Ante el «incumplimiento generalizado, prolongado y estructural de las obligaciones legales de protección en materia de seguridad y salud laboral que afectan al conjunto de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», el sindicato JUPOL mantiene viva su denuncia en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una demanda que, según explican desde este sindicato policial, ha sido reformulada con una mayor contundencia técnica, haciendo uso de la herramienta jurídica conocida como «reserva de acciones» que mantiene viva la reclamación, preserva el conflicto jurídico y permite continuar el procedimiento por la vía más eficaz.

Hay que recordar que en la tramitación de la demanda anterior, la Audiencia Nacional no entró a valorar el fondo del asunto ni la abundante prueba documental aportada, sino que instó a JUPOL a «reformular el escrito para detallar de manera aún más explícita los incumplimientos atribuibles a la DGP y al Ministerio del Interior». Un hecho que no implica que la demanda haya sido desestimada o que exista desestimiento por parte del sindicato.

Según consta en la demanda, «la DGP mantiene un sistema preventivo meramente formal y burocrático, sin eficacia real, que incumple de manera habitual la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica para la Policía Nacional». A juicio de este sindicato, este modelo se limita a reproducir documentos, procedimientos y declaraciones, pero sin evaluación real de riesgos, sin planificación eficaz y sin control alguno mediante auditorías, lo que deja a los agentes expuestos a riesgos graves, ciertos y perfectamente conocidos.

Este incumplimiento coincide, tal y como apuntan desde JUPOL, con un aumento preocupante de las agresiones a policías, que alcanzaron su máximo histórico reciente en 2024 con 16.878 ataques, según datos oficiales del propio Gobierno. Pese a ello, la DGP no ha reforzado la protección del personal ni adaptado su sistema preventivo a esta realidad.

La demanda detalla graves deficiencias estructurales en dependencias policiales, carencia de equipos de protección individual adecuados, incluidos chalecos antibalas caducados o no adaptados a la morfología del agente, falta de armeros homologados, ausencia de simulacros de emergencia, deterioro higiénico de instalaciones y condiciones ergonómicas inaceptables.

Por no hablar de la negativa de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades especialmente expuestas como las Unidades de Intervención Policial ( UIPs – antidisturbios ). Pese a las solicitudes formales de este sindicato policial, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente la realización de evaluaciones psicosociales, ignorando datos de bajas psicológicas, incidentes operativos y la elevada carga emocional de estas unidades.

En definitiva, la Administración vulnera el derecho fundamental del artículo 28.1 de la Constitución ( derecho a la sindicación libre y a la libertad de afiliación ). Y por ello, este sindicato policial reclama que Interior y la DGP cumplan la ley y garanticen la protección eficaz que corresponde por derecho a los policías nacionales.

Y es que el objetivo de su demanda es conseguir que que la Audiencia Nacional declare la existencia de un incumplimiento sistemático y generalizado del deber de protección, la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física, moral y a la libertad sindical y la obligación de la Administración de adoptar las medidas preventivas necesarias, evaluando de forma real y actualizada los riesgos y desplegando un sistema de prevención eficaz.

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirma que «esta demanda era ineludible. La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad, y sin embargo ha optado por mirar hacia otro lado. Exigimos que la ley se cumpla y que se garantice la seguridad de todos los policías nacionales».

Con la llegada de las fiestas de la Navidad, la gente llena las tiendas y los supermercados para hacer sus compras navideñas. Por eso aumentan los personajes con la mano muy larga. Esta época del año se consolida como la preferida para cometer los robos en los comercios ya que los meses invernales concentran el 29% de los hurtos que se cometen en los establecimientos.

Desde la optica policial y ante estos supuestos, se distingue claramente entre robo y hurto aunque la población en general emplea ambos términos indistintamente y solo lo diferencia cuando se lo explican en la Comisaría de Policía más próxima cuando va a realizar la correspondiente denuncia.

La característica clave es que el hurto es tomar algo sin permiso, sin violencia ni fuerza, como por ejemplo esconder un producto y salir del comercio. Mientras que el robo implica usar violencia, fuerza ( romper una vitrina ) o intimidar a um empleado para llevarse algo. El robo es un delito más grave sancionado con penas mayores.

Las sustracciones en comercios se producen por diferentes motivos, desde dificultades económicas hasta factores psicológicos y emocionales, afectando a diario no solo a grandes superficies de distribución sino también a pequeños negocios. Esta conducta delictiva tiene un impacto económico significativo para todos estos establecimientos: la pérdida desconocida supuso pérdidas de 2.817 millones de euros a los comercios españoles en 2024, un 1,1% del total de su facturación. Así lo muestran los datos del último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, recopilados por NIQ con la colaboración de Aecoc y el patrocinio de Checkpoint Systems.

El impacto de los hurtos se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, cuando la pérdida ignorada supuso un impacto de 1.800 millones de euros, es decir, del 0,74% del total en la facturación anual.

Los hurtos representan el 77% de la pérdida oculta en 2024, de estos, casi seis de cada diez se tratan de externos (un 59% frente al 57% del ejercicio previo), mientras que el 18% corresponde al hurto interno de los trabajadores. Los errores administrativos y el fraude a los proveedores también contribuyen a esta pérdida desconocida, pero en mucha menor medida: en un 15% y un 9%, respectivamente.

Este crecimiento de los saqueos externos va en línea con lo que las empresas perciben: el 65% de ellas consideran que estos han aumentado respecto al ejercicio previo. Este tipo de hurtos se concentra en su mayoría en la propia sala de venta (78%) y el segundo «punto caliente» son los probadores, donde más robos de este tipo se producen (9%), incluso por encima de las cajas de salida (4%). La cantidad media sustraída por acto se sitúa en 195,58 euros, sin embargo, ocho de cada diez de los hurtos no superan los 150 euros.

«Es un impacto grande en el que algunas empresas se ven muy condicionadas. Es necesario tener recursos para poder minimizarlo«, asegura Alejandro López, responsable de prevención de pérdida de Aecoc.

Además, se está observando un «cambio de tendencia» en la persona que comete el hurto, tal y como explica Carlos Cruz, director de ventas de Checkpoint Systems España. El 65% de estos robos se producen por clientes esporádicos que no son profesionales, mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas.

Con respecto al perfil más habitual, el barómetro muestra que casi la mitad son actores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos. Además, tres de cada cuatro hurtos externos son realizados por individuos entre 18 y 50 años y los que más cometen estos robos (48%) tienen menos de 30 años.

El aceite de oliva ocupa la primera posición en la categoría de alimentación y bebidas debido al incremento de precios en los últimos años. El 81% de las compañías indica que es el más hurtado, a la par que las conservas y ahumados, seguidos de embutidos y quesos (ambos con 69%) y los vinos y licores (56% ).

En la categoría de cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el «producto estrella». Un escalón por debajo se encuentran las protecciones solares y las cuchillas de afeitar. El maquillaje desciende al cuarto puesto del ranking.

En cuanto a productos electrónicos, el 67% de las compañías indica que los auriculares y los cascos son los productos de electrónica que más les hurtan. El segundo puesto lo ocupan los smartphones (56%) ( teléfonos móviles que funcionan como ordenadores de bolsillo ), seguidos de los ordenadores portátiles (44%), los cargadores (33%) y los videojuegos (33%). Irrumpe con fuerza el hurto de smartwatches, ( relojes de pulsera conectados a tu smartphones ) casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

En las sustracciones en el sector del bricolaje, las bombillas siguen ocupando la primera posición (100%). Los segundos productos más deseados son las pilas y las baterías (80%) y los terceros artículos son las herramientas, tanto manuales como eléctricas (60%). En cuanto a la industria de productos destinados al hogar, los cubiertos y el menaje de mesa (platos, cuencos, etc.) son los productos del hogar más rapiñados

El sector moda es uno de los más codiciados por los ladrones. El presente barómetro revela que la ropa interior y lencería, el calzado y los abrigos, cazadoras y chaquetas son los artículos más robados. En la cúpula de los más sustraídos también destacan las camisetas, las camisas y las blusas, junto a los bolsos, que se cuelan entre los diez productos más vulnerables.

Seis de cada diez empresas advierten que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida porque la agresividad verbal y física de los infractores hacia el personal de la tienda se ha incrementado «mucho». «Precisamente por esa falta de personal, las top-3 medidas van ligadas con tecnología», explica David López, Strategic Analytics & Insights de NIQ.

La totalidad de los expertos encuestados dispone de cámaras de vigilancia en sus tiendas. El 96% de los establecimientos tienen antenas antihurto y el 83% están protegidas por vigilantes de seguridad físicos en la tienda. Además, un 74% de los comercios cuenta con arañas (alarmas rígidas), collarines y cajas de policarbonato para asegurar individualmente los productos; y cerca de la mitad (un 48%) aprovecha la tecnología RFID ( sistema que usa ondas de radio para rastrear objetos de forma inmediata ) con una función antihurto.

Cuatro de cada diez establecimientos disponen de cajas de autopago, por tanto, el 79% de los encuestados cree que deberían incluirse más medidas disuasorias en las cajas de autopago. El 22% invierte recursos extras en estos puntos para prevenir hurtos.

Según el estudio, las soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada están presentes en el 35% de los establecimientos y las herramientas de análisis de datos recopilados por las antenas antihurto en el 43%. También destaca que un 48% de los comercios ya implanta medidas específicas para luchar contra el crimen organizado en sus establecimientos.

A estas alturas, todavía no se han terminado de completar todas las piezas del puzle del encuentro de marras entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. Si algo ha resultado chocante hasta ahora ha sido el tono del desmentido por los dos afectados… La noticia de la reunión podía resultar más o menos escandalosa en según qué capas de la sociedad española. Pero su trasfondo político se diría amortizado. Nadie en la órbita del PSOE siente ya el menor asomo de vergüenza por ir en el mismo barco que EH Bildu.

Entiendo que la actualidad pone difícil detenerse en los asuntos colaterales con la que está cayendo. Pero sí hay un «cómo hemos llegado hasta aquí» que merece un cierto estudio.

Suele decirse que las bases del sanchismo se establecieron durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero. El aserto es cierto en lo que tiene que ver con Bildu. Esa etapa marca una ruptura con la idea, asimilada de manera más o menos tácita, de que, por lejanos que fueran sus planteamientos a los del PP, habría un marco de cuestiones fundamentales en los que siempre estaría más cerca de este partido que de las fuerzas periféricas disolventes.

Que este planteamiento llegase hasta el entorno político de ETA era imposible de presentar en aquel entonces. Pero ya se empezó a trabajar en su viabilidad futura. El relato se empieza a cambiar al plantear la negociación con la banda terrorista para conseguir el final de su actividad. Los defensores de la idea suelen insistir en que había estado encima de la mesa de todos los gobiernos anteriores. Y es verdad.

Pero falta decir que, a raíz de la ruptura de la tregua de 1998, se empezó a vislumbrar la posibilidad de acabar con los pistoleros sin concederles el estatus de interlocutores políticos. Zapatero, que había impulsado desde la oposición un pacto antiterrorista muy imbuido de ese espíritu, cambia, ya desde el poder, esa dinámica. Antes de eso, quedará para el recuerdo la intervención parlamentaria de Jesús Caldera defendiendo la Ley de Partidos cuando formaba parte del primer Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Es entonces (2006) cuando se destaca que Otegi hace «un discurso por la paz». Son los mismos años en los que la Transición Política empieza a ser discutida severamente. Uno de los argumentos más repetidos es que era un pacto vergonzante con los verdugos. Era difícil no tener la sensación de que ese mismo acuerdo era lo que se estaba propugnando para acabar con la lacra terrorista.

Son, también, los años en los que se empieza a hablar con insistencia de la Memoria Histórica. En lo que tiene ver con ETA, ésta terminaría siendo bastante selectiva.

Otro de los mantras más repetidos era que, cesada la actividad criminal de la banda, su entorno político debería moverse con normalidad por las instituciones. Esto era algo más o menos asumido. Pero desde una óptica de «ellos por su lado y nosotros por el nuestro»

Poco después del final de ETA, la izquierda independentista empieza a ser vista con un aura casi beatífica por parte de cierto periodismo muy enraizado en Madrid. Los más extremos de los ochenta votaban en sus pueblos a Herri Batasuna aprovechando el distrito electoral único de las europeas.

Décadas después, empezó a estar bien visto decir que ojalá se pudiese optar por Bildu en cualquier provincia. Los cantos de sirena de la hipotética candidatura confederal de Rufián se mueven en ese eje de coordenadas.

Cuando triunfó la moción de censura de 2018 todavía quedaba algo de pudor. Por eso se insistía en que los votos favorables de los separatistas no fueron decisivos para la aritmética. En estos siete años y medio, el prestigio de este entorno político no ha dejado de crecer en ciertas esferas de la creación de opinión pro-gubernamental. Han conseguido que una mezcla entre el rubor y la pereza cohíba antes de recordar algunos episodios de nuestra Historia reciente. «¡Ya están otra vez con la matraca de ETA!».

De modo que muy pocas cosas que se descubran sobre los entresijos de la relación entre el PSOE y Bildu moverán a un auténtico escándalo. Son décadas trabajándose el marco: el auténtico enemigo es la derecha democrática por lo que cualquier aliado vale contra ella.

Y Arnaldo Otegi es un señor.

Como última muestra de todo lo anterior, el Gobierno sanchista anunció el pasado lunes, día 22 de diciembre, un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar como el agua o la luz. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

El camino emprendido por Pedro Sánchez es lograr convertir a Bildu en una organización no gubernamental ( ong ) que capitalice las medidas sociales que adopte el Gobierno en clara competencia con sus amigos de la ultraizquierda, como Podemos y Sumar.

La memoria terrorista, es una batalla que se mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca durante mucho tiempo. Una memoria, ajustada a la realidad de lo sucedido es muy necesaria para la convivencia actual y futura. Es evidente de que no hay que pasar página como desea una parte de la sociedad, pero yo añadiría que antes hay que leerlas bien y sobre todo no hay que olvidar que quedan casi 400 atentados sin resolver con más de mil víctimas que piden justicia.

En la tarea de facilitar la convivencia, Bildu ( Reunirse, en eusquera ) que no es más que la representación política de ETA, tiene mucha responsabilidad. Desde el cese del terrorismo, la sociedad vasca y los partidos que la representan -salvo Bildu- han dado un salto muy importante en el reconocimiento de las víctimas y la memoria crítica del terrorismo, situándolas en el centro del debate.

La petición de perdón por parte del ex-Presidente vasco Urkullu a las víctimas hace cinco años, en nombre de las instituciones vascas, por no haber estado a la altura en los años de plomo, le dio un importante impulso que mantuvo en el tiempo.

La dinámica de la política vasca, ha empujado a Bildu, a dar algunos pasos como su presencia en algunos homenajes a víctimas de ETA, como por ejemplo en Ermua ( Vizcaya ) al concejal del PP, Miguel Angel Blanco y en Mondragón ( Guipúzcoa ) al concejal del PSE, Isaías Carrasco; impensables hasta hace muy poco y que avanzará más en la dirección de reconocer el daño injusto ocasionado por el terrorismo.

Los seguidores de la organización terrorista, están convencidos de que su reconocimiento al daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, va a facilitar la decisión de los jueces en favor de una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria a los presos de ETA.

La herencia de ETA, que Bildu ha recogido en las cárceles, era de 230 presos en España y 57 en Francia. La mayor parte de los encarcelados en España estaban en primer grado ( peligrosidad extrema ) y aunque la mitad de ellos habían solicitado el cambio de calificación, se les denegaba sistemáticamente, con el argumento de que ETA no había desaparecido.

La banda armada, decidió disolverse cuando comprendió que su existencia era un obstáculo para mejorar la situación de sus presos. El Gobierno del Partido Popular ( PP ), había condicionado el cambio de su política penitenciaria a su desaparición. Esta es la respuesta que el entonces Presidente Rajoy le daba al Presidente vasco, Urkullu, a sus reiteradas peticiones desde 2.011 que fue cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad.

Entonces, tras el cambio de Gobierno del PP por otro socialcomunista, Urkullu consiguió que el apoyo prestado por sus cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), en el Congreso al Presidente Sánchez, haya pasado por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la aplicación de la política penitenciaria de un modo más flexible ( cambios de grados, beneficios sociales, etc ) sin necesidad de cambiar la legislación.

Ahora, se ha sabido gracias a los informes de la Guardia Civil sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicación de obras públicas mediante el pago de comisiones ilícitas ( mordidas en el argot policial ) y posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que el que fue secretario de organización socialista, Santos Cerdán, realizó una labor de intermediación clave para que el PSOE se asegurase el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados que tanto necesitaba para poder gobernar.

El propio Arnaldo Otegui admitió ante sus militantes en octubre de 2021 que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles y textualmente dijo: Si para sacar a 200 presos hay que votar los Pesupuestos Generales del Estado, se vota. Cuatro años después, las palabras de Otegui suenan a profecía cumplida.

Desde el verano de 2020, los traslados de los presos terroristas se aceleraron y se convirtieron e una práctica constante cada viernes. En público, no se ha reconocido ningún pacto entre el Gobierno central y Bildu sobre la política penitenciaria a seguir con los presos de ETA. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Grande Marlasca negaba que fuera un canje de presos por apoyo político aunque la realidad de los datos fuera otra: solo en 2020 se trasladaron a cárceles vascas más etarras que los dos años anteriores juntos. Hasta el propio PNV llegó a llamar a ese calendario, acuerdo cinco a la semana.

El proceso iniciado en la era Sánchez en 2020, culminó en marzo de 2023 cuando el ministerio de Interior dio por terminada la política de dispersión de presos etarras impulsada en 1989 por el Goberno de Felipe González, al haber acercado a todos los presos al País Vasco y Navarra. En total 175 internos fueron reubicados, bastantes de ellos con un historial policial repleto de delitos de sangre.

De esta manera, concluía la primera fase del acuerdo socialista-bilduetarra y se iniciaba otra, la segunda fase en la que todavía nos encontramos, la de los terceros grados ( régimen penitenciario de semilibertad en el que un recluso puede salir de prisión durante el día para estudiar o trabajar y debe de regresar a dormir ). Desde 2021 en el que Sánchez cediera la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que es una reivindicación histórica del nacionalismo-independentismo, ambos partido ( PNV y PSOE) que gobiernan en coalición en aquella Comunidad Autónoma, han concedido 48 terceros grados y 20 libertades condicionales del total de 125 presos que había en ese momento.

En paralelo, la relación política entre PSOE y Bildu se ha ido consolidando. Después de las elecciones de julio de 2023 y a nivel público -meses después- se escenificó la primera reunión entre Sánchez, Cerdán y los dirigentes del separatismo, Merche Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, un viernes 13 de octubre. Era la primera vez que un Presidente del Gobierno se reunía a la vista de todos con los herederos de ETA. La foto del momento confirmaba que Bildu era ya un socio plenamente asumido por el PSOE. Ahora sabemos que no era su primera reunión entre los representantes parlamentarios de ambas formaciones políticas sino que habían empezado en 2.019 con Adriana Lastra y Rafael Simancas.

La banda armada volvió a pasar por alto otros tres avisos más que la historia le dio en la década de los años 80, señalándoles que matar no servía para nada. El primero de ellos ya se ha visto en el capítulo anterior ( Ley de Amnistía de 1.977 ). El segundo fue cuando el final del santuario francés -donde se escondían tras atacar en España- durante la Presidencia de Françoise Mitterrand ( 1981-1995) que iniciaba así el fin de las complicidades europeas.

El tercer aviso fue cuando se consiguió el Pacto de Ajuria – Enea ( nombre en eusquera de la residencia del Presidente del Gobierno Vasco, en Vitoria y que traducido significa, la Casa de los Ajuria ) en 1.988, cuyo nombre oficial fue Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, en el que los partidos vascos se conjuraron para negar representatividad alguna a ETA -que en sus comunicados reivindicatorios siempre decía hablar en nombre del pueblo vasco-  y combatirla policial y socialmente.

El cuarto aviso fueron las negociaciones y tregua de Argel -celebradas en el primer trimestre de 1.989 y cuya ruptura no valoró- y siguió pensando que podía derrotar al Estado español.

Durante esos años, el respaldo popular a ETA se centró en una Coalición Electoral llamada Unidad Popular, más conocida por traducción al vasco como Herri Batasuna y sobre todo por sus siglas: HB . Llegando a tener representación en el Parlamento Vasco y gobernar numerosos Ayuntamientos. En el año 2.003, HB fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, al considerarla parte de ETA.

Pero antes, ETA había añadido a su listado de objetivos, al adversario político elegido en las urnas, como fue el asesinato del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 24 de enero de 1.995. Extendiéndose así el crimen a quienes pensaban diferente mientras se envalentonaba el vandalismo callejero ( logrando que toda España supiese decirlo en eusquera, la kale borroka-lucha callejera ) y sus juventudes ( jarraitxus-jóvenes en eusquera ) implantaban sus ley urbana en las calles de las principales ciudades vascas.

Entonces, el paisaje de la región se llenó de escoltas para políticos, periodistas, empresarios o jueces y fiscales ; de más gente viviendo con miedo a la muerte de un balazo o a la explosión  de un coche bomba.

Una socialización del terror que tuvo su cénit, con el secuestro y asesinato, el 13 de julio de 1.997, del joven y desconocido concejal del Partido Popular ( PP ) en la localidad de Ermua ( Vizcaya ), Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad vasca se rebeló masiva e irreversiblemente contra los asesinos, a los gritos de : ¡ basta ya ! y ¡ no son vascos, son asesinos !.

A partir de ahí, los ciudadanos vascuences mostraron su hartazgo hasta el extremo que la izquierda nacionalista empezó a cuestionar a sus mentores de las pistolas. Este cambio progresivo de la percepción social del terrorismo, corrió en paralelo al acorralamiento de ETA en todos los frentes : policial, judicial e internacional. Especialmente, hay que destacar a la velocidad que los Cuerpos Policiales desmantelaban la cúspide terrorista y los comandos operativos más sangrientos.

La banda armada aún obvió otro aviso : el de la tregua que mantuvo en el año 2.006, con  el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que rompió en diciembre de ese mismo año con el atentado de la Terminal Cuatro ( T- 4 ) del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde usó el coche-bomba más potente de toda su historia, con el resultado de 2 muertos y 19 heridos de diversa consideración.

Se quebraba así una negociación que se pensaba definitiva. Hubo que esperar a que el 20 de octubre de 2.011, tres encapuchados de la organización terrorista anunciaran que la banda criminal no volvería a matar. Habían pasado 43 años de dolor y de rabia.

Ahora la pregunta que tiene que resolver el paso del tiempo es : ¿ cuál es el legado de ETA ?. Yo creo que es, sin duda, el dolor causado durante décadas de sufrimiento que al final no han servido para casi nada. Pero ahora ya hay una gran batalla por el relato, por contar su historia. Ya se han detectado intentos de blanquear la crónica negra de ETA y se tiene que recordar que fue derrotada por la democracia y lo único que consiguió fue matar.

Antes de que la conciencia colectiva archive el terror hay que ganar también la batalla del relato porque el olvido ya ha comenzado. A los jóvenes vascos y a los restantes del territorio nacional, ETA les suena a antediluviano y deben de estar vacunados contra el odio mediante el conocimiento de la Historia. ETA quiso imponer mdiante el asesinato un proyecto político totalitario.

La historia de Euskadi Ta Askatasuna , nombre en vasco de la organización terrorista  Patria Vasca y Libertad, más conocida por sus siglas ETA, terminó oficialmente con un comunicado sobre su disolución que fue publicado el 3 de mayo de 2.018. Toca ahora contar 60 años de sufrimiento desmedido y averigüar que dirá la historia sobre unos hechos que no debieron de ocurrir jamás. Un recorrido criminal que se cobró 853 muertes y que para muchos no ha servido para nada.

ETA no quiere pasar a la posteridad como la banda asesina que ensangrentó la democracia española y que no supo leer tantos avisos que la Historia le dio para desaparecer. Quiere ser recordada como aquel movimiento de liberación nacional que surgió de la escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco ( PNV), el grupo EGI-EKIN, unas docenas de jóvenes radicales germinados en la Escuela de Ingenieros de Bilbao en el curso 1.958-1.959, según habían afirmado sus fundadores de los que ya no queda ninguno. En septiembre de 2022 murió el último de ellos, Iñaki Larramendi a los 93 años.

La banda armada fue vista en sus primeros años como la personificación de la lucha contra Franco. Esta visión casi romántica, empezó a cambiar el día que la organización terrorista perpetró su primer atentado, el 7 de junio de 1968, cuando el terrorista Txabi Etxebarrieta mató al agente de la Guardia Civil José Pardines, al darle el alto en un control de carretera en Aduna ( Guipúzcoa ), considerándose el primer asesinado por la organización terrorista. Poco después, pereció Etxebarrieta en un enfrentamiento con la Guardia Civil pasando también a ser el primer etarra muerto.

Este doble bautismo de sangre dividió mucho a la sociedad vasca. A partir de entonces, la de ETA es solo una historia de asesinatos, miedos y complicidades. La respuesta policial de aquel tiempo, llevó al conocido como Proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1.970 a 16 de sus militantes de los que seis fueron condenados a muerte aunque las penas fueron conmutadas poco después por 30 años de prisión, fortaleciendo así -políticamente- a los terroristas como unos héroes de la lucha antifranquista.

Un perfil que se acentuó con el asesinato del entonces Presidente del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1.973, en Madrid. Y a poco que nos descuidemos, eso es lo que quedará de ella : que se enfrentó a Franco y que mató a Carrero.

Con la llegada de la democracia, ETA se consagró como una máquina de matar y dejó de ver los avisos de que estaba fuera de tiempo. Perdieron todas las oportunidades para dejar de asesinar y todo para casi nada porque no han conseguido su objetivo principal que era la independencia. A pesar de tantos muertos, su fracaso en esa línea es de proporciones inmensas.

La primera oportunidad fue la Ley de Amnistía. En octubre de 1.977 y cuando se promulgó, fueron amnistiados 60 asesinatos y se le perdonaron todos los demás crímenes. Pero ETA siguió matando como si no hubiese pasado nada. Ahí, ETA perdió esa coyuntura. A partir de 1.978 comienza su etapa más letal : 244 personas asesinadas entre ese año y 1.980. En 1.980, llegó a matar a casi 100 personas ( 97 exactamente ), una cada tres días.

La organización terrorista no supo valorar ni el Estatuto de Autonomía Vasco, ni la Constitución Española. Ni tampoco supo interpretar la disolución de ETA Politico-Militar ( ETA P-M ) el 30 de septiembre de 1.982 para poderse incorporar a la vida política vasca a través de un partido creado para tal fin, el Partido para la Revolución Vasca ( Euskal Iraultzarako Alderdia , en eusquera ) aunque fue más conocido por sus siglas EIA y cuyos presos fueron puestos en libertad y premiados los demás militantes -caso a caso- en medio de una amnistía encubierta. Como paradoja, se puede añadir que algunos de ellos fueron amenazados por sus hermanos de ETA MILITAR.

Durante ese período realizaron los atentados más salvajes demostrando que cualquiera podía ser definido como objetivo de la organización terrorista. Como así ocurrió el 19 de junio de 1.987, con la matanza de Hipercor, un popular supermercado de El Corte Inglés, en Barcelona, donde una coche-bomba estacionado en el garaje del centro comercial mató a 21 personas y dejó heridas a otras 45.

Son años también en los que aparece el terrorismo de Estado a través de los Grupos de Liberación Nacional ( conocidos por sus siglas, GAL ) que causaron 27 muertes, dando así razones a la propia ETA para justificarse y generar más dolor.

Soy de la opinión de que tras la disolución de ETA, lo más importante y que ya se está viendo ahora, va a ser el relato que se va legar a las futuras generaciones en el que debe de quedar claro que el terrorismo de ETA, no tuvo justificación alguna y que sus victimas lo fueron injustamente.

La prueba de la importancia de la narración está en el comportamiento de ETA que, en el comunicado de su disolución, el 4 de mayo de 2.018, otorgó especial relevancia a la justificación de su trayectoria terrorista, desde sus inicios en 1.960 hasta su cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2.011, cuando en España se disfrutaba de casi cuatro décadas de democracia.

Con su tesis de conflicto civil, cuyo origen sitúa en el bombardeo de Guernica por la aviación alemana en plena Guerra Civil, pretende justificar sus 853 asesinatos, cometidos -mayoritariamente- durante la transición política y la democracia aunque ahora culpe a Franco de todos sus males.

ETA, no tuvo justificación alguna y la historia debe de condenarla sin remisión porque es fundamental que las generaciones de jóvenes conozcan esa verdad y la historia no se repita.

Por eso, tras la disolución de la banda terrorista, la batalla por contar lo que pasó en realidad es una cuestión clave, no solo para el País Vasco sino que también lo es para el resto de los españoles. Primero, porque son muchas las personas que quieren olvidar, que quieren pasar página y segundo, porque existe mucho desconocimiento entre los jóvenes vascos y españoles de lo ocurrido en aquellos años de plomo.

Aunque el rechazo a ETA es abrumador y se considera que las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento público y memoria. Se trata de un tema que hace tiempo que no se aborda en las aulas, ni en las tertulias familiares, ni en los debates públicos.

El País Vasco, con dos centros dedicados a la memoria de reciente creación : el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dedicado a la memoria de la Guerra Civil, la represión franquista, el terrorismo de ETA y la guerra sucia del Estado español. Promovido por el Gobierno Vasco y con sede en Bilbao. Y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno de la Nación y con sede en Vitoria.

Ambos centros, parten del planteamiento común de que el terrorismo etarra no tuvo excusa alguna pese al autoritarismo franquista y a la guerra sucia y están obligados a entenderse en aras a una explicación democrática.

Frente a ellos, está el relato de la propia banda criminal -ya anunciado en su comunicado de disolución- y ampliado por sus seguidores, en el sentido de que ETA fue una respuesta armada al Estado español por la invasión del territorio vasco. Así se pretende justificar en parte, los crímenes de ETA, que cuenta con el apoyo de toda una industria que está detrás, gracias a un entramado de asociaciones que a pesar de su escasa calidad y descarado partidismo, tiene una notable influencia y difusión en las redes sociales y medios de comunicación de aquella región española.

La invención de la Ley de Memoria Democrática del autócrata Pedro Sánchez ha puesto de moda la olvidada figura de Franco. Lo hizo primero exhumando sus restos de El Valle de los Caídos y trasladándolos en helicóptero para que el No-Do de TVE lo retransmitiera en directo. Con este gesto de raíz totalitaria se imponía el nuevo relato de la resurrección del Generalísimo Franco, y se «ponía en valor» El Valle de los Caídos, ignorado desde los años 70. Las monas de repetición de la prensa del fango gritaban: «Hay que liberar el Valle de la simbología fascista, empezando por profanar los restos de Franco» y luego volar esa cruz y desacralizar la basílica erigidas como un monumento al facherío.

Las burlas a esta maquinación para enfrentar a los españoles mediante la invención desde el poder de un «relato» parahistórico tuvo respuesta en el «francomodín». Como explica el izquierdista George Lakoff en «No pienses en un elefante» (2004) los «marcos mentales» en política conforman nuestro modo de ver el mundo. Son movilizadores de representaciones para activar valores, principios y directrices políticas. En definitiva, se trata de marcar la agenda política creando un atmósfera conceptual, un lenguaje emocional que defina unas realidades morales que los medios impondrán mediante la repetición.

La forma de contrarrestar estos relatos creados por la izquierda desde el poder es la batalla cultural. Pero ha costado entender qué ocultaba la estrategia de estos historias imaginarias. La derecha caía en la celada, se ponía a la defensiva, mientras el dictadorzuelo Sánchez fingía ser un demócrata y construía en la trastienda del poder una dictadura de la manipulación.

Con la derecha en Babia, la reacción voluntarista de la disidencia fue la burla. Así nació el «francomodín», como un emblema contra totalitarismo de Sánchez. No obstante, siendo una palabra con gran poder evocador y que dio en el blanco, era insuficiente para oponerse al marco mental impuesto desde el poder y replicado a tutiplén por el Equipo Nacional de Opinión Sincronizado del bulo: quienes no están contra Franco son fascistas. Toda esa retórica del «muro». El rollo con la resignificación mágica de lugares de memoria. Sacar en procesión a Franco y amenazar con cerrar su Fundación, no era más que cuento: imponer un relato que generase rechazo y acusar a la derecha y ultraderecha de fascista por no sumarse a la celebración del cincuentenario de la muerte en la cama del General Franco.

Pero a Sánchez y su banda de corruptos les importaba un higo Franco, la Guerra Civil y la República comunista que Franco humilló hasta que éstos huyeron de España como ratas. Gracias a la prensa libre y la digital se ha desvelado el secreto de Polichinela: pura magia Borrás que ocultaba la corrupción galopante de este Gobierno de ladrones.

Semánticamente, el «francomodín» ha tenido la virtud de ser un poderoso disolvente del estado de corrupción de la banda de Sánchez. Parecía que no tenía espesor para denunciar las tropelías de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, de los vicepresidentes pillados con las dos manos en las carnes de la prostitución y a saco en el Presupuesto Nacional de Sánchez. Pero los emblemas poseen un gran poder simbólico. Vean el puño en alto o el saludo fascista.

Pese a la casuística de las mentiras de Sánchez, que todos conocían pero callaban, fue al descubrirse el tráfico de fulanas de sus gerifaltes y la evidencia de que al Presidente más feminista de España, le ayudó el padre de Begoña a okupar la Moncloa con los dineros ganados con sus saunas de prostitución que las mentiras de Sánchez adquirieron sentido: eran francomodines ideados para ocultar el Estado de latrocinio de su Gobierno al completo, pues quienes no han participado activamente han callado.

Los numerosos cuentos ideados por el ingente equipo de asesores que tapaban una tropelía con otra, eran espejos deformantes de la realidad que impedían a los españoles ver la degradación de España ardiendo mientras la expoliaba un grupo de cuatreros. En este sentido, el francomodín es el último emblema heroico de la españolidad, porque desvela lo que con señuelos tan toscos como la invocación a Franco y el insulto de fascista ocultaron durante siete años que estaban en «ésto» por dinero, título del disco de Frank Zappa. Todos por la pasta.

El año comenzó con esperanza respecto a los repetidos casos de okupación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Uno de ellas suponía que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se pasaran a tramitar bajo el procedimiento de juicios rápidos, es decir, los casos de okupación delictiva se incorporaron a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida en unos 15 días.

Entró en vigor a principios de abril y fue visto como algo positivo por algunos abogados  «Se puede acudir a la comisaría de Policía más cercana o al juzgado de guardia directamente a formular esa denuncia y se abre la tramitación de este procedimiento que debería dar lugar a un juicio en muy pocos días«. Sin embargo, otros pronto dieron la voz de alarma: «Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando, tanto los políticos como los pseudo abogados que comentan sobre este tema y no son penalistas o bien no han pisado un juzgado en su vida».

Tras varios meses en vigor y con más casos reales en los que se ha podido comprobar su efecto, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro valoró la reforma procesal de la Ley Orgánica 1/2025 basándose en la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de finales de agosto. Su valoración muestra la difícil situación que se atraviesa con los casos de ocupación ilegal, es decir, las viviendas con okupas.

El autor del libro ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’ no deja lugar a dudas con su valoración: «La realidad es que La Ley Orgánica 1/2025 es ineficaz contra las okupaciones». El gran problema se muestra en la Circular de la Fiscalía. Esta explica que solo se podrá utilizar la vía rápida si hay atestado policial y detenido o citado, en relación al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se interponga una denuncia o querella, pero sin darse la detención al momento y en esos casos, como ocurría anteriormente, todo se resuelve mediante el Tribunal del Jurado. También y de manera más clara en los que no haya violencia por medio. Por tanto, Vicente Magro sentencia: «No es cierto que se resuelvan los casos de ocupaciones ilegales con esta reforma, porque no va a ser así».

El magistrado pide actuar con rapidez y eficacia: «Los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas ilegalmente se quedan a la espera de que se les devuelva su posesión… y deben esperar años. Eso es inaudito en la UE e inaceptable en un Estado de derecho«. Es su propiedad y, salvo en los mencionados casos con detenido o citado, los casos de allanamiento y usurpación tardan demasiado en resolverse. Mas aún los de inquiokupación, que no es un delito de ocupación ilegal al uso.

Vicente Magro propone dos grandes vías para acabar con los okupas: desalojos en 24 horas y acabar con la paralización de desahucios de okupas debido a la vulnerabilidad. Esto se podría llevar a cabo aplicando el artículo 13 de la LECrim para acordar de forma general la expulsión inmediata en 24 horas de los okupas e implementando un nuevo artículo 544 sexies de la LECRIM, que no permita otra alternativa al juez de instrucción que ordenar el desalojo sin que pueda alegarse situación de vulnerabilidad por ningún motivo.

El experto en okupas es muy contundente: «Sin una medida cautelar de desalojo automático, la reforma es estéril». Finaliza con un resumen de la situación con las medidas implementadas actualmente en España: «Se quedan a medio camino».

Razones por las que los juicios rápidos no funcionan en la práctica

• Solo afectan a casos concretos: No se aplica a la mayoría de las ocupaciones, que suelen ser usurpaciones o en casos de inquilinos que no pagan el alquiler (inquocupación).
• El plazo de 15 días es para el juicio, no para el desalojo: El desalojo no es inmediato, ya que el proceso legal puede alargarse mucho después de que se celebre el juicio.
• Obstáculos legales y de procedimiento:
• La ley solo agiliza un juicio penal rápido: Si el ocupante no se declara culpable, el juicio se suspende y se remite al procedimiento ordinario, alargando el proceso.
• El plazo de 15 días comienza a contar desde la primera comparecencia del ocupante en el juzgado, no desde que se produce la ocupación.
• La Fiscalía ha limitado el alcance de la ley, excluyendo el allanamiento de morada por conflicto con la Ley del Jurado.
• Los ocupantes pueden interponer recursos para dilatar el proceso.
• La efectividad de la ley depende de la disponibilidad de recursos en los juzgados, que a menudo están saturados.

• Conclusiones
• A pesar de las expectativas generadas, los juicios rápidos no han resultado ser la solución rápida para desalojar a los okupas.
• La efectividad de la ley depende de la aplicación de otros factores, como la saturación de los juzgados, que podría anular la agilidad que se buscaba. 

En la Memoria Anual de 2.024 que la Fiscalía General del Estado presentó el pasado día 5 de septiembre, se advierte un fenómeno preocupante sobre la violencia juvenil dado su signiicativo repunte. El informe dado a conocer durante la ceremonia de apertura del año judicial, muestra un incremento del 18,8% en los delitos de homicidio y asesinato cometido por menores, con 120 casos incoados y un crecimiento del 10% en las denuncias de violencia de género. Por su parte, los delitos de lesiones también registraron un aumento del 1,36% con respecto a 2.023, consolidando un incremento del 8% si se comparan los datos con el año 2.022.

La Fiscalía, insiste en la necesidad de reflexionar sobre la banalización de la violencia y reclama programas educativos preventivos que permitan a los jóvenes infractores alcanzar una mayor madurez personal y alejarse de entornos marginales. La Memoria también pone de relieve la preocupación por la violencia intrafamiliar y el acoso escolar que se ven potenciados por el uso de las nuevas tecnologías. En 2.024, se detectaron 1.196 casos, siendo muchos de ellos con componente digital.

La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo. Aún no han alcanzado la mayoría de edad pero ya tienen que enfrentarse con la justicia, acusados de presuntos tocamientos o agresiones. La subida de la violencia sexual entre los más jóvenes parece no tocar techo. Hasta 3.283 menores de edad se las vieron el pasado año ante un tribunal acusados de delitos sexuales.

Este número supone un aumento del 3% respecto a las cifras recabadas solo un año antes cuando ya se registró un importante aumento de este tipo de delincuencia pero es que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, advirtiéndose que están llegando casos a los juzgados de víctimas menores de 14 años y de agresores que al no haber superado esa edad son inimputables y no se les puede exigir responsabilidad alguna. Se está tratando de un problema social del que habrá que hacer un profundo análisis de las causas.

Para la Fiscalía, la carencia de una relación afectivo-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, unido al fácil y pronto acceso a la pornografía, son algunas de las razones que explican este incremento. Este libre paso sin una adecuada educación sexual y en valores, conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales consentidas, así como la acreditada banalización de los actos sexuales y de la intimidad.

Un peligro muy importante es que internet se convierte en docente y consultorio de la sexualidad para la infancia y la juventud. La falta de capacidad de la adolescencia para ser crítica con la pornografía y para comprender que lo que se ve es ficción está directamente relacionado con la necesidad de que los jóvenes tengan herramientas para interpretar los contenidos ya que acceden a los mismos sin haber terminado su período de madurez. Esto genera prácticas sexuales distorsionadas causadas por el dominio y la sumisión.

Este fenómeno, prolifera mucho a través de las redes sociales aumentando así como mecanismo de acción. Siendo también cada vez más habitual que los menores graben las agresiones o vejaciones en general y las difundan en sus grupos de guasaps o similares. La fuerte irrupción de estos delitos está vinculada con el uso de los teléfonos móviles, redes sociales y nuevas tecnologías que cada vez arranca a edades más tempranas. La mayor parte de los menores presentan graves adicciones a estos medios. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento cada vez más utilizado por los menores para la comisión de delitos.

En cuanto a los delitos llamados de violencia de género cometidos por menores, el pasado año se realizó la cifra más alta de los últimos cuatro anteriores por maltrato en el ámbito de la pareja y ex-pareja: 888, un 10% más que en 2.023. Lo que pone en cuestión todo lo que se está haciendo en políticas de igualdad y que parece que no está calando entre los jóvenes.

En otro orden de cosas y a título de señalamiento, en la Memoria también se indica que en materia de inmigración, la llegada de niñas menores aumentaron en un 165%, pasando de 238 en 2.023 a 651, triplicando su número. Solo por vía marítima, entraron en España 5.922 menores mientras que en 2.023 lo hicieron 4.865 y 2.375 en el año 2022. Por países, Marruecos se lleva la palma, seguido de Malí, Argelia y Senegal. Lo más interesante es que se desvela en este apartado el número total de menores no acompañados a cargo de las administraciones: 16.041, de los cuales 13.438 son niños y 2.603 niñas. Cuyo coste medio de atención y acogida supera los 4.000 euros por plaza que sufragan las Comunidades Autónomas.

La Fiscalía concluye que aunque la criminalidad juvenil global desciende un 6%, la naturaleza de los delitos cambia hacia formas más violentas y complejas que requieren una respuesta coordinada entre instituciones, familias y centros educativos.