El pasado día 12 de mayo, entró en vigor la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior por la que se dispone que a partir de ahora no será sancionable drogarse en un coche que esté estacionado, ni intervenirle sustancia estupefaciente alguna -salvo la destinada al tráfico- lo que está suponiendo una inseguridad jurídica muy grande para los distintos Cuerpos Policiales encagados de su aplicación. Una norma que ha generado una oleada de críticas entre los propios agentes y que no está exenta de polémica

Los responsables de las principales asociaciones policiales han mostrado su desacuerdo con esta orden porque manifiestan que se ha establecido este criterio de actuación de manera errónea aunque haya sido atendiendo a distintas sentencias del Tribunal Supremo que reconocen como esfera de privacidad el interior de un automóvil a pesar de que el Ministerio sabe que la vigente Ley de Seguridad Ciudadana solo contempla sanciones que pueden llegar hasta los 30.000 euros cuando se trata de vehículos colectivos ( autobuses, trenes, tranvías, ferrys… ) o también puede ser un delito contra la seguridad vial cuando el coche se encuentre en marcha.

Una de las dudas que se plantean es que se está equiparando lo que se pueda hacer en una caravana ( la parte destinada a vivienda ) a cualquier vehículo que se encuentre aparcado por ejemplo en la puerta de un colegio mientras sus ocupantes están drogándose. También que parece una relajación en la imposición de sanciones que limita la capacidad de intervención de los agentes y que va en detrimento de la seguridad ciudadana.

Es opinión generalizada de los integrantes de la unidades de patrullaje que son los que asumen la mayoría de las aprehensiones del tráfico de sustancias estupefacientes en las calles y lugares públicos que esta Instrucción es una imprudencia porque se va a tomar como un debilitamiento legal que potencia el consumo en la vía pública de cualquier clase de droga.

Y va en detrimento de la seguridad ciudadana porque reduce la capacidad de actuación de los agentes en aquellas zonas que son habituales para trapicheo ( pequeño tráfico ) de drogas especialmente frecuentadas por menores. Además de generar inseguridad jurídica en la intervenciones que podrían enfrentarse a denuncias o infracciones disciplinarias aunque sus actuaciones estén perfectamente justificadas.

Otra de las interpretaciones como irresponsable de esta orden es que parece que se está dando amparo, en muchas ocasiones, a la preparación para la comisión de un delito, específicamente el de conducir un vehículo a motor bajo la influencia de algún tipo de droga. Aunque se quiere asemejar la cavidad de un vehículo con un domicilio hay que diferenciar que el coche se encuentra en una zona utilizada por un grupo indeterminado de usuarios en los que siempre aparecen jóvenes.

Es creencia generalizada entre los diversos Cuerpos policiales que se está haciendo un flaco favor a la lucha contra el tráfico y consumo de drogas callejero con este tipo de normas que complican su trabajo ordinario. También que supone un grave error en política de seguridad al garantizar la impunidad en la tenencia y consumo de sustancias ilícitas en el interior de vehiculos particulares estacionados.

También es que la interpretación tan extensiva que ha hecho el Ministerior del Interior respecto de lo que debe de considerarse y asemejarse a domicilio, no se ajusta al marco legal, ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que lleva a una profunda preocupación e inquietud que va a tener efectos contraproducentes en la labor diaria de los agentes y en el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos.

Lo que sí parece claro es que de la simple lectura de la Instrucción se concluye que en la Secretaría de Estado se confunden en la explicación de las distintas sentencias judiciales que afectan a este asunto pero si reconocen que el vehículo es una especie de espacio privado solo cuando está estacionado, no cuando circula. Estas dudas se trasladan también al terreno operativo para ver cuando se trata de una infracción y cuando no.

Se va a dar la paradoja de que cuando se registre un vehículo aparcado y se observe tenencia o consumo de droga no podrá denunciar a sus ocupantes pero si unos minutos después ese mismo vehículo comienza a circular entonces si podrá volver a registrarlo y denunciarlo si encuentra algún tipo de estupefaciente. Sí, en cambio se podría sancionar si salen del vehículo o van simplemente caminando.

Al final, reglas como esta están normalizando el consumo de drogas en la vía pública y facilitando su acceso, dificultando el trabajo de los agentes y de otros organismos existentes para la prevención y tratamiento de los drogodependientes. No estaría de más una revisión de esta Instrucción que evite todas las dudas y lecturas que se están dando para que se cuenten con las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y la seguridad de las calles.

Por otro lado, este asunto ya está dando lugar a chanza y algunos agentes están compartiendo en redes sociales distintos memes en los que se ve a policías impasibles ante gente drogádose dentro de un automóvil.

En poco más de una década, España ha pasado de ser un país de tránsito de esta droga a la de ser el primer productor europeo de la misma. A mucha distancia le sigue Italia. Varios son los aspectos que inciden en este aumento tan espectacular entre los que destaca la proliferación de plantaciones de marihuana.

En primer lugar, la tenue respuesta prevista en nuestro ordenamiento jurídico debido a que la marihuana aparece clasificada como una sustancia estupefaciente que no causa daño grave a la salud por lo que nuestro Código Penal recoge penas de solo uno a tres años de prisión que además son susceptibles de conformidad y la pena ser suspendida y así evitar su ingreso en la cárcel. Solo en los casos de macroplantaciones que al tratarse de notoria importancia se podría imponer una mayor prisión de año y medio que la anterior para lo que la droga intervenida debería ser superior a 10 Kgs. ( Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.001 ).

Un segundo aliciente, son los importantes beneficios económicos que se obtienen en contraprestación a las leves penas que se puedan imponer. El precio medio de un kilográmo de marihuana en el mercado mayorista español se encuentra en torno a los dos mil euros mientras que en otros países de la Unión Europea puede llegar a rondar los seis mil euros.

Por último, existe cierta tolerancia social al consumo de marihuana en contra de otras sustancias estupefacientes como la cocaína o la heroína que tienen mala prensa y que sirve como incentivo y tiene mejor mercado que las anteriores.

La proliferación de plantaciones de marihuana, ha tenido la lógica consecuencia de un incremento no solo de procedimientos penales relacionados con los cultivos de esta droga sino que también con fenómenos delincuenciales poco habituales hasta ahora en el territorio nacional como las asociaciones cannábicas, los denominados narcopisos y las plantaciones industriales a cargo de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros que formarían parte de grupos criminales ddicados al tráfico a gran escala.

Centrándonos en los macrocultivos, la actividad se lleva a cabo, normalmente, tanto en invernaderos como en naves industriales. Los cultivos de interiores presentan varias ventajas para los delincuentes siendo una de ellas la mayor facilidad de ocultación. Las naves comerciales suelen estar en polígonos industriales con intensa actividad mercantil cuyo bullicio camufla perfecamente el ruido que generan los distintos aparatos usados en este tipo de plantaciones para lograr la temperatura adecuada.

También, al cultivarse en el interior y mantener fijas las condiciones climáticas de las plantas se pueden alcanzar varias cosechas en un mismo año mientras que si se planta en el exterior, al aire libre, el ciclo natural de la planta es de una cosecha al año o dos como mucho si no varía demasiado el ecosistema donde se encuentre. El beneficio económico de elegir un sistema u otro es obvio.

Tampoco hay que descartar las casas aisladas en el campo o en la huerta, con plantaciones muy tecnificadas y con dispositivos de seguridad para evitar robos de la competencia. Se descubren porque su consumo de energía eléctrica equivale al de un edificio de 80 viviendas y su enganche ilegal a la red provoca apagones e incendios que suponen un peligro para toda la zona donde se encuentran ubicadas.

Las empresas eléctricas que con frecuencia acuden a solicitar la ayuda de los cuerpos policiales cuando detectan la voracidad en el consumo energético de estas bandas de traficantes, lo hacen para denunciar la comisión de un delito llamado de fraude en el fluido eléctrico pero tampoco hay que olvidar que también se trata de una herramienta muy positiva para que la Policía pueda actuar contra estas organizaciones criminales. Para ilustrar la magnitud de este problema para las citadas compañías energéticas, afirman con total normalidad que el suministro que gastan ilegalmente estas plantaciones en toda España serviría para iluminar a ciudades del tamaño de Valencia, Sevilla o Zaragoza durante todo un año.

Este problema que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años, busca pasar desapercibido en todo el territorio nacional pero las incautaciones de marihuana han crecido un 2.000 por ciento. Para combatir este tipo de delincuencia resulta clave la colaboración ciudadana y la coordinación con las empresas eléctricas como ya se ha mencionado. Las principales provincias donde más operaciones policiales se han desarrollado son Granada, Sevilla y Almería.

Apenas unos dias después de su segunda investidura como Presidente de los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, Donald Trump se manifestó como un gran hispanófobo mostrando un odio que recordaba su anterior mandato ( 2.017-2,021 ), en el que nunca faltaron gestos y manifestaciones de desprecio hacia los hispanos y a la cultura que representaban y a los que llegó a calificar como raza inferior, inmigrantes indeseables, generalmente criminales y degenerados.

Como muestra de ello, llegó a cerrar la página electrónica en español de la Casa Blanca como ha vuelto a hacer ahora, tras haber sido repuesta por su predecesor Joe Biden. Pretende reactivar así la vieja campaña de solamente en inglés cuando en la Constitución de su país no se declara como oficial ninguna lengua, consciente de que cuando se elaboró en aquel ya lejano 1.787 -la primera nacida bajo los principios de la Ilustración- eran varios los idiomas establecidos fruto de la enorme inmigración que acogían aquellos territorios aunque mayoritariamente de origen británico que la habían convertido en colonia britáica. Aunque escrita en inglés fue distribuida en traducciones al holandes y alemán por la fuerte presencia comercial de los originarios de ambos países.

Ya desde sus principios, el país norteamericano fue un territorio que recibía con los brazos abiertos a miles de inmigrantes y con los años, la Historia le acabó dando una reputación de país santuario al que no han dejado de llegar extranjeros en busca de una nueva vida persiguiendo el lema del famoso sueño norteamericano. Quizás por eso, se hablan en todo el país unas 350 lenguas, siendo las más comunes además del español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe.

Bastante de este comportamiento está sustentado en que las previsiones demográficas para la mitad de este siglo XXI indican que para entonces, la cuarta parte de la población norteamericana será hispana y bilingüe. Lo sorprendente del caso es que este posicionamiento tan contrario no parece que le haya privado de un significativo apoyo electoral hispano, incluida la identificación total con esta política de su flamante Secretario de Estado ( equivalente a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ), Marco Antonio Rubio.

Este comportamiento de Trump no es algo personal y maniático sino que expresa un sentir muy amplio de parte de sus compatriotas, típicamente racista y muy implantado en la costa altántica, como herederos de la parte americana del imperio británico. Tomemos como ejemplo de ello, un estudio publicado en el año 2.021 por el prestigioso periódico El Tiempo de Nueva York ( The New York Times ) en el que clasificaba por sus identidades raciales a los mil personajes más poderosos de entonces en ese país en el que solo aparecían 180 personas negras ( ellos llamaban con el eufemismo de color ).

Con anterioridad y en tiempos de la Presidencia de Richard Nixon, en la oficina federal encargada de realizar el censo, se introdujo por primera vez en el registro de 1.970, la categoría hispánico que se añadía así a las cuatro principales ya existentes: los autóctonos, los afroamericanos, los euroamericanos y los asiáticoamericanos. Solo los penúltimos fueron considerados racialmente como blancos. También se incluía la categoría de otros que eran los contemporáneos no incluidos en la clasificación anterior en la que estaban figurando los españoles en el apartado de los hispanos o como es lo mismo, como no blancos. Esta variable xenófoba y supremacista era todo lo contrario del inviolable principio ilustrado de la universalidad de la condición humana y de los derechos que le son inseparables.

La búsqueda de la política América primero, parece que no tiene límites y está llegando a lugares insospechados, incluso a tradiciones que no se habían tocado en 250 años como ha sido que declare el inglés como lengua oficial del país, un día de fin de semana -sábado- ( el pasado 1 de marzo ) sin que se le diera mucha importancia en los medios de comunicación, más allá de la curiosidad oficial de esta Orden Ejecutiva porque con la que está cayendo no se entiende bien que el mandatario le dedique tiempo a un aspecto que, en principio, no parece prioritario en ese país aunque a la vista de los resultados sí lo es.

A pesar de todo ello, no parece que el futuro del español se pueda cifrar en las declaraciones de Trump dado que tiene acreditado su desamor por la cultura en general y que se pueda hacer algo para impedirlo más allá de la denuncia política y social. Habrá que mantener la esperanza de que no haga demasiado daño ni a la lengua, ni a la civilización hispana tan desarrollada en su país y que, de paso, mantenga las bases para la estabilidad del mundo.

Desde luego que no es el mejor momento para que el debilitado y agónico Gobierno español de Pedro Sánchez pudiera protestar para que responda en buenos términos a esta grave decisión y se manifieste contra la prepotencia con la que actúa Donald Trump. Porque España es muy superior a Estados Unidos en materia cultural y tiene detrás una Historia imponente que debe de hacer valer, incluida la imprescindible ayuda prestada en su proceso de independencia del imperio inglés. Y de paso, tratar de que no la menosprecie en los términos que este hijo de inmigrantes europeos lo está haciendo.

Un total de 211 inmigrantes ilegales han conseguido una autorización de residencia y trabajo en España desde el año 2020 hasta el 22 de enero pasado, por circunstancias excepcionales derivadas por su colaboración policial contra los grupos criminales que se aprovechan de ellos. Se han acogido a las beneficios contemplados en el artículo 59.1 de la Ley Orgánica 4/2.000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.

El dato lo ha facilitado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al partido político VOX que se hizo pública el pasado 23 de marzo y que quería saber cuántos inmigrantes ilegales habían eludido la obligatoria expulsión del territorio nacional por acogerse al mencionado artículo.

En concreto, esta ley contempla la posibilidad de que el extranjero que se encuentre irregularmente en España quede exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia como víctima o testigo a los autores o cooperadores de delitos como tráfico ilicito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución, abusando de su situación de necesidad.

Esta cifra de extranjeros regularizados por su colaboración con la Policía por denunciar a los grupos y redes delictivas que los extorsionan y los explotan sería poco valorada si no se la vinculara con el resultado obtenido gracias a esa contribución. Así, si se consulta la página electrónica del Ministerio del Interior sobre esta cuestión se puede comprobar que sin esa conducta beneficiosa prevista en la legislación vigente no se podría haber obtenido -en gran parte- los siguientes datos estadísticos:

-Operaciones policiales desarrolladas en el período 2.020-2.023 contra la trata de personas y la explotación sexual: 634 que han permitido la identificación de 2.294 víctimas y la detención de 1.797 personas. Si nos referimos ahora a extranjeros sometidos a explotación laboral, el resultado obtenido ha sido de 544 operaciones policiales, con 2.264 víctimas y 1.091 detenidos

La conclusión de todo esto es que España se mantiene como país de destino de la trata de seres humanos, tanto en su vertiente sexual como laboral, debido -entre otros factores- a su cercanía a África y los lazos culturales mantenidos con Hispanoamérica, lo que la sitúa como un centro relevante para este tipo de delitos.

Esta situación se vió condicionada durante los años señalados por el imparable auge que estaban teniendo las tecnologías de la información y de la comunicacón, especialmente su ramal televisivo ( sin olvidar el boca-boca ) y que cada vez son más utilizadas por las redes criminales en todas las fases de su actividad como son: la captación, transporte, control de las víctimas y sus rendimientos.

El fenómeno vinculado a la trata y explotación de personas sigue evolucionando, generando nuevos retos que se afrontan con mejoras en la prevención y persecución del delito, la protección y asistencia a la víctimas junto a la cooperación institucional tanto nacional como internacional.

La última reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó el pasado mes de noviembre y que entrará en vigor el próximo mes de mayo, no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral de las personas extranjeras en España sino que introduce relevantes modificaciones también en cuestiones propias del derecho penal que van a tener incidencia en su condición de víctimas o perpetradores de delitos. Para las que se encuentren en tales condiciones se prevén autorizaciones por razones humanitarias, colaboración con autoridades ( que se mantiene ), seguridad nacional o interés público.

Estas novedades se han introducido entre los delitos de los que pueder ser víctima un extranjero: los de odio ( del arículo 510 del Código Penal ) y los delitos de la seguridad y salud laboral ( artículos 316 al 318 del Código Penal ). Las víctimas de violencia sexual se mantienen igual con independencia de su nacionalidad pero se les añade los delitos de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, así como las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital. Hay que tener en cuenta que tambien se verán beneficiados toda la familia directa de la víctima.

Las vacaciones de Semana Santa son aprovechadas por decenas de miles de personas para viajar a otras regiones y desconectar de la rutina diaria de sus zonas de residencia por unos pocos dias. Esto provoca que muchas otras localidades vean incrementadas su población deseosa de pasear por sus calles y visitar sus tiendas, generando aglomeraciones que son aprovechadas por los delincuentes para robar en los comercios. En esta época del año se concentra el 19% de las sustracciones que sufren los establecimientos comerciales algunas veces por gentes organizadas que constituyen verdaderos grupos criminales.

Este tipo de delincuencia estructurada se ha convertido en la mayor amenaza para el comercio tradicional ya que el 55% de los hurtos en supermercados y tiendas son protagonizados por estas bandas. En los casos de que se trate de la apropiación de productos de alto valor es para revenderlos en mercados paralelos. En total, la pèrdida de productos supone el 0,74% de la facturación total y equivale a un impacto de 352 millones de euros en estos dias primaverales.

Dos de cada tres hurtos son realizados por autores multirreincidentes que son los que sustraen los efectos en los locales al menos tres veces al año. Siendo su perfil de menos de 30 años en el 44% de los casos, tanto de hombres como de mujeres. Se está apreciando un notable aumento de agresividad tanto física como verbal de los infractores hacia el personal del establecimiento como el de seguridad si lo tiene.

Los productos más robados en Semana Santa no difieren mucho de los que se suelen sustraer a lo largo de todo el año. En la categoría de alimentación y bebidas, destacan las botellas de vinos y licores; los embutidos, las conservas y los ahumados. El aceite es el que más se ha incrementado el último año debido al alto precio alcanzado debido a su escasez por las malas cosechas.

En la categoría de moda, destaca el calzado com el producto más deseado después de la ropa. En cuanto al cuidado personal y de belleza resaltan las cremas faciales como el producto estrella junto a los de cuidado capilar. En tecnología, los teléfonos se llevan la palma, seguidos de las tabletas. En el ámbito del hogar y el bricolaje, está encabezado por las pilas y las baterías.

Para combatir esta verdadera plaga de daños en la balanza comercial de las tiendas, sus propietarios se han dotado de las medidas de seguridad que están a su alcance como cámadas de vigilancia y alarmas. El 94% de los establecimientos tienen antenas antihurtos y el 81% disponen de collarines en las bebidas alcohólicas, perfumes y cremas. El 13% de los productos vienen protegidos ya con etiquetas antihurtos desde el fabricante.

Todos estos datos justifican las operaciones policiales especiales que cada año se ponen en marcha como la de comercio seguro porque se va comprobando que los hurtos en las tiendas ya no es un acto aislado cometido por personas oportunistas sino que se va convirtiendo en una práctica sistemática impulsada por grupos delictivos que, en algunos casos, denotan una alta organización,.

Los atentados a los agentes de la autoridad han vuelto a alcanzar un nuevo récord el pasado año de 2.024 de acuerdo con una respuesta parlamentaria al Partido Popular (PP ) que ha hecho pública el Ministerio de Interior el pasado dia cinco de este mes de marzo. En los cuerpos policiales del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, han sido 16.878 los ataques sufridos. Esta cifra supone un 0,27% más que la registrada en 2.023, ( donde se contabilizaron 16.833 asaltos que suponían más de 1.400 al mes con un promedio de casi 47 al día) ; y es la más alta de las conocidas hasta ahora.

Desde que gobierna la coalición socialcomunista actual, en junio de 2.018, los datos oficiales de los delitos de agresiones contra los funcionarios de la seguridad pública no han parado de aumentar. Solo ya en 2.019, con 13.127 el incremento fue del 6,1% y el ministro Marlasca celebró de esta manera su primer año en los gobiernos de Pedro Sánchez. En 2.020 se registraron 13.671 atentados. El aumento interanual fue mucho mayor en 2.021, con 15.360 que era un 12,6% de incremento y en 2.022 fueron 16.651 con un 8,1% más. De este modo se puede comprobar fácilmente que los repuntes habidos durante la última década se han concentrado en los últimos seis años de mandato Sánchez-Marlasca.

Siguiendo con estos números oficiales, aparece un detalle alarmante en el sexenio 2.018-2.024 y es el que la elevación de las agresiones ha sido de casi un 30%, ( un 28,5% real ) de tal forma que desde que Marlasca es ministro del Interior las cifras se han incrementado en más de 4.500 agresiones.

El nuevo récord alcanzado en 2.024 en estos delitos, tiene un mayor impacto en algunas zonas de España en las que los agentes sufren con mayor frecuencia esos ataques. En la Comunidad Autónoma de Madrid por ejemplo, el año pasado se dieron hasta 3.086 atentados contra policías y guardias civiles, acumulando así el 18,2% del total nacional .Le siguió la región catalana, con especial incidencia en la provincia de Barcelona con 1.890 casos. Después está la Comunidad Valenciana, donde sobresale la provincia de Valencia con 1.147 delitos de este tipo. La lista continúa con Andalucía, siendo Cádiz la provincia que más destaca con más de 500 agresiones.

La violencia contra los cuerpos policiales está descontrolada como se puede apreciar y los agresores se sienten impunes. Las consecuencias penales de estos actos son irrisorias ya que se despachan como multas -muchas de ellas de 50 euros- que encima no se pagan por la insolvencia del agresor por lo que que se puede afirmar con rotundidad que pegar a un policía en España te sale casi gratis.

Estos números demuestran que es necesario tomar una serie de medidas que protejan la labor policial porque a todas luces son intolerables y desde el ministerio cuyo titular es Marlasca no se ha tomado en consideración ninguna de las denuncias que los sindicatos policiales vienen haciendo estos últimos años para atajarlos, como que se agraven las penas y se refuerce su protección jurídica, mientras que varios de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno socialcomunista que sufrimos pretenden recortar aún más la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que es la principal herramienta normativa que se dispone para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Es indignante que Marlasca siga sin hacer realidad el seguro de responsabilidad civil para los policías pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a ello. También, que siga sin declarar profesión de riesgo a los cuepos policiales de él dependientes, en contra de los policías autonómicos y locales que sí lo tienen reconocido y sin disponer de los medios técnicos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los componentes de las patrullas policiales y las unidades de intervención antidisturbios. Y ya como insulto final lo es no haber alcanzado aún la equiparación salarial con otros cuerpos policiales de menor rango normativo y limitadas funciones profesionales.

 

En marzo de 1974, se creó en la extinta Dirección General de Seguridad y para que colaboraran en los servicios que se establecieran en el entonces Cuerpo General de Policía, el Grupo Especial Femenino integrado por funcionarias de los Cuerpos Especiales Administrativo y Auxiliar de Seguridad.

Ese mismo año y en la Escuela General de Policía -situada entonces en la calle Miguel Angel 5, sede de la actual Dirección General- realizaron un Curso de Preparación Especial. Se suponía que dichas mujeres -muy jóvenes en su mayoría- tenían un gran espíritu profesional y una enorme vocación policial, unido a una inquietud de chicas modernas con unas ganas auténticas de demostrarse a sí mismas y al mundo entero que la mujer podía ser útil a la sociedad y a una organización cuyos fines han sido siempre tan necesarios y fundamentales para el desarrollo y la convivencia de cualquier comunidad.

Esa Primera Promoción, la formaron 34 mujeres que lograron superar las pruebas que se les había exigido para su posterior misión. Todas salieron de la Escuela con tal entusiasmo que, aún sabiendo las dificultades múltiples que irían teniendo, creyeron que serían factores vencibles.

Sabían que era un Curso Experimental y nadie exigía condiciones de ningún tipo, tan solo pedían trabajo y ser acogidas con normalidad por los jefes y compañeros, puesto que esta era la mayor preocupación de entonces: nadie había trabajado hasta ese momento  -de manera ordinaria- con mujeres, en funciones policiales.

Había habido algún caso anterior pero de manera excepcional y muy coyuntural. La España de aquel momento todavía seguía teniendo rémoras de prejuicios. Al Inspector joven y emprendedor, le costaba aceptar la compañera femenina y al mayor también, bien por un exceso de protección a la mujer o por no terminar de verla en ciertas situaciones.

En definitiva, todas se lanzaron a lo que algunos llamaron aventura, ya que tenían inscritas en sus corazones dos cualidades muy significativas: sacrificio y espíritu profesional. Y esto solo puede concebirse en jóvenes responsables y con una formación que está muy lejos de leyendas y películas modernas de acción.

Año tras año, tuvieron resultados muy favorables y por ello las Promociones continuaron. En los inicios tuvieron que darse a conocer en los momentos necesarios aunque con la discreción requerida: nadie conocía la existencia del Grupo Especial Femenino.

También aparecieron los comentarios jocosos, unas veces con cariño y otras, llenos de ironía. Se aceptaba con paciencia que llegaría el día del respeto verdadero y el compañerismo auténtico que siempre había demostrado el Cuerpo General de Policía.

Todo ésto significaba que, la labor que realizaban comenzaba a apreciarse y continuaba con los mismos ánimos y deseos, por lo que no se resignaban a aceptar que todo terminara o quedara en una mera colaboración. Su empeño era mucho más elevado a la par que altruista ya que consideraban que el sacrificio silencioso de esa minoría femenina no debía de estancarse en un proyecto ya que esa denominación estaba fuera de lugar al haber resultado el experimento totalmente positivo.

El Grupo Especial Femenino era consciente de su trabajo y ofrecía todos sus esfuerzos e ideales al Cuerpo General de Policía -con la responsabilidad que ello implicaba- del que se consideraban parte integrante no sólo como mujeres sino también como Policías.

El Apartado nº 8 de la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, integró el Cuerpo Administrativo de Seguridad en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. El Apartado nº 10 de la misma Disposición, integró el Cuerpo Auxiliar de Seguridad, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

Ambas medidas, acabaron con la existencia del Grupo Especial Femenino, sin reconocimiento alguno y devolviéndolas a los trabajos de archivo y máquinas de escribir. Sirvan estas líneas de homenaje a las precursoras de la plena incorporación de la mujer a las labores policiales, como Policías.

En plena Transición Política en España, el 14 de marzo de 1.978 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), una convocatoria de pruebas de acceso para el Cuerpo General de Policía. Pero aquella convocatoria no era una más sino la primera que se reservaban 100 plazas para las mujeres ( miembros femeninos, ponía en el BOE ).

Algo más de un año después, el 30 de junio de 1979, 42 de ellas, juraban su cargo como componentes de la primera promoción del Cuerpo Superior de Policía, heredero directo del extinto Cuerpo General de Policía. Se inició entonces un camino imparable que no ha hecho nada más que crecer hasta llegar en la actualidad a ocupar puestos de máximos responsabilidad en la estructura policial y presencia en todas las especialidades profesionales.

También a esta primera promoción pertenecía la primera funcionaria de policía asesinada por ETA con ocasión de una operación antiterrorista desarrollada en Zarauz ( Guipúzcoa ) el 16 de junio de 1981. Se llamaba María José García Sánchez, Inspectora del Cuerpo Superior de Policía, de 23 años y soltera. Era hija de un guardia civil.

Hoy, son ya 13.247 el número de mujeres que forman parte de la Policía Nacional, ( sucesor de todos los Cuerpos Policiales mencionados ) el 18,3% del total de la plantilla y con tendencia a aumentar año tras año.

La Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero tenía previsto enviar a 38 imanes a España, entre el pasado jueves, 27 de febrero al 1 de abril de 2025, como parte del apoyo religioso a los marroquíes residentes en el extranjero durante todo el mes de Ramadán que comenzó la noche del pasado viernes 28 de febrero y que durará hasta el domingo 30 de marzo.

Un comunicado emitido por la Fundación indicó que la misión estaba compuesta por 272 miembros, incluidos 38 profesores universitarios, 39 predicadores con doctorado, 44 ​​predicadores con maestría y 60 predicadores con licenciatura.

60 predicadores serán asignados para pronunciar el sermón y brindar clases de memorización del Corán; 31 realizarán las oraciones nocturnas del Tarawih. Con el fin de apoyar a la comunidad marroquí; en el mundo cristiano 75 irán a Francia; 40, a Alemania; 33, a los Países Bajos; 38, a Italia; 33, a Bélgica;, 10, a Canadá; seis, a Estados Unidos; cuatro, a Suecia; dos, a Inglaterra; uno, a Hungría; dos, a Noruega y otro, a Islandia.

La Fundación Hassan II organiza este proceso desde 1992 y está interesada en diversificar su campo de actividad religiosa en apoyo de las asociaciones y mezquitas marroquíes en el extranjero para que organicen seminarios y concursos de memorización y recitación del Corán.

Otros años, fueron cincuenta imanes marroquíes los enviados a España para oficiar los rezos y ofrecer asesoramiento religioso a sus compatriotas durante el mes de ayuno del Ramadán. Y el anuncio de la llegada lo hacía el Ministerio marroquí de Asuntos Islámicos detallando en un comunicado que los predicadores formaban parte de una delegación de 398 personas que se repartirían por diez países: Francia (a donde irán 163 imanes), Italia (54), Bélgica (43), Alemania (25), Países Bajos (24), Canadá (21), Dinamarca (9), Suecia (6), Gabón (2) y España.

Su misión era la misma que la de ahora y consistía en impartir conferencias y presidir veladas religiosas en las mezquitas, dirigir las oraciones especiales del «tarawih» (rezo anterior a la medianoche) y difundir los valores de un islam moderado y tolerante. En este sentido, el Ministerio insistía en que esta iniciativa buscaba «proteger y preservar del fundamentalismo y del extremismo» a las mezquitas que frecuentan los marroquíes residentes en el extranjero.

En el reparto de los 50 imanes desplazados a España entonces, fueron seleccionados por el Consejo Superior de Ulemas de Marruecos y se daba prioridad a las ciudades en las que la comunidad marroquí tuviera un mayor peso, empezando por la provincia de Barcelona, siguiendo por la Región de Murcia, Comunidad de Madrid y terminando por la provincia de Almería.

De los emigrantes con residencia legal en España por país de nacimiento, más de un millón ( 1.092.892 ) son de origen marroquí y constituyen el colectivo inmigrante más numeroso. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que acoge a un mayor número de estos magrebíes seguida de Baleares, Castilla y León y Cataluña.

Conviene recordar que durante el Ramadán, noveno mes del calendario islámico (lunar), los creyentes musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el ocaso. El año pasado duró también desde la noche del viernes 28 de febrero hasta el domingo 30 de marzo.

Pero este sistema de ayuda religiosa hacia los residentes fuera del país, ha mostrado una grieta que ha disgustado bastante a las autoridades marroquíes y es que al menos trece imanes enviados por el Ministerio de Habbus y Asuntos Islámicos de Marruecos a Europa para predicar en el Ramadán no se presentaron el año pasado a los distintos aeropuertos para el regreso y desde entonces están desaparecidos, Tenían una licenciatura, una maestría o incluso un doctorado. El Estado marroquí les pagaba mensualmente por trabajar en su mezquita y se beneficiaron de un viaje de ida y vuelta con todos los gastos pagados, a Europa para dirigir allí las oraciones del Ramadán.

Estas misiones son habituales en Marruecos, que tiene millones de expatriados en países europeos. Cada Ramadán, varios centenares de académicos cruzan el Mediterráneo para acompañar a los musulmanes marroquíes que así lo deseen. El proceso de selección es muy estricto pero según varios medios marroquíes, los perfiles que buscaban eran de solteros y sin hijos. Según el periódico Assabah, el Ministerio Habbus ha decidido endurecer las condiciones de salida. Para evitar sorpresas desagradables el próximo año, será necesario que los imanes estén casados ​​y sean padres antes de ser enviados a Europa.

El Tribunal Superior de Justicia catalán ( TSJ ) lleva desde diciembre de 2.020 ( y ratificado por el Tribunal Supremo desde 2.021) obligando al gobierno autonómico para que proteja a los alumnos que sufren el acoso nacionalista en todo el sistema educativo catalán por pedir más enseñanza en castellano. En todos sus Autos publicados, conceden el amparo solicitado a las peticiones de las diversas familias de los niños y adolescentes y ordenado de forma cautelar a los centros educativos que lo han impuesto que cambien su modelo lingüístico para elevar el porcentaje de aulas en español hasta el 25% de las clases lectivas como se venía haciendo dsde el año 2010.

La particularidad de estas resoluciones judiciales es que instan tanto al colegio en concreto como al correspondiente departamento de enseñanza regional o provincial a que adopten las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de los hijos de los demandantes. Lo hacen para evitar que se repitan casos como el que sufrió una denunciante en 2015, en Balaguer ( 17.597 habitantes, Lérida ) que fue hostigada por una buena parte de sus vecinos por haber pedido en el colegio de sus hijos más horas de clase en castellano. Después de que los tribunales fallasen a su favor, se filtraron sus datos personales y se organizó una campaña de acoso contra ella hasta el extremo de que los compañeros de sus hijos les dejaron de hablar y ni siquiera los invitaban a los cumpleaños.

El resto de padres, varios profesores y hasta el alcalde del pueblo interpretaron que el pronunciamiento judicial suponía todo un ataque al modelo de incursión lingüística y se movilizaron en contra. Incluso el Defensor del Pueblo autonómico pidió al gobierno regional que creara un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitan la educación bilingüe. Este protocolo que no ha llegado a elaborarse por la negativa manifiesta de adaptarse al marco legal vigente, aparece mencionado en todos los Autos judiciales realizados desde entonces y obligan a no señalar a los que pusieron las reclamaciones.

La consecuencia de todo esto es una campaña política que reclama la educación en catalán y a salvar los colegios de esta injerencia judicial, manifestada de diversas maneras siendo una de ellas llenar de pegatinas reivindicativas las farolas, fuentes de agua y hasta las verjas de los colegios e institutos. Frenada gracias a la intervención de la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe ( AEB ) que ayuda a las familias que piden más horas de clase en castellano y que contrarresta esta ofensiva nacionalista.

Es importante resaltar, el conflicto que se genera cada vez que el TSJ dicta medidas cautelares para garantizar que se haga efectiva la presencia del castellano como lengua cooficial del sistema educativo en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano también como lengua vehicular haciendo alusión a la doctrina del Tribunal Supremo.

Esta proporción razonable del castellano que ya se mencionaba en la LOMCE ( Ley Orgánica 8/2.013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ) también conocida como la Ley Wert, ( Gobierno del Partido Popular ) desapareció ya en el anteproyecto de la Ley Celaa; ( Gobierno socialista y se mantiene en la actualidad )) ha sido la fijada por la justicia en un 25% del total de las las horas lectivas. Se trata en la práctica de añadir una asignatura más en español a la que se da en Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas o Ciencias Naturales.

También se señala expresamente que el material didáctico de estas materias también debe de estar redactado en castellano. Esto que parece obvio es debido a que se ha llegado a conocer el caso de un profesor de Lengua Castellana que impartió la asignatura en catalán y prescribía los libros de apoyo en esa lengua.

Los Autos judiciales mencionados, obligaban a pagar al gobierno autonómico las costas de los juicios – puesto que los perdía- que normalmente eran de 800 euros cada uno. La AEB recuerda que al principio, las mismas eran de 400 euros pero que el Trbunal las ha duplicado por la actitud recalcitrante de las autoridades catalanas al cumplimiento de sus sentencias.

Desde que gobierna el socialcomunismo en España, se han disfrutado unos años de envidiable paz social conseguida por los subsidios, subvenciones y ayudas sociales que han permitido una deuda pública inasumible por el Estado que lleva tiempo superando el billón de euros -si, es b- y que dejará en herencia a quién le sustituya. Se necesitarán varias generaciones para poder pagarla.

No han habido grandes manifestaciones violentas; las huelgas nacionales, regionales, provinciales y locales han desaparecido prácticamente del panorama laboral; los agitadores y propagandistas profesionales se han retirado a sus cuarteles de invierno; los cachorros antisistema han guardado sus sudaderas con capuchas y correspondientes tapabocas y los grandes sindicatos han enmudecido tras el millonario cobro económico de la oportuna subvención. Excepción hecha de los disturbios independentistas catalanes especialmente los de octubre de 2.019 tras la publicación de las condenas a prisión de los separatistas líderes regionales.

La pregunta surge inevitable: ¿ Qué ha pasado para llegar a esta idílica situación ?. Sencillamente, que gobernaba la izquierda socialista y la extrema izquierda comunista, aliados en el Gobierno de la Nación y sus huestes alborotadoras recogidas, releyendo El Capital y los discursos de Lenin para no olvidar las esencias y buscando su comedero en los múltiples chiringuitos progresistas – remunerados- creados para su ocupación y abrevadero.

Desde que Pedro Sánchez dirige el Gobierno central es el Presidente que más cambios ha hecho en el Código Penal que otro gobierno socialista llamó de la democracia en 1995, sin que la legislatura actual haya terminado y sin que las reformas penales hayan cesado. Desde 2018, el texto penal ha sufrido más de 20 cambios, el triple que hizo su antecesor en la presidencia, el popular Mariano Rajoy. El más grave ha sido la supresión del delito de sedición y su sustitución por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Además de la desnaturalización de la Ley de Seguridad Ciudadana que el rojerío puso en la diana de la supresión desde el primer día con el nombre de ley mordaza.

Además, los ha hecho despreciando todos los informes consultivos pertinentes como son los del Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial… al tramitarse por el procedimiento de urgencia y conforme a una técnica legislativa inédita hasta ahora que implica reformas de calado mediante un texto colectivo ( decretos omnibús ) en las Cortes Españolas.

¿ Cuánto va a durar esta situación ?. La respuesta tiene que ser cuando los españoles quieran porque los actuales gobernantes han olvidado el verbo dimitir y por lo tanto no saben conjugarlo. Pero habrá una limitación en el tiempo porque nada es para siempre y cuando esto ocurra la Policía tiene que estar preparada profesionalmente porque cuando estos parásitos pierdan el poder las calles comenzarán a arder y la violencia se extenderá por todas partes.

La desprotección permanente y acusada en el tiempo de los Cuerpos Policiales en su conjunto augura malos momentos venideros porque los agentes van a estar solos y jurídicamente serán débiles por lo que probablemente serán atacados físicamente por gentes que a fecha de hoy nos parezcan altamente improbables. Se ha perdido el respeto a los agentes de la autoridad y los casos de desobediencia van en aumento. Se ha pasado de que bastaba la mera comunicación de que una persona estaba detenida a la resistencia física e incluso a la agresión de los componentes de una patrulla policial.

Si como es previsible y dado el cariz que están tomando determinadas manifestaciones públicas como mecanismo de presión en la resolución de conflictos y ante la carencia de instrumentos o elementos intermedios de contención, la mejor manera de combatir este espiritu bélico es siendo más profesionales, demostrando preparación y resolución. Y esto solo pasa incrementando su presupuesto no solo en equipamiento sino en formación, sostenimiento y personal.

La pregunta que hay que hacerse ante este negro porvenir es si la Policía está preparada para defender a la sociedad ante las próximas hordas apesebradas envalentonadas por la pérdida de sus privilegios en los organismos creados para tal fin o si va a optar por una tolerancia o pasividad que renuncie a proteger a la población o a servir a los intereses de las autoridades políticas del momento.

Hay que cuestionar si se van a disponer de las suficientes Unidades de Intervención Policial ( UIPs ) movilizables para los conflictos sociales que puedan venir y si la sociedad española es consciente de que esto es posible o más bien se le debe de mantener en un mundo feliz, viviendo en la seguridad de que antes de que llegue la época de los desórdenes públicos agravados los gobernantes van a resolver los problemas y no pasará nada.

La razón fundamental de esta probabilidad es que los dos partidos mayoritarios y con experiencia de gobierno sigan en la política de confrontación y cualquier desacuerdo desatará una ola de enfrentamientos que podrán ser de una dimensión nacional o diluirse en numerosos regionales o locales. Esta es la gran duda sobre el futuro que nos espera y como no parece probable que este escenario acabe de forma súbita, habrá que estar alerta.

Muchos lectores de este blog se preguntarán si tanto avisar de peligros sociales que pueden acabar en batallas callejeras se debe a mi naturaleza personal o a mi experiencia profesional. Los del gremio sabemos que no hay cosa más negativa que una carga policial con el resultado seguro de personas heridas en ambos lados, de agentes y manifestantes. No hay nada más horrible para un Policía que el enfrentamiento directo incluso cuando los objetivos son muy loables.

La mejor manera de evitar las disputas es profundizando en la democracia y su régimen de libertades y derechos de lo que lamentablemente nos alejamos cada vez más. Otra opción sería haciendo imperar la racionalidad en las acciones políticas, cosa que se antoja muy lejana. Pero si todo esto falla, quizás la tecnología permita satisfacer las necesidades policiales sin llegar al combate directo pero la insatisfacción de los grupos extremistas es creciente y marcha mucho más rápida que la tecnología.

No prepararse para las amenazas posibles es un error que nadie se puede permitir pero no hacerlo mentalmente para que la población se pueda defender a través de su Policía es mucho más grave. Ayudaría a conseguirse el disponer de equipamiento moderno, específico para su uso lo menos lesivo posible y la decisión de utilizarlo cuando haga falta con la fuerza que sea necesaria y de manera proporcional. Hay que trabajar mucho en esa dirección antes de que sea demasiado tarde y lograr mantener el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas y la convivencia de todos los españoles.