LA DESOLADORA CULTURA POLÍTICA DEL SANCHISMO.

Que el gobierno de la Comunidad catalana se crea en la obligación de exigir la suspensión del servicio de Cercanías en la región y encuentre la general comprensión de la opinión pública es el resumen perfecto de hasta dónde ha caído la confianza de los usuarios, y no sólo del ferrocarril, tras los últimos Gobiernos socialistas. Detrás de esta pérdida de crédito ciudadano se encuentra lo que podríamos llamar la desoladora cultura política del sanchismo, que ha roto todos los consensos y ha convertido la gestión pública en un coto propio, especie de refugio salarial para militantes y simpatizantes en dificultades tras las sucesivas derrotas electorales.

Que esto es así, se demuestra con las listas de cargos directivos en los distintos ministerios y organismos gubernamentales, con especial énfasis en las empresas de titularidad pública, mucho más accesibles a la arbitrariedad. Es, sin ir más lejos, el caso de Adif, «colonizada» en sus puestos de dirección por exdirectivos del gobierno socialista valenciano de Ximo Puig, con el resultado que todos podemos ver en estos días de luto ciudadano, mientras desde el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, se multiplican las excusas, las justificaciones y la manipulación grosera de datos, en medio de un ambiente de desconcierto que no hace más que alimentar desconfianzas y rumores.

Por supuesto, se trata de una primera fase que conducirá inevitablemente a descargar responsabilidades en el sector privado o en la socorrida oposición popular, puesto que otra de las características propias de la cultura sanchista es no reconocer nunca los errores propios, ni admitir como propias las consecuencias de la ineptitud en la gestión. Esto, que hemos dado en llamar fabricación de un llevando una vez más a los ciudadanos a la rabia, al enfrentamiento ideológico y la desconfianza. Un alto precio a pagar para que políticos que carecen de competencias profesionales para el cargo que desempeñan y que se rodean de una corte de amigos y correligionarios pagados con sueldos muy por encima de los que cobra el común de los españoles se mantengan en el machito.

Ciertamente, hay una responsabilidad en cascada de toda esta confusión, que comienza con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsable único y directo de unos nombramientos al frente del departamento de Transportes que han sido sinónimos de ineficacia y nepotismo. Nadie espera que se asuman responsabilidades en un Gobierno relato, pero que no es más que la técnica de propaganda política de toda la vida, acabará por contaminar la realidad, llevando una vez más a los ciudadanos a la ira, la confrontación ideológica y al recelo.

Nadie espera que se asuman responsabilidades en un Gobierno que ni siquiera puede argumentar con datos técnicos contra la suspensión de las Cercanías en Cataluña, entre otras razones, porque ha acabado con la paciencia de los profesionales que habían hecho de servicio ferroviario español uno de los mejores de Europa, pero que, ahora, no se atreven a garantizar la seguridad de los viajeros.

.El último accidente de tren ocurrido en Adamuz ha abierto una nueva herida en el corazón de los ciudadanos, que tienen muy claro que el siniestro y las correspondientes 46 víctimas tienen responsables directos: el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los españoles exigen que se asuman responsabilidades políticas por una gestión de la crisis ferroviaria que ha sido de todo menos ejemplar, por mucho que se empeñe el Gobierno en presumir de una transparencia que ha sido poco más que ficticia.

Así, se pone de manifiesto en la encuesta elaborada por NC Report para el periódico LA RAZÓN, que constata que dos de cada tres españoles exigen dimisiones, y no de los cargos intermedios, sino de la cabeza de Sánchez y Puente. En concreto, el 65,2% de los encuestados pide que Puente salga del Ministerio de manera inmediata, mientras que solo dos de cada 10 respaldan su actuación. Tampoco sale muy bien parado el Gobierno sobre las explicaciones respecto al accidente: el 63% no se cree la respuesta del Ejecutivo y apenas un 28% da por válidas las explicaciones. Por ello, casi siete de cada diez creen que el Gobierno del PSOE es el responsable último del accidente.

Y en esta tesitura, ¿qué ha hecho el Gobierno, en general, y Óscar Puente, en particular hasta el momento? Pues volver a acusar a la prensa de extender bulos y fango como política de distracción. Lo han vuelto a hacer desmintiendo que la culpa primigenia del descarrilamiento es una vía en mal estado con casi 40 años de antigüedad. Una situación que ha provocado que el PP haya acusado al Gobierno de mentir y ocultar información sobre el accidente «que solo Puente y su equipo tenían», como que el tramo de la vía que provocó el descarrilamiento del Iryo era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos del año 1989.

Esta falta a la verdad sería en sí misma una mentira, por lo que Puente quedaría invalidado para continuar al frente del Ministerio. Sobre todo, porque su única defensa ha sido una fotografía publicada en sus redes sociales que, a la postre, ha corroborado que había ocultado la verdadera fecha de fabricación de la vía. Además, el ministro solo ha sido capaz de volver a agarrarse a la manida política antiprensa impulsada desde Moncloa, de que todo lo que afecta negativamente al Gobierno es un bulo y un ataque de la supuesta derecha mediática.

La prensa en general ha recopilado la concatenación de inexactitudes, errores, intentos de engaño, tergiversaciones y, directamente, algunas falsedades realizadas por el ministro y que han desmontado cualquier intento de Puente de mantenerse al margen de sus responsabilidades directas en el accidente. Dar la cara no es salir en rueda de prensa y estarse más de dos horas justificando su actuación. Es decir la verdad.

DENUNCIA CONTRA EL MINISTERIO DE INTERIOR POR EL INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS LABORALES EN LA POLICIA NACIONAL.

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Ante el «incumplimiento generalizado, prolongado y estructural de las obligaciones legales de protección en materia de seguridad y salud laboral que afectan al conjunto de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», el sindicato JUPOL mantiene viva su denuncia en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una demanda que, según explican desde este sindicato policial, ha sido reformulada con una mayor contundencia técnica, haciendo uso de la herramienta jurídica conocida como «reserva de acciones» que mantiene viva la reclamación, preserva el conflicto jurídico y permite continuar el procedimiento por la vía más eficaz.

Hay que recordar que en la tramitación de la demanda anterior, la Audiencia Nacional no entró a valorar el fondo del asunto ni la abundante prueba documental aportada, sino que instó a JUPOL a «reformular el escrito para detallar de manera aún más explícita los incumplimientos atribuibles a la DGP y al Ministerio del Interior». Un hecho que no implica que la demanda haya sido desestimada o que exista desestimiento por parte del sindicato.

Según consta en la demanda, «la DGP mantiene un sistema preventivo meramente formal y burocrático, sin eficacia real, que incumple de manera habitual la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica para la Policía Nacional». A juicio de este sindicato, este modelo se limita a reproducir documentos, procedimientos y declaraciones, pero sin evaluación real de riesgos, sin planificación eficaz y sin control alguno mediante auditorías, lo que deja a los agentes expuestos a riesgos graves, ciertos y perfectamente conocidos.

Este incumplimiento coincide, tal y como apuntan desde JUPOL, con un aumento preocupante de las agresiones a policías, que alcanzaron su máximo histórico reciente en 2024 con 16.878 ataques, según datos oficiales del propio Gobierno. Pese a ello, la DGP no ha reforzado la protección del personal ni adaptado su sistema preventivo a esta realidad.

La demanda detalla graves deficiencias estructurales en dependencias policiales, carencia de equipos de protección individual adecuados, incluidos chalecos antibalas caducados o no adaptados a la morfología del agente, falta de armeros homologados, ausencia de simulacros de emergencia, deterioro higiénico de instalaciones y condiciones ergonómicas inaceptables.

Por no hablar de la negativa de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades especialmente expuestas como las Unidades de Intervención Policial ( UIPs – antidisturbios ). Pese a las solicitudes formales de este sindicato policial, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente la realización de evaluaciones psicosociales, ignorando datos de bajas psicológicas, incidentes operativos y la elevada carga emocional de estas unidades.

En definitiva, la Administración vulnera el derecho fundamental del artículo 28.1 de la Constitución ( derecho a la sindicación libre y a la libertad de afiliación ). Y por ello, este sindicato policial reclama que Interior y la DGP cumplan la ley y garanticen la protección eficaz que corresponde por derecho a los policías nacionales.

Y es que el objetivo de su demanda es conseguir que que la Audiencia Nacional declare la existencia de un incumplimiento sistemático y generalizado del deber de protección, la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física, moral y a la libertad sindical y la obligación de la Administración de adoptar las medidas preventivas necesarias, evaluando de forma real y actualizada los riesgos y desplegando un sistema de prevención eficaz.

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirma que «esta demanda era ineludible. La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad, y sin embargo ha optado por mirar hacia otro lado. Exigimos que la ley se cumpla y que se garantice la seguridad de todos los policías nacionales».

EL SILENCIO CÓMPLICE DE LA IZQUIERDA SOBRE LAS MATANZAS DE MANIFESTANTES EN IRÁN.

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Entre las muchas paradojas que nos muestra continuamente el tiempo en que vivimos, hay una que me ronda la cabeza desde hace tiempo y que creo necesario abordar ahora, con ocasión de las matanzas de manifestantes en las protestas de Irán por la crisis económica de la población que han derivado en la exigencia de cambio de régimen político. Me refiero a esa singular y aparente alianza del bloque de la izquierda, formado por comunistas, socialistas y demás progres sin afiliación, con respecto al islamismo. Ideologías tan diferentes como opuestas entre sí.

Lo primero que me pregunto es la relación en la fe de un Dios único, trascendente, en la existencia de un Paraíso más allá de la muerte, en la oración diaria, la limosna y la peregrinación a La Meca como signos de reconocimiento de la grandeza y de la misericordia de Alá; así como la veneración y respeto a su profeta Mahoma; con el cuerpo doctrinal de la izquierda y del cínico progresismo -al menos cuando lo tenía- de raíces ateas y materialistas, que no cree en la trascendencia, proclama un humanismo sin Dios y no sigue las costumbres islámicas como por ejemplo, el sometimiento de la mujer hacia el hombre, la persecución de los homosexuales, ni sus normas éticas.

Aunque si acudimos a la memoria, esta nos recuerda que no es la primera vez que ocurre una cosa así. Fue lo que pasó entre Hitler y Stalin en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial con el acuerdo Molotov-Ribbentrop en 1939, cuando además tantos rusos habían combatido o lo estaban haciendo aún en aquellas fechas a los fascistas de toda clase y condición.

Tampoco entonces, debería de extrañarnos que la izquierda se eche en manos de los separatistas en general aunque sus reivindicaciones nacionalistas contradigan la por ella tantas veces proclamada igualdad y su carácter de enemigas del universalismo de la izquierda ( aquello de proletarios del todo mundo, uníos ), así como la necesaria lucha social.

A la vista de los hechos, esta aproximación y defensa del islamismo a ultranza, ayudas económicas de Irán a la comunidad comunista al margen, solo resulta comprensible dentro del giro que ha emprendido la izquierda desde hace décadas, tras caer el Muro de la Vergüenza en Berlín y quedarse sin uno de sus símbolos principales que puso al descubierto el mundo irreal que el socialismo se había construido a base de mentiras y propaganda.

Desde entonces, esta izquierda huérfana y vacía, camina errática hacia una especie de tierra de nadie donde los viejos principios, aquellas rígidas normas morales de sus militantes de otros tiempos, han pasado a mejor vida, impelidos por unos cambios profundos mal asimilados y muy contradictorios. Aún recuerdo a muchos de ellos a los que conocí en mi juventud con sus normas de austeridad y honradez autoimpuestas.

Eso sí, el grupo de rojerío variado, para llenar el vacío, ha conseguido con una gran agudeza y nulos escrúpulos -todo vale si se trata de la subsistencia- enarbolar las banderas de las minorías a veces hasta contrapuestas que en otros tiempos hubiesen horrorizado a la trilogía marxista de Marx, Lenin y Mao. O en el ámbito socialista más nuestro, a Pablo Iglesias, Largo Caballero o Indalecio Prieto.

Ello explica que, hombres y mujeres sin Dios apoyen a los titulares, incluso en su gama más violenta -pensemos en la Guardia Revolucionaria de estos ayatolás- de una religión monoteísta que de conseguir el poder, comenzarían por desquitarse de sus compañeros de viaje, someterían a las mujeres o condenarían sin miramiento alguno a los homosexuales.

El caso de Irán o Afganistán, a pesar de su carácter extremo, es ya de por sí todo un exceso. Eso sí, no todas la culturas de fundamentación religiosa les han merecido el mismo trato. Al cristianismo y en especial a su vertiente católica, le niegan el pan y la sal.

Apoyar el islamismo implica para ellos una forma de rechazar el cristianismo y su visión del ser humano y del mundo; borrar las raíces de una civilización que habiéndose permitido surgir y crecer resulta ya, tal vez, el único obstáculo importante a sus pretensiones de dominio y control absoluto. Lo ocurrido en Venezuela, Cuba y Nicaragua; la cara hispanoamericana de la izquierda, no es algo debido al azar.

Ahora lo paradójico -¡ de nuevo !- es que lo hagan apoyando a los islamistas, es decir, a los que están llamados a la larga a segar su propia cabeza. Sin olvidar que en fondo, se trata de una apuesta radical, contradictoria, eso sí, para no desaparecer totalmente del ámbito ideológico y cultural que tan buenos dividendos les sigue dando.

No sé si alguna vez, habrá una profunda reflexión en el seno de la izquierda -tomándose su tiempo y ahora que los intelectuales la están abandonando- sobre el giro que ha dado en los últimos tiempos y sus resultados. El acceso al poder y su mantenimiento en el mismo parecen soslayar posibles demoras.

De momento, es impensable que los zurdos y el resto de la falsa progresía estén dispuestos a dedicarle mucho tiempo al asunto, teniendo como tienen a los todavía numerosos partidarios que los apoyan y hasta los jalean. Una de las cosas a las que se ha acostumbrado la izquierda y no está dispuesta a abandonar es a la supuesta superioridad e inexorabilidad de sus tendencias y decisiones, la trasnochada superioridad moral.

UNA GUERRA NO ES PEOR QUE EL CHAVISMO…

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Hay países que son arrasados por las bombas. Y hay países que son arrasados por sus propios gobernantes. Venezuela pertenece a la segunda categoría. Y, si hablamos de destrucción económica, el chavismo ha sido peor que una guerra.

Cuando un país entra en guerra, su capacidad de producir se resiente con fuerza. En promedio, las economías que atraviesan conflictos bélicos pierden alrededor de un 13% de su Producto Interior Bruto ( PIB ). Es una caída severa: menos inversión, menos comercio, menos empleo. Y aun así, eso es la media. Pensemos en un caso extremo: Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Un país derrotado, ocupado, con ciudades arrasadas. Su producción se desplomó hasta quedar en torno a un tercio de la de 1944. Devastación en estado puro.

Pues bien: Venezuela consiguió algo todavía más siniestro. Sin invasión. Sin bombardeos. En paz. Entre 2013 (máximo) y 2020 (mínimo), el PIB venezolano se contrajo un 75%. Dicho de otro modo: en 2020 el país sólo producía una cuarta parte de lo que producía en 2013. No fue un desplome puntual por la pandemia. Fue un deterioro continuado, año tras año, como una hemorragia económica que nadie quiso -o supo- frenar. Y el PIB no es una abstracción de tecnócratas: es comida, medicinas, agua, vivienda. Por eso, cuando el PIB y el PIB per cápita se hunden, la pobreza explota y el país se vacía.

Algunos, han intentado justificar esta calamidad apelando a las sanciones de Estados Unidos siguiendo el ejemplo de Cuba que con esa excusa tan bien le ha ido para animar a sus fieles seguidores, especialmente españoles.. Pero la cronología no encaja como coartada. La caída arranca en 2013. Las primeras sanciones de 2015 fueron esencialmente políticas y personales. Las restricciones financieras más amplias llegan en 2017, cuando la economía ya estaba en caída libre. Y las sanciones que de verdad complican el petróleo se intensifican en 2019… cuando el PIB ya se había desplomado aproximadamente a la mitad. Podrán haber agravado el golpe final, pero no explican el derrumbe inicial ni, desde luego, el tamaño de la ruina.

La causa principal no vino de fuera: la provocó el propio chavismo. Fue el chavismo quien convirtió a la empresa estatal, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, ( PDVSA ) en una caja política para comprar lealtades; quien se gastó la renta petrolera como si fuera un maná infinito y quien, al mismo tiempo, dejó que la gallina de los huevos de oro se muriera por falta de inversión y mantenimiento.

Cuando bajaron los precios del crudo y además, se desplomó la producción por esa descapitalización deliberada, el chavismo no ajustó el gasto ni desmontó su red clientelar: optó por tapar el agujero con la imprenta emitiendo más dinero. Así llegó la hiperinflación. Y, para rematar, impuso controles masivos de precios con una inflación tan elevada: la orden de producir a pérdidas. El resultado fue el que siempre produce esa combinación de irresponsabilidad fiscal, emisión monetaria y dirigismo: que producir deje de tener sentido y que la economía se apague.

El balance es brutal: empobrecimiento masivo y éxodo. Una guerra sin misiles: la guerra del poder contra la sociedad. Y la factura, como siempre, la paga el pueblo.

El pasado día 3 de enero, el mundo amaneció como un lugar algo mejor. Estados Unidos había ejecutado una operación militar de una precisión tan espectacular que, por carencia de dramatismo, por sí sola difícilmente serviría de base para un buen guion bélico de Hollywood. Sin daños civiles, se ha extirpado el cáncer, un dictador que ha oprimido a su pueblo con palmaria violación de derechos humanos, convirtiendo Venezuela en un narco país.

La legitimidad de Maduro no es que estuviera en tela de juicio, es que era absolutamente inexistente, especialmente después de correr un tupido velo (en realidad plenamente opaco) ante el resultado electoral de 2024. Había perdido las elecciones de forma aplastante pero, en fin, qué más da, si disponía de los tanques para hacer valer su poder, en términos jurídicos, su imperium, concepto que debe entenderse al margen de la soberanía.

La izquierda española, especialmente la comunista, ha salido en tromba a defender la tiranía. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y es que la legalidad internacional parece que interesa y se defiende a capa y espada, exclusivamente, cuando beneficia a un dictador comunista, circunstancia que lleva inexorablemente a la conclusión de que no les importa la democracia, sino simplemente la defensa de un sistema que lleva inexorablemente a la miseria. La proclama es la siguiente: vulnerando el derecho internacional se ha atentado contra la soberanía nacional de Venezuela.

Esto nos lleva a la necesidad de arrojar algo de luz sobre el concepto de soberanía, que debemos engarzar con el concepto de Estado de Derecho, escrito con mayúsculas adrede, dado que no nos referimos a un sistema de organización basado en normas jurídicas, sino en el reconocimiento de derechos fundamentales y funcionamiento según los modelos democráticos que garantizan la libertad individual y colectiva.

La Constitución de Venezuela, con sus evidentes carencias y su carácter eminentemente semántico, (la doctrina entiende como constituciones semánticas aquellas formalmente relucientes, impecables en su contenido, pero inaplicadas por los poderes fácticos) prevé con nitidez la proveniencia de la soberanía nacional, en la misma línea que los textos constitucionales occidentales y nuestra propia Carta Magna. Dice así su artículo 5: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».

El Gobierno Venezolano no es soberano. La soberanía recae en el pueblo que se expresó, precisamente, en contra del déspota, circunstancia que deslegitima por completo el Poder y lo vacía de autoridad moral y, gracias a la intervención estadounidense, de autoridad fáctica o imperium. Así pues, desde una concepción material y democrática de la soberanía, la detención de Maduro difícilmente puede calificarse como un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano, ya que la misma fue previamente conculcada con grave violación de los derechos humanos por el autócrata.

Acudir a una interpretación formalista del derecho internacional para defender el sostenimiento de un régimen tiránico es a todas luces inmoral, sirviendo de coartada jurídica para el mantenimiento de los autoritarismos. Una visión pueril, que desconoce la evidente complejidad y realidad de la geopolítica internacional. Especialmente, considerando que los malvados no entienden de normas internacionales, desechando para empezar el más elemental respeto por los derechos humanos. De esta forma, el problema no es la defensa del derecho internacional, sino su invocación selectiva. Cuando la legalidad sirve para preservar regímenes autoritarios afines ideológicamente, deja de ser un principio, pasando a ser una deleznable coartada.

Así pues, lo que se protege no es la democracia, sino un proyecto político (el comunismo) que en su aplicación históricamente ha demostrado ser incompatible con ella. Si se reflexiona sobre las posiciones expresadas, se llega a la conclusión de que desde la izquierda radical ( que tristemente incluye al PSOE institucional ) no se considera que la soberanía resida en el pueblo, dado que eso otorgaría poder a los que no piensan igual, sino que la misma reside en una pretendida autoridad moral de unos pocos, del líder. Un autoritarismo que sustituye al Dios del antiguo régimen por la ideología comunista para legitimar el poder. Concepción muy alejada del Estado de Derecho y democracia que, afortunadamente, la mayoría sostenemos.

En fin, de lo acontecido, en primer término, cabe alegrarnos por nuestros hermanos venezolanos, que han tenido un extraordinario regalo de Reyes adelantado; no obstante, con cautela a expensas de lo que acontezca en adelante, sin dar por legítimas ulteriores actuaciones de Estados Unidos (por ejemplo, a priori, asombra la posición adoptada en relación con la designación de Delcy Rodríguez para la transición democrática). Y, por otro lado, tomar nota de la idiosincrasia de la izquierda radical, cuyo fin no es la democracia, sino la imposición de su nefasta idea de organización del Estado. Esto último será especialmente relevante cuando se aproximen las esperadas elecciones y, una vez más, los lobos se disfracen de corderos para la captación de votos.

LOS ROBOS EN LAS TIENDAS SE DISPARAN DURANTE LA NAVIDAD.

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Con la llegada de las fiestas de la Navidad, la gente llena las tiendas y los supermercados para hacer sus compras navideñas. Por eso aumentan los personajes con la mano muy larga. Esta época del año se consolida como la preferida para cometer los robos en los comercios ya que los meses invernales concentran el 29% de los hurtos que se cometen en los establecimientos.

Desde la optica policial y ante estos supuestos, se distingue claramente entre robo y hurto aunque la población en general emplea ambos términos indistintamente y solo lo diferencia cuando se lo explican en la Comisaría de Policía más próxima cuando va a realizar la correspondiente denuncia.

La característica clave es que el hurto es tomar algo sin permiso, sin violencia ni fuerza, como por ejemplo esconder un producto y salir del comercio. Mientras que el robo implica usar violencia, fuerza ( romper una vitrina ) o intimidar a um empleado para llevarse algo. El robo es un delito más grave sancionado con penas mayores.

Las sustracciones en comercios se producen por diferentes motivos, desde dificultades económicas hasta factores psicológicos y emocionales, afectando a diario no solo a grandes superficies de distribución sino también a pequeños negocios. Esta conducta delictiva tiene un impacto económico significativo para todos estos establecimientos: la pérdida desconocida supuso pérdidas de 2.817 millones de euros a los comercios españoles en 2024, un 1,1% del total de su facturación. Así lo muestran los datos del último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, recopilados por NIQ con la colaboración de Aecoc y el patrocinio de Checkpoint Systems.

El impacto de los hurtos se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, cuando la pérdida ignorada supuso un impacto de 1.800 millones de euros, es decir, del 0,74% del total en la facturación anual.

Los hurtos representan el 77% de la pérdida oculta en 2024, de estos, casi seis de cada diez se tratan de externos (un 59% frente al 57% del ejercicio previo), mientras que el 18% corresponde al hurto interno de los trabajadores. Los errores administrativos y el fraude a los proveedores también contribuyen a esta pérdida desconocida, pero en mucha menor medida: en un 15% y un 9%, respectivamente.

Este crecimiento de los saqueos externos va en línea con lo que las empresas perciben: el 65% de ellas consideran que estos han aumentado respecto al ejercicio previo. Este tipo de hurtos se concentra en su mayoría en la propia sala de venta (78%) y el segundo «punto caliente» son los probadores, donde más robos de este tipo se producen (9%), incluso por encima de las cajas de salida (4%). La cantidad media sustraída por acto se sitúa en 195,58 euros, sin embargo, ocho de cada diez de los hurtos no superan los 150 euros.

Hurto de aceite en un supermercado — **Una persona en el supermercado**AecocAecoc

«Es un impacto grande en el que algunas empresas se ven muy condicionadas. Es necesario tener recursos para poder minimizarlo«, asegura Alejandro López, responsable de prevención de pérdida de Aecoc.

Además, se está observando un «cambio de tendencia» en la persona que comete el hurto, tal y como explica Carlos Cruz, director de ventas de Checkpoint Systems España. El 65% de estos robos se producen por clientes esporádicos que no son profesionales, mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas.

Con respecto al perfil más habitual, el barómetro muestra que casi la mitad son actores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos. Además, tres de cada cuatro hurtos externos son realizados por individuos entre 18 y 50 años y los que más cometen estos robos (48%) tienen menos de 30 años.

El aceite de oliva ocupa la primera posición en la categoría de alimentación y bebidas debido al incremento de precios en los últimos años. El 81% de las compañías indica que es el más hurtado, a la par que las conservas y ahumados, seguidos de embutidos y quesos (ambos con 69%) y los vinos y licores (56% ).

En la categoría de cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el «producto estrella». Un escalón por debajo se encuentran las protecciones solares y las cuchillas de afeitar. El maquillaje desciende al cuarto puesto del ranking.

En cuanto a productos electrónicos, el 67% de las compañías indica que los auriculares y los cascos son los productos de electrónica que más les hurtan. El segundo puesto lo ocupan los smartphones (56%) ( teléfonos móviles que funcionan como ordenadores de bolsillo ), seguidos de los ordenadores portátiles (44%), los cargadores (33%) y los videojuegos (33%). Irrumpe con fuerza el hurto de smartwatches, ( relojes de pulsera conectados a tu smartphones ) casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

En las sustracciones en el sector del bricolaje, las bombillas siguen ocupando la primera posición (100%). Los segundos productos más deseados son las pilas y las baterías (80%) y los terceros artículos son las herramientas, tanto manuales como eléctricas (60%). En cuanto a la industria de productos destinados al hogar, los cubiertos y el menaje de mesa (platos, cuencos, etc.) son los productos del hogar más rapiñados

El sector moda es uno de los más codiciados por los ladrones. El presente barómetro revela que la ropa interior y lencería, el calzado y los abrigos, cazadoras y chaquetas son los artículos más robados. En la cúpula de los más sustraídos también destacan las camisetas, las camisas y las blusas, junto a los bolsos, que se cuelan entre los diez productos más vulnerables.

Seis de cada diez empresas advierten que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida porque la agresividad verbal y física de los infractores hacia el personal de la tienda se ha incrementado «mucho». «Precisamente por esa falta de personal, las top-3 medidas van ligadas con tecnología», explica David López, Strategic Analytics & Insights de NIQ.

La totalidad de los expertos encuestados dispone de cámaras de vigilancia en sus tiendas. El 96% de los establecimientos tienen antenas antihurto y el 83% están protegidas por vigilantes de seguridad físicos en la tienda. Además, un 74% de los comercios cuenta con arañas (alarmas rígidas), collarines y cajas de policarbonato para asegurar individualmente los productos; y cerca de la mitad (un 48%) aprovecha la tecnología RFID ( sistema que usa ondas de radio para rastrear objetos de forma inmediata ) con una función antihurto.

Cuatro de cada diez establecimientos disponen de cajas de autopago, por tanto, el 79% de los encuestados cree que deberían incluirse más medidas disuasorias en las cajas de autopago. El 22% invierte recursos extras en estos puntos para prevenir hurtos.

Según el estudio, las soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada están presentes en el 35% de los establecimientos y las herramientas de análisis de datos recopilados por las antenas antihurto en el 43%. También destaca que un 48% de los comercios ya implanta medidas específicas para luchar contra el crimen organizado en sus establecimientos.

LA BATALLA POR EL RELATO DE ETA ( y 5 ): LO CONSEGUIDO HASTA AHORA.

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A estas alturas, todavía no se han terminado de completar todas las piezas del puzle del encuentro de marras entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. Si algo ha resultado chocante hasta ahora ha sido el tono del desmentido por los dos afectados… La noticia de la reunión podía resultar más o menos escandalosa en según qué capas de la sociedad española. Pero su trasfondo político se diría amortizado. Nadie en la órbita del PSOE siente ya el menor asomo de vergüenza por ir en el mismo barco que EH Bildu.

Entiendo que la actualidad pone difícil detenerse en los asuntos colaterales con la que está cayendo. Pero sí hay un «cómo hemos llegado hasta aquí» que merece un cierto estudio.

Suele decirse que las bases del sanchismo se establecieron durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero. El aserto es cierto en lo que tiene que ver con Bildu. Esa etapa marca una ruptura con la idea, asimilada de manera más o menos tácita, de que, por lejanos que fueran sus planteamientos a los del PP, habría un marco de cuestiones fundamentales en los que siempre estaría más cerca de este partido que de las fuerzas periféricas disolventes.

Que este planteamiento llegase hasta el entorno político de ETA era imposible de presentar en aquel entonces. Pero ya se empezó a trabajar en su viabilidad futura. El relato se empieza a cambiar al plantear la negociación con la banda terrorista para conseguir el final de su actividad. Los defensores de la idea suelen insistir en que había estado encima de la mesa de todos los gobiernos anteriores. Y es verdad.

Pero falta decir que, a raíz de la ruptura de la tregua de 1998, se empezó a vislumbrar la posibilidad de acabar con los pistoleros sin concederles el estatus de interlocutores políticos. Zapatero, que había impulsado desde la oposición un pacto antiterrorista muy imbuido de ese espíritu, cambia, ya desde el poder, esa dinámica. Antes de eso, quedará para el recuerdo la intervención parlamentaria de Jesús Caldera defendiendo la Ley de Partidos cuando formaba parte del primer Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Es entonces (2006) cuando se destaca que Otegi hace «un discurso por la paz». Son los mismos años en los que la Transición Política empieza a ser discutida severamente. Uno de los argumentos más repetidos es que era un pacto vergonzante con los verdugos. Era difícil no tener la sensación de que ese mismo acuerdo era lo que se estaba propugnando para acabar con la lacra terrorista.

Son, también, los años en los que se empieza a hablar con insistencia de la Memoria Histórica. En lo que tiene ver con ETA, ésta terminaría siendo bastante selectiva.

Otro de los mantras más repetidos era que, cesada la actividad criminal de la banda, su entorno político debería moverse con normalidad por las instituciones. Esto era algo más o menos asumido. Pero desde una óptica de «ellos por su lado y nosotros por el nuestro»

Poco después del final de ETA, la izquierda independentista empieza a ser vista con un aura casi beatífica por parte de cierto periodismo muy enraizado en Madrid. Los más extremos de los ochenta votaban en sus pueblos a Herri Batasuna aprovechando el distrito electoral único de las europeas.

Décadas después, empezó a estar bien visto decir que ojalá se pudiese optar por Bildu en cualquier provincia. Los cantos de sirena de la hipotética candidatura confederal de Rufián se mueven en ese eje de coordenadas.

Cuando triunfó la moción de censura de 2018 todavía quedaba algo de pudor. Por eso se insistía en que los votos favorables de los separatistas no fueron decisivos para la aritmética. En estos siete años y medio, el prestigio de este entorno político no ha dejado de crecer en ciertas esferas de la creación de opinión pro-gubernamental. Han conseguido que una mezcla entre el rubor y la pereza cohíba antes de recordar algunos episodios de nuestra Historia reciente. «¡Ya están otra vez con la matraca de ETA!».

De modo que muy pocas cosas que se descubran sobre los entresijos de la relación entre el PSOE y Bildu moverán a un auténtico escándalo. Son décadas trabajándose el marco: el auténtico enemigo es la derecha democrática por lo que cualquier aliado vale contra ella.

Y Arnaldo Otegi es un señor.

Como última muestra de todo lo anterior, el Gobierno sanchista anunció el pasado lunes, día 22 de diciembre, un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar como el agua o la luz. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

El camino emprendido por Pedro Sánchez es lograr convertir a Bildu en una organización no gubernamental ( ong ) que capitalice las medidas sociales que adopte el Gobierno en clara competencia con sus amigos de la ultraizquierda, como Podemos y Sumar.

LA BATALLA POR EL RELATO DE ETA ( 4 ): El ACUERDO CON PEDRO SÁNCHEZ.

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La memoria terrorista, es una batalla que se mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca durante mucho tiempo. Una memoria, ajustada a la realidad de lo sucedido es muy necesaria para la convivencia actual y futura. Es evidente de que no hay que pasar página como desea una parte de la sociedad, pero yo añadiría que antes hay que leerlas bien y sobre todo no hay que olvidar que quedan casi 400 atentados sin resolver con más de mil víctimas que piden justicia.

En la tarea de facilitar la convivencia, Bildu ( Reunirse, en eusquera ) que no es más que la representación política de ETA, tiene mucha responsabilidad. Desde el cese del terrorismo, la sociedad vasca y los partidos que la representan -salvo Bildu- han dado un salto muy importante en el reconocimiento de las víctimas y la memoria crítica del terrorismo, situándolas en el centro del debate.

La petición de perdón por parte del ex-Presidente vasco Urkullu a las víctimas hace cinco años, en nombre de las instituciones vascas, por no haber estado a la altura en los años de plomo, le dio un importante impulso que mantuvo en el tiempo.

La dinámica de la política vasca, ha empujado a Bildu, a dar algunos pasos como su presencia en algunos homenajes a víctimas de ETA, como por ejemplo en Ermua ( Vizcaya ) al concejal del PP, Miguel Angel Blanco y en Mondragón ( Guipúzcoa ) al concejal del PSE, Isaías Carrasco; impensables hasta hace muy poco y que avanzará más en la dirección de reconocer el daño injusto ocasionado por el terrorismo.

Los seguidores de la organización terrorista, están convencidos de que su reconocimiento al daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, va a facilitar la decisión de los jueces en favor de una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria a los presos de ETA.

La herencia de ETA, que Bildu ha recogido en las cárceles, era de 230 presos en España y 57 en Francia. La mayor parte de los encarcelados en España estaban en primer grado ( peligrosidad extrema ) y aunque la mitad de ellos habían solicitado el cambio de calificación, se les denegaba sistemáticamente, con el argumento de que ETA no había desaparecido.

La banda armada, decidió disolverse cuando comprendió que su existencia era un obstáculo para mejorar la situación de sus presos. El Gobierno del Partido Popular ( PP ), había condicionado el cambio de su política penitenciaria a su desaparición. Esta es la respuesta que el entonces Presidente Rajoy le daba al Presidente vasco, Urkullu, a sus reiteradas peticiones desde 2.011 que fue cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad.

Entonces, tras el cambio de Gobierno del PP por otro socialcomunista, Urkullu consiguió que el apoyo prestado por sus cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), en el Congreso al Presidente Sánchez, haya pasado por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la aplicación de la política penitenciaria de un modo más flexible ( cambios de grados, beneficios sociales, etc ) sin necesidad de cambiar la legislación.

Ahora, se ha sabido gracias a los informes de la Guardia Civil sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicación de obras públicas mediante el pago de comisiones ilícitas ( mordidas en el argot policial ) y posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que el que fue secretario de organización socialista, Santos Cerdán, realizó una labor de intermediación clave para que el PSOE se asegurase el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados que tanto necesitaba para poder gobernar.

El propio Arnaldo Otegui admitió ante sus militantes en octubre de 2021 que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles y textualmente dijo: Si para sacar a 200 presos hay que votar los Pesupuestos Generales del Estado, se vota. Cuatro años después, las palabras de Otegui suenan a profecía cumplida.

Desde el verano de 2020, los traslados de los presos terroristas se aceleraron y se convirtieron e una práctica constante cada viernes. En público, no se ha reconocido ningún pacto entre el Gobierno central y Bildu sobre la política penitenciaria a seguir con los presos de ETA. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Grande Marlasca negaba que fuera un canje de presos por apoyo político aunque la realidad de los datos fuera otra: solo en 2020 se trasladaron a cárceles vascas más etarras que los dos años anteriores juntos. Hasta el propio PNV llegó a llamar a ese calendario, acuerdo cinco a la semana.

El proceso iniciado en la era Sánchez en 2020, culminó en marzo de 2023 cuando el ministerio de Interior dio por terminada la política de dispersión de presos etarras impulsada en 1989 por el Goberno de Felipe González, al haber acercado a todos los presos al País Vasco y Navarra. En total 175 internos fueron reubicados, bastantes de ellos con un historial policial repleto de delitos de sangre.

De esta manera, concluía la primera fase del acuerdo socialista-bilduetarra y se iniciaba otra, la segunda fase en la que todavía nos encontramos, la de los terceros grados ( régimen penitenciario de semilibertad en el que un recluso puede salir de prisión durante el día para estudiar o trabajar y debe de regresar a dormir ). Desde 2021 en el que Sánchez cediera la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que es una reivindicación histórica del nacionalismo-independentismo, ambos partido ( PNV y PSOE) que gobiernan en coalición en aquella Comunidad Autónoma, han concedido 48 terceros grados y 20 libertades condicionales del total de 125 presos que había en ese momento.

En paralelo, la relación política entre PSOE y Bildu se ha ido consolidando. Después de las elecciones de julio de 2023 y a nivel público -meses después- se escenificó la primera reunión entre Sánchez, Cerdán y los dirigentes del separatismo, Merche Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, un viernes 13 de octubre. Era la primera vez que un Presidente del Gobierno se reunía a la vista de todos con los herederos de ETA. La foto del momento confirmaba que Bildu era ya un socio plenamente asumido por el PSOE. Ahora sabemos que no era su primera reunión entre los representantes parlamentarios de ambas formaciones políticas sino que habían empezado en 2.019 con Adriana Lastra y Rafael Simancas.

LA BATALLA POR EL RELATO DE ETA ( 3 ): LOS AVISOS DE LA HISTORIA.

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La banda armada volvió a pasar por alto otros tres avisos más que la historia le dio en la década de los años 80, señalándoles que matar no servía para nada. El primero de ellos ya se ha visto en el capítulo anterior ( Ley de Amnistía de 1.977 ). El segundo fue cuando el final del santuario francés -donde se escondían tras atacar en España- durante la Presidencia de Françoise Mitterrand ( 1981-1995) que iniciaba así el fin de las complicidades europeas.

El tercer aviso fue cuando se consiguió el Pacto de Ajuria – Enea ( nombre en eusquera de la residencia del Presidente del Gobierno Vasco, en Vitoria y que traducido significa, la Casa de los Ajuria ) en 1.988, cuyo nombre oficial fue Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, en el que los partidos vascos se conjuraron para negar representatividad alguna a ETA -que en sus comunicados reivindicatorios siempre decía hablar en nombre del pueblo vasco- y combatirla policial y socialmente.

El cuarto aviso fueron las negociaciones y tregua de Argel -celebradas en el primer trimestre de 1.989 y cuya ruptura no valoró- y siguió pensando que podía derrotar al Estado español.

Resultado de imagen de la memoria de ETA

Durante esos años, el respaldo popular a ETA se centró en una Coalición Electoral llamada Unidad Popular, más conocida por traducción al vasco como Herri Batasuna y sobre todo por sus siglas: HB . Llegando a tener representación en el Parlamento Vasco y gobernar numerosos Ayuntamientos. En el año 2.003, HB fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, al considerarla parte de ETA.

Pero antes, ETA había añadido a su listado de objetivos, al adversario político elegido en las urnas, como fue el asesinato del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 24 de enero de 1.995. Extendiéndose así el crimen a quienes pensaban diferente mientras se envalentonaba el vandalismo callejero ( logrando que toda España supiese decirlo en eusquera, la kale borroka-lucha callejera ) y sus juventudes ( jarraitxus-jóvenes en eusquera ) implantaban sus ley urbana en las calles de las principales ciudades vascas.

Entonces, el paisaje de la región se llenó de escoltas para políticos, periodistas, empresarios o jueces y fiscales ; de más gente viviendo con miedo a la muerte de un balazo o a la explosión de un coche bomba.

Una socialización del terror que tuvo su cénit, con el secuestro y asesinato, el 13 de julio de 1.997, del joven y desconocido concejal del Partido Popular ( PP ) en la localidad de Ermua ( Vizcaya ), Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad vasca se rebeló masiva e irreversiblemente contra los asesinos, a los gritos de : ¡ basta ya ! y ¡ no son vascos, son asesinos !.

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A partir de ahí, los ciudadanos vascuences mostraron su hartazgo hasta el extremo que la izquierda nacionalista empezó a cuestionar a sus mentores de las pistolas. Este cambio progresivo de la percepción social del terrorismo, corrió en paralelo al acorralamiento de ETA en todos los frentes : policial, judicial e internacional. Especialmente, hay que destacar a la velocidad que los Cuerpos Policiales desmantelaban la cúspide terrorista y los comandos operativos más sangrientos.

La banda armada aún obvió otro aviso : el de la tregua que mantuvo en el año 2.006, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que rompió en diciembre de ese mismo año con el atentado de la Terminal Cuatro ( T- 4 ) del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde usó el coche-bomba más potente de toda su historia, con el resultado de 2 muertos y 19 heridos de diversa consideración.

Se quebraba así una negociación que se pensaba definitiva. Hubo que esperar a que el 20 de octubre de 2.011, tres encapuchados de la organización terrorista anunciaran que la banda criminal no volvería a matar. Habían pasado 43 años de dolor y de rabia.

Ahora la pregunta que tiene que resolver el paso del tiempo es : ¿ cuál es el legado de ETA ?. Yo creo que es, sin duda, el dolor causado durante décadas de sufrimiento que al final no han servido para casi nada. Pero ahora ya hay una gran batalla por el relato, por contar su historia. Ya se han detectado intentos de blanquear la crónica negra de ETA y se tiene que recordar que fue derrotada por la democracia y lo único que consiguió fue matar.

Antes de que la conciencia colectiva archive el terror hay que ganar también la batalla del relato porque el olvido ya ha comenzado. A los jóvenes vascos y a los restantes del territorio nacional, ETA les suena a antediluviano y deben de estar vacunados contra el odio mediante el conocimiento de la Historia. ETA quiso imponer mdiante el asesinato un proyecto político totalitario.

LA BATALLA POR EL RELATO DE ETA ( 2 ): LA HISTORIA REAL.

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La historia de Euskadi Ta Askatasuna , nombre en vasco de la organización terrorista Patria Vasca y Libertad, más conocida por sus siglas ETA, terminó oficialmente con un comunicado sobre su disolución que fue publicado el 3 de mayo de 2.018. Toca ahora contar 60 años de sufrimiento desmedido y averigüar que dirá la historia sobre unos hechos que no debieron de ocurrir jamás. Un recorrido criminal que se cobró 853 muertes y que para muchos no ha servido para nada.

ETA no quiere pasar a la posteridad como la banda asesina que ensangrentó la democracia española y que no supo leer tantos avisos que la Historia le dio para desaparecer. Quiere ser recordada como aquel movimiento de liberación nacional que surgió de la escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco ( PNV), el grupo EGI-EKIN, unas docenas de jóvenes radicales germinados en la Escuela de Ingenieros de Bilbao en el curso 1.958-1.959, según habían afirmado sus fundadores de los que ya no queda ninguno. En septiembre de 2022 murió el último de ellos, Iñaki Larramendi a los 93 años.

La banda armada fue vista en sus primeros años como la personificación de la lucha contra Franco. Esta visión casi romántica, empezó a cambiar el día que la organización terrorista perpetró su primer atentado, el 7 de junio de 1968, cuando el terrorista Txabi Etxebarrieta mató al agente de la Guardia Civil José Pardines, al darle el alto en un control de carretera en Aduna ( Guipúzcoa ), considerándose el primer asesinado por la organización terrorista. Poco después, pereció Etxebarrieta en un enfrentamiento con la Guardia Civil pasando también a ser el primer etarra muerto.

Este doble bautismo de sangre dividió mucho a la sociedad vasca. A partir de entonces, la de ETA es solo una historia de asesinatos, miedos y complicidades. La respuesta policial de aquel tiempo, llevó al conocido como Proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1.970 a 16 de sus militantes de los que seis fueron condenados a muerte aunque las penas fueron conmutadas poco después por 30 años de prisión, fortaleciendo así -políticamente- a los terroristas como unos héroes de la lucha antifranquista.

Un perfil que se acentuó con el asesinato del entonces Presidente del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1.973, en Madrid. Y a poco que nos descuidemos, eso es lo que quedará de ella : que se enfrentó a Franco y que mató a Carrero.

Con la llegada de la democracia, ETA se consagró como una máquina de matar y dejó de ver los avisos de que estaba fuera de tiempo. Perdieron todas las oportunidades para dejar de asesinar y todo para casi nada porque no han conseguido su objetivo principal que era la independencia. A pesar de tantos muertos, su fracaso en esa línea es de proporciones inmensas.

La primera oportunidad fue la Ley de Amnistía. En octubre de 1.977 y cuando se promulgó, fueron amnistiados 60 asesinatos y se le perdonaron todos los demás crímenes. Pero ETA siguió matando como si no hubiese pasado nada. Ahí, ETA perdió esa coyuntura. A partir de 1.978 comienza su etapa más letal : 244 personas asesinadas entre ese año y 1.980. En 1.980, llegó a matar a casi 100 personas ( 97 exactamente ), una cada tres días.

La organización terrorista no supo valorar ni el Estatuto de Autonomía Vasco, ni la Constitución Española. Ni tampoco supo interpretar la disolución de ETA Politico-Militar ( ETA P-M ) el 30 de septiembre de 1.982 para poderse incorporar a la vida política vasca a través de un partido creado para tal fin, el Partido para la Revolución Vasca ( Euskal Iraultzarako Alderdia , en eusquera ) aunque fue más conocido por sus siglas EIA y cuyos presos fueron puestos en libertad y premiados los demás militantes -caso a caso- en medio de una amnistía encubierta. Como paradoja, se puede añadir que algunos de ellos fueron amenazados por sus hermanos de ETA MILITAR.

Durante ese período realizaron los atentados más salvajes demostrando que cualquiera podía ser definido como objetivo de la organización terrorista. Como así ocurrió el 19 de junio de 1.987, con la matanza de Hipercor, un popular supermercado de El Corte Inglés, en Barcelona, donde una coche-bomba estacionado en el garaje del centro comercial mató a 21 personas y dejó heridas a otras 45.

Son años también en los que aparece el terrorismo de Estado a través de los Grupos de Liberación Nacional ( conocidos por sus siglas, GAL ) que causaron 27 muertes, dando así razones a la propia ETA para justificarse y generar más dolor.

LA BATALLA POR EL RELATO DE ETA ( 1 ): EL PROYECTO.

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Soy de la opinión de que tras la disolución de ETA, lo más importante y que ya se está viendo ahora, va a ser el relato que se va legar a las futuras generaciones en el que debe de quedar claro que el terrorismo de ETA, no tuvo justificación alguna y que sus victimas lo fueron injustamente.

La prueba de la importancia de la narración está en el comportamiento de ETA que, en el comunicado de su disolución, el 4 de mayo de 2.018, otorgó especial relevancia a la justificación de su trayectoria terrorista, desde sus inicios en 1.960 hasta su cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2.011, cuando en España se disfrutaba de casi cuatro décadas de democracia.

Con su tesis de conflicto civil, cuyo origen sitúa en el bombardeo de Guernica por la aviación alemana en plena Guerra Civil, pretende justificar sus 853 asesinatos, cometidos -mayoritariamente- durante la transición política y la democracia aunque ahora culpe a Franco de todos sus males.

ETA, no tuvo justificación alguna y la historia debe de condenarla sin remisión porque es fundamental que las generaciones de jóvenes conozcan esa verdad y la historia no se repita.

ETA asume 13 asesinatos en la Puerta del Sol | Zona Retiro -

Por eso, tras la disolución de la banda terrorista, la batalla por contar lo que pasó en realidad es una cuestión clave, no solo para el País Vasco sino que también lo es para el resto de los españoles. Primero, porque son muchas las personas que quieren olvidar, que quieren pasar página y segundo, porque existe mucho desconocimiento entre los jóvenes vascos y españoles de lo ocurrido en aquellos años de plomo.

Aunque el rechazo a ETA es abrumador y se considera que las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento público y memoria. Se trata de un tema que hace tiempo que no se aborda en las aulas, ni en las tertulias familiares, ni en los debates públicos.

El País Vasco, con dos centros dedicados a la memoria de reciente creación : el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dedicado a la memoria de la Guerra Civil, la represión franquista, el terrorismo de ETA y la guerra sucia del Estado español. Promovido por el Gobierno Vasco y con sede en Bilbao. Y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno de la Nación y con sede en Vitoria.

Cuando llegaron mis hijos a casa les abracé y les dije: 'Han matado a papá'» | El Correo

Ambos centros, parten del planteamiento común de que el terrorismo etarra no tuvo excusa alguna pese al autoritarismo franquista y a la guerra sucia y están obligados a entenderse en aras a una explicación democrática.

Frente a ellos, está el relato de la propia banda criminal -ya anunciado en su comunicado de disolución- y ampliado por sus seguidores, en el sentido de que ETA fue una respuesta armada al Estado español por la invasión del territorio vasco. Así se pretende justificar en parte, los crímenes de ETA, que cuenta con el apoyo de toda una industria que está detrás, gracias a un entramado de asociaciones que a pesar de su escasa calidad y descarado partidismo, tiene una notable influencia y difusión en las redes sociales y medios de comunicación de aquella región española.