EL TRÁFICO DE MÉDICOS DEL GOBIERNO CUBANO.

Tuvo que llegar a la Presidencia de Brasil Javier Bolsonaro, a primeros del año 2.019, para dar a conocer de forma mundial, el abuso que el régimen cubano estaba realizando en su país a través del Programa Más Médicos, que no es más que la exportación de personal sanitario a otros países por el que el Gobierno cubano -que era el que cobraba- se quedaba con el 75% de su salario.

Este Programa, fue una propuesta cubana que la entonces Presidente, Dilma Roussef, aceptó en el año 2.013. Para llevarlo a cabo, se utilizó como intermediaria a la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ), evitando así que la iniciativa formulada en 2.012, tuviera que pasar por el Congreso brasileño, eludiendo cualquier tipo de control.

Los médicos cubanos que trabajaban en Brasil, cobraban 550 dólares norteamericanos en mano -500 para ellos y 50 como ayuda  a su familia- y el Gobierno cubano se llevaba los 3.726 dólares restantes que faltaban, de los 4.276 que pagaba el Gobierno brasileño por sus servicios.

Para evitar su fuga y garantizar su regreso al paraíso cubano, evitando así las tentaciones del infierno capitalista, el Gobierno cubano les abonaría igual cantidad ( 550 dólares ) durante tres años, a su familia a la que no podía llevar consigo, ni tampoco abandonar la isla caribeña.

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La denuncia pública de Bolsonaro, de este nuevo tipo de trata de seres humanos de carácter laboral, supuso la retirada inmediata del personal médico rumbo a su país, a través de vuelos especiales y exclusivos, preparados a toda prisa para la ocasión, para no dar lugar a que los facultativos pudieran delatar esta trata de personas. Afectaba a 8.500 médicos que trabajaban en los lugares más alejados de Brasil, en 2.824 pueblos y 34 reservas indígenas.

También ha permitido conocer que, este nuevo tipo de esclavitud no se aplicaba solo a los médicos sino también a los arquitectos, profesores, músicos, entrenadores deportivos y otro personal especializado ; que se viene practicando desde el mismo comienzo del período comunista bajo la cobertura diplomática de misiones internacionales y que no es más que la versión cubana de alquilar su fuerza laboral especializada.

Así, se pudo saber también que, 85 empresas estatales cubanas eran las que vendían estos servicios de exportación que ya en 2.016 ( año del que se dispone algo de información ) supusieron unos 8.000 millones de dólares norteamericanos ( la utilización de esta divisa para realizar los cobros es debido a la imperiosa necesidad de disponer de esta moneda fuerte y reconocida a nivel mundial y poder realizar pagos de importación de otros productos necesarios ) ; bajando un 20 % de sus precedentes 2013 -2014 y 2015, que habían llegado a los 10.000 millones de dólares. Estimando que, el 75% del Producto Interior Cubano ( PIB ) procedía de esta exportación de mano de obra cualificada.

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Los países que compran estos servicios profesionales, no pertenecen todos al inframundo sino que los hay muy democráticos y muy de izquierdas, como Portugal y Uruguay. En ocasiones, la demanda ha sido tan alta que no se podía atender, teniendo que realizar el Gobierno cubano cursos acelerados de preparación, como ocurrió con unos veterinarios que, tras pasar por un itinerario de transformación de seis meses, fueron enviados como médicos a un país africano que – lógicamente- está prohibido decir.

Al gobierno cubano, no le bastan las terribles injusticias que se cometen contra los trabajadores exportados ; el sufrimientos de sus familias a las que obligan a permanecer en la isla a modo de rehén; sino que, a los que deciden no volver les llama directamente desertores.

Aquel cubano que, sin mediar la autorización necesaria y una vez acabada su misión en el exterior, no regresa a su patria, se le prohíbe la entrada a su país durante ocho años, en venganza. Así como impedir la salida de la isla- por igual tiempo- de sus esposa, hijos y demás parientes para vedar la reunificación familiar a modo de castigo. Si los allegados residentes no colaboran, se les expulsan de sus trabajos con carácter inmediato pasando directamente a la miseria. Por eso ha costado tanto y durante mucho tiempo que saliera a la luz esta información.

Como este tipo de denuncias, no afecta al comportamiento de las autoridades cubanas, continúan igual política esclavista. El pasado mes de mayo, al concluir su visita a la isla caribeña el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), -otro defensor acérrimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, manifestó, en una conferencia de prensa para dar cuenta de la visita a Cuba -su primera salida internacional- que había firmado un acuerdo de cooperación en materia de salud que, entre otras cosas, como la compra de una vacuna para niños que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, incluía la contratación de más de 600 médicos cubanos.

Este tipo de acuerdo con Cuba, está catalogado como trabajo forzoso por parte de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) y se desarrollará en las mismas condiciones laborales que ya se dieron en Brasil. Aunque no se haga público, miles de profesionales cubanos sufren cada año estas abusivas contrataciones que causan un enorme daño psicológico que alcanza no solo a los perjudicados sino también para el resto de sus familiares.

Llama mucho la atención que dos regímenes políticos republicanos, reputados defensores de los reales o imaginarios derechos humanos en cualquier parte de este planeta que ahora habitamos, -siempre que afecten a otros- no tengan ningún empacho a comportamientos como estos: el régimen cubano patrocinando la trata de personas al exportar a la fuerza a sus médicos y México, aceptando la mano de obra explotada como fuente de ingresos del régimen comunista.

Después de décadas de celebrar la exitosa revolución cubana, la vida de los ciudadanos de esta maravillosa isla que aún no han podido escaparse, depende de unos ingresos tan socialistas como son el turismo, las remesas de los que emigraron a Estados Unidos y las cuotas de los trabajos forzados que ellos llaman misiones internacionales. Así es como se vive en uno de los pocos paraísos del comunismo que permanece como un parque temático, en los que las personas pasan a ser individuos y se les roba su condición humana con el apoyo y reconocimiento de toda la izquierda internacional en la que la española compite por destacar.

Estas contrataciones, han sido rechazadas por los médicos y sus respectivos colegios profesionales mexicanos, no solo por las condiciones de opresión de sus homólogos cubanos si no que, de esta manera, se está excluyendo a los sanitarios nacionales, muchos de ellos desempleados. El Partido Comunista Mexicano, ha amenazado con atacar e impedir cualquier acto público que vaya en contra de este acuerdo. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tachado de viles y retrógrados a los opositores a este programa.

Ahora, se han vuelto a conocer, algunos detalles del acuerdo mexicano-cubano que afectará a los 610 médicos isleños que empezaron a llegar el pasado mes de julio y que percibirán como sueldo mensual 100 dólares norteamericanos, de los 1.700 que paga México por sus servicios. La transacción financiera, se está realizando a través de una nueva empresa, a raiz del escándalo brasileño, que se llama Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ( CSMC ) que como buenos capitalistas, han establecido una tasa de cambio fija para el dólar norteamericano de 20,70 pesos mexicanos para blindar al Gobierno cubano de las oscilaciones cambiarias.

¿ ES NECESARIA UNA NUEVA LEY DE SECRETOS OFICIALES ?.

Solo la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte y ya, en el ocaso de la legislatura, que hace tiempo que debería de haber acabado, ha motivado que se haya recurrido a la modernización de la antigua Ley de Secretos Oficiales, promulgada en abril de 1.968, en tiempos del tardofranquismo y modificada en octubre de 1.978. Ha tenido que considerar nuestro Presidente Pedro Sánchez, verdaderas dificultades políticas para mantenerse en el poder, para ofrecer la actualización de una vieja ley que ningún otro Gobierno de la democracia se ha atrevido a tocar, por lo que pienso dos principales razones: comodidad para su aplicación y necesidad de la adecuada mayoría en el Parlamento.

A todos los Estados, les interesa tener secretos para protegerse y es una actividad legal. Los puristas de la democracia, esa izquierda que solo ve derechos cuando está en la oposición, deja de engañarnos cuando alcanza el poder y entonces manifiesta que, la vida política, no puede ser enteramente pública porque eso, dejaría al Estado democrático en una clara desventaja. Y entonces, aprecia que la potestad para clasificar asuntos tiene que estar justificada y controlada, no como la derecha que lo hace todo al tuntún…

Para limitar el derecho a la información que prima en todos los sistemas democráticos, tienen que cumplirse varios requisitos: el primero de ellos, es que solo debe declararse secreto aquello que pueda suponer una amenaza para el propio Estado, debidamente motivado, es decir, la materia; el segundo es que, el secreto tiene que ser algo excepcional porque la regla principal de la actividad pública es la información; y el tercero, entre otros, la autoridad facultada para tomar la decisión, dotada de la estructura adecuada que debería de ser el Consejo de Ministros, la más alta instancia administrativa.

En el caso español, los acuerdos de clasificación de asuntos, suficientemente justificados, deberían de aparecer publicados en el Boletín Oficial del Estado y, en la práctica, lejos de hacerlo, se ha llegado a declarar como secreto el propio acuerdo de clasificación de materias, generando una enorme inseguridad jurídica, porque cómo saber si algo es secreto si ni siquiera se sabe que existe. Lo que da lugar a pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Soy de la opinión de que, la actual Ley de Secretos Oficiales, necesita una modernización como no paran de pedir también nuestros socios de la Unión Europea ( UE ) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), para hacerlos homologables a los suyos, pero no así, forzada por los acontecimientos y que presagia una debilidad que hará muy difícil -en la práctica- su aplicación.

El Gobierno la quiere hacer solo para seguir contando con el apoyo de sus aliados parlamentarios, que van a actuar como grupos antisistemas que quieren destruir lo que la Ley tiene que proteger. La posición de los grupos vascos ( a la que se ha sumado Izquierda Republicana de Cataluña ) es común porque, esta vez, coinciden sus intereses, acortar al máximo los plazos de desclasificación de documentos -cuando el anteproyecto de la ley, que se ha mantenido en máximo secreto, va en sentido contrario- cuya prioridad es conocer las informaciones clasificadas sobre el 23- F y los GAL. De igual manera se ha pronunciado su socio gubernamental, Unidas Podemos que además, desconocía el texto básico.

Todos los países tienen sus secretos, eso es evidente, y necesitan protegerlos. El nuestro también. Nuestra democracia tiene que acometer la sustitución de esa norma legal que es, especialmente restrictiva, Hasta ahora, se ha seguido el modelo soviético de secretos eternos, ya que el principal problema de nuestro sistema es la falta de plazos para que los secretos caduquen de manera automática, como ocurre en los países de nuestro entorno ( Francia, Italia, Reino Unido ) y eso no nos deja en muy buen lugar.

Además, en el modelo español, se distingue solo entre materia reservada y materia secreta, según su grado de importancia, pero la única diferencia entre ambas son los niveles de custodia y es igual de imposible acceder, tanto a una como a otra. Sin límites temporales y con el uso caprichoso de la clasificación, como de la poca desclasificación que se hace, se arroja un manto de opacidad tremendo en cuestiones que son de muchísimo interés público.

España llegó a 2.013, siendo uno de los cuatro países europeos sin una Ley de Transparencia y eso que era el único de ellos no considerado paraíso fiscal. La nueva norma llegó de la mano del Partido Popular, entonces en el Gobierno y fue tan celebrada como insuficiente. Una de las cosas más sorprendentes de su redacción es que ni siquiera mencionaba a la Ley Secretos Oficiales, con la que estaba llamada a chocar. La realidad ha demostrado que no se confrontan. Cuando se trata de secretos oficiales, Transparencia no se aplica, así, directamente. Lo que constituye una anomalía la desconexión tan evidente.

Así ha ocurrido, con la Ley del Alto Cargo que solo dos años después de que la Ley de Transparencia prometiese arrojar luz, en el patrimonio de políticos y cargos públicos, se declaró como materia reservada el registro de bienes y derechos patrimoniales. Si un Ministerio le dice al Consejo de la Transparencia que algo es secreto, no hay nada más que hablar, porque ni siquiera es posible pedir que se justifique esa decisión ya que la ley no lo exige.

En septiembre de 2.012, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular ( PP ), José Manuel García-Margallo, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar la inseguridad en Malí y Etiopía, para los cooperantes españoles ya que había dado lugar al secuestro de varios de ellos. No pudo decir nada, alegando que un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.010, presidido por el socialista José Luis Rodriguez Zapatero, había declarado secretas las negociaciones sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros.

En el mismo acuerdo, se clasificaron 17 materias que iban desde el viaje del Rey Juan Carlos a Chile y Brasil pasando por las gestiones para la compra de Repsol en Argentina o la candidatura del ex-ministro socialista, Miguel Ángel Moratinos, como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ( FAO ). Pero lo más llamativo es que el propio acuerdo de clasificación de esas materias, se declaró secreto y no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ). Esta decisión, es el colmo de la arbitrariedad cuando la Constitución la prohíbe.

Para evitar situaciones como esas, es necesario el efectivo control legislativo y judicial, ya contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al primero, destaca la Comisión de Gastos Reservados, conocida como Comisión de Secretos Oficiales que nunca ha funcionado especialmente bien y ha sido protagonista de numerosos episodios de filtraciones.

Y en cuanto a los tribunales, es bastante discutible hasta qué punto los jueces pueden obligar a desclasificar asuntos porque la ley especifica nada dice al respecto. Las pocas veces que se ha utilizado esta vía, ha consistido en la correspondiente solicitud de desclasificación y entrega al Consejo de Ministros pero que no es vinculante.

La Ley de Información Clasificada, que es como se llama el borrador propuesto por los socialistas para la actualización de la norma en vigor, tiene por delante todavía, un largo recorrido político, lleno de dificultades que ya veremos como acaba…

LA OCUPACIÓN ILEGAL DE LA VIVIENDA, EN ESPAÑA.

Se trata de un fenómeno social, que se ha disparado y que no tiene visos de una fácil y rápida solución. La ocupación ilegal de viviendas, bien sea de particulares, de entidades financieras o fondos de inversión, han crecido un 40% en España, en los tres últimos años.

Hemos pasado de las 7.739 viviendas ocupadas en el año 2.013, según las denuncias formuladas ante la Policía, a las 12.214, del año 2.018; 14.621 en 2.019; 14.792, en 2.020; que es la última estadística conocida, con una previsión de 15.000 para el pasado año de 2.021 y cuya cifra final no se ha ha hecho pública todavía. Si bien estas cifras, corresponden a las denuncias hechas, las estimaciones de los distintos organismos que siguen este problema, llegan a más de 100.000 viviendas ocupadas y a unas 200.000 familias afectadas.

Este aumento tan desproporcionado, coincide con la llegada del actual Gobierno socialcomunista, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, que fue promovida por la formación política Unidas Podemos. Su entonces dirigente, Pablo Iglesias, siempre se había mostrado como un entusiasta defensor de las plataformas contra los desahucios y de los escraches. También era partidario de despenalizar las ocupaciones, expropiar viviendas y fijar los precios de los alquileres.

Ese mismo año, en 2.018, llevó al Tribunal Constitucional, su posición contraria a que se agilizaran los desahucios, dando muestras de su deseo de intervenir la propiedad privada. Todo ello, como respuesta a la Ley de Enjuiciamiento Civil que había modificado el Partido Popular ( PP ) en julio de ese año y que había establecido, el conocido como desahucio exprés y donde las Comunidades Autónomas no tenían competencias.

En la actualidad, la pasividad del Gobierno, sigue siendo la actitud dominante. Nuestros gobernantes, proponen la creación de la vivienda social, la lucha contra el cambio climático y la instauración de la Renta Básica, pero nada de proteger, el derecho constitucional de la defensa de la propiedad privada.

El desahucio exprés, pretendía una agilidad de los trámites judiciales, sin que fuese necesario identificar a los ocupantes, que se ha visto frenado por el colapso de los juzgados, sin que nuestro Gobierno se dé por enterado.

Toda la derecha parlamentaria nacional ( PP, Vox Ciudadanos ) solicitaron al Congreso de los Diputados, el desarrollo de una ley anti-ocupación más exigente, con penas de prisión de 1 a 6 años porque ahora a la ocupación, se le castiga como un delito leve ( antigua Falta ), con pena de multa ( sanción económica ) y que los Cuerpos Policiales puedan desalojar la vivienda en un tiempo máximo de 48 horas. A las quejas permanentes de los propietarios, se han añadido las asociaciones de agentes inmobiliarios, la Policía y las Comunidades Autónomas.

La normativa más habitual, que se aplica para el desahucio de una vivienda particular, es la vía civil antes mencionada, con el fin de que las denuncias, sigan unos trámites más rápidos. Eso, significa que, es necesario, la presentación de una demanda de desahucio, en un plazo de 48 horas que, notificada al demandado, dispone de un plazo de 5 dias para desalojar la vivienda , siempre que, en ese tiempo, no haya presentado un título útil de ocupación. A continuación, si no se va voluntariamente, el juez lo echará.

Pero todo, no es tan rápido como lo explica la norma. Los juzgados en España, están colapsados y normalmente, necesitan de 3 a 5 meses para acabar la tramitación, pero el procedimiento puede durar años. Y mientras tanto, el propietario se sigue haciendo cargo de los impuestos, gastos de la comunidad, hipotecas, etc.

Al mismo tiempo, los ocupantes, van a retrasar el procedimiento todo lo que puedan. El método más habitual es la presentación de facturas falsas de todo tipo: agua, luz, gas… Y para rematar, algunos desahucios se complican, si entre los ocupantes, existen menores o personas vulnerables porque las autoridades ( los ayuntamientos, normalmente ) tienen que ofrecer una vivienda social en un período de 7 dias.

Si llega a haber condena, el invasor, además desalojar el inmueble, debes de pagas las costas ( gastos ) judiciales de todo el proceso: abogado, procurador y los daños que se hayan producido. Contra la sentencia judicial, cabe el correspondiente recurso . El problema llega cuando los infractores se declaran insolventes, que suele ser en la mayoría de los casos y no abonan nada.

Por otro lado, cuando el hecho se denuncia por la vía penal, se trata de un delito de usurpación y el procedimiento es más lento. La pena de este delito varía, si se ha empleado violencia o intimidación y puede llegar a, entre 1 o 2 años de prisión. Desde la óptica judicial, la reforma de la ley ha permitido resolver el 57% de los casos denunciados, estando en trámite de resolución los restantes.

Tanto la crisis económica del año 2.008, como a la que España se enfrenta ahora, como consecuencia de la gripe china y la invasión rusa de Ucrania, han puesto de manifiesto la falta de un parque de viviendas sociales, el aumento de los precios del alquiler y los bajos salarios. Por eso aumentan, de forman escandalosa, los casos de ocupación de viviendas, puesto que hay numerosas personas que no pueden acceder a una casa, en condiciones de mercado.

Llegados a este punto, hay que recordar que la Constitución Española, en su artículo 47, establece que, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y además, encargando a los poderes públicos, el cumplimiento de este derecho. Para disminuir los efectos de la crisis del coronavirus, el Gobierno llevó a cabo la suspensión de los desahucios, generando una tremenda inseguridad jurídica.

Durante el primer semestre del presente año de 2.022, se habían superado los 11.000 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ). El pasado 2.021, se realizaron 41.359, un 30% más que en 2.020. En el 2.019, se produjeron 54.OOO.

Vía Decreto-Ley, que es como le gusta mandar a nuestro Gobierno , desde el pasado 25 de junio del presente año, se paralizaron los lanzamientos y desahucios, hasta el 31 de diciembre, para todos aquellos afectados que, por sus bajos ingresos durante a crisis económica y la pandemia china, no pudieran hacer frente a los pagos de los alquileres de sus viviendas y demás gastos de mantenimiento. que no era más que la ampliación de la decisión que se tomó en marzo del 2.020 por la crisis sanitaria.

EL SEXO DE PAGO ( y 2 ) : LA PROFESIONAL.

La experiencia cotidiana, desde el otro lado de la barra de alterne, indica que, los clientes jóvenes suelen llegar a última hora de la noche, cuando cierran los pubs o discotecas. Y lo hacen en grupo, a vacilar con las chicas y a tomarse unas copas. Después, pueden rematar la visita o no, depende o algunos sí y otros no. Los que entran solos en el local, van directamente a por el sexo.

Estos nuevos usuarios, son chicos cada vez más jóvenes, de 18 a 30 años de edad. Hace no mucho tiempo, el parroquiano habitual tenía una edad comprendida entre los 40 y los 60 años. E irían mucho más, si las copas no fueran tan caras porque hay chavales que salen de casa solo con lo que le podría costar una consumición en la barra, según el local de que se trate porque los establecimientos también tienen sus categorías, con arreglo a la calidad de la oferta que tengan.

Un hecho determinante para acercar a los jóvenes al sexo de pago, es la denominada fantasía del exotismo y eso hace propiciar la experiencia. Que hoy pueda estar con una chica negra, mañana con una sudamericana y pasado con otra del Este. Ante este panorama… ¡ quién se resiste !.

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Tanto los psicólogos como los investigadores de tendencias juveniles, coinciden en que ese ambiente interracial favorece la realización de deseos y fantasías sexuales clásicas: eso de poder estar con chicas de varios continentes. Pero también es cierto que, los chicos que van con prostitutas lo hacen, no porque no liguen con chicas, sino porque no les merece la pena el esfuerzo para concluir el cortejo con una negativa. Sencillamente, se ahorran el trabajo.

Este rejuvenecimiento de la clientela, no se limita a los clubes y locales de alterne, sino que también se nota en la prostitución callejera o de pisos. A diario, acuden después del trabajo, solos. Los fines de semana lo hacen en grupo. Tienen bastantes menos prejuicios que los clientes mayores y suelen estar bastante más informados, usando el condón mayoritariamente : lo llevan encima  o se lo piden.

Aunque se les suele poner un suspenso en actitudes. Tienen mucha información sexual pero ninguna educación sexual. El cliente joven solicita el mismo paquete de servicios que el de hace 20 años: besos, caricias, felación y penetración. Es decir, el repertorio básico y ordinario.

Ahora, en estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, el partido político que dirige el Gobierno de la nación, el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), en lugar de dedicar su tiempo a facilitar la vida de los españoles y mejorarla en lo posible, se dedica a cambiar la moral y costumbres ancestrales y así, nos tiene entretenidos para que no apreciemos su incapacidad manifiesta para resolver los problemas diarios que nos están acuciando.

Dentro de estas maniobras evasivas, se encuentra su propósito de abolir la prostitución y para ello, el pasado mes de mayo, presentó el en Congreso de los Diputados, una proposición de ley que pide la prohibición de un negocio que, en la mayoría de los casos, vive de la explotación de las mujeres.

Esta medida legal, prevé la prisión para los proxenetas y los dueños de los locales, así como su clausura; fuertes multas para los clientes e incluso el encarcelamiento, si la prostituta fuera menor de edad o estuviera en situación de vulnerabilidad. En caso de aprobarse, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución, sea quién sea: el chulo, dueño del burdel, barra americana, piso o local de cualquier tipo en el que se produce la actividad sexual. Dará igual el parecer de las chicas, si son voluntarias, necesitadas o forzadas porque promover o ayudar a la prostitución, será ilegal y un delito, en todos los casos.

Esta acción, puramente represiva, se complementaría con actuaciones para la supuesta recuperación de las víctimas, especialmente para la mayoría de ellas, extranjeras, en situación ilegal en España y forzadas por los grupos de trata de personas. Ya que todas las mujeres u hombres, las que lo ejerzan voluntariamente o no, tendrán la consideración de víctimas y les dará derecho a ayudas e indemnizaciones, de carácter asistencial e integral: psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para su recuperación e integración social. El Gobierno, pretende que sean las mismas con que las tres administraciones públicas ( estatal, autonómica y local ) tratan de rescatar a las mujeres maltratadas por sus parejas.

La explotación sexual de las niñas y las mujeres, es la segunda actividad delictiva más rentable del mundo, justo por detrás del tráfico de drogas y unos beneficios muy similares a los del comercio ilícito de armas. Se trata de cálculos realizados por la ONU, la misma organización que tiene situada a España, en el tercer puesto de los países con más clientes y a la cabeza de los del continente europeo.

La Policía tiene muy claro que, las casi 600 mujeres que rescatan cada año de prostíbulos, pisos, parques y calles; no son más que la punta del iceberg. Sus estimaciones apuntan a que en España, puede haber más 40.000 mujeres prostituidas, una actividad que movería unos 20.000 millones de euros al año, fortuna que explicaría por qué se encuentra instalada aquí una de las industrias de proxenetas más potentes de Europa.

La mayor parte de las mujeres rescatadas, son extranjeras y en situación de gran vulnerabilidad. Proceden, fundamentalmente de, Nigeria, Colombia, Rumanía, Paraguay, Venezuela o China. El 90% de ellas, ejercen la prostitución de forma forzosa para poder pagar la deuda contraída para poder llegar a España,

Cualquiera que haya tenido noticia del propósito gubernamental de prohibir esta actividad alegal, pensará que, en España, no se hacía nada para combatir esta lacra social, a tenor del articulado y han tenido que venir los socialistas para rescatar a las chicas de sus explotadores tras un largo suplicio. Nada más lejos de la realidad. Aquí se persigue, penalmente, a todos los que se benefician de la esclavitud de las jóvenes y a las que desean salir, se les ayuda a emprender una nueva vida y que son las menos porque necesitan ese dinero que ganan con tanta facilidad,

Este tema se ha puesto de actualidad por la rivalidad entre las dos formaciones políticas -socialistas y comunistas- que conforman el Gobierno actual, para ver quién es más feminista que el otro. No ha habido debate social, problema alguno que haya traido la prostitución a la actualidad, solicitud de agentes sociales…nada: solo oportunismo político y ver quién es capaz de llegar más lejos para acabar con esta milenaria actividad.

El pasado miércoles, día 22, de este mes de junio, centenares de prostitutas llegadas de todos los rincones de España, se concentraron ante la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), sita en la calle Ferraz de Madrid, como medida de protesta por el proyecto abolicionista que las va a dejar sin sustento, cuando logre aprobarse. Bajo el lema: Es mi cuerpo, Es mi decisión; y con carteles que expresaban que no eran ni víctimas ni esclavas, se desmarcaron del proxenetismo, al que consideraron minoritario, solicitando su regulación como trabajadoras sexuales dedicadas a dar felicidad.

EL SEXO DE PAGO ( 1 ) : EL CLIENTE.

La cultura de la inmediatez, el deseo de obtener -de forma rápida y sin esfuerzo- el sexo sin compromiso y la oferta masiva de prostíbulos y picaderos ; han sido factores claves para que cambie el perfil de los nuevos usuarios de la prostitución que, cada vez, son mas jóvenes pese a haber nacido después de la revolución sexual que se inició en la década de los 60 del siglo pasado, alcanzar su máximo desarrollo entre 1.970 – 80 y mantenerse hasta nuestros días.

Sin tabúes, sin estigmas y hasta sin consideración, el acercamiento a la prostitución por parte de las nuevas generaciones -mujeres incluidas- resulta algo socialmente aceptado. Son muchas las despedidas de soltero que terminan en un club o con compañía de pago.

La oferta es amplia y variada y además, vista como una opción de ocio por los jóvenes que, sin reparar en la trastienda del negocio -a menudo en manos de las mafias- están contribuyendo a que el perfil del cliente se transforme y baje su edad hasta los 30 años de media.

A la mayoría de nuestros hijos y nietos, ligar les cuesta mucho trabajo y además no tienen ninguna garantía de éxito, ( aunque no sepan que siempre ha sido así ), excepto para algunos privilegiados. Piensan que tienen que darle rollo a una chica durante horas ; decirle cosas que le puedan agradar, especialmente de tipo romántico ; invitarla a unas copas o a cenar -si eres pudiente- ; y después entra dentro de lo posible que no quiera tener nada contigo o que te diga que sí para ennoviarte.

Así que muchos de ellos se van al puticlub más cercano, pagan el servicio acordado y se desahogan. De esta manera, las cosas son más sencillas. Otros desearían irse a Cuba, donde según cuentan los que han ido -o eso dicen- por un pintalabios o un par de medias, tienes todo el sexo que quieras y sin compromiso alguno..

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Nuestros jóvenes, hoy en día, tienen las ideas muy claras : para qué complicarse la vida si por 50 euros puedes disfrutar de un servicio completo en un club. Quien se lo ofrece y en las circunstancias que viva la profesional que se lo presta, no le preocupa en absoluto.

Despedidas de soltero, celebraciones deportivas, cenas de empresas, cumpleaños, mayorías de edad, remates a una noche de juerga o alivio rápido tras una jornada de trabajo. Las motivaciones pueden tantas como los tipos de clientes. Pero el denominador común aparece cada vez más claro : cuanto más rejuvenece la clientela, más aumenta la visión de la prostitución como parte integrante de la oferta de ocio.

El perfil del usuario masculino de esta práctica, en España, es sensiblemente más joven que hace 10 o 15 años. Entonces era un hombre casado, con cargas familiares y mayor de 40 años. Ahora, abundan chicos de 20 a 40 años, muchos de ellos con estudios universitarios.

Parece que, lo que ha cambiado en los últimos tiempos es la percepción social de la prostitución aunque muchos jóvenes siguen todavía debutando en el sexo, a través de las meretrices. Un abanico amplísimo de ofertas, una mayor permisividad y un nivel adquisitivo más alto que antaño, hace que los chicos se aproximen a ella. En definitiva : producto abundante y asequible para todos los bolsillos. Si a eso se le añade una parte lúdica, divertida y atractiva, muchos jóvenes -sin pareja- de 20 a 25 años, no se lo piensan.

El factor grupal también cuenta. Si alguno de los amigos, ha acudido a la prostitución y transmite una experiencia positiva o incluso entusiasta, es fácil que contagie al grupo con razonamientos del tipo : es que son auténticas profesionales ; a estas puedes pedírselo sin rodeos o saben hacer muy bien su trabajo, acaban convirtiéndose en clichés que se repiten y perpetúan.

Ahora, en esta actividad alegal y muy extendida en la sociedad, entra la política y el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) quiere abolirla. Durante el pasado mes de mayo, registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pide la prohibición de un negocio que, en la mayoría de los casos, vive de la explotación de las mujeres.

La idea es encarcelar a los proxenetas y dueños de los burdeles y la clausura de los locales; fuertes multas para los usuarios e incluso, prisión si la mujer prostituida es menor de edad o en situación de vulnerabilidad. Las multas a los clientes serán, de forma general, de 12 a 24 meses -el importe por día lo fijará el juez- . La propuesta exime de toda responsabilidad a las mujeres prostituidas a quienes considera víctimas en su conjunto y a las cuales pretende extender las ayudas que ahora tienen reconocidas las víctimas de violencia de género. Nada nuevo bajo el sol aunque con algún nubarrón que otro.

Si la norma es aprobada en lo que queda de legislatura, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución, sea el beneficiario, un simple chulo o el dueño del local, barra americana o piso. Dará igual si las mujeres trabajan forzadas o voluntariamente. En definitiva, promover o ayudar a la prostitución, será ilegal y un delito en todos los casos. Igual que ahora pero con campaña política.

Los informes y estudios realizados hasta la fecha, sitúan a España en el tercer puesto a nivel mundial y el primero en Europa, con más clientes en los prostíbulos. También indican que, entre el 20% y el 40% de los españoles, han pagado alguna vez por tener sexo, con un notable crecimiento entre los chicos de 18 a 25 años. Las estimaciones policiales apuntan de que en España puede haber en torno a unas 40.000 prostitutas que moverían unos 20.000 millones de euros al año, convirtiendo así a España en una de las industrias de proxenetas más potentes de Europa. Y añaden que, según sus cuentas, las chicas son forzadas -mayoritariamente- al ejercicio de la prostitución y que el 80% de ellas son extranjeras, procedentes de todos los continentes y razas.

En resumen y por razones de oportunismo político, la parte socialista del Gobierno de la Nación, quiere arrebatar a sus socios populistas y comunistas, el trofeo de la abolición de la prostitución, asunto que divide al feminismo patrio ya que cuenta también con partidarios de su regularización.

¿ ES ESPAÑA EL DESTINO PREDILECTO DE LOS PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA ?.

Buen clima, buena comida, buena hospitalidad; numerosas comunidades de extranjeros residentes entre los que pasar desapercibido… ¡ Qué más hace falta …!. Lo tenemos todo para ser los elegidos. Hace muchos, pero que muchos años, que España fue descubierta por numerosos prófugos extranjeros de la justicia para asentarse en nuestro país y llevar una vida placentera, si no fuera por…la eficaz labor policial que ha impedido que se convirtiera en un santuario para el mundo de la criminalidad internacional.

A nuestra Policía, llegan órdenes de detención de casi todo el mundo: Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Rusia, Serbia, Colombia, Ecuador y así una larga lista de naciones para que se les ayude a localizar y detener a sus ciudadanos violadores, asesinos, traficantes de seres humanos y de drogas, pederastas, secuestradores, estafadores y hasta de ladrones de poca monta y escaso pelaje.

Vienen muchos como turistas y por eso se reciben cada año, miles de órdenes de detención internacional. Pero eso no quiere decir que se sientan seguros porque son perseguidos y hasta arrestados. España, es el país europeo donde más delincuentes internacionales se detienen: mil cada año. Se les ha encontrado en un aeropuerto, estaciones de trenes o de autobuses; en controles de carreteras y hasta por casualidad. A veces, buscando una cosa, se encuentra otra.

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Los prófugos, saben que tienen que ser muy cuidadosos en sus usos y costumbres porque cualquier licencia que se tomen, puede convertirse en un error que les conduzca derechos a prisión. La arrogancia, es una fiel compañera de este tipo de delincuentes, que les suele llevar a un exceso de confianza y de ahí al error. Basta con que cometan uno solo. Es suficiente. La tranquilidad que gozan desde el principio, les lleva a la relajación y empiezan a dejar rastros en el uso de las comunicaciones, movimientos financieros, compra de bienes y hasta frecuentar las redes sociales.

La principal preocupación de un delincuente internacional es conseguir una identidad falsa y el modo de lograrla es un universo en sí mismo. También es el elemento capital de toda investigación policial: saber el nuevo nombre del buscado. Las mejores identidades falsas se consiguen en algunos de los antiguos países de la Europa del Este, como Albania y también en Turquía. Se pueden conseguir también documentos oficiales originales con nombres falsos debido a la corrupción de los funcionarios encargados de su custodia y expedición. En Georgia, se puede cambiar de apellidos y obtener documentación legal con el nuevo nombre.

La labor policial española descansa en las bases de datos con conexiones internacionales del tipo Interpol o Europol, que contienen datos de más de 20.000 ciudadanos buscados por las distintas Policías de sus respectivos países. Y continúa con la comprobación de su entorno familiar y laboral, sus relaciones personales, información procedente de la colaboración ciudadana, el ejercicio cotidiano de la práctica policial y hasta anónimos.

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La Costa del Sol es la zona donde más detenciones se practican, debido a la abundancia de urbanizaciones de lujo, con todo tipo de comodidades para los prófugos y de obstáculos para que los Policías puedan ser detectados con facilidad. y que solo son vencidos por la paciencia, la precaución y una intensa vigilancia. Le sigue Madrid, al disponer de un aeropuerto que es la principal puerta de entrada en España, Alicante y Barcelona.

La Orden de Detención Internacional, que es el documento que respalda las actuaciones policiales, solo permite la detención en la calle y no la entrada en el domicilio porque la emite un juez extranjero que no puede autorizar registros en España. Tampoco interceptar las comunicaciones, salvo que haya un posible delito por medio, cometido en el territorio nacional, o víctimas en peligro. En estos supuestos, se le plantearía la solicitud al juez del lugar aunque no es lo frecuente.

Aunque la detención de estos prófugos se puede producir en cualquier lugar o circunstancia y por los motivos más diversos ( un altercado callejero, bronca en una discoteca o una multa de tráfico ) y por cualquier cuerpo policial, tanto la Policía como la Guardia Civil, disponen de Unidades Especializadas en la localización y detención de estos fugitivos de la justicia. con una estructura central y otra periférica en los lugares de asentamiento de estas personas.

LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA.

Si eres hombre o niño en una guerra, sufres sin que dependa de tu condición económica o de tu edad. Pero si eres una mujer o una niña, la ración de sufrimiento será más brutal porque los combatientes siempre utilizan el sexo femenino como carne de cañón, sin importarles que las mujeres que violan o matan, se parezcan a sus seres más queridos, como podrían ser sus madres o hermanas.

No es igual ser mujer que hombre en una guerra porque para ellas, hay una violencia específica que además, la viven de forma distinta, que las deja marcadas para siempre. La más humillante, es la violación o convertirse en esclavas sexuales. Son prácticas horrendas, son crímenes de lesa humanidad. A pesar de que esta brutalidad, se utiliza de manera generalizada como arma de guerra desde hace siglos, ha habido que esperar casi al primer decenio del siglo XXI para que se reconociese como un crimen contra la humanidad.

Cada vez hay más mujeres en los ejércitos y en la guerra de Ucrania, además, muchas jóvenes se han unido a los grupos de combate y a la Resistencia. Tanto las mujeres que huyen de los bombarderos para salvar la vida y proteger a su hijos, como las que permanecen en las ciudades ocupadas, se convierten en un soporte esencial para la subsistencia de la población vulnerable.

En ese contexto, violar y matar a las mujeres y a las niñas, es una forma de destruir la comunidad, como se ha visto en anteriores conflictos, especialmente africanos, donde se estiman en centenares de miles las mujeres que han sido agredidas sexualmente, tanto por las milicias como por los soldados, en los últimos 20 años. La guerra suele ir acompañada de una exaltación de la hipermasculinidad y para muchos combatientes, coger el cuerpo de las mujeres del enemigo forma parte de la conquista del territorio.

Otra fuente dramática de la vulnerabilidad, está en la trata de mujeres. La frontera y la desesperación de la huida, es el caldo de cultivo para los grupos mafiosos, dispuestos a victimizar doblemente a las mujeres, con engaños y abusos que, a menudo, acaban en un camino sin retorno hacia la prostitución.

La retirada de las tropas rusas, de parte de las ciudades ocupadas en Ucrania, ha sacado a la luz, el horror de las ejecuciones de civiles y un número, cada vez mayor, de casos de atropellos contra las mujeres, como el secuestro y la violación de un grupo de 25 jóvenes, por parte de soldados del ejército ruso. Entre ellas, había niñas de 14 años que fueron retenidas en un sótano, por espacio de un mes, según han denunciado las autoridades ucranianas que además, han pedido una investigación independiente, sobre las agresiones sexuales que se están cometiendo, con ocasión de la invasión rusa a su país, para poderlas incluir como crímenes de guerra.

En otro caso, un civil fue asesinado en su casa cuando trataba de impedir la violación de su esposa, -que lo fue varias veces-, delante de sus hijos menores de edad. Otro de los más sonados, ha sido el de una niña ucraniana, de 14 años, que se quedó embarazada después de haber sido violada por cinco soldados rusos. La adolescente, planea quedarse con el bebé después de que los médicos le advirtieran del riesgo que corre si aborta ahora, ya que era posible que no pueda volver a tener más hijos.

Las atrocidades de la guerra no excluyen a nadie y también se han detectado varios casos de violación de hombres. Hasta ahora, solo uno de ellos ha denunciado su experiencia. Se trata de un hombre discapacitado de 45 años, que no pudo alistarse en el ejército y se vió obligado a quedarse en su casa debido a su estado de salud. Allí ocurrió todo. Para denunciar lo que le pasó, ha tenido que reunir grandes dosis de coraje y fuerza porque en nuestra sociedad, el forzamiento de varones es un tema tabú y raramente, los hombres se atreven a hablar de ello, mucho menos que las mujeres.

Los psicólogos que están atendiendo a las víctimas, aprecian una diferencia entre lo que se conoce como violaciones en la sociedad civil y las que se dan en un contexto de guerra. Las primeras, tienen como objetivo el placer sexual del atacante y como es algo antinatural, se le llama perversión. Las segundas, tienen una naturaleza diferente y un gran componente de sadismo. No se trata de placer sino de poder, el del violador sobre la víctima. Obtienen dominio y control, y a menudo, sin siquiera placer físico, solo moral. Varias chicas ucranianas han manifestado que, en su caso, la agresión no terminó en eyaculación.

Las violaciones en grupo y los abusos sexuales que ahora se están conociendo, son congruentes con el tipo de ofensiva militar que el dirigente ruso, Vladimir Putin, ha diseñado y que se basa en ataques indiscriminados contra la población civil, fuerte presencia de mercenarios y una marcada voluntad de castigo contra los desafectos a la causa rusa. La violencia sexual se utiliza como un arma de guerra, destinada a causar terror en la población y desmoralizar a quienes integran la resistencia contra el ejército invasor.

El Tribunal Penal Internacional y la Fiscalía ucraniana, han empezado a reunir pruebas de todas estas tropelías, ya que es una tarea imprescindible para que los responsables de las mismas tengan que rendir cuentas cuando terminen las investigaciones. En octubre del año 2.000, la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), adoptó la Resolución 1.325, en la que instaba a garantizar la protección de mujeres y niñas frente a las violaciones y otros abusos sexuales, en situaciones de guerra.

Solo cuando cesen los combates en Ucrania, se conocerá el alcance real de este tipo de delitos, como ocurrió en la guerra de los Balcanes, cuando un equipo de investigación de la Unión Europea, concluyó que más de 20.000 mujeres y jóvenes, habían sido violadas por soldados serbios, en el transcurso de la contienda que duró una década, de 1.991 a 2.001 y que afectaron a seis antiguas repúblicas yugoslavas.

Un ejemplo de que este tipo de atrocidades no quedarán impunes, lo demostró el Tribunal Penal Internacional, en el año 2.019, cuando condenó a Bosco Ntaganda, también conocido por El Exterminador, uno de los comandantes de un grupo guerrillero que operaba en la República Democrática del Congo; a 30 años de prisión por crímenes de guerra que incluían violaciones y esclavitud sexual. El mensaje que se transmite con estas condenas es que los agresores tienen que tener claro que ninguna de estas barbaridades va a quedar sin castigo.

EL NUEVO TOTALITARISMO DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA.

Los sistemas democráticos, tienen reconocidos en sus respectivas Constituciones, los derechos y libertades de los ciudadanos. Uno de los principales, es el derecho a la libertad de expresión, fundamental en cualquier país que se precie de ser liberal. Como así ocurre en España, donde cada ciudadano puede decir lo que piensa, al amparo de esa potestad.

Sin embargo, si esto queda muy claro sobre el papel, no ocurre igual en la práctica diaria. Yo destacaría dos elementos que, de hecho, recortan -cuando no anulan- este derecho. Uno de ellos sería la autocensura que ejercen los ciudadanos, presionados por el ambiente político y social que les rodea. Y el otro, sería la promulgación de determinadas leyes que, sin ir a cercenar la libertad de expresión -ya que se lo impide el menor rango normativo respecto al que tiene la Constitución- establecen cláusulas que la limitan veladamente.

De hecho, las suele utilizar nuestro Gobierno social-comunista para ejercer un fuerte control sobre la población, sin que la gente se percate de ello. De esta manera, se evitan procesos largos y complejos para modificar la Constitución Española. Es lo que están haciendo con la elaboración de leyes, del tipo: violencia de género, Memoria Histórica…y aquellas otras que pretender limitar la denominada expansión de bulos o las expresiones que, en la versión fabricada por la propaganda oficial, son tildadas de : xenófobas, machistas, fascistas, negacionistas o supremacistas.

La aprobación de esas leyes, se hace -teóricamente- en nombre de grandes valores que es necesario defender y preservar. Pero de lo que se trata, en realidad, es de imponer el relato sesgado, en todo o en parte, que interesa al Gobierno de esta izquierda podemita o a determinados poderes que ellos también controlan.

Volviendo a la censura que ejercemos sobre nosotros mismos, no es algo que corresponda, en exclusividad, a los regímenes dictatoriales. En las personas, existe cierto olfato o intuición que les lleva a decir lo que no desean o a callar lo que verdaderamente piensan, cuando consideran que pueden volverse en su contra o sospechan que pudiera delatarles como personas indeseables o enemigas del pensamiento oficialmente admitido. Los ciudadanos, suelen percibirlo instintivamente porque es algo que domina el ambiente donde nos desenvolvemos cada día, donde no cesa de ser recordado mediante mensajes reiterados, una y otra vez, a través de los medios de comunicación más diversos.

Los relatos de quien tiene el poder, cuando encuentran el apoyo necesario en determinados círculos influyentes en una parte importante de la población, generan su propio bagaje de conceptos, sus propios términos y significados que, como si de un eco se tratara, resuenan insistentemente, en todos los ámbitos. El ciudadano debe escucharlos, aprenderlos, interiorizarlos e incorporarlos a su discurso personal. Quién no actúe de esta manera, por estar en desacuerdo o porque tenga su visión propia, se topará, tarde o temprano, con la incomprensión y el rechazo. Imposibilitando o cercenando por ello, su libertad de expresión y su pensamiento.

Frecuentemente, la persona percibe que hay opiniones o puntos de vista que no deben salir de su boca ante el riesgo de que le generen problemas con quien manda o con la mayoría y el discurso oficial que los sostiene. De ahí que, continuamente se esfuerce en adoptar los significados y las palabras que, desde esas instancias se promocionan. Las sanciones pueden adoptar diferentes fórmulas, desde la multa hasta la prisión y la inaccesibilidad a ciertos empleos o la condena al ostracismo político o social.

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Lo importante es, no llamar la atención y mimetizarse con el entorno; ser aceptado dentro del grupo y ofrecer seguridad a sus miembros para que no le reciban como un extraño o un transgresor. Muy distinto, de los caracteres propios de la cultura, generadora de una visión y unos hábitos que se enraizan en el pasado, en nuestra memoria como pueblo.

Para que el discurso cambiante del Gobierno español pueda ser aceptado, a quien lo ejerce le interesa el relativismo; la posverdad; gentes que no creen en nada firme y fuerte, sin principios; para que, asimilando la gente la idea de que la verdad no existe en su plenitud, crean en sus proclamas. En este escenario, la población no percibe con nitidez esta carencia ya que se les libera o rebaja de los compromisos morales y con la verdad, que limitan sus deseos e iniciativas, en bien propio y de los demás.

Leyes secundarias y pensamientos únicos, colaboran a instaurar nuevas formas de totalitarismo y censura, una vez que las clásicas: comunismo, fascismo y nazismo; han desaparecido prácticamente, pasando a la Historia. Estas fórmulas más recientes, están en la dirección que el anarquista británico George Orwell expuso en su famosa novela 1.984, sobre una sociedad dictatorial situada en el futuro cercano que yo me atrevería a decir que ha llegado ya.

LA EMBESTIDA NACIONALISTA CONTRA EL CASTELLANO.

Aunque la discriminación en la enseñanza de la lengua castellana, está acaparándola Cataluña, también está ocurriendo en el País Vasco, Baleares, Valencia y hasta en Asturias, con los intentos de cooficializar el bable; el panorama lingüístico es desolador, da miedo. De Galicia, nos llegan también, algunas noticias, sobre su incorporación a este frente contra la lengua común de los españoles.

Si nos centramos en Cataluña, donde la agresión a los derechos individuales de los ciudadanos y el desprecio a la legalidad, se ceban en el espacio de la lengua, confirmando la imagen que tienen muchos españoles de que el Estado allí es pura entelequia y sus habitantes viven bajo la bota del independentismo. Desprotegidos, en una región sin ley, donde todo vale si está orientado a la consecución del separatismo y donde los gobernantes autonómicos legitiman cualquier desmán, en los medios de fomento del catalán.

El independentismo catalán, considera al castellano como un idioma impuesto, dando así la espalda por completo a la realidad histórica. Su mensaje aparece diáfano: hay una lengua inocente que es el catalán y otra culpable que es el castellano; una que fue oprimida y otra que es opresora. Con esta filosofía, a la población castellana residente no le queda otro remedio que echarse a temblar. Máxime, cuando un Presidente del Gobierno autonómico catalán ( Quim Torra ), los calificó de : bestias con forma humana, carroñeros, víboras, hienas.

Este político golpista, competía en exabruptos para aparecer como alumno aventajado del atrabiliario y neurasténico padre del nacionalismo vasco, Sabino Arana, cuando les decía a sus seguidores refiriéndose al castellano: abandonad ese léxico que viene de Castilla, con sabor de moro; olor de sucio judío, de negro y de villano de esas tierras.

Esta política cultural, lo que en realidad persigue, es privar a los españoles de una conciencia nacional, fundamentada en el esplendor de un patrimonio secular del que nos podemos sentir orgullosos. Quién sale aquí perdiendo, una vez más, es la idea de España. Resulta muy preocupante porque para saber lo que es una nación hay que saber, ante todo, cómo ha llegado a ser lo que es.

La Historia tiene una dimensión trascendente, desconocerla es como carecer de derechos civiles. Si se impusiera esa barbaridad, de eliminación de la lengua castellana, que la hiciera comenzar en el siglo XIX para satisfacer a los separatistas, habría que exigir a los independentistas, tanto vascos como catalanes, movimientos tan típicos de esa centuria, que aparezcan retratados como lo que fueron: uno de los absurdos más inquietantes de nuestro tiempo; una religión secular envuelta en mitos y leyendas; una doctrina irracional a la que el siglo XX debe su carga de exclusión y violencia.

LOS RUMANOS SE ESTÁN YENDO DE ESPAÑA.

La comunidad rumana en España, se está planteando desde antes de la gripe china y mucho más con ella, el regreso a su país natal o a otros que ofrecen mejores perspectivas económicas, tales como Alemania, Italia, Hungría y, hasta algunos, el Reino Unido. Tienen muy claro el futuro que aquí les aguarda porque dicen que, vivir en España se ha vuelto muy caro y ya no les compensa. Antes, era más fácil para ellos, encontrar trabajo, pero que ahora, con los ERTES, los contratos son todos temporales y con el salario mínimo; después, no los renuevan. Eso, si consiguen que les hagan contrato.

Hay quién ya ha vuelto a Rumanía, tras décadas de trabajo en España, porque desde el principio, sabía lo que quería: ahorrar dinero para regresar y poder realizar su proyecto de vida. De eso, sabemos bastante los españoles que vivimos los años sesenta del pasado siglo, cuando nuestros pueblos se vaciaban en busca de un empleo en Francia, Suiza, Bélgica, Alemania… y aunque algunos se quedaron, la mayoría retornó para hacerse una casa y crear una empresa.

Este éxodo rumano, no es algo excepcional, sino que se viene detectando en los últimos años y que con la pandemia china ha aumentando. Desde el año 2.012, que llegó a ser la comunidad extranjera más numerosa en España, con 833.764 censados, aunque era muy probable que su número superase el millón. Así, año tras año, su número ha ido disminuyendo paulatinamente. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad residen en nuestro país, poco más de medio millón, exactamente 556.204 personas. Lo que significa 277.560 menos que hace una década.

Inmigración rumana en España - Wikipedia, la enciclopedia libre

Todos los inmigrantes, tienen siempre un pie en el país que les acoge y otro en el de origen. Es algo muy elemental y muy humano, aunque luego se queden para siempre a donde emigraron. Mientras están fuera, se ayudan mucho entre ellos y hasta crean asociaciones para buscarles trabajo. También, para no perder las raíces, realizan actos conmemorativos, encuentros gastronómicos y hasta grupos folklóricos. Es la mejor manera de combatir la añoranza y no olvidar las costumbres nacionales.

Entre los que vuelven, parece que hay dos perfiles distintos: los que han perdido el trabajo, por las circunstancias que sean y buscan una nueva oportunidad; y personas de entre 50 o 60 años, que llevan trabajando varias décadas en España y regresan porque han logrado comprarse una casas, tienen sus ahorros y quieren jubilarse en su país.

En España, el virus chino, ha causado estragos en numerosos sectores de la economía y el mundo de la inmigración, ha sido uno de los más castigados por eso, especialmente en la hostelería. Los trabajadores rumanos, son muy valorados también en la construcción y en la agricultura. Igualmente, se les está echando en falta, en la recogida de frutas y hortalizas, que suelen prolongarse en campañas de tres meses. Se ha tratado de sustituirlos, con nuevos contratados directamente desde su país pero los autobuses no se consiguen llenar.

España pierde 277.560 rumanos en diez años, la diáspora huye del país: "Ya  no compensa vivir aquí" | El Periódico de España

El ejemplo más significativo y donde más se está notando, ha sido en la reciente campaña de la fresa de Huelva. Antes iban más de veinte mil, especialmente mujeres, y ahora van bastante menos. Prefieren irse a Italia y Alemania que les coge mucho más cerca. Se les ha tratado de sustituir con mujeres marroquíes o subsaharianas y hasta sudamericanas, pero los agricultores españoles prefieren a las rumanas porque dicen que son unas fieras trabajando.

Desde su integración en la Unión Europea, Rumanía se está desarrollando a un buen ritmo y necesita toda la mano de obra cualificada que pueda conseguir. Provenir de España, es un aval profesional, con el que se consigue empleo con relativa facilidad y aunque aún existe diferencia salarial, les compensa más por que, al fin y al cabo, están en casa. y no en el extranjero. Ahora, su tasa de desempleo se sitúa en el 6,4%, menos de la mitad de España que está en el 13,33%.

Además, en los últimos diez años, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, ha pasado de 4.260 euros a 8.830, es decir, se ha multiplicado por dos, mientras que en España, ha subido pero muy ligeramente, de 21.460 euros a 22.350. El salario mínimo está allí rondando los 600 euros y aquí casi llega a los 1.000.

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Estos movimientos migratorios, hay que encuadrarlos, en lo que los expertos en la materia llaman efecto atracción-expulsión. Según ellos, los datos indican que este movimiento de personas, se están dando, sobre todo, entre adultos de 20 a 40 años, a países con mejor situación económica que España y que ofertan mejores empleos que aquí. Afirman que, para ellos, la disminución de población rumana, quitando el retorno o la nacionalización, se debe más a la búsqueda de mejores condiciones laborales, ya que mientras España pierde residentes rumanos, otros países como Alemania, Italia, Hungría y hasta Estados Unidos, los ganan. El gran motor de las migraciones, es la mejora en la calidad de vida y cuando hay un sitio que ofrece mejores condiciones, se van. Para algunos, este movimiento tira por tierra el efecto llamada y demuestra la autorregulación de la inmigración que, en el caso de los rumanos, es paradigmática.

Una parte importante de la comunidad rumana se mantendrá en España, principalmente, los que han tenido hijos que han nacido aquí o que han estudiado y ahora son profesionales de la medicina, el derecho o la informática. Esta segunda generación, asume la cultura española como propia. Son y se sienten españoles, a todas luces.

Sus padres salieron de Rumanía hace mucho tiempo y ya no tienen nada allí. Lo hicieron cuando las primeras oleadas, a principios de este siglo, atraídos por el apogeo de la bonanza económica impulsada por la construcción inmobiliaria que arrastraba al resto de sectores. Para ellos, España era su Paraíso terrenal. Encontraban trabajo con facilidad, ganaban mucho dinero, compraban una vivienda. Cada año llegaban entre 80 y 100.000 rumanos más. Ahora, ya, España no es tan atractiva.