autonómicas y locales no ten drían ninguna responsabilidad cuando sí la tienen.

Hay que recordar que el Gobierno regional vasco formado por una coalición del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y del Partido Socialista de Euskdi ( PSE ) se diera mucha prisa antes de que se acabara la legislatura pasada una Ley de Memoria Histórica y Democrática ( septiembre de 2.023 ) que sanciona la exaltación del franquismo pero no dice nada relativo a los actos de exhibición pública de apoyo y legitimación de ETA.

El uso indebido de información conocida por razón de su oficio o cargo por parte de los agentes de cualquiera de los Cuerpos Policiales que operan en España y de otros organismos o personas autorizadas a acceder a los bancos de datos policiales, es un problema permanente cuya prohibición está meridianamente regulada en la normativa vigente y por eso no constituye una práctica arraigada sino que se trata de unos pocos casos concretos e individualizados que cuando se dan son castigados debida y ejemplarmente.

Uno de los principios básicos de actuación de los miembros policiales es el secreto profesional que se establece en la conocida y vigente como Ley de la Policía ( Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ) continuando y recogiendo doctrinas anteriores, en los siguientes términos: Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que en el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley, les impongan actuar de otra manera.

En el Código de Ética de la Policía Nacional ( publicado 27 de diciembre de 2.014 y que ha sufrido posteriores modificaciones ) se dispone que la Policía debe de someterse al principio del secreto profesional y mantener la confidencialidad de las informaciones recibidas y de sus fuentes siempre que su ejercicio no se oponga a la aplicación de la justicia. Y que preservará los datos personales de los ciudadanos sin que pueda utilizarlos o difundirlos fuera del marco establecido legalmente. La intromisión policial en la vida privada de los ciudadanos se realizará cuando sea estrictamente necesario y se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

En virtu de ello, el Régimen Disciplinario de la Policía ( Ley Orgánica 4/2.010 de 20 de mayo ) tipifica como falta muy grave: La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos que conozcan por razón de su cargo, que perjudique el desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.

Por si no fuera bastante con lo anterior, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal ( Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y sucesivas modificaciones ) cuyo ámbito de aplicación son los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, así como toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos o privados, prescribe el deber de secreto profesional que tienen tanto el responsable del fichero que contiene los datos como quienes intervengan en cualquier fase de su tratamiento.

Este deber se prolonga en el tiempo aún después de la finalización de las relaciones con el titular del fichero o con el responsable del mismo y su infracción conlleva la aplicación del régimen sancionador previsto en la referida Ley Orgánica.

Por su parte, el Código Penal, tiene previsto como delito, la utilización indebida de datos englobando conductas muy diversas, tales como el descubrimiento de secretos, su revelación, uso, sustracción, destrucción, modificación, ocultación o inutilización de los medios puestos para impedir el acceso a los datos; etc. Distinguiendo entre la conducta llevada a cabo por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo y la realizada por particulares, siendo perseguibles de oficio la mayoría de tales delitos y en todo caso, cuando afecten a los intereses generales o una pluralidad de personas.

En consecuencia, todos los funcionarios policiales y especialmente sus mandos, tienen que prestar atención prioritaria a esta cuestión en el cumplimiento de la obligación de velar por el mantenimiento del secreto profesional que constituye un deber ineludible para toda la comunidad policial y especialmente para quienes ocupan puestos de responsabilidad. A este delito se le asocia una pena de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años porque supone una intromisión en la vida privada de las personas.

Las diversas aplicaciones informáticas existentes en los archivos policiales disponen de las correspondientes herramientas de control y alarmas, registro de sus accesos, consultas y modificaciones, así como de instrumentos que permiten sus análisis y valoración que resultan de especial interés para la investigación de las eventuales actuaciones indebidas durante su utilización.

Por ello y con independencia de las medidas de seguridad con carácter general ya expuestas, cualquier mando policial está autorizado para adoptar otras de carácter complementario que puedan prevenir y en su caso detectar cualquier actuación irregular o indebida.y si a pesar de ello, tuviera indicios o sospecha alguna de la utilización de datos para fines distintos a los previstos y careciera de los recursos necesarios para su investigación, comprobación y persecución, deberá pedir el apoyo y la colaboración de la Unidad de Asuntos Internos que inspecciona los programas de calidad de las actuaciones policiales.

Es el cuerpo paramilitar creado por Hugo Chávez en el año 2.009 para controlar a la población y que su heredero político NIcolás Maduro presumía de estar compuesto por casi un millón de ciudadanos y que esperaba que llegaran a dos millones en el año 2.019 aunque hoy las fuentes oficiales cifran en más de cuatro millones ( cantidad exagerada, evidentemente )

Su misión principal es defender al país de una posible invasión extranjera pero mientras tanto esto no ocurra se dedican a vigilar a los vecinos y llenar mítines progubernamentales. Es una organización al servicio del Gobierno bolivariano que cobra menos del equivalente a seis dólares norteamericanos al mes, estando el cambio a 51,44 bolivares-dólar y una media de 48 bolívares-euro ( el salario mínimo es de 130 bolívares apenas unos 3,5 dólares ).

Ingresan en la Milicia tras un cursillo de una semana de duración para conocer la estructura de la organización, saber la jerarquía y aprender a desfilar. También a disparar con fusil por si un día tienen que enfrentarse al enemigo que les digan. Así como se les instruye en primeros auxilios sanitarios. Pero como el contrincante no aparece, los emplean en tareas de seguridad en los espacios públicos tales como, mercados, parques, colegios y en el transporte suburbano (metro) de la capital de la nación, Caracas.

A pesar de su buena disposición, el uniforme caqui que llevan es el más desprestigiado de cuantos hay en Venezuela porque no causan respeto alguno y son vistos como delatores al servicio del Régimen. El temor a un levantamiento de la población por parte del chavismo en las zonas más pobres los ha convertido en un eficaz sistema de control social pese a que se les insulta y se les grita para ridiculizarlos.

El elemento disuasorio que llevan es un bastón extensible y tienen a su disposición cuando las necesiten las armas de fuego con las que apendieron a disparar pero que en las patrullas normales están bajo llave para que no respondan a las habituales provocaciones mediante disparos. El pasado jueves dia 9 y con gran despliegue mediático, se les facilitó un fusil de asalto soviético, el conocido Kalashnikov, más popular por su acrónimo AK-47, para que puedan hacer frente a las manifestaciones anunciadas para apoyar la toma de posesión como Presidente de la República del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia.

La realidad actual es que la Milicia Bolivariana se ha convertido en una gran agencia de colocación para los amigos y simpatizantes de la causa chavista y la forma más rápida de acceder a las imprescindibles ayudas sociales del Gobierno si se quiere sobrevivir.

Cuando se entrenan en bases militares, se ve a un ejército de desempleados, amas de casa, abuelos, fanáticos seguidores gubernamentales y nostálgicos del eterno comandante Chávez, a los que les cuesta marcar el paso, discutiendo siempre entre ellos y desfilando con escobas, de acuerdo con los videos que se han filtrado.

Ante la burla generalizada y el aumento de la tensión social y política, han intensificado su preparación y aumentado sus funciones a tareas de información al estilo de los Comités de Defensa Cubanos, señalando a los disidentes como traidores de la revolución. Son los tentáculos del Régimen en las profundidades de los barrios para denunciar a los traidores a la patria a cambio de las cajas de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimientos, más conocidos por sus siglas CLAPS.

Separando la propaganda oficial y llegando a la realidad cotidiana, lo cierto es que la gente se mete en la Milicia porque no hay trabajo. Se trata de personas muy humildes y llenas de dificultades que se buscan así la vida. Parece ser que su principal problema es que son tan odiados por la población como por sus superiores jerárquicos.

Se les utiliza para abonar el discurso de la intimidación y rellenar el aforo en los discursos de Maduro ante la escasa asistencia de la población en general. La cifra real de milicianos es de difícil cuantificación ya que nadie se cree que lleguen al millón ni siquiera remotamente aunque están desplegados en todas las localidades del territorio nacional venezolano y en algunas de ellas son bastantes eficaces.

Celebran su aniversario cada 13 de abril conmemorando la victoria contra el fallido golpe de estado del año 2.002 contra el fallecido Presidente Hugo Chávez y también juran ante el Presidente Maduro defender la patria con sus vidas que aprovechó para expresar que ya había dado instrucciones para crear una ley que permitiera a este cuerpo civil -aunque con adiestramiento militar- incorporarse a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Deseo que se llevó a cabo el 20 de enero de 2.020 cuando la Asamblea Constituyente del país aprobó la reforma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ( FANB ) que incluía la integración de la Milicia Bolivariana para darle rango constitucional.

Aunque las funciones básicas de la actividad policial siguen siendo las mismas, el mundo en el que trabaja ha cambiado significativamente. Mantener la convivencia pública, proteger la vida y la propiedad de las personas y hacer cumplir la ley, son responsabilidades clásicas que se enfrentan ahora a nuevos retos como son las expectativas de los ciudadanos que cada vez son más altas, la creciente complejidad de la delincuencia y las graves limitaciones presupuestarias.

La Policía, no solo debe de hacer frente a estos desafíos sino que también tiene que estar dispuesta a hacerlos adoptando los cambios organizativos, operativos y tecnológicos necesarios. Es decir, adaptando los métodos de trabajo a los tiempos que corren. Comprender las variaciones sociales que pueden afectar a la Policía es clave para poder prestar el servicio necesario.

Hay tres grandes tendencias que están marcando en la actualidad la orientación de la actividad policial. La primera sería que los ciudadanos tienen esperanzas cada vez más altas en lo que se refiere a prevención de la delincuencia; actuación en caso de emergencia; atención al ciudadano; presencia en la calle y participación de la población en la función policial porque los ciudadanos no se quieren quedar al margen y piden ser tratados como clientes como en las empresas del sector privado.

La segunda se debe a que como la criminalidad está cada vez más organizada y globalizada, ha entrado en el mundo digital y utiliza redes complejas. Los delincuentes no solo son más ràpidos que la Policía sino que además es frecuente que cuenten con tecnologías más avanzadas. Los estudios más recientes del mundo occidental indican que el crimen organizado ha crecido casi un 130% en los últimos diez años y se ha internacionalizado de manera considerable, lo que dificulta los métodos tradicionales de detección e investigación de los delitos.

Y la tercera, sería la habitual escasez presupuestaria que obliga a hacer más con menos y no salir nunca de la precariedad. La Policía siempre va detrás del delincuente y parece ser su destino que no hay manera de modificarlo. La pasada crisis económica obligó a una reducción de costes de la que aún no se ha salido.

Aunque no exista ninguna varita mágica que resuelva todos los problemas, sí se puede hacer alguna reflexión que ayude a facilitar el proceso de transformación necesario. Se podría empezar por intentar buscar una mayor implicación de la sociedad. La Policía tiene que aprovechar tantos canales como sea posible para buscar formas de comunicación con los ciudadanos y que además sean novedosas, dinámicas, personalizadas y rentables.

La participación ciudadana debe de tener como escenario a internet y las redes sociales sin olvidar el contacto directo con lo distintos agentes sociales. Debe de ser una relación basada en la confianza. Las redes sociales pueden cambiar las relaciones con la gente porque facilitan el diálogo y hacen que el ciudadano se sienta más implicado. También la comunicación directa hace llegar mejor el mensaje y se evita que nadie lo pueda tergiversar.

Se podría seguir mejorando el acceso de los agentes a la información que necesitan para su actividad policial. Las actuaciones diarias necesitan una conexión profesional ràpida y precisa. Los distintos bancos de datos de la organización a veces no bastan para resolver la consulta necesaria y así no se puede aumentar la eficacia porque no hay interoperatividad con otros organismos de la administración. La tecnología móvil permite un mayor despliegue de los efectivos policiales en la calle y dar una mayor seguridad a la población.

También, hay que optimizar los métodos de trabajo porque las nuevas técnicas pueden contribuir a reducir los costes de los servicios policiales y elevar los niveles de eficacia y velocidad de respuesta tanto ahora como cara al futuro. Si la Policía tiene acceso a la información en poder de otros organismos oficiales y que resulte necesaria para su labor ordinaria, le permitiría concentrar sus recursos en las tareas prioritarias.

Cuando se consiga de manera plena las distintas herramientas informáticas que permitan un servicio integral de gestión operativa que automatice la conexión de las denuncias o requerimientos ciudadanos con su tratamiento operativo y la posible interconexión con otros cuerpos policiales o judiciales, se lograría una importante reducción del tiempo que hay que dedicar a las tareas administrativas.

Es necesario usar la analítica para predecir y mejorar los servicios. Este proceso forma parte de una nueva oleada de tecnologías en las que se basa la inteligencia en tiempo real. Estas ciencias permiten usar datos de calidad y procesos razonados automatizados para optimizar las investigaciones y aumentar la eficacia en la lucha contra la delincuencia.

Y por último, hay que fomentar más la colaboración entre los diversos Cuerpos Policiales tanto nacionales como extranjeros. También con la justicia, agentes sociales y organizaciones públicas y privadas.

Todos los cambios necesarios hay que gestionarlos de manera proactiva. Esa responsabilidad compete a todos los directivos y mandos intermedios policiales que sean capaces de hacer esa realidad de manera eficaz, tanto ahora como en el futuro. Para ello tienen que crear un ambiente laboral propicio a los cambios y combatir las lógicas y habituales resistencias a los mismos porque si no es así, estas transformaciones no van a ser posibles si no se comprende adecuadamente la naturaleza cambiante del entorno en el que se trabaja. Los responsables policiales deben saber administrar bien los riesgos que hay que correr, los cambios a gestionar y sobre todo las herramientas informáticas que hay disponibles.

La Policía, tiene que ofrecer a sus clientes que son los ciudadanos un servicio completo, muy conectado y capaz de hacer frente a los retos actuales e ir previniendo los futuros. Con un sistema integrado de colaboración que ofrezca todas las acciones que permita la técnica para que las actuaciones policiales al estar mejor preparadas se traducirán en una mayor implicación de la sociedad y en mejores resultados. El combate contra a criminalidad no termina nunca pero hay que hacerlo adaptándose a la realidad del mundo al que sirve.

Hugo Rafael Chávez Frías como Presidente de Venezuela condenaba ese exterminio masivo de judios que conocemos como Holocausto cuando una de las características de su régimen era el antisemitismo. No era casualidad que las restricciones a la libertad de la Iglesia católica y la pretensión de destruir su significado histórico y cultural se produjeran al mismo tiempo que los ataques a la comunidad judía. Unas y otros tenían la misma raíz. Era la lucha contra dos expresiones de la fe que afirman que Dios tiene que ver con la Historia. Era la guerra a unas tradiciones de raíces comunes que desenmascaraban una utilización de la religión para proyectos de poder. En lo relativo a los católicos, Chávez quería una Iglesia que no valorara la Historia, que no se pronunciara sobre la cultura y que no denunciara el cambio que iba sufriendo el régimen hacia el totalitarismo.

A finales del 2.007, consideró que estaba maduro el momento de introducir una modificación en la Constitución Venezolana de 1.999 que le permitiera perpetuarse en el poder. Para ello, sometió a referéndum una enmienda para cambiar 69 artículos de la carta magna con el convencimiento de que iba a ganarlo. Si lo hubiera conseguido, habría limitado la independencia de algunos de los poderes del Estado y legitimado la prolongación indefinida de sus mandatos.

Los obispos, hicieron pública una Nota en la que señalaban que las pretensiones de Chávez eran muy poco democráticas. Perdió la consulta popular por muy poco -125.000 votos- pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Después de conocerse el resultado admitió que había sido derrotado pero enseguida añadió una coletilla: Por ahora…

En su fracaso, fue decisiva la movilización espontánea de los estudiantes. Las manifestaciones universitarias se sucedieron pacíficamente durante dias ocupando las calles de la capital de la nación, Caracas. Los jóvenes salían de los recintos educativos a pesar de que el régimen chavista movilizó a sus bases para amedrentarlos. Uno de los líderes de ese movimiento juvenil, Nixon Moreno, tuvo que refugiarse en la representación diplomática de la Santa Sede conocida como la Nunciatura Apostólica. Chávez respondió a las críticas con la misma fómula que utilizaba el Partico Comunista Chino, buscando a sacerdotes católicos que se opusieran a lo que decían sus obispos y los hacía aparecer en sus programas de televisión.

El Presidente venezolano, seguía empeñado en su reforma constitucional y por eso, a comienzos de 2.009, va a repetir el referéndum porque necesitaba someter a la Iglesia. Así que, en el verano de 2.008, anuncia una de sus creaciones más disparatadas: la Iglesia Católica Reformada de Venezuela.

La historia de esta Iglesia es un auténtico sainete. La nueva fundación cuenta con la colaboración de Leonardo Marín Saavedra, Arzobispo Primado de la Iglesia Anglicana Latinoamericana que había defendido la reelección de Chávez. Tres sacerdotes son ordenados obispos y manifiestan no sentirse vinculados por el celibato.

En el documento fundacional, se explica que la nueva Iglesia no es jerárquica sino más bien inclusiva, participativa y con un fuerte espítitu bolivariano. Se reconoce que Jesucristo como Señor de la Historia está presente en el proceso revolucionario. La Iglesia católica hace un llamamiento para que los fieles no se dejen engañar. El obispo anglicano de Venezuela, Orlando Guerreo, también se da prisa en dejar claro que no tiene nada que ver con la nueva organización. La pretensión de nombrar cardenales y obispos será una de las obsesiones de Chávez durante sus últimos años de vida. Cuando Monseñor Urosa, Arzobispo de Caracas, fue nombrado cardenal en 2.006 por el Papa Benedicto XVI, denunció la falta de democracia en Venezuela.

Chávez, antes de una nueva consulta quería seguir presionando algo más y durante ese tiempo, el líder estudiantil Nixon Moreno seguía refugiado en la Nunciatura vaticana. Decide que hay que darle un nuevo susto al representante papal y lo hace con uno de sus recursos habituales, utilizando una de las organizaciones bolivarianas que maneja. En este caso, se trata de la asociación La Piedrita.

Los actos de intimidación contra la misión diplomática católica fueron constantes durante meses y en alguna ocasión subiendo un escalón más. La gente de La Piedrita llegó a lanzar cinco bombas lacrimógenas al jardín de la residencia del Nuncio. Con las mismas, iba un panfleto en el que se informaba al pueblo rebelde de Simón Bolívar que esa organización revolucionaria ignoraba a la cúpula eclesiástica de la Iglesia católica y la señalaba como traidora y cobarde a las verdaderas luchas del pueblo venezolano. Al mismo tiempo, también se produjeron ataques a periodistas y a la Universidad Central de Venezuela.

Todo el esfuerzo que empleó Chávez en la creación y desarrollo de su Iglesia se diluyó con su fallecimiento en marzo de 2.013 y desapareció con él. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha seguido atacando a la Iglesia Católica que nunca ha parado de denunciar la violencia del régimen pero no ha llegado tan lejos como lo hizo su antecesor y no lo ha imitado en crear su propia Iglesia.

Lo que les faltaba a los trabajadores autónomos y pequeños empresarios es que les pirateen los correos electrónicos para desviar el pago de sus facturas. Pero este es uno de los timos en mayor expansión en los tiempos que corren. La estafa se conoce en el lenguaje informático como BEC, siglas en inglés de compromiso de correo electrónico corporativo ( empresa).

Los delincuentes acceden a la cuenta de correo electrónico de la víctima, buscando originales de facturas de sus proveedores habituales, a las que le cambian el número de cuenta del destinatario. Cuando el cliente recibe la factura, efectúa el pago sin darse cuenta que, en realidad, lo está haciendo a una cuenta distinta que es la falsa.

El BEC forma parte de uno de los numerosos tipos de estafa que proliferan en el mundo de la informática a través de internet. Consiste en obtener información interna y confidencial del negocio o de la empresa suplantando la identidad de un cliente o suministrador legal. Los estafadores logran hacerse con el dinero de las facturas falsas porque las entidades bancarias aceptan las transferencias aunque el nombre del titular y el número de cuenta no pertenezcan a la misma persona.

Para que se entienda mejor, véase un ejemplo. Es un viernes a última hora. El fin de semana va a comenzar y Pedro ( nombre imaginario) ya tiene hecha la maleta para irse a su casa que destina como segunda residencia. Es propietario de un pequeño comercio familiar y está esperando un pedido de mercancía que suele reponer mensualmente. Hace unos dias que pagó la factura a su proveedor habitual como suele hacer en cuanto le llega. Nunca había tenido problemas.

Está un poco receloso porque la última factura no la recibió tan rápida como de costumbre y además le añadían que habían cambiado de banco. Empezaba a mostrarse preocupado porque encima la mercancía no había llegado todavía y ya se estaba preguntando si es que había pasado algo. Repasando toda la documentación del pedido, se fija en el mensaje y ve que en la dirección del correo han cambiado una letra y tiene dos o o en lugar de dos e e. Han puesto proovedor.com en lugar de proveedor.com. ¡ Cómo para darse cuenta !.

Ahora ya sabe que la factura no es la original y que alguien ha logrado entrar en su cuenta de correo del local. Pedro tiene la misma contraseña para sus otras cuentas y le daba mucha pereza cambiarlas de vez en cuando. Cosa que no había hecho. Acaba de recibir la primera lección: las contraseñas son importantes y no se deben de mantener siempre las mismas.

Los grandes expertos en informática reconocen que es muy fácil caer en esta trampa dado el tipo de vida que se lleva, basado todo en la prisa. Por eso, lo más recomendable es prepararse a la defensiva. Eso significa tomar precauciones como variar periódicamente la contraseña de la cuentas que se utilicen y tener una copia de seguridad de la información que se considere más relevante. La clave para protegerse es estar en guardia permanente.

Basta con ver los programas informativos de cualquier cadena televisiva con respecto a la invasión emigratoria que están sufriendo las islas Canarias para entender que esos barcos denominados cayucos fueron creados como embarcaciones de pesca y no como transporte marítimo de pasajeros para una distancia de más de mil kilómetros. También, que infinidad de ellos se debaten entre esos dos destinos en la costa senegalesa como una línea de puntos que une la arena y coloreados de tonos vivos que contrastan con el azul del mar.

En la desembocadura del río Senegal, en Saint Louis, al norte del país, se apiñan embarcaciones rellenas de redes y escamas de pescado; en Dakar la capital, parecen gigantescas cáscaras de nuez; en el sur, son cientos de cayucos inmovilizados en las playas y custodiados por las gaviotas que chillan porque quieren su recompensa de peces. Son muchos barcos dudando entre huir y quedarse en una tierra donde casi el 20% de la población vive del negocio de la pesca.

Aunque las voces convencionales se limitan a justificar la ola migratoria a Canarias en guerras no declaradas y en violentos golpes de Estado; en crisis económicas; en hambrunas y desgracias varias para una sociedad anestesiada como la nuestra, la realidad es que también existe un estrecho vínculo en Senegal entre la pesca y la emigración.

Al final, son ellos quienes llevan a los que quieren venir hasta aquí. Son ellos los que reutilizan los cayucos para buscar el suelo español y europeo. Y también son ellos quienes los pilotan y quienes organizan el viaje y quienes se encargan de que no viajen miembros de la etnia tucolor en la misma embarcación con otros de la etnia sosso para evitar peleas.

En definitiva, los propios pescadores reconocen que existe una relación directa entre las crecientes dificultades que enfrenta su oficio y su predisposición a participar en el negocio emigratorio y que prefieren gobernar un cayuco por entre las olas que levanta la brisa de otoño si la alternativa es un puñado de sardinas a repartir entre toda la tripulación.

En Senegal, se pesca -o mejor dicho, se pescaba- atún, sardina, dorada, merluza y sepia, entre otras variedades. Sus aguas poseen -o poseían- una riqueza extraordinaria que explica esa tradición pesquera, representada en los barcos que descansan en la costa y en las redes que remiendan en cada puerto. Se cuestiona mucho si la disminución de las capturas están relacionadas con los acuerdos pesqueros con la Unión Europea ( UE ) que han perjudicado al amplio sector de la sociedad senegalesa que necesita la pesca para sobrevivir.

El actual acuerdo de pesca entre la UE y el país africano, firmado en noviembre de 2.019, válido por cinco años, autorizaba a 28 atuneros congeladores; 10 cañeros y 5 palangreros de España, Portugal y Francia a faenar en aguas senegalesas por el pago anual de 1,7 millones de euros. Los barcos pueden pescar hasta un total de 14.000 toneladas de pesca al año, de las cuales 10.000 corresponderían al atún.

Llevado el acuerdo al terreno económico y considerando un precio medio de mercado para las variedades descritas de 10 euros por kilo ( aunque el precio medio de atún sea de 13 euros kilo ) resulta un beneficio total de 140 millones de euros. No deja de ser llamativo que Europa se embolse más del 98% de los beneficios derivados del acuerdo que al principio suponía el 1% de las capturas y que en el 2021 las autoridades senegalesas publicaron que ya estaban en el 6% y se vieron obligadas a bloquear las licencias que se renovaron en 2.022.

Por eso los pescadores senegales no se cansan de repetir que la situación actual puede considerarse como catastrófica porque muchas especies están amenazadas o incluso sobreexplotadas y apoyan sus quejas en que, por ejemplo, la sardina muestra una disminución del 75% en comparación con años anteriores; que mientras ellos están pescando de manera artesanal, los barcos europeos lo hacen de manera industrial por sus mayores medios para faenar.

Dado que los caladeros tradicionales próximos a Saint Louis hace años que están disminuyendo a una velocidad alarmante, los pescadores se ven obligados a subir hasta Mauritania en busca de nuevas oportunidades o descienden incluso a Gambia. Los viajes son más largos y por ello, aumentan los gastos y las probabilidades de peligro sin que crezcan necesariamente las capturas.

En ocasiones, muchos jóvenes senegaleses y de los países vecinos, pagan un pequeño peaje para que los lleven a la costa mauritana donde cogerán otro cayuco con dirección a Canarias. Aquí se encuentra otro vínculo entre la pesca y la inmigración porque muchas embarcaciones sirven como taxis para los jóvenes subsaharianos que luego saldrán para Canarias.

Sería injusto señalar únicamente a Europa como responsable de esta calamidad porque los pescadores senegaleses también señalan a China. Para poder pescar en esas aguas, los chinos no han firmado ningún acuerdo como ha hecho la UE sino que han empleado la fórmula de la creación de empresas mixtas con otras nacionales. Como resultado, los barcos chinos se consideran – a efectos legales- como una flota industrial local que debe de pagar una licencia al precio que lo harían los senegaleses. El temor a esta fórmula es que cuando esquilmen los bancos de peces se irán a otra parte dejando el mar vacío de su pescado.

Se da la paradoja de que pescadores de Dakar que salen con el cayuco, buscan y no encuentran ningún cadadero que faenar y entonces se ven obligados a comprar el pescado que ellos no consiguen a los barcos chinos que solo les venden el pescado sobrante y de peor calidad en su propia tierra -digo mar- y regresan a puerto para intentar convencer a sus esposas de que su oficio todavía tiene sentido.

El pasado domingo, 17 de noviembre, expiró el acuerdo pesquero de la Unión Europea ( UE ) con Senegal y no tiene visos de renovarse hasta que el país africano demuestre su compromiso contra la pesca ilegal, de acuerdo con el señalamiento de la Comisión Europea que le hizo en mayo de que estaba incumpliendo la citada obligación y que había sido objeto de varios avisos europeos. No será la primera vez que esto ocurra ya que entre los años 2.006 y 2.014 el acuerdo se suspendió y permitió a las dos partes evaluar y renegociar las condiciones.

Hasta que no se despeje este panorama los barcos europeos -entre ellos, los españoles- han abandonado las aguas senegalesas y ese país ya no recibirá ninguna compensación económica hasta que no haya un nuevo acuerdo, si es que lo hay. La costa senegalesa es uno de los caladeros de mayor importancia para la flota española que opera en el océano Atlántico.

De nuevo, una sentencia judicial revela que los servicios de información de Marruecos mantienen una actividad frenética en el territorio español solo superada en agresividad por el espionaje ruso. La novedad es que el fallo conocido ahora destapa que nuestro vecino del sur ha llegado a desplegar en España a agentes que llevan trabajando ininterrumpidamente para el Gobierno marroquí al menos desde que reina Mohamed VI hace ya casi veinticinco años.

La Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional española, ha ratificado la denegación de la concesión de la nacionalidad española a un ciudadano marroquí después que el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) remitiera al tribunal un informe en el que detallaba que el solicitante era sospechoso de colaborar con el Gobierno africano desde 1.999 hasta la actualidad.

La sentencia, fechada el pasado mes de octubre de 2023, subraya que el supuesto espía en su trámite de alegaciones no desmiente que haya estado trabajando para los servicios de inteligencia del país vecino durante casi un cuarto de siglo. Por eso el tribunal pidió, en enero de igual año, al CNI un informe ampliatorio sobre la colaboración mantenida por el demandante con servicios de espionaje extranjeros después que el solicitante recurriera la resolución de la Dirección General de Registros y Notariado dependiente del Ministerio de Justicia de denegarle la nacionalidad española a pesar de que el citado llevaba una década de residencia legal en España que es uno de los requisitos básicos que tenía que cumplir.

A la vista de los nuevos datos aportados por el servicio secreto español, la Audiencia Nacional confirmó la decisión del órgano del Ministerio de Justicia de negarle la ciudadanía española por motivos de seguridad nacional.

Este caso, no es ni mucho menos el único conocido hasta ahora. Desde hace al menos una década, el CNI ha conseguido destapar hasta en siete sentencias judiciales las actividades de espionaje en España de un país extranjero que en el mundo diplomático califican como socio leal y responsable. En todas las ocasiones, ha sido de igual forma que a la ocurrida ahora, tratando de impedir que estos agentes consiguieran la nacionalidad española a través tanto de la vía administrativa como de la judicial.

Ya el Tribunal Supremo español, a partir de sentencias realizadas entre los años 2011 y 2013, sentó la doctrina que se iba a seguir en el futuro y que pasaba por una mayor implicación del CNI. Hasta entonces el servicio de inteligencia español no acreditaba los motivos por lo que consideraba que era un asunto de seguridad nacional y no aportaba más datos. A partir de ahí, se le pidió que tenía que ofrecer un mínimo de información sobre las razones determinantes de su decisión y es lo que se está haciendo hasta ahora con bastante éxito aunque ello suponga ir conociendo -mínimamente- operaciones de espionaje marroquí que siguen protegidas con el grado de confidencial o secreto.

También hay que recordar que el espionaje marroquí es el principal sospechoso del robo de información de los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca y de la Defensa, Margarita Robles, descubierto en el año 2021 y llevado a cabo mediante el sistema electrónico Pegasus que comercializa una empresa israelí aunque solo a Gobiernos y no a empresas o particulares.

Llama mucho la atención que todas estas actividades que han llegado hasta el nivel de hacerlas públicas ( existen otras mucho más numerosas e importantes que siguen siendo desconocidas por la población en general porque están protegidas con la clasificación de secretas ) se mantengan inmunes a los vaivienes diplomáticos entre España y Marruecos del tipo de la crisis provocada por la acogida española del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali en abril de 2021 o la de marzo de 2022 tras el reconocimiento de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.

Estando así las cosas, en mayo del año pasado 2023, otra sentencia de la Audiencia Nacional destapó una red marroquí de espionaje a ciudadanos saharauis en España, tras una informe del CNI que recomendaba negar a nacionalidad española a un peticionario por su colaboración con los servicios de información marroquíes desde el año 2010, sobre todo avisando de los movimientos de los integrantes del Frente Polisario y colonia marroquí residente en España.

En septiembre de 2022, en otra sentencia de nacionalidad de la Audiencia Nacional, desveló la existencia de un grupo de espionaje marroquí basado en los Consulados de Sevilla y Madrid desde al menos 2016. Otra sentencia del mismo órgano judicial de enero de 2020, destapó una red de informadores que operó entre los años 2008 y 2016, con base en el Consulado de Marruecos en Las Palmas. Y un fallo de ese mismo tribunal descubrió otra trama que entre 2002 y 2018, trabajó bajo la tapadera de un supuesto desertor del ejército marroquí.

En marzo de 2015, el CNI hizo pública la desarticulación de la mayor red de espionaje conocida hasta entonces para conseguir la expulsión de España de su responsable. Ese grupo radicado en Barcelona y que actuaba desde el año 2000, elaboró numerosos informes periódicos para favorecer la difusión de ideologías religiosas extremistas y usó una red de confidentes y colaboradores distribuidos por las cuatro provincias catalanas para manipular las voluntades de los representantes musulmanes en Cataluña.

En julio de 2013, siempre la Audiencia Nacional que es el tribunal competente para estos casos, en otra sentencia reveló la existencia de un grupo establecido en Granada y con estrecha relación con el Consulado marroquí de Almería que era del que dependía pero dirigido desde Tetuán por la inteligencia de ese país magrebí.

Esta modalidad de estafa lleva prácticándose muchos años y además con más éxito del que se reconoce. En España, no hay datos oficiales sobre este tipo de delitos pero la criminalidad por internet aumentó un 21,5% el año pasado ( 2023 ), según la estadística del Ministerio del Interior. Ello es debido a que, en la mayoría de los casos, no se llega a denunciar porque es tal la vergüenza que sienten las víctimas que prefieren resignarse a perder el dimero y llorar en casa. Si se coge el ejemplo de Estados Unidos y según la Oficina Federal de Investigación ( más conocida por sus siglas FBI ), en el 2023 se estafaron 650 millones de dólares en fraudes románticos de esta naturaleza.

Los que no se avergúerzan son los delincuentes que con la llegada de la inteligencia artificial han encontrado la herramienta ideal para perfeccionar sus delitos y están tan fascinados con los resultados que no dudan de alardear de sus hazañas en internet. La mayoría de estos timos se ejecuta desde países africanos donde es muy difícil que sean investigados y juzgados. El caso más llamativo se da en Nigeria donde los grupos organizados de estafadores llevan operando muchos años.

Allí, a este tipo de fraudes se le conoce como 419, que es el número del artículo del Código Penal que los sanciona pero todo el mundo sable que no se aplica por la corrupción policial y judicial. La prueba más palpable es que en la aplicación china Tik Tok circulan videos donde unos estafadores ( imagen de apertura ) usando las nuevas tecnologías transforman a un joven nigeriano -en tiempo real- en un norteamericano rubio que seduce a una mujer a miles de kilómetros de distancia. Si antes las deficiencias en el uso del idioma y la adaptación del sonido a los gestos del video hacían fácil sospechar que se trataba de un engaño, ahora es prácticamente imposible.

Las víctimas suelen ser personas de mediana edad ( sobre los 45 años ) de ambos sexos, con estudios superiores. Los clientes no se eligen porque desconozcan las nuevas tecnologías de la información o sean más ingenuos ante los posibles riesgos sino porque a esa edad se suele tener cierta solvencia económica. Por lo general, se trata de personas que viven solas, solteras, divorciadas o viudas que se encuentran en un estado vulnerable o de baja autoestima. A este cliente que es su objetivo, es a quién los timadores están dispuestos a dedicar mucho tiempo, intercambiando mensajes.

En los videos publicitarios de sus captaciones de clientes -así llaman a sus víctimas- que ponen en las redes sociales muestran sus habilidades para realizar una gran variedad de estafas. Aunque los timos del amor son su especialidad también piratean correos electrónicos, suplantan identidades y varias actividades más. Ellos mismos venden su método en técnicas de edición de fotos y de videos, así como albumes de fotografías que pueden utilizarse para crear una imagen convincente. También se venden documentos de identidad falsos y perfiles legales en las redes sociales.

Entre las historias que inventan los estafadores hay patrones que se repiten. Normalmente, suplantan profesiones de gran credibilidad social: médicos que trabajan para la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), ingenieros en una misión internacional, militares que luchan en conflictos internacionales…Para dar veracidad a las historias, utilizan fotomontajes. La conversación deriva hacia su difícil situación hasta que en un momento dado, necesitan dinero de manera urgente: primero, suele ser una cantidad pequeña que después va aumentando progresivamente con un hilo narrativo. Otras veces, piden el dinero para invertir en un negocio seguro o criptomonedas.También, si se trata de un timo de menos recorrido y quieren un ingreso rápido piden dinero para ir a visitar a la víctima que para entonces ya está más que enganchada. Viaje que obviamente, nunca se producirá.

Los estafadores, previamente, han buscado la huella digital de su victima para garantizarse que reúne esas características. Y se aseguran de conocer detalles para interpretar a un personaje con el que sintonicen: aficiones, lecturas…Esta información es fácil de obtener en internet si alguien usa habitualmente una red social. La etapa inicial de este tipo de estafas conocido como bombardeo de amor es similar a la que utilizan las sectas: halagan, seducen, acompañan, dan sentido a la vida de la víctima.

Siguen los patrones de la manipulación psicológica que practican muchos gurús. Los timadores tardan entre tres o cuatro meses en dar el paso del chantaje y piden el dinero poco a poco, sin dejar de engatusar a la víctima que puede llegar desembolsar hasta medio millón de euros,como ya ha ocurrido en casos denunciados.

Un caso típico sería algo así como: el video muestra a un hombre blanco, con el pelo claro y un poco más joven que su interlocutora. Ambos se conocieron en una red social por casualidad y llevan meses charlando a través de una plataforma de videos. Él le habla con afecto y de hecho, utiliza mucho la expresión cariño, le dice lo guapa que está y lo mucho que le gustaría estar con ella. También suele insistir en lo importante que es la confianza y la ayuda mutua en una pareja. Le cuenta cosas cotidianas de su vida: tiene una profesión cualificada ( es médico, piloto, militar…) que le obliga a estar siempre fuera, viajando y a veces, atraviesa situaciones complicadas que requieren la ayuda de otros… Hasta que un día, de repente, el hombre necesita dinero con urgencia. Para entonces, la conversación parece coherente, lógica…La mujer lo cree y sobre todo tiene miedo que el contacto con ese hombre que tanto la valora y la quiere, desaparezca. Y entonces se lleva a cabo la estafa.

Uno de los casos recientes más trágicos ocurrió en una pequeña localidad madrileña, en Morata de Tajuña, que acabó con el asesinato de tres hermanos: Amelia, Ángeles y Pepe. Las hermanas eran solteras y estaban jubiladas, vivían con Pepe que era discapacitado. Ellas fueron víctimas de unos tipos que se hacían pasar por militares, uno de los cuales decía estar a la espera de cobrar una herencia millonaria aunque para ello tenía que hacer antes unos pagos y les pidió el dinero a las hermanas. Ellas vendieron su casa y solicitaron varios préstamos, uno de ellos a un pakistaní conocido, de 30.000 euros, que se convirtió en su asesino cuando ellas no le pudieron devolver el dinero.

En España, hay ya varias asociaciones que se dedican a ayudar a las víctimas de estas estafas emocionales. Una de ellas, creó en diciembre de 2023, la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional ( ANCEME ) que solo en su primer mes de existencia atendió a 80 víctimas. Para ellas, solo el poder contarlo es ya un alivio aunque sabe que en la mayoría de los casos los estafadores son ilocalizables y el dinero irrecuperable. Ahora, con el empleo de la inteligencia artificial lo serán aún más.

El lunes 15 de mayo de 2.006, el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero anunció un paquete de medidas de seguridad, diplomáticas y económicas para afrontar la situación creada en Canarias por la llegada masiva de inmigrantes ilegales de origen subsahariano. Entre ellas, figuraban el reforzamiento de los servicios de inteligencia en África, la puesta en marcha de un dispositivo aeronaval frente a las costas de Senegal ( país del que zarpaban las embarcaciones de los indocumentados ) y el alquiler de un satélite para obtener información puntual que sirviera para disuadir las travesías de los sin papeles. Además, la Vicepresidente Primera María Teresa Fernández de la Vega, señalaba la próxima repatriación de centenares de inmigrantes.

Estas declaraciones las hizo Fernández de la Vega al término de la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con los Ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y de Trabajo, Jesús Caldera.También estuvieron presentes el Director del CNI, Alberto Sáez; los Secretarios de Estado de Inmigración, Defensa e Interior y el Subsecretario de Asuntos Exteriores.

La reunión se producía 24 horas después de que el Gobierno de Canarias acusara al Gobierno Central de dejadez ante la mayor oleada de llegadas de cayucos que soportaba el archipiélago en lo que iba de año ya que solo en tres dias un millar de inmigrantes habían alcanzado las islas. El día anterior, habían llegado a Tenerife dos barcos con más de 160 personas a bordo.

El dispositivo naval iba a empezar a funcionar esa misma semana y había sido diseñado por el Ministerio de Defensa para tener mayor control y protección marítima de la zona a vigilar, próxima a Senegal y en él participaría también la Guardia Civil. El instituro armado envió a su patrullera Río Duero hacia las costas de Mauritania para colaborar con las autoridades de ese país árabe en la lucha contra la inmigración ilegal.

El Ministerio de Defensa aportaría dos aviones de reconocimiento y otros dos de patrullaje marítimo del Ejércto del Aire ( P-3 Orión ). El objetivo era tener más información en tiempo real y poder actuar de forma preventiva y disuasoria reforzando la seguridad interior y el control de las aguas.

También precisó que se había ampliado el número de oficiales de enlace en varios países africanos y que el Gobierno estaba negociando acuerdos de seguridad y control con Malí, Senegal, Ghana y Nigeria para reforzar la lucha contra las mafias que traficaban con las personas. Hasta ese momento, las gestiones realizadas en Senegal por el Ministerio de Asuntos Exteriores habían chocado con la negativa de las autoridades a admitir la repatriación de sus nacionales porque constituían la mayor fuente de ingresos de su país por los envíos de dinero a sus familiares.

Además, anunció una ofensiva diplomática que se concretaría en el Plan África -a aprobar en el siguiente Consejo de Ministros- consistente en el envío de diez diplomáticos para entablar contactos permanentes y directos y reconducir la situación en países donde España carecía de embajadas, así como la apertura de una de ellas en Malí.

Paralelamente, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, solicitó ayuda a la Comisión Europea y a la Presidencia del Consejo para sensibilizar a los países de origen ya que eran corresponsables del control de los flujos migratorios. Moratinos lanzó una amenaza velada al vincular el asunto con los fondos europeos que reciben esos países.

La Vicepresidente Primera, expuso también que el Gobierno se disponía a realizar repatriaciones por centenares. Mensaje similar al que ya había anunciado a finales de marzo cuando la llegada masiva de subsaharianos que salían desde Mauritania, la forzaron a viajar a Canarias. Sin embargo, en aquella ocasión solo se produjeron 200 expulsiones a ese país. Ahora -entonces- y en los siguientes dias lo harían muchas más a Guinea-Bissau, Senegal, Malí y Níger.

Destacó también el aumento de guardias civiles destinados a la vigilancia marítima, la ayuda económica procedente del Fondo de Apoyo y Acogida a la Integración y el aumento de las subvenciones para la Cruz Roja.

Todas estas medidas tomadas contra la inmigración ilegal eran el Tercer Plan de Choque que adoptaba el Gobierno en el plazo de siete meses en su política de extranjería. El Primero fue en octubre de 2.005 con ocasión del intento de asalto masivo a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. El Segundo fue en marzo de ese mismo año de 2.006 por la llegada masiva a Canarias de cayucos repletos de subsaharianos sin papeles.