¿ DÓNDE ESTÁN LOS INTELECTUALES DE ESTOS TIEMPOS ?.

A pesar de vivir ya en el siglo XXI aún no se ha logrado la adecuada conexión entre las dos culturas que dividen a la sociedad moderna -las ciencias y las humanidades- suponiendo un grave problema para la resolución de los conflictos que afectan a la convivencia diaria y al bienestar de la población. Aunque esta falta de relación no es de ahora, sí ha tomado una nueva forma: la separación de los intelectuales de la política. Pocas veces habían estado alejados tanto los librepensantes y los asuntos de los ciudadanos.

Los pensadores críticos son hoy una especie en vías de extinción. Temen la política y se diría que la política muestra una indiferencia absoluta por todo lo que se pudiera denominar intelectual. Hay otros muchos que piensan que estos tiempos corresponden a un declive de la razón crítica; que los estudiosos se han distanciado de la esfera pública para acercarse a un mundo cada vez más profesionalizado y más empresarial; que están perdiendo su autoridad moral para dirigirse al poder al tiempo que se muestran incapaces de realizar sus funciones de una manera independiente y valorativa. Nunca se habían mostrado tan profundamente opuestas la conciencia crítica y el espacio público.

Parece que todos los eruditos de hoy pensaran que puesto que todas las verdades morales son relativas ya no hay necesidad de ser la voz ética de un mundo sin voz. El afán de algunos de ellos de aparentar que lo políticamente correcto y sensato es desestimar la importancia que tienen los imperativos morales en el mundo de la política no es más que una forma de hacer coincidir las necesidades humanitarias urgentes del mundo en el que vivimos con las suyas propias para promocionar su carrera profesional o su proyección social. Empleados, funcionarios, autónomos, profesionales liberales… se encuentran encadenados a la rueda de un medio de vida respetable que paradójicamente frena su capacidad para la crítica en un contexto ordinario.

Para ser más preciso, los intereses personales han destruido los llamados intereses públicos de los pensadores. Al olvidarse de la política de una forma tan rápida y sin dejar lugar para el arrepentimiento, se han transformado en defensores de la cultura de masas carentes de todo sentido de censura. Es por ello por lo que los llamados politólogos y expertos culturales han venido a sustituirlos como actores sociológicos en el mundo contemporáneo.

A los intelectuales ya no les interesa reflexionar sobre los problemas que nos rodean y debatir sobre los valores morales porque su único interés no pasa más allá de un comentario de los hechos. Así, en la era de la globalización dominada por las redes sociales y la comunicación tecnológica en la que las opiniones disidentes suelen estar acalladas, una epidemia de conformismo ha paralizado por completo la vida pública, convitiéndola en una entidad impulsada única y exclusivamemnte por el mercado.

Si se quiere recordar la evolución del compromiso de los eruditos en la historia europea del siglo pasado, el XX, habría que empezar por el asunto Dreyfus ( militar francés acusado de espionaje ) y la aparición de lo que desde entonces se llama la categoría de intelectual. A partir de ahí, todo el mundo estaba de acuerdo en que el intelectual tenía que comprometerse porque su labor era defender los valores universales por encima de la política del momento; que era un sujeto que operaba dentro de un marco moral y se atiene a unos valores trascendentales, libre de las impurezas de la política que debe de atacar la injusticia, el prejuicio y la intolerancia de la vida pública; restaurando la función que Sócrates había reservado para el filósofo: defender la universalidad de la búsqueda de la verdad y luchar contra la violencia.

El método del maestro griego era dominar la violencia con el uso del diálogo frente a las convicciones políticas, empezando por la honestidad de abrirse a la pluralidad humana para reconocer las diferencias que existen entre las personas y eso presupone otro valor igualmente esencial a la condición de intelectual: el respeto.

Una de las tareas del intelectual es cómo reformar y mejorar la sociedad de su tiempo. Su empeño primordial debe centrarse en la educación cívica de los demás ciudadanos para la responsabilidad que entraña la participación democrática en la gobernanza aunque muchos de ellos consideren que lo que llamamos examen juicioso es un ejercico inútil. Si no se lee y se ejerce el espíritu analítico, la Historia podría convertirse en una simple repetición de los errores humanos. Por el contrario, cuando se comprometen con la Historia, no solo necesitan una mente abierta sino también reflexiva, capaz de entender que las verdades pueden ser parciales y razonar sobre ello.

Con este planteamiento, la pregunta es: ¿ cómo se puede hablar de preservar la ética en la esfera pública y no abandonarla cuando han dejado de existir los absolutos morales ?. La respuesta más aceptada es el problema del mal y sus implicaciones políticas, siendo hoy un desafío importante para el mundo político y la integridad moral de los intelectuales. Aunque todas las personas son responsables de las calamidades e injusticias de este mundo que nos ha tocado vivir, el papel del pensador en los ámbitos gubernativo y social conlleva una mayor responsabilidad moral, casi una especie de héroe pues hace falta tener una gran valentía para enfrentarse a las responsabilidades que se adquieren en la vida pública.

Muchos creen que ser hoy un crítico comprometido con la manera de gobernar a la población no es nada del otro mundo porque ser demócrata y vivir en una democracia no supone ningún riesgo pero dado que no puede haber una democratización y una globalización reales si no están acompañadas de una labor verdadera de reproches por parte de observadores en su función de contrapoderes, ser hoy un espectador analítico significa ejercer de conciencia moral de estos tiempos que nos ha tocado vivir.

Por eso, para los intelectuales comprometidos la auténtica lucha no se limita a estar a favor o en contra de la política que se haga sino que se trata -sobre todo- de una batalla en defensa de lo humanitario frente a lo inhumano; de tener el arrojo de alzar la voz en nombre de la convivencia y en contra de la injusticia. Por esta razón, aunque el concepto haya perdido la fuerza que tuvo en el momento del caso Dreyfus, se ha de mantener la función del intelectual público. Mientras que se siga creyendo que la esperanza no es una palabra inútil, los intelectuales no dejarán de ser necesarios en todas las sociedades.

SIGUEN AUMENTANDO LAS AGRESIONES A LOS POLICÍAS.

Los atentados a los agentes de la autoridad han vuelto a alcanzar un nuevo récord el pasado año de 2.024 de acuerdo con una respuesta parlamentaria al Partido Popular (PP ) que ha hecho pública el Ministerio de Interior el pasado dia cinco de este mes de marzo. En los cuerpos policiales del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, han sido 16.878 los ataques sufridos. Esta cifra supone un 0,27% más que la registrada en 2.023, ( donde se contabilizaron 16.833 asaltos que suponían más de 1.400 al mes con un promedio de casi 47 al día) ; y es la más alta de las conocidas hasta ahora.

Desde que gobierna la coalición socialcomunista actual, en junio de 2.018, los datos oficiales de los delitos de agresiones contra los funcionarios de la seguridad pública no han parado de aumentar. Solo ya en 2.019, con 13.127 el incremento fue del 6,1% y el ministro Marlasca celebró de esta manera su primer año en los gobiernos de Pedro Sánchez. En 2.020 se registraron 13.671 atentados. El aumento interanual fue mucho mayor en 2.021, con 15.360 que era un 12,6% de incremento y en 2.022 fueron 16.651 con un 8,1% más. De este modo se puede comprobar fácilmente que los repuntes habidos durante la última década se han concentrado en los últimos seis años de mandato Sánchez-Marlasca.

Siguiendo con estos números oficiales, aparece un detalle alarmante en el sexenio 2.018-2.024 y es el que la elevación de las agresiones ha sido de casi un 30%, ( un 28,5% real ) de tal forma que desde que Marlasca es ministro del Interior las cifras se han incrementado en más de 4.500 agresiones.

El nuevo récord alcanzado en 2.024 en estos delitos, tiene un mayor impacto en algunas zonas de España en las que los agentes sufren con mayor frecuencia esos ataques. En la Comunidad Autónoma de Madrid por ejemplo, el año pasado se dieron hasta 3.086 atentados contra policías y guardias civiles, acumulando así el 18,2% del total nacional .Le siguió la región catalana, con especial incidencia en la provincia de Barcelona con 1.890 casos. Después está la Comunidad Valenciana, donde sobresale la provincia de Valencia con 1.147 delitos de este tipo. La lista continúa con Andalucía, siendo Cádiz la provincia que más destaca con más de 500 agresiones.

La violencia contra los cuerpos policiales está descontrolada como se puede apreciar y los agresores se sienten impunes. Las consecuencias penales de estos actos son irrisorias ya que se despachan como multas -muchas de ellas de 50 euros- que encima no se pagan por la insolvencia del agresor por lo que que se puede afirmar con rotundidad que pegar a un policía en España te sale casi gratis.

Estos números demuestran que es necesario tomar una serie de medidas que protejan la labor policial porque a todas luces son intolerables y desde el ministerio cuyo titular es Marlasca no se ha tomado en consideración ninguna de las denuncias que los sindicatos policiales vienen haciendo estos últimos años para atajarlos, como que se agraven las penas y se refuerce su protección jurídica, mientras que varios de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno socialcomunista que sufrimos pretenden recortar aún más la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que es la principal herramienta normativa que se dispone para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Es indignante que Marlasca siga sin hacer realidad el seguro de responsabilidad civil para los policías pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a ello. También, que siga sin declarar profesión de riesgo a los cuepos policiales de él dependientes, en contra de los policías autonómicos y locales que sí lo tienen reconocido y sin disponer de los medios técnicos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los componentes de las patrullas policiales y las unidades de intervención antidisturbios. Y ya como insulto final lo es no haber alcanzado aún la equiparación salarial con otros cuerpos policiales de menor rango normativo y limitadas funciones profesionales.

LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE LA MENTIRA.

A Esquilo, dramaturgo de la antigua Grecia, se le atribuye la frase de que la primera víctima de la guerra es la verdad. Había luchado contra los persas en las míticas batallas de Maratón y Salamina y sabía de lo que hablaba. Este principio que tienen grabado a fuego en su mente todos los correponsales de guerra se les enseña en la facultad universitaria bien pronto. Hoy podemos verlo en los principales medios de información También podría decirse que la verdad es víctima recurrente en cualquier sociedad organizada porque la mentira política es un arte tan viejo como la civilización.

La verdad es un concepto escurridizo en metafísica y cambiante en ciencia. Un nuevo descubrimiento puede anular lo que se daba por cierto hasta ese momento pero en el día a día, se trata de un asunto diferente: hay cosas que han ocurrido y otras que no, pero los hechos -reales o no- influyen en nuestra percepción y por lo tanto en nuestra opinión.

Desde la misma antigüedad, la verdad y la mentira se han mezclado muchas veces y esas realidades falsas han inferido en el presente. Llegados hasta este punto, conviene hacer una distinción entre noticias falsas y propaganda porque aunque ambas crecen y se multiplican en el mismo ecosistema no son exactamente iguales.

La propaganda busca convencer, ser eficaz y para eso utiliza todo tipo de instrumentos desde el arte hasta el cine, los pasquines o las redes sociales. Las noticias falsas son una rama de esa propaganda y lo que persigue es engañar, crear otra realidad. La preocupación por la forma en la que estos engaños cuajan y por los mecanismos a través de los que se crean y se multiplican no es de ahora. Los estudios más serios sobre este fenómeno aparecieron en el siglo pasado.

Pienso que un error solo se propaga y amplifica cuando encuentra un caldo de cultivo favorable en la sociedad. Las noticias falsas necesitan gente que quiera creerlas. Traigamos aquí tres ejemplos muy claros: la guerra de Cuba (1.898 ) con la manipulación de los periódicos; la guerra de Vietnam ( 1.975 ) con el incidente del golfo de Tonkín ( fraude norteamericano para provocar la escalada de la guerra ) y la invasión de Iraq ( 2.003 ) con las inexistentes armas de destrucción masiva. Es curioso resaltar que estos tres conflictos bélicos en los que se metió Estados Unidos empezaron con excusas inventadas.

Con ellas, se creó una psicosis de guerra, de cambiar la Historia por medio del sensacionalismo logrando así la circulación millonaria de los periódicos con su correpondiente venta masiva y patadas en el estómago del lector. Desde entonces, surgió un cierto escepticismo hacia ellos que se prolonga hasta nuestros dias con aquellos que creen erróneamente que la prensa cuenta mentiras y las redes sociales verdades. Esa desconfianza hacia lo que contaban, la misma que ahora nutre a los que buscan esa otra verdad en Facebook que para muchos es la única ventana al mundo.

Una de las grandes tragedias del siglo XX como fueron las matanzas promovidas por los grandes totalitarismos, logró esconderse detrás de noticias falsas. Las dictaduras nazi y soviética no solo fabricaron falsedades tremendas sino que fueron capaces que construir otra realidad en la que lo verdadero y lo falso eran elementos accesorios.

Pongamos por ejemplo la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ( URSS ) donde la revolución rusa no solo abolió la propiedad privada sino que también se eliminó la realidad. Hoy en día puede resultar inexplicable que mientras Stalin asesinaba en masa y deportaba a millones de personas de sus regiones naturales, la bondad del socialismo se mantenía como dogma en grandes sectores del mundo occidental. En este caso, de buena o mala fe, demasiada gente pensó que la realidad era una noticia falsa

El rédito político de las noticias falsas es grande y lo fue mucho antes que apareciera internet pero siempre ha necesitado del suficiente entorno de la población predipuesto a creérselo. Las mentiras que se cuelan y convencen a las masas no llegaron con las redes sociales.

Todo lo anterior suena hoy a introducción histórica si contemplamos el panorama político nacional y hojeamos los giros y volantazos que el Presidente del Gobierno socialcomunista que disfrutamos ha hecho para mantenerse en el poder. Donde dije digo, digo Juntos Por Cataluña, el decreto ómnibus, la cuestión de confianza y por último la cesión de extranjería y fronteras al Gobierno autonómico catalán.

La posmodernidad y su concepto flexible de verdad y mentira parecen hacerse carne en Pedro Sánchez a tenor de las ocasiones que ha incumplido sus promesas y poniendo en juego su credibilidad, ha homenajeado a aquellos principios fluctuantes del visionario Groucho Marx: si no le gustan estos, no se preocupe porque tengo otros.

Ya en 2.023, el propio Presidente manifestó públicamente en la radio que él no mentía, que era incapaz de vender a quien fuese para mantenerse en el poder pero que ante determinadas cuestiones sí había realizado cambios de opinión y rectificaciones. Si se hace una antología de urgencia nos vamos a encontrar ya bien pronto, en 2.018, en la moción de censura contra Mariano Rajoy, necesaria para formar un Gobierno transitorio que convocara elecciones cuanto antes, vista la degradación política de aquel momento. Estamos en mayo y Sánchez convoca elecciones en febrero de 2.019 cuando no le queda más remedio al quedarse sin apoyo parlamentario.

Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20. Esto lo dijo en televisión en 2.015 y lo fue repitiendo por donde pasaba hasta el año 2.019. En 2.020, el Gobierno socialcomunista de PSOE-Podemos pacta con Blidu su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En 2.023, ocurre lo mismo para apoyar su investidura.

En 2.019, un Pedro Sánchez con su careta de sensible e íntimo, afirma rotundamente que él no puede pactar con los cachorros comunistas de Podemos porque no dormiría por las noches, además manifiesta su mala relación política con su entonces dirigente, Pablo Iglesias. Tres meses después y sin inmutarse lo más mínimo forma una alianza con él y lo nombre Vicepresidente del Gobierno.

En el debate electoral y ante las cámaras de televisión, el cuatro de noviembre de 2.019, dijo con rotundidad sobre Carlos Puigdemón: me comprometo, hoy aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Ahora es su sotén y báculo parlamentario. En efecto, permitió que volviera a España durante unas horas el pasado ocho de agosto de 2.024 para exhibirse en uno de los capítulos más humillantes de la reciente política española. Ahora, Pedro Sánchez manda a sus emisarios al refugio belga del prófugo de la justicia para acordar con él sus políticas,

En mayo de 2.018 y en televisión, Sánchez asegura que los hechos acaecidos en Cataluña, el uno de octubre de 2.017, constituían claramente un delito de rebelión. Año y medio después, en octubre de 2.018, aquel supuesto golpe de estado no podía serlo porque no se hizo por militares o civiles armados a la orden de militares. Pocos dias después, la Fiscalía del Estado ya no acusa a aquellos dirigentes catalanes de rebelión porque el Presidente los necesita para formar mayoría en el Congreso de los Diputados.

El 21 de julio de 2.023, a menos de 48 horas de las elecciones generales, Sánchez proclama: el independentismo catalán pedía la amnistía y no la ha obtenido y negaba que si ganaba las elecciones, fuera a ir más allá del indultos condicionados. El 28 de octubre, anuncia que hay que hacer de la necesidad virtud y la amnistía es la única vía posible para que haya Gobierno socialista. Los dirigentes del proceso separatista deben de ser amnistiados en nombre de España y en defensa de la convivencia.

Desde que empezó el presente año de 2.025 volvemos a las andadas y aunque el listón está alto, no se debe nunca dejar de soñar. Pedro Sánchez, tras fracasar en el Congreso de los Diputados para aprobar el decreto omnibús por la negativa de sus socios de gobierno y de apoyo parlamentario, niega que vaya a trocearlo para sacarlo adelante como le pedía la oposición. Semanas después hace exactamente lo contrario y logra que se apruebe.

Y para completar el fangómetro presidencial, nos encontramos con la reciente delegación de competencias al Gobierno regional catalán en materia de inmigración y fronteras tras haberlo negado por activa, pasiva y perifráctica, ya que se trata de funciones exclusivas del Estado que no se pueden ceder. Sánchez, dijo en enero de 2.024: todo lo que tiene que ver con el control de fronteras no se puede transferir, siguiendo la estela del Tribunal Constitucional que en la sentencia del modificado Estatuto catalán estableció que la cesión de la inmigración es claramente inconstitucional porque es una competencia exclusiva del Estado.

Y van….

¿ POR QUÉ LLAMARLO «DANA» CUANDO ES UNA «GOTA FRÍA» ?.

Ese fenómeno atmosférico que siempre hemos llamado gota fría existe desde el principio de los tiempos y continuará hasta el fin de los mismos. Hasta el pasado año de 2.024, se ha repetido en 27 ocasiones y en lo que va de 2.025 son ya siete desde que existen referencias históricas y siempre se han producido de la misma manera, a través de un choque a altos niveles de la atmósfera entre el aire frío que viene del norte, bien del Polo Norte o de Siberia, y la evaporación del agua del mar Mediterráneo que aún se mantiene caliente en otoño.

Ese choque es lo que provoca las enormes precipitaciones y siempre ha sido así. Ahora también. Y no tiene nada que ver con esa gente calentóloga que todo lo que pasa se lo atribuyen a un inventado cambio climático. Llama mucho la atención que lo que siempre se ha llamado gota fría ahora sea dana ( siglas de depresión aislada en niveles altos ) con la pretensión de que si se cambia el nombre al fenómeno parece nuevo.

Igual ocurre lo que hasta 1.998 se ha conocido como calentamiento global porque decían que nuestro planeta se calentaba pero como no era así sino todo lo contrario ya que hubo una pausa que duró hasta el año 2.016 que la temperatura no subía y entonces los ideólogos fundamentalistas pensaron que como no se cumplían sus profecías, lo mejor era cambiar de nombre y pasarlo a emergencia climática y así se trataba de una cosa nueva.

Si todo esto es debido al CO2 como afirman, deberían de explicar a qué ha sido debida la pausa mencionada y no lo hacen porque no pueden. Después del año 2016, cuando se produjo El Niño, que fue especialmente fuerte, motivó una elevación de temperatura que después bajó hasta que ha llegado otro Niño tan duro como el anterior en 2.022 y además provocó la erupción del volcán submarino que ya hemos olvidado ( Hunga-Tonga, Hunga-Ha`pai, ubicado en Tonga, al sur del Pacífico ) y proyectó hasta la estratosfera enormes cantidades de vapor de agua que es el gas de efecto invernadero más abundante y más potente del que no habla nadie porque ese gas no puede ser gravado con algún nuevo impuesto que es al fin y al cabo el fondo de la cuestión: recaudar más.

Una vez establecido el objetivo y como no se atreven a poner impuestos al agua porque afortunadamente está en todas partes y el vapor de agua también: ¿ Qué es lo que queda ?. La respuesta es evidente: sobre las emisiones de CO2 antropogénicas, es decir, del ser humano y ya está, el discurso oficial va a ir por ahí, por el camino del CO2. Una vez aclarado el fin que se persigue queda por definir la manera de lograrlo: castigando a las economías occidentales con esta letanía.

Para los incrédulos que cuestionan todo lo anterior no tienen nada más que leerse las actas de las reuniones de las Naciones Unidas ( ONU ) donde dicen de manera clara que toda esta teoría que se han montado con la Agenda 2030 y que antes era 2050, no tiene nada que ver con el clima sino con el cambio de las estructuras de poder en todo el mundo.

La guerra sin cuartel que se ha declarado a la quema de combustibles fósiles como medio para la producción de electricidad en este sistema de vida en el que estamos instalados, se está llevando con la generación de energía por medio de las vías solar y eólica que además de llenar de chatarra toda esa naturaleza que dicen defender hasta extremos radicales, son ineficaces y exigen otras energías de respaldo que solo pueden dar aquellas centrales que se alimentan con combustibles fósiles.

La realidad ha demostrado que ningún país puede sobrevivir solo con esas energías alternativas como está pasando ya en Alemania y Reino Unidoc que ya se están planteando volver a la denostada fuerza nuclear. Y despúes irán todos los demás países según vayan reconociendo el fracaso de la política energética seguida hasta ahora que se ha impuesto con el calificativo de sostenible. La base del desarrollo de las sociedades modernas pasa por tener una corriente barata que, de momento, solo dan los combustibles fósiles.

EN RECUERDO DEL GRUPO ESPECIAL FEMENINO DE LA POLICÍA ESPAÑOLA.

 

En marzo de 1974, se creó en la extinta Dirección General de Seguridad y para que colaboraran en los servicios que se establecieran en el entonces Cuerpo General de Policía, el Grupo Especial Femenino integrado por funcionarias de los Cuerpos Especiales Administrativo y Auxiliar de Seguridad.

Ese mismo año y en la Escuela General de Policía -situada entonces en la calle Miguel Angel 5, sede de la actual Dirección General- realizaron un Curso de Preparación Especial. Se suponía que dichas mujeres -muy jóvenes en su mayoría- tenían un gran espíritu profesional y una enorme vocación policial, unido a una inquietud de chicas modernas con unas ganas auténticas de demostrarse a sí mismas y al mundo entero que la mujer podía ser útil a la sociedad y a una organización cuyos fines han sido siempre tan necesarios y fundamentales para el desarrollo y la convivencia de cualquier comunidad.

Esa Primera Promoción, la formaron 34 mujeres que lograron superar las pruebas que se les había exigido para su posterior misión. Todas salieron de la Escuela con tal entusiasmo que, aún sabiendo las dificultades múltiples que irían teniendo, creyeron que serían factores vencibles.

Sabían que era un Curso Experimental y nadie exigía condiciones de ningún tipo, tan solo pedían trabajo y ser acogidas con normalidad por los jefes y compañeros, puesto que esta era la mayor preocupación de entonces: nadie había trabajado hasta ese momento  -de manera ordinaria- con mujeres, en funciones policiales.

Había habido algún caso anterior pero de manera excepcional y muy coyuntural. La España de aquel momento todavía seguía teniendo rémoras de prejuicios. Al Inspector joven y emprendedor, le costaba aceptar la compañera femenina y al mayor también, bien por un exceso de protección a la mujer o por no terminar de verla en ciertas situaciones.

En definitiva, todas se lanzaron a lo que algunos llamaron aventura, ya que tenían inscritas en sus corazones dos cualidades muy significativas: sacrificio y espíritu profesional. Y esto solo puede concebirse en jóvenes responsables y con una formación que está muy lejos de leyendas y películas modernas de acción.

Año tras año, tuvieron resultados muy favorables y por ello las Promociones continuaron. En los inicios tuvieron que darse a conocer en los momentos necesarios aunque con la discreción requerida: nadie conocía la existencia del Grupo Especial Femenino.

También aparecieron los comentarios jocosos, unas veces con cariño y otras, llenos de ironía. Se aceptaba con paciencia que llegaría el día del respeto verdadero y el compañerismo auténtico que siempre había demostrado el Cuerpo General de Policía.

Todo ésto significaba que, la labor que realizaban comenzaba a apreciarse y continuaba con los mismos ánimos y deseos, por lo que no se resignaban a aceptar que todo terminara o quedara en una mera colaboración. Su empeño era mucho más elevado a la par que altruista ya que consideraban que el sacrificio silencioso de esa minoría femenina no debía de estancarse en un proyecto ya que esa denominación estaba fuera de lugar al haber resultado el experimento totalmente positivo.

El Grupo Especial Femenino era consciente de su trabajo y ofrecía todos sus esfuerzos e ideales al Cuerpo General de Policía -con la responsabilidad que ello implicaba- del que se consideraban parte integrante no sólo como mujeres sino también como Policías.

El Apartado nº 8 de la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, integró el Cuerpo Administrativo de Seguridad en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. El Apartado nº 10 de la misma Disposición, integró el Cuerpo Auxiliar de Seguridad, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

Ambas medidas, acabaron con la existencia del Grupo Especial Femenino, sin reconocimiento alguno y devolviéndolas a los trabajos de archivo y máquinas de escribir. Sirvan estas líneas de homenaje a las precursoras de la plena incorporación de la mujer a las labores policiales, como Policías.

En plena Transición Política en España, el 14 de marzo de 1.978 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), una convocatoria de pruebas de acceso para el Cuerpo General de Policía. Pero aquella convocatoria no era una más sino la primera que se reservaban 100 plazas para las mujeres ( miembros femeninos, ponía en el BOE ).

Algo más de un año después, el 30 de junio de 1979, 42 de ellas, juraban su cargo como componentes de la primera promoción del Cuerpo Superior de Policía, heredero directo del extinto Cuerpo General de Policía. Se inició entonces un camino imparable que no ha hecho nada más que crecer hasta llegar en la actualidad a ocupar puestos de máximos responsabilidad en la estructura policial y presencia en todas las especialidades profesionales.

También a esta primera promoción pertenecía la primera funcionaria de policía asesinada por ETA con ocasión de una operación antiterrorista desarrollada en Zarauz ( Guipúzcoa ) el 16 de junio de 1981. Se llamaba María José García Sánchez, Inspectora del Cuerpo Superior de Policía, de 23 años y soltera. Era hija de un guardia civil.

Hoy, son ya 13.247 el número de mujeres que forman parte de la Policía Nacional, ( sucesor de todos los Cuerpos Policiales mencionados ) el 18,3% del total de la plantilla y con tendencia a aumentar año tras año.

EL PASTOR MARROQUÍ CUIDA A SU REBAÑO EN ESPAÑA.

La Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero tenía previsto enviar a 38 imanes a España, entre el pasado jueves, 27 de febrero al 1 de abril de 2025, como parte del apoyo religioso a los marroquíes residentes en el extranjero durante todo el mes de Ramadán que comenzó la noche del pasado viernes 28 de febrero y que durará hasta el domingo 30 de marzo.

Un comunicado emitido por la Fundación indicó que la misión estaba compuesta por 272 miembros, incluidos 38 profesores universitarios, 39 predicadores con doctorado, 44 ​​predicadores con maestría y 60 predicadores con licenciatura.

60 predicadores serán asignados para pronunciar el sermón y brindar clases de memorización del Corán; 31 realizarán las oraciones nocturnas del Tarawih. Con el fin de apoyar a la comunidad marroquí; en el mundo cristiano 75 irán a Francia; 40, a Alemania; 33, a los Países Bajos; 38, a Italia; 33, a Bélgica;, 10, a Canadá; seis, a Estados Unidos; cuatro, a Suecia; dos, a Inglaterra; uno, a Hungría; dos, a Noruega y otro, a Islandia.

La Fundación Hassan II organiza este proceso desde 1992 y está interesada en diversificar su campo de actividad religiosa en apoyo de las asociaciones y mezquitas marroquíes en el extranjero para que organicen seminarios y concursos de memorización y recitación del Corán.

Otros años, fueron cincuenta imanes marroquíes los enviados a España para oficiar los rezos y ofrecer asesoramiento religioso a sus compatriotas durante el mes de ayuno del Ramadán. Y el anuncio de la llegada lo hacía el Ministerio marroquí de Asuntos Islámicos detallando en un comunicado que los predicadores formaban parte de una delegación de 398 personas que se repartirían por diez países: Francia (a donde irán 163 imanes), Italia (54), Bélgica (43), Alemania (25), Países Bajos (24), Canadá (21), Dinamarca (9), Suecia (6), Gabón (2) y España.

Su misión era la misma que la de ahora y consistía en impartir conferencias y presidir veladas religiosas en las mezquitas, dirigir las oraciones especiales del «tarawih» (rezo anterior a la medianoche) y difundir los valores de un islam moderado y tolerante. En este sentido, el Ministerio insistía en que esta iniciativa buscaba «proteger y preservar del fundamentalismo y del extremismo» a las mezquitas que frecuentan los marroquíes residentes en el extranjero.

En el reparto de los 50 imanes desplazados a España entonces, fueron seleccionados por el Consejo Superior de Ulemas de Marruecos y se daba prioridad a las ciudades en las que la comunidad marroquí tuviera un mayor peso, empezando por la provincia de Barcelona, siguiendo por la Región de Murcia, Comunidad de Madrid y terminando por la provincia de Almería.

De los emigrantes con residencia legal en España por país de nacimiento, más de un millón ( 1.092.892 ) son de origen marroquí y constituyen el colectivo inmigrante más numeroso. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que acoge a un mayor número de estos magrebíes seguida de Baleares, Castilla y León y Cataluña.

Conviene recordar que durante el Ramadán, noveno mes del calendario islámico (lunar), los creyentes musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el ocaso. El año pasado duró también desde la noche del viernes 28 de febrero hasta el domingo 30 de marzo.

Pero este sistema de ayuda religiosa hacia los residentes fuera del país, ha mostrado una grieta que ha disgustado bastante a las autoridades marroquíes y es que al menos trece imanes enviados por el Ministerio de Habbus y Asuntos Islámicos de Marruecos a Europa para predicar en el Ramadán no se presentaron el año pasado a los distintos aeropuertos para el regreso y desde entonces están desaparecidos, Tenían una licenciatura, una maestría o incluso un doctorado. El Estado marroquí les pagaba mensualmente por trabajar en su mezquita y se beneficiaron de un viaje de ida y vuelta con todos los gastos pagados, a Europa para dirigir allí las oraciones del Ramadán.

Estas misiones son habituales en Marruecos, que tiene millones de expatriados en países europeos. Cada Ramadán, varios centenares de académicos cruzan el Mediterráneo para acompañar a los musulmanes marroquíes que así lo deseen. El proceso de selección es muy estricto pero según varios medios marroquíes, los perfiles que buscaban eran de solteros y sin hijos. Según el periódico Assabah, el Ministerio Habbus ha decidido endurecer las condiciones de salida. Para evitar sorpresas desagradables el próximo año, será necesario que los imanes estén casados ​​y sean padres antes de ser enviados a Europa.

LA CATALANIZACIÓN LINGÜÍSTICA QUIERE SER ÚNICA Y TOTAL.

El Tribunal Superior de Justicia catalán ( TSJ ) lleva desde diciembre de 2.020 ( y ratificado por el Tribunal Supremo desde 2.021) obligando al gobierno autonómico para que proteja a los alumnos que sufren el acoso nacionalista en todo el sistema educativo catalán por pedir más enseñanza en castellano. En todos sus Autos publicados, conceden el amparo solicitado a las peticiones de las diversas familias de los niños y adolescentes y ordenado de forma cautelar a los centros educativos que lo han impuesto que cambien su modelo lingüístico para elevar el porcentaje de aulas en español hasta el 25% de las clases lectivas como se venía haciendo dsde el año 2010.

La particularidad de estas resoluciones judiciales es que instan tanto al colegio en concreto como al correspondiente departamento de enseñanza regional o provincial a que adopten las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad de los hijos de los demandantes. Lo hacen para evitar que se repitan casos como el que sufrió una denunciante en 2015, en Balaguer ( 17.597 habitantes, Lérida ) que fue hostigada por una buena parte de sus vecinos por haber pedido en el colegio de sus hijos más horas de clase en castellano. Después de que los tribunales fallasen a su favor, se filtraron sus datos personales y se organizó una campaña de acoso contra ella hasta el extremo de que los compañeros de sus hijos les dejaron de hablar y ni siquiera los invitaban a los cumpleaños.

El resto de padres, varios profesores y hasta el alcalde del pueblo interpretaron que el pronunciamiento judicial suponía todo un ataque al modelo de incursión lingüística y se movilizaron en contra. Incluso el Defensor del Pueblo autonómico pidió al gobierno regional que creara un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitan la educación bilingüe. Este protocolo que no ha llegado a elaborarse por la negativa manifiesta de adaptarse al marco legal vigente, aparece mencionado en todos los Autos judiciales realizados desde entonces y obligan a no señalar a los que pusieron las reclamaciones.

La consecuencia de todo esto es una campaña política que reclama la educación en catalán y a salvar los colegios de esta injerencia judicial, manifestada de diversas maneras siendo una de ellas llenar de pegatinas reivindicativas las farolas, fuentes de agua y hasta las verjas de los colegios e institutos. Frenada gracias a la intervención de la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe ( AEB ) que ayuda a las familias que piden más horas de clase en castellano y que contrarresta esta ofensiva nacionalista.

Es importante resaltar, el conflicto que se genera cada vez que el TSJ dicta medidas cautelares para garantizar que se haga efectiva la presencia del castellano como lengua cooficial del sistema educativo en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano también como lengua vehicular haciendo alusión a la doctrina del Tribunal Supremo.

Esta proporción razonable del castellano que ya se mencionaba en la LOMCE ( Ley Orgánica 8/2.013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ) también conocida como la Ley Wert, ( Gobierno del Partido Popular ) desapareció ya en el anteproyecto de la Ley Celaa; ( Gobierno socialista y se mantiene en la actualidad )) ha sido la fijada por la justicia en un 25% del total de las las horas lectivas. Se trata en la práctica de añadir una asignatura más en español a la que se da en Lengua y Literatura Castellana, Matemáticas o Ciencias Naturales.

También se señala expresamente que el material didáctico de estas materias también debe de estar redactado en castellano. Esto que parece obvio es debido a que se ha llegado a conocer el caso de un profesor de Lengua Castellana que impartió la asignatura en catalán y prescribía los libros de apoyo en esa lengua.

Los Autos judiciales mencionados, obligaban a pagar al gobierno autonómico las costas de los juicios – puesto que los perdía- que normalmente eran de 800 euros cada uno. La AEB recuerda que al principio, las mismas eran de 400 euros pero que el Trbunal las ha duplicado por la actitud recalcitrante de las autoridades catalanas al cumplimiento de sus sentencias.

LOS DISTURBIOS QUE EN ESPAÑA ESTÁN POR VENIR.

Desde que gobierna el socialcomunismo en España, se han disfrutado unos años de envidiable paz social conseguida por los subsidios, subvenciones y ayudas sociales que han permitido una deuda pública inasumible por el Estado que lleva tiempo superando el billón de euros -si, es b- y que dejará en herencia a quién le sustituya. Se necesitarán varias generaciones para poder pagarla.

No han habido grandes manifestaciones violentas; las huelgas nacionales, regionales, provinciales y locales han desaparecido prácticamente del panorama laboral; los agitadores y propagandistas profesionales se han retirado a sus cuarteles de invierno; los cachorros antisistema han guardado sus sudaderas con capuchas y correspondientes tapabocas y los grandes sindicatos han enmudecido tras el millonario cobro económico de la oportuna subvención. Excepción hecha de los disturbios independentistas catalanes especialmente los de octubre de 2.019 tras la publicación de las condenas a prisión de los separatistas líderes regionales.

La pregunta surge inevitable: ¿ Qué ha pasado para llegar a esta idílica situación ?. Sencillamente, que gobernaba la izquierda socialista y la extrema izquierda comunista, aliados en el Gobierno de la Nación y sus huestes alborotadoras recogidas, releyendo El Capital y los discursos de Lenin para no olvidar las esencias y buscando su comedero en los múltiples chiringuitos progresistas – remunerados- creados para su ocupación y abrevadero.

Desde que Pedro Sánchez dirige el Gobierno central es el Presidente que más cambios ha hecho en el Código Penal que otro gobierno socialista llamó de la democracia en 1995, sin que la legislatura actual haya terminado y sin que las reformas penales hayan cesado. Desde 2018, el texto penal ha sufrido más de 20 cambios, el triple que hizo su antecesor en la presidencia, el popular Mariano Rajoy. El más grave ha sido la supresión del delito de sedición y su sustitución por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Además de la desnaturalización de la Ley de Seguridad Ciudadana que el rojerío puso en la diana de la supresión desde el primer día con el nombre de ley mordaza.

Además, los ha hecho despreciando todos los informes consultivos pertinentes como son los del Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial… al tramitarse por el procedimiento de urgencia y conforme a una técnica legislativa inédita hasta ahora que implica reformas de calado mediante un texto colectivo ( decretos omnibús ) en las Cortes Españolas.

¿ Cuánto va a durar esta situación ?. La respuesta tiene que ser cuando los españoles quieran porque los actuales gobernantes han olvidado el verbo dimitir y por lo tanto no saben conjugarlo. Pero habrá una limitación en el tiempo porque nada es para siempre y cuando esto ocurra la Policía tiene que estar preparada profesionalmente porque cuando estos parásitos pierdan el poder las calles comenzarán a arder y la violencia se extenderá por todas partes.

La desprotección permanente y acusada en el tiempo de los Cuerpos Policiales en su conjunto augura malos momentos venideros porque los agentes van a estar solos y jurídicamente serán débiles por lo que probablemente serán atacados físicamente por gentes que a fecha de hoy nos parezcan altamente improbables. Se ha perdido el respeto a los agentes de la autoridad y los casos de desobediencia van en aumento. Se ha pasado de que bastaba la mera comunicación de que una persona estaba detenida a la resistencia física e incluso a la agresión de los componentes de una patrulla policial.

Si como es previsible y dado el cariz que están tomando determinadas manifestaciones públicas como mecanismo de presión en la resolución de conflictos y ante la carencia de instrumentos o elementos intermedios de contención, la mejor manera de combatir este espiritu bélico es siendo más profesionales, demostrando preparación y resolución. Y esto solo pasa incrementando su presupuesto no solo en equipamiento sino en formación, sostenimiento y personal.

La pregunta que hay que hacerse ante este negro porvenir es si la Policía está preparada para defender a la sociedad ante las próximas hordas apesebradas envalentonadas por la pérdida de sus privilegios en los organismos creados para tal fin o si va a optar por una tolerancia o pasividad que renuncie a proteger a la población o a servir a los intereses de las autoridades políticas del momento.

Hay que cuestionar si se van a disponer de las suficientes Unidades de Intervención Policial ( UIPs ) movilizables para los conflictos sociales que puedan venir y si la sociedad española es consciente de que esto es posible o más bien se le debe de mantener en un mundo feliz, viviendo en la seguridad de que antes de que llegue la época de los desórdenes públicos agravados los gobernantes van a resolver los problemas y no pasará nada.

La razón fundamental de esta probabilidad es que los dos partidos mayoritarios y con experiencia de gobierno sigan en la política de confrontación y cualquier desacuerdo desatará una ola de enfrentamientos que podrán ser de una dimensión nacional o diluirse en numerosos regionales o locales. Esta es la gran duda sobre el futuro que nos espera y como no parece probable que este escenario acabe de forma súbita, habrá que estar alerta.

Muchos lectores de este blog se preguntarán si tanto avisar de peligros sociales que pueden acabar en batallas callejeras se debe a mi naturaleza personal o a mi experiencia profesional. Los del gremio sabemos que no hay cosa más negativa que una carga policial con el resultado seguro de personas heridas en ambos lados, de agentes y manifestantes. No hay nada más horrible para un Policía que el enfrentamiento directo incluso cuando los objetivos son muy loables.

La mejor manera de evitar las disputas es profundizando en la democracia y su régimen de libertades y derechos de lo que lamentablemente nos alejamos cada vez más. Otra opción sería haciendo imperar la racionalidad en las acciones políticas, cosa que se antoja muy lejana. Pero si todo esto falla, quizás la tecnología permita satisfacer las necesidades policiales sin llegar al combate directo pero la insatisfacción de los grupos extremistas es creciente y marcha mucho más rápida que la tecnología.

No prepararse para las amenazas posibles es un error que nadie se puede permitir pero no hacerlo mentalmente para que la población se pueda defender a través de su Policía es mucho más grave. Ayudaría a conseguirse el disponer de equipamiento moderno, específico para su uso lo menos lesivo posible y la decisión de utilizarlo cuando haga falta con la fuerza que sea necesaria y de manera proporcional. Hay que trabajar mucho en esa dirección antes de que sea demasiado tarde y lograr mantener el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas y la convivencia de todos los españoles.

LA REPRESIÓN CRIMINAL EN NICARAGUA.

La víspera de la nochebuena de 2018, el grupo de expertos enviado por la Organización de Estados Americanos ( OEA ) para estudiar la situación del país fue expulsado de Nicaragua por haber documentado decenas de asesinatos y considerar que el régimen sandinista debía de ser juzgado por cometer crímenes de lesa humanidad. Después de seis meses de trabajo, el adelanto de las conclusiones no gustó al tirano Daniel Ortega y por eso se impidió sus presentación pública ya que se le consideraba como el coordinador principal de la represión de su pueblo.

Según el informe, la Policía había abierto fuego de manera sistemática contra la población en general además de poner en marcha una campaña de castigo en la que habian incluido torturas y agresione sexuales en las cárceles. Delitos que debían de ser juzgados como graves violaciones contra los derechos humanos.

El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes ( GIEI ) pudo averiguar que la mayoría de las muertes y lesiones graves fueron responsabilidad de la Policía Nacional Nicaragüense cuyos efectivos actuaron directamente contra los ciudadanos y también de manera coordinada con grupos armados paramilitares.

Los especialistas señalaban que el surgimiento de las protestas en abril del año 2017 no fue producto de acontecimientos aislados sino de años de prácticas que fueron coartando las libertades y concentrando todo el poder en el Presidente Ortega y su Vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo. Esto fue generando y acumulando un descontento social que se expresa a través de los años en diferentes manifestaciones públicas que fueron reprimidas de forma violenta por la Policía Nacional y sus grupos de choque.

El expediente descubría la metodología de la opresión aplicada por los paramilitares afines al Gobierno contra las protestas ciudadanas y la complicidad policial que intervenía controlando la zona haciendo cordones de seguridad, desviando la circulando rodada, usando gases lacrimógenos sin encabezar la agresión pero dejando que sucediera. Pero cuando fracasó el método porque fueron aumentando las protestas en la calle, Ortega ordenó que aumentara la represión y la violencia llegando al uso desproporcionado e indiscrimando de las armas de fuego que se dirigieron directamentes a los manifestantes.

Este procedimiento ocasionó 109 muertos, más de 1.400 heridos de bala y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La gran mayoría de las muertes que se dieron en esos 42 dias fueron por disparos de fusiles y pistolas acompañados de cargas policiales y de los grupos paramilitares. Esta estrategia de sometimiento no se limitó a la Policía Nacional sino que incluyó malos tratos y abusos sexuales en las prisiones, manipulación judicial y hasta despidos en los centros sanitarios que atendieron a los participantes heridos en las protestas que encabezaron casi siempre los estudiantes.

De las muertes violentas, 100 no fueron judicializadas quedando impunes y en los seis casos que sí lo fueron fue porque se trataba de víctimas relacionadas con el partido del Gobierno o eran funcionarios del Estado. Para el GIEI, las conductas de Daniel Ortega, Rosario Murillo, algunos ministros y jefes policiales debían de considerarse como crímenes de lesa humanidad y ninguno de ellos debería de alcanzar nunca ninguna amnistía.

La publicación de este informe que estaba prevista que se realizara en la capital de la República, en Managua, al final se tuvo que hacer en Washington, ( Estados Unidos ) después de estar entrevistando durante seis meses a víctimas, sus familias y testigos de los hechos denunciados. Hablaron con activistas de derechos humanos, revisaron miles de documentos y consultaron con expertos internacionales.

Tras conocer estas brutalidades, el 19 de diciembre de 2.020 el Pleno del Parlamento Europeo instó al Gobierno de Nicaragua a poner fin a esta despiadada represión contra los manifestantes y la oposición política y pidió a la Comisión Europea que pusiera en marcha la clausula automática del Acuerdo de Asociación Unión Europea ( UE ) – Centroamérica, lo que suponía iniciar el proceso para suspender a Nicaragua de esta colaboración comercial.

La Resolución aprobada incluía además la puesta en libertad de todos los presos políticos, el desmantelamiento de todas las fuerzas paramilitares que operaban en el país y un diálogo real entre las autoridades y los componentes de la oposición política integrados en la denominada Alianza Cívica.

Como era previsible, a este pronunciamiento parlamentario votaron en contra los eurodiputados españoles pertenecientes a Izquierda Unida ( IU ), EH-Bildu, Podemos y En Común, poniendo de manifiesto una vez más, la frontera ideológica a los derechos humanos que establecen nuestros comunistas, separatistas y demás autodenominados progresistas.

Para quienes piensen que lo relatado es pura historia hay que recordarles que el pasado 16 de enero de 2025, se ha publicado otro informe en San José, la capital de Costa Rica, sobre la actual situación política en Nicaragua por parte de la Asociación de Derechos Humanos ( HRW en sus siglas en inglés ) en el que afirma que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha intensificado la coacción contra opositores y ha ampliado el uso del exilio forzado y la revocación de la ciudadanía como formas de atacar a sus críticos,

El mandatario, de 79 años que sigue gobernando junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también sigue cerrando organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y aplicando otros métodos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores, según ese informe. En noviembre pasado -indica HRW-, Ortega propuso una reforma constitucional que ampliaba los poderes presidenciales y limitaba los derechos fundamentales.

Esos cambios establecerán una «copresidencia» con Murillo y les otorgarían el poder de “coordinar” los demás poderes del Estado. Esa enmienda, según HRW, parece diseñada para brindar cobertura legal a muchas de las infracciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno, como privar de la nacionalidad nicaragüenses a los llamados «traidores a la patria», y censurar a la prensa.

El informe de HRW recuerda también que en septiembre pasado el gobierno sandinista expulsó a 135 presos políticos a Guatemala y los despojó de su nacionalidad y de sus bienes, incumpliendo el derecho internacional. Más de 450 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023 y muchas han quedado como apátridas, según ese organismo. Otros 46 opositores políticos siguen encarcelados, incluidos algunos líderes indígenas como los exdiputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, así como el exasesor presidencial sobre asuntos indígenas Steadman Fagoth.

Asimismo, el documento alerta de que una reforma del Código Penal permite procesar a los nicaragüenses que estén en el extranjero y que sean acusados de cometer delitos de «criminalidad organizada» en Nicaragua. Esa ley, apunta HRW, podría abrir la puerta para procesar a críticos en el exilio, incluidos aquellos que el gobierno ha expulsado.

Sobre la libertad de religión, señala el informe, el Gobierno ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica. Desde octubre de 2023, Nicaragua ha obligado a exiliarse a más de 200 figuras religiosas, las ha deportado o ha prohibido su regreso al país. Destaca el caso del obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del gobierno que había sido detenido arbitrariamente en agosto de 2022 y sentenciado a 26 años de prisión sin el debido proceso y que fue enviado al Vaticano en enero de 2024 junto a 19 miembros del clero católico.

En total, las autoridades han detenido y posteriormente expulsado a 46 sacerdotes y obispos desde 2018. La persecución religiosa alcanzó a grupos protestantes y evangélicos. En agosto, las autoridades liberaron y expulsaron a 11 pastores de una iglesia evangélica que estaban encarcelados desde diciembre de 2023.

En su informe, HRW advierte además que los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, detención arbitraria, procesamiento, privación de la nacionalidad, expulsión y denegación de entrada a Nicaragua.

El Gobierno ha cerrado más de 560 ONG, de las cuales 150 lo fueron en un solo día de agosto. Estas representan casi el 20 % las ONG que operan en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018.También han clausurado al menos 58 medios de comunicación desde 2018, y entre enero y junio de 2024, 26 periodistas huyeron del país, con lo que el número total de trabajadores de medios que han tenido que salir de Nicaragua desde 2018 asciende a 263.

Entretanto, los líderes indígenas y afrodescendientes se enfrentan a campañas de difamación, vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias, procesamientos por motivos políticos y prohibiciones de entrada a Nicaragua. En octubre de 2023, el Consejo Supremo Electoral despojó de su personalidad jurídica al partido político indígena YATAMA. Días antes, la policía detuvo a dos de los principales líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, documentó 67 incidentes violentos contra pueblos indígenas en los territorios miskitu y mayangna desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, incluidos asesinatos, lesiones, violencia sexual y secuestros.

EN LAS PROVINCIAS VASCAS Y EN NAVARRA EL CULTO A ETA ESTÁ LEJOS DE DESAPARECER.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ), ha registrado a lo largo del pasado año de 2023, 466 actos de apoyo y exaltación a la organización terrrorista ETA en su Observatorio de la Radicalización. Se trata de un espacio electrónico en el que se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrrorismo vasco. Estadísticamente este tipo de activividades han disminuido un 21% con respecto a 2022, año en el que se realizaron un total de 589 actos de solidaridad a la banda criminal y sus antiguos integrantes, especialmente los presos que se encuentran cumpliendo condena.

En virtud del acuerdo suscrito por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) con los vascos de RECOGER ( EH-BILDU ) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno hay que celebrar que hayan desaparecido los actos de recibimiento ( ongi etorri ) en los pueblos de los que son originarios los reclusos etarras a su salida de prisión como novedad muy importante y dentro de la política de normalización y blanqueamiento de los herederos políticos de la banda armada ETA.

Llama la atención que de los restantes pactos necesarios con otras formaciones políticas para lograr el citado nombramiento, este sea el único que ninguna de las partes se atreve a hacerlo público por lo que da una idea de la gravedad de su contenido.

La eliminación de estos actos públicos es muy buena noticia para las víctimas de los terroristas al tratarse de las actividades más humillantes que se podían presenciar ya que algunos de ellos se han hecho debajo de la casa de alguna víctima. Que no se celebren estas fiestas aberrantes es muy positivo tanto para quienes las sufren como para la sociedad en general y que además estaban consiguiendo la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas.

La legitimación pública de ETA a través de este tipo de acciones sigue muy presente en las calles vascas y navarras. Así de las 466 actividades realizadas, 173 han tenido lugar en la provincia de Guipúzcoa, 162 en la de Vizcaya, 67 en Navarra, 40 en Álava, 14 en otras provincias y 10 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco Francés.

Si se hace una clasificación por el tipo de acto, del total 178 han sido manifestaciones en las que se ha reclamado la puesta en libertad de los presos etarras, 166 han sido de aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y sus reclusos, 48 de homenajes públicos de terroristas muertos, 27 fiestas populares realizadas específicamente para enaltecer a ETA, como la celebración del día del soldado vasco ( gudari eguna ) ; 5 han sido de homenajes en la vía pública a presos de la banda y se les baila un aurresku ( danza popular, revestida de solemnidad y elegancia que se baila como homenaje a personas destacadas de la comunidad ) y los 42 hechos restantes no cabían en las anteriores segmentaciones.

Debido a la realización de todas estas ceremonias que mayoriatariamente hace otra de las marcas del entorno de ETA, el partido político SORTU, se está contribuyendo a la radicalización de una parte importante de la sociedad vasca, especialmente los jóvenes que están creciendo con la idea de que los terroristas son héroes, presos políticos o incluso refugiados políticos porque es lo que se les está transmitiendo de manera impúdica.

Si pedir la excarcelación de quienes están en las cárceles por crímenes gravísimos es una acción totalmente legal habrá que cuestionarla porque son un claro síntoma de anormalidad moral imposible de ver en las calles de cualquiera de los países de la Unión Europea. ¿ Qué harían tanto las autoridades como los ciudadanos de Francia, Alemania o Italia si vieran manifestaciones públicas de centenares o miles de personas pidiendo la libertad de sus presos yihadistas ?.

La exaltación que impulsan estos comunistas vascos disfrazados de patriotas ( abertzales ) es uno de los mayores obstáculos para la convivencia vasca ahora que ETA ha dejado de matar pero no de existir como se está viendo año tras año porque además se está haciendo con orgullo y jactancia.

A este efecto, hay que mostrarse preocupado por la posibilidad de que salga adelante la proposición de ley que la organización política SUMAR tiene registrada en el Congreso de los Dipuatados desde noviembre de 2.024 para despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo ( artículo 578 del Código Penal ). De conseguirse, se le estará mandando a la sociedad un mensaje de que elogiar a ETA es una realidad inexistente que como se está viendo, es incierto.

Si bien en la actualidad la citada norma penal no sirve para acabar con la exaltación de la banda terrorista, su desaparición sería preocupante porque se podría instalar en la sociedad vasca la falsa idea de que se trataría de una lacra en la que las instituciones autonómicas y locales no ten drían ninguna responsabilidad cuando sí la tienen.

Hay que recordar que el Gobierno regional vasco formado por una coalición del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y del Partido Socialista de Euskdi ( PSE ) se diera mucha prisa antes de que se acabara la legislatura pasada una Ley de Memoria Histórica y Democrática ( septiembre de 2.023 ) que sanciona la exaltación del franquismo pero no dice nada relativo a los actos de exhibición pública de apoyo y legitimación de ETA.