Fue el miércoles 10 de marzo de 2010 en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Educación rechazó por un solo voto la proposición no de ley del hoy desaparecido partido político catalán Convergencia y Unión ( CiU ), defendida por el parlamentario Jordi Xuclá, para instar al Gobierno de la Nación que entonces presidía José Luis Rodriguez Zapatero a que impulsara la incorporación a los textos escolares dentro del sistema educativo autonómico, la información sobre la hambruna de Ucrania en los años 1930 a 1932. En el fondo del asunto lo que se dilucinaba era ofrecer una visión lo más veraz posible de lo realmente ocurrido dada la enorme diferencia que se apreciaba entre las versiones de los historiadores rusos y ucranianos sobre qué objetivos perseguía Stalin en 1930.

Lo que Xuclá sostenía, lejos de la miopía de los que veían en su iniciativa tomar partido en la política interior de Ucrania, era la reparación de los tres grandes crímenes del siglo XX: el Holocausto sufrido por los judíos, las hambrunas provocadas por Stalin y las matanzas de Ruanda. Sobre estos tres hechos había presentado iniciativas y anunció que seguiría haciéndolo hasta conseguirlo.

El asunto requirió dos votaciones ya que en la primera se produjo el empate. Apoyaron la moción CiU, Partido Popular ( PP ) y el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ). Votaron en contra, Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y los comunistas de Izquierda Unida ( IU ) e Iniciativa para Cataluña-Los Verdes ( ICV). El Bloque Nacionalista Gallego ( BNG ) se abstuvo en el primer intento y en la segunda vuelta deshizo la igualdad al colocarse al lado de los grupos políticos de la izquierda por lo que la propuesta fue rechazada.

El ponente catalán no alcanzaba comprender por qué el PSOE no se alineaba con la posición de los que querían que los escolares conociesen una de las mayores tragedias del siglo XX: la muerte de millones de ucranianos por falta de alimentos. En la Comisión se cifró en siete millones los fallecidos por esta causa aunque los cálculos más conservadores los estimaban en tres millones y medio.

La intervención más destacada correspondió al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quién no dudó de hablar de genocidio al referirse a la colectivización forzosa de la tierra ordenada por Stalin. Las cosechas se vendieron a países extranjeros mientras los campesinos murieron de hambre.

En el debate, el representante socialista Emilio Alvares, quiso dejar claro el rechazo a las atrocidades del estalinismo y también a la penuria obligada de los años treinta y añadió que se oponían a la moción por una cuestión de competencias. A juicio de los socialistas, el Parlamento no debía decidir qué contenidos deben integrar el currículo escolar sino que era la comunidad educativa la que debía de acordar la materia a enseñar.

Reconocía, eso sí, que había un margen amplio para estudiar esta tragedia y otras más, tanto en 4º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ( ESO ), como en 1º de Bachillerato. Añadió Alvares además, que el reconocimiento a las víctimas de esta desnutrición ya se había hecho en la Comisión de Exteriores del Congreso, también a instancias de CiU y del mismo portavoz, Jordi Xuclá.

Pero las razones que esgrimió el portavoz socialista tuvieron su réplica por parte del nacionalista catalán quién aludió a una Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación ( UNESCO ), de noviembre de 2007, en cuyo párrafo tres llamaba a los países miembros a promover la memoria de la Gran Hambruna incorporándola a los programas investigativos y de educación y recordó que en otras partes del mundo se estudia el Heliodomor que es como se denomina en ucraniano aquella muerte por hambre de millones de personas, junto al Holocausto judío y el régimen de terror de los jémeres rojos en Camboya.

Ante estos argumentos, el ponente socialista afirmó que su grupo parlamentario y su partido político aprobaban todas las Resoluciones de las Naciones Unidas de condena de los crímenes del estanilismo aunque también introdujo en su discurso las diferentes interpretaciones que se daban sobre los hechos que se debatían y que dividían a rusos y ucranianos aún entonces y que llegan hasta hoy.

Los primeros niegan que se tratara de una limpieza étnica, rechazando que fuera un genocidio porque la hambruna dejó también un reguero de muerte por otras repúblicas soviéticas. Esta versión centra el objetivo de la represión de Stalin en los terratenientes. Los historiadores ucranianos niegan este parecer y defienden que aquel proceso colectivo forzoso no fue solo contra los dueños de la tierra sino contra el pueblo en general.

A esta última creencia, se sumaron CiU, PP y PNV ya que cuestionaban que hubiera en Rusia tantos terratenientes. Países como Estados Unidos y Canadá con minorías ucranianas procedentes de la diáspora pero también otros como Australia, Argentina o Polonia, han reconocido la hambruna como genocidio. Y así seguimos hasta hoy…

Sin embargo, el pasado 23 de noviembre de 2023, España, Andorra, Chile, Costa Rica, Guatemala, Uruguay y otros 49 países más condenaron en la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), la Gran Hambruna provocada por el dictador comunista José Stalin en Ucrania, con motivo del 90 Aniversario de aquellos lamentables sucesos. Se trataba de una Declaración iniciada por Ucrania en la que se recogía el trabajo diplomático realizado por ellos durante los últimos años para dar a conocer al mundo el Holodomor ( derivadas de las palabras ucranianas holo -hambre- y mor -exterminio ) y mantener viva la memoria de las víctimas.

Como está aceptado por la comunidad internacional que han investigado aquel reconocido exterminio, no se trató de un error político, ni de una sequía inmisericorde, ni de una mortífera plaga; sino de la política de Stalin para liquidar el nacionalismo ucraniano. Las directrices políticas no solo diezmaron Ucrania privándola de alimentos, sino que su policía política eliminó a la intelectualidad: periodistas, escritores, profesores, historiadores y filólogos sobre todo; sacerdotes, artistas y por supuesto, a los políticos y burócratas relacionados con la breve República Ucraniana de 1917/ 18.

Para mañana lunes, día 27, está prevista la llegada a España del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski para mantener un encuentro con S. M. el Rey, Felipe VI y con el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El Presidente del Partido Popular ( PP), Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido sus actos de campaña electoral a la Unión Europea ( UE ), con la pretensión de poder entrevistarse también con él aunque aún no se ha hecho público buscando el encaje en las respectivas agendas políticas.

Esta visita tuvo que suspenderse hace diez dias por la marcha adversa de los combates de la guerra contra la ocupación rusa y tiene como objeto la firma de un acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania como también lo han hecho Gran Bretaña, Alemania, Francia o Italia. Ucrania está recibiendo ayuda militar de todos los países mencionados en la desigual lucha que mantiene desde hace más de dos años con el coloso ruso para expulsarlo de los territorios ucranianos invadidos.

Esta incursión militar no ha sido condenada ni por los actuales socios del Gobierno socialcomunista como Sumar, ni por los anteriores de Podemos, ni por los restantes grupúsculos de la extrema izquierda que se declaran ardorosamente pacifistas y amantes del diálogo.. En cambio, la parte socialista del mismo si lo hizo desde el primer momento, el 24 de febrero de 2.022.

Estoy convencido de que a mucha gente le gustaría encontrarse en la calle una cartera con mucho dinero, un décimo de Lotería premiado o un objeto de valor. Seguro que casi nadie puede ocultar ese deseo pero y si un día se cumple… ¿ qué hago ?.

Nuestro Código Penal no deja lugar a dudas y en su artículo 254, dice que : será castigado quien se apropiare de una cosa mueble ( que puede trasladarse) ajena. No vale decir que estaba perdida porque nadie abandona -voluntariamente- una cantidad de dinero o un objeto de valor. Y si lo encontramos casualmente, hay que asumir que han sido extraviados y lo lógico es pensar que su dueño desea recuperarlos.

Para evitar cualquier problema legal se debe de devolver cualquier objeto valioso encontrado, ya sea en cualquier Oficina de Objetos Perdidos correspondiente, Cuerpo Policial más próximo o al encargado de una tienda, por ejemplo, si allí se ha producido el hallazgo.

Si no se denuncia el elemento encontrado, se podría acabar condenado por un delito de apropiación indebida, previsto en el Código Penal y que establece la obligatoriedad de hacerlo bajo castigo de una multa de 3 a 6 meses ( la fija el Juez y va de 2 a 400 euros diarios ). Si la cuantía fuera inferior a 400 euros, incurriríamos en un delito leve ( antigua falta ) castigado con una multa de dos meses.

Si no hay reclamación alguna y el material ha sido depositado, podrá quedarse con él la persona que lo ha encontrado transcurridos dos años; si apareciera el dueño y lo reclamara se le puede exigir el 10% del valor del objeto de acuerdo con lo establecido en el articulo 616 del Código Civil que obliga al propietario a que abone a un premio al que hubiera hecho el hallazgo.

Aunque a veces la tentación puede ser grande, quedarse con lo encontrado puede traernos problemas legales. En esto el Código Civil es claro e impone la obligación de llevar los efectos hallados a los lugares ya mencionados y que suele custodiar -especialmente- la Policía Local de cualquier Ayuntamiento.

Si el hallazgo ha sido en el transporte público, las empresas que operan estos medios tienen oficinas propias. Si ha sido en la vía pública, hay que ir a la oficina municipal y si ha sido en algún establecimiento público, lo recomendable es depositarlo en el lugar para tratar de localizar al dueño.

El 9 de junio de 2.017, el entonces Presidente del Gobierno Autonómico catalán Carlos Puigdemont anunció que el 1 de octubre de ese mismo año se celebraría un referéndum por la independencia de Cataluña, iniciando así un pulso sin precedentes al Estado español con el fin de hacer realidad el sueño separatista. El 6 de septiembre, el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum que fue suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional.

El 20 de septiembre, fue uno de los dias más complicados para el independentismo ya que arrancó con una serie de registros por parte de la Guardia Civil en varias Consejerías del Gobierno regional y se detuvieron a 14 pesos pesados del separatismo que eran altos cargos del mismo. Las búsquedas continuaron hasta llegar a una imprenta de Bigues y Riells ( Barcelona ) donde se encontró diverso material electoral, destacando millones de papeletas impresas para la consulta popular.

Al mismo tiempo, decenas de manifestantes cortaron las Ramblas de Barcelona y la Vía Layetana, dos de las arterias principales de la ciudad. El partido político Podemos aprovechó para convocar protestas en varias ciudades contra la actuación del Gobierno central -que entonces era del Partido Popular ( PP )- en Cataluña que fueron un completo fracaso dada la escasa asistencia conseguida. El Partido Socialista Español ( PSOE ) respaldó las detenciones y pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum.

Después llegó el 1 de octubre y se celebró la consulta popular con numerosos incidentes debido a la prohibición expresa del acto por el Tribunal Constitucional. Desde las primeras horas de la madrugada centenares de personas ocuparon 163 colegios electorales para impedir que los cerraran y empezaron a llegar las urnas y las papeletas. La Policía Autonómica empezó a desalojar y precintar algunos centros. En otros, se limitaron a informar de su ilegalidad y no desalojaron por la negativa reiterada de sus ocupantes entre los cuales se encontraban numerosas personas vulnerables como niños y ancianos. La Fiscalía se quejó de esta pasividad de la Policía catalana que consideró como una dejación de funciones por incumplimiento de la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar el referéndum.

A las 9 de la mañana, abrieron los centros de votación y con ellos aparecieron los primeros choques contra la Policía Nacional que se vió forzada a intervenir para tratar de impedir el plebiscito con arreglo a lo dispuesto por la orden judicial. Lograron cerrar 113 de estos lugares y cerca de un centenar no se llegaron a abrir ante la presencia de los agentes. Simultáneamente, la Guardia Civil logró suspender el sistema informático que recogía los datos de los 2.135 colegios electorales que se prepararon.

A partir de las 11 de la mañana, la tensión era ya muy alta y comenzaron a producirse choques violentos en las calles entre manifestantes y Policías. A la hora del cierre de la consulta, los incidentes continuaban en los puntos de votación repartidos por toda Cataluña, concentrándose en Barcelona algunos de los episodios más tensos que ya presentaban un saldo de seis manifestantes detenidos y casi 800 heridos de diversa consideración ( afectados de mareos, contusiones o ansiedad ). Por parte de la Policía hubo 11 heridos y 431 contusionados. Pedro Sánchez -entonces en la oposición- dejó bien claro su profundo desacuerdo con las cargas policiales.

A pesar de todo, en su totalidad votaron 2,3 millones de personas de las cuales el 90% lo hizo a favor de la independencia. No obstante, se estimó que no fue plenamente válido puesto que no se reveló el origen del censo, ni el método del recuento. Numerosos testigos afirmaron también que varias personas votaron varias veces y otras lo hicieron sin identificación previa. Puigdemont anunció al término del referéndum de que en los próximos dias declararía la independencia, lo que hizo el 10 de octubre de 2017 aunque suspendiendo sus efectos con carácter inmediato para que a continuación se iniciara un diálogo para llegar a una solución acordada.

El Tribunal Supremo publicó el 14 de octubre de 2019 la sentencia por la que se condenaba a los 12 dirigentes separatistas más destacados a penas de entre 10 meses de multa y hasta 13 años de cárcel. La intromisión judicial del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) imponiendo a la Fiscalía la petición penal por sedición y no por rebelión como apuntaban los hechos acaecidos, supuso el cese de la Fiscal General del Estado y su sustitución por otra persona más sumisa a cumplir los deseos de Pedro Sánchez -entonces ya en el poder-que pensaba que lo ocurrido fue insuficiente para imponer la independencia territorial y la derogación de la Constitución. La sentencia también recogía que también se malversó 250.000 euros de dinero público.

Carlos Puigdemont que también fue procesado y se le pedía pena de prisión, se había fugado de España a finales de octubre de 2.017, logrando cruzar la frontera oculto en el maletero de un coche, rumbo a Bélgica donde continúa en la actualidad como huido de la justicia española aunque haya trasladado provisionalmente su domicilio a una casa de la región del Vallespir en el sureste francés, a una treintena de kilómetros de la frontera española para seguir de cerca las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo donde se presenta como candidato a diputado del Parlamento regional y con la esperanza de poder repetir como Presidente de la Comunidad Autónoma.

El pasado 8 de febrero, la Audiencia de Barcelona ratificó la decisión del Juzgado de Instrucción número 7, de procesar a 46 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre en la ciudad condal. En el auto judicial, el tribunal rechaza todos los recursos que se presentaron contra el procesamiento de los Policías y valida la decisión de instructor al acabar la investigación en enero de 2.023, sobre la intervención policial en distintos colegios electorales de Barcelona. De esta forma, el tribunal rechaza procesar a más agentes como pidieron las acusaciones, ni archivar la causa para los procesados como pidieron las defensas.

Una sociedad decente es aquella en la que cada persona recibe el honor debido por parte de sus instituciones. Un sociedad decente es también aquella que no humilla. La sociedad vasca de hoy, la del posterrorismo etarra, es una sociedad indecente en la que algunos de los que reivindican: verdad, memoria y dignidad ; humillan a las víctimas de ETA.

Un ejemplo de ello, lo encontramos en el inmoral brindis de la Nochebuena del año 2.018, del heredero político de ETA, Arnaldo Otegui, con los dirigentes territoriales del Partido Socialista de Euskadi ( PSE ); Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Elkarrekin ( Juntos ) – Podemos. La fotografía que sirvió de recordatorio al acto, fue publicada por los periódicos El Correo Vasco, de Bilbao ; y el Diario Vasco, de San Sebastián, ambos de la misma cadena de medios ( Vocento ) y organizadora del encuentro. El hecho se realizó a iniciativa del Diario Vasco y ambos rotativos son referencia en la región vasca y además fueron víctimas de ETA en el pasado.

En la actualidad, pese a comprometerse con la deslegitimación del terrorismo vasco, incurren a menudo en todo lo contrario. Ninguna autocrítica les mereció a sus directores el que un miembro de la Ejecutiva del socialismo vasco, José María Múgica, tuviese que dimitir de su cargo orgánico tras tener que ver -con sus propios ojos- un reportaje periodístico que, legitima -política y socialmente- a quien justificaba el asesinato de su padre ( ocurrido el 7 de febrero de 1996, en San Sebastián de un tiro en la nuca, por ETA ) y el de todos los muertos por el terrorismo vasco.

Por si no fuera bastante con esto, el día anterior, El Correo Vasco, entrevistaba a otro heredero de ETA, Rafael Diez Usabiaga, titulando que : las bienvenidas a los presos de ETA en sus pueblos de origen o residencia, no deben de percibirse como una ofensa a las víctimas. Convirtiéndose así, este periódico propiedad de la burguesía vasca sufridora de varios secuestros, asesinatos e impuestos revolucionarios, en una plataforma privilegiada para blanquear a los actuales responsables de la herencia etarra y su proyecto político totalitario, basado en la coacción, el miedo y la muerte.

Estos representantes de los terroristas que no son más que lobos disfrazados de corderos, que no son capaces de alcanzar un mínimo democrático como es la condena del terror etarra, están logrando convertirse en respetables referentes sociales mediante el lavado de biografías manchadas de sangre.

Poco o nada, deslegitiman a ETA, los testimonios de sus víctimas en esos periódicos cuando sitúan en idéntico plano moral a los representantes políticos del terror, invitándoles a victimizar a los terroristas y a manipular la realidad sobre sus execrables crímenes.

En las páginas de El Correo Vasco, es frecuente ver a los herederos de ETA como coalición soberanista e izquierda patriótica ( abertzale ) y se estigmatiza a Vox como ultraderecha, siendo el partido político de las víctimas del terrorismo como sus dirigentes, Santiago Abascal y Ortega Lara, lo han sufrido.

La engañosa derrota de ETA, que algunos políticos socialistas predican, esconde la impunidad política y social del terrorismo separatista, injustamente rehabilitado en la sociedad y en la política vasca. Así como también la victoria del nacionalismo institucional imponiendo un relato muy peligroso : los fines independentistas compartidos del PNV con Reunirse ( Bildu ) – ETA, no deben de quedar contaminados por el terrorismo separatista.

Lo peor de todo es que los partidos políticos constitucionalistas que tienen representación parlamentaria en la tierra vasca han asumido la hegemonía nacionalista. Ese totalitarismo que confunde a una sociedad plural con una de sus partes, erigiendo al separatismo en el único sujeto válido hoy.

El PNV, se ha aliado con Reunirse ( Bildu ) – ETA, para denunciar la base antidemocrática de la Constitución Española y tanto el Partido Popular ( PP ) como el PSE, han aceptado como demócratas esta fraudulenta legalización.

Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, han prometido memoria y dignidad a las víctimas del terrorismo, ensalzando una derrota de ETA a la que renunciaron después del ingente esfuerzo policial y judicial. Los nacionalistas vascos desean imponer un relato verosímil pero falso, justificativo de los crímenes de ETA. Si se hubiera derrotado a los terroristas de ETA realmente, no sería necesario esa batalla del relato a la que invocan aquellos que han consolidado su poder gracias al terrorismo.

Por eso humillan a las víctimas, negándose a cumplir las leyes que prohíben expresamente los homenajes públicos a los terroristas presos o excarcelados. Es patética la fingida indignación e impotencia de los responsables políticos, antes del PP y ahora del PSE, prometiendo nuevas medidas que nunca llegan, cuando ya disponen de instrumentos legales que evitan aplicar.

Otra escenificación de memoria indecente, también se produjo el 1 de octubre de 2.019, en el Palacio de la Moncloa cuando España y Francia, rindieron homenaje al triunfo del Estado de Derecho sobre el terrorismo etarra. Un acto en el que el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez no reclamó justicia ni una sola vez.

En esta reveladora teatralización tampoco sonó el himno nacional, símbolo de la nación atacada por el terrorismo de ETA y por tanto del significado político de las víctimas, plurales en sus ideas pero reunidas por la intencionalidad política de sus asesinos.

Millones de niños pasan horas y horas ante un teléfono móvil o un ordenador, encantados con el invento e ignorando que son posibles víctimas de esos chacales que se dedican al tráfico de la pornografía infantil. La llegada de internet nos ha cambiado la vida y está transformando nuestra sociedad para mejor porque permite más y mejores avances de nuestra cultura. Pero como todas las cosas, también tiene el peligro de la utilización por los depredadores humanos hacia sus más bajos instintos. Me refiero al lado más perverso y peligroso de la acelerada digitalización que está sufriendo la red.

La pasada gripe china fue una excelente oportunidad para abusar sexualmente de los niños. El confinamiento que sufrimos para combatir la pandemia se extendió por todo el mundo y en los foros pedófilos de internet se frotaron las manos. Era lo mejor que les podía pasar e iban a aprovechar la oportunidad. Claro que lo hicieron, como después pudo comprobar el servicio policial europeo, Europol, en sus avisos a todos los componentes a los que sirve. La ocasión fue ideal para acosar, engañar, seducir. abusar, violar, grabar y por supuesto, compartir, a aquellas ingentes cantidades de niños que iban a estar conectados más tiempo que nunca.

Las alarmas no tardaron en saltar y empezaron por los Estados Unidos. Allí se encuentra la sede del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que actúa como gran vigilante mundial del tráfico de material pedófilo en la red. Sus informes diarios sobre actividades sospechosas de explotación sexual de menores que incluye los datos facilitados por algunas plataformas tecnológicas, son el gran termómetro planetario en la materia. Si en ellos aparece alguna referencia a España, se le envía a nuestro país de inmediato para que sea investigada. Casi 100 diarias antes del Estado de Alarma que saltaron -de golpe- a las 500 diarias cuando llegó la Semana Santa.

Se trataba de una escalada mundial, despiadada. Abril de 2020, se convirtió en el mes más trágico en la historia de la pornografía infantil. Aquel ataque global supuso cuatro millones de avisos, tres millones más que igual mes del año anterior, 2019. Nunca se había visto nada igual. También por eso, en ese año de 2020, la Policía española logró más identificaciones de agresores y de víctimas que nunca. Con el confinamiento, la ventana de oportunidad de los pedófilos se abrió de para en par.

Pasado el encierro, el tráfico regresó a niveles prepandémicos, a las cifras de niveles habituales, es decir, a la normalidad. El panorama sin embargo, ha cambiado. El coronavirus dejó en este campo una doble herencia. Por un lado, una sociedad cada vez más digitalizada en el trabajo, en la educación, en el ocio….Y si se aumenta la digitalización con todas sus ventajas también se aumenta la exposición, sobre todo a los niños Y por otro, ¿ cuántos videos y fotografías de pornografía infantil se crearon y se pusieron en internet durante aquellos meses ?. A estas alturas todavía no se sabe porque estamos tratando con cifras de vértigo.

Antes de que ocurriera todo esto, los números de abuso sexual infantil por internet llevaban años creciendo de forma exponencial y sin remedio. Basta con mirar la estadística de informes diarios del organismo norteamericano: desde 1998, 300.000 avisos ese año; 16 millones en 2019, poco más de dos décadas después. Entre enero y septiembre de 2020, se alcanzaron los 21 millones, debido al brutal mes de abril.

Todas las informaciones facilitadas se dividen en dos grandes grupos: los sospechosos de incitación a los niños para generar material pornográfico, que se incrementaron en en 63,31%. Y los de contacto con los niños -en sus diversas formas- en un 98,66%. Traducir estos porcentajes en número de archivos es una tarea imposible. Lo que sí se conoce es una cifra previa a la aparición de este tipo de gripe china. Fueron 45 millones las fotografías y vídeos de abuso sexual infantil -entre material recirculado y de nueva generación- que las compañías tecnológicas identificaron en sus plataformas en el años 2019.

Los Cuerpos Policiales españoles evitan dejarse aturdir por estas cifras. Solo queda seguir trabajando con los recursos disponibles. Insuficientes a todas luces, incluso para entes como Europol, Interpol, el FBI o el británico Scortland Yarkd, grandes arietes contra esta lacra social. El fenómenos es tan grave y está tan extendido que la Policía española está desbordada desde hace tiempo porque pararle los pies a uno de estos depravados lleva su tiempo, años en la mayoría de los casos.

Los investigadores hablan de series: material producido por un mismo niño como protagonista que se distribuye por entregas y en tiempo real. Como tal, implica el abuso en curso de un menor -bebés incluidos- y en algún lugar desconocido. Son los archivos más codiciados por las retorcidas filias y fetichismos de autores y consumidores pero también por ser la llave de entrada en las comunidades más cerradas. En la escala de gravedad que se maneja, este sería el grado máximo: imágenes que pueden incluir penetraciones, masturbaciones, sexo oral, torturas…Lógicamente, estos casos constituyen su prioridad porque cuando se descubren archivos en semejante situación, hay que centrarse en acabar con ese sufrimiento.

En la actualidad, hay redes de internet donde se distribuyen archivos sin necesitar servidor alguno. Por eso se sabe que de media, existen en España 7000 personas diarias que comparten material pedófilo. Al menos, a 5000 de ellas habría que detenerlas pero no se dispone de esa capacidad por eso el esfuerzo se pone en la búsqueda de grandes distribuidores y sobre todo, productores.

El problema es que detectar este material lleva su tiempo. Antes nadie tomaba precauciones ahora, en cambio, todo está encriptado, usan máquinas virtuales, navegan de forma anónima, pagan en criptomonedas. Todo se ha sofisticado. Por eso las investigaciones policiales cada vez son más complejas.

Como se está mostrando año tras año, la cifras negras del cibercrimen son muy altas pero ninguna de ellas supera las de las pornografía infantil porque el 99% de los casos no se denuncian y la mayoría de los niños y por lo tanto sus padres, no son conscientes de ser víctimas de un delito. Hasta que no se detiene a la persona y se le interviene material pornográfico de 200 0 300 menores, no se conoce el verdadero alcance de sus actividades.

Otro de los graves inconvenientes derivados del tráfico pedófilo de la red es que está poblada de imágenes de niños abusados que hoy son adultos. Muchas plataformas cuentan con herramientas para detener este trasiego de archivos pero no las usan de forma adecuada y si alguna lo hace no colaboran lo suficiente con las autoridades. Facebook y Google han intensificado la vigilancia pero muchas otras aún se quedan cortas. Las imágenes persiguen así a las víctimas durante años porque estas reaparecen de forma recurrente en la red o entre el material requisado a otros pedófilos, lo que obliga a las víctimas a recordar la pesadilla que vivieron siendo niños, llegando algunos de ellos hasta el suicidio.

El problema en España es la escasa cultura en la ciberseguridad. Toda la vida les hemos dicho a los niños que no hablen con desconocidos pero parece que lo hagan en internet no parece ser un problema. Los padres deben de ser conscientes de que en la red no todo el mundo es quién dice ser y así transmitírselo a sus hijos.

En recuerdo del inolvidable y singular humorista catalán Eugenio que siempre comenzaba a contar su recital de chistes con la misma entradilla: » Saben aquel que dice….» pues lo mismo ocurre en esta ocasión: ¿ Saben las veces que dijo nuestro actual Presidente del Gobierno Pedro Sánchez que no pactaría con los filoetarras de Bildu… ?. Si quiere se lo repito 20 veces: Con Bildu no pactaré… ?. Pues pactó. En aquella legislatura y en esta también. Y las que están por venir….si llegara el caso. ¿ Y ha pasado algo después de conocerse que todo era una enorme mentira para ganar votos de incautos electores ?. Pues no, no ha pasado nada ya que se trata de un cambio de opinión debido a las necesidades coyunturales para seguir gobernando. Y ya está… Pues sí, ya está y a otra cosa mariposa que España tiene otros problemas más importantes que resolver y los socialistas no están para perder el tiempo dando explicaciones a sus votantes….

El precio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en su reelección como Presidente del Gobierno no se quedó solo en la foto con la portavoz parlamentaria de Bildu, Merche Aizpurúa. Lógicamente había algo más que se mantuvo oculto y que es el único acuerdo con otro grupo político -de los muchos realizados- que todavía no se ha desvelado. También lo avisó Arnaldo Otegui en su momento. Ellos no lo iban a publicar. Los demás pactos con los otros partidos políticos se conocen al menos en sus líneas generales. Pero este con los defensores del terrorismo etarra se va conociendo pasito a pasito a medida que se va materializando y poniendo al descubierto el precio que el socialismo navarro -en este caso- está pagando para que Pedro Sánchez pueda continuar en La Moncloa.

El primer pago que se hizo en Navarra a las huestes de Arnaldo Otegui fue mediante la activación de la reforma de las normas de convivencia de aquel territorio: la LORAFNA ( Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ). Se trata de la norma institucional básica de la Comunidad Foral de Navarra que es el equivalente a los Estatutos de Autonomía que tienen las demás Comunidades Autónomas. Mientras que esos Estatutos garantizan el acceso a la autonomía de las diversas regiones de España, el Amejoramiento del Fuero de Navarra asegura la continuidad histórica del Régimen Foral como solución autonómica singular del pueblo navarro.

El aforamiento recoge desde las competencias de los navarros, su identidad y simbología ( banderas, escudo ) por las que se rigen, entre otras cosas. Lo que aún está por ver es cuál es la Propuesta de Reforma que ahora consideran necesaria. Según ha advertido el Partido Popular ( PP ) de Navarra, adecuar la LORAFNA a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI, como dijeron desde el Parlamento Foral, lleva implícito un cambio radical en Navarra que nos llevará a lo que siempre han querido los independistas: anexionarse al País Vasco y acabar con Navarra tal y como la conocemos.

El segundo pago, se puede considerar la entrega del Partido Socialista de Navarra ( PSN ) a Bildu de la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. El alcalde de Tafalla, Javier Alcuaz de Bildu, fue elegido Presidente al contar con el apoyo de las entidades locales dirigidas por PSN.

El tercer pago, ocurrió el pasado mes de octubre cuando los socialistas navarros se negaron a poner en marcha una Ponencia para fijar un marco ético común y compartido que sirviera de base para la total deslegitimación de la violencia de origen político. De nuevo, el PSN junto con Bildu votó en contra poniéndose cada vez más cerca de los defensores de los terroristas y de sus postulados. La Propuesta de Unión del Pueblo Navarro ( UPN ) solo obtuvo el apoyo del PP y Vox mientras que los socialistas se colocaron junto a los radicales proetarras en la defensa del terror, junto con Contigo Navarra ( sucursal de Podemos ) y Geroa Bai ( filial del Partido nacionalista Vasco- PNV).

El cuarto pago, se conoció a mediados de diciembre pasado y fue la moción de censura conjunta del PSN y Bildu que ha permitido nombrar al concejal de Bildu, Asier Asiron, nuevo alcalde de Pamplona. Según el responsable del Partido Popular ( PP ) a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoó, la entrega de Pamplona a Bildu, desalojando al partido más votado Unión del Pueblo Navarro ( UPN ), no es más que parte del pacto de Pedro Sánchez con los encapuchados. Y que habrá más cesiones porque los herederos de Batasuna no hacen nada gratis. Los populares han manifestado su preocupación por si otra de las cesiones será la petición de amnistía para los presos de la banda terrorista ETA, después de la que se pretende llevar a cabo con los separatistas catalanes.

Cómo se recordará, en la anterior legislatura el coste de Bildu para aprobar los presupuestos generales suponía la expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico, comprometiéndose los socialistas a materializarla antes del 1 de julio de 2.024. Medida que no se ha podido completar por la torpeza en utilizar la vía inadecuada. Querían hacerlo a través de un Decreto-Ley que es la modalidad habitual de gobernar España por la coalición social-comunista y que ha sido rechazada por el Tribunal Supremo como improcedente en su sentencia publicada el pasado 19 de febrero. Para asumir esa competencia hay que reformar la LORAFNA o mediante una ley orgánica de traspaso, como fija la Constitución Española en artículo 150.2,.

También Arnaldo Otegui manifestó públicamente que : Tenemos a 200 presos en la cárcel. Si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, votamos. Apenas siete horas después y en esa línea colaboradora con el gobierno de Pedro Sánchez, en un vídeo simuló que pedía perdón a las víctimas del terrorismo de ETA.

¿ Para qué han quedado los socialistas navarros ?: Para apoyar a Bildu. ¿ Hasta qué punto es capaz el PSN de renunciar a sus principios con tal de seguir blanqueando a Bildu ?. Cuesta trabajo entender todo esto. Lo último que ha ocurrido ha sido negarse a apoyar el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con la Constitución Española y la Transición Política como espacio de concordia y convivencia, cuestiones tan importantes que son los cimientos de nuestra sistema democrático. Acaba de pasar en el último Pleno celebrado donde el PSN se ha abstenido, alineándose con los planteamientos radicales que Bildu defiende.

Hace unos dias, también el PSN permitió que no se condenaran los carteles con las fotografías de terroristas presos exhibidos en una manifestación. ¿ Qué será lo siguiente ?. No se sabe… o sí. El PSN está obsesionado con vender que gracias a su trabajo se va a crear un Plan de Convivencia en Pamplona. Lo curioso del caso es que se lo han encargado…¡ a Bildu ! que son los que -a día de hoy- la siguen alterando. Es el mundo al revés.

La muerte de cuatro inmigrantes marroquíes en aguas de Cádiz a finales del mes de noviembre de 2023, arrojados al mar junto a otros 31 ocupantes más, puso de manifiesto cómo los grupos criminales que operan en el Estrecho de Gibraltar diversificaban sus actividades tradicionales siendo capaces de reconvertir sus lanchas de transporte de fardos a pateras-taxi.

Tratándose de delincuentes profesionales y sin escrúpulos como tienen bien demostrado, da igual si lo que tienen que tirar por la borda es drogas o personas como ha ocurrido ahora cuando los cuatro tripulantes de una enorme zodiac provista de tres motores, forzaron a los 35 pasajeros que llevaban a bordo a arrojarse al mar.

Primero a un grupo de 27 en las inmediaciones de la playa de Camposoto, en San Fernando y después a otros 8 en las peligrosas aguas del Caño de Sancti Petri. Tres de estos últimos fueron rescatados ya semiinconscientes y boca abajo en el agua, a punto de ahogarse. Los supervivientes de este último grupo contaron tras ser socorridos que los traficantes, un hombre y una mujer españoles y dos hombres marroquíes, los amenazaron con una pistola y un cuchillo para obligarles a que se tiraran al mar. Cuatro de ellos murieron y tres fueron trasladados al hospital de Puerto Real para recibir asistencia médica.

Este tipo de viajes clandestinos en neumáticas semirrígidas de tres motores, fue detectado desde hacía meses cuando se lograron desarticular varias organizaciones criminales y por eso ya se sabía que los inmigrantes pagaban entre 3.000 y 5.000 euros y tenían la garantía de que en 20 minutos estaban en la costa española. A la hora de hacer números a la mafia que los transporta les puede salir casi tan rentable como introducir hachís.

En España, este tipo de embarcaciones que suelen llevar hasta cuatro motores y superar con rapidez los 110 kilómetros por hora, están prohibidas desde 2018 como una de las medidas que estableció el Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar para combatir el tráfico de hachís.

Hace años, cuando la goma salía de Marruecos cargada de 400 0 500 kilos de hachís, se traían a 5 o 6 inmigrantes marroquíes que cuando llegaban a las costas españolas ayudaban a trasladar los fardos a los coches que aguardaban la carga y era su forma de pagar el viaje.

La expansión del tráfico de esta droga hizo que los delincuentes se hicieran con lanchas más potentes que pueden llevar hasta 3.000 kilos de hachís por viaje y disponían de cuadrillas preparadas para desembarcar la mercancía. La presión policial en la costa de Cádiz ha hecho que en los últimos años, tanto el tráfico de drogas como el de personas, se mueva a otras zonas como Huelva, la desembocadura del Guadalquivir, Málaga o Almería.

Estas bandas delictivas suelen sincronizar varias salidas simultáneas de embarcaciones rápidas con la finalidad de saturar los servicios de la patrullas de la Guardia Civil tanto en el mar como en tierra y así dificultar su interceptación. Realizan viajes-exprés llevando a unas 20 personas a las costas españolas y nada más dejarlas regresan a territorio marroquí para recoger nuevos inmigrantes ilegales. Para abastecerse de la gran cantidad de combustible que utilizan, han surgido los petaqueros que en otras lanchas les suministran la gasolina que necesitan en alta mar y que transportan en garrafas.

También han aparecido cargamentos de cocaína que el largo brazo sudamericano está utilizando y luego serán otros tráficos ilícitos los que vendrán porque las rutas que se están empleando con total impunidad desde el lado africano están abiertas de par en par. Las mafias empezaron con el hachís, han seguido con los inmigrantes, ahora también cocaína y mañana azúcar, naranjas o fresas. Lo que toque siempre que sea rentable.

Se está demostrando que el surgimiento de digamos, la pateras-taxis no es una señal de que se acabe el tráfico de hachís en la zona mediterránea española porque existe un mercado europeo de millones de consumidores que hay que abastecer y que Marruecos deje de ser uno de los mayores productores de esta droga. Preocupa especialmente esos barcos procedentes de América que transportan cocaína que es recogida en alta mar desde la vertiente atlántica marroquí y la introducen en Europa por las costas españolas.

Al final se trata de una cuestión mercantilista. Una vez que se dispone de la logística necesaria, los traficantes introducen en España lo que tengan que traer. Así se empezó con el contrabando de tabaco con lanchas desde Gibraltar. Después esa infraestructura se desarrolló para traer hachís desde Marruecos y si se consigue más rentabilidad llevando inmigrantes ilegales o cocaína pues a eso se dedicarán.

Y a todo esto con el silenció cómplice del Gobierno español que ante las dimensiones que está adquiriendo este problema no ha realizado el menor gesto o protesta ante las autoridades marroquíes para que adopten las medias necesarias de vigilancia de sus fronteras. Aunque estén asesinando a nuestros guardias civiles como ha pasado en Barbate.