La banda armada volvió a pasar por alto otros tres avisos más que la historia le dio en la década de los años 80, señalándoles que matar no servía para nada. El primero de ellos ya se ha visto en el capítulo anterior ( Ley de Amnistía de 1.977 ). El segundo fue cuando el final del santuario francés -donde se escondían tras atacar en España- durante la Presidencia de Françoise Mitterrand ( 1981-1995) que iniciaba así el fin de las complicidades europeas.

El tercer aviso fue cuando se consiguió el Pacto de Ajuria – Enea ( nombre en eusquera de la residencia del Presidente del Gobierno Vasco, en Vitoria y que traducido significa, la Casa de los Ajuria ) en 1.988, cuyo nombre oficial fue Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, en el que los partidos vascos se conjuraron para negar representatividad alguna a ETA -que en sus comunicados reivindicatorios siempre decía hablar en nombre del pueblo vasco-  y combatirla policial y socialmente.

El cuarto aviso fueron las negociaciones y tregua de Argel -celebradas en el primer trimestre de 1.989 y cuya ruptura no valoró- y siguió pensando que podía derrotar al Estado español.

Durante esos años, el respaldo popular a ETA se centró en una Coalición Electoral llamada Unidad Popular, más conocida por traducción al vasco como Herri Batasuna y sobre todo por sus siglas: HB . Llegando a tener representación en el Parlamento Vasco y gobernar numerosos Ayuntamientos. En el año 2.003, HB fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, al considerarla parte de ETA.

Pero antes, ETA había añadido a su listado de objetivos, al adversario político elegido en las urnas, como fue el asesinato del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 24 de enero de 1.995. Extendiéndose así el crimen a quienes pensaban diferente mientras se envalentonaba el vandalismo callejero ( logrando que toda España supiese decirlo en eusquera, la kale borroka-lucha callejera ) y sus juventudes ( jarraitxus-jóvenes en eusquera ) implantaban sus ley urbana en las calles de las principales ciudades vascas.

Entonces, el paisaje de la región se llenó de escoltas para políticos, periodistas, empresarios o jueces y fiscales ; de más gente viviendo con miedo a la muerte de un balazo o a la explosión  de un coche bomba.

Una socialización del terror que tuvo su cénit, con el secuestro y asesinato, el 13 de julio de 1.997, del joven y desconocido concejal del Partido Popular ( PP ) en la localidad de Ermua ( Vizcaya ), Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad vasca se rebeló masiva e irreversiblemente contra los asesinos, a los gritos de : ¡ basta ya ! y ¡ no son vascos, son asesinos !.

A partir de ahí, los ciudadanos vascuences mostraron su hartazgo hasta el extremo que la izquierda nacionalista empezó a cuestionar a sus mentores de las pistolas. Este cambio progresivo de la percepción social del terrorismo, corrió en paralelo al acorralamiento de ETA en todos los frentes : policial, judicial e internacional. Especialmente, hay que destacar a la velocidad que los Cuerpos Policiales desmantelaban la cúspide terrorista y los comandos operativos más sangrientos.

La banda armada aún obvió otro aviso : el de la tregua que mantuvo en el año 2.006, con  el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que rompió en diciembre de ese mismo año con el atentado de la Terminal Cuatro ( T- 4 ) del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde usó el coche-bomba más potente de toda su historia, con el resultado de 2 muertos y 19 heridos de diversa consideración.

Se quebraba así una negociación que se pensaba definitiva. Hubo que esperar a que el 20 de octubre de 2.011, tres encapuchados de la organización terrorista anunciaran que la banda criminal no volvería a matar. Habían pasado 43 años de dolor y de rabia.

Ahora la pregunta que tiene que resolver el paso del tiempo es : ¿ cuál es el legado de ETA ?. Yo creo que es, sin duda, el dolor causado durante décadas de sufrimiento que al final no han servido para casi nada. Pero ahora ya hay una gran batalla por el relato, por contar su historia. Ya se han detectado intentos de blanquear la crónica negra de ETA y se tiene que recordar que fue derrotada por la democracia y lo único que consiguió fue matar.

Antes de que la conciencia colectiva archive el terror hay que ganar también la batalla del relato porque el olvido ya ha comenzado. A los jóvenes vascos y a los restantes del territorio nacional, ETA les suena a antediluviano y deben de estar vacunados contra el odio mediante el conocimiento de la Historia. ETA quiso imponer mdiante el asesinato un proyecto político totalitario.

La historia de Euskadi Ta Askatasuna , nombre en vasco de la organización terrorista  Patria Vasca y Libertad, más conocida por sus siglas ETA, terminó oficialmente con un comunicado sobre su disolución que fue publicado el 3 de mayo de 2.018. Toca ahora contar 60 años de sufrimiento desmedido y averigüar que dirá la historia sobre unos hechos que no debieron de ocurrir jamás. Un recorrido criminal que se cobró 853 muertes y que para muchos no ha servido para nada.

ETA no quiere pasar a la posteridad como la banda asesina que ensangrentó la democracia española y que no supo leer tantos avisos que la Historia le dio para desaparecer. Quiere ser recordada como aquel movimiento de liberación nacional que surgió de la escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco ( PNV), el grupo EGI-EKIN, unas docenas de jóvenes radicales germinados en la Escuela de Ingenieros de Bilbao en el curso 1.958-1.959, según habían afirmado sus fundadores de los que ya no queda ninguno. En septiembre de 2022 murió el último de ellos, Iñaki Larramendi a los 93 años.

La banda armada fue vista en sus primeros años como la personificación de la lucha contra Franco. Esta visión casi romántica, empezó a cambiar el día que la organización terrorista perpetró su primer atentado, el 7 de junio de 1968, cuando el terrorista Txabi Etxebarrieta mató al agente de la Guardia Civil José Pardines, al darle el alto en un control de carretera en Aduna ( Guipúzcoa ), considerándose el primer asesinado por la organización terrorista. Poco después, pereció Etxebarrieta en un enfrentamiento con la Guardia Civil pasando también a ser el primer etarra muerto.

Este doble bautismo de sangre dividió mucho a la sociedad vasca. A partir de entonces, la de ETA es solo una historia de asesinatos, miedos y complicidades. La respuesta policial de aquel tiempo, llevó al conocido como Proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1.970 a 16 de sus militantes de los que seis fueron condenados a muerte aunque las penas fueron conmutadas poco después por 30 años de prisión, fortaleciendo así -políticamente- a los terroristas como unos héroes de la lucha antifranquista.

Un perfil que se acentuó con el asesinato del entonces Presidente del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1.973, en Madrid. Y a poco que nos descuidemos, eso es lo que quedará de ella : que se enfrentó a Franco y que mató a Carrero.

Con la llegada de la democracia, ETA se consagró como una máquina de matar y dejó de ver los avisos de que estaba fuera de tiempo. Perdieron todas las oportunidades para dejar de asesinar y todo para casi nada porque no han conseguido su objetivo principal que era la independencia. A pesar de tantos muertos, su fracaso en esa línea es de proporciones inmensas.

La primera oportunidad fue la Ley de Amnistía. En octubre de 1.977 y cuando se promulgó, fueron amnistiados 60 asesinatos y se le perdonaron todos los demás crímenes. Pero ETA siguió matando como si no hubiese pasado nada. Ahí, ETA perdió esa coyuntura. A partir de 1.978 comienza su etapa más letal : 244 personas asesinadas entre ese año y 1.980. En 1.980, llegó a matar a casi 100 personas ( 97 exactamente ), una cada tres días.

La organización terrorista no supo valorar ni el Estatuto de Autonomía Vasco, ni la Constitución Española. Ni tampoco supo interpretar la disolución de ETA Politico-Militar ( ETA P-M ) el 30 de septiembre de 1.982 para poderse incorporar a la vida política vasca a través de un partido creado para tal fin, el Partido para la Revolución Vasca ( Euskal Iraultzarako Alderdia , en eusquera ) aunque fue más conocido por sus siglas EIA y cuyos presos fueron puestos en libertad y premiados los demás militantes -caso a caso- en medio de una amnistía encubierta. Como paradoja, se puede añadir que algunos de ellos fueron amenazados por sus hermanos de ETA MILITAR.

Durante ese período realizaron los atentados más salvajes demostrando que cualquiera podía ser definido como objetivo de la organización terrorista. Como así ocurrió el 19 de junio de 1.987, con la matanza de Hipercor, un popular supermercado de El Corte Inglés, en Barcelona, donde una coche-bomba estacionado en el garaje del centro comercial mató a 21 personas y dejó heridas a otras 45.

Son años también en los que aparece el terrorismo de Estado a través de los Grupos de Liberación Nacional ( conocidos por sus siglas, GAL ) que causaron 27 muertes, dando así razones a la propia ETA para justificarse y generar más dolor.

Soy de la opinión de que tras la disolución de ETA, lo más importante y que ya se está viendo ahora, va a ser el relato que se va legar a las futuras generaciones en el que debe de quedar claro que el terrorismo de ETA, no tuvo justificación alguna y que sus victimas lo fueron injustamente.

La prueba de la importancia de la narración está en el comportamiento de ETA que, en el comunicado de su disolución, el 4 de mayo de 2.018, otorgó especial relevancia a la justificación de su trayectoria terrorista, desde sus inicios en 1.960 hasta su cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2.011, cuando en España se disfrutaba de casi cuatro décadas de democracia.

Con su tesis de conflicto civil, cuyo origen sitúa en el bombardeo de Guernica por la aviación alemana en plena Guerra Civil, pretende justificar sus 853 asesinatos, cometidos -mayoritariamente- durante la transición política y la democracia aunque ahora culpe a Franco de todos sus males.

ETA, no tuvo justificación alguna y la historia debe de condenarla sin remisión porque es fundamental que las generaciones de jóvenes conozcan esa verdad y la historia no se repita.

Por eso, tras la disolución de la banda terrorista, la batalla por contar lo que pasó en realidad es una cuestión clave, no solo para el País Vasco sino que también lo es para el resto de los españoles. Primero, porque son muchas las personas que quieren olvidar, que quieren pasar página y segundo, porque existe mucho desconocimiento entre los jóvenes vascos y españoles de lo ocurrido en aquellos años de plomo.

Aunque el rechazo a ETA es abrumador y se considera que las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento público y memoria. Se trata de un tema que hace tiempo que no se aborda en las aulas, ni en las tertulias familiares, ni en los debates públicos.

El País Vasco, con dos centros dedicados a la memoria de reciente creación : el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dedicado a la memoria de la Guerra Civil, la represión franquista, el terrorismo de ETA y la guerra sucia del Estado español. Promovido por el Gobierno Vasco y con sede en Bilbao. Y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno de la Nación y con sede en Vitoria.

Ambos centros, parten del planteamiento común de que el terrorismo etarra no tuvo excusa alguna pese al autoritarismo franquista y a la guerra sucia y están obligados a entenderse en aras a una explicación democrática.

Frente a ellos, está el relato de la propia banda criminal -ya anunciado en su comunicado de disolución- y ampliado por sus seguidores, en el sentido de que ETA fue una respuesta armada al Estado español por la invasión del territorio vasco. Así se pretende justificar en parte, los crímenes de ETA, que cuenta con el apoyo de toda una industria que está detrás, gracias a un entramado de asociaciones que a pesar de su escasa calidad y descarado partidismo, tiene una notable influencia y difusión en las redes sociales y medios de comunicación de aquella región española.

La invención de la Ley de Memoria Democrática del autócrata Pedro Sánchez ha puesto de moda la olvidada figura de Franco. Lo hizo primero exhumando sus restos de El Valle de los Caídos y trasladándolos en helicóptero para que el No-Do de TVE lo retransmitiera en directo. Con este gesto de raíz totalitaria se imponía el nuevo relato de la resurrección del Generalísimo Franco, y se «ponía en valor» El Valle de los Caídos, ignorado desde los años 70. Las monas de repetición de la prensa del fango gritaban: «Hay que liberar el Valle de la simbología fascista, empezando por profanar los restos de Franco» y luego volar esa cruz y desacralizar la basílica erigidas como un monumento al facherío.

Las burlas a esta maquinación para enfrentar a los españoles mediante la invención desde el poder de un «relato» parahistórico tuvo respuesta en el «francomodín». Como explica el izquierdista George Lakoff en «No pienses en un elefante» (2004) los «marcos mentales» en política conforman nuestro modo de ver el mundo. Son movilizadores de representaciones para activar valores, principios y directrices políticas. En definitiva, se trata de marcar la agenda política creando un atmósfera conceptual, un lenguaje emocional que defina unas realidades morales que los medios impondrán mediante la repetición.

La forma de contrarrestar estos relatos creados por la izquierda desde el poder es la batalla cultural. Pero ha costado entender qué ocultaba la estrategia de estos historias imaginarias. La derecha caía en la celada, se ponía a la defensiva, mientras el dictadorzuelo Sánchez fingía ser un demócrata y construía en la trastienda del poder una dictadura de la manipulación.

Con la derecha en Babia, la reacción voluntarista de la disidencia fue la burla. Así nació el «francomodín», como un emblema contra totalitarismo de Sánchez. No obstante, siendo una palabra con gran poder evocador y que dio en el blanco, era insuficiente para oponerse al marco mental impuesto desde el poder y replicado a tutiplén por el Equipo Nacional de Opinión Sincronizado del bulo: quienes no están contra Franco son fascistas. Toda esa retórica del «muro». El rollo con la resignificación mágica de lugares de memoria. Sacar en procesión a Franco y amenazar con cerrar su Fundación, no era más que cuento: imponer un relato que generase rechazo y acusar a la derecha y ultraderecha de fascista por no sumarse a la celebración del cincuentenario de la muerte en la cama del General Franco.

Pero a Sánchez y su banda de corruptos les importaba un higo Franco, la Guerra Civil y la República comunista que Franco humilló hasta que éstos huyeron de España como ratas. Gracias a la prensa libre y la digital se ha desvelado el secreto de Polichinela: pura magia Borrás que ocultaba la corrupción galopante de este Gobierno de ladrones.

Semánticamente, el «francomodín» ha tenido la virtud de ser un poderoso disolvente del estado de corrupción de la banda de Sánchez. Parecía que no tenía espesor para denunciar las tropelías de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, de los vicepresidentes pillados con las dos manos en las carnes de la prostitución y a saco en el Presupuesto Nacional de Sánchez. Pero los emblemas poseen un gran poder simbólico. Vean el puño en alto o el saludo fascista.

Pese a la casuística de las mentiras de Sánchez, que todos conocían pero callaban, fue al descubrirse el tráfico de fulanas de sus gerifaltes y la evidencia de que al Presidente más feminista de España, le ayudó el padre de Begoña a okupar la Moncloa con los dineros ganados con sus saunas de prostitución que las mentiras de Sánchez adquirieron sentido: eran francomodines ideados para ocultar el Estado de latrocinio de su Gobierno al completo, pues quienes no han participado activamente han callado.

Los numerosos cuentos ideados por el ingente equipo de asesores que tapaban una tropelía con otra, eran espejos deformantes de la realidad que impedían a los españoles ver la degradación de España ardiendo mientras la expoliaba un grupo de cuatreros. En este sentido, el francomodín es el último emblema heroico de la españolidad, porque desvela lo que con señuelos tan toscos como la invocación a Franco y el insulto de fascista ocultaron durante siete años que estaban en «ésto» por dinero, título del disco de Frank Zappa. Todos por la pasta.

El año comenzó con esperanza respecto a los repetidos casos de okupación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Uno de ellas suponía que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se pasaran a tramitar bajo el procedimiento de juicios rápidos, es decir, los casos de okupación delictiva se incorporaron a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida en unos 15 días.

Entró en vigor a principios de abril y fue visto como algo positivo por algunos abogados  «Se puede acudir a la comisaría de Policía más cercana o al juzgado de guardia directamente a formular esa denuncia y se abre la tramitación de este procedimiento que debería dar lugar a un juicio en muy pocos días«. Sin embargo, otros pronto dieron la voz de alarma: «Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando, tanto los políticos como los pseudo abogados que comentan sobre este tema y no son penalistas o bien no han pisado un juzgado en su vida».

Tras varios meses en vigor y con más casos reales en los que se ha podido comprobar su efecto, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro valoró la reforma procesal de la Ley Orgánica 1/2025 basándose en la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de finales de agosto. Su valoración muestra la difícil situación que se atraviesa con los casos de ocupación ilegal, es decir, las viviendas con okupas.

El autor del libro ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’ no deja lugar a dudas con su valoración: «La realidad es que La Ley Orgánica 1/2025 es ineficaz contra las okupaciones». El gran problema se muestra en la Circular de la Fiscalía. Esta explica que solo se podrá utilizar la vía rápida si hay atestado policial y detenido o citado, en relación al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se interponga una denuncia o querella, pero sin darse la detención al momento y en esos casos, como ocurría anteriormente, todo se resuelve mediante el Tribunal del Jurado. También y de manera más clara en los que no haya violencia por medio. Por tanto, Vicente Magro sentencia: «No es cierto que se resuelvan los casos de ocupaciones ilegales con esta reforma, porque no va a ser así».

El magistrado pide actuar con rapidez y eficacia: «Los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas ilegalmente se quedan a la espera de que se les devuelva su posesión… y deben esperar años. Eso es inaudito en la UE e inaceptable en un Estado de derecho«. Es su propiedad y, salvo en los mencionados casos con detenido o citado, los casos de allanamiento y usurpación tardan demasiado en resolverse. Mas aún los de inquiokupación, que no es un delito de ocupación ilegal al uso.

Vicente Magro propone dos grandes vías para acabar con los okupas: desalojos en 24 horas y acabar con la paralización de desahucios de okupas debido a la vulnerabilidad. Esto se podría llevar a cabo aplicando el artículo 13 de la LECrim para acordar de forma general la expulsión inmediata en 24 horas de los okupas e implementando un nuevo artículo 544 sexies de la LECRIM, que no permita otra alternativa al juez de instrucción que ordenar el desalojo sin que pueda alegarse situación de vulnerabilidad por ningún motivo.

El experto en okupas es muy contundente: «Sin una medida cautelar de desalojo automático, la reforma es estéril». Finaliza con un resumen de la situación con las medidas implementadas actualmente en España: «Se quedan a medio camino».

Razones por las que los juicios rápidos no funcionan en la práctica

• Solo afectan a casos concretos: No se aplica a la mayoría de las ocupaciones, que suelen ser usurpaciones o en casos de inquilinos que no pagan el alquiler (inquocupación).
• El plazo de 15 días es para el juicio, no para el desalojo: El desalojo no es inmediato, ya que el proceso legal puede alargarse mucho después de que se celebre el juicio.
• Obstáculos legales y de procedimiento:
• La ley solo agiliza un juicio penal rápido: Si el ocupante no se declara culpable, el juicio se suspende y se remite al procedimiento ordinario, alargando el proceso.
• El plazo de 15 días comienza a contar desde la primera comparecencia del ocupante en el juzgado, no desde que se produce la ocupación.
• La Fiscalía ha limitado el alcance de la ley, excluyendo el allanamiento de morada por conflicto con la Ley del Jurado.
• Los ocupantes pueden interponer recursos para dilatar el proceso.
• La efectividad de la ley depende de la disponibilidad de recursos en los juzgados, que a menudo están saturados.

• Conclusiones
• A pesar de las expectativas generadas, los juicios rápidos no han resultado ser la solución rápida para desalojar a los okupas.
• La efectividad de la ley depende de la aplicación de otros factores, como la saturación de los juzgados, que podría anular la agilidad que se buscaba. 

En la Memoria Anual de 2.024 que la Fiscalía General del Estado presentó el pasado día 5 de septiembre, se advierte un fenómeno preocupante sobre la violencia juvenil dado su signiicativo repunte. El informe dado a conocer durante la ceremonia de apertura del año judicial, muestra un incremento del 18,8% en los delitos de homicidio y asesinato cometido por menores, con 120 casos incoados y un crecimiento del 10% en las denuncias de violencia de género. Por su parte, los delitos de lesiones también registraron un aumento del 1,36% con respecto a 2.023, consolidando un incremento del 8% si se comparan los datos con el año 2.022.

La Fiscalía, insiste en la necesidad de reflexionar sobre la banalización de la violencia y reclama programas educativos preventivos que permitan a los jóvenes infractores alcanzar una mayor madurez personal y alejarse de entornos marginales. La Memoria también pone de relieve la preocupación por la violencia intrafamiliar y el acoso escolar que se ven potenciados por el uso de las nuevas tecnologías. En 2.024, se detectaron 1.196 casos, siendo muchos de ellos con componente digital.

La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo. Aún no han alcanzado la mayoría de edad pero ya tienen que enfrentarse con la justicia, acusados de presuntos tocamientos o agresiones. La subida de la violencia sexual entre los más jóvenes parece no tocar techo. Hasta 3.283 menores de edad se las vieron el pasado año ante un tribunal acusados de delitos sexuales.

Este número supone un aumento del 3% respecto a las cifras recabadas solo un año antes cuando ya se registró un importante aumento de este tipo de delincuencia pero es que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, advirtiéndose que están llegando casos a los juzgados de víctimas menores de 14 años y de agresores que al no haber superado esa edad son inimputables y no se les puede exigir responsabilidad alguna. Se está tratando de un problema social del que habrá que hacer un profundo análisis de las causas.

Para la Fiscalía, la carencia de una relación afectivo-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, unido al fácil y pronto acceso a la pornografía, son algunas de las razones que explican este incremento. Este libre paso sin una adecuada educación sexual y en valores, conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales consentidas, así como la acreditada banalización de los actos sexuales y de la intimidad.

Un peligro muy importante es que internet se convierte en docente y consultorio de la sexualidad para la infancia y la juventud. La falta de capacidad de la adolescencia para ser crítica con la pornografía y para comprender que lo que se ve es ficción está directamente relacionado con la necesidad de que los jóvenes tengan herramientas para interpretar los contenidos ya que acceden a los mismos sin haber terminado su período de madurez. Esto genera prácticas sexuales distorsionadas causadas por el dominio y la sumisión.

Este fenómeno, prolifera mucho a través de las redes sociales aumentando así como mecanismo de acción. Siendo también cada vez más habitual que los menores graben las agresiones o vejaciones en general y las difundan en sus grupos de guasaps o similares. La fuerte irrupción de estos delitos está vinculada con el uso de los teléfonos móviles, redes sociales y nuevas tecnologías que cada vez arranca a edades más tempranas. La mayor parte de los menores presentan graves adicciones a estos medios. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento cada vez más utilizado por los menores para la comisión de delitos.

En cuanto a los delitos llamados de violencia de género cometidos por menores, el pasado año se realizó la cifra más alta de los últimos cuatro anteriores por maltrato en el ámbito de la pareja y ex-pareja: 888, un 10% más que en 2.023. Lo que pone en cuestión todo lo que se está haciendo en políticas de igualdad y que parece que no está calando entre los jóvenes.

En otro orden de cosas y a título de señalamiento, en la Memoria también se indica que en materia de inmigración, la llegada de niñas menores aumentaron en un 165%, pasando de 238 en 2.023 a 651, triplicando su número. Solo por vía marítima, entraron en España 5.922 menores mientras que en 2.023 lo hicieron 4.865 y 2.375 en el año 2022. Por países, Marruecos se lleva la palma, seguido de Malí, Argelia y Senegal. Lo más interesante es que se desvela en este apartado el número total de menores no acompañados a cargo de las administraciones: 16.041, de los cuales 13.438 son niños y 2.603 niñas. Cuyo coste medio de atención y acogida supera los 4.000 euros por plaza que sufragan las Comunidades Autónomas.

La Fiscalía concluye que aunque la criminalidad juvenil global desciende un 6%, la naturaleza de los delitos cambia hacia formas más violentas y complejas que requieren una respuesta coordinada entre instituciones, familias y centros educativos.

EL Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva meses viviendo horas dramáticas ante los casos de corrupción política que aparecen periódicamente y que sacuden a su Gobierno y a su partido, el PSOE ( Partido Socialista Obrero Español ). Los asuntos que ya están canalizados judicialmente sobre su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz; su ex-ministro de Fomento y después de Transportes, José Luis Ábalos que también era el número dos del partido socialista como Secretario de Organización y de Santos Cerdán como sucesor de este último en el partido; están dejando a la sociedad española sorprendida y asqueada. Media docena de jueces han comenzado a actuar y ya han situado tras las rejas a uno de ellos, de momento: Santos Cerdán.

Aunque Pedro Sánchez no ha dado explicación alguna sobre estos sucesos ni la dará, se ha dedicado siempre que se le ha preguntado a desmentirlos y a echar balones fuera, sabe que está contra las cuerdas. Sus mandatos serán recordados como los más oscuros de nuestra ya madura democracia. Él que tan preocupado está por saber cómo pasará a la Historia.

La corrupción que aparece tan arraigada desde su acceso al poder en 2.018 y que lo alcanzó bajo el lema de la necesaria regeneración democrática, está emergiendo a un ritmo escandaloso. Estupefactos e indignados, los españoles han comprobado que a la sombra del poder proliferan todo tipo de abusos y dentelladas -más o menos profundas- que debilitan la credibilidad de las instituciones. La democracia española aparece vampirizada y los escándalos publicados hasta ahora, marcarán un hito en nuestra Historia política.

Es insólito que a estas alturas, la clase dirigente socialista confunda la autoridad con el poder y a este con sus intereses personales. Que cuando se sientan en los sillones del mando político y económico, miran a su alrededor y deciden que hasta donde les alcanza la vista, les pertenece. Ojos descreídos, ojos de avaricia, ojos de sangre ajena, ojos de vampiro.

Cada escándalo penetra como un afilado colmillo en la fina piel que los españoles votamos en 1.977, dentro de las primeras elecciones democráticas y llega hasta la profunda y vital vena carótida de nuestra Constitución. Cada corruptela es un libar en la esperanza, anhelo y futuro de todo un pueblo que aún resiste de pie y no cae en el arrullo de las justificaciones postreras, en los lamentos del descubierto y depredador murciélago que intenta salvarse así de la estaca de la Justicia,

La seducción del poder es poderosa y la pasión que despierta entre aquellos que lo poseen y gozan de él, hace que su apetito no conozca límites. Junto al becerro de oro y a los adoradores del dios Mammón, habitan en esta España nuestra, los servidores del lado oscuro, de la cara más negra de la democracia, aquellos que andan por las cloacas del Estado y que en vez de desatascar de inmundicia esos corredores, contribuyen de tal manera a producirla que rebosa por los desagües y se pasea por mesas de Consejo de Ministros, Consejos de Administración y otros organismos oficiales de los que apenas se dispone de información.

Los más jóvenes tienen que conocer que no es la primera vez que esto ocurre gobernando el PSOE. En los años noventa del siglo pasado, con Felipe González en el poder, los escándalos financieros que se publicaron con la prensa a la vanguardia -como siempre- fueron un hito en la entonces joven democracia española.

La década comenzó en mayo de 1.990, cuando Mario Conde, a la sazón presidente del Banco Español de Crédito ( BANESTO ), pagó 600 millones de las entonces pesetas a la empresa suiza Argentia-Trust diriga por Antonio Navarro, gran amigo del dirigente socialista Txiki Benegas para que este mediara ante el Gobierno de su partido para obtener exenciones fiscales a la Corporación Industrial del Banesto. Quedaba así inaugurada la lista negra de la corrupción socialista.

También ese año ( 1.990 ), se conoció el caso OSAKIDETZA en el que el Partido Socialista de Euskadi ( PSE ), aparecía implicado por fraude en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud. Como resultado de ello, el juez decretó el ingreso en prisión de cuatro militantes socialistas y supuso la dimisión del número dos del partido, Marcos Merino, obligándole a abandonar su puesto.

En 1.991, siguió con el conocido como caso FILESA por la financiación ilegal del PSOE. Las declaraciones judiciales afectaron a los primeros espadas de la banca de entonces ( Sánchez Asiaín e Ybarra, por el de Bilbao; Escámez por el Central y Escúnaga por el Popular) y por primera vez, a un miembro de la ejecutiva -dirección- del PSOE, Guillermo Galeote. Como máximo responsable de las finanzas del partido asumió toda la responsabilidad, exculpando a sus superiores de cualquier participación en la trama.

El 10 de mayo de 1.994, la directora de la Cruz Roja Española, Carmen Mestre, ( consiguió ese cargo por su militancia en el PSOE ), se vió obligada a dimitir tras hacerse públicas las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas por la permuta de la sede central de la institución por un precio muy inferior al precio tasado, transferido en 1.500 millones de pesetas menos.

Continuó con la directora del Boletín Oficial del Estado ( BOE ), Carmen Salanueva y otros diez inculpados más fueron enviados a prisión por la gestión fraudulenta en la compra de papel prensa. Luis Rodán, director general de la Guardia Civil, cayó en la trampa de la cultura del pelotazo. Se dejó llevar por la atracción que ejercían las grandes empresas constructoras de las obras de los cuarteles y picó el anzuelo de las comisiones.

Tambien se le acusó de haberse enriquecido con el dinero de los fondos reservados destinados a combatir el terrorismo de ETA, poniendo al descubierto el sistema de sobresueldos que imperaba en el Ministerio de Interior que dirigía José Barrionuevo. En diciembre de 1.993, se fugó de España. Dejó la caja fuerte vacía y se llevó un montón de carpetas que contenían secretos de estado que preocuparon a medio Gobierno de Felipe González.

El 3 de noviembre de 1.994, se conoció que el cuñado de Felipe González ( Palomino ) vendió una empresa en quiebra técnica ( Talleres Palomino, S.A. ) a un grupo empresarial ( Control y Aplicaciones, S.A.) que a continuación multiplicó sus contratos con la Administración, como por ejemplo la electrificación del búnker antinuclear de la Moncloa.

He querido dejar para el final el más escandaloso de los casos conocidos hasta ahora, el de los ERE en Andalucía ( 1.980-2.018 ). Consistió en el desvío de, al menos 679 millones de euros de dinero público de la Comunidad Autónoma andaluza -entonces gobernada por el PSOE- desviado para beneficiar a empresas, trabajadores y sindicatos afines al PSOE. Por la cuantía defraudada, por el número de implicados y por la alta responsabilidad política de los mismos, está considerado el mayor caso de corrupción política de España.

No queda más remedio que recordar el terrible diagnóstico del conocido dirigente del Partido Comunista de España ( PCE ) y de la coalición Izquierda Unida, ya fallecido, Julio Anguita: Aquí, o robas o eres gilipollas. Poniendo de manifiesto así, la forma más directa de cargarse el crédito de los dirigentes políticos de la izquierda que se pasan todo el día añadiendo el adjetivo calificativo de progresista en todas sus conversaciones; la forma más directa de cargarse la moral del trabajo y del mérito personal; la forma más directa de cargarse el país.

APIS, significa abeja en latín. La elección de este nombre da idea de la similitud del trabajo concienzudo y abnegado de sus agentes con el que realizan las abejas. La red estuvo operativa desde 1.937 en plena guerra civil española, intensificó su trabajo durante toda la segunda guerra mundial y perduró hasta mediados la década de los sesenta, facilitando información sobre la masonería.

Los informes solían estar encabezados con la frase: Por el mejor servicio a la Patria, lema que se le atribuye al propio Franco que era el receptor último de los mismos y eran sellados al pie con un anagrama compuesto por la imagen de una abeja con la leyenda A.P.I.S. A veces también se finalizaba con la frase : Quién como Dios, ( Q.C.D. ), divisa del arcángel San Miguel.

La elección de este último lema, mostraba las profundas creencias católicas de los integrantes de la red de espionaje, así como su objetivo antimasónico. No en vano, para los cristianos, San Miguel capitanea los ejércitos celestiales y es vencedor de Satanás. San Miguel había sido elegido patrón del Congreso Antimasónico Internacional que se celebró en Trento ( Italia ) en 1.896. También fue emblema de la Liga Antimasónica Belga fundada en 1.910 y del Tribunal para la Represión del Comunismo y la Masonería, jurisdicción especial durante el franquismo desde 1.940 hasta 1.964.

La responsable máxima de A.P.I.S. que actuaba oficialmente como su secretaria general era, María Dolores de Naverán y Saénz de Tejada, monja teresiana, profesora de la Escuela Normal de Vizcaya, catedrática de instituto de francés y vocal del Consejo Superior de Protección de Menores.. En 1952, fue nombrada Inspectora Extraordinaria Permanente de Enseñanza Primaria del Ministerio de Educación Nacional. También fue profesora particular de Carmencita Franco Polo, la única hija habida del matrimonio Francisco Franco y Carmen Polo. Era hija del maestro y poeta vasco Onofre de Naverán, nacido en Guernica ( Vizcaya ), autor del Albúm poético-infantil de escuelas ( 1.930 ) que le transmitió su gusto por la enseñanza y sus ideales carlistas. Falleció en Madrid el 13 de febrero de 1.967.

María Dolores, recibía, gestionaba y transmitía los informes que le llegaban de sus agentes que parece que eran todas mujeres. La más activa, se identificaba como A de Anita o A. de S., nacida en Cuba pero de nacionalidad española, remitiendo las informaciones desde lugares tan distintos como Cascais y Lisboa en Portugal; París en Francia; Ginebra en Suiza; Tánger en Marruecos, cuando era ciudad internacional durante la segunda guerra mundial y capital de los servicios de inteligencia internacionales; Estoril en Portugal que por su cercanía con España y que también estaba plagado de espías de todas las potencias beligerantes aprovechando la neutralidad del país, cosa que también acontecía en Madrid, la capital española.

La razón de todos estos desplazamientos se debía a que A era esposa de R, miembro de la Asociación Masónica Internacional ( AMI ), radicada en Lisboa durante una parte de la segunda guerra mundial, lo que le permitia tener acceso a documentos relacionados con la masonería y a confidencias captadas en los ambientes sociales en los que se movía. La AMI había sido fundada en Ginebra en 1.921, coincidiendo con el nacimiento de la Sociedad de Naciones ( antecedente inmediato de la actual ONU ) que también se asentaba en la capital suiza, estando ambas organizaciones íntimamente relacionadas ya que perenecían a la AMI los líderes más importantes que impulsaron la Sociedad de Naciones.

Entre 1.942 y 1,945, la AMI trasladó su sede a Lisboa, dónde al finalizar la contienda mundial careció prácticamente de actividad tal vez porque había conseguido sus objetivos y sus miembros más importantes ejercían el poder político en occidente a nivel mundial, imponiendo la supremacía anglosajona, y desapareciendo en 1.950.

María Dolores, transmitía las informaciones que conseguía al almirante Carrero Blanco que era quién se las hacía llegar a Franco. Compartía con su jefe no solo la ideología sino el amplio sentido cristiano de la vida. Esta afinidad fue la que también le permitió llegar a la familia de Franco y educar a su hija. Carrero, era por entonces la mano derecha de Franco. Ocupaba el cargo oficial de Subsecretario de la Presidencia del Gobierno que ocupaba el propio Franco desde 1.941. Diez años más tarde, en 1.951, se le nombró ministro de la Presidencia y pasó a ser vicepresidente del Gobierno en 1.967 hasta 1.973 en que dada la avanzada edad del general fue nombrado Presidente del Gobierno hasta el 20 de noviembre de 1.973, año en que fue asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado en Madrid.

Carrero Blanco, militar y fervoroso católico tradicional, mantenía una gran influencia en Franco y fue uno de los pilares del franquismo del que se puede considerar -en parte- como uno de los inspiradores de las Leyes Fundamentales del Estado de aquel régimen que actuaban a modo de Constitución Española. Ambos eran antimasónicos y anticomunistas que consideraban a la masonería como instrumento de Gran Bretaña para condenar a España y colaboradora del comunismo en su pretensión de destruir a la iglesia católica de la que se consideraban fieles y leales hijos; y diluir la civilización occidental en costumbres e ideologías amorales y libertinas.

La información que recibía la Jefatura del Estado, siempre estuvo bajo el control del almirante y es en ese contexto donde se sitúa la red A.P.I.S., constituyéndose en una vía más de las que utilizaba para informarse y general inteligencia bajo su criterio. Carrero será más tarde, cuando llegó a la vicepresidencia del Gobierno, el impulsor de la Organización Contrasubversiva Nacional ( OCN ) en el ámbito universitario donde anidaba el comunismo en sus distintas versiones: soviéticas, chinas, troskystas y demás. Este órgano de información pertenecía al Servicio de Información del Alto Estado Mayor ( SIAEM ) y fue posteriormente trasladado, en 1.972, al recién constituido Servicio Central de Documentanción ( SECED ) como organismo civil de inteligencia, precedente en el tiempo del actual Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ).

Carrero, siempre mostró un gran interés por tener canales propios de información que le permitieran tener un conocimiento distinto de lo que sucedía en la sociedad española y en la internacional para tomar las decisiones más oportunas en aras a establecer cuál debía ser el papel de España en el mundo.

De los informes facilitados por esta red, los más numerosos y enjundiosos, se referían a personajes e intenciones de la AMI de la que consiguió documentos internos sobre Juan de Borbón ( padre del rey emérito, Juan Carlos I ) y su entorno de partidarios para recuperar la monarquía española; también del servico británico de inteligencia, con escritos y opiniones de Winston Churchil, Roosevell y Harry Truman; y del secretario de la OTAN, el británico Ismay, todos ellos masones y miembros de la AMI.

Las pesquisas e indagaciones de esta red también alcanzaban a personajes polítIcos del franquismo, mostrando la tendencia de la organización que era tradicionalista católica por lo que también era instrumento de la lucha de las distintas facciones franquistas, perjudicando a los falangistas, a los monárquicos juanistas y a aquellos que habían pertenecido a la CEDA.

Se suele hacer crítica descalificadora de la fijación que Franco y el franquismo tenían con la masonería pero la verdad es que siempre fue una herramienta para perjudicar los intereses de España en beneficio de Inglaterra y Francia. Esta obsesión, estaba relacionada con la defensa de la iglesia católica -centrándose en la cuestión religiosa- y le hizo desentenderse de los efectos políticos y económicos, cerrando los ojos en los años 60 y 70 en su pacto con los Estados Unidos, paradigma de la influencia masónica.

Otro de los mitos propagandísticos de la izquierda es la caricaturización de la oposición de Franco a la masonería, poniendo en su boca la expresión contubernio judeo-masónico, algo que nunca dijo sino que siempre aludió al pacto, la alianza o la amenaza judeo-masónica. La razón es muy simple: contubernio es una alianza contra natura, por eso sí habló del contubernio de Múnich por aliarse ideologías contrapuestas, cuando la alianza judeo-masónica se considera natural por el franquismo.

El día 3 de octubre del pasado año de 2.004, se dio a conocer el contenido del acuerdo al que habían llegado el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez con los albaceas de la organización terrorista ETA que ahora actúan con el nombre de EH-BILDU ( Recoger en eusquera ) para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ( Ley Mordaza en expresión de éxito para la extrema izquierda, antes y ahora socios gubernamentales ) en la que se vuelve a asestar un duro golpe a la Policía -como conjunto de Cuerpos de Seguridad- en el momento en el que sufrían más de 1.000 agresiones al mes.

Todas las organizaciones policiales dieron la voz de alarma ante esta polémica e innecesaria reforma de la ley que han denunciado por activa y pasiva ante el daño que ocasiona a la imagen e identidad de los agentes policiales; la inseguridad jurídica de sus actuaciones o el grave riesgo que supone para su integridad física y la de sus familias.

Unos cambios que parece que esta vez tampoco verán la luz finalmente pese a que hubo otro intento de reforma que quedó tumbado en la pasada legislatura ( marzo de 2.023 ) después de que el Gobierno de Sánchez se negara a aceptar modificaciones en estos mismos cuatro puntos de la inciativa: la desobediencia y resistencia a la autoridad ( art. 36.6 ); las faltas de respeto a los agentes ( art. 37.4 ) ; las devoluciones en caliente en la frontera ( disposición adicional primera ) y el uso de pelotas de goma ( artículo 23 ).

Y ¿ por qué entonces sí parecía salir adelante ?. La respuesta es bien sencilla: era el pago a EH-BILDU por su apoyo a la aprobación de los Presupestos Generales del Estado para este año de 2.025 que finalmente no se presentaron. De este modo, los defensores de ETA arrebataban la jugada al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y se alzaban con el premio de qué partido político iba a conseguir desarmar a la Policía, cara al electorado vasco. A este texto se sumaron el PNV, Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), El Bloque Nacionalista Gallego ( BNG ) y Sumar.

Lo pactado entre Gobierno-EH.BILDU y que motiva el desacuerdo y la protesta policial, es lo siguiente:

1º.- Grabar a la Policía en sus actuaciones no constituirá infracción alguna: Antes no se podía grabar imágenes, ni difundirlas sin autorización previa.

2º.- Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadass previamente: Esta medida choca con el art. 21.3 de la Constitución Española que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones y manifestaciones en los lugares públicos.

3º.- Se reduce el tiempo de la retención para la identificación de los indocumentados: El período máximo establecido pasa de 6 a 2 horas.

4º.- Una vez identificado el retenido en la Comisaría más próxima, será devuelto al lugar de la intervención policial: Antes, el retenido era puesto en libertad en la Comisaría.

5º.- El Atestado Policial o la sanción administrativa impuesta por la infracción cometida, pierde la presunción de veracidad: Así se mejora -dicen- la seguridad jurídica en el procedimiento policial seguido, evitando la presunción de culpabilidad del afectado.

6º.- Cambio de criterio en la cuantía de las multas: la cuantía de la sanción irá en relación a la capacidad económica del infractor. Antes la sanción era igual para todos, independientemente de la situación personal de cada uno.

7º.- El Documento Nacional de Identidad ( DNI ) será plurilingüe: Se trata de una clara concesión a sus aliados independentistas para que la documentación personal y obligatoria de todos los españoles esté configurada en las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del interesado.

8º.- Cambios en el material antidisturbios: Con la prohición expresa de utilización de las pelotas de goma sin esperar a ningún informe técnico que aconseje su eliminación o sustitución.

9º.- Evitar desnudos y cacheos denigrantes: Durante la actuación policial no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo físico, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes. Hasta ahora, las excepcionales ocasiones que han exigido lo anterior se han hecho con escrupuloso respeto a la intimidad de las personas y si era posible, fuera de la vista de los demás, agentes o sospechosos.

10º.- Infracción leve por tenencia de drogas: Lo vigente, era considerarla una infracción grave la posesión de sustancias estupefacientes aunque no estuvieran dedicadas al tráfico, en la vía pública y en los establecimientos públicos.

11º.-Se rebaja de infracción grave a leve: las faltas de respeto a la autoridad; la desobediencia a los agentes cuando sea manifiesta, clara y objetivable; la resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal o la negativa manifiesta y clara a identificarse.

La modificación del articulado señalado en la ley, lleva camino de convertirse en uno de los principales referentes legislativos de la degradación a la que el sanchismo ha sometido al Estado de Derecho. Hallar iniciativas similares en cualquier otra democracia plena es tarea imposible. No existen porque cualquier otro Gobierno con un mínimo sentido de la dignidad y la justicia, nunca habría cometido barbaridades de ese calado en las que se ha supeditado el interés general al de unos pocos en una práctica de corrupción política sin parangón en el ámbito europeo.

La sociedad en pleno será la damnificada por ese nuevo marco de inseguridad contra la población que ha impuesto el brazo político de ETA con la complicidad del Gobierno de la Nación que de nuevo, ha esquivado su deber de preservar los derechos fundamentales de las personas gracias a un marco regulatorio que las desprotege.

De entre todos los españoles, los miembros de los Cuerpos Policiales han sido especialmente agraviados y maltratados no solo en virtud de este acuerdo instigado por los representantes de los asesinos de sus compañeros sino por el desempeño de un gobierno social-comunista que nunca les ha guardado el respeto y la consideración debida para lo que han hecho sobrados merecimientos.

Este ataque a los agentes es una guinda amarga y particularmente nauseabunda por la vileza de la mano que la promueve, aderezada por la desatención, el desamparo y el olvido hacia miles de profesionales y sus familiares que han marcado la política seguida del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca y el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Se está fallando -miserablemente- a quienes velan con sacrifico y lealtad por la seguridad y la libertad de los ciudadanos y además se está haciéndo por la espalda, sin la mínima consulta, ni debate.

Aún es más deplorable que el sanchismo, la izquierda y la extrema izquierda en pleno, hayan hecho suyo el relato de ETA y sus acólitos sobre una Policía a la que se ha difamado y calumniado para justificarlo todo. Solo los delincuentes y los que aspiran a serlo contra la seguridad pública y la libertad de los demás, necesitaban una ley que pone en riesgo el trabajo policial y la seguridad jurídica de todos esos trabajadores uniformados que se juegan la vida para que el resto de españoles disfruten de la suya.

Es lógico que quienes han practicado y alentado el terrorismo callejero o el vandalismo antisistema, bastardeen las instituciones y los órganismos pùblicos pero lo que resulta innoble es el colaboracionismo de un Gobierno que se proclama progresista en todo momento y ocasión para prorrogar sus estancia en el poder.

Este cambio de la norma no se justifica más allá del odio a la Policía -es el enemigo a batir y la única que los puede frenar- puesto que no existe vacío jurídico para cualquier exceso o arbitrariedad. Una democracia virtuosa y garantista se conduciría en sentido contrario al que se va, con respaldo activo a su Policía y contra aquellos que la amenazan y constituyen un peligro para la convivencia ciudadana. A diferencia de su Gobierno, los agentes policiales saben que cuentan con el respeto y la admiración de todos los españoles.

El Congreso de los Diputados, votó el 29 de octubre pasado a favor de la toma en consideración de la proposición para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana pactada inicialmente entre el Gobierno social-comunista y la formación legataria de ETA, EH BILDU y comunicada públicamente por este último grupo político para mayor escarnio.. La decisión de Podemos de apoyar finalmente la tramitación de la iniciativa, alivió el difícil momento que ya atravesaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque lo hizo cuando la norma que aprobó el Partido Popular ( PP ) llevaba ya seis años funcionando. La pretensión de los jóvenes cachorros comunistas de Podemos era introducir las correspondientes enmiendas durante la tramitación parlamentaria para la derogación definitiva de esta ley.

Para quienes tengan dudas sobre los peligros que el futuro deparará a los Cuerpos Policiales, se tiene el ejemplo de lo que pasó en los graves incidentes ocurridos en el centro de Valencia tras la manifestación el pasado sábado, dia 9 de noviembre contra la gestión de la tragedia de la DANA por parte de las administraciones públicas en la que más de 30 policías antidisturbios resultaron heridos al no poder utilizar pelotas de goma por primera vez. Lo que constituye una prueba clara de que la prohibición pactada con el Gobierno aumenta los riesgos físicos de los agentes. No hubo mejor test.

Otra prueba más reciente fueron los desórdenes públicos ocasionados por la milicias sanchistas que impidieron la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, en Madrid, el pasado 15 de septiembre, donde los agentes policiales apenas pudieron lanzar una decena de pelotas de goma ante la hostilidad de la guerrilla urbana que se había preparado y que causó 22 heridos todos ellos policiales. El baremo que utilizó el Delegado del Gobierno en Madrid es bien sencillo: una manifestación es pacífica si los heridos los pone la Policía y será violenta si los lesionados resultan ser los radicales….

La violencia contra las mujeres era una de las banderas de las que se había apropiado el feminismo militante de la izquierda política, Esta expresión de la desigualdad le costó la vida a 48 de ellas el pasado año en España. En lo que va del presente ya son 28. La persistencia de este desgarro obliga a una permanente atención de las instituciones para identificar los problemas que se den en esta amenaza cambiante y las lagunas que puede haber en el sistema de protección; a dedicar los recursos necesarios y aplicarlos con eficacia y también a la máxima transparencia posible cuando se detecten insuficiencias porque así lo requiere el sufrimiento de las víctimas de esta lacra.

Lamentablemente, nada de ello se ha hecho con el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta, previo al 20 de marzo de 2.024, de hombres maltratadores con órdenes judiciales de alejamiento de sus ex-parejas controladas por pulseras telemáticas. El mecanismo de control del sistema, llamado Cometa, que vigilaba las 4.500 pulseras instaladas a nivel nacional, produjo un vacío de datos al cambiar de proveedor técnico y tener que trasladar del anterior al nuevo la información que contenía.

Con ser grave este fallo que ha desprotegido a miles de mujeres durante al menos 8 meses, lo agrava mucho más el que se haya conocido porque la memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado año, sostiene que los fallos de esta mudanza provocaron una gran cantidad de perjuicios para las víctimas de estos delitos porque en la celebración de sus respectivos juicios, sus transgresores han sido declarados inocentes al no constar las infracciones cometidas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se afanó desde un principio, en negar riesgo alguno a las mujeres portadoras de este dispositivo de alerta, cuando ha sido notorio que este resquicio se ha cubierto con un oscurantismo que va más allá de la imprescindible confidencialidad en un servicio público tan sensible. Para empezar, la dación de cuentas es imposible si las autoridades concernidas no explican, ni las consecuencias del fallo, ni el tiempo que duró. Pero lo que resulta hiriente es que la ministra culpe a los fiscales por denunciar los hechos acusándolos de alarmistas y trate de escudarse en que lo ocurrido solo ha repercutido en el 1% de los dispositivos, como si eso no implicara ya un riesgo.

En cualquier otra democracia que no sea la sanchista, el escándalo de las pulseras habría costado el cargo a todos los responsables políticos del ministerio implicados con la ministra al frente. Obviamente esto no será así y los esfuerzos oficiales se están centrando en sacar adelante el relato que los exoneren y avale el rigor de sus conductas en este despropósito que ha beneficiado a un número indeterminado de supuestos delincuentes y ha generado tanto miedo y desconfianza en las víctimas.

Por lo demás, el desenlace de todo este asunto es que aquí nadie asume responsabilidades políticas y por tanto, el Presidente del Gobierno no la dejará caer aunque encima le haya estropeado toda la estrategia sobre el conflicto palestino que había preparado para esta semana, discurso en la Asamblea de la ONU incluido.

A pesar de todo el esfuerzo gubernamental por tapar este monumental escándalo, se ha logrado saber que meses antes de que la Fiscalía advirtiera de la gran cantidad de absoluciones de maltratadores por los fallos en las pulseras, magistradas expertas en violencia de género ya habían alertado de las taras del sistema, apelando a las deficiencias de estos dispositivos telemáticos que lastraban su plena utilización.

Una de ellas, ha sido la actual vocal del Observatorio para Violencia Doméstica y de Género. Otra fue la ex-presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, que se pronunció en similares términos a los de su compañera de carrera, durante su comparecencia el pasado 18 de junio en la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que ya entonces advirtió que no había pulseras de protección para las víctimas del maltrato y que el sistema estaba perdiendo recursos y medios para las mujeres que lo necesitaban.

Una vocal del actual Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que esta falta de efectividad constituye un problema especialmente grave en las zonas rurales ya que se disparan las alertas por falta de cobertura generando un sentimiento de inseguridad. Otra magistrada más, ha manifestado que no era excepcional que el sistema se convirtiera en un auténtico instrumento de tortura para las víctimas las que, en ocasiones, recibían advertencias de madrugada de que su agresor estaba fuera de control.

Estos testimonios confirman y ponen sobre aviso los fallos del sistema de pulseras, después de haberlo hecho la Fiscalía en su última memoria anual que advertía que se habían producido una gran cantidad de archivos provisionales o sentencias absolutorias de causas con motivo del cambio de prestatario del sistema Cometa. Además de precisar que en el volcado de datos de una empresa a otra, entre finales de 2.023 y principios de 2.024, se perdió mucha información almacenada relativa a los investigados hasta el extremo de que el propio Centro Cometa avisaba a los juzgados de que no podían certificar los hechos anteriores a 20 de marzo de 2.024, perdiéndose así un elemento de prueba imprescindible para poder formular la correspondiente acusación. Se tiene constancia que. a fecha de hoy, no se ha resuelto la mencionada incidencia del sistema y se desconoce cuándo pueda ser solventada.

Si bien la ejecución del cambio de contrato de una empresa a otra se ha hecho con la ministra Redondo, la adjudicación del mismo, la realizó su predecesora Irene Montero, dirigente de Podemos, que avaló el nuevo contrato bajo la premisa del bajo precio y que la evaluación técnica ya avisaba del diseño deficiente del proceso de transición. Abriendo así un boquete que amplía el desaguisado causado por los estragos de la ley trans y especialmente de la del si es si -ambas patrocinadas por la señora Montero- que permitió la excarcelación de un millar de agresores sexuales, beneficiados por una deficiencia de la propia ley, con lo que ocasiona un daño irreparable a la política feminista de Pedro Sánchez, cuyos réditos electorales tan bien le habían funcionado hasta ahora. Las nuevas pulseras que compró Irene Montero, también están a la venta en distintas plataformas chinas de venta por internet, como por ejemplo en la conocida empresa Aliexpress.

El Gobierno social-comunista que está pero no gobierna, ha hecho lo que mejor sabe hacer, armar un relato exculpatorio en el que, en resumidas cuentas, no ocurrió nada, tampoco estuvo ninguna víctima en peligro y todo funcionó a la perfección. Después de esto y conforme al guión previsto: cero explicaciones, nula rendición de cuentas, mentiras y espantadas, con el colmo del descaro personalizado en la ministra Ana Redondo señalando a la Fiscalía General del Estado por poco más o menos, hablar de lo que no sabe e inflar un globo cuando apenas se dio un murmullo.

La verdad de lo ocurrido y que nunca los políticos dirigentes van a aceptar es que se pusieron en peligro la vida y la integridad de miles de víctimas de violencia de género por racanear en lo que no se debía y apostar por dispositivos electrónicos sin garantías y en contra del criterio de los expertos y por no rectificar a pesar de las señales de alarma de las autoridades judiciales y policiales competentes. Decir, como han defendido los ministros Ana Redondo y su compañero de filas, Félix Bolaños, que no supieron nada es engañar a los españoles en un asunto tan sensible que demuestra la talla moral de esta izquierda impostora.

El pasado miércoles, la ministra Ana Redondo fue reprobada en el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular ( PP ) por su fracaso en la gestión de las pulseras telemáticas que deben de proteger a las víctimas de la violencia de género, moción que no le obligaba a dimitir de su cargo del que solo puede salir a petición propia o que la cese el Presidente de Gobierno, el que desde Nueva York la ha confirmado en el mismo, mostrándole así su confianza. Como consecuencia de ello, la ministra ha anunciado la licitación próxima de un concurso para sustituir las pulseras defectuosas en mayo de 2.026 cuando venza el actual contrato.

Denunciar lo ocurrido por esta negligente y dolosa gestión es un deber ciudadano que debe acarrear consecuencias políticas. Las mujeres no pueden fiarse de un Gobierno con esta indecente escala de valores que prioriza ponerse a salvo antes que hacerlo con las maltratadas que encima cree que si solo afecta a un 1% de ellas es tolerable.