El pasado mes de febrero, el Partido Popular, propuso en el Congreso de los Diputados, una serie de reformas legales para endurecer el tratamiento penitenciario a los presos etarras; acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento y prohibir los homenajes a los terroristas vascos recién salidos de prisión. Los representantes de las distintas Asociaciones de Víctimas de Terrorismo presenciaron el debate desde la zona destinada a público.

La petición del Partido Popular, era una reforma de gran calado que implicaba modificar cinco leyes: la Penitenciaria, la de Seguridad Ciudadana, del Derecho de Reunión, del Poder Judicial y la del Estatuto de Víctima del Delito. Con ello se pretendía cubrir algunas lagunas del conjunto de los derechos de las víctimas y en defensa de su dignidad.

Si entramos en detalle, afectaría al artículo 62 de la Ley Penitenciaria, para prohibir la concesión del tercer grado a los condenados por terrorismo vasco que no hubieran mostrado signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas o que no hubieran colaborado, activamente, con las autoridades para impedir que se produjeran otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista.

Implicaba también, la modificación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que es el que se aplica para conceder los beneficios penitenciarios. Todo ello, en consonancia con el Informe realizado por el Parlamento Europeo en su reciente visita a España. Conviene recordar que acceder al tercer grado es abrirles las puertas de la libertad a criminales para que puedan salir a la calle, antes de que cumplan toda su condena.

Aquí, se puso de manifiesto, el Plan del Ministerio del Interior con los representantes de los presos vascos -que acababa de descubrir la Guardia Civil- con los que el Gobierno negociaba tratos de favor a los presos de la banda criminal, a cambio del apoyo político al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Asociándose así con los verdugos de hasta sus propios militantes, para afianzarse en el poder. Lo que supone, una afrenta a la democracia y una verdadera vergüenza.

Desde que gobierna Pedro Sánchez, mediados de 2.018, se han producido 209 acercamientos de terroristas -más de la mitad de ellos con largas condenas por delitos de sangre-; 25 terceros grados y 11 libertades condicionales; como resultado de este ignominioso acuerdo de votos por presos.

Otro de los puntos a reformar, sería el artículo 5, de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión, para que la autoridad gubernativa pudiese suspender o disolver las reuniones y manifestaciones que, entre otras, se organicen para recibir y rendir homenaje al autor de un crimen como así viene reflejado en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Se buscaba así, acabar con la impunidad social porque realmente se trata de una forma de tortura a las víctimas, cuando encima quedan 378 atentados terroristas sin resolver, que viene a suponer, el 44% de los crímenes de ETA a lo largo de toda su historia, Y todo ello, después de que desde el entorno de los condenados, se asegurara a finales del año pasado que dejarían de convocarlos.

Cuando llegó el momento de la votación, el Grupo Parlamentario Socialista lo hizo en contra, alienándose con sus socios de investidura, Bildu, Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ). El portavoz socialista defendió su negativa, reprochando al Partido Popular, por usar a las víctimas para atacar al Gobierno, recriminándole además, haber cruzado las líneas rojas de la decencia política, al presentar una propuesta de modificación de ley sin rigor jurídico y sin añadir nuevos derechos. Vivir para ver. Cinismo difícil de igualar. Surrealismo en estado puro.

Las hipotecas políticas de nuestro Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han permitido asistir a una nueva crueldad contra las víctimas del terrorismo. Hecho lamentable y hasta inaudito que desenmascara a los progresistas de salón que van con el disfraz de modernos. Era la segunda vez, además consecutiva, en menos de tres meses, donde el Gobierno y sus socios habituales han vuelto a situarse cerca de los presos de ETA y lejos de sus miles de víctimas. Y volvieron a hacerlo desde el propio Congreso de los Diputados.

El mero hecho de que el Partido Popular haya tenido que recurrir a la vía parlamentaria para que se impidan y castiguen actos relacionados con los presos del terrorismo vasco, demuestra el grado de pudrimiento al que ha llegado este Gobierno extremista, en su estrategia conjunta con las organizaciones separatistas vascas, Bildu y Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), para excarcelar a asesinos.

Esta iniciativa del PP, sería innecesaria si se cumpliesen las leyes en vigor que es justo lo que no ocurre. Cuando muchos pueblos vascos se echan a la calle para homenajear a terroristas, no se están limitando a darles un recibimiento cariñoso a un vecino de la localidad, ya que en realidad, convierten cada acto en una exaltación heroica del terrorismo y en una humillación de las víctimas. Aspecto este que ya está tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, no es un problema de lagunas legales como sostiene la fiscalía, sino de voluntad política. Y el deseo socialista es seguir blanqueando a auténticos criminales.

Una cosa es que, pasen más de veinte años de prisión por sus atentados -a menudo salen a menos de un año por muerte causada- y que las leyes les permitan reinsertarse; pero otra muy distinta es que se mofen de personas asesinadas, como si su vil razón política para matar, continuase vigente. El desprecio a las víctimas queda siempre indemne porque los terroristas son especialistas en fabricar coartadas, supuestamente humanitarias, para recibir a sus familiares aunque en el fondo, solo diseñan nuevos métodos para seguir reivindicando la legitimidad de sus asesinatos, secuestros y extorsiones.

La clave es por qué debe de consentir esto un Estado de Derecho y más del nivel de España. El eterno argumento socialista de pasar página porque ETA ha dejado de matarnos y se ha normalizado la convivencia en aquellas tierras tan españolas, choca con su resurrección periódica de la Guerra Civil o con su cruzada contra el franquismo como si estuviera vigente. Lo que demuestra que el partido socialista tiene una preocupante memoria selectiva.

Que aún tengan que debatirse estas cosas, solo acredita una grieta en nuestra calidad democrática; que el Gobierno tan lleno de progresismo acepte algo tan provocativo e insidioso como estos recibimientos tan escandalosos, no deja de ser otra perversión de un sistema viciado y discriminatorio de excarcelaciones. Esta permisividad con los tan peligrosos delincuentes, es muy grave que los socialistas actuales la hayan institucionalizado porque lo que antes era disparo en la nuca y los dirigentes del partido por aquel entonces, al menos se escandalizaban, ahora es la homologación politica de toda la vida; ahora les basta con el oportunismo político para conseguir un puñado de diputados más que necesita para continuar en el poder.