Texto de la conferencia impartida en Vitoria por mi gran amigo y compañero el Comisario Pral. Mario Sánchez Santos.

El día once de diciembre del pasado 2.025, fui invitado, por la Comisaria jefe y jefe Provincial de Operaciones de Vitoria, para dar una charla a los compañeros en su mayoría recién destinados en Vitoria.

El objetivo era difundir mis vivencias durante los años 1978 a 2012 que cuando estuve destinado, y que no se produzca un silencio sobre el terrorismo en esta provincia que poco se ha escrito sobre su incidencia.

Para apoyar mis palabras les facilite una relación de libros sobre la materia, así como documentos incautados a ETA y fotos de zulos.

Iniciamos la actuación del entonces Cuerpo Superior de Policia que tenía escasos recursos humanos, materiales y conocimientos con mucho esfuerzo y vocación llegando a utilizar sus vehículos, comprar cámaras de video y ordenador con su dinero. Todo reflejado en mi relato EL APRENDIZAJE, publicado en los blogs de Una Historia de la Policia Nacional y este de Asuntos Policiales.

En aquellos años actuaba en ETA Politico- Militar, ETA militar, Comandos Autónomos Anticapitalistas, GRAPO, IRAULTZA, Grupos Anarquistas y Grupos de Extrema Derecha.

ASESINATOS .- VITORIA 29 PUEBLOS 18 TOTAL 47. Fueron menos que en otras provincias vascas, pero el objetivo era de mayor importancia, tales como jefe de Ertzaintza, jefe de Miñones, y jefe de Policia Municipal y mandos de Fuerzas Armadas El año de mayor numero fue 1980 con 9 .

POLICIA 15, GUARDIA CIVIL 11 , EJERCITO 3, ERTZAINTZA 2, MIÑONES 1, POLICIA MUNICIPAL 1,PRISIONES 1, POLITICOS 2 Y CIUDADANOS 10.

Es destacable el Asalto al CIR 11 por 10, liberados de ETA.M con 3 heridos. Y 2 artefactos explosivos detectados y desactivados en acceso al CIR, lanzamiento de granadas contra la Delegación del Gobierno, Centro Policial de CNP, Artefacto explosivo desactivado contra comandancia de Guardia Civil, artefactos contra el Diputado de ALAVA y delegado de Trabajo,

Y varios heridos sin contabilizar.

SECUESTROS 4 . ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 316

Robo de vehículos con secuestro del conductor, falsificación de DNI, Pasaportes, Matriculas de vehículos, Impuesto Revolucionario, Atracos, y la infiltración en Parlamento Vasco, Diputación, Ayuntamiento y Ertzaintza. la iglesia… O sea, la MAFIA.

Todo el aprendizaje, esfuerzo y trabajo con el tiempo empezó a dar sus resultados.

Con la detención de 400 terroristas, desarticulación de 40 comandos de ETA-M incautación de explosivos, armas, dinero, vehículos, pisos ,zulos y sobre todo mucha información para poder seguir trabajando y evitar atentados. 1 comando de ETA.PM, 10 de Comandos Autónomos Anticapitalistas, 1 Célula de Grapo, 2 comandos de Iraultza, grupos KALE BORROKA, e intento fuga de prisión de Nanclares de miembros de ETA.PM,

La labor preventiva mediante controles con Policia Nacional, localización de artefactos explosivos y hacer y dar charlas de autoprotección a Policia, Fuerzas Armadas, Politicos, funcionarios de Prisiones, Empresarios y Seguridad Privada con ello se evitaron muchos atentados

Como podéis comprobar con pocos medios humanos y materiales hicimos grandes servicios por nuestro trabajo y sobre total dedicación .

Del servicio `preventivo del cual estamos más orgullos fue

La localización de un coche bomba en el estadio de futbol de Mendizorroza dirigidos al servicio de seguridad de Policia Nacional unos 10 ,policías y el público general además ese dia había muchos niños invitados, El artefacto estaba compuesto con 50 kgs de diferentes explosivos, con metralleta tornillos de las vías férreas.

El terrorismo incidió en todos los sectores sociales, económicos y politicos, produciendo cierre de empresa, falta de inversión , odio a todos los vascos, presión a todos los funcionarios del estado y marcha de muchos ciudadanos a vivir a otros sitios de España. Los efectos psicologices incidieron en la Policia y Guardia Civil y denominado como el Síndrome del Norte.

2.- Inspector Brigada Información de Vitoria

TERRORISMO AUTOCTONO

Desde la desaparición de ETA en mayo 2018 todos sus grupos afines en mayor o menor grado han seguido en su actividad, unos se han disuelto y otros han cambiado de nombre , pero la actividad terrorista sigue activa, como acciones con daños y grandes manifestaciones contra El Estado o las víctimas del terrorismo

En 2025 realizaron 374 actos la mayoría por la celebración del 50 aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegui, es un 11% menos que en 2024,

En Alava se produjeron 19 actos

Vitoria 12 octubre 2025, Manifestación autorizada de Falange, es atacada por grupos radicales bien organizados y bien uniformados produjeron daños y heridos a la Ertzaintza.

Vitoria. Agresión a un ertzaina fuera de servicio por grupo de radicales,

Rivabellosa (Alava) derriban el toro de Osborne y lo, graban y reivindica Ernai.

Lanzamiento objetos contra cuartel Guardia Civil de Tolosa. En Bilbao daños contra el periódico, El Correo , Sede del PP y placas en memoria de asesinados por ETA.

Muchas de estas acciones de SORTU de EH- BILDU,

Sus juventudes ERNAI han tomado el, protagonismo en las acciones.

Actualmente nace como más activa GSK ( Gazte Koordinadora Socialista) de base comunista, como alternativa a los jóvenes que desde 2019 han realizado acros en 130 pueblos del País Vasco, dominan en las fiestas, txoznas y gaztetxe. Gran capacidad para movilizar a la juventud en la calle.

Tienen intención de presentarse a las próximas elecciones mediante su partido EHKS ( Euskaro Herirlo Kontseilu Sozialista )

ETXERA apoyo a los presos. SARE movilizaciones traslado de preso a prisiones vascas .

JARDUN aplicación de la antigua Alternativa KAS, Tales la Independencia y Fuera Cuerpos de Seguridad,

EHKS antes Ikasle Abertzaleak – Sindicatos de Estudiantes de gran implantación y actividad en las universidades e institutos. Por el congreso en noviembre 2025.

ITAIA – feministas.

Sindicato de la Vivienda (0KUPA) vinculado al Movimiento Sozialista donde se integran también GKS y Kontselilu Sozialista.

Se puede determinar que estos grupos han evolucionado hacia una mayor disciplina en la actuación de manifestaciones, una uniformidad totalmente de negro BLACK BLOC y movimiento de lucha callejera perfectamente organizados,

Organización de los grupos y apoyo a otros como los ultras del futbol.

Buena preparación física muchos de sus elementos practican artes marciales.(MMA ).

Por todo ello la labor policial, estará centrada en

Determinar los grupos e integrantes, y otros que les apoyen dentro o fuera del País Vasco,

Lugares de reunión o de ocultación de los materiales que utilizan.

Control de las redes sociales

Captación de información.

Y en las actuaciones policiales fundamental debe ser las Medidas de Autoprotección y en las actuaciones que hagamos por su extrema violencia.

3.- Inspector Brigada de Información de Vitoria

TERRORISMO ISLAMICO,

Durante el año 2024 en España han sido detenidos 81 personas por yihadismo, em mayor numero desde el 11.M. las zonas de mayor influencia son Cataluña y Andalucía, por PN y GC.

Es un fenómeno ascendente a nivel global y en España con mayor razón , producido por el aumento de la inmigración de países musulmanes o refugiados por conflicto bélicos o la aspiración de la creación por los musulmanes del EL ANDALUS.

Hablamos de la Yihad, sus orígenes, símbolos con el Corán y su doctrina de recogida en las sharías. Sus banderas, UNMA unidad de creyentes, las mezquitas y sus imanes. Según las banderas que utilicen podremos determinar sus organizaciones la mayoría de las veces son de color negro.

Como Policias deberemos estar atentos a estos movimientos y deberá existir una perfecta coordinación y colaboración entre toras las brigadas y mas entre Información y Extranjería.

Localización de mezquitas o lugares de rezo, imanes, signos y vestimentas que utilizan, locutorios, redes sociales, peluquerías y otros centros de reunión.

Intentar detectar elementos radicales y células, sin olvidar en ningún momento de los Menas,

El mayor peligro nos puede venir del Lobo Solitario cada dia mas utilizado , que atentara con explosivos, vehículos, armas de fuego o blancas intentan producir el mayor número de víctimas., buscan lugares con una afluencia de personas. Abundante en épocas navideñas según se ha podido ver en varias ocasiones.

En las intervenciones policiales debernos extremar las medidas de AUTOPROTECCION y difundir al resto de unidades policiales, sin olvidar las seguridades de los edificios .

Intentar una colaboración de otros cuerpos policiales.

Mario Sánchez Santos.

La Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación después de detectar un aumento del 60% de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de inmigrantes que quieren aprovecharse de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. En bastantes casos, han podido comprobar que existían «antecedentes» penales y policiales en España y en otros países. Las nacionalidades más propensas a utilizar esta trampa son la pakistaní, argelina, marroquí y colombiana.

La Policía ha recomendado que los funcionarios que realizan estos trámites procedan a una «identificación plena» del denunciante, incluyendo una comprobación de la situación administrativa en España. En el escrito con fecha de 10 de febrero pasado y publicado en la prensa en general, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advierte de que «este tipo de denuncias experimenta un incremento de aproximadamente el 60%». Además, informa de que las nacionalidades «de mayor incidencia» son por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, que aumenta un 114% y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, sólo el incremento porcentual.

El cuerpo policial señala que este aumento de las denuncias se ha detectado comparando las cifras entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con respecto a 2025, coincidiendo con el anuncio del Gobierno de legalizar a más de medio millón de inmigrantes ( en realidad serán más de un millón ) que acrediten un mínimo de cinco meses de permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. De ahí que miles de inmigrantes estén maniobrando para tapar sus delitos.

«Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de legalización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados», ha indicado la unidad policial El documento es un oficio que lleva por título «difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados».

Varios sindicatos de la Policía Nacional, como Jupol, mostraron su enfado ante el anuncio de Pedro Sánchez al verlo como una medida de «cálculo político» y porque se va a llevar a cabo «sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad»pública. En este sentido, las organizaciones sindicales alertaron del «efecto llamada» y de que podría generar el «fraude del pasaporte perdido», además de suponer un «balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos». La información con la que cuenta la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en este marco de legalización masiva, se podría estar recurriendo a la práctica de alegar una pérdida del pasaporte «buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria».

Desde este órgano de seguridad, advierten de que han podido comprobar que en muchos casos existían «antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países». También se ha detectado falsificaciones al recurrir a «otras identidades diferentes de la denunciada», así como «resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor» ( denegaciones de residencia y órdenes de expulsión ).

El efecto llamada del Gobierno social-comunista que disfrutamos, ha derivado en el colapso de los consulados de países como Pakistán, Argelia o Marruecos y en centros de inmigrantes como el de Ceuta. La situación cada vez es más delicada ya que se han generado peleas en los aledaños de las delegaciones diplomáticas, mientras que los inmigrantes del centro de Ceuta viven hacinados y en muy malas condiciones. De hecho, 50 personas han sido trasladadas a otras regiones debido a este colapso.

Las cifras que maneja el Gobierno para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya se encuentran en España están «muy lejos» de la realidad. Los expertos policiales creen que, «en la práctica», se podrán beneficiar «entre dos y tres millones» de personas gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para traer a sus parientes más cercanos.«No serán sólo los padres e hijos. Los datos apuntan a que ese proceso afectará a otros niveles de parentesco».

El Gobierno sanchista alcanzó un acuerdo con el partido Podemos –aunque en realidad los votos de la formación política no serían necesarios para aprobarlo– para normalizar la situación de centenares de miles de personas que ya están ilegalmente en nuestro país. Los primeros cálculos oficiales apuntaron a unas 500.000, aunque organismos privados como Funcas -fundación privada de acreditada solvencia- creen que ascendería al entorno de 840.000 en enero del año pasado. En la actualidad es muy probable que superen el millón.

La propuesta del Gobierno ha sido criticada por la oposición por el evidente «efecto llamada» que crearía. El Gobierno social-comunista manifiesta que no creen que esto se produzca, ya que sólo se regularizará a aquellos que puedan demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, alertan de que el mensaje que se da a las mafias que trafican con personas y a quienes esperan para llegar a Europa es claro: «Lo que les llega es que en algún momento, si llegan y no mueren en el camino, es que se les convertirá en legales».

Lo que no se podrá controlar son los familiares que luego quieran reagruparse con los que ya están aquí», abundan los técnicos. De ese segundo proceso es de donde sale la cifra de los «dos o tres» millones finales que los responsables de la Comisaría General de Extranjería manejan. A los policías que luchan contra la trata y la inmigración ilegal les preocupan otros dos aspectos. El primero, la dificultad de adaptar los servicios públicos a un incremento de población «tan repentino». El segundo, es la seguridad ciudadana.

El borrador del decreto ley, que está elevado a consulta pública y que tenía que convalidarse antes del finales del pasado mes de febrero, indica que no podrán normalizar su situación aquellos con antecedentes penales. «No es lo mismo tener una sentencia que un historial policial. La primera puede tardar años en llegar, así que vamos a legalizar a muchos que se dedican a los pequeños robos o al menudeo de droga».

La norma recoge que los interesados tendrán que presentar un documento en el que no aparezca que han cometido delitos previamente. El problema, según los especialistas policiales, es que tendrán que ser los países de origen los que emitan ese certificado. De no responder, los extranjeros sólo tendrán que aportar una declaración responsable en el que aseguran no tener antecedentes.

Este aspecto, choca con la actual Ley de Extranjería, que en su punto 31.5 detalla que «para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido». La comunidad jurídica expresa que, si no se modifica ese punto, el real decreto del Pedro Sánchez para regularizar inmigrantes «sería muy fácil de tumbar» ante el Tribunal Supremo pidiendo «la suspensión cautelar» porque «una simple declaración responsable no da por cumplido ese punto de la ley orgánica».

La redacción del proyecto y su negociación se llevaron a cabo sin pedir informes policiales a la Comisaría General de Extranjería, según ha trascendido. Los profesionales en esta materia muestran su «extrañeza» y «enfado» a partes iguales. Sorpresa porque no se haya trabajado la propuesta con documentos y estadísticas oficiales sobre un tema tan delicado. Y cabreo porque, después de que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciase el pacto con el Gobierno, nadie haya preguntado a los especialistas, a pesar de haberse elevado a consulta pública, el paso previo a convalidarlo en el Congreso.

Oficialmente, los expertos de la Policía Nacional no han redactado informe alguno respecto a la regularización de este supuesto medio millón de personas pese a a tener la competencia exclusiva sobre la materia. Este Cuerpo policial tiene dos unidades especializadas en la criminalidad relacionada con la inmigración. Una es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, desplegada en todo el territorio nacional y segunda, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una suerte de «inteligencia» inmigratoria, centralizado en Madrid.

A nivel europeo, ha ocurrido algo llamativo. Cuando una delegación nacional lleva al pleno de la Eurocámara un asunto de consumo interno, el hemiciclo se vacía, los oradores se reducen al país implicado, la Comisión se pone de perfil y la discusión se despacha sin dejar huella. En esta ocasión ocurrió todo lo contrario. El debate sobre la legalización de inmigrantes decretada por Pedro Sánchez se extendió casi dos horas y movilizó a más de 60 eurodiputados de la mitad de los Estados miembros.

Representantes de los gobiernos de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría cargaron contra la iniciativa de Sánchez. La amnistía inmigratoria, advierten, «socava nuestros esfuerzos comunes por reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal». Se trata de una medida «unilateral» que «ignora la seguridad de los ciudadanos europeos» y «pone a Europa en riesgo», ya que los emigrantes podrán moverse por todo el espacio Schengen. ( toda la Unión Europea menos Irlanda y Chipre ) .»No tiene que ver con la solidaridad; es una estrategia política para mantenerse en el poder», denuncian.

El comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, que al principio se lavó las manos alegando falta de competencia, endurece ahora el tono: como regla general, los inmigrantes irregulares deben abandonar la Unión Europea ( UE ). «Sin esto, nuestras políticas no son creíbles», enfatiza. Sánchez deberá asegurarse de que su regularización «no tenga consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea» y de que los beneficiarios no usen su permiso de residencia como “cheque en blanco”. Aunque Bruselas no puede parar la medida, las protestas y el aislamiento de Sánchez continuarán.

El precio de la vivienda en venta y alquiler en España está desbocado desde hace años debido a la nefasta gestión de este Gobierno social-comunista. La falta de oferta, el aumento de la población a costa de la inmigración, la inseguridad jurídica, la insuficiente construcción de nuevas unidades y de vivienda social, así como las medidas regulatorias poco eficaces, son las principales causas del aumento de precios, opinan los expertos. El valor de la vivienda en venta en España creció un 9,8% entre enero de 2024 y enero de 2025, mientras que el alquiler aumentó un 11,8%, tal y como revela el informe de precios de la plataforma idealista.

Según los últimos datos del INE ( Instituto Nacional de Estadísdica ), la población de España aumentó en 115.612 personas durante el cuarto trimestre de 2025, hasta situarse en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, de los cuales 10.004.581 son extrranjeros, el 20,03%.. Las principales nacionalidades de este grupo son la venezolana, la colombiana, y la marroquí. La lógica es simple: con más personas, se necesitan más casas.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró en una sesión en el Senado en 2024 que España necesita entre 200.000 y 250.000 inmigrantes anuales para mantener el sistema de bienestar y las pensiones, aunque otras fuentes apuntan que no será suficiente. España necesita inmigración, pero los emigrantes necesitan casas donde vivir. Con las condiciones actuales del mercado, la inmigración tiene un impacto significativo en el importe de la vivienda, ya que la falta de oferta hace que españoles y extranjeros compitan por una casa.

“La inmigración juega un papel fundamental en la dinámica del mercado de la vivienda en España. A día de hoy, el crecimiento de la población en el país está impulsado principalmente por la llegada de emigrantes, ya que la población nacional española está en declive debido a la baja tasa de natalidad”,.“La mayoría de los inmigrantes que llegan a España no cuentan con redes familiares o económicas que les faciliten el acceso a una vivienda propia, por lo que dependen, en gran medida, del mercado de alquiler. Como consecuencia, los precios han aumentado, especialmente en las grandes ciudades”,

Las dificultades para encontrar un hueco en el mercado de la vivienda condiciona la vida de miles de emigrantes. Los datos hablan por sí solos. Según un estudio reciente de la organización Provivienda, el 47% de las personas extranjeras interesadas por un alquiler son rechazadas, frente al 32% de los nacionales. Además, cuando se les cierra la puerta a un alquiler, los foráneos reciben dos alternativas habitacionales frente a las cuatro que ofrecen los nacionales. El informe publicado en 2025, recoge que el racismo inmobiliario se aplica casi sin excepción: el 99% de las agencias aceptan ‘cláusulas racistas’ por parte de los propietarios que quieren utilizarlas para ofrecer su piso en alquiler.

Basta con echar un vistazo a las cifras para observar cuánta vivienda compran, dónde y de qué tipo. Solo el 13% de los compradores de casa en España tienen nacionalidad extranjera, según datos del Colegio Oficial de Registradores. Además, su presencia se concentra en mercados muy concretos y, en muchos casos, en segmentos de precio medio-alto o alto. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que más de un tercio de los extranjeros (36,6%) que llegaron a España en 2024 residen fuera de las comunidades autónomas de mayor tensión (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias).

El sector de la construcción, clave para movilizar vivienda en un contexto de déficit de oferta, lleva meses pidiendo regularizaciones de emigrantes y flexibilización de requisitos de entrada para paliar una falta de mano de obra en el mundo inmobiliario. Desde el Ministerio de la Vivienda afirman que la industria constructora reclama la necesidad de apertura de nuestro país. Los emigrantes son el 20% de los trabajadores de la edificación y obra pública. Las proyecciones realizadas hasta la hecha indican que hasta 2.028, España espera ganar 3,5 millones de personas debido al fenómeno inmigratorio y arrastra un déficit acumulado de 700.000 viviendas en la última década, según informa el Banco de España. Una cifra que como no se corrige, sigue creciendo y encareciendo los precios de compra-venta ya en máximos como ha ocurrido en los últimos 14 años.

Los especialistas en esta materia indican que los inmigrantes han contribuido a la subida de precios de la vivienda en un contexto en donde la oferta residencial no ha respondido lo suficiente. Desde 2.019, los niveles de extranjeros con residencia permanente han aumentado un 50% hasta un nuevo máximo mientras que las casas disponibles apenas han crecido. Desde 2.016 hasta 2.024, la llegada de inmigrantes ha sumado presión al valor de los inmuebles, en 2.024 llegó al seis. Un valor que entre 2.010 y 2.015 era casi nulo, con su punto más bajo en 2.012, cerca de 1.

Estos resultados, sugieren que la emigración no estaba presionando los precios al alza o que otros factores económicos como las secuelas de la crisis financiera de 2.008 tenían un peso mayor. Sin embargo, en el mismo período la creación de vivienda no se motivó por el aumento de residentes extranjeros. A partir de 2.018, hay un ligero incremento pero apenas supera el 0,5 del índice. Los precios han respondido mucho más rápido que lo que ha hecho la construcción.

La entrada de inmigrantes supone también un aumento de la fuerza laboral para el mundo de la construcción de vivienda. La Seguridad Social sitúa en más de 84.000 autónomos extranjeros en este sector industrial a cierre de 2.025. Pero en el caso de España, el défict es especialmente importante donde los inmigrantes se han ido concentrando y donde no se ha expandido el sector de la construcción de manera suficiente. Para esto, antes de la explosión inmigratoria en los inicios del 2.000, el mercado inmobiliario era más homogéneo, con una mayor proporción de propietarios y distribuidos por todo el territorio nacional.

Hoy en día, el perfil de quién busca casa es diferente al optar por el alquiler y en las grandes ciudades aunque sea más caro como Madrid y Barcelona. Lo que se traduce en una presencia muy desproporcionada que genera nuevas necesidades que no se están resolviendo con la carencia de política de vivienda de este Gobierno social-comunista que no hace más que tensionar la oferta sin aportar nuevos desarrollos urbanos. Los promotores urbanísticos llevan varios años advirtiendo de la necesidad de construir pisos por lo que ahora es necesario recuperar del orden de 250.000 unidades al año para cubrit el déficit acumulado. Además de duplicar la producción anual, incluso con capital internacional si es necesario.

Las actividades inmobiliarias sufrieron una caída récord de empleo en la recta final de 2025. Según la última Encuesta de Población Activa del INE, el mundo de la vivienda perdió más de 20.000 ocupados en el cuarto trimestre del año pasado, hasta quedarse con menos de 167.000, lejos del récord que alcanzó en verano. Estos resultados, que contrastan con el momento de ebullición de la construccción, son una señal de la falta de oferta que arrastra el mercado residencial y del cambio de modelo productivo que está en ciernes, marcado por un mayor peso de los autónomos, la digitalización, la profesionalización y la eficiencia. Según los técnicos, el sector se encamina hacia una mayor concentración.

El impacto de las políticas de vivienda de los distintios Gobiernos de Pedro Sánchez desde 2.018 y más desde 2.023 cuando se aprobó la Ley de Vivienda ha generado una reducción de la oferta de alquiler residencial de larga temporada. Existen distintas cifras según la fuente, centrándose la mayoría en la pérdida de casas tras la nueva ley. Según el Observatorio del Alquiler, más de 120.000 inmuebles hasta mayo de 2.025 y más de 240.000 según otras. Sea una u otra estas cifras constituyen una sangría en la oferta tradicional.

Las causas de la retirada del mercado han sido porque los propietarios han trasladado sus viviendas al alquiler de temporada o de habitaciones, o directamente a la venta, debido a las limitaciones de precios en las zonas tensionadas, la mayor duración de los contratos y la falta de seguridad frente a la ocupación, factores todos ellos potenciados por la referida Ley de Vivienda.

Y ya para complicar los eternos tiempos de espera para la tramitación y resolución de los expedientes de residencia y trabajo de los inmigrantes, la base de datos policial que se encarga de estos asuntos sufre una incidencia grave ( colapso ) desde el pasado mes de diciembre y tiene paralizados o retrasados todos los documentos necesarios. Se habla de más de 200.000 expedientes. Para paliar en lo posible este estancamiento, los funcionarios están resolviendo la situación de manera manual, uno a uno y no dan abasto lógicamente. La sobrecarga del sistema no augura su total recuperación en un breve espacio de tiempo ya que a estas alturas de año aún no está resuelto.

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Desde que llegan a España los inmigrantes ilegales, se ven atrapados en un laberinto burocrático que es el Reglamento de Extranjería, del que esperan salir mediante la regularización extraordinaria anunciada por nuestro generoso Gobierno social-comunista, a principios de año. Centenares de miles de personas están a la expectativa de lograr un permiso de trabajo y residencia. El proceso nace de la recuperación por Podemos de una Iniciativa Legislativa Popular ( ILP ) -aunque no lo reconozcan- impulsada por entidades sociales, agrupadas en la plataforma ‘RegularizaciónYa’ y que dormía el sueño de los justos en algun cajón del Congreso de los Diputados

Cuando plantearon la medida los cachorros comunistas, sus cálculos -intencionadamente a la baja- eran que unos 500.000 emigrantes podrían lograr papeles; hoy, entidades como Funcas -fundación independiente- han actualizado la cifra y la elevan hasta 840.000 inmigrantes potencialmente beneficiados. Para proyectar el dato, desde esta entidad han cogido la lista de personas empadronadas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) –que pueden tener permiso de residencia o no- y se resta de las personas que tienen permiso de residencia, de estudios o por asilo. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar el proceso, afirman carecer de información al respecto en una nueva mentira piadosa. ¡ Dejarán de saberlo !. El portavoz del grupo de extrema izquierda Podemos en una entrevista realizada en Radio Nacional de España también afirmó que, en realidad, serían 800.000 o más los extranjeros afectados.

¿Quiénes son, dónde viven y de dónde vienen?, El perfil mayoritario es el de una persona originaria de Hispanoamérica, que ya está viviendo aquí y que tiene una red social, de familiares y/o amigos, que lo apoya, según explica la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar. “Los más numerosos nacieron en Colombia, Perú y Honduras. Son jóvenes, en edades laborales activas, mayoritariamente ya están ocupados en la economía informal, en empleos poco remunerados y de baja cualificación”, detalla. Si reproducen el patrón de los emigrantes que hoy sí tienen papeles, la mayoría viven en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Actualmente, España es una de las economías que más crece de todo el Viejo Continente y gran parte de esa bonanza se explica por la intensa incorporación de personas nacidas en el extranjero. En los últimos cinco años, se han creado en España 2,4 millones de empleos en la economía formal, de los cuales el 39% los han ocupado emigrantes. Los nacidos fuera de España pero que cotizan en España ya superan los tres millones de personas y la regularización anunciada por el Gobierno promete disparar la cifra.

“La gran mayoría de emigrantes en situación irregular entran en España a través del aeropuerto de Madrid- Barajas. Desde prácticamente toda la América hispana pueden acceder a España sin visados, como turistas. Aquí, encuentran un mercado laboral que demanda gente y gran parte de los que vienen ya tienen un familiar o un amigo que les recibe. El recorrido inmigratorio lo tienen hecho”, explica la investigadora de Fedea y profesora de la UCM Claudia Finotelli.

Esta especialista en gestión de extranjería señala la evidente mejora que experimentarán las vidas de aquellos que acaben acogiéndose a la regularización, ya que obtener un permiso de trabajo les permite –que no garantiza- conseguir un empleo con unos mínimos y una vez legalizados “la evidencia empírica señala que la gran mayoría ya no vuelven a la irregularidad”. No obstante, también señala las contradicciones que le supone al Estado tener que recurrir a una medida extraordinaria como esta.

Lo cierto es que durante años, el modelo de extranjería ha perdido eficacia. El arraigo social exigía -tradicionalmente tres años de invisibilidad- y dos desde el año pasado; el arraigo laboral era casi inaccesible; la contratación en origen se había convertido en una ficción administrativa. Las Oficinas de Extranjería acumulaban retrasos increíbles y la irregularidad sobrevenida se multiplicaba. Cuando cientos de miles de personas viven en la ilegalidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural: es el síntoma de un sistema que ya no puede gobernar la realidad que debe regular».

“Sánchez ha aprendido la lección de Zapatero y ha dado más tiempo a presentar papeles y no requiere contrato de trabajo previo, lo que dejaba la regularización en manos de los empresarios. Desde la izquierda se piensa en que no nos podemos permitir una economía sumergida ante el reto demográfico que tenemos por delante”,

“Es un parche para resolver un modelo de captación de mano de obra extranjera que es muy deficitario y que alimenta una economía que depende de sectores muy volátiles y precarios y necesita incorporar a mucha gente que cobre bajos salarios”, afirma la investigadora de Fedea. «No le veo sentido al debate entre regularización sí o no, deberíamos reflexionar sobre qué tipo de modelo productivo queremos», añade.

Mayoritariamente, los informes coinciden en señalar que la regularización supondrá una mejora para las condiciones de vida de los potenciales beneficiados, aunque no está claro que todas las personas que tengan derecho a legalizarse acaben aflorando a la economía formal y una parte seguirá en la economía sumergida.

Las empresas ven con buenos ojos la medida, especialmente las de la construcción, el campo, el transporte, la hostelería o el cuidado de personas, sectores donde la población emigrante legal ya está hoy sobrerrepresentada. La legalización les habilitará de más mano de obra en un contexto en el que, pese a las todavía altas tasas de paro, lamentan falta de personal en distintas profesiones, habitualmente las peor remuneradas.

No obstante, economistas y sindicatos advierten de que no todas las empresas o particulares que hoy dan empleo informal querrán asumir los costes derivados de contratar a esas personas, como pagar cotizaciones sociales o reconocerles derechos básicos como bajas por enfermedad, vacaciones o prevención de riesgos laborales, entre muchos otros.

Los sindicatos ya están preparando campañas para tratar de organizarlos y que esta oportunidad suponga una mejora de sus condiciones y les permita consolidar una carrera profesional a medio y largo plazo en España. La legalización de estas personas no supondrá un tapón o una mayor competencia para la población nacida aquí a la hora de encontrar un trabajo, “ya que gran parte de las profesiones que hoy copan los emigrantes son profesiones a las que los autóctonos no quieren acceder y para las que están sobrecualificados”, explica la directora de Estudios Sociales de Funcas.

La Seguridad Social arrancó 2026 con 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, tras sumar 195.129 cotizantes en el último año. Detrás de esa cifra hay un protagonista claro: los trabajadores venezolanos, que se han convertido en el colectivo que más crece en términos absolutos y relativos. Los afiliados procedentes de Venezuela aumentaron en 34.651 personas respecto a enero del año anterior, un 19,7% más, hasta alcanzar los 210.984 cotizantes. El avance coincide con el nuevo escenario político abierto tras la caída del tirano Nicolás Maduro. Parte del colectivo ya residía en España, pero el contexto reciente ha acelerado procesos de regularización e integración en el mercado de trabajo.

El liderazgo venezolano se asienta después de que el mes pasado adelantaran a sus vecinos colombianos, que eran los que más nuevos empleos de origen foráneo aportaban a la Seguridad Social. El flujo de llegadas de trabajadores venezolanos a España se ha intensificado de manera sostenida en la última década y ha marcado una progresión sin precedentes en los registros disponibles. Este patrón refleja la magnitud del éxodo venezolano: se estima que en la última década han salido del país más de ocho millones de personas, impulsadas tanto por la crisis económica como por la prolongada dictadura política que ha caracterizado al régimen chavista y su impacto en la economía local.

Su crecimiento no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una transformación estructural del mercado laboral español que está actuando como palanca del ciclo expansivo. Desde 2022, la economía acumula 8,9 puntos de crecimiento del PIB. De ellos, 4,2 puntos -el 47% del total- se explican por la aportación de los trabajadores extranjeros, según el estudio ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, publicado por Funcas. Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores, prácticamente todos de origen extranjero. España cuenta hoy con 22,4 millones de ocupados, la cifra más alta de su historia. De ellos, 3,57 millones son extranjeros y 4,79 millones si se incluyen quienes tienen doble nacionalidad.

Sin esa aportación, el empleo estaría prácticamente estancado en un contexto de envejecimiento acelerado de la población nacional. El fenómeno ha supuesto, en términos económicos, una auténtica conmoción de oferta: más trabajadores disponibles han permitido elevar la producción sin trasladar toda la presión de la demanda a los precios Los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de afiliados a la Seguridad Social. Su peso es especialmente elevado en construcción, hostelería, agricultura y servicios personales. En construcción superan una cuarta parte del empleo; en agricultura rebasan el 27%; y en el trabajo doméstico se aproximan a la mitad.

Según el análisis de Funcas, la inmigración ha facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas. En el último lustro, el crecimiento del empleo entre españoles se ha concentrado en categorías como directivos y profesionales cualificados, mientras que las ocupaciones más básicas dependen en mayor medida de mano de obra extranjera. Sin ese flujo migratorio, la economía habría respondido al tirón del turismo o a la demanda de vivienda vía precios, más que vía producción. Es decir, el crecimiento habría sido menor y la inflación, mayor.

En paralelo, el emprendimiento emigrante gana peso. Los autónomos extranjeros alcanzan los 496.330, un 6,2% más que hace un año, con presencia creciente en actividades tecnológicas y de servicios avanzados. El dinamismo del colectivo venezolano simboliza ese giro estructural. España no solo incorpora mano de obra para cubrir vacantes: amplía su capacidad productiva en un momento en que la mayoría de economías europeas enfrentan contracción demográfica. Hoy, uno de cada cinco residentes en el país ha nacido en el extranjero. Sin embargo, los expertos advierten de que la inmigración no resuelve por sí sola los desequilibrios de fondo. La fotografía, en todo caso, es nítida. El crecimiento económico reciente no se entiende sin la inmigración.

Por otro lado, el pasado mes de enero se cerró con 918.756 personas en paro fuera de la estadística. Es el mayor registro desde que se aprobó la reforma laboral impulsada por la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para transformar la contratación temporal en indefinida, donde se encuentran los fijos discontinuos. Este tipo de contrato permite a la empresa suspender al trabajador en los periodos de menos actividad. Y aunque el empleado tiene la garantía de mantener el contrato con la empresa y volver a ser llamado, queda desempleado, sin actividad ni sueldo, durante ese periodo. Sin embargo, no se incluye en el paro registrado como el resto.

Esta categoría creció con fuerza en la fiebre china ( pandemia ), cuando numerosas empresas suspendieron su actividad y los ERTE ( Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ) se convirtieron en una figura clave para suspender trabajos temporalmente; pero con la desescalada y la recuperación de la normalidad, volvió a sus niveles habituales en 2022, justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Ante la polémica desatada, el Ministerio de Trabajo se comprometió hace ya tres años, en enero de 2023, a informar del número exacto de fijos discontinuos inactivos. En definitiva, a separar la cifra de ese total de demandantes de empleo con relación laboral. Sin embargo, a día de hoy sigue sin hacer público ese dato.

El 2025 ya se cerró con casi 900.000 demandantes de empleo con relación laboral, alrededor de un 200% más que en 2019, lo que anticipaba que se podía superar esa cota en los próximos meses. En este enero este tipo de desempleados crecieron en 25.823 personas, casi lo mismo que subió el paro registrado que oficialmente comunica el Gobierno sanchista .En el mes pasado, se perdieron 270.782 empleos y el Ministerio de Trabajo informó de que el paro registrado aumentó sólo en 30.392 personas, una brecha que si bien depende de otros factores (jubilaciones o personas que pierden su trabajo y no se inscriben en el SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- por falta de incentivos), podría explicarse en gran medida con los fijos discontinuos inactivos.

La suma del paro registrado y el paro oculto da como resultado el paro «efectivo», un término acuñado por Fedea. Con los últimos datos, se situaría en los 3,36 millones de personas. En enero de 2019 esos parados totales, según los datos del SEPE, eran 3,57 millones, lo que indica que se ha producido una bajada del 6%, frente al descenso del 26% que ha registrado el paro sin este colectivo. En definitiva, el peso de los fijos discontinuos en el mercado laboral y su desempleo en meses como enero, por la fuerte estacionalidad que mantienen los trabajos, aleja las cifras oficiales de paro de la realidad. Tal y como se ha publicado, uno de cada cuatro parados inscritos en las oficinas del SEPE ( Srvicio Público de Empleo Estatal ) está oculto en la estadística.

Nos hemos acostumbrado a que el Gobierno social-comunista dedique buena parte de sus esfuerzos al desarrollo de cortinas de humo para encubrir el escenario crítico que lo envuelve y que habría acabado ya con la legislatura y con cualquier administración en las democracias de nuestro entorno. Es una pulsión y una estrategia que Pedro Sánchez maneja con un virtuosismo indiscutible. Pero hay señuelos y señuelos. Y, sin duda, ni es menor, ni inocuo el Real Decreto ( no Real-Decreto-Ley ) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que dicen se encuentran en España sin mencionar la menor explicación numérica, ( ¿ de dónde sale esa estimación ? ) tras un pacto entre PSOE y Podemos, que no tendrá que pasar por el Parlamento porque lo harán modificando el Reglamento de Extranjería, ténica jurídica muy custionable porque va a cambiar aspectos de la ley de Extranjería que además tiene carácter de orgánica.

Como el sanchismo cuenta con una trayectoria y un bagaje consolidados de engaños y mentiras, parece difícil explicar en razones de humanidad, derecho, dignidad y justicia este proceso masivo y en la práctica con muy buenas condiciones para esos cientos de miles de personas y sus familias. De haber sido así, podría haber facilitado en su momento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos menos Vox y que el PSOE ha bloqueado desde entonces. Obviamente, el oportunismo político ha activado la espoleta de una situación potencialmente muy explosiva que solo desde la irresponsabilidad y la malicia se puede relativizar.

Por no hablar del procedimiento escogido para eludir el Congreso en una alcaldada impropia de un Estado de Derecho, pero que retrata una degeneración personalista. El argumentario, los artificios y el confeti del oficialismo no se sostendrán frente a una decisión que presionará unos servicios públicos ya al límite, activará un efecto llamada masivo, embestirá contra las unidades y los funcionarios de extranjería con un volumen millonario de trámites y cotejos imposibles, deslegitimará las normas migratorias, tensionará la sociedad y la seguridad ciudadana, cuestionará y debilitará las políticas imperantes en Europa de protección y control de las fronteras por el libre tránsito en la Unión e impactará en el mercado de la vivienda con más demanda, entre otras.

No hay remedios mágicos para la inmigración ilegal, pero estoy convencido de que la demagogia, el populismo y la cancelación de la Ley y parte de los trámites administrativos, arman una bomba de relojería para todos y no forman parte de la ayuda eficaz y real para las personas que demandan de las autoridades, honestidad y atención, sin que se las manipule como piezas de los cambalaches del Gobierno sanchista, el partido Podemos y la transferencia inmigratoria para Cataluña. Mucho me temo que, como es norma en el sanchismo, pronto se olvidarán de ellos, y tendrán que buscarse la vida entre una burocracia sobrepasada, mientras Moncloa preparará otra cortina de humo. Por lo pronto, esta última no puede ni debe condicionar las consecuencias políticas, y veremos si penales, de la calamitosa gestión ferroviaria. Hay que abrir las puertas, sí, pero a la justicia.

.Los sindicatos policiales han salido rápidamente a expresar su radical oposición a esta medida, que va a significar un claro “efecto llamada”, y destacando la carencia de efectivos en los servicios de extranjería, entre otros, para atender a esta población que agrava situaciones ya críticas que provocan un colapso imposible de gestionar. Señalando además que carecer de antecedentes “penales” no es lo mismo que carecer de antecedentes “policiales”, lo que es un dato muy significativo en cuanto a la situación que puede crear en la seguridad pública y la convivencia ciudadanas tan enorme cantidad de inmigrantes legalizados. Una medida más de desguazar el Estado para satisfacer a Pedro Sánchez su deseo de continuar en la Moncloa

Esta concesión a Podemos -hasta ahora muy crítico con el gobierno por su enfrentamiento político con Yolanda Díaz- se ha efectuado a su vez mediante una cesión que claramente beneficia a los de Juntos por Cataluña ( Junts ) e Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), además del socialista Salvador Illa, que no olvidemos está al frente del gobierno regional catalán con el apoyo de Oriol Junqueras, de ERC. El precio pagado por los de Iglesias ha sido levantar el veto a que se transfiera a la administración catalana la gestión de la política inmigratoria que consideran “xenófoba”.

La consecuencia de tal cantidad de inmigrantes legalizados -debido a que, no se olvide, habían llegado a España ilegalmente- es un “efecto llamada” indiscutible. Y totalmente en contra de la política inmigratoria de los países de la Unión Europea ( UE ) que están reforzando los controles y facilitando expulsiones de inmigrantes irregulares. Así sube la población activa y ocupada y sube el Producto Interior Bruto ( PIB ). Pero, como señala el Consejo General de Economistas en su barómetro económico, la Macro y la Micro (economía) no coinciden y no se perciben mejoras en los hogares, empresas y ciudadanos.

Es un error pensar que Pedro Sánchez se mueve por cualquier otro interés que no sea el estrictamente personal. Ahora ha decidido imponer una regularización masiva para alterar el censo electoral y complacer a sus socios de la izquierda radical y antisistema de Podemos y Sumar. No hay que sorprenderse, porque es coherente con una estrategia característica de la izquierda castrista, sandinista o chavista. Las instituciones tienen que estar al servicio del líder y el Poder Ejecutivo tiene que someter al resto de los poderes del Estado.

Por supuesto que el objetivo fundamental es alterar el censo en las próximas elecciones municipales – mayo de 2.027 ( pueden votar no solo los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España sino también aquellos nacionales legales con los que España tenga acuerdos de reciprocidad y que son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago ) mientras hace lo mismo con nacionalizaciones masivas, más de 250.000 cada año, así como por la aplicación de las antiespañolas leyes de la Memoria Histórica que solo buscan la división. Desde que llegó al poder, el sanchismo ha conseguido incrementar la población en más de tres millones por medio de una inmigración que espera también le resulte útil en las elecciones generales. No le importa que sea un auténtico disparate y que tenga un coste multimillonario a la vez que tensiona todos los servicios públicos, mientras le pueda dar votos.

Es cierto que no se sabe qué van a votar, pero la euforia del sanchismo político y mediático es un claro indicador de la estrategia que subyace en esta inquietante iniciativa populista. Se hace sin buscar ningún tipo de consenso y orillando, por supuesto, a las Cortes. Nada le puede gustar más que gobernar a golpe de decreto mientras sus palmeros critican a presidente norteamericano Trump por utilizar las órdenes ejecutivas, aunque respetando, como no hace él, al Congreso y al Senado en las materias que constitucionalmente le corresponden. En cambio, no ha presentado aún el proyecto de Presupuestos Generales para este año y la prórroga proviene de un texto de la pasada legislatura.

Los regularizados procedentes de Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y los países hispanoamericanos podrán solicitar la nacionalidad tras solo dos años y entonces ya sí podrán votar con carácter masivo.. El resto no tiene que preocuparse, porque el sanchismo buscará la fórmula que lo permita. Hemos pasado del clientelismo de la Restauración ( período post-napoleónico ) a uno nuevo que es a golpe de Boletín Oficial de Estado ( BOE ), como muy bien señalaba el Partido Popular ( PP ). El Gobierno no quiere organizar el fenómeno emigratorio y buscar que tenga un importante valor añadido. Ni siquiera le importa que haya delincuentes que se beneficien de la norma.

El Movimiento ‘Regularización Ya’, afincado en la órbita de Podemos, ha aproximado hasta casi el millón de inmigrantes que se verán beneficiados por la regulación masiva acordada entre Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como primera medida legislativa tras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos, en la provincia de Córdoba. Hay que recordar que esta propuesta lleva desde marzo del año pasado en fase de negociación de ambas formaciones políticas. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha entrado, vía telefónica, en los estudios de RNE de Prado del Rey para someterse a una entrevista ante los micrófonos del programa ‘Las mañanas de RNE’, en una conversación conducida por su presentador y periodista Josep Cuní., ha querido matizar que el PSOE debe sacar adelante una cuestión que para ellos es «ineludible»: la regularización extraordinaria de casi un millón de inmigrantes en situación irregular si quiere obtener algún tipo de apoyo político del que tan necesitado está Pedro Sánchez.

Con su particular celebración en sus redes sociales, la organización política Podemos, cifra en cerca de 700.000 los emigrantes que habitan en el territorio nacional de manera irregular y se podrán acoger a la medida presentada que, a la espera de conocer las especificaciones – lo que se ha filtrado es la parte correspondiente al Ministerio de Interior y falta la del Ministerio de Trabajo- una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), eliminará los «procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos». La formación, que cuenta con el apoyo del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tachado de «logro histórico» la nueva cesión del Gobierno sanchista tras más de cinco años de reclamos.

Este partido comunista señala que todos los extranjeros que «carezcan de antecedentes penales relevantes» se podrán acoger al procedimiento antes del 30 de junio de 2026. Desde Moncloa se apunta que la intención es comenzar la regulación extraordinaria en el mes de abril y cada permiso no se extenderá por encima de los 15 días.

Debido a que los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) no marcan una tendencia certera, como respuesta a la decisión del Gobierno, el centro de análisis Funcas- expertos en los movimientos migratorios en España- publicó el pasado 26 de enero un informe sobre el impacto de la inmigración irregular en España. Con los datos facilitados hasta el 1 de enero de 2025, los ilegales que provienen de países no comunitarios representan un 17,2% de los ciudadanos ajenos a la Unión Europea. Exceptuando el periodo entre el 2021 y el 2022, cuando se cerraron las fronteras a nivel global por el impacto de la gripe china ( covid-19 ), en todos los años registrados la tónica es ascendente con el conocido «efecto llamada« denunciado por los principales sindicatos policiales y grupos de la oposición política.

A efectos numéricos -añaden- un total de 840.000 personas no han superado los trámites administrativos para regularizar su situación durante los últimos años y que ahora podrán intentarlo de nuevo.. «Esta nueva estimación apunta a un crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra apenas superaba los 100.000, (4,2%)», reza el documento publicado.

Salvo que se produzca una nueva anomalía democrática bajo el mandato del líder de los socialistas, cosa nada descartable, el Reglamento de Extranjería señala que las personas que puedan acogerse al fundamento del arraigo podrán reclamar la nacionalidad en dos años, lo que dejaría, por los plazos, sin opciones a los ciudadanos que llevan cinco meses en España. Ahora bien, en el caso de que haya una repetición electoral el escenario cambiaría..

Con mucho gusto, publico el relato que, bajo el título «El aprendizaje», me ha remitido, mi buen amigo y compañero el Comisario Pral. Mario Sánchez Santos, al «I Concurso de Relatos en la Actividad Policial», convocado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Policía Nacional de las Islas Baleares,

El día 1 de julio de 1978 un grupo de jóvenes Inspectores del Cuerpo General de Policía, procedentes de la Escuela General de Policía. Llegaban a la Comisaria de Vitoria eran recibidos por el Comisario jefe y el Comisario 2º jefe que nos da los destinos y los atributos del cargo Placa, Carnet profesional y las armas reglamentarias, 1 revolver Astra 250 calibre 38 y 1 pistola Star 9 mm corto.

Seis de este Grupo son destinados a la Brigada de Información donde pueden ver una mala situación en instalaciones 2 viejos despachos, 2 viejos vehículos K ( 1 Seat 1500 amarrillo y 1 Seat 124 rojo), personal escaso solo 4 compañeros eran más antiguos que serían nuestros maestros.

En Plan Delincuencial era una ciudad tranquila en delincuencia común y en terrorismo el 5 de marzo 1978 ETA asesina a tres policías armados .

La ciudad está en tensión ante el segundo aniversario de los Sucesos del 3 de marzo de 1976 que produjesen incidentes en las fiestas del 25 Julio o en las Fiestas de la virgen Blanca del 4 al 8 de agosto.

Por ello el jefe de la Brigada nos asignó un servicio de captación de información en la calle, dividida por zonas y en parejas, Nuestra labor era todos los dias ir a nuestra zona e informar al jefe telefónicamente, sin ir en ningún momento por Comisaria, esto nos sirvió para conocer la ciudad y alguna persona.

Todo transcurría con normalidad hasta el 7-7-1978 se producen graves incidentes en la plaza de toros de Pamplona por ello se convocan manifestaciones en todas las provincias vascas.

En Vitoria 8-7-78 se producen muchas manifestaciones que terminan con graves incidentes con agresiones a la Policia, roturas de lunas en establecimientos, lanzamiento de cocteles molotov. En la puerta de Comisaria queman un z con cocteles. Esta situación dura muchos dias y nuestra labor consiste en controlar, infiltrarnos , interrogar detenidos y hacer diligencias.

Asi empieza nuestro solitario APRENDIZAJE ANTITERRORISTA sujetos a la escasez de personal, medios materiales y sobre todo una falta de información y preparación para poder combatir el terrorismo.

En este momento en Vitoria y provincia actuaban las organizaciones terroristas: ETA-MILITAR ,ETA-POLITICO-MILITAR, COMANDOS AUTONOMOS ANTICAPITALISTAS, GRAPO, IRAULTZA, CNT, Y EXTREMA DERECHA, de los cuales teníamos que aprender sus modus operandi.

Para su solución teníamos grandes factores a nuestro favor : Juventud, Capacidad de Sacrificio y muchas ganas de aprender e investigar. Por ello dedicábamos casi todas las horas del dia al trabajo, intentando captar información conociendo gente, poder hacer detenidos, por falta de medios poníamos nuestros vehículos particulares y alguna ocasión nos apoyaban nuestras mujeres en las vigilancias. Tuvimos que comprar armas, pues los etarras tenían de 15 tiros y nosotros solo de 7, hacíamos prácticas de tiro en el CIR 11, Policia Armada nos dejaban Cetmes.

Iniciamos para captar informaciones reuniones con Oficiales de Policia Armada, Guardia Civil en los cuarteles de los pueblos, Miñones, Policia Municipal y Cesid, posteriormente con partidos politicos y en pueblos Dificil era la captación de colaboradores .

Los compañeros de la Brigadas de Información de Bilbao, San Sebastián, Pamplona, donde más incidencia tenía el terrorismo fueron nuestro gran apoyo facilitando informaciones ,fotos, modus operandi de los terroristas

Toda la actividad terrorista fue en aumento con rapidez y nosotros tuvimos que responder a cada ACCION una REACCION que produjese detenidos y captación de información lo que se fue logrando con grandes éxitos. Y creando Medidas de Autoprotección para nuestros compañeros, militares, familiares y nosotros lo que dio buenos resultados mediante charlas.

Iniciamos el aprendizaje y uso de escuchas telefónicas, manejos de cámaras fotográficas y de video llegando a comprar una cámara con nuestro dinero y posterior un ordenador .

Creo que un buen Investigador debe tener unas cualidades tales como: Constancia, Corazonada Policial o Intuición y la Suerte. Hasta aquí ha sido toda la teoría y la preparación para poder atacar al terrorismo, pero todavía no habíamos sido espectadores directos de ningún acto terrorista.

Y el primero fue el 18.7.1978 artefacto explosivo contra un Land Rover de Guardia Civil con heridos y daños.

Pero el 23-9-78 una trampa explosiva mediante la colocación de una cadena, a las afueras de Vitoria, en la que un Policia Armada resulta muerto y heridos un Capitán e Inspector Brigada de Información, Este hecho fue muy impactante para la Brigada porque podíamos haber sido más víctimas de la Brigada, nos salvamos 3 porque estábamos agregados en Pamplona. Este atentado nos sirvió de Autocritica para la actuación de llamadas anónimas de explosivos, siempre rodear la zona y actuación siempre de los Tedax. De esta forma se evitaron muchos muertos y heridos.

Tal vez el atentado que más nos impactó a los compañeros antiguos y a nosotros, fue el 23.3.1979 el asesinato del Inspector del Cuerpo Superior de Policia Antonio Recio Claver cuando estaba en el local de su suegra, sito en una céntrica calle de Vitoria, entraron 3 miembros de ETA le dispararon produciendo su muerte.

Se nos quedo grabado la declaración de los testigos ,todos decían uno de los autores llevaba un abrigo de príncipe de gales que nos sirvió para la investigación. Entre varios compañeros llevamos el féretro desde la iglesia hasta el cementerio, donde aguantamos insultos.

Esto no nos mermo el ánimo, al revés nos, produjo mayor reacción para investigar para lograr la identificación y detención de sus autores, `por primera el Cesid nos aporta datos.

10-1-1980 Asesinato del jefe de Miñones Jesus Velasco nos dejo impactado, pues 2 dias antes estuvimos con el pidiendo datos de lugares por el secuestro de Rupérez. En la sociedad produjo un gran rechazo por su puesto y forma de actuar ante sus hijas y alumnos de varios colegios que fueron testigos que colaboraron con nosotros en identificación de los autores.

Siempre se que quedo grabado la imagen de una de sus hijas, en su casa, cogiendo mi Placa “ TIENES QUE COGER A LOS QUE HAN MATADO A MI PAPA”

Podría seguir describiendo durante muchas páginas todos los atentados mortales, lesiones, amenazas por impuesto revolucionario y los daños que producían los artefactos explosivos y el ambiente de tensión que se captaba entre nuestro Cuerpo y en los ciudadanos, todo el dia estaba en alerta total , ante cualquier llamada de Comisaria,

Fuimos testigos de los asesinatos . POLICIA 12, GUARDIA CIVIL 10, EJERCITO 3, ERTZAINTZA 2 , MIÑONES 1, POLICIA MUNICIPAL 1, POLITICOS 1 Y CIVILES 13. Asi como 2 Secuestros y 350 artefactos explosivos.

Como podéis ver el tributo que pagamos fue muy grande.

Pero la parte positiva es que aquellos inspectores jóvenes aprendieron mucho y se enfrentaron a ETA con todos los conocimientos adquiridos dio como resultado . 400 detenciones, 45 comandos desarticulados, incautación de información que sirvió para evitar más atentados, incautación de armas, explosivos, vehículos y dinero. Grandes éxitos que fueron compensados por nuestros jefes y de reconocimiento por una parte de la sociedad.

No puedo olvidar uno de los servicios policiales del cual estamos más orgullosos. Fue la localización de un coche robado en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, donde iba a jugar Alaves y Lerida.

En el maletero del vehículo localizamos un artefacto explosivo con 50 kgs. de explosivo, metralleta con tornillos de las vías de trenes todo en interior bomba de butano. Fue desactivado por los Tedax. Se evito la muerte de 20 Policias y numero indeterminado de espectadores, por ser el último partido había muchos niños. Actualmente se está juzgando a una de sus autores María Soledad Iparraguirre.

Para finalizar tengo que rendir un homenaje a mis compañeros y resto de víctimas. Agradecer a quienes confiaron en nuestro trabajo y a nuestras familias que sufrieron mucho por nuestras vidas

Siempre estaré orgullo haber trabajado por y para la Policia, portando la Placa y en los últimos años en el uniforme. He tenido el mejor trabajo del mundo y encima me han pagado por ello.

Cuando veamos un uniforme de Policia Nacional pensad que son los HOMBRES DE LA PAZ que con su sangre y sacrificio lograron la disolución de ETA y otras organizaciones terroristas. ESTA ES UNA VERDADERA MEMORIA QUE NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA. Y nuestro Cuerpo debe ser garante de ello.

Ante el «incumplimiento generalizado, prolongado y estructural de las obligaciones legales de protección en materia de seguridad y salud laboral que afectan al conjunto de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», el sindicato JUPOL mantiene viva su denuncia en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una demanda que, según explican desde este sindicato policial, ha sido reformulada con una mayor contundencia técnica, haciendo uso de la herramienta jurídica conocida como «reserva de acciones» que mantiene viva la reclamación, preserva el conflicto jurídico y permite continuar el procedimiento por la vía más eficaz.

Hay que recordar que en la tramitación de la demanda anterior, la Audiencia Nacional no entró a valorar el fondo del asunto ni la abundante prueba documental aportada, sino que instó a JUPOL a «reformular el escrito para detallar de manera aún más explícita los incumplimientos atribuibles a la DGP y al Ministerio del Interior». Un hecho que no implica que la demanda haya sido desestimada o que exista desestimiento por parte del sindicato.

Según consta en la demanda, «la DGP mantiene un sistema preventivo meramente formal y burocrático, sin eficacia real, que incumple de manera habitual la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica para la Policía Nacional». A juicio de este sindicato, este modelo se limita a reproducir documentos, procedimientos y declaraciones, pero sin evaluación real de riesgos, sin planificación eficaz y sin control alguno mediante auditorías, lo que deja a los agentes expuestos a riesgos graves, ciertos y perfectamente conocidos.

Este incumplimiento coincide, tal y como apuntan desde JUPOL, con un aumento preocupante de las agresiones a policías, que alcanzaron su máximo histórico reciente en 2024 con 16.878 ataques, según datos oficiales del propio Gobierno. Pese a ello, la DGP no ha reforzado la protección del personal ni adaptado su sistema preventivo a esta realidad.

La demanda detalla graves deficiencias estructurales en dependencias policiales, carencia de equipos de protección individual adecuados, incluidos chalecos antibalas caducados o no adaptados a la morfología del agente, falta de armeros homologados, ausencia de simulacros de emergencia, deterioro higiénico de instalaciones y condiciones ergonómicas inaceptables.

Por no hablar de la negativa de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades especialmente expuestas como las Unidades de Intervención Policial ( UIPs – antidisturbios ). Pese a las solicitudes formales de este sindicato policial, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente la realización de evaluaciones psicosociales, ignorando datos de bajas psicológicas, incidentes operativos y la elevada carga emocional de estas unidades.

En definitiva, la Administración vulnera el derecho fundamental del artículo 28.1 de la Constitución ( derecho a la sindicación libre y a la libertad de afiliación ). Y por ello, este sindicato policial reclama que Interior y la DGP cumplan la ley y garanticen la protección eficaz que corresponde por derecho a los policías nacionales.

Y es que el objetivo de su demanda es conseguir que que la Audiencia Nacional declare la existencia de un incumplimiento sistemático y generalizado del deber de protección, la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física, moral y a la libertad sindical y la obligación de la Administración de adoptar las medidas preventivas necesarias, evaluando de forma real y actualizada los riesgos y desplegando un sistema de prevención eficaz.

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirma que «esta demanda era ineludible. La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad, y sin embargo ha optado por mirar hacia otro lado. Exigimos que la ley se cumpla y que se garantice la seguridad de todos los policías nacionales».