LA RUPTURA CONSTITUCIONAL EN CATALUÑA.

Han pasado ya más de dos años, desde que las instituciones políticas autonómicas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal Declaración Unilateral de Independencia, conocida también por sus siglas DUI . La agenda independentista fracasó solo en un propósito: el acceso efectivo a ser un Estado.

Ahora, se ha recrudecido el debate sobre la calificación del delito realmente cometido, ( rebelión o sedición ) al que se sumó el Gobierno de la Nación con su intromisión ilegítima e impropia de un país de la Unión Europea, obligando a la Abogacía General del Estado para que optara por la petición de sedición, ( que le era más favorable para sus futuros intereses políticos ) dada la negativa de la fiscalía a plegarse a sus deseos. No seré yo quien pueda argumentar mejor lo sucedido que bastantes juristas y profesionales de la judicatura o de la fiscalía, que ya se han pronunciado en un sentido u otro.

No obstante, me parece que algunos se han enzarzado demasiado en hechos acaecidos en la vía pública y locales electorales en torno al ilegal referéndum de independencia y se ha dejado pasar acciones infinitamente más graves que los desórdenes públicos, como lo fueron proclamar la independencia siguiendo un plan previsto y ejecutado desde las instituciones autonómicas catalanas para conseguir la ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático y de Derecho.

Decidir desde el Gobierno y el Parlamento catalán que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado para constituir otro Estado nuevo, me parece que es uno de los mas graves incumplimientos de la Constitución Española y de la soberanía nacional.

Los que votaron y proclamaron la independencia no eran personas particulares, ni se trataba de un ejercicio de libertad de pensamiento, ni de expresión de ideas de personas y grupos ajenos a los órganos representativos de la región catalana. Se aprobaron declaraciones para la ruptura constitucional con la imposición de una nueva legalidad de base autoritaria y un caudillaje al que se sometían los nuevos poderes independizados y toda la población de Cataluña.

Las acciones violentas, caracterizadas por algunas personas y agrupaciones separatistas, financiadas con fondos públicos, – a mi modo de ver- complementaban el proceso soberanista pero no eran el núcleo de su propósito.

Creo que lo grave fue la intimidación institucional ejercida desde los dos poderes centrales del sistema autonómico : el Parlamento y su Gobierno ejecutivo. Los sucesivos actos jurídicos tuvieron su inicio en la Declaración de 9 de septiembre de 2.015, que proclamaba la desobediencia general al sistema constitucional y su calendario, con la aprobación de dos leyes ( de 6 y 7 de septiembre ) que desembocaron en dos declaraciones de independencia de 10 y 27 de octubre de 2.017.

Estos son los hechos ejecutados por los responsables del Parlamento y Gobierno catalanes y su propósito final son la esencia del gran delito cometido. No se sirvieron  de la fuerza armada sino de la coacción jurídica desde las instituciones para forzar la separación territorial y situarla al margen de la Constitución. La clave de su fracaso es que no hubo reconocimiento desde el exterior.

Soy de la opinión que el hecho más grave que puede suceder en una sociedad nacional es decidir romper su integridad y declarar la independencia de una parte de su territorio. ¿ Cómo no va a ser delito alzarse contra el ordenamiento constitucional de un país, desautorizar a todas las instituciones del Estado y apoderarse del territorio que pretende desgajar ?.

La obligación del Gobierno de la Nación y de la oposición democrática era haberlo impedido por la vía político-constitucional. Para eso estaba el ya famoso artículo 155 de la Constitución Española,  para que no se erigiera una estatalidad paralela. Si se hubiera encauzado la situación por esa vía, con decisión, en defensa de la Constitución, no habríamos entrado en el bucle de la República Virtual, ni en el judicial-penal.

Los jueces han tenido que entrar en escena porque nuestra clase política no quiso impedir el delito contra la Constitución y la integridad territorial.

Considero que, al igual que afirmó el ex-Presidente del Gobierno, Felipe González en su día, se debió de utilizar el artículo 155, con ocasión del primer acto de rebeldía institucional, en 2.012, cuando el entonces Presidente Autonómico catalán, Artur Mas, convocó su referéndum.

Pero ni el Gobierno de la Nación -entonces en manos del Partido Popular ( PP )- ni la oposición democrática, asumieron sus obligaciones constitucionales en defensa de la unidad nacional. Solo Su Majestad El Rey, Felipe VI,  como Jefe del Estado, asumió el riesgo de la defensa de la Constitución democrática y de las libertades de todos los españoles, recordando al Gobierno y a los demás Poderes constitucionales, sus obligaciones en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

De haber reaccionado entonces por la defensa de la convivencia en paz frente a la rudeza institucional catalana, nos habríamos ahorrado la grave fractura de la sociedad catalana y el afianzamiento de los partidos independentistas, en la falsa realidad de la república proclamada.

Ahora, por no haberlo resuelto en su cauce político-constitucional, hemos endosado el enjuiciamiento de todo ese ímpetu al Tribunal Supremo, enredados en  el inexorable bucle judicial y penal.