Millones de niños pasan horas y horas ante un teléfono móvil o un ordenador, encantados con el invento e ignorando que son posibles víctimas de esos chacales que se dedican al tráfico de la pornografía infantil. La llegada de internet nos ha cambiado la vida y está transformando nuestra sociedad para mejor porque permite más y mejores avances de nuestra cultura. Pero como todas las cosas, también tiene el peligro de la utilización por los depredadores humanos hacia sus más bajos instintos. Me refiero al lado más perverso y peligroso de la acelerada digitalización que está sufriendo la red.

La pasada gripe china fue una excelente oportunidad para abusar sexualmente de los niños. El confinamiento que sufrimos para combatir la pandemia se extendió por todo el mundo y en los foros pedófilos de internet se frotaron las manos. Era lo mejor que les podía pasar e iban a aprovechar la oportunidad. Claro que lo hicieron, como después pudo comprobar el servicio policial europeo, Europol, en sus avisos a todos los componentes a los que sirve. La ocasión fue ideal para acosar, engañar, seducir. abusar, violar, grabar y por supuesto, compartir, a aquellas ingentes cantidades de niños que iban a estar conectados más tiempo que nunca.

Las alarmas no tardaron en saltar y empezaron por los Estados Unidos. Allí se encuentra la sede del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que actúa como gran vigilante mundial del tráfico de material pedófilo en la red. Sus informes diarios sobre actividades sospechosas de explotación sexual de menores que incluye los datos facilitados por algunas plataformas tecnológicas, son el gran termómetro planetario en la materia. Si en ellos aparece alguna referencia a España, se le envía a nuestro país de inmediato para que sea investigada. Casi 100 diarias antes del Estado de Alarma que saltaron -de golpe- a las 500 diarias cuando llegó la Semana Santa.

Se trataba de una escalada mundial, despiadada. Abril de 2020, se convirtió en el mes más trágico en la historia de la pornografía infantil. Aquel ataque global supuso cuatro millones de avisos, tres millones más que igual mes del año anterior, 2019. Nunca se había visto nada igual. También por eso, en ese año de 2020, la Policía española logró más identificaciones de agresores y de víctimas que nunca. Con el confinamiento, la ventana de oportunidad de los pedófilos se abrió de para en par.

Pasado el encierro, el tráfico regresó a niveles prepandémicos, a las cifras de niveles habituales, es decir, a la normalidad. El panorama sin embargo, ha cambiado. El coronavirus dejó en este campo una doble herencia. Por un lado, una sociedad cada vez más digitalizada en el trabajo, en la educación, en el ocio….Y si se aumenta la digitalización con todas sus ventajas también se aumenta la exposición, sobre todo a los niños Y por otro, ¿ cuántos videos y fotografías de pornografía infantil se crearon y se pusieron en internet durante aquellos meses ?. A estas alturas todavía no se sabe porque estamos tratando con cifras de vértigo.

Antes de que ocurriera todo esto, los números de abuso sexual infantil por internet llevaban años creciendo de forma exponencial y sin remedio. Basta con mirar la estadística de informes diarios del organismo norteamericano: desde 1998, 300.000 avisos ese año; 16 millones en 2019, poco más de dos décadas después. Entre enero y septiembre de 2020, se alcanzaron los 21 millones, debido al brutal mes de abril.

Todas las informaciones facilitadas se dividen en dos grandes grupos: los sospechosos de incitación a los niños para generar material pornográfico, que se incrementaron en en 63,31%. Y los de contacto con los niños -en sus diversas formas- en un 98,66%. Traducir estos porcentajes en número de archivos es una tarea imposible. Lo que sí se conoce es una cifra previa a la aparición de este tipo de gripe china. Fueron 45 millones las fotografías y vídeos de abuso sexual infantil -entre material recirculado y de nueva generación- que las compañías tecnológicas identificaron en sus plataformas en el años 2019.

Los Cuerpos Policiales españoles evitan dejarse aturdir por estas cifras. Solo queda seguir trabajando con los recursos disponibles. Insuficientes a todas luces, incluso para entes como Europol, Interpol, el FBI o el británico Scortland Yarkd, grandes arietes contra esta lacra social. El fenómenos es tan grave y está tan extendido que la Policía española está desbordada desde hace tiempo porque pararle los pies a uno de estos depravados lleva su tiempo, años en la mayoría de los casos.

Los investigadores hablan de series: material producido por un mismo niño como protagonista que se distribuye por entregas y en tiempo real. Como tal, implica el abuso en curso de un menor -bebés incluidos- y en algún lugar desconocido. Son los archivos más codiciados por las retorcidas filias y fetichismos de autores y consumidores pero también por ser la llave de entrada en las comunidades más cerradas. En la escala de gravedad que se maneja, este sería el grado máximo: imágenes que pueden incluir penetraciones, masturbaciones, sexo oral, torturas…Lógicamente, estos casos constituyen su prioridad porque cuando se descubren archivos en semejante situación, hay que centrarse en acabar con ese sufrimiento.

En la actualidad, hay redes de internet donde se distribuyen archivos sin necesitar servidor alguno. Por eso se sabe que de media, existen en España 7000 personas diarias que comparten material pedófilo. Al menos, a 5000 de ellas habría que detenerlas pero no se dispone de esa capacidad por eso el esfuerzo se pone en la búsqueda de grandes distribuidores y sobre todo, productores.

El problema es que detectar este material lleva su tiempo. Antes nadie tomaba precauciones ahora, en cambio, todo está encriptado, usan máquinas virtuales, navegan de forma anónima, pagan en criptomonedas. Todo se ha sofisticado. Por eso las investigaciones policiales cada vez son más complejas.

Como se está mostrando año tras año, la cifras negras del cibercrimen son muy altas pero ninguna de ellas supera las de las pornografía infantil porque el 99% de los casos no se denuncian y la mayoría de los niños y por lo tanto sus padres, no son conscientes de ser víctimas de un delito. Hasta que no se detiene a la persona y se le interviene material pornográfico de 200 0 300 menores, no se conoce el verdadero alcance de sus actividades.

Otro de los graves inconvenientes derivados del tráfico pedófilo de la red es que está poblada de imágenes de niños abusados que hoy son adultos. Muchas plataformas cuentan con herramientas para detener este trasiego de archivos pero no las usan de forma adecuada y si alguna lo hace no colaboran lo suficiente con las autoridades. Facebook y Google han intensificado la vigilancia pero muchas otras aún se quedan cortas. Las imágenes persiguen así a las víctimas durante años porque estas reaparecen de forma recurrente en la red o entre el material requisado a otros pedófilos, lo que obliga a las víctimas a recordar la pesadilla que vivieron siendo niños, llegando algunos de ellos hasta el suicidio.

El problema en España es la escasa cultura en la ciberseguridad. Toda la vida les hemos dicho a los niños que no hablen con desconocidos pero parece que lo hagan en internet no parece ser un problema. Los padres deben de ser conscientes de que en la red no todo el mundo es quién dice ser y así transmitírselo a sus hijos.

En recuerdo del inolvidable y singular humorista catalán Eugenio que siempre comenzaba a contar su recital de chistes con la misma entradilla: » Saben aquel que dice….» pues lo mismo ocurre en esta ocasión: ¿ Saben las veces que dijo nuestro actual Presidente del Gobierno Pedro Sánchez que no pactaría con los filoetarras de Bildu… ?. Si quiere se lo repito 20 veces: Con Bildu no pactaré… ?. Pues pactó. En aquella legislatura y en esta también. Y las que están por venir….si llegara el caso. ¿ Y ha pasado algo después de conocerse que todo era una enorme mentira para ganar votos de incautos electores ?. Pues no, no ha pasado nada ya que se trata de un cambio de opinión debido a las necesidades coyunturales para seguir gobernando. Y ya está… Pues sí, ya está y a otra cosa mariposa que España tiene otros problemas más importantes que resolver y los socialistas no están para perder el tiempo dando explicaciones a sus votantes….

El precio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en su reelección como Presidente del Gobierno no se quedó solo en la foto con la portavoz parlamentaria de Bildu, Merche Aizpurúa. Lógicamente había algo más que se mantuvo oculto y que es el único acuerdo con otro grupo político -de los muchos realizados- que todavía no se ha desvelado. También lo avisó Arnaldo Otegui en su momento. Ellos no lo iban a publicar. Los demás pactos con los otros partidos políticos se conocen al menos en sus líneas generales. Pero este con los defensores del terrorismo etarra se va conociendo pasito a pasito a medida que se va materializando y poniendo al descubierto el precio que el socialismo navarro -en este caso- está pagando para que Pedro Sánchez pueda continuar en La Moncloa.

El primer pago que se hizo en Navarra a las huestes de Arnaldo Otegui fue mediante la activación de la reforma de las normas de convivencia de aquel territorio: la LORAFNA ( Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ). Se trata de la norma institucional básica de la Comunidad Foral de Navarra que es el equivalente a los Estatutos de Autonomía que tienen las demás Comunidades Autónomas. Mientras que esos Estatutos garantizan el acceso a la autonomía de las diversas regiones de España, el Amejoramiento del Fuero de Navarra asegura la continuidad histórica del Régimen Foral como solución autonómica singular del pueblo navarro.

El aforamiento recoge desde las competencias de los navarros, su identidad y simbología ( banderas, escudo ) por las que se rigen, entre otras cosas. Lo que aún está por ver es cuál es la Propuesta de Reforma que ahora consideran necesaria. Según ha advertido el Partido Popular ( PP ) de Navarra, adecuar la LORAFNA a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI, como dijeron desde el Parlamento Foral, lleva implícito un cambio radical en Navarra que nos llevará a lo que siempre han querido los independistas: anexionarse al País Vasco y acabar con Navarra tal y como la conocemos.

El segundo pago, se puede considerar la entrega del Partido Socialista de Navarra ( PSN ) a Bildu de la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. El alcalde de Tafalla, Javier Alcuaz de Bildu, fue elegido Presidente al contar con el apoyo de las entidades locales dirigidas por PSN.

El tercer pago, ocurrió el pasado mes de octubre cuando los socialistas navarros se negaron a poner en marcha una Ponencia para fijar un marco ético común y compartido que sirviera de base para la total deslegitimación de la violencia de origen político. De nuevo, el PSN junto con Bildu votó en contra poniéndose cada vez más cerca de los defensores de los terroristas y de sus postulados. La Propuesta de Unión del Pueblo Navarro ( UPN ) solo obtuvo el apoyo del PP y Vox mientras que los socialistas se colocaron junto a los radicales proetarras en la defensa del terror, junto con Contigo Navarra ( sucursal de Podemos ) y Geroa Bai ( filial del Partido nacionalista Vasco- PNV).

El cuarto pago, se conoció a mediados de diciembre pasado y fue la moción de censura conjunta del PSN y Bildu que ha permitido nombrar al concejal de Bildu, Asier Asiron, nuevo alcalde de Pamplona. Según el responsable del Partido Popular ( PP ) a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoó, la entrega de Pamplona a Bildu, desalojando al partido más votado Unión del Pueblo Navarro ( UPN ), no es más que parte del pacto de Pedro Sánchez con los encapuchados. Y que habrá más cesiones porque los herederos de Batasuna no hacen nada gratis. Los populares han manifestado su preocupación por si otra de las cesiones será la petición de amnistía para los presos de la banda terrorista ETA, después de la que se pretende llevar a cabo con los separatistas catalanes.

Cómo se recordará, en la anterior legislatura el coste de Bildu para aprobar los presupuestos generales suponía la expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico, comprometiéndose los socialistas a materializarla antes del 1 de julio de 2.024. Medida que no se ha podido completar por la torpeza en utilizar la vía inadecuada. Querían hacerlo a través de un Decreto-Ley que es la modalidad habitual de gobernar España por la coalición social-comunista y que ha sido rechazada por el Tribunal Supremo como improcedente en su sentencia publicada el pasado 19 de febrero. Para asumir esa competencia hay que reformar la LORAFNA o mediante una ley orgánica de traspaso, como fija la Constitución Española en artículo 150.2,.

También Arnaldo Otegui manifestó públicamente que : Tenemos a 200 presos en la cárcel. Si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, votamos. Apenas siete horas después y en esa línea colaboradora con el gobierno de Pedro Sánchez, en un vídeo simuló que pedía perdón a las víctimas del terrorismo de ETA.

¿ Para qué han quedado los socialistas navarros ?: Para apoyar a Bildu. ¿ Hasta qué punto es capaz el PSN de renunciar a sus principios con tal de seguir blanqueando a Bildu ?. Cuesta trabajo entender todo esto. Lo último que ha ocurrido ha sido negarse a apoyar el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con la Constitución Española y la Transición Política como espacio de concordia y convivencia, cuestiones tan importantes que son los cimientos de nuestra sistema democrático. Acaba de pasar en el último Pleno celebrado donde el PSN se ha abstenido, alineándose con los planteamientos radicales que Bildu defiende.

Hace unos dias, también el PSN permitió que no se condenaran los carteles con las fotografías de terroristas presos exhibidos en una manifestación. ¿ Qué será lo siguiente ?. No se sabe… o sí. El PSN está obsesionado con vender que gracias a su trabajo se va a crear un Plan de Convivencia en Pamplona. Lo curioso del caso es que se lo han encargado…¡ a Bildu ! que son los que -a día de hoy- la siguen alterando. Es el mundo al revés.

La muerte de cuatro inmigrantes marroquíes en aguas de Cádiz a finales del mes de noviembre de 2023, arrojados al mar junto a otros 31 ocupantes más, puso de manifiesto cómo los grupos criminales que operan en el Estrecho de Gibraltar diversificaban sus actividades tradicionales siendo capaces de reconvertir sus lanchas de transporte de fardos a pateras-taxi.

Tratándose de delincuentes profesionales y sin escrúpulos como tienen bien demostrado, da igual si lo que tienen que tirar por la borda es drogas o personas como ha ocurrido ahora cuando los cuatro tripulantes de una enorme zodiac provista de tres motores, forzaron a los 35 pasajeros que llevaban a bordo a arrojarse al mar.

Primero a un grupo de 27 en las inmediaciones de la playa de Camposoto, en San Fernando y después a otros 8 en las peligrosas aguas del Caño de Sancti Petri. Tres de estos últimos fueron rescatados ya semiinconscientes y boca abajo en el agua, a punto de ahogarse. Los supervivientes de este último grupo contaron tras ser socorridos que los traficantes, un hombre y una mujer españoles y dos hombres marroquíes, los amenazaron con una pistola y un cuchillo para obligarles a que se tiraran al mar. Cuatro de ellos murieron y tres fueron trasladados al hospital de Puerto Real para recibir asistencia médica.

Este tipo de viajes clandestinos en neumáticas semirrígidas de tres motores, fue detectado desde hacía meses cuando se lograron desarticular varias organizaciones criminales y por eso ya se sabía que los inmigrantes pagaban entre 3.000 y 5.000 euros y tenían la garantía de que en 20 minutos estaban en la costa española. A la hora de hacer números a la mafia que los transporta les puede salir casi tan rentable como introducir hachís.

En España, este tipo de embarcaciones que suelen llevar hasta cuatro motores y superar con rapidez los 110 kilómetros por hora, están prohibidas desde 2018 como una de las medidas que estableció el Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar para combatir el tráfico de hachís.

Hace años, cuando la goma salía de Marruecos cargada de 400 0 500 kilos de hachís, se traían a 5 o 6 inmigrantes marroquíes que cuando llegaban a las costas españolas ayudaban a trasladar los fardos a los coches que aguardaban la carga y era su forma de pagar el viaje.

La expansión del tráfico de esta droga hizo que los delincuentes se hicieran con lanchas más potentes que pueden llevar hasta 3.000 kilos de hachís por viaje y disponían de cuadrillas preparadas para desembarcar la mercancía. La presión policial en la costa de Cádiz ha hecho que en los últimos años, tanto el tráfico de drogas como el de personas, se mueva a otras zonas como Huelva, la desembocadura del Guadalquivir, Málaga o Almería.

Estas bandas delictivas suelen sincronizar varias salidas simultáneas de embarcaciones rápidas con la finalidad de saturar los servicios de la patrullas de la Guardia Civil tanto en el mar como en tierra y así dificultar su interceptación. Realizan viajes-exprés llevando a unas 20 personas a las costas españolas y nada más dejarlas regresan a territorio marroquí para recoger nuevos inmigrantes ilegales. Para abastecerse de la gran cantidad de combustible que utilizan, han surgido los petaqueros que en otras lanchas les suministran la gasolina que necesitan en alta mar y que transportan en garrafas.

También han aparecido cargamentos de cocaína que el largo brazo sudamericano está utilizando y luego serán otros tráficos ilícitos los que vendrán porque las rutas que se están empleando con total impunidad desde el lado africano están abiertas de par en par. Las mafias empezaron con el hachís, han seguido con los inmigrantes, ahora también cocaína y mañana azúcar, naranjas o fresas. Lo que toque siempre que sea rentable.

Se está demostrando que el surgimiento de digamos, la pateras-taxis no es una señal de que se acabe el tráfico de hachís en la zona mediterránea española porque existe un mercado europeo de millones de consumidores que hay que abastecer y que Marruecos deje de ser uno de los mayores productores de esta droga. Preocupa especialmente esos barcos procedentes de América que transportan cocaína que es recogida en alta mar desde la vertiente atlántica marroquí y la introducen en Europa por las costas españolas.

Al final se trata de una cuestión mercantilista. Una vez que se dispone de la logística necesaria, los traficantes introducen en España lo que tengan que traer. Así se empezó con el contrabando de tabaco con lanchas desde Gibraltar. Después esa infraestructura se desarrolló para traer hachís desde Marruecos y si se consigue más rentabilidad llevando inmigrantes ilegales o cocaína pues a eso se dedicarán.

Y a todo esto con el silenció cómplice del Gobierno español que ante las dimensiones que está adquiriendo este problema no ha realizado el menor gesto o protesta ante las autoridades marroquíes para que adopten las medias necesarias de vigilancia de sus fronteras. Aunque estén asesinando a nuestros guardias civiles como ha pasado en Barbate.

Por mucho tiempo que pase, nunca podremos olvidar el daño que el terrorismo vasco ha causado a España, a los españoles y a los propios vascos de bien, que los hay y además son muchos. Estos últimos, han sufrido también cómo la causa vasca que prometió a sus acólitos una patria paradisiaca donde todo el mundo sería feliz, a base de pinchos, ikastolas y buen rollo; a condición de exterminar a cientos de conciudadanos y poner en pie una tierra llena de racismo y xenofobia; de la tiranía del euskera y sus verdugos; del impuesto revolucionario y del secuestro; del tiro en la nuca y la bomba lapa; de los árboles que dan nueces pero chupan sangre; de los himnos revolucionarios; de la memoria de los niños abrasados y de la diáspora de miles de paisanos aterrorizados por la tiranía de las explosiones.

Hoy, en esta tierra tan estupenda y atractiva, con una geografía preciosa y una gastronomía envidiable, es un territorio que se ha modernizado mucho, que siguen encabezando todas las listas nacionales de calidad de vida pero que no podemos dejar de relacionar que fue un paisaje dedicado a la caza del disidente, del distinto, del rebelde a sus imposiciones. Donde, a buen seguro, todavía quedan armas oxidadas en zulos abandonados; traiciones y lealtades entre familiares y amigos; y secretos atroces por descubrir. Con centenares de antiguos reclusos arrepentidos pero incapaces de contarlo, de fanáticos orgullosos y de víctimas que no pueden cerrar su duelo.

Llevamos poco más de una década en la que las balas han dejado de silbar, transitar por sus calles sigue siendo un placer pero el silencio sobre las secuelas de la violencia y del asesinato, sigue imperando entre las cuadrillas y los chiquitos de los bares. Hay mucho temor a contar cosas del pasado, a expresar el miedo vivido, a las lágrimas en casa y no cansarse de morderse la lengua. Se ha pasado mucho dolor y eso no se olvida fácilmente. Pero es necesario hablar, que se cuenten historias o experiencias personales y a ser posible desde varias perspectivas. Son muchos años de transitar por la sombra de la violencia.

En un recorrido por cualquiera de las tres provincias euskaldunas, se percibe a través de múltiples evidencias de que quedan cuentas por saldar, de gente que no ha pagado por lo que hizo. De una violencia extrema que les conducía hacia un totalitarismo atroz. Y entonces te preguntas: ¿ por qué y cómo, se convence a casi niños, a adolescentes, para que llegado el caso, se inmolen en el altar de la independencia o de la raza ?. ¿ Por qué hay que matar para hacer algo ?. ¿ Quienes les convencían ?. ¿ Donde se han metido aquellos profetas del apocalipsis que empujaban a otros para acabar en la cárcel o en el cementerio mientras ellos se comían su bacalao al pil pil en la sociedad gastronómica ?.

Siempre se ha utilizado el mismo patrón en los sitios en los que se ha empleado la violencia. De un lado, la desolación de las víctimas, y de otro, la existencia de estos adivinos de cuello blanco, profesores, escritores, intelectuales… convencidos de la necesidad de la razón y encantados de arrastrar al resto. Todo movimiento armado tiene detrás una sustancia ideológica. Alguien que decide que para llevar a cabo sus propósitos necesita matar. Para ello necesita construir el relato de que no hay otra opción, excepto asesinar; ejecutar a alguien por la causa. Como está haciendo el tirano de Putin en su invasión de Ucrania y tiene mucha gente que lo entiende y lo defiende. Por eso, siempre hay un historiador, un periodista, un filósofo que construye un ideario que necesita defenderse con la sangre, con sacrificios humanos.

Todavía hay mucha gente que no ha purgado sus pecados, -utilizando el lenguaje religioso- y que tampoco quiere hacerlo. Sobre todos a aquellos que nunca han sido detenidos. La justicia funciona bien para encontrar y condenar a los que aprietan el gatillo… ¿ pero qué pasa con los autores intelectuales ?. No se trata de los jefes de la banda criminal sino de quienes construyen la estrategia desde el principio. Gente ilustrada, comprometida con los ideales de justicia y libertad… ¿ cómo pueden hacer esto ?.

¿ Y el lado humano, o mejor dicho, inhumano de aquellas barbaridades ?. Ahora, verdaderos genocidas estarán pasando como estupendos abuelos. Auténticos monstruos de la muerte serán los mejores padres del mundo. Gentes que adoran a sus hijos y que puedes ver en sus casas, acariciando a sus nietos, pero que no quieren contar las bombas que ponían. ¡ cuántos de ellos son autores de crímenes espantosos ?.

Todos estos terroristas que han usado los crímenes con fines políticos, tienen un motivo detrás y se creen portadores de una violencia virtuosa; como si hubiera un asesinato bueno, necesario y otro malo, el de los demás. Buscando un efecto búmeran que los retroalimentara. Empeñados en que esta vía, haría ceder al Estado y les concedería la independencia del territorio. Esa era la estrategia. No les importaba que se consiguiera como a modo de pasillo, flanqueado por centenares de muertos como hacían los romanos con los cristianos. Estos iluminados, pusieron un montón de cadáveres en una imaginaria pirámide gigantesca y los ofrendaron al dios del separatismo.

El terrorismo vasco, cruzó todas las que ahora denominamos líneas rojas. Desde el mismo momento en que decidieron que había que matar, la lista de enemigos de la patria la encabezaron los uniformados porque representaban todo lo que ellos odiaban y si luego les acompañaban algún civil en el atentado, los ideólogos redactaban el comunicado reivindicativo en plan fue un error, no tenía que haber pasado por allí, no era nuestro objetivo. Y si su número era elevado, entonces en lugar de ser solo civiles, se les añadía la etiqueta de que era un chivato, algo habrá hecho…. Luego llegan los niños y después los secuestrados… Poco a poco, la idea inicial se va deformando, la violencia coge velocidad y se convierte en algo más que un medio para convertirse en un fin, que cada vez exige más y más barbaridades porque ya no puedes mirar hacia atrás, ya todo es demasiado estremecedor.

La desolación infinita de las victimas, la vergüenza de algunos de los asesinos y la falta de arrepentimiento de los profetas del odio, tienen que reivindicar el poder curativo de la memoria en un territorio carcomido por la amnesia del terrorismo separatista.

Desde la Edad Media, existía la Santa Hermandad que era algo así como una especie de Policía integrada por vecinos que iban en cuadrillas y que debían velar para que no se cometieran delitos en los caminos y ámbitos rurales. Una variedad de guardias de su época que si no actuaban a tiempo los malhechores quedaban impunes por lo que su habitual retraso llegó a ser objeto de crítica y lamento proverbial.

Esta milicia, armada y creada por Isabel la Católica para luchar contra los ladrones y bandoleros en el campo del Reino de Castilla, estaba formada por los vecinos de diferentes pueblos del camino que contribuían proporcionalmente a su mantenimiento, utilizaba procedimientos sumarísimos contra los delincuentes y se convirtió en una institución muy temida. Estuvo activa casi cuatro siglos.

En el Reino de Aragón no tendría tanto éxito. En 1480, especialmente en Huesca, se produjeron graves altercados que provocaron una enorme inseguridad. Su rey Fernando II el Católico, esposo de Isabel La Católica, se veía incapaz de lograr cierto orden con sus propias fuerzas que estaban empeñadas en la larga Guerra de Granada que no culminaron hasta el 2 de enero de 1492. Dado el buen resultado que la Santa Hermandad estaba dando en el Reino de Castilla, decidió crearla también en el suyo, entrando en funcionamiento el 1 de enero de 1488.

La oposición de la nobleza y otros estamentos a esta nueva institución que se veía como un instrumento de la monarquía para ejercer un mayor poder absoluto que estaba fuera de la jurisdicción de los fueros y su control, provocó que en las Cortes de Tarazona de 1495, se admitiera la supresión de la Santa Hermandad por un período de diez años aunque en diciembre de 1506 Fernando volvió a implantarla en un segundo intento pero la animadversión hacia esta institución no había decrecido con el tiempo y finalmente fue suprimida por las Cortes de Monzón en 1510.

Mientras tanto, siguió en funcionamiento en el Reino de Castilla nada menos que hasta el año 1834, momento en que fue disuelta de forma oficial aunque hacía ya una década de su práctica desaparición. Pero durante mucho tiempo y a pesar de las dificultades, fue una organización policial realmente importante sobre todo en zonas rurales.

El uniforme de la Santa Hermandad destacaba porque llevaba un chaleco de cuero que dejaba ver la camisa interior que tenía las mangas de color verde. De ahí que cuando llegaban tarde a una situación delictiva, se utilizaba irónicamente la expresión: ¡ A buenas horas mangas verdes !. El origen de esta frase tiene ya medio milenio de historia y se remonta a los tiempos de los Reyes Católicos. Según parece, era bastante habitual que esta especie de policía rural llegase tarde a detener a los delincuentes.

Esta expresión tan curiosa que se utiliza frecuentemente en español, tiene un significado claro ya que se emplea cuando la solución ha venido por otra vía o no llega oportunamente o ya no tiene interés. Es decir, que se lo decimos a alguien que quiere resolver algo que ya hemos aclarado nosotros o que ya no hace falta que intervenga. Su sentido además, encierra una crítica a nuestro interlocutor porque se censura la demora en atender las necesidades o solucionar los problemas.

La Santa Hermandad está considerada como el primer cuerpo policial de Europa y siempre tuvo muy mala imagen ante la población. Existió desde 1476 hasta 1824 cuando nació la Policía General del Reino, bajo la monarquía de Fernando VII. Se constituyó como una corporación que reunía en ella otras hermandades que ya existían dedicadas a perseguir malhechores.

Por aquel entonces, el sistema de comunicaciones era muy deficiente formado, en muchas ocasiones, por caminos que seguían las antiguas calzadas romanas construidas muchos siglos antes por no hablar de que el transporte terrestre más veloz era el caballo. Esto hacía que cuando se producía el altercado, entre que llegaba la noticia a los miembros de la Santa Hermandad y estos acudían al escenario de los hechos, estos ya hacia tiempo que se habían perpetrado y poco podían hacer por evitarlo.

Existió un Consejo de Hermandad, creado como órgano supremo cuyas competencias eran todas las relacionadas con la Santa Hermandad, desde su nacimiento en las Cortes de Madrigal en 1476, presididas por Isabel La Católica. Desapareció en 1498, debido al fracaso mismo del sistema que querían implantar, en parte debido a la presión fiscal que recaía sobre los pueblos y por el fin de las circunstancias excepcionales que habían incurrido en su creación con motivo de los preparativos de la Guerra de Granada.

Porque asi lo ha dicho la mayoría de la comunidad jurídica española – que es constitucionalista- y también lo que decían los propios militantes y simpatizantes socialistas y sobre todo sus ministros en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el 23 de julio pasado cuando se celebraron las elecciones generales a Cortes y al perderlas los socialistas, los siete diputados que obtuvo la formación independentista Juntos por Cataluña se revelaron imprescindibles para la nueva investidura de Sánchez. Se defendía que se trataba de una medida anticonstitucional, una especie de indulto generalizado que no solo perdona a los delincuentes sino que borra sus delitos.

Entonces y ahora es una medida ilegal porque ataca directamente la vigente Constitución Española de 1.978, en su artículo 14 que consagra el principio de igualdad de los españoles ante la ley, al generar una casta de privilegiados que pueden saltársela y salir impunes, simplemente alegando motivaciones políticas de sus actos prohibidos.

También porque deteriora el Estado de Derecho al vulnerar la separación de poderes y cargarse la independencia judicial al desautorizar a todos los tribunales que condenaron a los implicados en el golpe de Estado, después de tener juicios con todas las garantías, no por sus ideas políticas sino por la comisión de graves delitos como la sedición y la malversación de caudales públicos. Y a los que continúan investigando a aquellos vándalos que incendiaron las ciudades catalanas, ocuparon carreteras y aeropuertos, agredieron a centenares de Policías que trataron de impedírselo y que ahora quedarán exonerados y bendecidos.

Igualmente, porque el acuerdo a que ha conducido esta ley asume expresamente la versión independentista de aquella rebelión ( los hechos acaecidos en 2.017, como se dice eufemísticamente desde el Gobierno socialcomunista ) según la que la celebración de aquel referéndum ilegal y la declaración efímera de la independencia fueron provocados por el Estado español por no reconocer la soberanía de Cataluña para luego judicializar el conflicto político, reprimir al pueblo catalán y generar cientos de presos políticos y exiliados.

Asímismo, porque las negociaciones políticas han sido un deliberado ejercicio de humillación para el Gobierno de Sánchez. Como se ha podido ver, los socialistas han aceptado todas las exigencias de los secesionistas, además de la amnistía: el traspaso de la Red Ferroviaria de Cercanías, la condonación de una importante parte de la deuda autonómica….¿ Y la otra parte ?: solo presta los siete votos. Ni siquiera se compromete a no repetir la sublevación. Lógico, si no va a ser delito….

Tampoco se deben de olvidar las formas, como la visita cómplice de la vicepresidente del Gobierno Yolanda Díaz al prófugo de la justicia Carlos Puigdemont o la de Santos Cerdán, número tres del PSOE bajo la foto glorificada de la urna ilegal. La amnistía que era mala e imposible ya está aquí y sin pasar por las urnas.

De todas las falacias sobre las que se ha construido este acuerdo, la más grave es la que sostiene que el pacto se hace por el bien de España y la amnistía se concede por la mejora de la convivencia en Cataluña. La más extensible -curiosamente es de la que menos se habla- es que ha sido la única posibilidad de impedir la llegada al poder de la derecha. La más grosera y demagógica que por ser un pacto progresista quienes se oponen solo pueden ser los enemigos del progreso, ultras y derechistas reaccionarios, como los vándalos que cercaron las sedes socialistas.

¡ Qué más quisiera Sánchez en su deseo de polarización política y crispación social !. A la amnistía y al acuerdo que la hace posible firmado en Bruselas, se oponen muchísimos ciudadanos de izquierdas o independientes; muchos votantes socialistas; las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales y el Poder Judicial. La rechazan algunos socialistas más influyentes en la Historia de España que los que ahora la promueven – creo que Felipe González y Alfonso Guerra son de izquierdas….¿ o no ? y la mayoría de los constitucionalistas de España que también son muchos.

¿ Qué tiene de progresista ceder ante la imposición de los separatistas catalanes o es ser de izquierdas estar dispuesto a premiar con perdonar parte de la deuda pública que mantiene con el Estado cuyos dirigentes se rebelaron contra la Constitución cometiendo graves delitos ?. ¿ Es ser progresista gobernar gracias al bloque completo de los enemigos de España que te apoyan gracias al chantaje permanente y bajo su vigilancia ?. ¿ Es ser de izquierdas depender de un partido de la derecha supremacista o buscar un mediador internacional como si hubiera dos Estados en guerra ?.

Yo hasta ahora, lo que comprendía era que lo progresista eran los valores de la igualdad, la solidaridad entre personas y territorios y el imperio de la ley en una sociedad democrática. Tendré que reeducarme para adaptarme a los nuevos tiempos que corren…..

El pasado viernes, día 8, el periódico digital EL ESPAÑOL publicaba el resultado de una encuesta encargada por el mismo según la que concluía que el 71% de los españoles están en contra de conceder la amnistía de los sublevados catalanes, incluidos el 40% de votantes del PSOE. También recogía que el 56,1% de los socialistas rechaza incluir los delitos de malversación de caudales públicos ( dinero del presupuesto ) en la medida de gracia y que el 37,4% se oponía a incluir el terrorismo.

El 13 de enero de 1824 está considerado como la fecha de fundación de la Policía Española con la publicación de una Real Célula que creaba la llamada Policía General del Reino. Aunque antes, durante el conocido como Trienio Constitucional, se había elaborado un proyecto de Cuerpo Policial destinado a la seguridad de las personas y bienes y la conservación del orden público que se frustró debido a la intervención militar francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis y la restauración de la monarquía absolutista.

El citado documento, hacía una doble clasificación del personal policial. Por un lado estaban los profesionales integrados por el superintendente general, el secretario, el tesorero, los comisarios de cuartel y los celadores de barrio y de puertas. Y por otro, los semiprofesionales, formados por los alcaldes de barrio. El primer superintendente de la Policía Española fue José Manuel de Arjona, natural de Osuna ( Sevilla ) donde acaba de ser homenajeado.

Al año siguiente, Fernando VII ordenó la organización de un Regimiento de Caballería como fuerza auxiliar de la anterior. Esta Unidad recibió el nombre de Celadores Reales, un claro antecedente de las actuales unidades de caballería aunque solo duró dos años. De hecho, en la actualidad se ha recuperado su uniforme original para los desfiles y actos protocolarios.

En 1833, al inicio del reinado de Isabel II se organizó un nuevo cuerpo uniformado llamado los Salvaguardas Reales que asumió la función de conservar el orden ciudadano en Madrid y sus alrededores. Su existencia sería breve como consecuencia de aquella época tan convulsa en la que proliferaron cuerpos e instituciones que ni siquiera pudieron llegar a acreditar su eficacia.

En 1844, el Real Decreto de 26 de enero crea el ramo de Protección y Seguridad que restablece los desaparecidos cargos de comisario y celador. En la puerta del domicilio de este último se colocaba un farol durante la noche que alumbraba un cartel con el anuncio de la Celaduría de Protección y Seguridad.

Los miembros de las nuevas unidades uniformadas eran conocidos como agentes hasta 1848 año en que cambiaron su nombre por el de Salvaguardias de Madrid. Ese mismo año se estableció el Gobierno Superior de Policía, institución que puede considerarse como la primera Jefatura Superior de Policía, tal como la conocemos hoy.

Tras la revolución de octubre de 1868 conocida como la Gloriosa, que ocasionó el destronamiento y el exilio de la entonces monarca Isabel II, se instituyó el Cuerpo de Orden Publico de Madrid. Aunque inicialmente su ámbito territorial de intervención era la capital del reino, a partir del 1 de junio de 1870, el Gobierno Provisional extendió su jurisdicción a toda España. Sus miembros iban de uniforme y tenían carácter militar pero por razones de eficacia se permitió que un centenar de ellos vistieran de civil para dedicarlos a tareas de prevención e investigación de delitos.

La misma estructura policial se mantiene durante el breve reinado de Amadeo I de Saboya. En 1873, proclamada la I República, volvió a reorganizarse la Policía Gubernativa y Judicial. El objetivo era crear un cuerpo policial al margen de las permanentes contiendas políticas y para ello se publica el Real Decreto de 6 de noviembre de 1877 que dispone la existencia de dos servicios policiales, Vigilancia y Seguridad, desempeñados por dos cuerpos distintos. Según esta norma, había que huir siempre de lo que vulgarmente se llama política, no siendo jamás arma de partido, sirviendo solo a los verdaderos intereses sociales para convertirse en la más firme garantía de la seguridad personal y el auxilio más poderoso de la justicia.

En 1886, fallecido Alfonso XII, entró en vigor un Decreto que trajo consigo dos hechos relevantes: estableció la primera Dirección General de Seguridad y extendió al resto del territorio nacional la organización y estructura de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad de Madrid. A partir de ese momento, la Policía Gubernativa estaría en toda España salvo dos excepciones como la creación de un Cuerpo Especial de Policía para Madrid y Barcelona cuya única misión era la persecución de los delitos cometidos por explosivos en cumplimiento de la Ley d Represión del Anarquismo.

Pero la reforma fundamental de la institución policial se produjo a principios del siglo XX reinando Alfonso XIII que firmó la Ley Orgánica de la Policía Gubernativa el 27 de febrero de 1908. Esta ley fue fruto de la iniciativa y trabajo personal del entonces Ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel que consiguió para los policías dignidad profesional y estabilidad en el cargo como se recoge en la historia oficial del cuerpo.

En virtud de estas ley, los cuerpo policiales consolidados de Vigilancia y Seguridad velaban para toda la población, a las órdenes del Gobernador Civil de cada provincia. El de Vigilancia lo formaban comisarios, inspectores-jefes, inspectores de primera, segunda y tercera clase; agentes y vigilantes. Y el de Seguridad lo integraban jefes y oficiales procedentes del Ejército, clases y guardias.

El Real Decreto de 27 de noviembre de 1912, restaura la Dirección General de Seguridad, siendo Ramón Méndez Alanís su primer titular. Procedía del Ejército donde era auditor de división del Cuerpo Jurídico Militar. Creó los Registros documentales, estableció los laboratorios de fotografía y revelado de huellas dactilares y organizó los servicios policiales por Brigadas. Con esta estructura buscaba la especialización por aptitudes y dictó las instrucciones correspondientes para realización de los servicios de Barrios, Rondas y Ciclistas.

La Ley de Presupuestos de 1932, promulgada por la II República, cambió el nombre al Cuerpo de Vigilancia por el de Investigación y Vigilancia. En cuanto al de Seguridad, vio incrementada su organización por las llamadas Secciones de Asalto que llegaron a adquirir tal notoriedad que terminaron añadiendo su propio nombre al de Cuerpo, conocido a partir de entonces como de Seguridad y Asalto.

Durante la Guerra Civil Española, ambos bandos conservaron la denominación de los Cuerpos Policiales, Investigación y Vigilancia y Seguridad y Asalto. Sin embargo, en la zona republicana se unificaron en el de Seguridad, en el que había dos grupos: uniformado y civil; y en el que también se incluyeron las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, nacidas ya en plena guerra civil.

Finalizada la contienda, Franco configura las estructuras policiales huyendo de la vieja organización liberal y democrática, tal y como declara la ley de 8 de marzo de 1941. Se crean dos Cuerpos Policiales, uno de carácter civil que se denomina Cuerpo General de Policía, cuya misión es la información, la investigación y la vigilancia; y el otro uniformado, de índole militar, es el encargado de la vigilancia total y permanente así como de la represión cuando fuere necesario: la Policía Armada y de Tráfico. En 1959 perdió la competencia en circulación interurbana en favor de la Guardia Civil viendo reducido su nombre al de Policía Armada.

Con la llegada de la democracia, la ley de Policía de 4 de diciembre de 1978, estableció la existencia de dos corporaciones profesionales a las que calificó como de Seguridad del Estado: el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. Ese mismo año y para el Cuerpo Superior se convocaron plazas para mujeres por primera vez. Un año después se incorporaron las primeras 42 inspectoras de Policía. Estas nuevas denominaciones estuvieron vigentes hasta 1986.

En 1986 entró en vigor la ley que da lugar a la Policía Nacional española en su configuración actual y define el modelo policial español vigente hasta la fecha. Se trata de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que establece la existencia de dos Cuerpos de carácter estatal: la actual Policía Nacional como resultado de la unificación de los antiguos Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional, que es de carácter civil; y la Guardia Civil que es de carácter militar. Además asigna a ambas instituciones la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

En las últimas cuatro décadas, la Policía Nacional se ha modernizado y adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad española, con especial hincapié en la lucha contra el terrorismo. el crimen organizado, el tráfico de drogas, la violencia de género y la ciberdelincuencia. Para ello ha sido necesaria una enorme labor en formación y especialización de las Unidades que han permitido que la estadística criminal sea de las más bajas de la Unión Europea y que España haya podido ser elegida con garantías como escenario de grandes eventos internacionales en los últimos años.

Una de las aportaciones de la celebración de estas efemérides, ha sido la instauración del Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional para honrar a los afectados y sus familiares. La fecha elegida del 16 de junio, lo ha sido para recordar que ese día de 1981, en Zarauz ( Guipúzcoa ) la banda criminal ETA asesinó a María José García Sánchez, con ocasión de una operación antiterrorista. Fue la primera inspectora de Policía en caer acribillada a balazos. Otros 187 fallecidos, de distintas clases y categorías, conforman el precio pagado por este Cuerpo para asentar la democracia. Una cifra a la que hay que añadir las decenas de agentes heridos, viudas, huérfanos y demás familiares destrozados por ese terrorismo decimonónico.

Atrás quedan 200 años de historia al servicio de España y de los españoles. La práctica totalidad de la población perciben a la Policía Nacional como algo suyo porque se trata de hombres y mujeres que están dispuestos durante las 24 horas, todos los dias del año, a darlo todo para que los españoles puedan vivir con seguridad y ejercer sus deberes y derechos constitucionales. La Policía Nacional ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los desafíos de cada época, forjando en ese largo recorrido unos principios y unos valores muy sólidos, nacidos del esfuerzo, sacrificio e incluso heroísmo de sus integrantes.

Por mucho que la justifique el conjunto de la izquierda parlamentaria, la amnistía que promueve el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) no refuerza la democracia, ni asegura el acatamiento de la Constitución Española por los independentistas, ni supone un reencuentro de estos con los demás españoles. Todo lo contrario. Es la pasarela a una democracia popular y el cuestionamiento de nuestro sistema político a través de un proceso que nos acerca demasiado a las repúblicas sudamericanas gobernadas por socialistas o comunistas.

Esta deriva popular consiste en tergiversar las normas constitucionales y anular los contrapesos al Gobierno en beneficio del partido político gobernante para su continuidad eterna en el poder. Se suele acompañar de la deslegitimación de la oposición política a la que se coloca en un trágala y de la supresión de la independencia judicial. Para esto se promueve una polarización extrema porque el proceso hacia una democracia popular necesita el conflicto para justificarse. Así, el partido político gobernante y sus aliados se atribuyen el derecho en exclusiva a gobernar en ese ambiente social.

Por supuesto que el ejercicio de los derechos no es en igualdad de condiciones como tampoco lo son las elecciones. La oposición política necesita un esfuerzo épico para llegar al poder más allá del lógico y necesario como ha ocurrido recientemente en Polonia, donde se encontraba un Estado colonizado por el partido político que gobernaba y un orden político diferente al inicial. Exactamente igual que el camino iniciado en España por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La amnistía de inexistentes delitos políticos a los que se acaba de unir el terrorismo es el comienzo de este proceso. Lejos de constituir una simple modalidad de clemencia, las amnistías han venido ligadas a momentos fundacionales y en contextos constitucionales como mecanismo de legitimación de alternativas opositoras. Tampoco podía ser de otra manera si se atiene a que la amnistía significa no un perdón como sería el indulto sino una legalización. En este caso, legalizar en España la sedición contra el Estado de Derecho y otros delitos comunes como se pretende con esta norma, es inasumible para una democracia que se basa en el principio básico del imperio de la ley.

Así ha sido siempre en nuestra Historia. Nada menos que 25 de las 27 amnistías generales que se aprobaron en España en los dos últimos siglos fueron medidas de un partido político que solo sirvieron para atizar las luchas civiles. Justo porque la amnistía significa el punto y final de lo existente y el inicio de algo nuevo como ha ocurrido en dos ocasiones, en 1832 ( ampliada en 1834 ) para lograr el apoyo de los liberales más moderados a la sucesión de Fernando VII en la persona de su hija Isabel y en 1976 ( ampliada en 1977 ) para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante el franquismo; que sirvieron al propósito de establecer un régimen constitucional.

Ambas se aprobaron antes de instaurarlo y se optó por amnistiar ante la imposibilidad de deslindar las responsabilidades de los bandos de una guerra civil y de separar con nitidez a las víctimas de sus verdugos. No había otra vía de restablecer una concordia que hiciera posible el cambio y el consenso. Y aún así, al legalizar la violencia pasada, se alentó su uso por parte de minorías subversivas de 1934 en adelante en la primera de ellas y de 1977 hasta la actualidad en la segunda. De ahí que una amnistía necesite para paliar su rechazo general de un consenso tan amplio o más como el de una Constitución.

La amnistía de Sánchez no parece responder al tipo de las mencionadas de 1832-34 y 1976-77 sino al de las amnistías de partido donde se suspende el imperio de la ley en beneficio de quien gobierna y de sus aliados con objeto de patrimonializar la democracia. Si sale adelante, legalizará y sublimará el uso de la violencia que se vivió en Cataluña en 2017. Y será peor que entonces porque Pedro Sánchez habrá desactivado la confianza general en la Constitución Española, deslegitimando la aplicación de la ley y desarmando a la fuerza pública y a los tribunales. También desprotege a los ministros, policías y jueces; lo que le acerca al ajuste de cuentas de las amnistía de 1931 y sobre todo, de 1936, la del Frente Popular.

Es escandaloso que se tergiverse la Constitución Española para suspender el Estado de Derecho y negar el ejercicio del poder judicial por un interés personal y partidista. La actual Constitución no recoge ningún tipo de amnistía para privar a las Cortes de un derecho de gracia que se atribuyó exclusivamente al Rey y solo a través del indulto particular como establecen los artículos 62.i y 102.3. Las Cortes solo legislan el procedimiento del indulto y que es estrictamente la materia a la que se refiere el artículo 87.3.

El sanchismo utiliza la mayoría parlamentaria para atribuirse el poder supremo, la soberanía popular de hecho que liquida el orden constitucional e inicia un proceso constituyente para destruir el verdadero sujeto soberano que no es ni más ni menos que la nación española. Una vez desautorizados tanto el artículo 2 de la Constitución que es el pilar de la democracia como el poder judicial que es el freno de la arbitrariedad del Gobierno socialcomunista y que asegura el Estado de Derecho, la pendiente autoritaria se agudiza.

La nación española y su Constitución actual, nos pertenecen a todos y es nuestro deber sostener y estimular a los altos poderes del Estado encargados de preservarlos. La Historia enseña que usar las instituciones de la democracia contra la democracia misma tiene siempre un triste final.