LA RENOVACIÓN DE LAS FRONTERAS INTERIORES DE EUROPA.

Como consecuencia de la crisis de refugiados sirios del año 2.015, se introdujeron controles fronterizos europeos, de manera temporal, que expiraron el pasado 11 de noviembre.

Pero la continuidad de la amenaza terrorista yihadista y sobre todo, la desconfianza de los países centroeuropeos hacia sus socios que controlan la Frontera Sur Exterior de la Zona Schengen, tales como Grecia, Italia y España ; amenazan con perpetuar unos controles fronterizos que convierten en papel mojado los Acuerdos de Schengen sobre el Espacio Europeo Libre de Fronteras Interiores, que entraron en vigor en 1.995.

Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega comunicaron por escrito al Consejo Europeo su firme intención de mantener los controles fronterizos interiores hasta por lo menos el presente mes de mayo de 2.019. A ellos se unió Francia, que ya lo hizo en octubre, válido hasta el pasado mes de abril.

La Comisión Europea no ocultó su malestar por la adopción de esta medida que debilitaba a la Zona Schengen considerada, junto a la moneda única, uno de los logros más importantes en la historia de la integración del continente europeo. Añadiendo que había que considerarlo como un paso atrás la prórroga continua de estos controles desde hace cuatro años.

El organismo comunitario mantiene la presión sobre los seis países que se han blindado para que sustituyan la petición sistemática de documentación en las fronteras interiores por otras medidas de vigilancia y cooperación policial menos intrusivas pero igual de eficaces. Pero las decisiones de renovación de los controles dejan claro que ninguno de los seis socios citados, ve posibilidad de a corto plazo, de levantar las barreras.

Las cartas enviadas por estos países a la Comisión en las que comunicaban su decisión, son todo un alegato de quejas y reproches contra los Estados de la periferia encargados de evitar la porosidad del perímetro fronterizo sur exterior debido a su situación geográfica. Las acusaciones van desde la falta de control para evitar los denominados movimientos secundarios, es decir, cuando los inmigrantes entran en un país periférico de la Unión Europea ( UE ) y siguen su camino sin ser controlados ; hasta la constancia de un importante incremento en el uso de documentación falsificada que pasa desapercibida en la Fronteras Exteriores de Schengen.

La amenaza yihadista, sobre todo en Francia, también es esgrimida como motivo para no permitir la libre circulación de personas, sin trabas.

La realidad es que, tras estas excusas que son ciertas, lo que persiguen los países centroeuropeos con la supresión temporal del Espacio Schengen, es tan solo una estrategia para garantizarse la posibilidad de expulsar a los inmigrantes que lleguen procedentes del país vecino.

Tras el fracaso de la regulación de estas devoluciones conocida como Dublín-II, que preveía la devolución con acuerdo mutuo, los países del interior prefieren cerrar las fronteras y forzar el retorno al socio comunitario por el que ha pasado el inmigrante.

Estos seis países se han mostrado dispuestos a levantarlos tan pronto como mejore la situación pero de momento, lo que en 2.015 empezó como una decisión coyuntural ya ha cumplido cuatro años y Bruselas teme que sean solo los primeros.

El nuevo ejecutivo europeo resultante de las elecciones del próximo domingo día 26, deberá de enfrentarse a este y otros problemas de distinta índole que han ido quedando pendientes para la nueva agenda política.

LA VICTIMIZACIÓN JUDICIAL DE LOS GOLPISTAS CATALANES.

El pasado 23 de enero, el Tribunal Supremo hizo pública la Sentencia por la que ratificaba la condena al anterior Presidente del Gobierno Autonómico Catalán, Arturo Más, por la consulta ilegal del 9 de noviembre ( 9-N ), celebrada en 2.014 y antecedente del referéndum ilegal del 1 de octubre de ( 1-0 ) de 2.017.

Varios de los argumentos del alto tribunal responden a alegaciones que se están sosteniendo, igualmente, en el juicio actual de los golpistas acusados. En particular, los relativos al derecho de participación política de los catalanes y el supuesto mandato de las urnas a los cargos electos. Las defensas de los acusados de esta vez, han dedicado los primeros días del juicio a estas supuestas vulneraciones de los derechos citados, como tenían previsto..

La redacción de la Sentencia mencionada, afirma en sus inicios que se hace un examen exclusivamente jurídico de lo sucedido. Los recursos de Más y sus antiguos Consejeros, Joana Ortega e Irene Rigau, sostenían que su condena e inhabilitación para cargos públicos, vulneraba los derechos a la libertad ideológica, de expresión y de la participación en asuntos públicos, así como de acceso también a cargos públicos. Precisaban que la vulneración afectaba tanto a los condenados como a los ciudadanos implicados, como voluntarios o votantes, en la expresada jornada ilegal.

La tesis de los condenados era que, su conducta se había orientado, bien a posibilitar, bien a no impedir, el ejercicio de derechos fundamentales básicos. Los magistrados descartan esas vulneraciones afirmando que el ejercicio de los derechos fundamentales, tiene límites y cauces.

No existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la legalidad. Lo mismo que , el derecho a participar en asuntos de interés público, no autoriza a organizar una votación oficial para que los ciudadanos opinen si unos acusados son culpables o inocentes, por mucho que la justicia emane del pueblo.

Si la autoridad correspondiente, en este caso el Tribunal Supremo, suspende una votación de ese tipo, como debe hacer, el incumplimiento de tal orden por sus destinatarios, será desobediencia, aunque suponga la anulación de una posibilidad que se abría a los ciudadanos de intervenir en asuntos de interés público.

Los magistrados consideran rocambolesco pensar que la condena por un referéndum ilegal suponga que algunos ciudadanos puedan sentirse cohibidos o retraídos a participar en asuntos públicos o en nuevas votaciones o consultas no suspendidas por la autoridad judicial, por el infundado temor de que sus legítimos representantes puedan sufrir una condena.

El Supremo responde que, la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña por impedirse la votación, es argumento sin mayor recorrido, además de miope o hemipléjico ; en el sentido de que ignora el ostracismo al que ese planteamiento condena a los ciudadanos, cuyos derechos tienen el mismo rango que los que eludieron emitir su opinión confiados en la ilegalidad de la consulta y amparados por la decisión, -publicitada por el Tribunal Supremo- de que la suspendía.

Escudarse en la supuesta intencionalidad de no lesionar los derechos de participación política de los ciudadanos, constituye una muy débil excusa, porque esos derechos han de ejercitarse según las leyes. No hay lesión de esos derechos de participación política por cuanto que no son tales desde el momento en que se desarrollan al margen del marco legal y constitucional.

La notificación de esta Sentencia del alto tribunal, hace firme la condena inicial, por lo que ahora empiezan a contar las inhabilitaciones impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, levemente rebajadas ahora por el Tribunal Supremo : 13 meses para Más, 9 para Ortega y 6 para Rigau.

Durante este período, ninguno de ellos podrá ejercer cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal ; ni ejercer funciones de Gobierno, tanto en el espacio autonómico, como en el Estado.

LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA “REPÚBLICA CATALANA” ( CDR ).

Son los que se han adueñado de las calles de Cataluña y no obedecen a partidos ni estructuras independentistas, ni siquiera al Gobierno Autonómico aunque los jalee su actual Presidente, Quim Torra.

El universo de los autodenominados Comités de Defensa de la República Catalana, más conocidos por sus siglas CDR, es cuando menos complicado de explicar. La amalgama de organizaciones que los conforman hace difícil poner cualquier etiqueta. Según los informes policiales publicados, en los CDR cabe de todo : hay radicalistas violentos, antisistemas de todas sus marcas, sindicalistas, desencantados de otras formaciones políticas, estudiantes, profesionales, jubilados, amas de casa…

El único objetivo que los une es establecer una República Catalana que consideran que debería ser ya una realidad, tras los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2.017, pero que no llega a ponerse en marcha. Los CDR tiene a los culpables : la tibieza del Gobierno Autonómico y de los partidos que lo conforman ; y las dos organizaciones civiles Ómnium Cultural y la Asamblea Cultural Catalana, ( más conocida por sus siglas ANC ), que fueron los que dirigieron el proceso separatista y que viven ahora sus horas más bajas debido a las fugas de unos y a las prisiones de otros ; y que han ocasionado una pérdida considerable de influencia en la dirección de la movilizaciones callejeras.

Este vacío, se han encargado de llenarlo los Comités de Defensa durante el último año. Se trata de un fenómeno que ha desbordado a partidos e instituciones que no tienen ninguna capacidad de control de estos grupos totalmente independientes.

La envergadura de este fenómeno social es bastante difícil de calcular porque los datos fiables son muy pocos hasta ahora y siempre basados en estimaciones policiales. El números de Comités y de los militantes que los integran fluctúa mucho, pero a pesar de ello, se cree que hay en torno a unos 300 Comités y unas 30.000 personas implicadas en los mismos de manera directa, aunque su capacidad de movilización podría acercarse al medio millón de individuos.

En cualquier caso, la actividad y militancia es muy dispar y depende de cada Comité. Son especialmente fuertes en Gerona y ciertos puntos de Barcelona ; no tanto en Lérida y mucho menos en Tarragona. Hay grupos que solamente existen de manera nominal y que más allá de tener un anagrama, ni siquiera han llegado a movilizarse. Sin embargo, hay otros Comités como los de los barrios barceloneses de Gótico – Raval o Gracia ; o grupos de comarcas y pueblos como Rubí, Vic La Segrega – Navas o el comité Nord – Oriental de Gerona ; Vallés, tanto Oriental como Occidental o las zonas de Osona, Ripollés y el Maresme ; que viven diariamente por y para la República.

Se trata de Comités que tienen millares de militantes y promueven todo tipo de actividades y reuniones, a través de sus grupos de mensajería de Telegram. Solo esta decena de Comités están detrás de más del 80% de los sabotajes y de las acciones violentas.

A pesar de que la aparición de los Comités parece como algo reciente, en realidad su nacimiento fue gradual desde junio de 2.017, cuando en lugares como el barrio de Sants, en Barcelona, comenzaron a surgir grupos para organizar la logística de la consulta separatista de octubre de ese mismo año , como por ejemplo la iniciativa llamada Escuelas Abiertas.

Entonces se hicieron llamar Comités de Defensa del Referéndum ( que tiene las mismas siglas que los actuales, CDR ) y que no era más que una copia de la organización de los grupos vecinales cubanos para denunciar las actividades anticastristas, los denominados Comités de Defensa de la Revolución. Pero a diferencia de ellos, los catalanes se mostraron totalmente autónomos, lejos de depender de un poder central como era el caso del modelo cubano.

No se movilizaron hasta después del referéndum y durante las jornadas más convulsas : los días de la proclamación de la República, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y el encarcelamiento de los Jordis. Al ser intervenido el Gobierno Catalán por el Gobierno de la Nación, los CDR empezaron a aparecer como hongos, con muy diversa naturaleza y organización : por barrios en las grandes ciudades, por pueblos, por comarcas y hasta comités sectoriales de universitarios, profesionales, bomberos…

Su funcionamiento es asambleario, a través de grupos y comisiones específicos de trabajo. Cada Comité es soberano en la toma de decisiones y carece de jefe o responsables oficiales para evitar ser detenidos. Aunque pronto se dotaron de órganos de coordinación, logrando crear hasta trece Comités territoriales agrupados por proximidad geográfica ; y un máximo órgano regional, la llamada Coordinadora Nacional.

Hasta finales del 2.017, sus acciones habían sido anunciadas de forma pública, a través de las redes sociales más conocidas, pero pronto empezaron a cerrarse sus comunicaciones, sobre todo tras la proclamación de la República que fue cuando aparecieron los primeros activistas encapuchados, las vestimentas oscuras, las tácticas militares y los manuales de guerrilla urbana.

Han despedido el año 2.018, fracasando en su bloqueo a Cataluña el pasado viernes día 21 de diciembre pese a cortar numerosas carreteras desde las primeras horas de la mañana, como protesta por la celebración en Barcelona de un Consejo de Ministros. En la capital catalana no lograron paralizar la jornada laboral gracias al blindaje policial aunque hubo numerosos incidentes con importantes daños en el mobiliario urbano que se saldaron con 13 detenidos y 66 heridos de distinta consideración, la mitad de ellos Policías.

LA CUARENTONA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

El pasado jueves, día 6 de diciembre, se cumplieron 40 años de la vigente Constitución Española, cuyos fastos considero que no han sido los adecuados -por escasos- a la importancia de la norma y a la edad que empieza a tener, en la que ya salen esos brotes de canas de la madurez.

Aunque los acontecimientos de los últimos años ( prisas por modificarla, tensiones territoriales, etc. ) y la falta de respeto a la importancia que ha tenido y tiene en la vida de los españoles, -por parte de los grupos políticos radicales y nacionalistas-, hacen sentir a una gran parte de la sociedad -entre los que me incluyo- poco más o menos que España lleva camino de ser un Estado fallido y que los españoles somos incorregibles.

Si entendemos que nuestros medios de comunicación, -sean hablados o escritos-, son la temperatura y el eco de un país, nos daremos cuenta de que los problemas y aspiraciones de un español medio, son muy parecidos a los de cualquier ciudadano europeo. Lo que cambia es la percepción subjetiva de su país, que en el caso nuestro es más indecisa, más vacilante. Hay varias encuestas que lo dicen : los españoles tienen peor opinión de su nación, que en cualquier otro sitio; somos más pesimistas, más derrotistas…

Nuestros hijos, que han nacido casi todos en democracia, no creen que vivan en lo que se conoce como estado fallido. Ni sus amigos, que los tienen de derechas, de centro y de izquierdas. Por lo que yo veo, todos ellos están unidos por el propósito de celebrar la normalidad de ser españoles y superar nuestra baja autoestima.

No hace falta insistir mucho en la explicación de esa tristeza patriótica. La democracia española parece que tiene un pecado original que se llama franquismo y un espejo desagradecido en el que mirarnos. Somos un Estado más pobre que la mayoría de nuestros socios comunitarios europeos. No los más pobres pero tampoco los más ricos, como alguna formación política de izquierda nos está haciendo ver.

Siempre se tiende a ver la Historia de España como un fracaso, aquello de lo que pudo ser y no fue. Yo pienso lo contrario, hay que contar como un éxito -desde fuera se ve como un milagro- que hayamos sido capaces de construir una sociedad libre y próspera en apenas cuatro décadas.

En el fondo, creo que lo que hay que plantearse es saber en qué momento el inconformismo -que en principio es una actitud noble- se convierte en un rémora. Porque todos hemos sido rebeldes, idealistas, etc; lo que pasa es que hay un momento en el que te das cuenta que has llegado a la madurez y entonces es cuando piensas que ya tienes una edad para pasar a una actitud crítica y reactiva, y no para echarte a España a la espalda.

Eso es lo que a los de mi edad -ya jubilados o a punto de serlo- nos costó hacer en la Transición Política. Pasar de la protesta a la acción porque sin un mínimo de amor propio, no hay posibilidad de mejorar nada.

Y si hablamos de nuestros símbolos nacionales, ¿ no era una cosa maravillosa ese pudor que los españoles sentíamos hacia nuestro himno nacional y nuestra bandera, antes de la crisis catalana ?. Las banderas autonómicas están ocupando el lugar que no ha tenido la bandera nacional, como signo de apertura y descentralización. Pero no tiene que ser así. La bandera nacional representa a un Estado democrático, social y de derecho y a sus ciudadanos y no se debe de despreciar ese símbolo, sobre todo si una parte de su población está amenazada.

Creo que gran parte de estos problemas se solucionarían viajando al extranjero para que descubrieran que en todas partes hay, por ejemplo: Policías antipáticos, autobuses impuntuales, borrachos sin gracia en las discotecas y políticos corruptos. Digo esto porque algún grupo político trata de convencer a los españoles de que sólo en España hay corrupción.

LA GRAVE INSEGURIDAD CIUDADANA EN BRASIL.

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, 175 personas son asesinadas cada día en el país. Solo en Rio de Janeiro, muere una persona cada hora. El año pasado, 2.017, hubo 63.000 homicidios, un 2,9 % más que el año anterior de 2.016. Los tiroteos se cuentan por decenas y los enfrentamientos entre la Policía y las bandas criminales son diarios.

Lo habitual es que cada año se intervengan más de tres mil armas largas ( fusiles de asalto y subfusiles ) , pistolas y granadas de mano. Los asaltantes actúan con un absoluto desprecio por la vida humana. Brasil tiene la relación más alta de mundo en víctimas mortales por arma de fuego, con una tasa del 30,8 % por ciento por cada cien mil habitantes, que en las regiones del norte puede llegar al 68 %. A modo de referencia, ese mismo índice en España es del 1,01 %.

Los traficantes de drogas son los dueños de barrios enteros, en los que han implantado una suerte de poder paralelo, frente al que poco puede hacer la Policía. El pasado año de 2.017, 367 policías fueron asesinados en diferentes operaciones ; un 8,4 % más que el año anterior de 2016. El último fue un cabo que recibió 50 impactos de fusil de asalto.

En la metrópolis de Río de Janeiro, con más de doce millones de habitantes, diez mil agentes uniformados patrullan sus calles y es la Policía que más delincuentes mata del mundo. El índice de muertes en Brasil debido a la criminalidad violenta, supera ya al de las guerras de Siria, con 300.000 muertos o Irak con 280.000. Son casi 800.000 ( 786.870 exactamente ) equivalente a más del total de la población de ciudades españolas como Valencia, Sevilla o Zaragoza.

En los suburbios de Sao Paulo, territorio metropolitano que supera los veinte millones de habitantes, hay barrios enteros cerrados y controlados por bandas criminales que tienen sus propias escuelas, tiendas y servicios de todo tipo. Vivir en el centro de la ciudad es relativamente tranquilo pero si te desplazas a la periferia, lo normal son los robos y saqueos a bares, comercios y viviendas.

Brasil es el país donde hay más coches blindados. La mayor parte de directivos y ejecutivos de las grandes empresas, se desplazan en helicóptero para evitar secuestros o asaltos. Los espacios informativos de las cadenas de televisión con más audiencia, no abren con noticias de política nacional o internacional, sino con sucesos. Uno tras otro durante minutos y minutos. Tiroteos, robos, asaltos a hoteles, cafeterías, restaurantes y hasta en iglesias.

Si nos vamos a las cárceles, son auténticas escuelas de delincuentes, en las que no faltan motines y hasta decapitaciones. Los grupos criminales reclutan a los chavales en las puertas de los colegios en los barios marginales ( favelas ) porque son inimputables por la edad. Los atrapan con dinero rápido y abundante de la droga y los convierten en jóvenes delincuentes que son encarcelados cuando alcanzan la mayoría de edad penal. De la prisión ya salen convertidos en delincuentes profesionales.

Hoy se celebran en Brasil las elecciones a Presidente de la República para las que hay dos finalistas, según el sistema mayoritario que impera en el país. Los dos llevan en su Programa Electoral reducir la delincuencia hasta límites tolerables aunque ninguno de ellos explica con detalle cómo lo va a lograr. Por el bien de sus conciudadanos y gane quién gane, espero que acierte porque los datos que dan sus estadísticas criminales son de verdadero pavor e impensables a este lado del Atlántico.

LA REFERENCIA EUROPEA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

Observo, gratamente sorprendido, las Conclusiones del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea para este año de 2018 ; hasta el extremo de que no me puedo sustraer a la tentación de traerlas a este espacio para conocimiento general y traslado de la satisfacción que yo he sentido.

Pero vayamos al grano. La edición de este año, mejora la nota de España en el conjunto de indicadores sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea ( UE ) y la coloca en la media de los Estados miembros.

En el estudio destaca la accesibilidad del sistema de justicia y por la calidad de la asistencia jurídica gratuita, garantizada para todos los ciudadanos que se situen un 40 por ciento por encima del umbral de la pobreza, marcado por Eurostat ( Oficina Europea de Estadística ) ; un nivel sólo alcanzado por Dinamarca.

En el estudio, se debate un año más, sobre la homologación de lo que se consideran jueces puesto que en nuestro caso, no incluye a los Letrados de la Administración de Justicia, ( los Secretarios de los Juzgados ), cuyas competencias las realizan jueces en otros países, así como el caso de las sustituciones por jueces no profesionales.

En materia de eficiencia jurídica, el informe de Bruselas es muy positivo para España en cuanto a la tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles y administrativos y la sitúa en términos generales en quinta posición, por delante de sus principales socios europeos. Así, con un porcentaje del 104,6 , los juzgados españoles resuelven un 4,6 por ciento más de lo que ingresan. Respecto a 2017, se reduce el tiempo de respuesta de los asuntos judiciales en Primera Instancia, que en el caso de España es de 227 dias, mejorando los indicadores de Francia, Italia y Alemania.

En materia de gasto realizado por las administraciones públicas en el conjunto del sistema judicial, España aparece por encima de los 75 euros por habitante, a la par que Dinamarca y Finlandia que registran valores semejantes.

En general, el nivel del gasto en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Desde 2007, 16 Estados miembros, han utilizado Fondos Estructurales y de Inversión Europeos ( ESI ) para mejorar la eficacia de sus sistemas de justicia. Entre 2007 y 2023, estos Estados miembros habrán gastado más de 900 millones de euros para aumentar la eficacia y mejorar la calidad de sus procedimientos judiciales. La mayoría utilizó los fondos ESI en una serie de actividades, mientras otros pocos se centraron en una solo objetivo.

De esta forma, España y Portugal, asignaron los fondos exclusivamente a la digitalización y a las nuevas tecnologías de la información ( TIC ) ; mientras que Croacia y Malta, a la formación y a la sensibilización. Muchos de los Estados miembros que han empleado una parte significativa de sus Fondos para TIC y digitalización, están entre los que las emplean para intercambiar información entre tribunales y abogados.

Por otra parte, el informe explica que la percepción de la independencia del Poder Judicial por parte de la empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en, aproximadamente, dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior aunque también ha empeorado en algunos países.

Este sería el caso de España que, según los datos de percepción negativa de los ciudadanos recogida en el Eurobarómetro ( encuesta donde los ciudadanos europeos expresan sus prioridades y deseos ) ocupa la sexta posición tras, Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia.

Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las presiones o injerencias por parte del Gobierno y los políticos, como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces.

Además y por segundo año consecutivo, España aparece junto con Francia, como únicos países en los que el consumidor no tiene que abonar una tasa para iniciar un procedimiento judicial.

También en el capítulo de accesibilidad, España obtiene buena nota en implementación y disponibilidad de medios electrónicos al servicio de la Justicia y se sitúa en la octava posición, por delante de países como Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica o Italia.

EL RACISMO NO ES UN VIRUS ( 1 )

Durante los últimos años, los medios de comunicación social se han ocupado mucho de los fenómenos de intolerancia hacia los inmigrantes y de nuevos episodios de antisemitismo. Pero el racismo -al contrario de como frecuentemente se le presenta- no es un virus, ni una suerte de veneno social que, atrapado en las alcantarillas de la historia, periódicamente resurge con el fin de destruir las buenas relaciones de convivencia.

Los fenómenos de racismo, por ser psicológicamente complejos y sinuosos, siempre se destacan y asumen su perfil sobre un determinado fondo histórico. Por ejemplo, no es difícil reconocer características muy específicas en el racismo más notorio y conocido, el ejercido tradicionalmente por los cristianos, desde siempre políticamente hegemónicos en Europa, contra las minorías hebreas.

Probablemente es verdad que, los hebreos en Europa han sido portadores durante muchos siglos, de un sistema de valores y formas de conocimiento muy funcionales para preservar su propia supervivencia que, en cierta medida, resultaron “más eficaces” que los valores cristianos y en particular, que los católicos. En consecuencia, durante varios siglos, el nivel medio educativo y cultural de estas minorías ha sido, sin duda, más alto que el de las otras religiones.

Por todo ello, a lo largo de la historia, han tenido éxito en el ámbito comercial primero y más adelante en el de las profesiones intelectuales. Partiendo de esta base, puede concluirse que, en los odios e intolerancias que ha ostentado el antisemitismo europeo, han participado -al menos hasta las primeras décadas del siglo pasado- , factores de competitividad social que han estado por encima de los recelos e incompatibilidades ideológicas y del resurgimiento de las dinámicas persecutorias y expiatorias.

Hay otros modelos de racismo que son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el racismo tradicional que sustentan los norteamericanos de origen europeo frente a los de origen africano de piel negra. Estos últimos son acusados de ser dóciles pero esencialmente indolentes; poco inteligentes en general y por tanto, incapaces de sobresalir o destacarse desde el punto de vista social. Acusaciones que nadie se ha atrevido a hacer a los hebreos.

Si continuáramos citando ejemplos de manifestaciones racistas, se pondría aún más en evidencia la heterogeneidad de las situaciones y de las dinámicas. De todos modos, no se trata solamente de cuestiones puramente psicológicas o de intolerancia, sino de relaciones y conflictos , sobre todo , entre culturas y casi siempre de éxitos directos o indirectos, de formas de competitividad para poder acceder al control de los recursos.

Mostrar el racismo como una epidemia o un virus, significa no querer explicar lo que sucede en concreto. Es justo y legítimo enfrentarlo, pero la etiqueta de racismo, sirve a menudo para generalizar, hecho que tiende a borrar la imagen de los seres humanos en quienes se originan los problemas y nos impide comprender las dificultades particulares de la convivencia.

A estas dificultades hay que añadirles los prejuicios, entre otros, los que inspiran las minorías étnicas y, en consecuencia, las infinitas formas y variedades del racismo. Parece cierta la hipótesis que expresa que, gran parte de los actuales fenómenos de intolerancia y racismo, están en relación con la tendencia a enriquecerse -aún más- que tienen los pueblos más ricos, mientras las grandes masas populares de los países más pobres, ven cómo aumenta -año tras año- la distancia que los separa de una situación de bienestar.