El reconocimiento del Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, de la soberanía de Marruecos sobre el antiguo Sáhara español desde el 19 de marzo de 2022 a través de la carta que supuestamente envió al rey de Marruecos Mohamed VI, desató la suspensión de las relaciones diplomáticas con Argelia, sin que hasta ahora se haya dado ninguna explicación del giro efectuado, ni de las razones que lo aconsejaron. Hay incluso quien se plantea la posible validez legal de esa decisión que no ha sido comunicada oficialmente a las diversas instituciones españolas competentes en este tipo de asuntos internacionales empezando por la más importante de ellas como es el Congreso de los Diputados, la más alta representación de la participación política de los españoles y donde reside la soberanía popular.

Este quiebro personal que no tiuene respaldo legal alguno, ha tenido múltiples consecuencias tanto en el ámbito de la seguridad -que es de lo que aquí se trata- como en el económico aunque hace apenas unos meses -en febrero de este mismo año- se haya anunciado y escenificado un cierre en falso de esta importante crisis. La reunión mantenida en Madrid, entre el Ministro del Interior español, Fernando Grande Marlasca con su homólogo argelino, Brahim Merad, no alcanzó ningún acuerdo para revertir la situación actual en materia de inmigración y se normalizaran las devoluciones de argelinos a su país que se encuentren de manera ilegal en España.

En este sentido, ha trascendido el malestar entre la Policía española porque Argelia tiene bloqueada la posibilidad de recibir a los argelinos que delinquen en España o no hayan conseguido regularizar su estancia legal y se les haya abierto un expediente administrativo de expulsión al incumplir las condiciones legales previstas por la vigente Ley de Extranjería para entrar o residir en nuestro país.

El que Argelia acepte o no a sus nacionales expulsados de España, no es un hecho caprichoso o arbitrario sino que está perfectamente regulado en un Acuerdo firmado entre los dos paises que ha estado funcionando con total normalidad hasta la publicada ocurrencia de Sánchez cuya falta de transparencia hace pensar que obedezca a otros intereses que no sean los del pueblo español y por eso lo hacen inconfesables.

Ahora mismo, las personas de ese país a los que se ha dispuesto su salida obligatoria tras agotar todos los tramites legales y necesarios previstos en la legislación española, no pueden ser expulsadas porque su Gobierno no las admite, sin dar explicación oficial alguna, ni denunciar o suspender -formalmente- el Acuerdo de Circulación de Personas publicado el 12 de febrero de 2.004 ya mencionado y que sería lo procedente en el mundo del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas.

Para tener cierta idea de como es la situación actual respecto a este problema, se puede coger como ejemplo la ruta de pateras de Argelia a Baleares, donde según datos oficiales, 5.836 personas llegaron al archipiélago balear el año pasado, en 2.024, a bordo de 346 embarcaciones y representaba un aumento de más del 165% con respecto al año anterior, cuando llegaron 2.175 en 136 pateras. Este flujo emigratorio, ha consolidado esta ruta como una de las más peligrosas del mar Mediterráneo Occidental, con una estimación de más de 500 personas fallecidas durante las travesías de 2.024.

Esta vía de escape hacia territorio español, no solo ha aumentado en número sino que también ha diversificado el perfil de los emigrantes. Además de los ciudadanos argelinos, se han identificado personas provenientes de países como Malí, Guinea-Conakri e Incluso Somalia. Lo que indica una expansión de las nacionalidades que emplean esta ruta y que el Gobierno español se resiste a calificar de estable.

La moral policial está muy afectada porque aunque las diversas unidades implicadas siguen haciendo tu trabajo con total normalidad de detener a los delincuentes extranjeros de esta nacionalidad y los que llegan en pateras a nuestras costas mediterráneas; incoarles el correspondiente expediente de expulsión o de devolución -según corresponda- que lleva meses su tramitación y que desemboque en una orden de deportación de España, no se pueda materializar y estos ciudadanos se queden donde están, siendo conducidos una y otra vez a las Comisarías de todo el territorio nacional para practicar los trámites oportunos y vuelvan a la calle algunas horas después.

Este hecho ya habitual provoca innumerables quejas ciudadanas y desmotiva a las patrullas policiales que comprueban con verdadero pesar como su trabajo diario -no exento de riesgo- porque hay veces que tienen que tratar con individuos multirreincidentes, no sirve para nada. La agencia europea de estadísticas Eurostat se ha quejado de que España no facilita el número de órdenes de expulsión que tramita, ni tampoco sobre las que materializa.

España siempre había conseguido mantener un equilibrio diplomático en las relaciones con Argelia y Marruecos, dos países enfrentados históricamente por varias razones y una de ellas es la influencia y posesión del Sáhara Occidental. La postura española hasta la irrupción de Pedro Sánchez era muy sólida y estaba fijada en base al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de los saharauis a realizar un referéndum por su independencia y que su territorio no sea anexionado por nadie como Marruecos que lo ocupa ilegalmente desde 1.975.

Desde el pasado mes de febrero, en el Ministerio de Justicia español se está realizando una revisión exhaustiva de los miles de expedientes administrativos que han permitido adquirir la nacionalidad española a otros tantos extranjeros. La razón de ello es bastante sencilla: el enorme aumento de las solicitudes de nacionalidad en los últimos años, especialmente los que se acogieron a las siguientes posibilidades: por residencia, por opción o por carta de naturaleza. Una muestra del importante fraude que se haya podido cometer es la preocupación que está generando entre quienes han accedido recientemente a este derecho como los procedentes de Marruecos, Venezuela y Colombia.

Para conseguir la nacionalidad española por residencia se requiere una estancia legal y continuada en España por un período de tiempo determinado: 10 años con carácter general, 5 para los refugiados y dos para los hispanoamericanos. Carecer de antecedentes penales y en algunos casos pruebas de conocimiento del idioma y cultura española. Por opción es para personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y por último, por carta de naturaleza, es otorgada discrecionalmente por el Gobierno de la Nación tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

El Gobierno, ha reconocido que se está procediendo a esta inspección masiva para comprobar si en la documentación recibida hay algún tipo de falsedades, incumplimiento de los requisitos necesarios o irregularidades en la documentación presentada. Durante el año 2.024, un total de 252.476 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española, esta cifra supuso un aumento del 5,1% rspecto al año anterior. El número de las concedidas en 2.023 ya asustaba porque se dieron a más de 240.000 extranjeros, un aumento del 32,3% respecto del año precedente. En 2.022, un total de 181.581 consiguieron la nacionalidad que supone un aumento del 26,1% respecto del año previo..

En los casos en lo que se detecte algún tipo de trampa, la normativa actual ya contempla la posibilidad de revocar la concesión de la nacionalidad. Ese sería el caso de cuando se haya mantenido la nacionalidad anterior sin que hubiera razón legal alguna como convenio de doble nacionalidad con el país originario del solicitante.

También haber participado en actividades contrarias a los intereses de España. Esto incluye el ingreso en el servicio militar o la aceptación de un cargo político en un Estado extranjero sin autorización del Gobierno español y el ocultamiento de información que pudiera afectar al conjunto de documentos necesarios.

El Ministerio de Justicia ha hecho hincapié en que la pérdida de la nacionalidad no se hará de manera automática sino que se realizará a través del correspondiente expediente administrativo donde los afectados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de su resolución final. Aquellos extranjeros que pierdan la nacionalidad española por alguno de los motivos mencionados, tendrán la posibilidad de recuperarla siempre que cumplan con los requisitos necesarios para ello.

El deseo de ser español por parte de cuaquier extranjero obedece a un doble interés: poder residir y circular sin limitaciones por cualquier parte del territorio nacional sin tener que renovar periódicamente una verdadera montaña de documentos, tener que pagar para conseguir una cita presencial en la correspondiente Oficina de Extranjería para entregarlos y meses de demora llenos de incertidumbre a la espera de la correspodiente resolución.

Y conseguir el pasaporte español algo que los nacionales no estimamos porque lo conseguimos con facilidad, desconociendo que es uno de los más importantes del mundo porque con él se puede ir a todo el planeta ( 189 países ) sin necesidad de tener que pedir un visado previo, lo que refleja su valor y alta solvencia. Sin olvidar la facilidad de movimientos para circular o residir líbremente en cualquiera de los 27 países que forman la Unión Europea, como ciudadano comunitario y destino emigratorio de habitantes de todas las partes del mundo.

José Mari era José María Pedrosa, concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de Durango ( Vizcaya ) y lo de ya hemos matado al hijo de puta fue la llamada telefónica que recibió su esposa por la noche del mismo día del atentado para mofarse del asesinato. Era el 4 de junio del año 2.000.

Pedrosa sabía que lo iban a matar y así se lo había comentado a su círculo de amigos más próximos y a los compañeros de partido político. Ellos, también estaban convencidos de que ETA lo iba a asesinar. Vivía en un clima hostil y ya le habían realizado pintadas amenazantes en los bajos del edificio donde vivía y otra, con la silueta de su cuerpo en el suelo. También, lo llamaban por teléfono de madrugada riéndose para escuchar al otro lado del teléfono solo un pim, pam, pum. Llegaron al extremo de ponerle un féretro con velas en la puerta de su casa…

Mientras sus colegas de militancia velaban el cadáver de José María en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Durango, tuvieron que soportar cómo los proetarras de la localidad, los insultaban y amenazaban a gritos de ETA mátalos desde la calle para que los escuchara todo el mundo. Tuvieron que soportar ese escándalo toda la noche, sin que nadie les dijera nada a aquellos jóvenes exaltados. El mensaje que se les quería transmitir es que eso les iba a ocurrrir a todos los populares que no abandonaran el pueblo, donde el PP tenía ya dos concejales electos.

El ambiente de constante hostigamienro era algo que en la familia popular se tenía asumido, así como las habituales amenazas porque sabían que formaban parte de una estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente por parte de la banda criminal de ETA. Era el odio de los radicales proetarras hacia los políticos del PP. También sabían que esa resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco tras aquellas campañas de coacciones y amenazas terroristas podían acaban en asesinatos como le había ocurrido a Pedrosa.

Este crimen ejemplificante, junto con otros muchos, tenía como objetivo amedrentar a todos aquellos que no comulgaban con las ideas terroristas y a los que ETA perseguía con el propósito de expulsarlos de las tierras vascas. Se calcula que entre el 5 y el 10% de la población no pudo soportar aquella presión asfixiante y se vieron forzados a claudicar y abandonar sus hogares para emprender una nueva vida en otro lugar. El Observatorio de Víctimas de Terrorismo estima en 180.000 el número de vascos que tuvieron que realizar un impresionante éxodo temiendo por su vida.

Cuando ETA apretaba el gatillo para culminar con la muerte, la serie de amenazas y actos de hostigamiento parecían de otro tiempo por su crudeza y la pasmosa normalización del sufrimiento de las víctimas del terrorismo pero no estaban tan lejos en el calendario cono no hace mucho nos recordaba EH-BILDU, celebrando su cosecha electoral que incluía la elección de 15 de los 44 etarras condenados por terrorismo que llevaban en sus candidaturas autonómicas vascas en las elecciones de abril de 2024.

A José Mari, de 57 años, lo mató de un disparo en la cabeza un militante de ETA poco después de la una del mediodía en una céntrica calle de Durango cuando se dirigía a encontrarse con sus amigos para iniciar su ronda diaria de poteo ( vinos ), costumbre muy arraigada por aquellas tierras. Todos los intentos por reanimarle resultaron infructuosos y una hora después, un sacerdote le daba la extremaunción.

El cadáver quedó tendido en la acera hasta que pasadas las cuatro de la tarde el juez ordenó su levantamiento. No llevaba escolta por decisión propia. Era uno de los cuatro concejales del PP en esa localidad desde 1987. También estaba afiliado al sindicato nacionalista ELA, al igual que su esposa Mari Carmen y su hija Ainhoa. La otra, Estíbaliz no pertenecía a ninguno.

Pedrosa era la quinta víctima mortal tras la ruptura de la tregua terrorista de 1988 y el octavo concejal del PP asesinado. Toda la corporación municipal condenó el asesinato: Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), Euskal Alcartasuna ( EA ), Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) y Partido Popular ( PP ). Los cinco concejales de Euskal Herritarrok ( EH -antecedente de EH- Bildu ) se abstuvieron.

En España, la prostitución es una actividad alegal. El Gobierno actual y gran parte de los grupos feministas apoyan una postura abolicionista que supone descartar esta práctica como un trabajo sino como una forma de explotación de la mujer.

Toman como ejemplo, el modelo de Suecia que persigue y multa al cliente y no a las mujeres. Muchas grandes ciudades y capitales de provincias españolas, tienen ordenanzas municipales en las que consideran a estas personas como víctimas de la violencia de género. Nuestro Gobierno socialista prometió una legislación propia sobre el proxenetismo aunque hizo una tentativa en el Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2.024 que fue rechazada al no conseguir el grupo parñamentario socialista los apoyos necesarios y se quedó solo.

En la actualidad, la prostitución en España no tiene regulación por una ley concreta, lo que conlleva la ausencia de reconocimiento de derechos a quienes la ejercen y la falta de tipicidad penal del ejercicio de la misma pero sí existen algunas actividades relacionadas con el proxenetismo que son ilegales, si bien la prostitución en sí no es ilícita. Sí se ha acometido de manera parcial en la trata y explotación de mujeres que está regulada -principalmente- por la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual que incorpora la trata de mujeres con fines de explotación sexual como una forma de violencia sexual. También, se establece un itinerario de atención integral a las víctimas, incluyendo medidas para la investigación y prevención de la demanda de explotación sexual.

Otra forma de abordar la prostitución es a través del modelo regulacionista, presente en Alemania y Holanda, donde se reconoce a las mujeres su condición de trabajadoras y por tanto, su derecho al desempleo y a la asistencia sanitaria. En España son varios los ayuntamientos que defienden la regulación de la prostitución cuyo número varía en función de la mayoría política que conforme el respectivo equipo de gobierno.

Una de las dificultades para abordar la posible organización de la prostitución, son las cifras. No existe ningún censo oficial sobre esta actividad por lo que hay que moverse en el terreno de la estimación, con  las consiguientes posibles salvedades. Para la Policía, la mayoría de las prostitutas son víctima de trata. En cambio, los informes conocidos hasta ahora del Parlamento Europeo, hablan de una de cada siete. Otros organismos oficiales establecen entre un 70 y un 90 % las prostitutas que controlan los grupos criminales.

Este eterno dilema sobre sí o no a la prostitución, volviò a la actualidad a raíz de la inscripción en el Registro de Organizaciones del Ministerio de Trabajo, del sindicato de prostitutas, Organización de Trabajadoras Sexuales ( OTRAS ), el 4 de agosto de 2.018, por la que se reglamentaba la actividad sexual mediante precio y se consideraba una autorización encubierta.

Este debate ya se llevó por delante a la Directora General de Trabajo del Ministerio de igual nombre, responsable de haber consentido la inscripción registral y que después se quiso impugnar por la vía judicial. Este procedimiento contaba con el informe favorable de la fiscalía al considerar al sindicato un fraude de ley al pretender usar la vía administrativa para establecer unas relaciones laborales que podían ser hasta delictivas ( no poder rechazar clientes, negarse a determinadas prácticas, imposición de horario de trabajo y condiciones del mismo…. ) y manifestaba que para regular esta actividad debía de hacerse por la vía legislativa.

Hasta que no se pronunció la Audiencia Nacional que era la competente para el caso, el sindicato OTRAS  se constituyó y trató de desplegarse por todo el territorio nacional. Las dos opciones que aquí se ventilaban y que se personaron en la causa judicial, contaban con importantes apoyos del mundo feminista que estuvieron desarrollando sus respectivas campañas populares en busca de un mayor número de adhesiones.

El 19 de noviembre de 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a través de la correspondiente resolución judicial, estableció que los Estatutos del sindicato OTRAS no eran válidos al declararlos nulos de pleno derecho. La Sala argumentaba que un contrato en el que el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales con quien le indique el empresario, a cambio de remuneración, debe de reputarse nulo.

El sindicato OTRAS interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que en junio de 2.021 sentenció que el sindicato tenía razón, reconociendo el derecho de las personas que desarrollan trabajos sexuales a sindicarse, al contrario del criterio que había establecido la Audiencia Nacional, siempre que ejerzan por cuenta propia pero no pueden darse de alta en la seguridad social, ni se reconoce una parte empresarial con quién negociar.

Tras esta importante victoria jurídica, el sindicato ya legalizado, ha confeccionado un proyecto de ley que terminó el verano de 2.024 y que desde diciembre pasado lleva realizando una ronda de consultas con los partidos políticos para que apoyen esta iniciativa que supondría reconocer como oficio el trabajo sexual y que atendiera los derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales.

El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Igualdad comunicó que renunciaban -por el momento- a su proyecto de ley de abolición de la prostitución por la falta de los sufientes apoyos parlamentarios. El Partido SocIalista Obrero Español ( PSOE ), lleva dos legislaturas batallando para sacar una ley abolicionista de la prostitución, sin éxito. Tanto el Partido Popular (PP) como sus socios habituales, incluido Sumar, tumbaron la iniciativa que se debatió hace un año en el Congreso de los Diputados, impidiendo su admisión a trámite.

El pasado día 12 de mayo, entró en vigor la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior por la que se dispone que a partir de ahora no será sancionable drogarse en un coche que esté estacionado, ni intervenirle sustancia estupefaciente alguna -salvo la destinada al tráfico- lo que está suponiendo una inseguridad jurídica muy grande para los distintos Cuerpos Policiales encagados de su aplicación. Una norma que ha generado una oleada de críticas entre los propios agentes y que no está exenta de polémica

Los responsables de las principales asociaciones policiales han mostrado su desacuerdo con esta orden porque manifiestan que se ha establecido este criterio de actuación de manera errónea aunque haya sido atendiendo a distintas sentencias del Tribunal Supremo que reconocen como esfera de privacidad el interior de un automóvil a pesar de que el Ministerio sabe que la vigente Ley de Seguridad Ciudadana solo contempla sanciones que pueden llegar hasta los 30.000 euros cuando se trata de vehículos colectivos ( autobuses, trenes, tranvías, ferrys… ) o también puede ser un delito contra la seguridad vial cuando el coche se encuentre en marcha.

Una de las dudas que se plantean es que se está equiparando lo que se pueda hacer en una caravana ( la parte destinada a vivienda ) a cualquier vehículo que se encuentre aparcado por ejemplo en la puerta de un colegio mientras sus ocupantes están drogándose. También que parece una relajación en la imposición de sanciones que limita la capacidad de intervención de los agentes y que va en detrimento de la seguridad ciudadana.

Es opinión generalizada de los integrantes de la unidades de patrullaje que son los que asumen la mayoría de las aprehensiones del tráfico de sustancias estupefacientes en las calles y lugares públicos que esta Instrucción es una imprudencia porque se va a tomar como un debilitamiento legal que potencia el consumo en la vía pública de cualquier clase de droga.

Y va en detrimento de la seguridad ciudadana porque reduce la capacidad de actuación de los agentes en aquellas zonas que son habituales para trapicheo ( pequeño tráfico ) de drogas especialmente frecuentadas por menores. Además de generar inseguridad jurídica en la intervenciones que podrían enfrentarse a denuncias o infracciones disciplinarias aunque sus actuaciones estén perfectamente justificadas.

Otra de las interpretaciones como irresponsable de esta orden es que parece que se está dando amparo, en muchas ocasiones, a la preparación para la comisión de un delito, específicamente el de conducir un vehículo a motor bajo la influencia de algún tipo de droga. Aunque se quiere asemejar la cavidad de un vehículo con un domicilio hay que diferenciar que el coche se encuentra en una zona utilizada por un grupo indeterminado de usuarios en los que siempre aparecen jóvenes.

Es creencia generalizada entre los diversos Cuerpos policiales que se está haciendo un flaco favor a la lucha contra el tráfico y consumo de drogas callejero con este tipo de normas que complican su trabajo ordinario. También que supone un grave error en política de seguridad al garantizar la impunidad en la tenencia y consumo de sustancias ilícitas en el interior de vehiculos particulares estacionados.

También es que la interpretación tan extensiva que ha hecho el Ministerior del Interior respecto de lo que debe de considerarse y asemejarse a domicilio, no se ajusta al marco legal, ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que lleva a una profunda preocupación e inquietud que va a tener efectos contraproducentes en la labor diaria de los agentes y en el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos.

Lo que sí parece claro es que de la simple lectura de la Instrucción se concluye que en la Secretaría de Estado se confunden en la explicación de las distintas sentencias judiciales que afectan a este asunto pero si reconocen que el vehículo es una especie de espacio privado solo cuando está estacionado, no cuando circula. Estas dudas se trasladan también al terreno operativo para ver cuando se trata de una infracción y cuando no.

Se va a dar la paradoja de que cuando se registre un vehículo aparcado y se observe tenencia o consumo de droga no podrá denunciar a sus ocupantes pero si unos minutos después ese mismo vehículo comienza a circular entonces si podrá volver a registrarlo y denunciarlo si encuentra algún tipo de estupefaciente. Sí, en cambio se podría sancionar si salen del vehículo o van simplemente caminando.

Al final, reglas como esta están normalizando el consumo de drogas en la vía pública y facilitando su acceso, dificultando el trabajo de los agentes y de otros organismos existentes para la prevención y tratamiento de los drogodependientes. No estaría de más una revisión de esta Instrucción que evite todas las dudas y lecturas que se están dando para que se cuenten con las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y la seguridad de las calles.

Por otro lado, este asunto ya está dando lugar a chanza y algunos agentes están compartiendo en redes sociales distintos memes en los que se ve a policías impasibles ante gente drogádose dentro de un automóvil.

En poco más de una década, España ha pasado de ser un país de tránsito de esta droga a la de ser el primer productor europeo de la misma. A mucha distancia le sigue Italia. Varios son los aspectos que inciden en este aumento tan espectacular entre los que destaca la proliferación de plantaciones de marihuana.

En primer lugar, la tenue respuesta prevista en nuestro ordenamiento jurídico debido a que la marihuana aparece clasificada como una sustancia estupefaciente que no causa daño grave a la salud por lo que nuestro Código Penal recoge penas de solo uno a tres años de prisión que además son susceptibles de conformidad y la pena ser suspendida y así evitar su ingreso en la cárcel. Solo en los casos de macroplantaciones que al tratarse de notoria importancia se podría imponer una mayor prisión de año y medio que la anterior para lo que la droga intervenida debería ser superior a 10 Kgs. ( Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.001 ).

Un segundo aliciente, son los importantes beneficios económicos que se obtienen en contraprestación a las leves penas que se puedan imponer. El precio medio de un kilográmo de marihuana en el mercado mayorista español se encuentra en torno a los dos mil euros mientras que en otros países de la Unión Europea puede llegar a rondar los seis mil euros.

Por último, existe cierta tolerancia social al consumo de marihuana en contra de otras sustancias estupefacientes como la cocaína o la heroína que tienen mala prensa y que sirve como incentivo y tiene mejor mercado que las anteriores.

La proliferación de plantaciones de marihuana, ha tenido la lógica consecuencia de un incremento no solo de procedimientos penales relacionados con los cultivos de esta droga sino que también con fenómenos delincuenciales poco habituales hasta ahora en el territorio nacional como las asociaciones cannábicas, los denominados narcopisos y las plantaciones industriales a cargo de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros que formarían parte de grupos criminales ddicados al tráfico a gran escala.

Centrándonos en los macrocultivos, la actividad se lleva a cabo, normalmente, tanto en invernaderos como en naves industriales. Los cultivos de interiores presentan varias ventajas para los delincuentes siendo una de ellas la mayor facilidad de ocultación. Las naves comerciales suelen estar en polígonos industriales con intensa actividad mercantil cuyo bullicio camufla perfecamente el ruido que generan los distintos aparatos usados en este tipo de plantaciones para lograr la temperatura adecuada.

También, al cultivarse en el interior y mantener fijas las condiciones climáticas de las plantas se pueden alcanzar varias cosechas en un mismo año mientras que si se planta en el exterior, al aire libre, el ciclo natural de la planta es de una cosecha al año o dos como mucho si no varía demasiado el ecosistema donde se encuentre. El beneficio económico de elegir un sistema u otro es obvio.

Tampoco hay que descartar las casas aisladas en el campo o en la huerta, con plantaciones muy tecnificadas y con dispositivos de seguridad para evitar robos de la competencia. Se descubren porque su consumo de energía eléctrica equivale al de un edificio de 80 viviendas y su enganche ilegal a la red provoca apagones e incendios que suponen un peligro para toda la zona donde se encuentran ubicadas.

Las empresas eléctricas que con frecuencia acuden a solicitar la ayuda de los cuerpos policiales cuando detectan la voracidad en el consumo energético de estas bandas de traficantes, lo hacen para denunciar la comisión de un delito llamado de fraude en el fluido eléctrico pero tampoco hay que olvidar que también se trata de una herramienta muy positiva para que la Policía pueda actuar contra estas organizaciones criminales. Para ilustrar la magnitud de este problema para las citadas compañías energéticas, afirman con total normalidad que el suministro que gastan ilegalmente estas plantaciones en toda España serviría para iluminar a ciudades del tamaño de Valencia, Sevilla o Zaragoza durante todo un año.

Este problema que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años, busca pasar desapercibido en todo el territorio nacional pero las incautaciones de marihuana han crecido un 2.000 por ciento. Para combatir este tipo de delincuencia resulta clave la colaboración ciudadana y la coordinación con las empresas eléctricas como ya se ha mencionado. Las principales provincias donde más operaciones policiales se han desarrollado son Granada, Sevilla y Almería.

Apenas unos dias después de su segunda investidura como Presidente de los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, Donald Trump se manifestó como un gran hispanófobo mostrando un odio que recordaba su anterior mandato ( 2.017-2,021 ), en el que nunca faltaron gestos y manifestaciones de desprecio hacia los hispanos y a la cultura que representaban y a los que llegó a calificar como raza inferior, inmigrantes indeseables, generalmente criminales y degenerados.

Como muestra de ello, llegó a cerrar la página electrónica en español de la Casa Blanca como ha vuelto a hacer ahora, tras haber sido repuesta por su predecesor Joe Biden. Pretende reactivar así la vieja campaña de solamente en inglés cuando en la Constitución de su país no se declara como oficial ninguna lengua, consciente de que cuando se elaboró en aquel ya lejano 1.787 -la primera nacida bajo los principios de la Ilustración- eran varios los idiomas establecidos fruto de la enorme inmigración que acogían aquellos territorios aunque mayoritariamente de origen británico que la habían convertido en colonia britáica. Aunque escrita en inglés fue distribuida en traducciones al holandes y alemán por la fuerte presencia comercial de los originarios de ambos países.

Ya desde sus principios, el país norteamericano fue un territorio que recibía con los brazos abiertos a miles de inmigrantes y con los años, la Historia le acabó dando una reputación de país santuario al que no han dejado de llegar extranjeros en busca de una nueva vida persiguiendo el lema del famoso sueño norteamericano. Quizás por eso, se hablan en todo el país unas 350 lenguas, siendo las más comunes además del español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe.

Bastante de este comportamiento está sustentado en que las previsiones demográficas para la mitad de este siglo XXI indican que para entonces, la cuarta parte de la población norteamericana será hispana y bilingüe. Lo sorprendente del caso es que este posicionamiento tan contrario no parece que le haya privado de un significativo apoyo electoral hispano, incluida la identificación total con esta política de su flamante Secretario de Estado ( equivalente a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ), Marco Antonio Rubio.

Este comportamiento de Trump no es algo personal y maniático sino que expresa un sentir muy amplio de parte de sus compatriotas, típicamente racista y muy implantado en la costa altántica, como herederos de la parte americana del imperio británico. Tomemos como ejemplo de ello, un estudio publicado en el año 2.021 por el prestigioso periódico El Tiempo de Nueva York ( The New York Times ) en el que clasificaba por sus identidades raciales a los mil personajes más poderosos de entonces en ese país en el que solo aparecían 180 personas negras ( ellos llamaban con el eufemismo de color ).

Con anterioridad y en tiempos de la Presidencia de Richard Nixon, en la oficina federal encargada de realizar el censo, se introdujo por primera vez en el registro de 1.970, la categoría hispánico que se añadía así a las cuatro principales ya existentes: los autóctonos, los afroamericanos, los euroamericanos y los asiáticoamericanos. Solo los penúltimos fueron considerados racialmente como blancos. También se incluía la categoría de otros que eran los contemporáneos no incluidos en la clasificación anterior en la que estaban figurando los españoles en el apartado de los hispanos o como es lo mismo, como no blancos. Esta variable xenófoba y supremacista era todo lo contrario del inviolable principio ilustrado de la universalidad de la condición humana y de los derechos que le son inseparables.

La búsqueda de la política América primero, parece que no tiene límites y está llegando a lugares insospechados, incluso a tradiciones que no se habían tocado en 250 años como ha sido que declare el inglés como lengua oficial del país, un día de fin de semana -sábado- ( el pasado 1 de marzo ) sin que se le diera mucha importancia en los medios de comunicación, más allá de la curiosidad oficial de esta Orden Ejecutiva porque con la que está cayendo no se entiende bien que el mandatario le dedique tiempo a un aspecto que, en principio, no parece prioritario en ese país aunque a la vista de los resultados sí lo es.

A pesar de todo ello, no parece que el futuro del español se pueda cifrar en las declaraciones de Trump dado que tiene acreditado su desamor por la cultura en general y que se pueda hacer algo para impedirlo más allá de la denuncia política y social. Habrá que mantener la esperanza de que no haga demasiado daño ni a la lengua, ni a la civilización hispana tan desarrollada en su país y que, de paso, mantenga las bases para la estabilidad del mundo.

Desde luego que no es el mejor momento para que el debilitado y agónico Gobierno español de Pedro Sánchez pudiera protestar para que responda en buenos términos a esta grave decisión y se manifieste contra la prepotencia con la que actúa Donald Trump. Porque España es muy superior a Estados Unidos en materia cultural y tiene detrás una Historia imponente que debe de hacer valer, incluida la imprescindible ayuda prestada en su proceso de independencia del imperio inglés. Y de paso, tratar de que no la menosprecie en los términos que este hijo de inmigrantes europeos lo está haciendo.

Un total de 211 inmigrantes ilegales han conseguido una autorización de residencia y trabajo en España desde el año 2020 hasta el 22 de enero pasado, por circunstancias excepcionales derivadas por su colaboración policial contra los grupos criminales que se aprovechan de ellos. Se han acogido a las beneficios contemplados en el artículo 59.1 de la Ley Orgánica 4/2.000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.

El dato lo ha facilitado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al partido político VOX que se hizo pública el pasado 23 de marzo y que quería saber cuántos inmigrantes ilegales habían eludido la obligatoria expulsión del territorio nacional por acogerse al mencionado artículo.

En concreto, esta ley contempla la posibilidad de que el extranjero que se encuentre irregularmente en España quede exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia como víctima o testigo a los autores o cooperadores de delitos como tráfico ilicito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución, abusando de su situación de necesidad.

Esta cifra de extranjeros regularizados por su colaboración con la Policía por denunciar a los grupos y redes delictivas que los extorsionan y los explotan sería poco valorada si no se la vinculara con el resultado obtenido gracias a esa contribución. Así, si se consulta la página electrónica del Ministerio del Interior sobre esta cuestión se puede comprobar que sin esa conducta beneficiosa prevista en la legislación vigente no se podría haber obtenido -en gran parte- los siguientes datos estadísticos:

-Operaciones policiales desarrolladas en el período 2.020-2.023 contra la trata de personas y la explotación sexual: 634 que han permitido la identificación de 2.294 víctimas y la detención de 1.797 personas. Si nos referimos ahora a extranjeros sometidos a explotación laboral, el resultado obtenido ha sido de 544 operaciones policiales, con 2.264 víctimas y 1.091 detenidos

La conclusión de todo esto es que España se mantiene como país de destino de la trata de seres humanos, tanto en su vertiente sexual como laboral, debido -entre otros factores- a su cercanía a África y los lazos culturales mantenidos con Hispanoamérica, lo que la sitúa como un centro relevante para este tipo de delitos.

Esta situación se vió condicionada durante los años señalados por el imparable auge que estaban teniendo las tecnologías de la información y de la comunicacón, especialmente su ramal televisivo ( sin olvidar el boca-boca ) y que cada vez son más utilizadas por las redes criminales en todas las fases de su actividad como son: la captación, transporte, control de las víctimas y sus rendimientos.

El fenómeno vinculado a la trata y explotación de personas sigue evolucionando, generando nuevos retos que se afrontan con mejoras en la prevención y persecución del delito, la protección y asistencia a la víctimas junto a la cooperación institucional tanto nacional como internacional.

La última reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó el pasado mes de noviembre y que entrará en vigor el próximo mes de mayo, no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral de las personas extranjeras en España sino que introduce relevantes modificaciones también en cuestiones propias del derecho penal que van a tener incidencia en su condición de víctimas o perpetradores de delitos. Para las que se encuentren en tales condiciones se prevén autorizaciones por razones humanitarias, colaboración con autoridades ( que se mantiene ), seguridad nacional o interés público.

Estas novedades se han introducido entre los delitos de los que pueder ser víctima un extranjero: los de odio ( del arículo 510 del Código Penal ) y los delitos de la seguridad y salud laboral ( artículos 316 al 318 del Código Penal ). Las víctimas de violencia sexual se mantienen igual con independencia de su nacionalidad pero se les añade los delitos de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, así como las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital. Hay que tener en cuenta que tambien se verán beneficiados toda la familia directa de la víctima.

Las vacaciones de Semana Santa son aprovechadas por decenas de miles de personas para viajar a otras regiones y desconectar de la rutina diaria de sus zonas de residencia por unos pocos dias. Esto provoca que muchas otras localidades vean incrementadas su población deseosa de pasear por sus calles y visitar sus tiendas, generando aglomeraciones que son aprovechadas por los delincuentes para robar en los comercios. En esta época del año se concentra el 19% de las sustracciones que sufren los establecimientos comerciales algunas veces por gentes organizadas que constituyen verdaderos grupos criminales.

Este tipo de delincuencia estructurada se ha convertido en la mayor amenaza para el comercio tradicional ya que el 55% de los hurtos en supermercados y tiendas son protagonizados por estas bandas. En los casos de que se trate de la apropiación de productos de alto valor es para revenderlos en mercados paralelos. En total, la pèrdida de productos supone el 0,74% de la facturación total y equivale a un impacto de 352 millones de euros en estos dias primaverales.

Dos de cada tres hurtos son realizados por autores multirreincidentes que son los que sustraen los efectos en los locales al menos tres veces al año. Siendo su perfil de menos de 30 años en el 44% de los casos, tanto de hombres como de mujeres. Se está apreciando un notable aumento de agresividad tanto física como verbal de los infractores hacia el personal del establecimiento como el de seguridad si lo tiene.

Los productos más robados en Semana Santa no difieren mucho de los que se suelen sustraer a lo largo de todo el año. En la categoría de alimentación y bebidas, destacan las botellas de vinos y licores; los embutidos, las conservas y los ahumados. El aceite es el que más se ha incrementado el último año debido al alto precio alcanzado debido a su escasez por las malas cosechas.

En la categoría de moda, destaca el calzado com el producto más deseado después de la ropa. En cuanto al cuidado personal y de belleza resaltan las cremas faciales como el producto estrella junto a los de cuidado capilar. En tecnología, los teléfonos se llevan la palma, seguidos de las tabletas. En el ámbito del hogar y el bricolaje, está encabezado por las pilas y las baterías.

Para combatir esta verdadera plaga de daños en la balanza comercial de las tiendas, sus propietarios se han dotado de las medidas de seguridad que están a su alcance como cámadas de vigilancia y alarmas. El 94% de los establecimientos tienen antenas antihurtos y el 81% disponen de collarines en las bebidas alcohólicas, perfumes y cremas. El 13% de los productos vienen protegidos ya con etiquetas antihurtos desde el fabricante.

Todos estos datos justifican las operaciones policiales especiales que cada año se ponen en marcha como la de comercio seguro porque se va comprobando que los hurtos en las tiendas ya no es un acto aislado cometido por personas oportunistas sino que se va convirtiendo en una práctica sistemática impulsada por grupos delictivos que, en algunos casos, denotan una alta organización,.

Los atentados a los agentes de la autoridad han vuelto a alcanzar un nuevo récord el pasado año de 2.024 de acuerdo con una respuesta parlamentaria al Partido Popular (PP ) que ha hecho pública el Ministerio de Interior el pasado dia cinco de este mes de marzo. En los cuerpos policiales del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, han sido 16.878 los ataques sufridos. Esta cifra supone un 0,27% más que la registrada en 2.023, ( donde se contabilizaron 16.833 asaltos que suponían más de 1.400 al mes con un promedio de casi 47 al día) ; y es la más alta de las conocidas hasta ahora.

Desde que gobierna la coalición socialcomunista actual, en junio de 2.018, los datos oficiales de los delitos de agresiones contra los funcionarios de la seguridad pública no han parado de aumentar. Solo ya en 2.019, con 13.127 el incremento fue del 6,1% y el ministro Marlasca celebró de esta manera su primer año en los gobiernos de Pedro Sánchez. En 2.020 se registraron 13.671 atentados. El aumento interanual fue mucho mayor en 2.021, con 15.360 que era un 12,6% de incremento y en 2.022 fueron 16.651 con un 8,1% más. De este modo se puede comprobar fácilmente que los repuntes habidos durante la última década se han concentrado en los últimos seis años de mandato Sánchez-Marlasca.

Siguiendo con estos números oficiales, aparece un detalle alarmante en el sexenio 2.018-2.024 y es el que la elevación de las agresiones ha sido de casi un 30%, ( un 28,5% real ) de tal forma que desde que Marlasca es ministro del Interior las cifras se han incrementado en más de 4.500 agresiones.

El nuevo récord alcanzado en 2.024 en estos delitos, tiene un mayor impacto en algunas zonas de España en las que los agentes sufren con mayor frecuencia esos ataques. En la Comunidad Autónoma de Madrid por ejemplo, el año pasado se dieron hasta 3.086 atentados contra policías y guardias civiles, acumulando así el 18,2% del total nacional .Le siguió la región catalana, con especial incidencia en la provincia de Barcelona con 1.890 casos. Después está la Comunidad Valenciana, donde sobresale la provincia de Valencia con 1.147 delitos de este tipo. La lista continúa con Andalucía, siendo Cádiz la provincia que más destaca con más de 500 agresiones.

La violencia contra los cuerpos policiales está descontrolada como se puede apreciar y los agresores se sienten impunes. Las consecuencias penales de estos actos son irrisorias ya que se despachan como multas -muchas de ellas de 50 euros- que encima no se pagan por la insolvencia del agresor por lo que que se puede afirmar con rotundidad que pegar a un policía en España te sale casi gratis.

Estos números demuestran que es necesario tomar una serie de medidas que protejan la labor policial porque a todas luces son intolerables y desde el ministerio cuyo titular es Marlasca no se ha tomado en consideración ninguna de las denuncias que los sindicatos policiales vienen haciendo estos últimos años para atajarlos, como que se agraven las penas y se refuerce su protección jurídica, mientras que varios de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno socialcomunista que sufrimos pretenden recortar aún más la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que es la principal herramienta normativa que se dispone para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Es indignante que Marlasca siga sin hacer realidad el seguro de responsabilidad civil para los policías pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a ello. También, que siga sin declarar profesión de riesgo a los cuepos policiales de él dependientes, en contra de los policías autonómicos y locales que sí lo tienen reconocido y sin disponer de los medios técnicos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los componentes de las patrullas policiales y las unidades de intervención antidisturbios. Y ya como insulto final lo es no haber alcanzado aún la equiparación salarial con otros cuerpos policiales de menor rango normativo y limitadas funciones profesionales.