De los muchos momentos graves que tuvo que superar la Transición Política Española, probablemente los hechos ocurridos en aquella semana de finales de enero de 1977 fueron los peores ya que amenazaron muy seriamente la continuidad de aquel camino hacia la democracia, iniciado el año anterior con la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976.
Durante esos siete dias, se produjo una ofensiva criminal que colocó a la incipiente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de una serie de episodios ocurridos todos ellos en Madrid, de la envergadura del secuestro de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa; el asesinato de los abogados laboralistas de la Calle de Atocha; la muerte del estudiante Arturo Ruiz por los disparos de un ultraderechista y el fallecimiento de la joven universitaria, María Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo de la Policía. Como se puede apreciar, España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz de la propaganda del régimen franquista.
En el primer gobierno de Adolfo Suárez, se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución Española. En aquel entonces, el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración Local y la gestión de las libertades ciudadanas ( asociaciones, reuniones y manifestaciones ).
Ese ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que excepto los cuatro ministros militares, no habían participado en la Guerra Civil Española aunque muchos de ellos habían tenido puestos destacados en los distintos gobiernos del general Francisco Franco.
Este gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente, en que ese día ETA asesinó a tiros en San Sebastián, al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce Villar, junto con su chófer y los tres Policías de escolta. Al funeral de las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo religioso, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al Sol entre gritos de ¡ Ejército al poder !.
Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación cargada de tensión. Por aquel entonces, no era todavía un gobierno democrático sino salido de la legalidad franquista. Y seguramente, también eran sospechosos de ser incapaces de garantizar el orden y la seguridad pública.
Tuvo como precedente de lo anterior que el 8 de septiembre, el Presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una posible legalización del Partido Comunista de España ( PCE ). Esa fecha clave, puso a España al borde del abismo.
El 12 de noviembre de 1976, hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que entre otras, agrupaba a Comisiones Obreras ( CC. OO ); Unión General de Trabajadores ( UGT ) y Unión Sindical Obrera ( USO ). Era claramente un huelga política y como tal, el gobierno fue beligerante e hizo cuanto pudo para que España no se paralizara ese día. La administración pública funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el gobierno era capaz de mantener el orden público y hacer que el país trabajara con normalidad. Esa imagen de firmeza y eficacia era muy significativa para convencer a la población de que Suárez tenía la situación bajo control y era merecedor de la confianza popular.
Aunque ningún gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, en aquel caso era valioso hacerlo para evitar que las personas de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus gobiernos no supieron mantener el orden público.
El 11 de diciembre, un comando del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ( GRAPO ) hizo prisionero ( secuestró ) a Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo terrorista de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al gobierno. Este secuestro produjo una reacción sorda pero dura del mundo político que puso una vez más contra las cuerdas a Adolfo Suárez.
El 15 de diciembre, se celebró el referéndum para la Reforma Política proyectada por Suárez y obtiene el respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que se quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.
Pero España vivía al borde del infarto. Para mayor inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y mejoras laborales. Ante este nuevo pulso, el gobierno respondió con un gesto de dureza destituyendo a toda la cúpula policial el día 22 de diciembre, horas antes de la detención de Santiago Carrillo, secretario general de PCE en Madrid cuando iba disfrazado con una peluca.
Las tensiones no disminuían desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Cuando la nueva dirección policial analizó el estado de las investigaciones sobre el secuestro de Oriol, concluyó que estaban llevándose de manera desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Se designó al comisario Roberto Conesa, entonces Jefe Superior de Policía de Valencia que durante muchos años había sido jefe de la Brigada Político Social y conocido cazarrojos. Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado.
Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore de acuerdo con la ley de Murphy. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la aún débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPOS, un ultraderechista mató a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación pro-amnistía en la Gran Vía madrileña.
Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara un impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para disolver la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por la muerte de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el gobierno de Suárez que parecía acorralado por los acontecimientos como si una mano negra moviese los hilo para desestabilizarlo.
Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad española desconcertada: el teniente general, Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio madrileño. Los GRAPOS, que mantenían aún en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco -la balbuceante democracia- que pilotaba Suárez. El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político sino también al militar que era lo que se buscaba.
Pero aquel día no acabaría ahí porque unas horas más tarde la sangre volvió a correr en Madrid. Un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid y abrió fuego a discreción. En aquel ataque indiscriminado murieron cuatro abogados y un administrativo, resultando heridos de gravedad otros cuatro letrados más. Fue una semana negra. La investigación de este execrable hecho fue encomendada al comisario Francisco de Asís Pastor, no al comisario Conesa que bastante tenía con los GRAPOS.
Al entierro de los juristas, asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el entonces Rey Juan Carlos I estuvo presente en aquel evento sobrevolando a la multitud en un helicóptero según se reveló años después.
El 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel en el que había entrado la Transición Política. El equipo policial investigador que había formado el comisario Conesa, dirigido por el inspector Antonio González Pacheco, más conocido por el rojerío de la época como Willy El Niño, lograron liberar a Oriol en un piso de Vallecas y al general Villaescusa en otro de Alcorcón, donde estaban siendo custodiados por los GRAPOS.
Un mes después, el otro equipo investigador que había formado el comisario Pastor, detuvieron a los asesinos del caso Atocha. Todos ellos pertenecían a la derecha política de ideología extremista y eran muy significados. Esta desarticulación hizo que los grupos de la extrema derecha se vinieran abajo.
Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 -más de 40 años después de las últimas celebradas en España- suponían que los españoles volvían a decidir su destino en las urnas. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, la población apostó por la moderación al primar a los partidos políticos de centroderecha y de centroizquierda.
Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en Presidente de Gobierno con 166 diputados, mientras que Felipe González dirigiría la oposición con sus 118 escaños. Martín Villa siguió en el gobierno, ahora con el bautizado Ministerio de Interior.
Todos los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por este nuevo gobierno -hubo tres amnistías- fueron para que España navegara hacia la normalización pero la travesía aún tendría muchas turbulencias, como la furibunda actividad de ETA y los GRAPOS; la oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y finalmente, el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.
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